Informe: Defender el Mañana, La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente

Les compartimos el informe de Global Witness sobre la situación de las defensoras y defensores de la vida durante el 2019 – A 29 de julio 2020

Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. 

La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.

Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.

Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y elmedio ambiente (12.1MB, PDF)

Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente (6.37MB, PDF)

Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.

Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.

Hallazgos relevantes

Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.

Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.

Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.

Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.

Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.

La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.

Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas ­– a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial. Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos. 

Debemos seguir a los líderes en primera línea contra la crisis climática

En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.

Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas  en riesgo climático crítico.

Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.

Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.

El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.

El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad. La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.

Recomendaciones

Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.

Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.

Tú también puedes ayudar.

La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.

Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.

Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.


Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness

Honduras: Corte niega apelación a defensa de David Castillo y ordena se reanude audiencia en su contra

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 31 de julio de 2020

Corte de Apelación declara NO A LUGAR la petición de nulidad de prueba interpuesta por la defensa de David Castillo y ordena que se continúe la audiencia preliminar.

La audiencia preliminar debió realizarse en abril de 2019, sin embargo, por maniobras dilatorias de la defensa no se ha culminado hasta la fecha. En esta se define si David Castillo pasa a juicio oral y público por su responsabilidad en el crimen contra Berta Cáceres.

Casi 10 meses han pasado desde que se suspendió por última vez dicha audiencia por acciones de la defensa y más de un año desde que tuvo que llevarse a cabo inicialmente.

Estas acciones de la defensa de Castillo, tienen como objetivo la dilatación del proceso con el fin de que venza el tiempo de prisión preventiva.

David Castillo es uno de los autores intelectuales responsables del asesinato de Berta Cáceres

El COPINH y la familia de Berta Cáceres hemos denunciado en varias ocasiones las intenciones de la defensa para mantener en la impunidad a Castillo y la estructura criminal detrás de él.

Las pruebas que lo vinculan al crimen, son claras ¡Basta de impunidad!

El proceso es retomado por el Juzgado de Letras a cargo de la jueza Lizeth Vallecillo.

Más información:

Preocupa a ONU nivel de vulnerabilidad de defensoras en Mexico

Compartimos esta información publicada en EducaOaxaca sobre la situación de defensoras y defensores en México – A 30 de junio de 2020

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación porque “la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, resaltó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Y exigió garantías para Consorcio Oaxaca y castigo a los responsables de la amenaza en su contra. Mary Lawlor emitió un comunicado en conjunto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mary Lawlor enfatizó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Pero “es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad”. Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas.

Comunicado: Experta de la ONU insta a garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos en México. Contexto: Demandan intervención de Segob para garantizar seguridad de integrantes de Consorcio Oaxaca

Carta de Solidaridad con el COPINH en contra de las amenazas y hostigamiento a su dirigencia

Compartimos esta carta de solidaridad con el COPINH a la cual nos sumamos y pedimos alto a las amenazas y hostigamiento a su dirigencia- A 28 de julio de 2020

La organización hermana COPINH, desde hace ya casi tres décadas ha estado presente en las luchas más importantes del movimiento indígena y popular de Honduras en contra del neoliberalismo, el militarismo golpista, el racismo, la lucha anti patriarcal, entre otros, pero también ha sido una organización fundamental en la lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los bienes naturales, los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas o la lucha por la refundación del estado hondureño. Luchas trascendentales que han dado impulsos y ejemplos importantes a la resistencia popular contra la narco-dictadura oligárquica.

Las luchas pasadas y presentes le han significado al COPINH, la persecución y muerte de muchas y muchos de sus líderes, incluyendo el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Pero la estigmatización y el racismo, también han sido herramientas de los grupos de poder para perseguir, criminalizar y reprimir al COPINH y las comunidades lencas. Desafortunadamente, hay quienes, desde las redes sociales y desde una pseudo fachada de la intelectualidad, se han sumado de manera rabiosa, misógina y racista, a las campañas de persecución y odio en contra de nuestras hermanas y hermanos lencas.

De esta manera, las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y solidaridad a COPINH y su dirigencia, ante las agresiones racistas y misóginas que personas externas a la organización y con fines claramente políticos, difunden a través de las redes sociales, haciéndose parte de una campaña de terror y persecución que solo busca destruir la organización.

Queremos suscribir nuestro irrestricto apoyo a COPINH y su dirigencia, ante las sistemáticas amenazas que atentan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de las compañeras y compañeros, al ser señalados como colaboradores de los órganos represivos del estado e incluso como cómplices de la impunidad que favorece a los responsables de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos de la incansable lucha del COPINH, de toda su dirigencia, y muchas colaboradoras y colaboradores que, a riesgo de su propia vida, han enfrentado con entereza las mafias empresariales, militares y paramilitares que protegen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestra hermana Berta.

Rechazamos con firmeza, la absurda y mal intencionada acusación de que COPINH, su dirigencia y sus redes de apoyo, forman parte del llamado Plan Colombia, que ha llenado de luto y sufrimiento a millones de personas en Colombia y otras partes de la América Latina. COPINH, como víctima de dicho plan imperialista y oligárquico, hoy sufre la muerte y criminalización de sus liderazgos, además de un constante acoso, persecución y estigmatización mediática, financiado por quienes quieren enriquecerse a costa de convertir el territorio lenca en cementerios, desiertos o campos de concentración.

Así mismo, queremos denunciar que estas constantes amenazas, acoso político y campaña mediática por las redes sociales, no busca más que intervenir el COPINH para dividirlo y debilitarlo, y de esta manera, facilitar la apropiación de los bienes de la organización por parte de personas ajenas o expulsadas, ya sea por corrupción o abuso sexual, para finalmente, frenar la lucha por la defensa de los bienes naturales del Pueblo Lenca, así como la búsqueda de justica por el asesinato de Berta Cáceres.

Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH.

Cada una de las organizaciones y personas que hoy se hacen parte de esta carta de solidaridad, llamamos al pueblo y sus organizaciones a solidarizarse con el COPINH y acompañar cualquier denuncia o acusación pública o legal que nuestras hermanas y hermanos lencas decidan emprender contra las personas responsables del hostigamiento y amenazas denunciadas por el COPINH.

Organizaciones que suscriben solidariamente la presente carta:

  • Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH
  • Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
  • Central Nacional de Trabajadores del Campo El Progreso, CNTC.
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
  • Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
  • Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, MADJ
  • Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
  • Centro de Derechos de Mujeres, CDM
  • Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H
  • Foro de Mujeres por la Vida
  • Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras FM
  • Luchemos
  • INHESCO
  • Fundación San Alonso Rodríguez
  • Código Sur
  • Colectivo Josefa Lastiri
  • Otros Mundos Chiapas

Personas que suscriben la nota:

  • Padre Fausto Milla
  • Denia Mejía
  • Gilda Rivera
  • Gustavo Zelaya Herrera
  • Noemí Dubón
  • Laura Zúniga Cáceres Hija de Berta Cáceres

Suscríbase: Si desea firmar esta carta, agregue el nombre de su organización o persona que suscribe y publique en los medios sociales que considere oportuno.

Más información:

Solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño

Compartimos el pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC, Pronunciamiento de Jubileo Sur Américas, así como las muestras de silidaridad de otras organizaciones, movimientos y personas – A 20 de julio de 2020

Urgente solidaridad internacionalista con el pueblo hondureño y sus organizaciones y movimientos

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- expresa su profunda preocupación y repudio por la ola de asesinatos y acciones violentas y de criminalización en contra de defensoras/es de derechos de los pueblos y de los derechos humanos en Honduras.

Desde hace muchos años ATALC ha hecho seguimiento a la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos sociales en el país mesoamericano; recordamos también el asesinato de la compañera Berta Cáceres, y la situación de cientos de hombres y mujeres que por la defensa de sus territorios han sido encarceladas/os, torturadas/os, y han perdido sus vidas, o las de sus familiares y compañeras/os de lucha con quienes han bregado por la dignificación basados/as en la defensa de sus espacios socialmente construidos y de sus medios de sustento.
Infortunadamente, y no obstante se ha denunciado en los planos nacional e internacional la sistematicidad criminal en contra del pueblo hondureño, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en el país.

Desde el inicio del modelo de confinamiento, basado en el Estado de excepción, que tiene claras diferencias en su ejecución dependiendo del signo del gobierno que lo implementa, pero que la derecha ha utilizado para reprimir con mayor voracidad a los pueblos, en Honduras se han cometido asesinatos sistemáticos contra ambientalistas, lideres/zas y defensoras/es de derechos.

El 2 de abril fue asesinada Iris Argentina Álvarez, integrante de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido, al oponerse a un violento e ilegal desalojo en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca; el 20 de mayo Edwin Fernández fue asesinado en su vivienda y en frente de sus hijos/as, era parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña –OFRANEH; el 11 de junio, en Tegucigalpa, la activista por la diversidad sexual Scarleth “Campbell” Cáceres fue asesinada a disparos. Ella hacía parte de la Organización Colectiva de Muñecas, Asociación LGTBI Arco Iris. Antonio Bernardez Suazo fue asesinado el 20 de junio, era miembro del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Punta Piedra. El 13 de julio se encontró el cuerpo asesinado de Marvin Damián Castro Molina, joven defensor de los derechos de los pueblos y coordinador de la secretaría de la Juventud en el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida –MASSVida.

En los últimos días recibimos la denuncia de OFRANEH y el patronato de Triunfo de la Cruz del secuestro por parte de hombres con chalecos antibalas con las iniciales la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fuertemente armados contra el presidente del patronato Sneider Centeno junto a Milton Martínez, Suami Mejia y Alber Sentana Thomas, quienes hasta el momento de la elaboración de esta comunicación, aún no han retornado a su territorio. Por otro lado el envenenamiento mal intencionado de los ríos de la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguan por la denuncia de la construcción ilegal de un Resort, esto supone un ecocidio y un atentado directo a la vida de una comunidad entera.

En momentos en que la crisis global de la salud y la pandemia del coronavirus azotan inclementemente a la mayoría de países y pueblos en América Latina y el Caribe, las respuestas de parte de las derechas que controlan el poder de los Estados consisten en profundizar la precarización de la vida de la población, atendiendo a las imposiciones de sus jefes imperiales y colonialistas. Adicionalmente se despliegan estrategias de producción de pánico, aislamiento, intimidación y, como denunciamos en el caso hondureño, y de otros países como Colombia, Brasil y el Salvador, criminalización generalizada a la población en lucha contra el modelo neoliberal y sus nefastas consecuencias para la salud pública y para enfrentar las complicaciones asociadas a la Covid 19.

Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género llamamos a la comunidad internacional, a los movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe y de todo el mundo a denunciar la violencia que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más hombres y mujeres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, mientras el neoliberalismo despoja territorios para el favorecimiento de las corporaciones transnacionales, lucrándose de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.

Firma

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC

DENUNCIA INTERNACIONAL

¡Basta de crímenes de odio contra OFRANEH!

Alto a la necropolítica del apartheid hondureño

Informe: Riesgos no calculados

Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

Compartimos este informe hecho por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo – A julio 2020

El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades.

Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas pobres.

Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo.

A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación.

Hallazgos:

  • Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo son generalizadas.
  • Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.
  • La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta adecuada de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas contra las personas defensoras en el desarrollo.
  • Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas.
  • Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras, porque no se presta la debida atención a los derechos e intereses de las comunidades locales y de las poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos contextuales y a los desequilibrios de poder que pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones paguen los impactos negativos o se vuelvan vulnerables.
  • A menudo, las señales de alerta temprana que indican la existencia de posibles amenazas para las personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
  • Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras en peligro, pero con frequencia dejan pasar oportunidades para crear proactivamente momentos que potencien el apoyo a los derechos de las comunidades y las personas defensoras, y se resisten a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su influencia.
  • Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan silencio ante las amenazas y los ataques, o sus respuestas son insuficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
  • Varias IFD están empezando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, pero hace falta mucho más.

Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.

Casos:

Caso 1: Honduras – Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra >>Lee aquí<<

Caso 2: México – Criminalización, amenazas y ataques contra integrantes de movimientos de pueblos indígenas >>Lee aquí<<

Caso 3: Guatemala – Encendiendo el conflicto en las comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 4: Guatemala – Criminalización de comunidades indígenas >>Lee aquí <<

Caso 5: Honduras – Asesinatos de Berta Cáceres y Tomás García, y ataques contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco >>Lee aquí <<

Caso 6: Perú – Agresión contra Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y represión violenta de la protesta >>Lee aquí <<

Caso 7: Perú – Uso de decretos de emergencia y militarización para silenciar comunidades indígenas >>Lee aquí<<

Caso 8: Brasil – Intimidación y corrupción para silenciar comunidades indígenas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno >>Lee aquí<<

Caso 9: Brasil – Asesinato de Nilce de Souza Magalhães y amenazas a activistas >>Lee aquí<<

Caso 10: Colombia – Ataques, criminalización y asesinatos de activistas de base >>Lee aquí<<

>>Seguir leyendo informe aquí<<

Oaxaca: En San Mateo del Mar, Hay guerra contra la asamblea del pueblo

Comunicado publicado en Educa Oaxaca sobre la acontecido hace unos días en San Mateo del Mar – A 21 de junio de 2020

En San Mateo del Mar se vive una guerra en contra del pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones que es la Asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del Alcalde Único Constitucional.

No es suficiente, aunque necesario en la coyuntura, exigir, en el caso de esta crisis, primero en la del 3 de mayo y ahora en la del 21 de junio de 2020, que intervenga la Guardia Nacional y el gobierno estatal y su fiscalía. Desde el 3 de mayo se hizo el llamado, pero no hubo una respuesta efectiva.

Estos ataques armados son provocados para dar apoyo al presidente municipal, para no verse rebasado por la legítima Asamblea del Pueblo. Tienen en común los ataques que se realizan en mayo y junio, la presencia de personal ajeno al pueblo que cuenta con vehículos y armas, que orquestan, como asesores del presidente municipal ataques armados que desatan el intercambio de actos violentos, justamente cuando el pueblo va en camino a una Asamblea, intentando organizarse de acuerdo a sus normas internas.

En el fondo, los órganos del Estado no entienden la institucionalidad de los órganos internos de gobierno de San Mateo del Mar, y terminan por reconocer a quien está realizando la guerra contra el pueblo, es decir, al presidente municipal que robó la elección en 2019, y que fue impuesto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que al sancionar como legales las elecciones violentas y con compra de votos, anula la verdadera figura de toma de decisiones que recae en la Asamblea, que forma parte del sistema normativo interno de San Mateo del Mar. Las autoridades del Estado no acudieron al llamado de controlar la crisis en mayo, solo supieron torpemente contactar a la presidencia municipal espuria, y no desactivó su capacidad de uso de la fuerza contra el pueblo. La consecuencia fue el agravamiento de la crisis que ahora ya tiene muchos más muertos, 14 hasta el momento, porque son batallas entre fuerza desiguales.

Desde septiembre del 2017, avaló el IEEPCO, un primer fraude electoral, con los hechos violentos que se suscitaron, en los que el asesor externo hizo uso de un arsenal de camionetas y armas para mantener bajo terror a la comunidad que fue amenazada de ser arrasada. Y que acabó con el reconocimiento de la elección por el IEEPCO, a pesar de ser testigos sus funcionarios de la compra de votos, el embarazo de urnas y la presión por hacer firmar actas electorales amañadas a quienes cumplían su deber como escrutadores. Cabe señalar que el presidente municipal espurio 2017-2019, ni portó el bastón de mando, ni reconoció la autoridad tradicional de la alcaldía, ni despachó en la presidencia municipal, sino en domicilio particular en Huazantlán del Río, pero eso sí, con la recepción de las partidas presupuestales que otorga la hacienda estatal y nacional.

En el 2019 se volvió a repetir la receta, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas, que niega la forma tradicional de elección en Asamblea, por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Que niega el mérito que deben cumplir sus ciudadanos en el sistema de cargos. Y esto falsifica el derecho consuetudinario colectivista, y lo transforma en derecho liberal individual, y el IEEPCO se constituye en autoridad, que dice defender sistemas normativos internos pero que en la realidad receta, en el colmo de la intervención en el derecho normativo interno, elecciones a modo, “por planilla”, y a favor en última instancia de los poderes fácticos que tiranizan al pueblo, atrás de estos presidentes espurios. Poderes fácticos que en realidad son sofisticados contratistas, que lo mismo operan contratos de obra pública, que administran los fondos municipales y “rinden cuentas” con sus contadores a modo, litigan con sus abogados para simular legalidad. Y nuevamente el “presidente” despacha fuera del palacio municipal.

Estos poderes fácticos controlan la guerra contra la Asamblea. Y claramente este ataque del 21 de junio, como el del 3 de mayo de 2020, tienen el fin de frenar la organización del pueblo para tomar sus propias decisiones.

Este último ataque no puede ser más ilustrativo, ya que las y los ciudadanas y ciudadanos se dirigían a realizar una Asamblea en la agencia de Huazantlán del Río, lo que significa que no es un movimiento solo de la cabecera, como podría pensar alguien despistado. A la altura de la colonia Reforma fueron emboscados, inermes, por encapuchados, preparados para el ataque.

Más allá del manejo de la crisis por fuerzas armadas públicas como la guardia nacional o la policía estatal, hay que exigir, además, e igualmente en calidad de emergencia, al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, al Congreso del Estado de Oaxaca, al IEEPCO, al INPI, a la CNDH, a la DDHPO:

1. El respeto y reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la instancia superior y única en la toma de decisiones y elección de cargos en concordancia con su sistema normativo interno, forma de gobierno, e instituciones tradicionales que conforman su cohesión social, su lengua ombeayiüts, en suma, su cultura.

2. La desaparición de poderes municipales y la expulsión de los paramilitares con máscara de asesores y contratistas, para garantizar el desenvolvimiento libre de la Asamblea del Pueblo en el municipio de San Mateo del Mar, incluyente de todas las agencias, colonias, y la cabecera municipal.

3. Garantizar elecciones libres y autónomas de acuerdo a la forma de gobierno tradicional indígena que caracteriza a San Mateo del Mar desde, al menos, el siglo XIX y que está ahora bajo fuego de guerra etnicida.

4. Manos del IEEPCO, fuera del proceso y presencia de observadores independientes expertos en sistemas normativos internos.

En San Mateo del Mar, a partir de 2012 se desató esta guerra contra la Asamblea; no se tratan, por lo tanto, estos últimos ataques, de episodios aislados, y la razón ha sido la autonomía del pueblo Ikoots, que, en Asamblea en ese entonces, decidió en contra de la admisión del megaproyecto eólico de la empresa PRENEAL y posteriormente protagonizó, al lado de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, y de la Asamblea de la Colonia Álvaro Obregón, la expulsión de Mareña Renovables, S.A.P.I. que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la frágil ecológicamente y sagrada Barra Santa Teresa. Esta guerra tiene un origen y un objetivo. El pueblo con dignidad se resiste a la enajenación de su territorio ancestral. He ahí la razón por la que le hacen la guerra.

21 de junio, 2020.

FIRMAN

Más de 300 organizaciones firman

>>Ve aquí los firmantes<<

México: Organizaciones denuncian que durante contingencia sanitaria se han recrudecido agresiones contra personas defensoras de derechos humanos

Les compartimos el comunicado de la Red Nacional d Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT)A 14 de mayo de 2020

Según la documentación de la Red TDT suman 30 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio de AMLO.

  • Debido a su labor en defensa de los derechos humanos, por lo menos 4 personas han sido asesinadas en las últimas siete semanas, lo que coincide con el inicio de la contingencia sanitaria.
  • Personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo quienes enfrentan el mayor número de agresiones.

14 de mayo de 2020.- Las organizaciones firmantes llamamos la atención de la sociedad mexicana ante el hecho grave de que, en las siete semanas anteriores a la emisión de este comunicado, han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras de derechos humanos. Esto con el agravante de que 2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Por ello, las personas, organizaciones y comunidades que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos, continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo.

Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”[1]. Llamado que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia[2].

La necesidad diferenciada de protección señalada por el Sistema interamericano se confirma al consultar los datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señalan que desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Nombrar a las personas defensoras asesinadas es, al mismo tiempo, una exigencia de justicia y un llamado a no olvidarles, a continuar sus luchas y continuar trabajando colectivamente en la construcción de un país y un mundo mejor donde los derechos para todas y todos sean una realidad.

A partir de la documentación de la Red TDT, señalamos que estas 4 personas defensoras no fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalia por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Reiteramos como un hecho de grave preocupación que 2 defensores fueron asesinados en su propia casa, el entorno donde la población debe encontrarse bajo resguardo durante la contingencia sanitaria.

Frente a estos hechos, resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a sus familias y organizaciones, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

En ese sentido, retomamos lo dicho por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en su comunicado del 27 de abril de 2020: el Estado mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y, por tanto, las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.

Así pues, es mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad.

Finalmente, reiteramos el llamado que desde diversas organizaciones de la sociedad civil se ha hecho en relación con las acciones inmediatas que debe tomar el Estado mexicano para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras de derechos humanos.[3]

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

Imagen: Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.

Más información:

Daniel Atala Midence, Responsable del Asesinato de Berta Cáceres, debe ser enjuiciado y castigado

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 11 de mayo de 2020

Hace una semana se hizo la solicitud formal al Ministerio Público de requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence por el delito de asesinato y asociación ilícita, como parte de la autoría intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General y miembra fundadora del COPINH.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras comunica lo siguiente:

  1. Existe prueba contundente acerca de la participación de Daniel Atala Midence, en la persecución, criminalización y vigilancia derivados en el asesinato de Berta Cáceres, por lo cual esta persona debe de ser procesada y enjuiciada.
  2. Desde hace más de 4 años el Ministerio Público, dirigido por Óscar Chinchilla, cuenta con prueba clara y suficiente que vincula a Daniel Atala Midence, miembro de la familia Atala Zablah, con la autorización de pagos para monitorear, perseguir, criminalizar y judicializar a Berta Cáceres, acciones que concluyeron con su asesinato.
  3. En octubre de 2018 el COPINH, junto a hijas, hijo y madre de Berta Cáceres presentaron ante la oficina del fiscal general, Óscar Chinchilla, documentación clara que sustenta la solicitud de procesamiento y enjuiciamiento contra esta persona y otros autores intelectuales del crimen.
  4. Daniel Atala Zablah, fungió como gerente financiero de la empresa DESA, y dirigió junto a David Castillo las acciones ilegales con el objetivo de construir la represa Agua Zarca, que resultaron en el asesinato de 6 personas incluyendo Berta Cáceres. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah, y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah miembros de la junta directiva de dicha empresa, máximos responsables de las decisiones tomadas.
  5. La sentencia del proceso EXP.388acu.414 contra los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, textualmente dice: “(…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.
  6. El Estado de Honduras ha tenido más de 4 años para deducir las responsabilidades e implementar las acciones legales para sancionar a esta estructura criminal, por lo cual se enfrenta a procesos de demandas internacionales al mantener la impunidad. 
  7. La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

¡La Justicia tardía no es justicia!

¡Justicia para Berta!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 11 días del mes de Mayo del año 2020.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

¿Quién es Daniel Atala Midence?

Gerente Financiero de Desarrollos Energéticos S. A (DESA), acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres.
Existe prueba clara que vincula a Daniel Atala en el asesinato de Berta Cáceres. Él debe de ser procesado y enjuiciado.

La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

La justicia para Berta está en riesgo

Compartimos esta boletín informativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de abril de 2020

El COVID-19 COMO EXCUSA PARA LIBERAR A ASESINOS

El pasado 7 de Abril COPINH denunció que trabajadores de la familia Atala Zablah, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, pudiesen ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el Covid-19. Así también la posible excarcelación para David Castillo, el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha.

La liberación selectiva de violadores de derechos humanos, es una muestra más de la corrupción e impunidad que promueve la dictadura de Juan Orlando Hernández. Mientras defensores y defensoras de los ríos, de la tierra, son criminalizados y judicializados, como es el caso de los compañeros de Guapinol y como lo hicieron con Berta Cáceres, el Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) demuestran claramente la injusticia en los privilegios y la protección de la que gozan -como es el caso de David Castillo- agresores, asesinos y responsables de crímenes como el de Berta Cáceres.

Hasta la fecha el INP no ha contestado las exigencias de información sobre la posible excarcelación y privilegios en que se mantienen los asesinos de Berta Cáceres.

Rep. Jim McGovern: “Honduras no debe usar el coronavirus como excusa para liberar a los hombres que asesinaron a Berta Cáceres” Congresista EE.UU

Erika Guevara Rosas: “El COPINH denuncia información sobre la posible liberación de dos de los condenados por el asesinato de la prominente defensora de los derechos humanos y lideresa Lenca #BertaCáceres” Directora para Las américas @AmnistiaOnline.

TeleSur: Alerta, dos asesinos de Berta Cáceres podrían ser liberados en Honduras

Criterio.hn: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh

¿Y EL JUICIO DE DAVID CASTILLO CUANDO?

A 4 meses del término de privilegiada prisión preventiva que cumple David Castillo por su responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, a su defensa no le ha quedado más que inventar otra campaña de difamación en contra del COPINH, ante la claridad de las pruebas que lo vinculan al crimen. El pasado 10 de Octubre se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar en contra de David Castillo por las acciones dilatorias de su defensa.

Actualmente, se está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso que fue  interpuesto de manera irregular por la defensa de David Castillo, hace más de 6 meses, con el que buscan anular prueba fundamental sobre la vinculación de los criminales.

Este juicio pondrá en evidencia pública la participación de David Castillo en la coordinación del asesinato junto a Douglas Bustillo, así como  su rol de enlace como eslabón clave hacia la familia Atala Zablah. Los medios de prueba son claros e involucran a sectores de poder económico, político y militar, que hoy mismo, en medio de esta crisis, representan la descomposición del estado hondureño.

BCIE vende su participación  para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.

El COPINH sobre desvinculación del BCIE al proyecto Agua Zarca

La desvinculación del BCIE de dicho proyecto de muerte, responde a la claridad que ya existe en la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atala Zablah, como responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, y por lo cual, sus empleados fueron ya condenados con una sentencia que ratificó el “consentimiento de la junta directiva de DESA” en los sistemáticos ataques, persecución, violencia y finalmente asesinato de Berta.

El BCIE no retiró su financiamiento consciente de su responsabilidad en la muerte de 6 compañeras y compañeros en Río Blanco y de Berta. La salida que escogió el BCIE es la de vender la deuda a un consorcio suizo, dando paso a que se pueda reactivar el proyecto hidroeléctrico.

Es decir, el Río Gualcarque, que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así también siguen amenazadas las comunidades del proyecto “Tren de carga para Honduras”, que invadiría a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur en la isla de Amapala, territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados, y detrás de esto el apoyo económico del BCIE..AQUI PUEDEN DESCARGAR NUESTRO BOLETIN La justicia para Berta está en riesgo.

Imágenes: Área de comunicación del COPINH

Más información:

¿Qué Gobiernos detendrá el saqueo de Carlos Slim?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de abril de 2020

ACCIÓN URGENTE

Hostigamiento Arbitrarioen contra de Roberto de la Rosa Dávila,Defensor del Territorio en Salaverna, Mpio. Mazapil Zacatecas

>>Firma la petición en línea aquí<<

  • Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
  • Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
  • Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
  • Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
  • Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
  • Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
  • Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:

Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.

El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)

Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.

No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).

No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.

Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.

Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:

  1. Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
  2. Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
  3. Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
  4. Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Entrañable Bety Cariño a 10 años de tu partida

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril de 2020

Mujer fuerte, mujer de mil batallas que llevaste a través de la educación para la autonomía junto a tus hermanas indígenas de Oaxaca, la esperanza de libertad, que peleaste con rabia por los derechos humanos para la justicia y la dignidad de los pueblos, sobretodo los derechos de las mujeres; que peleaste buscando un sistema que protegiera la soberanía alimentaria y defendiste con coraje a la madre tierra del extractivismo.

Han pasado ya 10 años desde aquel 27 de abril de 2010 en que la noticia de tu asesinato nos dejó sin aliento, en el que nuestros corazones se detuvieron por un instante y se llenaron de tristeza. El día en el que tus cobardes asesinos (materiales e intelectuales) te castigaron porque con gran determinación decidiste tender la mano a tus hermanas y hermanos triquis que estaban sufriendo de acoso y hostigamiento por fuerzas paramilitares. En esa caravana en la que llevaban medicinas y alimento, se encontraba el compañero Jiry Jaakkola a quien también como a ti le fue arrebatada la vida. 

Años antes, en 2008 habías alzado la voz con rabia para exigir justicia por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínes. Tere y Feli como tú las llamabas, eran locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, que tú ayudaste a conformar. Las compañeras eran parte esencial del proceso de autonomía en la región. En ese mismo año fuiste pilar para la conformación de nuestra Red, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) que hasta la fecha sigue caminando con tu ejemplo; seguimos apostando por la vida. 

Esos cobardes asesinos pensaron que pronto serías olvidada, que en unos meses nadie se acordaría de ti, pero se equivocaron, pues tus hermanas y hermanos con el mismo anhelo de justicia que tú abanderabas, seguimos aquí caminando contigo, honrando esa fuerza, ese encono, ese espíritu de cambio:  Seguimos “sembrando sueños para cosechar esperanzas”.

¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JIRY JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Lesli Aguilar, Quadratin Oaxaca

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