México: la palma aceitera amenaza una región emblemática de conservación

Compartimos el siguiente reportaje especial sobre el monocultivo de palma africada publicado en Mongabay – A 9 de octubre de 2019

por Rodrigo Soberanes en 9 octubre 2019 Series de Mongabay: Los pecados de la palma en Latinoamérica

Gobierno busca sembrar 100 000 hectáreas en Campeche que tiene la mitad de su territorio sujeto a conservación ambiental.

Incidentes causados por empresas ponen en alerta a organizaciones ambientales y expertos que advierten sobre los riesgos de este polémico plan. 

En Campeche, México, aún quedan comunidades mayas que siembran y cosechan sus alimentos por un tiempo razonable y después dejan que la tierra se recupere durante 25 años. Es por eso que quedan parajes escondidos de humedales que tienen una belleza que ya es muy difícil encontrar.

En la península de Yucatán, al sur de México, la presencia maya es emblemática por sus vestigios arqueológicos construidos en medio de inmensos territorios selváticos, que atraen a millones de turistas. Pocos saben que está en marcha un proceso de destrucción de los ecosistemas que las comunidades denuncian por los efectos negativos que causa.

En este territorio, que cuenta con el mayor porcentaje de espacios destinados a la conservación ambiental, el gobierno de México quiere poner en marcha uno de sus planes económicos más ambiciosos: sembrar miles de hectáreas de palma africana para satisfacer la demanda interna y colocar los derivados de este monocultivo en el mercado internacional.

Lo que preocupa a pobladores, autoridades locales y expertos es que si estos planes llegan a concretarse, el estado de Campeche, ubicado en la región maya de la Península de Yucatán, se convertiría en el primer productor de aceite, por encima de Chiapas, un estado que ha sido testigo de cómo la palma ha penetrado en la selva Lacandona.

¿Qué es lo que le espera a uno de los estados mexicanos con más territorio bajo protección ambiental?

Un plan ambicioso

El Gobierno de México tiene planeado sembrar 100 000 hectáreas de palma africana en los próximos años. Así lo anunció en marzo de 2016.

“Campeche está sentando las bases para transformarse, despetrolizar su economía y ser ejemplo a nivel nacional e internacional, detonando el enorme potencial productivo del campo”, se lee en el comunicado oficial emitido por el Gobierno el 11 de marzo de ese año.

Este anuncio fue respaldado en ese momento por el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien dijo que el proyecto además “propiciará inversiones sin precedentes, generará empleos, despetrolizará la economía e impulsará la transformación del Estado».

Según las estimaciones oficiales, con el establecimiento de esas 100 000 hectáreas, Campeche aumentaría sus espacios cultivados a 120 000, “por lo que […] se convertiría en el principal Estado palmicultor del país”.

El investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas, León Enrique Ávila, le llama “corredor palmífero mesoamericano” a la extensión de tierra sembrada con el monocultivo en los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. Ávila destaca que sobre todo, este último, alberga humedales con alto valor para la conservación de especies que están amenazados hoy por la presencia de la inversión privada que ha ganado territorio “con agresividad” y con la ayuda de los gobiernos en sus tres instancias: la municipal, la estatal y la federal.

“Campeche tiene más selva tropical, más selva protegida que Chiapas porque allá a la Selva Lacandona ya se la están acabando”, precisa el académico.

El temor de investigadores como Ávila, que ven de cerca este problema, es que las consecuencias de esta medida han empezado a evidenciarse: hay cultivos que se acercan peligrosamente a ecosistemas sensibles, tala de bosques, plantaciones que se instalan en áreas cercanas a los ríos y un impacto que empiezan a generar cambios en el comportamiento de algunas especies.

Jaguares: las primeras víctimas

Campeche es un estado capital amurallado con arquitectura colonial que, junto con los cenotes y playas, es la atracción de más de un millón de turistas que cada año viajan a ese lugar situado en las inmediaciones de Mérida, Yucatán, y el resto de la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano. 

Para Ávila lo que está en juego con el avance de la palma son, principalmente, los atractivos naturales de este Estado.

“El riesgo, sobre todo, va sobre la parte sur del área de protección de flora y fauna de Laguna de Términos. Es una zona de manglar, es una reserva donde se reproducen todas las especies del golfo de Campeche. Es una zona de resguardo de alta productividad primaria, de muchos nutrientes para los animales”, señala Ávila, ingeniero en agroecología, con un doctorado en Ciencias Agrarias, y que ha realizado trabajos de investigación de campo en la región.

Ricardo Isaac, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), añade que Campeche es “un ejemplo de conservación biológica en el país».

Pero no solo los expertos son conscientes de lo que se puede perder y de lo que la palma está causando. Raymundo Barrios, habitante de Palizada, uno de los 11 municipios de Campeche, ha visto cómo este cultivo ha ido rodeando las comunidades en las que él creció y también ha sido testigo de cómo allá, en los impenetrables paisajes de selva, el plan de siempre ha ido expulsando especies, incluyendo las que nunca solían ser vistas: los jaguares.

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Imágenes:Foto 1: lantación de Palma Africana en el ejido boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago. Foto 2: Un jaguar desorientado fue visto recientemente por un lugareño en las inmediaciones de sembradíos de palma de aceite. Foto: archivo particular.

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Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Brasil: proyecto REDD+ esquiva derechos de propiedad y recompensa a pequeños productores forestales

Compartimos el siguiente artículo publicado en MONGABAY – A 8 de septiembre de 2019

por Claire Asher en 8 septiembre 2019 | Translated by Yolanda Álvarez

Un estudio sociológico encuentra los pros y contras en un proyecto de REDD+ de créditos de carbono en la Amazonía brasileña que recompensa a los proveedores de servicios ambientales a pequeña escala en las comunidades locales.


Según un reciente estudio antropológico publicado en The Journal of Peasant Studies (La Revista de Asuntos Campesinos), un programa estatal de créditos de carbono con el objetivo de reducir la deforestación también genera beneficios económicos y sociales para algunas comunidades rurales pobres al eludir la burocracia de los derechos de tenencia de tierras que a menudo se necesitan para tales programas.

A pesar de la amplia deforestación en el Amazonas, el pequeño estado de Acre en el oeste de Brasil todavía es boscoso en casi un 90 % de su territorio. Para proteger los restantes 164 000 kilómetros cuadrados de bosques, el Sistema de Incentivos por Servicios Ambientales (SISA) del estado ofrece recompensas a las comunidades locales para buscar medios de vida que no degraden el bosque. Se financian gracias a la rentabilidad del carbono almacenado dentro de dicho bosque.

Maron Greenleaf, antropóloga de la universidad Dartmouth College en el estado de Nuevo Hampshire, entrevistó a residentes, funcionarios gubernamentales y accionistas locales, como el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), la Universidad Federal de Acre y el grupo agroforestal PESACRE, para averiguar cómo funciona el SISA sobre el terreno. Describe cómo la población rural más pobre no es excluida del programa de créditos de carbono debido a su falta de derechos formales de las tierras, pero advierte que también hay riesgos relacionados con este planteamiento, el cual da a los funcionarios estatales la capacidad de definir qué actividades son incentivadas.

Rentabilizar la captura de carbono

Aprobado por primera vez por el cuerpo legislativo estatal en 2020, el SISA es parte del REDD+, un programa de voluntariado negociado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es generar incentivos de mercado para proteger bosques ricos en carbono en los países en desarrollo y tener un efecto socioeconómico positivo en las comunidades de los alrededores.

A menudo, “la única manera de que la población pueda ganar dinero del bosque es a través de la tala para aprovechar la madera y/o talarlo para crear espacio para la agricultura, el ganado u otros usos de la tierra”, dijo Greenleaf. Los programas de REDD+ intentan corregir esta desigualdad, a través de “intentar dar un valor monetario al ‘servicio’ del secuestro de carbono de los bosques, para que los bosques también tengan un valor que refleje —hasta cierto punto y en términos monetarios— su valor climático”, dijo.

El Banco de Desarrollo Alemán KFW ha comprado 25 millones de euros (28 millones de dólares) de créditos de carbono —valorando los bosques de Acre por el dióxido de carbono absorbido— a cambio de una reducción del 16,5 % en las emisiones de gas de efecto invernadero relacionadas con los bosques del estado entre 2011 y 2015. El SISA difiere de los modelos de compensación de las emisiones de carbono más tradicionales, donde la propiedad de las tierras forma las bases para distribuir los beneficios financieros de la protección forestal. En cambio, recompensa a aquellos individuos que han trabajado directamente en el campo en una manera que está clasificada como beneficiosa.

El SISA describe a los productores rurales de cultivos sostenibles y productos forestales (tales como legumbres, nueces de Brasil o caucho), y que evitan las actividades perjudiciales como la quema controlada, como “proveedores de servicios ambientales” y ofrece incentivos como servicios gratuitos, suministros agrícolas y subsidios por su trabajo constante. El programa fomenta actividades como la ganadería sostenible y la piscicultura en tierras previamente despejadas.

Un programa REDD+ estatal parecido en el vecino estado de Amazonas, llamado Bolsa Floresta (PBF), ha estado funcionado desde 2007. Sin embargo, SISA fue el primer programa que fue aplicado a nivel estatal, en vez de a un número limitado de unidades de conservación específicas. El PBF ofrece un pequeño pago a los residentes que producen materias primas forestales sostenibles como el cacao, las bayas de açaí y el pez arapaima, o practican la agrosilvicultura o la gestión de los lagos, a cambio de comprometerse a alcanzar la deforestación cero y la participación en los programas ambientales educativos.

Greenleaf acredita lo que ella llama el enfoque “trabajo verde” del SISA para evitar asuntos complejos de derechos de tierras que son comunes en la zona rural de Brasil y otros países con bosques ricos en carbono, y para compartir algo del valor de carbono almacenado en sus bosques tropicales con parte de la población rural que viven en ellos o sus alrededores, en vez de compartirlo con los ricos terratenientes y los inversores extranjeros.

Al dar un valor de mercado al carbono secuestrado por los bosques, las iniciativas de compensación de carbono corren el peligro de promover la apropiación violenta de tierras sobre terrenos forestales, el sostenimiento de la desigualdad y recompensar solo a los más ricos. Por ejemplo, un estudio de 2008 encontró que las iniciativas de REDD+ en Brasil han tendido a incrementar la inseguridad de los residentes en cuanto a la tenencia de tierras. Pero implementadas de la manera correcta, las iniciativas de compensaciones también pueden actuar como una forma de bienestar estatal, que redistribuye la riqueza basándose en los objetivos medioambientales, dice Greenleaf.

Entre las personas que entrevistó había 30 acreanos rurales —agricultores a pequeña escala, ganaderos, cazadores y recolectores forestales de ascendencia mixta—. Históricamente, este es un grupo que a menudo ha sido incapaz de obtener derechos formales de las tierras, pero muchos dicen que han podido beneficiarse de la iniciativa del SISA a través de su contribución de trabajo verde.

Complejidades de los derechos de las tierras

“REDD+ e iniciativas basadas en el comercio de carbono tienen el potencial de ser un importante punto de inflexión con respecto a detener la deforestación”, dijo Tom Martin, un especialista en carbono y biodiversidad terrestre con la organización internacional de investigación de la conservación Operación Wallacea. Sin embargo, a nivel mundial, “las iniciativas de REDD+ […] no han despegado tan rápidamente como la gente esperaba”, dijo y cita gobiernos desorganizados, mercados de carbono inestables y complejos sistemas de propiedad de tierras.

En muchos países con una importante densidad forestal, donde las iniciativas de compensación de carbono tienen el mayor potencial de beneficio, los derechos de las tierras en las zonas rurales no están claros, se superponen o son duramente disputados, entrelazados con problemas complejos de los derechos indígenas. Tales complejidades pueden crear incertidumbre sobre cómo un propuesto proyecto REDD+ puede ser implementado con éxito, lo que pone nerviosos a los posibles inversores y estanca las iniciativas de créditos de carbono antes incluso de que empiecen, dijo Martin.

Rodear la tenencia de las tierras con el fin de asignar los beneficios de las iniciativas de los créditos de carbono tiene claros beneficios, pero también ha sido criticado porque evita el difícil proceso de obtener los derechos de las tierras para las personas rurales e indígenas que se beneficiarían de la tenencia de la tierra de otras maneras. Sin embargo, históricamente, intentos de formalizar la tenencia de tierras rurales han tendido a favorecer a las élites acomodadas. Por ejemplo, Terra Legal, un programa nacional que otorga títulos de la propiedad a familias minifundistas en el estado de Amazonas, ha emitido menos títulos de lo que tenía planeado y tendía a favorecer a terratenientes ya existentes y a la agroindustria. Cualquier intento de redistribuir las tierras de una manera equitativa sería una ardua y larga batalla. En cambio, iniciativas como el SISA podrían actuar como un paso intermedio, sugiere Greenleaf: “Los beneficios del SISA podrían ser enumerados en esa lucha como prueba del reconocimiento del gobierno de los derechos de las tierras de la población rural”.

Aunque la iniciativa está teniendo unos claros beneficios para las comunidades locales, el efecto de las iniciativas del SISA en la deforestación es más difícil de ver. El índice de deforestación en Acre permaneció relativamente estable desde 2010 a 2015 —el periodo durante el cual el plan de crédito del SISA entró en vigor— a un ratio de entre 220 y 310 kilómetros cuadrados (85 y 120 millas cuadradas) al año, según datos del programa de vigilancia PRODES del Instituto Nacional Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués). Sin embargo, Maron señala que muchas de las políticas financiadas por el SISA antecedieron al programa, lo que hace difícil de discernir su verdadero impacto en la deforestación.

El SISA también ha sido criticado por dar más poder a los funcionarios estatales para determinar lo que cuenta como trabajo verde, lo que deja a las comunidades rurales a merced de los caprichos políticos. El SISA ya ha tomado algunas decisiones polémicas, como clasificar las prácticas agrícolas intensivas y los estanques artificiales como servicios ambientales. Martin dijo que esto es un problema común. “Aunque se supone que las iniciativas REDD+ producirán beneficios sociales y a la biodiversidad, así como el secuestro de carbono”, dijo, centrarse en los mercados de carbono significa que “los beneficios a la biodiversidad a veces pueden quedarse atrás en las jerarquías de preocupaciones de los directores del proyecto”.

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Imágenes:

  • Foto 1: Evidencia de la tala mecanizada en Feijó, Acre. Imagen de Maron Greenleaf.
  • Foto 2: Ganado congregado delante de una escuela en Feijó, Acre. La ganadería es el principal impulsor de la deforestación en el estado y por todo Brasil. Imagen de Maron Greenleaf.
  • Foto 3: Un árbol de nuez de Brasil queda en pie en lo que por lo demás es un campo en su mayor parte deforestado en Feijó, Acre. Imagen de Maron Greenleaf.

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Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

[Artículo] Los dueños del pan: El lobby y los peligros del trigo transgénico

Compartimos la siguiente investigación sobre los peligros del trigo transgénico publicado en Avispa Midia – Julio 2019 


Por Darío Aranda- julio 28, 2019

Un reducido sector, con aval del Gobierno, impulsa el pan transgénico (y con agrotóxicos). Quiénes y cómo buscan aprobarlo. El factor Brasil. La interna empresaria. Y la voz de quienes reclaman: “No se metan con el pan”.

Un puñado de funcionarios. Una encumbrada científica del Conicet. Y medio centenar de empresarios. Ellos son los responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan en base a trigo transgénico (y con restos de agrotóxicos), con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados veinte transgénicos, de manera irregular, en tres años. Un verdadero experimento masivo a cielo abierto.

La principal estrella transgénica de Argentina es la soja, aprobada en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El “modelo transgénico” (llamado “agronegocio” por sus propios impulsores) avanzó luego en Argentina con otros dos cultivos: maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más: avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca 5,6 millones de hectáreas y es central para el pan, uno de los alimentos más populares del país.

El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto-Bayer, ni Syngenta-ChemChina, ni Corteva (fusión de Dow y Dupont). Se trata de una empresa “nacional”, conformada por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman (presidente del Grupo Insud, con presencia en cuarenta países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación), Gustavo Grobocopatel (el llamado “rey de la soja”) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, cámara que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina). 

Bioceres se presenta como “proveedor totalmente integrado de soluciones en productividad de cultivos” y publicita que cuenta con “alianzas estratégicas con líderes mundiales, tales como Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG”. Sus ejes de negocios incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo. En noviembre de 2018, la empresa Bioceres había presentado su “trigo HB4”. La publicidad corporativa celebró su “tolerancia a la sequía”.

Ya pasó el visto bueno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la polémica Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En Argentina, los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Conabia, dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las compañías o tienen conflictos de intereses. Para que los argentinos coman pan con trigo transgénico sólo resta un paso burocrático: la firma de la Secretaría de Mercados.

Ciencia de mercado

Raquel Chan es una investigadora conocida en el ámbito científico. Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet, tomó notoriedad pública cuando desarrolló una soja resistente a la sequía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces (y actual) ministro de Ciencia, Lino Barañao, la mencionaban como ejemplo de la ciencia productiva para el país. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó Chan en 2012, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad, mientras en el país los precios suben y la comida escasea. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicitó: “Me siento muy orgullosa de formar parte de un gobierno y de un proyecto que ayude a que científicos argentinos puedan desarrollar estas aptitudes que le sirven a todo el mundo y que nos constituyen en un verdadero ejemplo”.

Lo que celebraban Chan, los funcionarios y empresarios era, para ellos, una buena noticia: más soja. Es decir, visto por las víctimas del agronegocio, más avance de la frontera agropecuaria, más desmontes, más agrotóxicos. Raquel Chan suele evadir la cuota de responsabilidad de los posibles impactos de su desarrollo.“Es algo que no va a depender de nosotros, va a depender de una decisión política. Estas cuestiones no dependen ni de nosotros ni de la empresa”, se excusó ante el diario El Litoral en 2012.

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Foto:Avispa Midia

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El Escaramujo 79: LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

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[Artículo] Nuevo Plan de Desarrollo y el lavado verde de la contaminación, respuestas de México para la crisis climática

Compartimos el siguiente artículo publicado por Avispa Midia – Mayo 2019

Por Aldo Santiago

En el 2019, mientras se esparcen movilizaciones en decenas de países para demandar acciones reales para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, en México el gobierno federal aumenta la inversión en las industrias más contaminantes del planeta.

Tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la administración pública “no se ajustará a los dictados de los organismos financieros internacionales” y pese a ello obtendrá para 2024 un crecimiento económico del seis por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) al final de su periodo y “cuatro por ciento en promedio anual, al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años”.

No obstante el discurso oficial que proclama “el final de las políticas neoliberales en México”, la gestión económica actual opera bajo el marco jurídico reformado en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual continúa las políticas que promueven la inversión nacional y extranjera para sectores claves de la economía mexicana como el de la construcción de infraestructura energética, principalmente para la extracción y refinación petrolera en Dos Bocas Tabasco, así como en la construcción de megaproyectos como el Corredor Transístmico en Oaxaca y el Tren Maya en Chiapas.

“Al ponernos una camisa de fuerza nosotros, de no gastar más de lo que ingresa, quiere decir que el motor de la economía será el sector privado”, declaró el ahora jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, mientras difundía la promesa del nuevo gobierno de izquierda: “México será un paraíso de inversión”.

Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación presentado en el año 2017, documento donde se plasman los fundamentos para las políticas públicas que proponía el equipo de AMLO, entonces candidato presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ya instalado en el sector público en 2019, el empresario ha vinculado a los personajes mas ricos de México en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. En dicho grupo convergen ocho de los dueños de las mayores industrias: telecomunicaciones, construcción, bancos, televisoras, hoteles, aerolíneas, entre otras, quienes coordinados por Alfonso Romo se reunirán bimestralmente con AMLO para influenciar sus acciones y planes en materia económica.

El consejo se encuentra vinculado con la estructura del gobierno federal pues cuenta con representación de las secretarías de agricultura, comunicaciones, economía, energía, hacienda, medio ambiente, relaciones exteriores y trabajo, con lo cual se discutirán estrategias transversales para las alianzas de inversión pública y privada en México.

Otros funcionarios federales como la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, han señalado el eje de su política económica al destacar que “en el nuevo PND están convocados los diversos sectores económicos con quienes tienen una estrecha relación, a través de un trabajo cotidiano, nuestras acciones buscan conciliar las necesidades particulares con el interés general”. 

Inversión a fósiles y el lavado verde

Incluso meses antes de la toma de posesión de AMLO, en todo el territorio nacional diversos sectores sociales han manifestado su inconformidad ante las políticas del nuevo gobierno que confluyó en el variopinto grupo de Morena. 

Campesinos demandan la cancelación de megaproyectos en sus tierras y denuncian el mal uso de las “consultas populares”; organizaciones civiles exigen la liberación de presos políticos y la desmilitarización del país; indígenas reclaman respeto a sus formas organizativas, sus semillas nativas, sus territorios.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros”, enfatizó López Obrador en una de sus recientes visitas a Juchitán, Oaxaca, en la que improvisó una “consulta” a mano alzada a favor de la construcción del Corredor Transístmico.

Muy al contrario, los pueblos de la región del Istmo han denunciado la manipulación del mecanismo de “consulta” emprendida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para legitimar un proyecto que continúa la inversión proyectada en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas por el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.

En consonancia con sus acciones, la continuidad en las políticas neoliberales desde la nueva administración dirigida por Morena le otorgan a México ser catalogado como el noveno mejor país del mundo para invertir, de acuerdo a reportes del Foro Económico Mundial.

Entre las principales industrias con las cuales la autodenominada Cuarta Transformación conseguirá la inyección de capital para alcanzar las tasas de crecimiento económico prometidas son, en primera instancia, las que están vinculadas con los mayores motores de la crisis climática global: la extracción de petróleo, carbón, gas, e incluso el uso del fracking, apuestas del nuevo gobierno para que México procure su autosuficiencia energética.

Por ello, mientras en el PND solo menciona fugazmente el “desarrollo sostenible”, el gobierno de izquierda pretende reverdecer su imagen mediante la operación de programas como Sembrando Vida, cuyo objetivo al “reforestar” busca insertar territorios campesinos del sureste mexicano para la producción de plantas tropicales a comercializarse en los mercados nacionales y extranjeros.

“En el mundo existen muchos recursos financieros que están buscando países con potencial de mercado y necesidades de proyectos de inversión”, manifestó Romo durante el anuncio de creación del Consejo Asesor Empresarial en febrero del 2019.

En dicha reunión, Romo destacó el papel de los empresarios reunidos en ese momento para obtener “financiamiento para los sectores y regiones estratégicos del Proyecto de Nación, en concordancia con la Agenda 2030 (de la ONU) y el Plan Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Como parte de ese lavado verde, el gobierno mexicano asume sin chistar las principales directrices emitidas por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros bajo los proyectos de la ONU y las ONGs de conservación, principales promotores de la implementación de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de Paris en materia de cambio climático.

Mientras en el mundo industrializado de 2019 los jóvenes realizan protestas para demandar un plan contra el calentamiento global, el sistema financiero apoyado por la ONU vocifera la solución a la catástrofe inminente: la consolidación de los mercados verdes para poner precio a los bosques en su afán de “reducir” las emisiones de contaminantes causantes de la crisis climática.

Al tiempo que aumentan las movilizaciones en demanda de acciones concretas como la de mantener los combustibles fósiles bajo el suelo, en Europa, el precio de las emisiones en el mercado de créditos de carbono, o permisos para contaminar, ha incrementado significativamente su valor. Sólo desde 2017 hasta abril de 2019 ha aumentado cinco veces su precio, al pasar de 5 a 25 euros.

Con ello, el boyante negocio de los mercados verdes se consolida gracias a los promotores de estos mecanismos, quienes pertenecen al sector más sucio del planeta: las industrias extractores de combustibles fósiles.

Ante la publicación en mayo de 2019 de un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) donde se demuestra que la actividad humana está amenazando la existencia de más de un millón de especies de plantas y animales, más que nunca antes en la historia de la humanidad, cabe preguntarse si confiar al mercado el futuro del planeta es una acción responsable.

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Foto: Avispa Midia

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Rechazo a los árboles transgénicos mientras se celebra la Conferencia Internacional de Biotecnología de los Árboles

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – A 21 de junio 2019

Una campaña global evidencia el rechazo mundial a los árboles transgénicos mientras se celebra la Conferencia Internacional de Biotecnología de los Árboles en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Los peligros sociales y ecológicos de los árboles transgénicos provocan indignación mundial

Raleigh, Carolina del Norte (E.U.A.)–La Campaña Global para DETENER los árboles transgénicos ha llegado a Raleigh, Carolina del Norte (Estados Unidos), mientras se celebra la la Conferencia Internacional de Biotecnología de los Árboles organizada por la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO). De este modo se visibiliza la oposición global a la investigación y desarrollo de árboles transgénicos. La Campaña incluye la participación de organizaciones de cuatro continentes.

“Hace 20 años que en todo el mundo la gente ha organizado protestas en los seis continentes para exigir un rechazo total a los árboles transgénicos”, declaró Anne Petermann, Coordinadora de la Campaña y Directora Ejecutiva de Global Justice Ecology Project. “Genetistas, agricultores, silvicultores, ecologistas, agrónomos y otros expertos se han pronunciado en contra de los árboles transgénicos. Ha habido activistas que cortaron árboles transgénicos de pruebas de campo en varios países. Solo entre 2015 y 2017, casi medio millón de personas firmaron o enviaron cartas en todo el mundo pidiendo el rechazo total a los árboles transgénicos. Además, las Naciones Unidas advierten sobre los peligros de los árboles transgénicos [2] y el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) no permite que sean certificados [3]. No es posible ignorar esta creciente ola de oposición”.

En una carta abierta en la que se denuncia la propuesta de legalizar los árboles transgénicos en Brasil [4], firmada por cientos de organizaciones y entregada a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), se afirma que “existen serias incertidumbres en cuanto a los posibles impactos ambientales y socioeconómicos de los árboles genéticamente modificados. Ya ha habido efectos inesperados en los cultivos alimentarios GM, por ejemplo la proliferación de malezas resistentes a los herbicidas, la aparición de plagas secundarias que diezman las cosechas, alteraciones de la fertilidad tales como tasas más elevadas de cruza de especies, así como un aumento de los caracteres alergénicos. Debido a que los árboles tienen un ciclo de vida largo y a menudo complejo, y a su interacción con la biodiversidad, es prácticamente imposible predecir los resultados e impactos de los árboles transgénicos”.

Durante una reunión internacional de organizaciones, redes, comunidades y expertos contra las plantaciones industriales de árboles y contra los árboles transgénicos, celebrada en Porto Alegre, Brasil [5], a principios de este año, Lizzie Díaz del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) destacó los motivos para la resistencia continuada contra los árboles transgénicos en Brasil, “Los árboles transgénicos implicarían un aumento del uso de agrotóxicos así como del consumo de agua. La manipulación genética de los árboles solo beneficia a las industrias de las plantaciones y de la celulosa y papel. Para las comunidades que viven dentro y cerca de las plantaciones de árboles, los árboles transgénicos significan una intensificación de los ya conocidos impactos negativos sobre la tierra, el agua, la biodiversidad, los medios de vida y las culturas”.

La creciente oposición a los árboles transgénicos ha llevado a los investigadores y a las empresas a buscar nuevas estrategias para obtener aprobación pública, incluso pregonando que los árboles transgénicos son beneficiosos para el medio ambiente. El problema de la “aceptación social” de los árboles transgénicos será planteado en la conferencia.

“La oposición a los árboles transgénicos obligó a las industrias de la madera y la biotecnología a inventar nuevas ideas para promover sus árboles transgénicos”, declaró la Dra. Rachel Smolker, Co-Directora de Biofuelwatch y coautora (junto con Petermann) de un reciente documento sobre castaños americanos transgénicos. “Están utilizando una versión transgénica del castaño americano como “árbol de prueba” para intentar convencer al público de que la ingeniería genética puede mejorar la salud de los bosques. Pero el hecho es que esta tecnología es muy incipiente y no ha sido cabalmente probada. Los castaños americanos pueden vivir más de dos siglos. No hay forma de predecir los impactos a largo plazo que tendrán estos árboles en los bosques, la biodiversidad o la salud humana. El hecho adicional de que esta investigación ha contado con una amplia participación y apoyo financiero por parte de compañías como ArborGen y Monsanto, que pueden beneficiarse, solo agrava nuestra preocupación”. [6]

“Investigadores e industria temen la oposición pública a los árboles transgénicos por una buena razón”, declaró Brenda Jo McManama, de la Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental Network). “La IEN trabaja con la nación Cherokee en Carolina del Norte, y en 2015 fuimos co-anfitriones de una acción de los Pueblos Indígenas contra los árboles transgénicos”. “Los Pueblos Indígenas, no solo en Estados Unidos sino en muchos países, no quieren en sus tierras árboles transgénicos que presentan riesgos y que no están probados”.

El Director de Investigación de la Coalición Rural, el Doctor Al Anderson-Lazo, indicó que “la Coalición Ruralcree que es importante que la comunidad científica y los gobiernos trabajen mano a mano con los agricultores, ganaderos, naciones indígenas y comunidades rurales para investir su conocimiento colectivo en entender los riegos ecológicos y económicos de introducir árboles transgénicos. Nuestras comunidades ya están enfrentándose a los impactos masivos de especies invasoras como la sabina colorada de Virginia y los altos costes de su combate en las granjas”. La Coalición Rural recibirá informes de la conferencia IUFRO y la difundirá entre sus miembros.

Los eventos contra los árboles transgénicos planeados en el marco de la Conferencia de Biotecnología Forestal 2019 a celebrarse en Raleigh, son una continuidad de las protestas realizadas contra la Conferencia de Biotecnología Forestal 2013 en Asheville, NC (Estados Unidos) y la Conferencia de Biotecnología Forestal 2017 en Concepción, Chile ( Información Chile, 2017 ) . Originalmente, la Conferencia de Biotecnología Forestal 2019 estaba proyectada para celebrarse en Curitiba, Brasil, donde hay un poderoso movimiento contra las plantaciones industriales de árboles y contra los árboles transgénicos. Después de las protestas en Chile, en marzo de este año se canceló esa sede y el evento se trasladó a Raleigh. Los coordinadores de la conferencia de 2019 provienen de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Chile.

Contacto:

– Steve Taylor [English] Global Justice Ecology Project +1.314.210.1322 <steve@globaljusticeecology.org>

– Lizzie Díaz [Español / Português] Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales+598.9937.5508 <lizzie@wrm.org.uy>

– Lucio Cuenca B. [Español] Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) <cuenca.lucio@gmail.com> +56 9 92402706

Por entrevistas:

– Dr. Rachel Smolker – Biofuelwatch

– Brenda Jo McManama – Indigenous Environmental Network

– Anne Petermann – Global Justice Ecology Project

– Lizzie Díaz – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

– Lucio Cuenca B. OLCA / Chile

Más información:

NOTAS A LOS EDITORES

Discursos “verdes” y deforestación

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Discursos “verdes” y deforestación

Compartimos el siguiente boletín publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) 

Mientras la destrucción de territorios de bosques continúa, más promesas y programas se llevan a cabo en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Este boletín pone de manifiesto, entre otras cosas, cómo la deforestación se oculta bajo discursos “verdes” y propagandas llamativas. 

Mientras que, por un lado, en todo el mundo, las comunidades que dependen de los bosques siguen sufriendo aún mayores amenazas y la destrucción de sus territorios, por otro lado se hacen y llevan a cabo más promesas, acuerdos, proyectos y programas en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Empresas multinacionales, gobiernos, bancos multilaterales, organismos de las Naciones Unidas (ONU), ONG conservacionistas y sus patrocinadores financieros siguen afirmando que ellos, los mismos actores que de hecho impulsan las causas directas y subyacentes de la deforestación, pueden ser “la solución”.

Este boletín recopila siete artículos de diferentes partes del mundo que muestran cómo los procesos de deforestación suelen ocultarse bajo discursos “verdes” y vistosa propaganda. Algunos autores también nos recuerdan que las comunidades de los bosques, a pesar de ser criminalizadas y con frecuencia convenientemente culpadas por la deforestación y desalojadas de sus territorios, continúan resistiendo esta destrucción así como las soluciones falsas que se les imponen aún cuando son quienes se encargan del cuidado de sus bosques, culturas y vidas.

Un artículo de Indonesia advierte que si bien los impactos devastadores de la crisis climática ya están afectando gravemente a miles de comunidades pesqueras, un mecanismo de compensación llamado “Carbono Azul”, promovido por las Naciones Unidas como una “solución” a la crisis, está transformando los territorios costeros en activos negociables. Si bien el daño a los manglares se debe al desarrollo de hoteles, granjas camaroneras industriales, la expansión de plantaciones de palma aceitera y la minería masiva, el Carbono Azul tiene como objetivo maquillar de verde la creciente y devastadora destrucción de éstos y otros actores contaminantes.

Desde Mozambique, un artículo describe los peligros de los crecientes fondos fiduciarios para la conservación, como el caso de BIOFUND. Este fondo fue creado para financiar el sistema de áreas protegidas de Mozambique, con el apoyo del Banco Mundial, organismos de cooperación internacional y ONGs conservacionistas. Su objetivo es captar grandes contribuciones, incluyendo los ingresos generados por proyectos de compensación de la biodiversidad del país, y especular con ese dinero en los mercados financieros.

Otro artículo muestra cómo, a pesar de las promesas del gobierno de Malasia en cuanto a mantener una cobertura forestal del 50 por ciento en el país, desde la década de 1990 se han destinado al menos 3,4 millones de hectáreas de zonas mayormente de bosques para el establecimiento de monocultivos, en especial plantaciones forestales para la obtención de madera y plantaciones de palma aceitera. La ambición del 50 por ciento parece basarse en estadísticas que consideran a los monocultivos como parte de la “cubierta forestal” nacional.

Otro artículo expone cómo el Fondo Verde para el Clima, que tiene el objetivo de ayudar a los países del Sur global a responder al cambio climático, aprobó recientemente por primera vez en la Amazonia brasileña el llamado pago REDD+ basado en “resultados”. También advierte que la Corporación Financiera Internacional, la agencia de financiamiento del Banco Mundial, se prepara para solicitar fondos para subvencionar proyectos REDD+ del sector privado, que indefectiblemente entrarán en conflicto con las comunidades que dependen de los bosques.

Desde la India, un artículo denuncia los nuevos intentos del gobierno, en colaboración con empresas y ONG conservacionistas, de apropiarse de los bosques y desalojar a las comunidades que dependen de ellos. Después de múltiples intentos, una reciente propuesta de enmienda de la Ley sobre los bosques de la India, de la época colonial, en los hechos vendría a poner fin a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los Adivasis (pueblos indígenas) y otras comunidades tradicionales que habitan en los bosques. Las enmiendas suponen la criminalización de todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan), y crean una nueva categoría jurídica llamada “bosques de producción”, que habilita la privatización a gran escala.

El caso de la comunidad Wimbí en Ecuador señala los perjudiciales efectos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera, que va de la mano del tráfico de tierras y las plantaciones forestales para la obtención de madera. Además de la destrucción de los bosques y del suelo de la zona, para los miembros de las comunidades, la pérdida de sus lugares de cultivo es un elemento más de presión que los lleva a buscar trabajo asalariado en otros lugares, incluso en la empresa palmícola que los desalojó. Pero los residentes de Wimbí no han dejado de luchar por sus tierras y sus medios de vida.

Por último, el artículo final revela la horrorosa violencia y abusos llevados a cabo por el modelo de conservación que busca “preservar una naturaleza sin gente”. Informes de las organizaciones Rainforest Foundation UK y Buzzfeed News han revelado la crueldad perpetuada para con los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas apoyadas por el WWF. Este es definitivamente un grave problema de violación de los derechos humanos así como de intervención colonial en bosques tropicales. Demasiado a menudo las organizaciones conservacionistas están en el centro de estos graves abusos.

Leer boletín completo

Más información: 

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul» 

[Artículo] Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados 

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas 

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul»

Compartimos el artículo del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Ingles) 


El llamado ‘Carbono Azul’ surgió como un nuevo mecanismo de compensación a través de la absorción de carbono que realizan los manglares y otros territorios costeros. Sin embargo, organizaciones de Indonesia advierten que esta iniciativa es una estrategia para transformar los territorios costeros y marinos en activos negociables en el mercado. 

Sugeng Haryanto, un pescador de 57 años de la costa de Jepara, en Java Central, empuja su bote hacia el muelle todas las semanas. Durante el último mes, Sugeng no ha podido salir a pescar. Las fuertes olas y vientos fueron la razón principal de que Sugeng mantuviera su barco y su equipo de pesca amarrados en el puerto. No quería arriesgarse a perder la vida, como le pasó a algunos de sus amigos.

Actualmente, las comunidades pesqueras en Indonesia enfrentan problemas vinculados directamente al clima que resultan difíciles de entender. Desde la reducción del período de pesca hasta desastres naturales que suceden cada año en mayor número en los territorios costeros de Indonesia. Esos territorios abarcan bosques de mangles, praderas de hierbas marinas y marismas (un tipo de humedal) de agua salada. Debido a todas estas dificultades, los pescadores en Indonesia solo pueden salir al mar 150 días al año. Esto significa que los otros 215 días deben abstenerse de cualquier actividad pesquera.

Las comunidades pesqueras indonesias sufren directamente los dañinos efectos de la crisis climática. A lo largo de los últimos cinco años, al menos 737 aldeas costeras sufrieron deslizamientos de tierra, 2.651 quedaron inundadas, 307 se vieron afectadas por inundaciones repentinas, 1.484 confrontaron maremotos, mientras que 1.422 sufrieron los efectos de tornados. Asimismo, otras 790 aldeas costeras fueron golpeadas por terremotos, 6 por un tsunami y otras 54 se vieron afectadas por una erupción volcánica. (1)

Cada año, el destino de millones de pescadores se pone sobre la mesa de negociaciones sobre el clima de la ONU. Lamentablemente, estas negociaciones han perdido el rumbo ya que no abordan los problemas verdaderos y subyacentes de esta crisis.

Pero no se trata solamente de que hoy en día los barcos de pesca quedan anclados por períodos cada vez más largos, sino de que el futuro de los pescadores para mantener sus medios de subsistencia y el control sobre sus territorios está ligado a la amenaza de esta crisis multidimensional y a las llamadas soluciones que la acompañan.

 

Cuando el carbono se vuelve azul

Una de las reacciones de la ONU a esta crisis multidimensional es una iniciativa denominada Carbono Azul. También conocida como REDD Azul, fue introducida por el PNUMA y otros organismos de la ONU en 2009. A lo largo de numerosas reuniones internacionales, el PNUMA reafirmó la importancia de introducir un nuevo mecanismo de compensación de carbono por el cual las emisiones de carbono puedan ser compensadas por la absorción de carbono que realizan los ecosistemas costeros. Según sus defensores, los territorios costeros ricos en plantas, tales como los manglares, las praderas de hierbas marinas y las marismas de agua salada (un tipo de humedal), absorben y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono. (2)

Una publicación de 2009 de varios organismos de la ONU titulada “Carbono Azul: el rol de los océanos saludables en fijar el carbono” (Blue Carbon: the Role of Healthy Oceans in Binding Carbon) afirma que la protección, el manejo y la restauración de los ecosistemas marinos aumentarán su capacidad de absorción de carbono a casi el 10 por ciento de la reducción de emisiones globales requerida. (3)

La investigación sobre la iniciativa Carbono Azul realizada por la Agencia de Investigación y Desarrollo Marítimo y Pesquero de Indonesia (Balitbang KP) afirma que los lechos de las praderas marinas tienen el potencial de absorber alrededor de 4,88 toneladas de carbono por hectárea por año. En total, las praderas de hierbas marinas en Indonesia podrían almacenar 16,11 millones de toneladas de carbono por año. Y, en total, los manglares de Indonesia podrían almacenar 122,22 millones de toneladas de carbono por año.

Hasta la fecha, la iniciativa Carbono Azul es promovida sistemáticamente en las reuniones internacionales, así como en las cumbres anuales de la ONU sobre el clima. Durante la Conferencia Nuestro Océano, celebrada en Bali en 2018, el gobierno de Indonesia alentó los proyectos de conservación marina y el Carbono Azul, con el objetivo de incluir en dichos mecanismos 20 millones de hectáreas para 2020. En 2018, la zona establecida para la conservación marina alcanzó 19,14 millones de hectáreas.

La organización indonesia KIARA (Coalición Popular para la Justicia en la Pesca) destaca que hasta el momento, la conservación marina no se ha implementado como una actividad democrática, que se origine a partir del conocimiento y la sabiduría de las comunidades marítimas de Indonesia, sino como una actividad verticalista, impuesta por el estado. Como resultado, la gente de las comunidades costeras se convierte en víctima de lo que, desde su perspectiva, equivale a proyectos ecofascistas.

¿Intercambio de carbono? Plantando árboles de mangle

El fondo Livelihoods Fund, que cuenta con el apoyo de empresas privadas, invierte desde 2011 en proyectos de compensación alrededor del mundo, vinculados a las cadenas de suministro de sus inversores. Tres de estos proyectos se encuentran en territorios de manglares: uno en Indonesia, uno en India y otro en Senegal. En su página web, Livelihoods Fund dice que actualmente se han plantado 18 millones de árboles en Indonesia, 16 millones en la India y 79 millones en Senegal. (4)

Los proyectos tienen una duración de 20 años y los inversionistas (empresas privadas) recibirán créditos de carbono a partir de los árboles de mangle plantados por las comunidades costeras. En base a esto, estas industrias pueden continuar sus negocios de la manera habitual (y seguir con las mismas emisiones) al tiempo que afirman haber reducido sus emisiones de carbono.

Los inversionistas de Livelihoods Fund son: la empresa del agronegocio Danone; la multinacional francesa Schneider Electric; el grupo bancario francés Credit Agricole; el fabricante francés de artículos de lujo Hermès International; el grupo de viajes francés Voyageurs du Monde; la empresa francesa de servicios postales La Poste Group; la compañía fabricante de neumáticos Michelin; la compañía de fragancias y sabores Firmenich; la entidad financiera pública francesa Caisse des dépôts et consignations y la empresa alemana de software y tecnología SAP.

Repitiendo los fracasos de REDD+

La iniciativa Carbono Azul se inventó como una versión del mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal) para territorios costeros y de manglares. Durante casi 15 años se ha promovido REDD+ como una solución a la deforestación en los bosques tropicales. Pero la deforestación continúa. Lamentablemente, REDD+ es un mecanismo orientado a los negocios, que es la causa de una serie de problemas. Como en otros lugares, los proyectos REDD+ en Indonesia han causado varios conflictos.

Un ejemplo de ello es un proyecto REDD+ en la aldea Henda, en Borneo, Indonesia, organizado por el PNUD y financiado por el gobierno noruego. Una investigación reveló que este proyecto ha causado conflictos a la interna de la comunidad como consecuencia de la falta de transparencia y el manejo discriminatorio de los fondos de REDD+ en el ámbito de la aldea. Una de las razones del conflicto tuvo su origen en el programa de empoderamiento vinculado al proyecto REDD+, que no involucraba a todas las comunidades, lo que inevitablemente generó recelos entre los aldeanos. (4)

Otro proyecto REDD+ en la aldea de Mantangai Hulu causó además conflictos con los donantes y el gobierno. Este proyecto REDD+ fue organizado por la Asociación de Bosques y Clima de Kalimantan (KFCP) y fue financiado por el gobierno australiano. La comunidad de la aldea de Mantangai Hulu cedió sus 120.000 hectáreas de bosque a KFCP para un proyecto piloto REDD+. Cuando se hizo evidente que el proyecto era más beneficioso para los facilitadores locales, el gobierno y los donantes, la comunidad organizó la resistencia al proyecto. La distribución de los fondos de REDD+ tampoco fue transparente y no dio participación a la comunidad. (5)

El fracaso de REDD+ en detener la deforestación y su rol en causar numerosos conflictos con las comunidades y a la interna de ellas, debería servir de lección a los líderes mundiales, quienes deberían tener más cuidado en las respuestas que dan a la crisis climática. Al mismo tiempo, las comunidades marítimas de Indonesia reclaman la adopción de medidas para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, las políticas propuestas tienden a ser meros parches, ofreciendo soluciones falsas con objetivos de reducción de emisiones que son insuficientes y dependientes de mecanismos de compensación.

Las negociaciones y las posibles soluciones para enfrentar la crisis climática deben poner su mirada en el conocimiento y las necesidades de las comunidades. No más falsas soluciones como el Carbono Azul o similares, que de hecho aumentan la carga de las finanzas del Estado, incrementando la deuda externa. La deuda también abre las puertas a una mayor corrupción. Estos mecanismos de compensación, propuestos por el Banco Mundial, siempre se basaron en préstamos. Sin embargo, en 2018, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia rechazó el sistema de préstamo. No obstante, y lamentablemente, el mecanismo implementado todavía se basa en la inversión extranjera y el comercio de carbono, lo que viene generando los mismos problemas que el mecanismo propuesto por el Banco Mundial.

La mercantilización de una crisis

KIARA considera que la iniciativa Blue Carbon es un pretexto para convertir los territorios costeros y marinos en activos negociables. Hay al menos tres razones por las que la Iniciativa Carbono Azul no es la solución a la crisis climática.

En primer lugar, los proyectos de Carbono Azul contabilizan el carbono almacenado de tal manera que se beneficia solo a algunas personas o a un grupo en particular, pero excluye a muchos en la comunidad que se ven perjudicados por los proyectos Carbono Azul, porque ya no pueden usar los manglares o las praderas marinas como lo hacían antes. Mientras tanto, se ignora la existencia y el papel que juegan las comunidades costeras en el mantenimiento de los ecosistemas costeros, con el uso que hacen de los manglares para la obtención de hierbas medicinales, ingredientes cosméticos y como fuente de alimentos.

En segundo lugar, se argumenta que una de las causas de la crisis climática es la destrucción de los manglares por su mal manejo. En Indonesia, el daño a los manglares y los ecosistemas costeros se debe a modelos de emprendimientos extractivos y de explotación tales como la ocupación de zonas costeras con hoteles, apartamentos o zonas de recreación, granjas industriales camaroneras, la expansión de plantaciones de palma aceitera en la costa y la minería costera masiva. El Centro de Datos e Información de KIARA señala que en Indonesia, en 2018, se ocuparon como mínimo 42 zonas costeras para tales fines.

En tercer lugar, el Carbono Azul no puede cambiar la forma de actuar de las empresas responsables de grandes cantidades de emisiones de carbono, ya que se trata simplemente de un mecanismo de compensación de las emisiones de carbono.

Los territorios costeros tienen características únicas y son muy vulnerables. Las costas son un zona de transición entre la tierra y el mar. La presión, tanto natural como humana, es muy evidente. La iniciativa Carbono Azul les da la oportunidad a las élites de empeñar los bienes naturales y enriquecerse en nombre del cambio climático.

Mientras tanto, debido a su vulnerabilidad, tanto los territorios como las comunidades de las zonas costeras seguirán viéndose perjudicados por los emprendimientos realizados en esas áreas, por el agravamiento de los efectos del cambio climático y por las falsas soluciones promovidas en las negociaciones de la ONU sobre el clima.

En la próxima década habrá que adoptar decisiones cruciales que influirán en la forma en que las comunidades de pescadores de Indonesia se verán afectadas por la multidimensional crisis climática. En lugar de glorificar el pasado del archipiélago sería prudente que el gobierno se centrara primero en reducir los efectos de la crisis climática en los pescadores artesanales y, al mismo tiempo, salvar al mundo costero y marítimo indonesio de quedar atrapado en el comercio de carbono.

¡No vendan nuestro mar en nombre del comercio de carbono!

¡Nuestro Mar, Nuestra Identidad, Somos el Mar!

Susan Herawati

Secretaria General de la Coalición Popular para la Justicia en la Pesca

(KIARA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)

Referencias:

  • (1) Centro indonesio de información y datos, 2019
  • (2) Por más información sobre el Carbono Azul, ver WRM “‘Carbono Azul’ y ‘REDD Azul’: transformando los territorios marino-costeros en mercadería”, 2014
  • (3) Pueden acceder a la publicación (en inglés) aqui
  • (4) Ver su página web
  • (5) Anggraeni, Nur. (2013). Melestarikan Tradisi, Meningkatkan Kesejahteraan: Pandangan Tentang Dampak Program REDD+ di Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM
  • (6) Firnaherera, Vice Admira. (2013). Konflik Pengelolaan REDD+: Studi Kasus di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM y Hidayah, Nur Putri. (2013). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Kalumpang Kedamangan mantangai dalam Mendukung Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). Master Thesis UGM.

 

[Artículo] Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados

Compartimos la siguiente nota publicada en AvispaMidia – Mayo 2019 

Por Eugenia López, 21 de mayo 2019 

Las energías llamadas renovables han tenido mucho éxito esos últimos años. Los parques eólicos están brotando alrededor del planeta, tanto en la tierra como en los mares. Según el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en ingles), el desarrollo de energía eólica a nivel mundial ha aumentado de manera estable desde 2014, con más de 50 GW de nueva capacidad instalada cada año.

¿Estas energías que nos venden como capaces de resolver todos los problemas realmente son sin impacto sobre el medio ambiente? Es la pregunta que se hicieron varios equipos de científicos.

Un grupo francés encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de ciencias climáticas y del medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), ha estado comparando simulaciones hasta 2020, realizadas sin y con el efecto de aerogeneradores.

Ver la investigación: Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México

Según la investigación publicada en 2014, cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche: en este momento, las turbinas eólicas mueven la atmósfera más que durante el día, lo que calienta el aire y, por lo tanto, limita el enfriamiento nocturno del suelo.

El equipo científico también notó una disminución de las precipitaciones que puede alcanzar el 5% (unos 0,15 mm al día) en ciertas regiones.

Sin embargo, el equipo de investigación considera que es necesario producir nuevos estudios con otros modelos y diferentes escenarios de desarrollo de la producción de energía eólica para determinar con precisión cuáles serán las consecuencias de un despliegue aún más masivo de energía eólica. Una cuestión clave será evaluar los efectos de la duplicación o el triplismo de la cuantidad de eólicos estudiados aquí, ya que es lo que se puede prever en los próximos cuarenta años.

En otra investigación, científicos de la Universidad estadounidense de Harvard calcularon que alimentar la totalidad de los Estados Unidos con energía eólica aumentaría la temperatura del suelo de 0.54 ° C en la parte del país cubierta con turbinas eólicas, y de 0.24 ° C en el resto del país, según un estudio publicado el jueves 4 de octubre de 2018 en la revista científica Joule. Por la noche, el calentamiento incluso podría llegar a 1,5 ° C. Estos resultados son confirmados por estudios previos que informan aumentos de temperaturas cerca de los parques eólicos y por observaciones satelitales. 

Para David Keith, profesor de ingeniería en Harvard, los aerogeneradores les ganan a otras tecnologías “pero eso no significa que sus impactos sean insignificantes”. El científico pudo determinar que, durante un primer siglo de operación, el efecto de calentamiento debido a los aerogeneradores sería más importante que el efecto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según los investigadores de Harvard, aunque sea diez veces menos que en el caso de los parques eólicos, la presencia de parques solares también aumenta localmente las temperaturas en el suelo.


Foto: Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el 2019 existen 22 parques eólicos. Credito: Renata Bessi

Más información:

El Istmo en riesgo ambiental, concentra el mayor número de parques eólicos en América Latina.

Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México 

El Escaramujo 80: LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

Pueblos organizados de Chiapas nos declaramos en resistencia ante el modelo energético capitalista 

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas

Compartimos la siguiente investigación publicada en  la Revista Mongabay a través de Animal Político 

Mientras el monocultivo se expande en el norte de la Selva Lacandona, comunidades indígenas denuncian la escasez de agua, de alimentos y de tierras para los cultivos de autoconsumo.

En Chiapas hay 64 000 hectáreas sembradas que representan el 70 % del total de las plantaciones de palma en México. 


por Rodrigo Soberanes en 5 febrero 2019 

Cuenta un comunero del pueblo Maya Chol que vio desaparecer la pequeña laguna que tanto atesoraba su familia. Quedaba junto a la casa de sus padres y para Federico Méndez era un paraíso protegido por la espesura de la Selva Lacandona en México. Recuerda el comunero que el problema comenzó el día que llegó la palma africana a su municipio, llamado Salto de Agua, entonces los cultivos empezaron a cercar poco a poco ese rincón idílico de la familia Méndez y de pronto fueron testigos de cómo bajaba el nivel del agua mientras las palmeras ganaban altura.

“A 30 metros establecieron una plantación de cinco hectáreas de palma africana. A partir de los cinco años se acabó el agua”, narra el comunero Chol, Federico Méndez. 

Del “enamoramiento” al desamor. El boom de la palma africana en Chiapas duró poco: el agua hace falta y los beneficios económicos no son los que les prometieron. El el sureste del país, hay sed y hambre por el monocultivo. 

Hoy esas palmeras miden más de 15 metros y la laguna está seca. Federico se pregunta entonces si valió la pena, sobre todo cuando le cuentan que en los últimos cuatro años el precio del fruto de la palma ha caído.

Esta es una de las tantas historias que cuentan los habitantes de la comunidad La Concordia y que se repiten una y otra vez en la región indígena conocida como Tulijá, al norte de la Selva Lacandona, en el sureste de México. El agua hace falta y los beneficios económicos de la palma africana no son los que les prometieron, tampoco los que esperaban.

Esto se ha traducido en una escasez de alimentos en muchas comunidades, incluso hay un investigador mexicano que ha utilizado el término “hambruna” para describir la situación de la población de Tulijá —que abarca siete municipios y alberga a 4800 habitantes— compuesta por etnias mayas Tseltal y Chol casi en su totalidad. 

El inicio

La palma africana se instaló masivamente en el norte de la Selva Lacandona allá por 1994, cuando estalló la rebelión indígena zapatista. Esto hizo que muchos propietarios huyeran raudos de la zona abandonando sus tierras, que aparecieran nuevos actores para apropiarse de esos territorios y que producto de la repartición de los terrenos se formaran nuevos ejidos o tierras comunales.

“Del 94 para acá invadieron muchos ranchos la gente por esta región y otros rancheros comenzaron a vender sus tierras. El gobierno comenzó a comprar para darle a la gente vía fideicomiso y vía subsidio”, cuenta Feliciano Arcos, habitante de la comunidad de Las Vegas, en Salto de Agua.

Así es como recuerda Arcos el inicio de un cambio radical en la vida de su región. “Así se formaron los ejidos por toda esta carretera. Pasaron años y comenzó a llegar la Secretaría del Campo de Chiapas para decir que es bueno trabajar con la palma”, agregó el campesino. 

A partir de 1995, el paisaje en aquella región selvática comenzó a transformarse. Federico Méndez lo vivió cuando vio desaparecer su pequeña laguna.

Los cultivos de autoconsumo fueron disminuyendo y la agricultura industrial apareció en la zona como una promesa de cambio para las familias de las comunidades indígenas.

Para entender el nuevo escenario de Chiapas en los noventa, hay que mirar el contexto actual. En México existen hoy nueve plantas procesadoras del fruto de la palma africana: ocho de ellas están en Chiapas y, de este grupo, dos en la región norte de la Selva Lacandona. 

Bárbara Linares, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, un centro público de investigación científica mexicano, ha seguido de cerca el caso de Tulijá y explica así los efectos de la palma africana en las comunidades: “Es una región que históricamente ha vivido del autoconsumo y desde la llegada de la palma africana y la mecanización del cultivo, el medio ambiente, el uso del territorio y el tejido social han sufrido cambios drásticos”.

Al inicio, cuenta la experta, se establecieron viveros extensos y las empresas palmicultoras les dieron trabajo a las mujeres, niños y hombres. El panorama era novedoso y el futuro lucía prometedor para las comunidades del Valle de Tulijá. El éxito lo medían entonces por el flujo de dinero.

Pero también se podía empezar a constatar el crecimiento del negocio de la palma con las miles de hectáreas de selva que iban desapareciendo año tras año. Feliciano Arcos da fe de ello.

Arcos recuerda que el comentario de una empresa de la zona era: si trabajas la palma, te va a mejorar la vida. Fue así como miles de familias entraron en una dinámica de industria y mercado, y comenzaron a depender del dinero para poder adquirir sus alimentos.  

Pero cuentan los comuneros a los que Mongabay Latam entrevistó para este reportaje, que no entendían entonces el daño que le estaban causando a la tierra. Dicen que nadie se lo explicó. Estaban contentos porque tenían un buen trabajo. Ahora, como sus ingresos han disminuido, producto de la caída del precio de la palma, muchos han optado por migrar hacia Estados Unidos.

La entrevista a Federico Méndez —habitante del ejido Arroyo Encantado, del municipio Salto de Agua— se realizó en un paraje del ejido Santa María que antes de la siembra de palma africana conservaba superficies pantanosas en ambos lados de la famosa carretera de la Ruta Maya.

Ahora el suelo es duro, las mesas y sillas están cubiertas de una capa de polvo, y en los parajes aledaños se observa una intensa actividad de jornaleros que cosechan los racimos del fruto de la palma y lo acarrean a orillas de carretera. Allí se detienen los camiones para recoger la carga y llevarla a los centros de acopio.

Mongabay Latam realizó varios intentos por contactar a las autoridades ambientales competentes —Secretaría del Medio Ambiente de Chiapas y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno nacional— pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta alguna. En esa búsqueda, una fuente de la dependencia de Chiapas señaló que por tratarse de administraciones que recién han asumido sus cargos, no tienen conocimiento suficiente ni “interés” por tratar este tema con los medios de comunicación.

Los problemas denunciados por algunas de las comunidades indígenas de Chiapas guardan relación con los resultados de algunas investigaciones. De acuerdo con una de la Universidad Autónoma de Chiapas, publicada en 2012, «la expansión de este cultivo acentúa las desigualdades sociales, degrada los recursos naturales, utiliza mucha energía fósil, impulsa la concentración de la tierra, debilita los sistemas locales de provisión de alimentos y reduce los márgenes del valor generado en la cadena agroalimentaria para los pequeños productores». 

El enamoramiento

La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México señala que el país tiene sembradas 90 118 hectáreas. Eso reportan las cifras hasta el 2016. Pero con esa superficie solo se cubre el 61 % de la demanda nacional de aceite de palma —aceite comestible y biodiesel— y el resto se tiene comprar de otros países como Guatemala, Colombia y Costa Rica, principalmente.

El gobierno mexicano no está dispuesto a seguir importando y por eso se ha trazado una meta ambiciosa: incrementar en un 50 % la producción de palma aceitera de cara al 2030.

La Secretaría del Campo de Chiapas estima que en ese Estado hay unas 64 000 hectáreas sembradas, lo que representa alrededor del 70 % de toda la palma que posee hoy México. 

Por eso el potencial de Chiapas ocupa un lugar central en la Planeación Agrícola Nacional de México 2017—2030. En este documento, el Estado de Chiapas es considerado estratégico porque se busca incrementar sus plantaciones hasta alcanzar 1 219 000 hectáreas sembradas.

Pero para alcanzar esta meta necesitan disponer de las tierras del sector rural. Por eso el enamoramiento, como le llaman los investigadores a la etapa de convencimiento, es fundamental.

Las autoridades y empresas que introdujeron el cultivo de la palma africana se encargaron desde el inicio de sembrar la promesa de una mejora económica. Algunos comuneros recuerdan que les hablaron de jugosos pagos puntuales cada quincena.

Ahí fueron convenciendo a la gente diciendo que iban a vender cada 15 días y cuando les llegaron a ofrecer les daban apoyo para sembrar y limpiar sus predios. Fue simplemente para convencer a la gente. Luego dejó de existir eso”, contó Federico Méndez. 

El profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, León Enrique Ávila, con amplia trayectoria en el estudio del fenómeno social de la palma africana en la región, identificó «al enamoramiento» como uno de los pasos utilizados por las empresas procesadoras dentro de su estrategia de convencimiento.

Para Ávila es una etapa en la que las partes interesadas se introducen en las comunidades para convencer a las personas de que se muden a la actividad agroindustrial.

Feliciano Arcos, comunero originario de la comunidad Las Vegas, en el municipio Salto de Agua, cuenta que las empresas les ofrecieron un panorama en el que los comuneros recibirían todos los insumos necesarios y, después de dos años de la siembra, comenzarían a cosechar y vender su producto cada quincena, recibiendo una paga sustancial.

“Fue simplemente para convencer a la gente. Luego dejó de existir eso. Pero mucha gente se convenció y comenzaron a sembrar desde dos o tres hectáreas”, recuerda Arcos.

En un reportaje publicado por Mongabay Latam en 2018 sobre la expansión de la palma aceitera en la región sur de la Selva Lacandona, el entonces director de Producción Hortofrutícola y Agroindustrial, Onorato Olarte, dijo que las plantaciones de este cultivo no afectan terrenos selváticos debido a que utilizan potreros u otros predios ya deforestados. 

“La estrategia de fomento a la palmicultura está basada en la no tala de selva para apertura de nuevas plantaciones”, afirmó la entrevista.

Sin embargo, Antonio Castellanos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el estudio de la palma africana en Chiapas, explicó en una entrevista a un medio local que la introducción de la palma en esta región mexicana no ha sido bien regulado.

“El gobierno afirma eso pero el proceso de crecimiento ha sido poco regulado. Ha habido varios tipos de cambio de suelo hacia la palma, incluyendo en selvas y acahuales (predios con selvas jóvenes). Pero también ha habido deforestación. El problema ha sido una regulación escasa en ese sentido”, declaró el especialista al medio mexicano. 

El desamor

En la “etapa de enamoramiento” no se le dijo a la población que el precio de su producto depende de la cifra que arroje la Bolsa de Rotterdam sobre el precio de la tonelada de aceite de palma.

“En ciertos momentos de enamoramiento tiene el precio muy alto y eso va encantando a los productores, pero como todo ciclo económico, duran dos o tres años. De 2014 a la fecha bajó el precio dramáticamente y eso ocasionó que existiera hasta hambre en la región”, señaló León Enrique Ávila.

A los productores tampoco les dijeron que los insumos que les estaban otorgando, se descontarían de sus pagos, por lo tanto, si las noticias desde Rotterdam no eran buenas, podría ocurrir que esos pagos quincenales se hicieran humo.

“La empresa les da fertilizantes, herramientas, muchas cosas pero la empresa lo va descontando a la hora que llegan los productores a pesarlo directamente a la fábrica”, dijo Ávila.

Una de las empresas con mayor presencia en esa región de Chiapas es Palma Tica de México. Según la organización Otros Mundos, el mecanismo de esta extractora para obtener materia prima consiste en ofrecerle las plantas a los productores a crédito y bajo la condición de que el productor solo entregue su producto a esa empresa.

Mongabay Latam contactó a Palma Tica para tener su versión frente a las denuncias de las comunidades maya de Chiapas, pero a pesar que señalaron que responderían por correo a nuestra solicitud de entrevista, hasta el cierre de este artículo no hubo comunicación alguna. 

Ávila, con años de recorrido en la región, compara la dinámica de la palma establecida entre industriales y productores con la de las “tiendas de raya” de mediados del siglo pasado, cuando los campesinos estaban a merced de sus patrones y no tenían otra salida que comprar sus alimentos en las mismas tiendas que estos administraban. Si en algún momento al obrero o campesino no le alcanzaba el dinero, entonces la «tienda de raya» le brindaba un crédito que lo ataba por muchos años.

En este caso —explicó el especialista— es una “tienda de raya” que opera en terreno con representantes de los gobiernos y las empresas.

“Les garantizan los suministros y así los van fregando. ¿Cómo llega la palma a una comunidad? Es toda una negociación, la intersección del gobierno y las presidencias municipales, que se han convertido en promotoras de este modelo en muchas zonas, y son los que hablan directamente sobre las grandes ventajas de sembrar palma”, explica el experto. 

El académico señala que en la región existen hoy movimientos que se resisten a la proliferación de la palma africana y uno de ellos es liderado por la iglesia católica, en concreto, por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que ha jugado un papel importante en la pacificación de las regiones indígenas de Chiapas desde 1994.

“La teología india, impulsada por la iglesia católica en la zona, que permite procesos de reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza”, señala Ávila.

El hermano religioso Joaquín Mnich, misionero de la Parroquia de Salto de Agua, es una de las personas que hacen el trabajo al que se refiere el investigador. Según Mnich, “hay comunidades que cambiaron el cultivo de maíz y frijol por la siembra de la palma africana y, de esta manera, faltan actividades propias de la producción de sus alimentos para el autoconsumo y eso hace a la vez que estos productos sean más caros”.

Mnich sostiene que la gente de las comunidades maya no entienden las consecuencias de la actividad que están desarrollando. “Lo que sí se sabe y está comprobado es que la palma destruye la madre tierra y para recuperarla es muy tardado y lento”, dijo el religioso.

Feliciano Arcos se pregunta: “¿Qué va a comer la gente que destinó sus tierras al cultivo de la palma?”. El comunero se refiere a las personas que disfrutaron de algunos años de bonanza y que hoy ven cómo sus ingresos han disminuido sacrificando, en el camino, las bondades de sus tierras.

A más de 20 años del inicio de la siembra en la región, el balance por la llegada masiva del cultivo de la palma africana comienza a ser negativo, como lo señalan algunas investigaciones, porque no está dando los resultados prometidos.

Un estudio sobre la palma africana en Chiapas y los escenarios en el uso del suelo, elaborado por la investigadora alemana Birgit Wiedersatz en el 2012, identificó por ejemplo que el cultivo de la palma aceitera es “la mayor causa de deforestación” en esa región de México, porque abarca enormes extensiones. También señaló la experta que la palma ocasiona “la degradación y erosión del suelo”.

En el estudio de Wiedersatz, Salto de Agua fue colocado dentro de una zona productiva de palma africana que en el 2010 abarcaba 2200 kilómetros cuadrados y que se proyectaba a crecer en un 5 % anual. Con este pronóstico —basado en un modelo científico que estudia el cambio climático y el comportamiento de los cultivos en la región— se calculó que en el 2020 el crecimiento de la palma africana afectaría “el estado de la soberanía alimentaria del maíz”, reduciéndolo a un nivel muy bajo y generando un impacto en los ecosistemas forestales y la selva húmeda primaria.

Es un panorama que en el terreno ya se comienza a vivir. “Ahorita tienen la misma vida los que sí [sembraron palma] y los que no la sembraron, pero los que no, tienen reserva, tienen donde sembrar, tener leña. Los que sí, están comprando leña y alimentos. Cuando ya no lo va a poder trabajar, a ver qué van a hacer. El suelo ya se desechó, la humedad la aprovechó la palma”, dijo Arcos.

Los que no sembraron —dijo el comunero Méndez— son en su mayoría las personas mayores que viven en ejidos antiguos, es decir, los que ya estaban antes de la revuelta de 1994, y tienen su subsistencia asegurada por medio de sus propias cosechas. El dinero no es vital.

En cambio, los que sí sembraron, son personas más jóvenes que, de acuerdo con el estudio de Otros Mundos, entraron en “la llamada reconversión productiva que implica eliminar la soberanía alimentaria”.

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Vídeo: Mongabay Latam.

Fotos: Rodrigo Soberanes y Moises Zuñiga

  • Foto 1: En los paisajes de la llamada Ruta Maya se ven con frecuencia a trabajadores acopiando sus cosechas de coco de palma africana. 
  • Foto 2: El fruto de la palma de aceite es acopiado en un predio del municipio de Salto de Agua, en la orilla de una carretera.
  • Foto 3: Federico Méndez y Feliciano arcos caminan en la carretera mostrando señalando los predios donde se cultiva la palma africana.
  • Foto 4: Muchos parajes de la ruta maya donde había suelo pantanoso ahora hay palma africana.
  • Foto 5: Las poblaciones del ejido Boca Chajul conviven con la palma africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
  • Foto 6: Pobladores de Salto de Agua aprovechan todas las superficies posibles para sembrar palma africana, incluso al lado de sus casas.


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Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Compartimos el libro de Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Inglés): 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias  >>Descargar el libro en Ingles<<  >>Descargar el libro en Francés<<

Se lanzó el libro “Promise, Divide, Intimidate and Coerce: 12 tactics palm oil companies use to grab community land” (Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apropiarse de tierras comunitarias), una publicación conjunta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), GRAIN y una alianza de organizaciones comunitarias y locales unidas por su lucha contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África central y occidental, entre ellas RADD, SEFE, Synaparcam de Camerún, Muyissi Environnement de Gabón, y ERA/Community Forest Watch de Nigeria. 

El objetivo del libro es apoyar a las comunidades que deseen fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras.

Presentación: 

Dondequiera que operan, las empresas de plantaciones de palma aceitera utilizan tácticas muy similares para tratar de apoderarse de las tierras de las comunidades. Sabiendo que pueden contar con el apoyo de políticos y autoridades estatales de alto rango, las compañías suelen hacer promesas que no pretenden cumplir, tratan de silenciar y marginar a quienes se oponen a sus planes e intentan dividir a las comunidades.

Toda vez que sea necesario coaccionan, intimidan, acosan e incluso matan a quienes se oponen a sus actividades. Los aldeanos, especialmente en lugares remotos, a menudo piensan que esa violencia, intimidación y acaparamiento de tierras solo les ocurre a ellos. Los representantes de la comunidad pueden llegar a creer inicialmente las promesas de la empresa palmícola porque desconocen las experiencias de las comunidades de otros lugares.

Sin embargo, la realidad es que la violencia -particularmente contra las mujeres, y sumándose en este caso la violencia sexual- es una parte inseparable del modelo de plantaciones industriales, y que las tácticas que utilizan las empresas para apropiarse de tierras comunitarias se han perfeccionado a través de décadas de experiencia en todo el mundo.

La importancia de una comunidad unida

Este informe describe las principales tácticas utilizadas por las empresas para apoderarse de las tierras comunitarias. Toma en cuenta aspectos tales como:

  • ¿Cómo hacen las empresas para engañar a las comunidades de modo que éstas consientan en darles el control sobre sus tierras? -¿Por qué las falsas promesas hechas por las empresas sobre la generación de empleos locales o sobre la prestación de servicios de salud y educación son tan efectivas que logran convencer a las comunidades para que les permitan ingresar a sus tierras?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades para parar el robo de sus tierras y la destrucción de los manantiales, arroyos, ríos y bosques locales, así como de otros lugares que se ven afectados por las plantaciones?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades en situaciones donde la empresa ya se ha apoderado de sus tierras?
  • Y, ¿por qué los proyectos promovidos por algunas empresas y gobiernos en los que los campesinos cultivan palma aceitera bajo contrato para la empresa dan como resultado endeudamiento y pobreza para los agricultores participantes?

Este informe no es un manual paso a paso que si se sigue impedirá que una empresa establezca una plantación en tierras comunitarias. Sino que objetivo de este libro es apoyar a las comunidades que desean fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras. Si una comunidad es consciente de las experiencias de otras comunidades en otros lugares, puede reconocer más fácilmente las tácticas de la empresa. Una comunidad puede entonces discutir diferentes respuestas con anticipación, de modo que cuando una forma de resistirse a los planes de la compañía fracasa, la comunidad puede perseverar e intentar de otra manera diferente, mientras se prepara para nuevas tácticas a las que la compañía podría recurrir.

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