Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de agosto de 2020
El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.
No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.
Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la 4T.
Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo: hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.
Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.
De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica
Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.
Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una burla.
¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego, Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas a nivel mundial?
En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: “oro y plata para pocos, miseria para todos”.
Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera.
No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.
La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una verdadera tomada de pelo a la nación.
Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales-quienes responden con hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.
25 de agosto del 2020
¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Actividad minera en México. Foto La Jornada/ archivo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.
“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.
A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática, las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC, por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].
De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.
Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.
La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.
Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.
“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.
Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.
Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.
Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.
Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.
Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.
De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].
La esencia de losdispositivos tecnológicos
En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?
Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.
De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.
Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.
Una cadena “borrosa”
Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .
Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”. Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.
En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.
En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.
Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.
Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .
Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].
En el caso de los teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta, la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.
Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.
La era de los metales avanzados
El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”. Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.
La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.
¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.
En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica. La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras. El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?
Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.
La industria de la minería
Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.
Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).
Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.
¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].
Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.
Y todos necesitan de las tierras raras.
El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.
Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.
Imagen: Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.
CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página
Compartimos esta nota publicada en El Universal sobre el desastre en el Río Sonora provocado por una mina de Grupo México que cumple 6 años – A 5 de agosto de 2020
Hermosillo.- Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del Río Sonora, afectados el 6 de agosto de 2014, cuando una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
En el hecho se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.
Atravesaron desde Cananea por los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.
Además de dejar enfermeades, se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.
Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto con el gobierno federal, por 2 mil millones de pesos pero solo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, por decisión unilateral sin considerar a los afectados.
En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019, así como la conclusión del programa de remediación ambiental.
Ante este ecocidio ocurrido hace 6 años, está el deseo de más de 22 mil damnificados que anhelan atención médica y agua limpia.
Exigen atención al presidente López Obrador
Este aniversario coincide con la visita al sur del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que María de Jesús Maldonado Moreno hizo un llamado al mandatario y le pidió voltear al Río Sonora “que también es México”.
“A seis años del desastre ecológico más grande de México, levanto mi voz por todos los afectados del Río Sonora, a nombre del que fue mi esposo Apolonio Fimbres, él que luchó en todos los niveles y sólo pedía justicia, por lo que por derecho nos tocaba, como una clínica para atender a los afectados por la contaminación de las aguas, también pedía agua limpia, ya que las potabilizadoras jamás fueron instaladas y un resarcimiento económico para poder salir adelante. Mientras que Grupo México se ahoga en dinero, nosotros no contamos ni con agua limpia, ni con atención a nuestra salud, prácticamente quedamos en el olvido”, reclamó.
Por su lado, Maura Gutiérrez Pineda, de la comunidad de San Rafael de Ures, recordó que estuvo en la lucha desde el inicio e incluso participó en la toma de las instalaciones de Grupo México en Cananea de donde se derramaron los metales venenosos hacia los ríos Bacanuchi y Sonora.
“Llegaron los soldados y nos sacaron, Grupo México no nos ayudó, yo no sé el Presidente qué piensa. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, dejé mi casita para irme a luchar, nunca nos dieron nada. Estamos muy necesitados mi esposo murió, mi hijo está enfermo y aquí estoy batallando, ya no puedo trabajar me duele el cuerpo, señor Presidente”, expresó la mujer.
Reyna Castro Longoria, doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del Río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que quisiera preguntar al Presidente “¿cuál es el trabajo que han realizado los secretarios de Estado a quienes ha girado instrucciones en pro del resarcimiento y la remediación?”.
“¿Dónde quedó la promesa de un hospital en Ures?, seguimos en la lucha, la remediación es tan urgente como como la reactivación económica e implementación de programas sociales”, señaló.
“Llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”, expusieron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
Además, exigieron acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades prometieron hace más de un año. “Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades”, señalaron.
Reconoce Semarnat incumplimiento a pobladores
“Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados”, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Semarnat se comprometió a trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y Grupo México.
Informó avances para dar atención a las demandas de las comunidades: “Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración”.
En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios, respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que emita el Juez de Distrito para dar cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos.
La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México, reveló.
Residentes de la comunidad de Bacanuchi exigieron el cierre de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, cuya capacidad es de 2 mil 40 millones de metros cúbicos (m3) para contener tóxicos; más de 8 veces de capacidad de la presa El Molinito de Hermosillo, que puede almacenar 219 millones de m3, y en este contexto, un derrame sería fatal para más de un millón de sonorenses.
Al respecto, informó que en cumplimiento al mandato de la Corte y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, el 5 de junio y 6 de septiembre del 2019, y el 25 de enero de este año. Asistieron más de 300 personas, entre las que estaban las que recibieron el amparo, población de la comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.
Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.
Compartimos esta nota publicada en el Diario Formato Siete sobre la minería en Veracruz – A 22 de julio de 2020
En Veracruz los trabajos de las mineras no han parado ni con la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, advirtió el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez.
En el marco del Día Contra la Megaminería a Cielo Abierto, el activista indicó que en zonas como Actopan en donde el proyecto minero “El Cobre” sigue en marcha y la empresa Candelaria Minning Group sigue convenciendo a pobladores para que den su anuencia a este tipo de proyectos con la promesa de realizar acciones que son de competencia municipal.
“Sí están realizando trabajos especialmente en El Cobre, sobre todo con convencimiento de pobladores, prometen mejora de caminos, pintura, situaciones que le competen a los municipios”, dijo.
Recordó que en el país el 13 por ciento de su superficie está concesionada a mineras, y en el caso de Veracruz es el 3 por ciento del territorio en el tiene proyectos concesionados focalizados en cuatro regiones.
“Pareciera que es poco, pero están en zonas de alta importancia cultural para el estado, con presencia de comunidades originarias, estamos preocupados por estos temas”.
En el sur, los proyectos mineros incluyen a regiones de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta; en la zona costera central en Actopan y Alto Lucero.
Además de proyectos que impactarían en uno de los ríos más limpios del estado, el Bobos, así como la ribera del Actopan en los municipios de Las Minas y Tatatila y la cuarta región con proyectos se ubica en sierra norte de Veracruz, en Huayacocotla.
Se trata de concesiones emitidas en 2000 y 2005 con permisos de 50 años y que son renovables por otros 50 años; los dos proyectos más avanzados son la mina Caballo Blanco “La Paila”, ahora divido en dos, que incluye El Cobre.
El otro proyecto que está avanzado es en Las Minas y Tatatila, cuya mina se denomina como los municipios “Las Minas y Tatatila” y que está en etapa de exploración final, por lo que es posible que el próximo año ingresen su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para solicitar permisos para explotación.
Por ello, insistió en que la Ley Minera en el país es ilegal y que por tanto no basta la declaración del gobernador Cuitláhuac García ni del presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador, si no emiten un decreto en el que se prohíba la minería a cielo abierto en el país y en el estado.
“No nos han dicho nada, sólo las declaraciones públicas, son responsables de la seguridad y ambiente de los veracruzanos, tienen las facultades para emitir controversias constitucionales por leyes lesivas como la Ley Minera”.
Recordó que hasta ahora han logrado que siete cabildos declaren a sus municipios como libres de minería tóxica, entre los que se encuentran Huayacocotla, Mecayapan ,Soteapan, Alto Lucero, Actopan y el más reciente Naolinco.
Compartimos este vídeo de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 29 de julio de 2020
El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.
La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.
En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.
¿Qué fue lo que dijo?
En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.➜ https://bit.ly/306zhYW
Les compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la minería en Oaxaca – A 27 de julio de 2020
PorPedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.
Así lo denunció el Frente No a la Minería y el Colectivo en Defensa del Territorio, al tiempo que evidenció que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro máximo Aquino, fue mas contundente al pedir al gobierno federal y estatal que no autoricen mas permisos ambientales para continuar que la empresa minea siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.
Razón por la que el Frente No a la Minería integrado por 12 comunidades entre ellas Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, insistieron en rechazar la explotación de minerales en sus territorios.
Las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio, atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.
Detallaron que este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero.
Recordaron lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Por lo pronto, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho y transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así como la reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
Mientras, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca.
El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
En este documento Cuzcatlán-FSM expresa que “…su operación no supone un riesgo para ninguno de los objetos de conservación de estas áreas”, no obstante, la realidad que viven las comunidades es diferente porque “hemos constatado que en los últimos años existen daños irreparables a nuestro medio ambiente, donde el agua, principal líquido para nuestra supervivencia ha sido contaminado en dos ocasiones”.
Por tal motivo, las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería rechazaron tajantemente cualquier actividad que tenga por objeto la explotación de sus bienes comunes.
Consideran que la presentación de esta nueva MIA desacata las determinaciones comunitarias expresadas en sus asambleas y actas de Territorio Prohibido para la Minería, mismas que respetan y retoman la legislación vigente en los ámbitos municipal, estatal y federal.
El Frente No a la Minería demanda a la SEMARNAT respetar y proteger nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, salud y medio ambiente sano, por lo que exigieron nuevamente no autorizar dicho permiso.
Y es que FSM-Cuzcatlán, pretenden asegurar la explotación irracional de plata y oro por diez años más en los Valles Centrales, además de justificar obras ilegales dentro de San José del Progreso.
Es importante mencionar que en mayo de 2019 presentó un permiso similar a este, el cual fue negado por la SEMARNAT en enero de 2020. En esta segunda ocasión, en su “extracto” del proyecto, la empresa argumenta dolosamente que “San José II no se trata de un nuevo proyecto o ampliación del mismo, sino a obras previamente desarrolladas”. Advirtieron que autorizar dicho permiso representa una violación sistemática a nuestros derechos territoriales.
Les compartimos esta invitación para ver ese foro virtual este lunes 27 de julio del 2020
Del militarismo al extractivismo, pasando por la migración climática y la militarización de las fronteras, reunimos a panelistas de Estados Unidos, México y Filipinas, quienes nos expondrán los fuertes nexos entre el militarismo y el cambio climático en el mundo, y nos compartirán su apreciación sobre las iniciativas actuales para enfrentar los retos del clima, sus limitantes y las futuras oportunidades de cooperación global.
Lunes, 27 de julio del 2020 7:00 PM México
Este seminario está siendo presentado por el Institute for Policy Studies y co-patrocinada por The Leap, Climate Mobilization y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
El seminario en línea se llevará a cabo en inglés y en español, y contará con interpretación simultánea en los dos idiomas.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de julio de 2020
Como todos los años desde el 2009, este 22 de julio los pueblos del mundo nos manifestamos en forma coordinada ante la devastación y desposesión provocadas por la ambición de los poseedores de capitales que imponen el extractivismo sobre nuestros territorios a lo largo y ancho del orbe. Más que considerarla una efeméride –como otras tantas en el “calendario ambiental”-, se trata de una fecha en que los movimientos en defensa del territorio denunciamos y ponemos al descubierto la complicidad entre gobiernos y capitales quienes lucran a costa de la salud, la vida y derechos de los pueblos. Es una denuncia y defensa que sostenemos a lo largo de los 365 días del año puesto que, cuando la vida está en juego, no hay espacio para bajar los brazos en una lucha profundamente asimétrica por la supervivencia.
El Día Internacional de Acción en Contra de la Minería tiene su origen en México, que se gesta en el contexto de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo a cielo abierto impulsado por Minera San Xavier -New Gold Incorporated de Canadá-. Este proyecto -al que ya se le denomina como el Museo Nacional del Ecocidio-, opera sobre los restos del despojo en las proximidades al Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí y, una vez que arrasaron con todo el territorio, incluyendo la vida comunitaria y el pueblo de quienes ahí habitaban, la empresa dio inicio a la fase de abandono, a la cual, la propia empresa denomina eufemísticamente como el “cierre de mina ejemplar”. La compañía Minera San Xavier deja tras de sí; un tajo de grandes dimensiones, una montaña de pasivos ambientales sobresaliendo sulfatos y metales pesados; otra montaña de óxidos residuales ya lixiviados; pérdida de especies de flora y fauna locales; la destrucción total del cerro emblemático que dio origen al escudo de armas de San Luis Potosí; coloca en un riesgo severo el abasto de agua para la capital de San Luis Potosí, así como también ocasionó la contaminación de otras fuentes de agua que abastecen a pueblos circunvecinos, del mismo modo deja a la intemperie miles de toneladas de partículas de metales tóxicos que estarán suspendidas en el aire que son causal de un daño potencial para quienes habitan el valle de la metrópoli y pueblos contiguos; un historial de múltiples derrames de la presa de jales; del mismo modo que son parte de su historia las múltiples sentencias judiciales desacatadas por la empresa sin que tuviera sanciones por parte del gobierno. Igual sucede con la desatención a las graves afectaciones a la salud que ha generado y, por supuesto deja también una irreversible división comunitaria que fue creada por la empresa, así como el abandono de la región por desplazamiento forzado. En resumen, este proyecto es el mejor ejemplo del evidente contubernio que persiste entre el gobierno y las empresas.
El proyecto minero de Cerro de San Pedro es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto. Al día de hoy México se encuentra plagado de extremo a extremo por este tipo de proyectos, con aproximadamente 1,500 proyectos mineros operando, mismos que marcan un futuro sin retorno para quienes habitan esos territorios. Peor aún es que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, al mismo tiempo que muestra su total complacencia al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, al mismo tiempo que reiteradamente mencionan y se ufanan de ello, que NO entregarán más concesiones mineras, queriendo mostrar ante la opinión pública una falsa postura de que la 4T significa un cambio de fondo. Mentira, con las concesiones que ya estaban operando y las que se encuentran vigentes enfrentamos una debacle sin retorno, tal como lo hemos documentado desde hace más de 11 años en la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), En ese contexto, este gobierno se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero.
En la temática minera –aunque no sólo en ese rubro-, el gobierno de la 4T es igual de decepcionante que sus antecesores, porque continúa de la mano de los grandes depredadores nacionales quienes, a pesar de los cientos de agravios que existen en su contra, no sólo NO LOS LLAMA a la rendición de cuentas, sino que les continúa entregando pedazos enteros de nuestro país. Los Larrea, Slim, Salinas Pliego, Bailléres, Romo, son una muestra fehaciente de que la impunidad continúa. Igual de deprimente es escuchar a este gobierno decir que en Canadá o en Estados Unidos la minería es responsable y ambientalmente correcta, porque con ese tipo de declaraciones sólo muestran el cinismo o la ignorancia para hacernos creer que, un llamado desde la Presidencia es suficiente para que las empresas extranjeras se “porten bien en México, tal como lo hacen en sus países”. De igual manera, es un insulto que se piense que el litio sea considerado como el petróleo blanco del futuro, porque muestra una visión cortoplacista y reduccionista que revela, entre otras cosas, un gran desconocimiento sobre las cadenas de valor asociadas al extractivismo que retroalimentan a las mal llamadas energías renovables, verdes, limpias o sustentables.
Es en ese sentido que nos parece absurdo que, desde la Secretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, a través del Subsecretario Julio Trujillo Segura, anuncie que harán modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas para impulsar al sector minero con el fin de iniciar la transición a energías “sustentables, limpias y renovables”. Es claro que SEMARNAT, aun con la auto-presunción de estar integrada por científicos especializados, actúan igual que el resto de los gobiernos del mundo, solamente afinando o “mejorando” reglas o procedimientos, los cuales, de antemano, más allá de si lo hacen bien o mal, ni siquiera se tiene capacidad instalada para supervisar si las empresas llevan a cabo los procesos que les “imponen” o peor aun, cuando el sector presiona políticamente -como sucedió con el tema del Glifosato, el cual, cuando la industria y el sector dominante presionaron, la SEMARNAT tuvo que “negociar” entre los daños a la salud y al ambiente ante la continuidad del uso del Glifosato–, está claro que la “ciencia” no les alcanzará para soportar la intimidación e influencia política de sectores empoderados.
Otro sinsentido, es que las empresas extractivas paguen impuestos cuando estos para nada subsanan el destrozo de la vida, el territorio y los bienes naturales. De nada sirve hablar todos los días en contra de la corrupción si ésta fluye cada vez con más fuerza en los territorios mineros. De nada sirve militarizar al país si la inseguridad en donde hay empresas mineras se incrementa. Por supuesto tampoco servirá una Ley Minera renovada, justa, con el goce de derechos humanos a plenitud, tal cual se pregona con el mal llamado derecho al consentimiento previo libre e informado, así como igualmente de infructuosa será la incorporación de los estándares internacionales más altos, porque simple y llanamente la verdadera vocación de la minería es la depredación de la vida y la continuidad del despojo.
La minería actual genera daños permanentes integrales y cancela el futuro de las próximas generaciones en donde se desarrolla.
Este día también es para recordar a nuestras y nuestros compañeros asesinados por y entre el contexto de las empresas mineras. Sirva también para recordar fraternalmente a las y los compañeros que han muerto en accidentes mineros por la negligencia de los empresarios sin que, a la fecha, ni gobierno, ni empresas hayan actuado para la reparación del dolor de miles de familias. Un abrazo fraterno a las familias de los compañeros fallecidos de Pasta de Conchos, quienes continúan con la esperanza de recuperar a sus hijos, esposos, hermanos, amigos y que el delincuente socioambiental del Sr. Larrea vaya a la cárcel. Abrazamos a todas las luchas del mundo que en este día refrendan su lucha cotidiana contra la actividad más depredadora del mundo, tan depredadora que es un sinsentido realizarla y una majadería intentar regularla.
Un abrazo especial y combativo para nuestras hermanas y hermanos de los Movimientos Sociales de Haití y República Dominicana, con quienes coincidimos plenamente cuando afirman que; “en el contexto del Covid-19 y ante las pretensiones de expansión de la actividad extractiva, lanzamos un grito para denunciar la manipulación de las empresas mineras, en complicidad con los gobiernos, quienes presentan a la actividad minera como una actividad esencial que dará solución para la recuperación económica que sufrimos, negando una vez más, la importancia del agua, de los árboles, de las reservas forestales, del patrimonio colectivo y la necesidad de poner la salud de los pueblos al centro de toda agenda política y toda estrategia de inversión”.
REMA refrenda su denuncia. La 4T salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México.
LA MINERÍA DEBE ESTAR PROHIBIDA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto, la conmemoración de este año será dedicada a la defensa del Valle de Putaendo, Chile.
Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo de este panel donde participaron integrantes de diferentes organizaciones de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.
Compartimos este reportaje publicado en Avispa Midia sobre el impacto de la minería y el acceso al agua en Oaxaca- A 16 de junio de 2020
La minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso al agua limpia en tiempos de sequía y Covid-19
La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.
Modelo AMA, informe del 11-06-2020 del grupo de respuesta COVID19 del CONACYT. Fuente: CONACYT.
En el último informe del monitor de sequía, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día 5 de junio, se destaca el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23.2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32.5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufre una sequía grave.
Desde el inicio de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, estos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca): “Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar”, le asegura a Avispa Midia el señor Margarito Jiménez de la Colonia Miguel Alemán. En la Colonia América, otra zona popular de la periferia urbana, la señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. “Esto ya no es normal”, señala.
Monitor de sequía México, reporte 31-mayo-2020. Fuente: SMN.
A pesar de la escasez de agua en el estado, el 13 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín declaró que mientras persista la emergencia sanitaria, la minería, junto a la industria automotriz y de construcción, será considerada una nueva actividad esencial. Con ello dio luz verde a la reactivación de una industria que, por su elevado consumo de agua y sus antecedentes de contaminación, probablemente pondrá en riesgo el acceso al agua limpia y aumentará el nivel de conflictividad socio-ambiental, justo cuando la entidad se acerca al pico de la pandemia Covid-19.
Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego
En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.
Foto: Emmanuel Ruiz Rojo
Tan sólo en el Valle de Ocotlán, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial en México de la corporación canadiense Fortuna Silver Mines Inc. controla 64,422 hectáreas en las que opera el proyecto minero San José desde 2011. Ahí mantiene una operación subterránea de explotación de 3,000 toneladas métricas de mineral diario para extraer oro y plata.
Al otro extremo de este Valle, en el distrito de Tlacolula, se encuentra la empresa Don David Gold Mexico S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). Esta empresa controla más de 55 mil hectáreas en las que opera dos proyectos mineros: El Águila y Alta Gracia, que están en función desde 2010 y 2017, respectivamente. Cada día los proyectos envían un promedio de casi 2 millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento, a una planta central de procesamiento que separa el oro, plata, cobre, plomo y zinc para su venta comercial.
Para procesar todo este mineral, las dos empresas consumen miles de millones de litros de agua por año, al tiempo que reconocen que las regiones donde operan sufren de escasez de agua. Fortuna reporta que su producción consume unos 8,100 metros cúbicos (8,1 millones de litros) de agua por día. Por su parte, GRC no proporciona información precisa sobre su consumo diario de agua. Sin embargo, la compañía tiene un permiso para extraer hasta 150,000 metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16, otorgada por la Conagua.
Aun así, no hay certeza ni mecanismos fiables que garanticen que esta sea la cifra exacta de consumo real, pues como lo afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) en un estudio titulado “Un Plan para un Bien Común”, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión de agua, en general “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.
En síntesis, si sumamos la cantidad de agua que ambas empresas mineras dicen consumir -o tener permiso para consumir- da un total de 8 millones 511 mil litros de agua al día. Esto significa que en un solo día las minas en Oaxaca consumen una cantidad de agua que es equivalente a lo que 233 personas necesitarían para satisfacer sus necesidades básicas en todo un año (según los parámetros de la OMS para el consumo e higiene personales).
Para tener una dimensión de la cantidad de agua que esto representa: tan sólo en 2017, entre lo que Fortuna Silver Mines reportó haber consumido, y lo que Don David Gold tuvo permiso para extraer, ambas minas consumieron al menos 3.1 billones de litros de agua; cantidad equivalente a lo que la tercera parte de la población de Oaxaca de Juárez necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene durante un año, tomando como referenica el último censo del INEGI 2015.
Fuente: Elaboración propia con información de Fortuna Silver Mines Inc. y CONAGUA
¿De dónde viene el agua que usa Fortuna Silver Mines Inc.?
El lunes 22 de abril de 2019, una familia de pobladores de San José del Progreso -la comunidad Zapoteca en el Distrito de Ocotlán donde se instaló de manera violenta la mina de Fortuna Silver Mines- visitó la presa comunitaria denominada “Borde del Vallito” para caminar alrededor de ella y pasar la tarde, como era su costumbre. De pronto, se percataron que en la orilla de la presa yacían docenas de peces muertos sin razón aparente; de cerca vieron que tenían entre las escamas espuma amarilla y café, y si bien parecía que habían muerto recientemente, a la mayoría de los peces también le faltaban los ojos.
Foto: Avispa Midia
Foto: Avispa Midia
Esto despertó rápidamente sospechas entre los pobladores, quienes no descartaron que se tratara de otro episodio de contaminación por parte de la mina, ya que ésta se encuentra a pocos kilómetros de dicha presa.
El antecedente directo de contaminación había sucedido apenas seis meses antes: El 8 de octubre de 2018, la presa de jales que contiene los desechos tóxicos de la mina, se desbordó y contaminó el Río Coyote, un afluente que forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac y de la sub-cuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.
El derrame ha afectado el pastoreo de animales y el abastecimiento de los pozos de agua potable, ya que el agua del Río Coyote fluye por Magdalena Ocotlán y las comunidades de San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol y San Felipe Apóstol.
En cuanto a la mortandad de peces en la presa comunitaria “Borde del Vallito”, la Dirección General del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua descartó, en mayo de 2019, que la presa estuviera contaminada. Se argumentó que la mortandad de peces se debía a fenómenos tales como la disminución del agua y el aumento de la temperatura por el periodo de sequía, y que esto no tenía relación con la actividad minera. Sin embargo, algunos pobladores de San José del Progreso dudaron de esta versión.
Tal es el caso de uno de los pescadores de la comunidad, que lleva muchos años pescando en las presas para el autoconsumo y la venta. En entrevista para Avispa Midia, este pescador, cuyo nombre se reserva por su seguridad, relató: “También voy a pescar a otros lugares, por ejemplo, hay otra presa aquí, la de Cuajilote, y esa está aún más seca, y ahí no se está muriendo el pescado, lo cual me extraña; ahí están gorditos gorditos. (…) Nos preguntamos: ¿por qué aquí se están muriendo los pescados? Yo pienso que igual de caliente está el agua ahorita allá, que acá; y allá no se están muriendo”.
Este pescador es solo uno de muchos pobladores que sienten una constante amenaza a su salud y sus labores debido al inminente impacto ambiental de la mina, la cual lleva extrayendo millones de toneladas de minerales en su comunidad desde el año 2011.
Foto: EDUCA
“Anteriormente aquí había mucho pescado, mojarra grande. Ahorita lo que está muriéndose es la mojarrita. Yo venía seguido, diario, a sacar pescado, a veces me pedían y de ahí yo sacaba algo de dinero. Pero ahora ya no, ya no voy como antes, desde hace algunos años ya casi no hay mojarra y la que hay está toda flaca. Y ahora éstas muertas… ni las gaviotas se las comen. Yo ya no vengo a pescar aquí, por lo mismo de que esto de la mina es pura contaminación”, comparte el pescador.
Además, este habitante de San José asegura que “está bajando el agua, se está acabando, y no sabemos qué pueda suceder; andan escarbando, andan debajo del agua, ya ve usted que el agua es tan fina, y no vaya a ser que a través de esos huecos que andan haciendo, pues, se nos filtre y se pueda acabar el pescadito”.
La preocupación expresada por el pescador no es infundada: El manejo, la extracción, el uso y el deshecho de agua por parte de la mina es, cuando menos, nebuloso y contradictorio.
En una consulta realizada por Avispa Midia al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 7 de abril de 2020, la Compañía Minera Cuzcatlán contaba con tres títulos de concesión vigentes para uso industrial (05OAX137328/20FDDA13, 05OAX137242/20FKOC10, 05OAX137241/20FDOC10) que acumulan la ocupación de 15 anexos de zonas federales, por un total de 31,355.39 metros cuadrados (en su mayoría del río Coyote); y dos anexos de descargas residuales (al suelo, y a un arroyo “sin nombre”) por un total de 52.5 metros cúbicos de descargas residuales al día, como se muestra en la siguiente imagen:
Sin embargo en una nueva consulta realizada el 15 de junio de 2020, esta cantidad permitida de descargas residuales fue reemplazada por un “0”, como se puede ver a continuación:
El que la base de datos del REPDA sea contradictoria no es el único problema. Hay que recordar que, como lo afirma el INSO, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión, “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.
Prueba de ello es que en el reporte técnico de la compañía minera publicado en febrero de 2019, la empresa revela que tiene un sistema de drenaje que “retira cualquier exceso de agua subterránea que sea encontrada o producida durante las actividades de perforación” y la destina a su uso industrial en la mina, sin que hasta la fecha exista una sola concesión vigente para el aprovechamiento de aguas subterráneas.
Además, en su apartado de infraestructura la empresa afirma que, de los 2,7 metros cúbicos de agua necesarios para procesar cada tonelada de mineral, éstos “se obtienen principalmente del agua bombeada a la superficie desde el sistema de desagüe subterráneo”.
Lo anterior contradice directamente las declaraciones que ha hecho Luiz Calmargo, actual Director de Cuzcatlán y representante en México de Fortuna Silver Mines, quien en julio de 2019 aseveró que “la unidad minera San José no tiene y no necesita concesiones para la extracción de agua del subsuelo, ni ha perforado pozo alguno para abastecerse. La mina no compite con las comunidades por la captación y utilización de agua”.
Paradójicamente, la mina también expone en un capítulo titulado “Hidrogeología” en el mismo reporte técnico, que dentro de su área de operaciones hay un acuífero complejo al que están estudiando, presuntamente para su explotación:
“Basado en información generada, colectada, e interpretada por la Universidad de San Luis Potosí (Benavides & Amaral, 2007) y Consultores de Gestión del Agua (2009), ha sido posible definir la ubicación aproximada del acuífero local. (…) Han observado la presencia de agua subterránea en forma de flujos esporádicos y permanentes en áreas específicas de los sistemas de vetas de la Trinidad y Bonanza”. Dichos consultores, según se reporta, han trabajado en el diseño de un sistema de bombeo y drenaje de éstas aguas subterráneas “como parte del estudio sobre la expansión minera”.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de junio de 2020
El martes 9 de junio en su conferencia matutina, el Presidente compartió que hay empresas mineras canadienses que no han pagado sus impuestos y, en lugar de pagar sus adeudos, ahora amenazan con demandar al estado mexicano en tribunales internacionales, al mismo tiempo que, un tanto candoroso, envió un exhorto al nuevo embajador de Canadá en México, el Sr. Graeme C. Clark, para que trate de “convencer a las empresas” de su país a pagar lo que deben.
En México la actividad minera es de las que más goza de privilegios y prerrogativas legales y fiscales, las cuales incluso llegan a la gratuidad para el libre saqueo de nuestros bienes naturales, por ejemplo, como sucede con el agua cuando encuentran yacimientos durante las excavaciones, o cero costos por el retiro de la cubierta vegetal con todo el daño al ecosistema que ello significa. Sin embargo, a pesar de su enorme capacidad de acumulación financiera por desposesión, no es la primera vez que las empresas mineras incumplen con lo poco que se les exige en impuestos, pago de licencias y tarifas de concesiones en este país, a cambio de todo el despojo y saqueo que realizan, sobre todo si consideramos que, con “dificultades”, aportan el 1% de los ingresos fiscales del país proviene de este sector. Aunque el Presidente no ha mencionado con nombre y apellido a las empresas mineras canadienses con adeudos fiscales, sabemos que en la auditoria de la federación sobre la cuenta pública de 2015, se encontraron 59 “presuntas evasoras fiscales” en el sector minero, en las que se incluye, por supuesto, tanto empresas privadas de mexicanos como de extranjeros, entre las que sobresalen varias canadienses. No obstante, y a pesar de la poca información proporcionada por el ejecutivo, es probable que, derivado de ese informe, sean esas u otras deudoras, de las más de 161 empresas mineras canadienses que el Servicio Geológico Mexicano identificó operando en el país hasta el 2018.
Llama la atención “la apertura conciliadora” presidencial para que las empresas extranjeras canadienses, utilizando al embajador –y hasta donde sabemos no a través del primer ministro canadiense-, logren cubrir el adeudo correspondiente, sobre todo si tomamos en cuenta que el procurador fiscal de la federación en México ha sido enfático en la estrategia de endurecimiento de penas por fraude fiscal que van implementando, misma que está dando buenos resultados contra los deudores.
Para REMA, la falta de pericia, cantidad, calidad informativa mostrada por el ejecutivo sobre la temática minera, nuevamente nos deja muchas dudas sobre lo que pretende, porque en términos muy generales hay dos grandes rubros que en la práctica poco o nada tiene que ver uno con el otro, salvo que, en el camino, el gobierno impusiera una nueva tributación y con la cual el sector minero estuviera en discordancia o implicara, por ejemplo, una doble tributación para las empresas. De los dos grandes rubros el primero se refiere a la tributación interna para lo cual no necesita pedirle favores al gobierno canadiense, sino simplemente aplicar la ley y, la segunda, justo es el arbitraje internacional en donde las empresas tienen un gran margen de maniobra para someter a naciones enteras, por los también privilegios y prerrogativas legales, fiscales y laborales, entre otras, que han sido previamente definidas en los tratados comerciales. Ambas tienen repercusiones diametralmente diferentes y tal parece que las cifras mostradas por AMLO son utilizadas más con fines políticos para subsanar o maquillar la realidad financiera actual.
Un ejemplo sobre ese doble racero se muestra a continuación:
Mientras la administración de AMLO celebra los $30 mil millones de pesos (de un total de 50 mil millones), que han logrado recaudar de adeudos fiscales durante el último trimestre gracias al escrutinio público de una lista de empresas, pero sobre todo a la nueva estrategia del procurador fiscal de la federación, en contracorriente, México ya ha pagado $5.4 mil millones de pesos mexicanos a empresas privadas extranjeras en procesos de arbitraje internacional, pero además se tienen pendientes otros once procesos de arbitrajes, en los cuales las empresas están reclamando por lo menos $134 mil millones de pesos. Vale la pena destacar que, de estos, solamente una empresa minera estadounidense, Odyssey Marine Exploration, reclama casi $80 mil millones de pesos, simplemente por no haber logrado un permiso ambiental para poner en operación una mina de fosfatos en la bahía de Ulloa fuera de la costa de Baja California Sur, acto que por supuesto celebramos porque evitará impactos devastadores sobre la pesca y la vida por toda la costa de este estado. No obstante, aunque esta empresa no tenga éxito en su arbitraje o no gane el total de lo que espera, estos procesos de arbitraje internacional se manejan por reglas establecidas para favorecer las inversiones de las empresas. Basta mirar como el año pasado, un tribunal de arbitraje ordenó a Pakistán pagar $130 milmillones de pesos a dos empresas mineras.
Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE)que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones, son las que les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante el sistema de arbitraje supranacional. México fue uno de los primeros países en el mundo en exponerse a esta amenaza con la entrada en vigor del TLCAN (1994), bajo el cual, aún pueden amenazar y demandar al país por millones e incluso miles de millones de pesos cuando las cortes o agencias del gobierno toman decisiones que afectan sus inversiones. México ya es el sexto país más demandado en el mundo, de tal forma que la petición del presidente para que las empresas no vayan a los tribunales internacionales es totalmente superficial.
A escasos 15 días del banderazo de arranque del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá –T–MEC–, lo cual no sustituye ni elimina el resto de los demás tratados multilaterales y bilaterales que tiene vigente el país, por supuesto que preocupa y enoja que en todo el discurso “anti-neoliberal” del presidente, no haya condenado este tipo de tratados, ni la apertura a los arbitrajes como parte de la infraestructura básica del sistema neoliberal.
AMLO dice “…ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. A eso se debe, que todos están cumpliendo con su responsabilidad”. Sin embargo, no está claro si este llamado de conciliación canadiense se refiere a lo que deben pagar las empresas al SAT, para lo cual no necesita más que aplicar la ley, o si se trata de otro tipo de presiones en donde alguna o varias empresas mineras canadienses, las cuales, furiosas por no haber sido consideradas como actividad esencial al inicio de los cierres económicos ante la pandemia del Covid-19, amenazan o desean canjear las pérdidas de los poco más de dos meses de inactividad, por una conmutación negociada sobre el pago de impuestos u otras contribuciones. No olvidemos que las empresas mineras canadienses controlan el 80% de la extracción minera de metales preciosos –uno de ellos, en particular el oro, desde el inicio de la pandemia ha tenido un repunte en el precio de forma muy significativa-. Tampoco sabemos si las presiones del sector minero canadiense, incluyendo la ejercida por los empresarios mineros mexicanos y consentidos de la presidencia, contribuyó a su inclusión en la lista de actividades esenciales a partir del 18 de mayo, lo cual todavía están por verse el tamaño de los efectos relacionados al Covid-19, ante una apertura totalmente precipitada, a pesar de las recientes cuentas alegres del todavía subsecretario de minería, el Sr Quiroga, quien salió en medios a decir que en ninguna empresa minera del país se han presentado brotes.
Al final, es claro que sin o con influyentismo, este gobierno tendrá que enfrentar los estertores el sistema neoliberal, a partir de la fuerza y los intereses de las empresas que siempre han, están y parece seguirán estando por encima del bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que sería más que vergonzoso si la embajada respondiera de forma positiva a esta ambigua conciliación, y no a toda la serie de atrocidades que las empresas canadienses han realizado en el país, incluyendo asesinatos que, como en el caso de nuestro compañero Mariano Abarca, nos llevó a exigir en Canadá una investigación frente al gobierno canadiense, específicamente contra el cuerpo diplomático canadiense en México, por su omisión en los hechos, cuando pudo haber actuado al respecto para evitarlo.
Sr. presidente, no es suficiente salir en las mañaneras a decir verdades en contra de los exsecretarios de medio ambiente por los cobardes actos para la entrega y destrucción de los pueblos, de nuestro patrimonio y de los bienes naturales, menos aun sirve poner como ejemplo la desaparición de Cerro San Pedro en San Luís Potosí, si no hace más que un par de días la secretaria Cordero anunció con bombo y platillos la continuidad de la destrucción en el municipio de Mazapil, Zacatecas, por parte de otra empresa minera estadunidense que recientemente adquirió el proyecto de la minera canadiense Goldcorp. El sector minero le impone agenda al gobierno y los dichos en la mañanera son insuficientes para mostrar que efectivamente se tiene un rumbo diferente. No hay tal, ni se circunscribe a la no entrega de más concesiones, porque con las que se han dado es suficiente para destruir al país y la política actual simplemente se niega a actuar en correspondencia a lo que sucede. Basta citar otro ejemplo; la dolosa actuación del legislativo, quienes, en manos de su operador principal, el Senador Monreal, prefirieron darles continuidad a los improperios ocasionados por el outsourcing, siendo este uno de los mecanismos para la generación de empleo más neoliberales que hay. La pregunta es; ¿le seguirá echando la culpa al pasado, sobre actos que están tanto en sus manos como en el resto de su gobierno para resolverlos?
En REMA no esperamos mucho de la embajada canadiense, dada la larguísima trayectoria de destrucción orquestada desde ese país para toda América latina, a partir de promover leyes, protocolos, estándares y tratados de libre comercio, entre otros aspectos, justamente para facilitar el Modelo Extractivo Minero, lo cual incluye la expansión de las operaciones de sus empresas mineras en todo México y alrededor del mundo, sin importarles absolutamente nada los grandes adeudos, no sólo económicos y fiscales, sino ecológicos, sociales y culturales que ocasionan.
En el contexto de la destrucción permanente ocasionada por la actividad minera, es irrisorio pensar en un protocolo para la atención de la salud relacionada con la pandemia, cuando todos los días del año la extracción minera genera daños multifactoriales, destruye y contamina fuentes de agua, expone a poblaciones enteras al polvo lleno de metales tóxicos, contamina las tierras y territorios para siempre, rompe el tejido social y aumenta la violencia. Todo eso con gel y cubre bocas ni se quita ni se detiene, menos aun entra en los cálculos como adeudos para la autoridad fiscal, porque si lo hicieran, no podrían cubrir toda la deuda ecológica y social acumulada por años de devastación.
ACABAR CON LA MINERÍA ES ACABAR CON EL EXTRACTIVISMO
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FACILITAN EL EXTRACTIVISMO
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
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