Oaxaca: ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

Reportaje especial de Avispa Midia sobre la lucha contra las minería en Oaxaca – A 13 de septiembre de 2020

Por Rafael E. Lozano

En entrevistas con Avispa Midia, promotores y firmantes del Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas explican por qué es importante respaldar la resistencia Zoque frente a proyectos mineros.

La minera canadiense Minaurum Gold Inc. quiere abrir una mina de oro y cobre en la selva de los Chimalapas, una de las regiones más biodiversas del país al sureste de México. Con la reactivación del proyecto “Santa Martha” (uno de sus ocho proyectos mineros en México) Minaurum Gold busca apropiarse de 6,410.35 hectáreas para su explotación en territorio comunal y ejidal enclavado entre los municipios indígenas de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Para ello, el 23 de julio del presente año, la Minera Minaurum Gold, S.A. de C.V. filial de la homónima en Canadá, solicitó permiso a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para comenzar con “la exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica de la misma institución, publicada el 13 de agosto del mismo año.

Ante ello, las autoridades municipales, agrarias y comunales de San Miguel Chimalapa se han opuesto públicamente al nuevo intento de Minaurum Gold de explorar y explotar minerales en su territorio. En un posicionamiento presentado el 4 de septiembre de 2020 a la SEMARNAT, dichas autoridades manifestaron su rechazo total a cualquier actividad minera y exigieron el respeto a la comunidad Zoque y a sus derechos como pueblos indígenas y dueños ancestrales de sus territorios.

No es la primera vez que las y los pobladores de la región se movilizan en contra de los intentos de Minaurum Gold por explotar la selva de los Chimalapas. En febrero de 2016, jóvenes de San Miguel Chimalapas y de San Francisco Ixhuatán clausuraron simbólicamente la concesión minera denominada “Jackita” en donde advirtieron el uso de explosivos en años anteriores.

Años más tarde, en 2018, autoridades de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir que Minaurum Gold respete sus derechos como pueblo originario. Además, como su último posicionamiento lo establece “nuestra comunidad en su conjunto, ha expresado, a través de diferentes asambleas generales y oficios emitidos y firmados por anteriores autoridades municipales y comunales de administraciones pasadas nuestro rechazo total a la exploración y explotación minera en todo nuestro territorio comunal y municipal”.

Manifiesto Internacional

En ese contexto, más de 450 personas, y más de 70 organizaciones y colectivos, de cerca de 25 países diferentes firmaron un Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas en el que expresan su preocupación por “evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta”. También manifiestan su apoyo y solidaridad internacional con la defensa del territorio del pueblo zoque, “porque salvar la selva de Los Chimalapas es dar un paso más en la defensa del planeta, la vida y la humanidad”.

Además, le demandan a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, que el gobierno junto a los organismos internacionales “respete y reconozca los derechos inalienables de propiedad comunal del territorio (incluyendo el subsuelo) por parte de los pueblos indígenas Zoques”, así como, “que articulen las medidas necesarias para el reconocimiento de los valores ecológicos y bioculturales de este territorio”. Asimismo, solicitan a la SEMARNAT que niegue definitivamente el permiso de exploración antes referido, y que la Secretaría de Economía no otorgue las demás concesiones mineras que se encuentran en trámite.

¿Cuál es la importancia internacional y global de defender la selva de los Chimalapas?

Alberto Matarán Ruiz es profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universidad de Granada, España, y pertenece a grupos de investigación que apoyan y promueven este llamamiento; entre ellos, el Grupo de Investigación Sobre Estudios Decoloniales en el Sur en la Universidad de Granada, y el Grupo de Investigación sobre Transiciones Socioecológicas.

En su opinión, “la defensa de la selva y de los espacios de gran biodiversidad es un elemento clave para el mantenimiento de la biosfera, de Gaia. El equilibrio de nuestro planeta depende básicamente del buen estado de estas zonas”. En ese sentido, para él no hay excusas que valgan “la destrucción de los lugares de alta biodiversidad donde se fija una mayor cantidad de CO2 y en donde además se produce una parte importante de las aguas potables o dulces del planeta”.

En ese sentido coincide con Daniel Tapia Montejo, de Múnich, Alemania, quien colabora con la oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia; un colectivo internacionalista que tiene más de 35 años trabajando con grupos en México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Colombia.

Daniel advierte que “un lugar que es único en el mundo con una biodiversidad increíble, va a ser amenazado por un proyecto minero de este tipo. El valor de lo que realmente se perdería ahí, de vida, de cultura, de medio ambiente, es muchísimo mayor al valor económico que se le pueda sacar a los minerales que hay abajo”. Pare él, es una cuestión de solidaridad, “es importante apoyarlos en primer lugar porque ellos son quienes se están oponiendo al proyecto, y me parece que tienen toda la razón del mundo al oponerse a un proyecto que para ellos no les parece que sirve, (…) con eso es suficiente, están en todo su derecho de valorar que no quieren un proyecto así en su territorio”.

Vilma Almendra, mujer del pueblo Nasa y del pueblo Misak, vive al sureste de Colombia en donde trabaja la tierra junto a mujeres indígenas, negras y campesinas. Para ella es vital sumarse internacionalmente a la denuncia de San Miguel Chimalapa:

“Porque si logran destruir esas miles de hectáreas de tierra comunal, en donde hay una cantidad de reservorios de agua dulce, estarán matando un pedacito de la Madre Tierra. Para nosotras y nosotros tan importante es defender, denunciar, y apoyar al pueblo de Chimalapa en su defensa de su territorio, como debe sernos urgente también defender el territorio Zapatista, así como debe ser tan urgente defender el Wallmapu, así como debe ser tan urgente defender aquí a la Liberación de la Madre Tierra y a los pueblos que están siendo asesinados. (…) es una lucha que tiene que ser global, por la defensa de la vida toda, que nos garantice no sólo la pervivencia como pueblos originarios, sino que garantice la pervivencia de la libertad a toda la humanidad”.

¿Es esto una forma de Colonialidad?

En su página web, la corporación canadiense Minaurum Gold Inc. presume acaparar 103 mil 718 hectáreas de territorio concesionado o en trámite, en tres estados de la república mexicana. Así como ésta, existen muchas otras empresas mineras, mayoritariamente canadienses y estadounidenses que acaparan grandes extensiones de territorio mexicano para la explotación de minerales. Según el análisis de Geocomunes titulado “Extractivismo minero en México: impactos vs acumulación capitalista”, el 13.5% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, y de este, 2.24 millones de hectáreas de territorios indígenas han sido entregadas.

Para Alberto Matarán es claro que esto es “una continuidad de los procesos de colonialismo que en el caso de el caso de América comenzaron a partir de 1492 -y en el caso de otros territorios comenzaron en otra época- evidentemente con diferentes tipos de dominio: en este caso es un dominio económico con otro tipo de violencia diferente al que se ejercía en el momento inicial del colonialismo, pero es una continuidad de ese tipo de uso, la subalternizacion del territorio”.

Además, apunta que es curioso que “mucha de esta minería está relacionada con lo que nosotros denominamos el colonialismo verde, es decir, son minerales pensados para las transiciones energéticas y la transición ecológica en los países del Norte Global, pero a costa de denominar o marcar como zona de sacrificio zonas del sur global, como México; zonas que serían destruidas para mantener el nivel de consumo de países del Norte Global, y el nivel de bienestar en alguno como por ejemplo Canadá o países europeos”.

Por otra parte, Daniel Tapia agrega, “yo aquí en Alemania normalmente trabajo como arbolista, y basta que haya indicios de que hay un cierto tipo de cascarudo en un árbol para que ese árbol esté protegido y no puedas talarlo en un jardín o en un parque; entonces ponte a pensar ¿porque es tan fácil agredir un medio ambiente tan sensible como el de los Chimalapas ahí, y acá en Europa te protegen un solo árbol? Yo creo que es cuestión de colonalismo; sus recursos aquí no los tocan, tienen sus paisajes, sus tierras, y sus lugares, pero si van a destrozar a otros los lados”.

Armando de la Cruz Cortés, Chontal, es abogado integrante en Oaxaca de la asociación civil Tequio Jurídico. Entre otras labores, han dado seguimiento y acompañamiento a comunidades chontales en la defensa de su territorio frente a concesión mineras otorgadas a la misma Minaurum Gold.

En su opinión, de cara a estos proyectos está en riesgo “el sustento de la vida comunitaria, de la vida colectiva y la existencia misma de las comunidades que han establecido que la madre tierra y el territorio es la fuente de vida. Estos territorios están siendo muy perseguidos por proyectos extractivos que están despojando a comunidades de su territorio; no les están pidiendo autorización ni permiso para que estos proyectos puedan darse. En ese sentido yo creo que se vuelve necesaria la exigencia y la defensa del territorio frente a esas imposiciones del Estado y de las empresas, sobre todo porque es una forma de defender la vida, de defender la existencia como pueblos indígenas en Oaxaca y México”.

Igualmente, Vilma Almendra señala, “Las autonomías que quedamos en los territorios estamos ahí; con contradicciones o no, estamos ahí, a pesar de cinco mil años de patriarcado, casi seiscientos años de colonización, un poquito más de doscientos años de Estados; ahí estamos todavía, hay lenguas, hay plantas que se saben para que son, hay una cantidad de formas ancestrales que nos han garantizado estar aquí ahora, y tener una palabra para caminar”. Por ello insiste, “es vital entender, conocer y defender los territorios originarios, porque creemos que son lo único que queda frente a todo este modelo capitalista, colonial, patriarcal y racista”.

¿Por qué se están reactivando proyectos mineros en el Istmo de Tehuantepec? ¿Tiene que ver con la construcción del Corrdeor Interoceánico o Transístimico?

El pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En la propia descripción del proyecto se estipula que: “El Programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. (…) A lo largo del Istmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.

Sobre el tema, Armando Cruz vislumbra, “los empresarios mineros seguramente ven en este proyecto oportunidad para implementar sus proyectos y para seguir saqueando la región. (…) Hablando de los proyectos de Minaurum Gold y Zalamera, parece que se están ubicando como paralelo a dónde está el proyecto transístmico; es decir, parte de la costa, la costa Chontal-Istmo, subiendo hacia esa zona de Matías Romero y luego yéndose hacia Chimalapas, entonces hay como un paralelo en términos de los proyectos y las concesiones otorgadas”.

Por otra parte, Eufemio Felipe Jiménez, originario de San Francisco Ixhuatán en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, expone que funcionarios públicos están llegando a las comunidades “a mostrar maquetas de proyectos para las comunidades, pero en realidad es manipular a la gente para firmar y sellar, y legitimar como consultas que se hicieron del corredor interoceánico”.

En su opinión, “es más de lo mismo: las mismas formas de llegar a ilusionar a nuestras comunidades: nos dicen “miren ahora si vamos a tener proyectos, ahora si vamos a crecer, a hora si vanos a mejorar”. Todo esto nosotros no lo creemos, porque no son proyectos que se hayan construido con la gente; nuestras formas de organización colectiva, nuestras formas de tomas de decisiones es a través de la asamblea, a través de nuestras cooperativas, a través de autoridades ejidales; y son tres espacios diferente de autoridad en donde la gente se reúne y tiene que plantearse ahí -desde lo que tenemos en nuestro territorio- que se tiene que fortalecer nuestra economía comunitaria, o salir otras formas economía”.

En relación con este tipo de grandes obras, Alberto Matarán agrega: “Parece ser que tanto al Corredor Interoceánico como otras grandes infraestructuras y megaproyectos que se están diseñando sobre todo en América Latina -aunque no sólo-, tienen un horizonte claramente extractivista. Aunque parezca que es infraestructura para el desarrollo de determinados territorios, busca algún tipo de extractivismo. Puede ser extractivismo agrario, minero como éste, o puede ser extractivismo en relación con los cuerpos: con la utilización de mano de obra barata”.

También plantea que en estos momentos de escasez y de crisis del capitalismo global, acentuado por la pandemia, parece haber una necesidad de “seguir alimentando la mega-máquina, es decir, de construir por construir”. En su opinión, “ahora mismo dejan de ser rentables muchas de las actividades económicas que desarrollan muchas de las inversiones que se estaban generando; entonces, la rentabilidad se busca solamente en los procesos constructivos, aunque luego no sean eficientes, ni tenga sentido; como por ejemplo, un corredor ferroviario compitiendo con un canal como el canal de Panamá”.

¿Qué hace a los Chimalapas una región tan particular, y cuál es la importancia regional en su defensa?

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la selva de los Chimalapas tiene “un lugar muy alto en las prioridades de conservación a nivel nacional”.  Esta región, “ha sido reconocida como uno de los principales reservorios de diversidad biológica que hay en el país. Los niveles tan altos de precipitación que caracterizan el área han servido de base para sugerir que la región puede haberse comportado como un refugio florístico”.

Además, Eufemio Felipe quien además es coordinador operativo de dos bachilleratos comunitarios en territorio Ikoot de San Francisco del Mar, así como coordinador de uno de los centros universitarios de la nueva Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), explica que, “en la zona Oriente del Istmo conviven y se relacionan fuertemente tres culturas y territorios: La Ikoot, la Zapoteca y la Zoque de la montaña. En esa zona Oriente hay un intento por entubar el territorio, y estamos muy cercanos entre comunidades. (…) De lo que hemos investigado es que, una vez que comiencen a hacer la explotación minera, los daños ecológicos, ambientales, sociales y económicos, van a estar también sobre nuestras comunidades”.

Al menos dos ríos importantes y una serie de arroyos cruzan la extensión en donde la corporación canadiense busca extraer oro y cobre: El río Zanatepec, y el río Ostuta. Eufemio expone que, “las concesiones mineras están en el nacedero del Río Ostuta. Este río nace en Territorio Zoque pero el río atraviesa los pueblos de Zanatepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán y San Francisco del Mar, y desemboca en la laguna inferior. Nosotros, las comunidades de la zona Oriente del Istmo, trabajamos y dependemos totalmente de la agricultura y de la pesca”.

A ello agrega: “si se lograra instalar esta minera y empezaran a realizar esta explotación, el daño sería gigantesco para nuestra gente, pues los sembradíos de mango, de maíz, de sandía, de melón, de calabaza y de chile van a ser muy afectado, y también la pesca. El camarón, el pescado y la jaiba es alimento básico de nuestras familias en toda la zona. Por eso nos resistimos a las empresas mineras”.

En el mismo sentido, una joven habitante de San Miguel Chimalapa, estudiante de nivel superior, cuyo nombre se reserva por su seguridad, expresa que “la selva de los chimalapas es un lugar en donde yo crecí y en donde aprendí a amar la naturaleza. En donde aprendí a respetar y a interesarme cada día más por la relación que existe entre todas las especies. Aquí existen animales y plantas que cumplen una función específica”. 

Con preocupación, continúa: “La minería utiliza elementos químicos altamente tóxicos, esto estaría envenenando a nuestro suelo, a nuestra agua, a nuestros arbolitos; todos esos lugares en los que nosotros vemos belleza, que nosotros respetamos y que hemos apreciado durante estos años; como para que de la noche a la mañana se destruya toda esta. Es por eso que los Chimalapas decimos: no a la mina, sí a la vida”.

Imagen: Avispa Midia

Más información:

Oaxaca: Agua para Ayutla ya, ordena juez

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la situación en Ayutla donde llevan 3 años sin agua – A 13 de agosto de 2020

Un juez federal concedió un amparo por el derecho humano al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla y ordena su inmediata reconexión al sistema de agua potable. El gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat no ha acatado la orden

Texto: Pedro Matías / Página 3 y Redacción Pie de Página

OAXACA, OAXACA.- Un juez ordenó al gobierno estatal que realice la reconexión del sistema de agua potable para la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, con la finalidad de respetar, proteger y cumplir con su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca no ha acatado la orden.

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en de Oaxaca, resolvió a favor de esa comunidad un juicio de amparo después de tres años.

San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo ocurrido tres años y dos meses atrás.

“Queremos agradecerles todo el apoyo recibido, siempre hemos defendido la verdad y exigido la justicia sin caer en provocaciones violentas pero ahora una orden judicial obliga a que, en plena pandemia, se nos garantice el derecho humano al agua”, escribió la lingüista y activista Yásyana Elena Aguilar en su cuenta de Twitter.

“Es importante encaminarnos a la ejecución, esta sentencia ya fue revisada y mandada a reponer por un tribunal colegiado, se subsanó todo lo necesario y la sentencia fue confirmada, para como es el estado necesitaremos su ayuda para exigir la reconexión”, demandó.

La comunidad exigió al gobierno de Alejandro Murat que cumpla la sentencia que ordenó el juez Amando Chiñas Fuentes el pasado 30 de julio.

El juez ordenó que se agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión inmediata de la tubería destruída en la comunidad, que permita hacer llegar el agua a la comunidad.

Murat desacata la orden

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y el juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, mediante la sentencia del juicio de amparo 795/2017, ordenó la reconexión del sistema de agua potable, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desacató estas disposiciones.

El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Clemente Antonio Martínez, envió un oficio a Murat Hinojosa para que cumpla la orden judicial para la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.

El documento con copia al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, José Octavio Tinajero Zenil, resalta:

“En atención a lo ordenado por la CNDH, la revocación del Juicio de Amparo 1148/2019 y tomando en cuenta la sentencia del Juicio de Amparo 795/2017 y toda vez que no existe impedimento legal alguno, le reiteramos nuestra petición consistente en la realización de la reconexión inmediata del sistema de agua potable a  nuestra comunidad proveniente del manantial Jënaanyëj, lo cual resulta inaplazable e incuestionable”.

Ante la crisis sanitaria por el covid-19, una Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos.

Los habitantes de Ayutla reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la tubería destruida.

El Juez federal dictaminó que el municipio de Tamazulapam y su agencia Tierra Blanca restituyan a los quejosos el pleno goce de sus derecho violado.

Por consiguiente, el presidente municipal de Ayutla exige se dé cumplimiento a la sentencia del 795/2017 con la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.

El ataque

La mañana del 5 de junio de 2017, un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Durante el atque, un hombre murió, seis más resultaron heridos y cuatro mujeres fueron secuestradas.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, varios de los atacantes eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.

Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.

Desde que ocurrió el despojo la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha sido la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola. Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico.

Imagen: Foto: Archivo / Karen Rojas Kauffmann / Página 3

Oaxaca: Minera canadiense va por oro y cobre de los Chimalapas

Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre la minería en este estado – A 18 de agosto de 2020

Con la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre, la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, así lo revela el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental que entregó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el documento con fecha del 23 de julio de 2020, anunciado como proyecto ingresado no. 31 en la Gaceta Ecológica del 13 de agosto, se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. La información difundida por Regeneración Radio menciona que la “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038. El documento fue enviado el pasado 5 de agosto al área correspondiente dentro de la Semarnat y de iniciarse la exploración dañaría una de las reservas naturales mas importantes del país. El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz. Cabe mencionar que apenas el pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina Cruz, que permitirá arrancar el próximo año.

Selva de los Chimalapas, en riesgo por exploración minera. Más información: Empresa minera canadiense va por el oro y el cobre de la selva de los Chimalapas.

Imagen: Regeneración Radio

Más información:

El Escaramujo 103: EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 103 en pdf<<

El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.

El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).

El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.

Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.

Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.

¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?

Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.

Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.

El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.

Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.

La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).

El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.

La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:

  1. Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
  2. Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
  3. Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
  4. Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte, energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
  5. Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
  6. Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
  7. Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
  8. Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
  9. Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
  10. Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
  11. Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
  12. Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
  13. Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec

Los conflictos socio ambientales…

El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.

Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.

La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.

>>Descargar Escaramujo 103 en pdf<<

Más Escaramujos:

Video: COPUDEVER – 13 años resguardando al río Verde

Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020

El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.

Más información:

Video: ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

Compartimos este vídeo de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 29 de julio de 2020

El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.

La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.

En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.

¿Qué fue lo que dijo?

En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.➜ https://bit.ly/306zhYW

Más información:

“Nos están sentenciando a una muerte segura”; zapotecos por nueva contaminación de minera Cuzcatlán

Les compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la minería en Oaxaca – A 27 de julio de 2020

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.

Así lo denunció el Frente No a la Minería y el Colectivo en Defensa del Territorio, al tiempo que evidenció que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.

El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro máximo Aquino, fue mas contundente al pedir al gobierno federal y estatal que no autoricen mas permisos ambientales para continuar que la empresa minea siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.

Razón por la que el Frente No a la Minería integrado por 12 comunidades entre ellas Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, insistieron en rechazar la explotación de minerales en sus territorios.

Las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio, atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.

Detallaron que este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero.

Recordaron lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.

Por lo pronto, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho y transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así como la reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.

Mientras, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca.

El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.

En este documento Cuzcatlán-FSM expresa que “…su operación no supone un riesgo para ninguno de los objetos de conservación de estas áreas”, no obstante, la realidad que viven las comunidades es diferente porque “hemos constatado que en los últimos años existen daños irreparables a nuestro medio ambiente, donde el agua, principal líquido para nuestra supervivencia ha sido contaminado en dos ocasiones”.

Por tal motivo, las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería rechazaron tajantemente cualquier actividad que tenga por objeto la explotación de sus bienes comunes.

Consideran que la presentación de esta nueva MIA desacata las determinaciones comunitarias expresadas en sus asambleas y actas de Territorio Prohibido para la Minería, mismas que respetan y retoman la legislación vigente en los ámbitos municipal, estatal y federal.

El Frente No a la Minería demanda a la SEMARNAT respetar y proteger nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, salud y medio ambiente sano, por lo que exigieron nuevamente no autorizar dicho permiso.

Y es que FSM-Cuzcatlán, pretenden asegurar la explotación irracional de plata y oro por diez años más en los Valles Centrales, además de justificar obras ilegales dentro de San José del Progreso.

Es importante mencionar que en mayo de 2019 presentó un permiso similar a este, el cual fue negado por la SEMARNAT en enero de 2020. En esta segunda ocasión, en su “extracto” del proyecto, la empresa argumenta dolosamente que “San José II no se trata de un nuevo proyecto o ampliación del mismo, sino a obras previamente desarrolladas”. Advirtieron que autorizar dicho permiso representa una violación sistemática a nuestros derechos territoriales.

Imagen: Pedro Matías – Página 3

Más información:

El Escaramujo 101:LAS REPRESAS EN OAXACA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 1010 en pdf<<

En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.

Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorial y geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.

Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.

Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.

Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3

En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.

En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.

  • 1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
  • 2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
  • 3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
  • 4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.

Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.

Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.

Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.

Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.

Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.

También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.

La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.

Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).

Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).

>>Seguir leyendo Escaramujo 101<<

Más Escaramujos:

Comunidades del Istmo denuncian abandono sanitario y crean frente contra Tren Transístmico

Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre el proyecto de Tren o Corredor Transístmico – A 1 de julio de 2020

En asamblea celebrada ayer en la comunidad Rincón Viejo, Oaxaca, grupos de mujeres, comités de salud, ferrocarrileros y comunidades indígenas crearon un frente común por los derechos de los pueblos, mujeres y trabajadores de la región y contra el Tren Transístmico. En la reunión, en el municipio indígena de Santa María Petapa, se denunció el abandono sanitario en que se encuentra la región del Istmo en el contexto de la pandemia, lo que ha ocasionado que la gente se encierre a morir en sus casas. Se han detectado al menos 8 casos en Juchitán, 15 en la comunidad Cotzocon Mixe, 5 en Piedra Blanca, 3 en San Juan Guichicovi, y 4 en Santa María Petapa, de personas que han muerto en sus casas con los síntomas del Covid-19. Además se dijo que en Matías Romero se hacen entierros de noche, a escondidas, en algo que se empezó a denominar “los muertos sin rostro” por no aparecer en los registros oficiales. Los comités de salud, formados principalmente por mujeres, en diversas comunidades de la región, exigieron la instalación de un hospital de campaña covid para la zona norte del Istmo.

Comunicado de Prensa aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

Más información:

Oaxaca: Minería podría agudizar sequía en pleno pico de pandemia

Compartimos este reportaje publicado en Avispa Midia sobre el impacto de la minería y el acceso al agua en Oaxaca- A 16 de junio de 2020

La minería en Oaxaca aumenta el estrés hídrico y amenaza el acceso al agua limpia en tiempos de sequía y Covid-19

 La gravedad de la pandemia de Covid-19 está superando las predicciones epidemiológicas en Oaxaca, donde los casos confirmados han superado los 3,000 y las muertes se elevaron a más de 340. Pero mientras las autoridades sanitarias instan a las y los habitantes a lavarse las manos con frecuencia y a desinfectar las superficies de uso común con el fin de controlar la propagación del nuevo coronavirus, en más de la mitad del territorio oaxaqueño escasea un recurso esencial para cumplir las medidas de contingencia: el agua. En este contexto de sequía el gobierno ha decidido declarar la minería, una industria con alto impacto en los recursos hídricos, como una actividad esencial.

Modelo AMA, informe del 11-06-2020 del grupo de respuesta COVID19 del CONACYT. Fuente: CONACYT.

         En el último informe del monitor de sequía, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día 5 de junio, se destaca el estado de Oaxaca por su sequía severa. Según el reporte, el 23.2% del territorio oaxaqueño está anormalmente seco, mientras que casi el 32.5% del estado está resintiendo los efectos de una sequía moderada y alrededor del 12.3% sufre una sequía grave.


         Desde el inicio de la pandemia, para las y los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, estos porcentajes de sequía se han manifestado en términos de los días que deben esperar entre las entregas de agua por parte de SAPAO (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca): “Antes llegaba cada semana y ahora ha tardado más de 20 días en llegar”, le asegura a Avispa Midia el señor Margarito Jiménez de la Colonia Miguel Alemán. En la Colonia América, otra zona popular de la periferia urbana, la señora Blanca Rodríguez también lleva casi 20 días esperando para llenar sus dos tinacos. “Esto ya no es normal”, señala.

Monitor de sequía México, reporte 31-mayo-2020. Fuente: SMN.

 A pesar de la escasez de agua en el estado, el 13 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín declaró que mientras persista la emergencia sanitaria, la minería, junto a la industria automotriz y de construcción, será considerada una nueva actividad esencial. Con ello dio luz verde a la reactivación de una industria que, por su elevado consumo de agua y sus antecedentes de contaminación, probablemente pondrá en riesgo el acceso al agua limpia y aumentará el nivel de conflictividad socio-ambiental, justo cuando la entidad se acerca al pico de la pandemia Covid-19.

Tres proyectos mineros en Oaxaca: Millones de litros de agua en juego

       En el estado Oaxaca existen 355 concesiones mineras, según los datos de la Secretaría de Economía hasta diciembre de 2019. Mientras que la mayoría se encuentra en la fase de exploración, tres proyectos están siendo explotados actualmente por dos empresas norteamericanas, las cuales han exhibido un uso significativo de los recursos hídricos de la entidad, así como su contaminación, durante la última década.

Foto: Emmanuel Ruiz Rojo



         Tan sólo en el Valle de Ocotlán, la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial en México de la corporación canadiense Fortuna Silver Mines Inc. controla 64,422 hectáreas en las que opera el proyecto minero San José desde 2011. Ahí mantiene una operación subterránea de explotación de 3,000 toneladas métricas de mineral diario para extraer oro y plata.

         Al otro extremo de este Valle, en el distrito de Tlacolula, se encuentra la empresa Don David Gold Mexico S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC). Esta empresa controla más de 55 mil hectáreas en las que opera dos proyectos mineros: El Águila y Alta Gracia, que están en función desde 2010 y 2017, respectivamente. Cada día los proyectos envían un promedio de casi 2 millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento, a una planta central de procesamiento que separa el oro, plata, cobre, plomo y zinc para su venta comercial.


         Para procesar todo este mineral, las dos empresas consumen miles de millones de litros de agua por año, al tiempo que reconocen que las regiones donde operan sufren de escasez de agua. Fortuna reporta que su producción consume unos 8,100 metros cúbicos (8,1 millones de litros) de agua por día. Por su parte, GRC no proporciona información precisa sobre su consumo diario de agua. Sin embargo, la compañía tiene un permiso para extraer hasta 150,000 metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16, otorgada por la Conagua.


         Aun así, no hay certeza ni mecanismos fiables que garanticen que esta sea la cifra exacta de consumo real, pues como lo afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) en un estudio titulado “Un Plan para un Bien Común”, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión de agua, en general “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.


         En síntesis, si sumamos la cantidad de agua que ambas empresas mineras dicen consumir -o tener permiso para consumir- da un total de 8 millones 511 mil litros de agua al día. Esto significa que en un solo día las minas en Oaxaca consumen una cantidad de agua que es equivalente a lo que 233 personas necesitarían para satisfacer sus necesidades básicas en todo un año (según los parámetros de la OMS para el consumo e higiene personales).


         Para tener una dimensión de la cantidad de agua que esto representa: tan sólo en 2017, entre lo que Fortuna Silver Mines reportó haber consumido, y lo que Don David Gold tuvo permiso para extraer, ambas minas consumieron al menos 3.1 billones de litros de agua; cantidad equivalente a lo que la tercera parte de la población de Oaxaca de Juárez necesita para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene durante un año, tomando como referenica el último censo del INEGI 2015.

Fuente: Elaboración propia con información de Fortuna Silver Mines Inc. y CONAGUA

¿De dónde viene el agua que usa Fortuna Silver Mines Inc.?

       El lunes 22 de abril de 2019, una familia de pobladores de San José del Progreso -la comunidad Zapoteca en el Distrito de Ocotlán donde se instaló de manera violenta la mina de Fortuna Silver Mines- visitó la presa comunitaria denominada “Borde del Vallito” para caminar alrededor de ella y pasar la tarde, como era su costumbre. De pronto, se percataron que en la orilla de la presa yacían docenas de peces muertos sin razón aparente; de cerca vieron que tenían entre las escamas espuma amarilla y café, y si bien parecía que habían muerto recientemente, a la mayoría de los peces también le faltaban los ojos.

Foto: Avispa Midia

Foto: Avispa Midia

         Esto despertó rápidamente sospechas entre los pobladores, quienes no descartaron que se tratara de otro episodio de contaminación por parte de la mina, ya que ésta se encuentra a pocos kilómetros de dicha presa.


         El antecedente directo de contaminación había sucedido apenas seis meses antes: El 8 de octubre de 2018, la presa de jales que contiene los desechos tóxicos de la mina, se desbordó y contaminó el Río Coyote, un afluente que forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac y de la sub-cuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez.


         El derrame ha afectado el pastoreo de animales y el abastecimiento de los pozos de agua potable, ya que el agua del Río Coyote fluye por Magdalena Ocotlán y las comunidades de San Matías Chilazoa, San Pedro Apóstol y San Felipe Apóstol.


         En cuanto a la mortandad de peces en la presa comunitaria “Borde del Vallito”, la Dirección General del Organismo de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua descartó, en mayo de 2019, que la presa estuviera contaminada. Se argumentó que la mortandad de peces se debía a fenómenos tales como la disminución del agua y el aumento de la temperatura por el periodo de sequía, y que esto no tenía relación con la actividad minera. Sin embargo, algunos pobladores de San José del Progreso dudaron de esta versión.


         Tal es el caso de uno de los pescadores de la comunidad, que lleva muchos años pescando en las presas para el autoconsumo y la venta. En entrevista para Avispa Midia, este pescador, cuyo nombre se reserva por su seguridad, relató: “También voy a pescar a otros lugares, por ejemplo, hay otra presa aquí, la de Cuajilote, y esa está aún más seca, y ahí no se está muriendo el pescado, lo cual me extraña; ahí están gorditos gorditos. (…) Nos preguntamos: ¿por qué aquí se están muriendo los pescados? Yo pienso que igual de caliente está el agua ahorita allá, que acá; y allá no se están muriendo”.


         Este pescador es solo uno de muchos pobladores que sienten una constante amenaza a su salud y sus labores debido al inminente impacto ambiental de la mina, la cual lleva extrayendo millones de toneladas de minerales en su comunidad desde el año 2011.

Foto: EDUCA

         “Anteriormente aquí había mucho pescado, mojarra grande. Ahorita lo que está muriéndose es la mojarrita. Yo venía seguido, diario, a sacar pescado, a veces me pedían y de ahí yo sacaba algo de dinero. Pero ahora ya no, ya no voy como antes, desde hace algunos años ya casi no hay mojarra y la que hay está toda flaca. Y ahora éstas muertas… ni las gaviotas se las comen. Yo ya no vengo a pescar aquí, por lo mismo de que esto de la mina es pura contaminación”, comparte el pescador.


         Además, este habitante de San José asegura que “está bajando el agua, se está acabando, y no sabemos qué pueda suceder; andan escarbando, andan debajo del agua, ya ve usted que el agua es tan fina, y no vaya a ser que a través de esos huecos que andan haciendo, pues, se nos filtre y se pueda acabar el pescadito”.


         La preocupación expresada por el pescador no es infundada: El manejo, la extracción, el uso y el deshecho de agua por parte de la mina es, cuando menos, nebuloso y contradictorio.


         En una consulta realizada por Avispa Midia al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el 7 de abril de 2020, la Compañía Minera Cuzcatlán contaba con tres títulos de concesión vigentes para uso industrial (05OAX137328/20FDDA13, 05OAX137242/20FKOC10, 05OAX137241/20FDOC10) que acumulan la ocupación de 15 anexos de zonas federales, por un total de 31,355.39 metros cuadrados (en su mayoría del río Coyote); y dos anexos de descargas residuales (al suelo, y a un arroyo “sin nombre”) por un total de 52.5 metros cúbicos de descargas residuales al día, como se muestra en la siguiente imagen:


         Sin embargo en una nueva consulta realizada el 15 de junio de 2020, esta cantidad permitida de descargas residuales fue reemplazada por un “0”, como se puede ver a continuación:


         El que la base de datos del REPDA sea contradictoria no es el único problema. Hay que recordar que, como lo afirma el INSO, los datos oficiales emanados de los títulos de concesión, “subestiman notoriamente la extracción; primero porque hay muchos aprovechamientos sin concesión legal, y segundo porque la extracción real puede exceder el volumen autorizado”.


         Prueba de ello es que en el reporte técnico de la compañía minera publicado en febrero de 2019, la empresa revela que tiene un sistema de drenaje que “retira cualquier exceso de agua subterránea que sea encontrada o producida durante las actividades de perforación” y la destina a su uso industrial en la mina, sin que hasta la fecha exista una sola concesión vigente para el aprovechamiento de aguas subterráneas.


         Además, en su apartado de infraestructura la empresa afirma que, de los 2,7 metros cúbicos de agua necesarios para procesar cada tonelada de mineral, éstos “se obtienen principalmente del agua bombeada a la superficie desde el sistema de desagüe subterráneo”.


         Lo anterior contradice directamente las declaraciones que ha hecho Luiz Calmargo, actual Director de Cuzcatlán y representante en México de Fortuna Silver Mines, quien en julio de 2019 aseveró que “la unidad minera San José no tiene y no necesita concesiones para la extracción de agua del subsuelo, ni ha perforado pozo alguno para abastecerse. La mina no compite con las comunidades por la captación y utilización de agua”.


         Paradójicamente, la mina también expone en un capítulo titulado “Hidrogeología” en el mismo reporte técnico, que dentro de su área de operaciones hay un acuífero complejo al que están estudiando, presuntamente para su explotación:

“Basado en información generada, colectada, e interpretada por la Universidad de San Luis Potosí (Benavides & Amaral, 2007) y Consultores de Gestión del Agua (2009), ha sido posible definir la ubicación aproximada del acuífero local. (…) Han observado la presencia de agua subterránea en forma de flujos esporádicos y permanentes en áreas específicas de los sistemas de vetas de la Trinidad y Bonanza”. Dichos consultores, según se reporta, han trabajado en el diseño de un sistema de bombeo y drenaje de éstas aguas subterráneas “como parte del estudio sobre la expansión minera”.

>>Seguir leyendo reportaje<<

Imagen: Avispa Midia

Más información:

Oaxaca: En San Mateo del Mar, Hay guerra contra la asamblea del pueblo

Comunicado publicado en Educa Oaxaca sobre la acontecido hace unos días en San Mateo del Mar – A 21 de junio de 2020

En San Mateo del Mar se vive una guerra en contra del pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones que es la Asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del Alcalde Único Constitucional.

No es suficiente, aunque necesario en la coyuntura, exigir, en el caso de esta crisis, primero en la del 3 de mayo y ahora en la del 21 de junio de 2020, que intervenga la Guardia Nacional y el gobierno estatal y su fiscalía. Desde el 3 de mayo se hizo el llamado, pero no hubo una respuesta efectiva.

Estos ataques armados son provocados para dar apoyo al presidente municipal, para no verse rebasado por la legítima Asamblea del Pueblo. Tienen en común los ataques que se realizan en mayo y junio, la presencia de personal ajeno al pueblo que cuenta con vehículos y armas, que orquestan, como asesores del presidente municipal ataques armados que desatan el intercambio de actos violentos, justamente cuando el pueblo va en camino a una Asamblea, intentando organizarse de acuerdo a sus normas internas.

En el fondo, los órganos del Estado no entienden la institucionalidad de los órganos internos de gobierno de San Mateo del Mar, y terminan por reconocer a quien está realizando la guerra contra el pueblo, es decir, al presidente municipal que robó la elección en 2019, y que fue impuesto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que al sancionar como legales las elecciones violentas y con compra de votos, anula la verdadera figura de toma de decisiones que recae en la Asamblea, que forma parte del sistema normativo interno de San Mateo del Mar. Las autoridades del Estado no acudieron al llamado de controlar la crisis en mayo, solo supieron torpemente contactar a la presidencia municipal espuria, y no desactivó su capacidad de uso de la fuerza contra el pueblo. La consecuencia fue el agravamiento de la crisis que ahora ya tiene muchos más muertos, 14 hasta el momento, porque son batallas entre fuerza desiguales.

Desde septiembre del 2017, avaló el IEEPCO, un primer fraude electoral, con los hechos violentos que se suscitaron, en los que el asesor externo hizo uso de un arsenal de camionetas y armas para mantener bajo terror a la comunidad que fue amenazada de ser arrasada. Y que acabó con el reconocimiento de la elección por el IEEPCO, a pesar de ser testigos sus funcionarios de la compra de votos, el embarazo de urnas y la presión por hacer firmar actas electorales amañadas a quienes cumplían su deber como escrutadores. Cabe señalar que el presidente municipal espurio 2017-2019, ni portó el bastón de mando, ni reconoció la autoridad tradicional de la alcaldía, ni despachó en la presidencia municipal, sino en domicilio particular en Huazantlán del Río, pero eso sí, con la recepción de las partidas presupuestales que otorga la hacienda estatal y nacional.

En el 2019 se volvió a repetir la receta, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas, que niega la forma tradicional de elección en Asamblea, por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Que niega el mérito que deben cumplir sus ciudadanos en el sistema de cargos. Y esto falsifica el derecho consuetudinario colectivista, y lo transforma en derecho liberal individual, y el IEEPCO se constituye en autoridad, que dice defender sistemas normativos internos pero que en la realidad receta, en el colmo de la intervención en el derecho normativo interno, elecciones a modo, “por planilla”, y a favor en última instancia de los poderes fácticos que tiranizan al pueblo, atrás de estos presidentes espurios. Poderes fácticos que en realidad son sofisticados contratistas, que lo mismo operan contratos de obra pública, que administran los fondos municipales y “rinden cuentas” con sus contadores a modo, litigan con sus abogados para simular legalidad. Y nuevamente el “presidente” despacha fuera del palacio municipal.

Estos poderes fácticos controlan la guerra contra la Asamblea. Y claramente este ataque del 21 de junio, como el del 3 de mayo de 2020, tienen el fin de frenar la organización del pueblo para tomar sus propias decisiones.

Este último ataque no puede ser más ilustrativo, ya que las y los ciudadanas y ciudadanos se dirigían a realizar una Asamblea en la agencia de Huazantlán del Río, lo que significa que no es un movimiento solo de la cabecera, como podría pensar alguien despistado. A la altura de la colonia Reforma fueron emboscados, inermes, por encapuchados, preparados para el ataque.

Más allá del manejo de la crisis por fuerzas armadas públicas como la guardia nacional o la policía estatal, hay que exigir, además, e igualmente en calidad de emergencia, al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, al Congreso del Estado de Oaxaca, al IEEPCO, al INPI, a la CNDH, a la DDHPO:

1. El respeto y reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la instancia superior y única en la toma de decisiones y elección de cargos en concordancia con su sistema normativo interno, forma de gobierno, e instituciones tradicionales que conforman su cohesión social, su lengua ombeayiüts, en suma, su cultura.

2. La desaparición de poderes municipales y la expulsión de los paramilitares con máscara de asesores y contratistas, para garantizar el desenvolvimiento libre de la Asamblea del Pueblo en el municipio de San Mateo del Mar, incluyente de todas las agencias, colonias, y la cabecera municipal.

3. Garantizar elecciones libres y autónomas de acuerdo a la forma de gobierno tradicional indígena que caracteriza a San Mateo del Mar desde, al menos, el siglo XIX y que está ahora bajo fuego de guerra etnicida.

4. Manos del IEEPCO, fuera del proceso y presencia de observadores independientes expertos en sistemas normativos internos.

En San Mateo del Mar, a partir de 2012 se desató esta guerra contra la Asamblea; no se tratan, por lo tanto, estos últimos ataques, de episodios aislados, y la razón ha sido la autonomía del pueblo Ikoots, que, en Asamblea en ese entonces, decidió en contra de la admisión del megaproyecto eólico de la empresa PRENEAL y posteriormente protagonizó, al lado de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, y de la Asamblea de la Colonia Álvaro Obregón, la expulsión de Mareña Renovables, S.A.P.I. que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la frágil ecológicamente y sagrada Barra Santa Teresa. Esta guerra tiene un origen y un objetivo. El pueblo con dignidad se resiste a la enajenación de su territorio ancestral. He ahí la razón por la que le hacen la guerra.

21 de junio, 2020.

FIRMAN

Más de 300 organizaciones firman

>>Ve aquí los firmantes<<

[Infografía] ¿Cómo impactan Tren Maya, Corredor Transístmico y Sembrado Vida en los territorios?

Les compartimos esta infográfia publicada en Educa Oaxaca hecha por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) sobre el impacto de algunos de lo más grandes proyectos extractivistas en México – A 7 de mayo de 2020

En esta nueva investigación, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) se propuso describir y analizar de forma integral la relación entre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transísmico, además del programa Sembrando Vida y sus impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas.

El objetivo principal de la investigación, realizada por Daniel Sandoval Vázquez, es hacer un aporte a la visibilización de los impactos que tendrían, específicamente al interior de los territorios, recursos y formas de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas de la región Sur-Sureste de México: “En el presente trabajo abordamos tres casos particulares en nuestro país, donde se ejerce el intento de subordinar los usos comunitarios del territorio y las relaciones sociales que en ellos se fundan. (…) El objetivo que guarda esta revisión es precisar que en medio de la discusión sobre la aplicación de estos tres megaproyectos, aun con las buenas intenciones con las que dice manejarse el gobierno actual, persisten los conflictos asociados a la influencia del capital para transformar la vida de los pueblos, pasando por encima de los usos comunitarios del territorio y los recursos”.

Descargar la investigación TREN MAYA, SEMBRANDO VIDA Y CORREDOR TRANSÍSTMICO: impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas (pdf, 43 pág.) y cartel. Contexto: Ganan licitación de Tren Maya los corruptos de siempre y 150 organizaciones y comunidades exigen cancelación del Corredor Interoceánico

Más información: