Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020
Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.
Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.
Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.
Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).
Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?
El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.
*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la extración minera – A 30 de marzo de 2020
Por Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA
Mazapil, Zac., 30 de Marzo del 2020.- Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, propiedad de la estadounidense Newmont, anunció la implementación de medidas “cautelares”, para reducir el riesgo de la exposición y propagación del Covid-19, entre los 6 mil 500 trabajadores y contratistas que emplea.
El propósito es que la mina ubicada en el semidesierto norte de Zacatecas, no pare sus operaciones. Newmont pretende producir este año 2020 en Peñasquito, 575 mil onzas de oro (Minería en Línea y Banaméricas).
La cotización del metal dorado este lunes 30 de marzo, por cada onza (30 gramos), es de 1 mil 623 dólares, con una tendencia alcista del metal dorando, en el presente año, del 25 por ciento.
Eso significa que la minera estadounidense con sede en Denver, Colorado, ganará (a precios de hoy), este año más de 933 millones de dólares, por el oro que produzca en Mazapil.
Traducido a pesos mexicanos, de acuerdo con la cotización del dólar estadounidense en México para el mismo lunes, de 23.7 pesos por dólar, esa riqueza equivale a más de 22 mil millones de pesos, sólo de oro.
Sin contar los valores de la plata (Peñasquito es el primer productor de plata del país), plomo y zinc, que también extraerá Newmont este año en Zacatecas.
Y aún con esos gigantescos rendimientos, Newmont se niega a pagar el Impuesto Ecológico estatal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó cubrir, pagadero retroactivamente de 2017 a la fecha.
Imagen: En laimagen, tres camiones “yucles” –un Caterpillar y dos Komatsu-, con una capacidad de carga superior a las 300 toneladas por viaje, acarrean material rocoso dentro de las instalaciones de Peñasquito, el pasado 20 de marzo. Foto Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:
Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.
El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)
Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.
No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).
No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.
Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.
Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.
Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:
Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta análisis publicado por GeoComunes sobre el Corredor Transístmico – Abril 2020>>Descargar aquí<<
Este texto es la síntesis de la investigación que hemos realizado en los últimos meses alrededor del proyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este trabajo, como todos los que hacemos desde el colectivo, se ha enriquecido con el diálogo y el trabajo colaborativo con muchas organizaciones hermanas, y busca ser un material de apoyo para la información y discusión entre las comunidades directamente afectadas, así como también entre el resto de la sociedad.
ÍNDICE
Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios
Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico: es un proyecto de producción y transporte de mercancías.
Mapa 3. Los primeros contratos han sido para la modernización de las vías,
Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía.
Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el istmo de Tehuantepec
Mapa 6. Coatzacoalcos: la concentración de la cadena de extracción, transformación y transporte de hidrocarburos
Mapa 7. La cadena de explotación de hidrocarburos en la zona norte del istmo
Mapa 8. El Corredor Interoceánico detonaría más megaproyectos en la zona sur del istmo de Tehuantepec
Mapa 9. Concesiones mineras vigentes y en trámite en el istmo de Tehuantepec
Mapa 10. Ampliación del puerto de Salina Cruz
Mapa 11. Las comunidades agrarias bajo amenaza por el proyecto transístmico
Mapa 12. Las piezas del proyecto de reconfiguración del Sureste
Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios
Desde años muy tempranos de la época colonial se han realizado proyectos y exploraciones para identificar pasos interoceánicos en el continente americano y, particularmente, en su región ístmica central, donde se identificaban muy tempranamente tres posibles pasos: en la zona del Darién, en Nicaragua y Tehuantepec.
Hernán Cortés fue el primer encomendado para explorar la existencia de ríos navegables en el Istmo de Tehuantepec por donde pudieran cruzar navíos y, ante la ausencia de éstos, se presentaron proyectos para la construcción de un canal que posibilitara este tránsito1. Los proyectos que imaginaban la construcción de un canal siguieron surgiendo a lo largo de los siglos XVI I y XVI I I , pero fue hasta el siglo XI X, con el surgimiento del ferrocarril, que los proyectos de comunicación transístmica para esta zona se han elaborado con base en una idea de paso interoceánico seco.
La historia de la proyección de este tránsito interoceánico es, como vemos, larga y compleja. Aquí, actores extranjeros y estatales se han disputado un tramo de 200 km de largo que, en realidad, es una región mucho más amplia habitada, compartida y disputada a otra escala por comunidades, pueblos urbanos, rurales, indígenas y élites locales.
Este documento busca describir y analizar el Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, para contextualizarlo, recordamos brevemente los proyectos de aprovechamiento del carácter interoceánico del Istmo que el capital ha diseñado recientemente,2 y que tienen como marco histórico la disputa por el paso ya consolidado por Canal de Panamá, a través de promover no sólo un paso interoceánico, sino uno que, al mismo tiempo, sea de explotación y transformación de mercancías, y uso de fuerza de trabajo.
En 1980 se anunció formalmente la implementación del Plan Alfa-Omega, cuyo objetivo era desarrollar transporte de carga intermodal asociado a la expansión de un polo industrial de procesamiento de hidrocarburos (producción de fertilizantes y refinadoras) que, si bien no se concluyó totalmente, sí logró la penetración y concentración la infraestructura de producción y transformación de hidrocarburos en la región. Varios años después, surgió el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, promovido en la administración de Zedillo en 1996, y que contemplaba 64 proyectos distribuidos en once paquetes que agrupaban al sector de la petroquímica y química, de la comercialización de petrolíferos, plantaciones forestales, agroindustria, pesca, industria maquiladora, desarrollo de explotación de minerales, desarrollo de infraestructura urbana, turística, y de transporte.
Pocos años más tarde, ya en el siglo XXI , este proyecto fue retomado y ampliado en el Plan Puebla Panamá (PPP), que señalaba a este Corredor I nteroceánico como uno de los proyectos prioritarios del mismo3, y que siguió siendo central en los subsecuentes proyectos regionales con los que se retomó y avanzó en lo que contenía el mencionado Plan Puebla Panamá. Nos referimos en específico a dos proyectos regionales. En primer lugar, al que en 2008 se dio a conocer como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y que explicita, en su acta constitucional, el buscar ser un proyecto amplio que continúe y avance lo que dejó pendiente el PPP [ver documentos oficiales del PM en 3 ProyectoMesoamérica]. Conocido como Plan o Proyecto Mesoamérica, esta iniciativa abarca diez países (los siete países de América Central, República Dominicana, Colombia y México) y sigue promoviendo proyectos regionales de “integración comercial” a través de agendas sectorizadas.
El segundo proyecto regional es el de las Zonas Económicas Especiales. Promovido por el peñismo desde 2016, este proyecto que se promocionaba como la “solución a los problemas de la pobreza” de los estados de sur-sureste de México, impulsaba la creación de enclaves altamente especializados, con una estructura legal que atrajera la inversión extranjera y la llegada de eslabones de cadenas productivas que vienen y van hac ia mercados ajenos al país.
Este modelo de maquilización, promovido por el Banco Mundial desde la década de los ochenta en países con fuerza de trabajo pauperizada, no logró concretarse en prácticamente ninguno de los estados en donde se promovió4 y formalmente fueron canceladas en noviembre del 2019 con un la publicación de decreto para abrogar las Declaratorias de ZEE que habían sido emitidas para siete de ellas (Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzcoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Campeche y Tabasco [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. La ley federal de ZEE sigue vigente, pero sin ningún decreto de declaración de ZEE al cual aplicarse. Posteriormente el 30 de diciembre de 2019 se emitió otro decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la secretaría de hacienda y crédito público [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. Este decreto precisa que “Los recursos humanos, materiales y financieros de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, serán reasignados o, en su caso, donados, al organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de conformidad con lo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Es lo que ocurre con los terrenos de las secciones federales de las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz que ahora pretenden ser usados para un parque industrial en el caso de Coatzacoalcos y la construcción de un nuevo puerto en el caso de Salina Cruz como lo veremos más adelante.
Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico, es un proyecto de producción y transporte de mercancías
El proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunciado durante la campaña presidencial de López Obrador, decretado en Junio de 2019 y del que se han presentado retazos de información a cuentagotas, ha sido promocionado básicamente como un corredor de transporte carretero y ferroviario que, además de unir el G olfo de México con el Océano Pacífico, pretende ser un medio para extender las zonas industriales del sur de Veracruz y Tabasco hacia el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, promoviendo la instalación de nuevos parques industriales a lo largo de este eje interportuario. De acuerdo con los documentos de la Cámara de Diputados [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la pieza central del “Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”. Este corredor, que abarcará 79 municipios (33 en Veracruz y 46 en Oaxaca), está compuesto por los siguientes elementos:
I. Proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y carretero.Se trata principalmente de la ampliación y “modernización” de infraestructura ya existente pero que, sin embargo, implica grandes cambios e impactos socio ambientales al intensificar el volumen y la velocidad del tránsito mercantil en la región (algunos de estos cambios son presentados en el texto del mapa 3). En este rubro, la rectificación y restauración de varios tramos de la vía ferroviaria que comunica los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca., constituye el elemento más conocido. Sin embargo, también se contempla la ampliación de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos y, de acuerdo con algunos documentos, también del puerto Salinas del Marqués (también en Oaxaca); así como la de los aeropuertos de Minatitlán y de Ixtepec [ver: Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio].
II. Proyectos industriales. La modernización y ampliación de toda esta infraestructura de transporte constituye una pieza clave para la operación del segundo elemento de este proyecto: el desarrollo de corredores industriales donde el sector manufacturero pueda aprovechar la mano de obra de la región. Este elemento es una constante en los principales corredores interoceánicos secos de América, que promueven como una ventaja comparativa de los mismos, la abundancia de fuerza de trabajo pauperizada, con la particularidad de que en el istmo de Tehuantepec también se realiza la extracción/producción de materias primas para la industria existente y la que pretende instalarse. Aunque los pocos documentos oficiales no mencionan con claridad en qué consistirá lo que ya se nombra como la Zona Libre del Istmo de Tehuantepec, lo que hasta ahora sabemos es que es un área constituida por una franja de 20 kilómetros a cada lado de los 300 kilómetros de largo del ferrocarril, área que involucra 48 municipios de los 79 que contempla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, configurándose así la zona libre con mayor cantidad de municipios involucrados (la también recientemente decretada Zona Libre de la Frontera Norte, incluye 43 municipios).5 En un documento muy sintético, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que se trata de una zona con exenciones de impuestos (I SR e I VA) entre otros atractivos fiscales para las empresas que ahí se instalen [ver: Programa para el Desarrollo del I stmo de Tehuantepec]. Sin embargo, la población no cuenta con información más precisa, ya que si bien se había dicho que esta zona se iba a decretar en agosto del 2019, al día de hoy no hemos encontrado documento que detalle sus características [Ver: Se creará «zona libre» a lo largo del Transístmico]. Además de esta Zona Libre, el eje manufacturero de este megaproyecto considera el desarrollo de otros eslabones como es el caso de seis “Polígonos de Desarrollo e Innovación (PDI)” [ver aquí los municipios donde se instalarían Programa para el Desarrollo para el I stmo de Tehuantepec (SHCP)], así como un número incierto de parques industriales (en algunos documentos se mencionan 5, 9 o hasta 10 de ellos), de los cuales no existen más detalles públicos [ver, por ejemplo: AMLO ofrece zona libre en Corredor Interoceánico; immex analiza llegada; Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio; y Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec ]
III. Proyectos energéticos. El proyecto pretende intensificar las redes de transporte y consumo de energía en la región, así como una mayor articulación de la zona de mayor producción de energía del país (el Sur del Golfo de México) con diferentes mercados a escala regional e internacional. El proyecto contempla la “creación de un enclave energético-industrial que mejore la integración manufacturera y el potencial exportador” [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], para lo cual se requerirían de diversas obras de transporte y transformación de energía, que si bien aún no han sido detalladas en los documentos públicos conocidos hasta el momento, seguramente re-impulsarán diversos proyectos que algunos años atrás habían sido planteados en la región, como los son: gasoductos, poliductos, terminales de gas natural licuado, y nuevas redes de trasmisión eléctrica. En esta región ampliada del Istmo de Tehuantepec, ya se encuentran en construcción algunos proyectos como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que si bien no aparece como parte del proyecto Corredor Interoceánico, claramente está relacionada directamente con la dinámica que se pretende intensificar en la región en relación a la producción, circulación y consumo de la energía fósil al servicio de la industria o para su exportación mediante las redes de transporte que pretenden atravesar el istmo.
Mapa 3. Los primeros contratos a empresas privadas fueron para la modernización de las vías
Si bien el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto compuesto por distintas piezas, la promoción oficial del mismo se ha centrado en la infraestructura ferroviaria. En este ámbito, lo que se menciona como modernización del ferrocarril es, en realidad, la rectificación de sus principales curvas, con lo cual éste podría convertirse en un tren de gran velocidad, trastocando con ello la dinámica local y regional del istmo.
La inversión pública que esto representa se ha publicitado como un acto de utilidad públicaque, supuestamente, reafirma la soberanía nacional. Y es que, recordemos, hasta hace unos meses, el Ferrocarril I stmo de Tehuantepec (FI T) era, ni más ni menos, una de las dos únicas líneas ferroviarias que quedaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (el otro es el Ferrocarril que corre en la península de Y ucatán y que forma parte del también muy promocionado Tren Maya). Y decimos era, porque el primer paso para la realización del megaproyecto del Corredor I nteroceánico fue el decreto de desincorporación de los 300 km que constituían el FI T para, en su lugar, dárselo al recién creado Corredor I nteroceánico del I stmo de Tehuantepec, un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, que será el encargado de promover, lic itar y, en su momento, operar, cada una de las piezas que conforman este megaproyecto [ver: Diario Oficial de la Federación]. Además del FI T, al nuevo Organismo Público Descentralizado le fueron otorgados la Administración Portuaria I ntegral (API ) de Coatzacoalcos y la API de Salina Cruz [ver también: Desincorpora SCT dos puertos y el tren del I stmo].7 En este sentido, y reconociendo la dimensión estratégica de esta infraestructura, consideramos fundamental que como pueblo le demos seguimiento puntual a las figuras de asociación público privada que emerjan de esta reconfiguración y a los capitales privados que vayan interviniendo en este proyecto.
En este sentido, es importante señalar que el pasado 5 de febrero el mencionado nuevo Organismo Público anunció el resultado de las primeras cinco licitaciones que se abrían para la rehabilitación y modernización del tren, sobre alrededor de 200 kilómetros de su Línea Z, por un monto total de 2.6 mil millones de pesos. Las ganadoras de estos cinco contratos fueron, en total, 13 empresas privadas: 10 de capital mexicano y 3 de capital español (ver mapa 2).
Con ello se otorgan los primeros contratos a empresas de capital extranjero, a pesar de que el actual presidente había declarado que la inversión privada sólo sería de origen nacional. [ver declaración de López Obrador en abril del 2019: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/161800].
“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del istmo . Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro.»
Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía
Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías.
Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…].
Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico].
11Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías. Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…]. Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico]. Los pueblos tienen razón: analizando con detalle esta MI A, es notorio que en ellas existe una importante ausencia de información. En este documento, si bien se indica la ubicación del inicio y fin de los tramos de curvas a rectificar, omiten totalmente precisar por dónde pasará el nuevo trazo (ver sobre esto Mapa 3). Así, si bien la MI A estipula que las obras se realizarán dentro del derecho de vía de 35 m de cada lado del ferrocarril, no precisa las coordenadas completas de los trazos a rectificar, poniendo para cada curva solo el punto inicial y final, lo que no permite determinar si realmente dichas obras se realizarán dentro del derecho de vía. En el mapa siguiente se ve claramente que, para la rectificación de algunas curvas, pareciera casi inevitable exceder el tan mencionado Derecho de Vía. En efecto, el derecho de vía existente les da muy poco margen para disminuir el ángulo de algunas curvas muy pronunciadas (pusimos los ejemplos de las curvas 6 y 19 pero se identificó un riesgo de salirse del derecho de vía para 20 de las 32 rectificaciones de curvas previstas.
Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el Istmo de Tehuantepec
Sumado a todo esto que hace del Corredor I nteroceánico un proyecto de reconfiguración territorial de amplia escala y efectos, encontramos un eslabón energético. Pocas veces mencionado en la publicitación del proyecto, y contradictoriamente señalado en los documentos oficiales, el eslabón energético nos parece uno de los elem entos más estratégicos del mismo y, posiblemente, sobre el que mayor discusión social se requiere.
El I stmo de Tehuantepec, contrario a lo que han decidido dignamente sus pueblos [ver G eocomunes: Megaproyectos en el I stmo de Tehuantepec], es hoy la región con mayor generación de energía eólica de México: concentra la mitad de todos los parques operando a nivel nacional y el 46% de la capacidad instalada.8 A esto hay que sumar que la región colinda al noreste con la zona de mayor extracción y reservas probadas de hidrocarburos en el país, sin dejar de lado que también [ver: G eocomunes: Análisis I stmo ] es el paso terrestre obligado de cualquier conexión para el transporte de energía entre el centro y norte del territorio nacional con la península de Y ucatán y el istmo centroamericano. Por todas estas características, el I stmo de Tehuantepec es para el capital un espacio de articulación entre diversas redes de producción, transporte y consumo de energía, y no solamente un potencial corredor interoceánico.
Desde la perspectiva del complejo industrial de energía fósil resulta claro el carácter estratégico de la región, ya que el conjunto de mercancías de este tipo que ahí se producen o que por ahí transitan, podrían ampliar sus redes terrestres y marítimas de mediano y largo alcance, intensificando la articulación de la región con los mercados de energía subcontinentales y mundiales. Con la realización del corredor transístmico se intensificaría el flujo de energía fósil que es transportada desde la costa del G olfo de México hacia la cuenca del pacífico.
A partir de esto es que debemos analizar lo que implicaría la construcción de este proyecto, considerando también que es la zona aledaña al istmo donde se encuentran las mayores reservas de hidrocarburos y la que es, actualmente, la zona de mayor producción (extracción) de los mismos(para ilustrar cuán importante es la región, sirve mencionar que la Secretaría de Energía (SENER) señaló que en 2017 el 81.2% de la extracción de petróleo en el país y el 56.9 % de la extracción de gas natural, tuvo lugar en pozos ubicados en esta área, y es también ahí mismo donde se localiza el 75.6 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificados). Así, sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2017, el 30% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, concentración que aumentaría en los próximos años en caso de que iniciarse operaciones la séptima refinería del país, en Dos Bocas, Tabasco (proyecto que se comenzó a construir en 2019). Así mismo, también en el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2017 llegó a representar el 92 % del total de los petroquímicos básicos producidos en el país [Estadísticas de hidrocarburos].
Para lograr esta articulación e intensificación del transporte de energía, uno de los elementos que están en el horizonte del Corredor I nteroceánico es la ampliación de la red de ductos de transporte de hidrocarburos en la región que actualmente está compu esta por ductos para transportar gas natural, gas LP, petróleo, petrolíferos [ver tabla 1].
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el proyecto del Tren Maya en el sureste del país – A 14 de abril de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quince consorcios, prácticamente idénticos a los compiten por el contrato multimillonario del primer tramo del Tren Maya, enviaron hoy sus propuestas para construir el segundo tramo del megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador; para esta ruta, que unirá Escárcega y Calkiní, en Campeche, las cotizaciones oscilan entre 16 mil millones de pesos y 21 mil 800 millones de pesos.
En esta segunda ronda, empresas paraestatales de China participan en cinco propuestas, entre ellas una con GIA+A, una empresa dirigida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Carlos Slim Helú –a través de su constructora Cicsa– mantuvo su alianza con la española FCC, con una propuesta de 18 mil 553 millones de pesos; Carlos Hank Rhon –y La Peninsular– siguió en consorcio con Carmargo y Cydssa con una oferta de 20 mil 403 millones de pesos; mientras que ICA guardó su alianza con Grupo Indisa.
Esta vez, en lugar de irse sola, la española Sacyr formó una alianza con la empresa Impulsora de Soluciones en Infraestructura, una empresa de Invecture Group, vinculada con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y dirigida por Julio Belmont Garibay, uno de los principales operadores del dueño de Grupo Salinas; su propuesta se elevó a 21 mil 22 millones de pesos.
A pesar de que el gobierno federal decretó el congelamiento de la mayor parte de las actividades económicas del país en respuesta a la pandemia de covid-19, exentó la aplicación del decreto a las obras relacionadas con los megaproyectos que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas.
Si bien el modelo de financiamiento del Tren Maya cambió en varias ocasiones desde la elección de 2018, hasta la fecha la información oficial plantea que el gobierno federal aportará el 100% de los cerca de 150 mil millones de pesos que costaría el proyecto.
Al igual que en las propuestas del primer tramo, la más económica –por 16 mil 49 millones de pesos– fue presentada por el consorcio encabezado por la empresa tabasqueña Grupo Vázquez del Sur y la española Rubau, mientras que la más onerosa fue entregada por Caabsa, de los hermanos Amodio, empresarios vinculados con el Grupo Villar Mir, dueño de la polémica empresa OHL.
En lugar de aliarse con Pinfra –de David Peñaloza Alanís–, como lo hicieron en el primer tramo, las españolas Caltia y Copasa formaron un consorcio con Prodemex, del magnate Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Empresarial Ángeles; juntos presentaron una propuesta por 18 mil 157 millones de pesos; mientras que la constructora ibérica Azvi pactó con la empresa Gami Ingeniería.
A diferencia del tramo uno, Omega, de Jorge Miguel Melgarejo Haddad, no envió propuesta; por lo contrario, Grupo Constructor ZEA –de los hermanos Zecua Muñoz, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron contratos multimillonarios– mandó una propuesta con una paraestatal china.
Para este tramo, la portuguesa Mota-Engil envió una nueva propuesta en consorcio con la China Communications Construction Company –por 19 mil 425 millones de pesos–; Nexumrail y Emartrons enviaron una cotización por 19 mil 575 millones de pesos–, mientras que Grupo Cemza, de la familia Zavala Solis, envió una propuesta por un costo de 16 mil 382 millones de pesos.
Imagen:La consulta sobre el Tren Maya. Foto: Alejandro Saldívar
Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de abril de 2020
El COPINH sobre la desvinculación del BCIE al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, comunica lo siguiente:
La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.
El BCIE, sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento sino que vendió el mismo a un consorcio suizo. Lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres.
El COPINH rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la Consulta Previa cuando su “desvinculación” viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco, la muerte de por lo menos 6 compañeros y compañeras de esa comunidad y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional.
El COPINH exige que el BCIE realmente respete el derecho de consulta y no continúe financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, que afecta a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios
El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto, sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.
A más de 4 años de su muerte,Berta Cáceres sigue obteniendo victorias.
¡BertaVive y vive!
Dado en La Esperanza a los 20 días del mes de abril del 2020
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
El pasado 14 de marzo conmemoramos el Día Mundial en Defensa de los Ríos y en contra de las represas en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”. Elaboramos el siguiente video que compartimos con ustedes:
El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte
Les compartimos un poema dedicado a este hermoso río, símbolo de fuerza, dador de vida, albergue de rica fauna acuática. Muchas personas sobreviven con el producto de la pesca, además sus frescas aguas es deleite de bañistas y sobre todo es agua que pobladores de la cabecera municipal y muchas comunicades se abastecen de este vital líquido para cubrir sus necesidades en el hogar.
Desafortunadamente está destinado a que sis aguas se contamiene con la actividad minera, e ahí la lucha para que esta mortal actividad no se active nuevamente.
Cacaluta
Autor: Prof. Luis Rojas Nomura, Acacoyagua Chiapas, Febrero 2017
Tu origen en las refulgentes e intrépidas montañas, Que vierten día y noche el fluido milagroso, Alentando vidas de los mundos que recorres, Preservando el hoy y la dicha del mañana.
En las profundas cañadas que es tu suelo, Mismo que acaricias con tu húmedo andar, Que a tu paso cantas y llevas esperanzas, Hasta llegar feliz al alejado mar.
“Cacaluta” es tu nombre de singular cariño: Eres río, eres agua, eres lágrima del gran creador, Eres fuerte, eres vida, eres ángel de bondad, Eres mago, eres lluvia y nube de amoroso llanto.
Serpenteando corres entre llanos y cascadas, Frondosas sombras que árboles prodigan, Hacen que tus corrientes bullangueras, Den el toque gentil de mis recuerdos.
Desde lo lejos vienes acariciando tu inerte lecho, Que sienten tu frescura y tenues mimos, Quiénes como aves o pasajero viento, Arrullan el suave adiós que nunca vuelve.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 11 de abril de 2020
El martes 7 del presente mes, Víctor Manuel Toledo, funcionario federal responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) escribe un artículo de opinión en el diario La Jornada nombrado “El último llamado de la naturaleza” en el cual, dentro del marco de la crisis del Covid-19, hace un atinado llamado para llevar a cabo “una profunda transformación civilizatoria”, compartiendo varias recomendaciones de las cuales sin duda algunas son totalmente obligadas, por ejemplo; el fin de los monopolios, economías solidarias, energías renovables, sistemas agroecológicos, democracia participativa… entre otras. Evidentemente todas ellas -necesarias y urgentes-, incluso podrían ser aún mucho más eficientes si también, al mismo tiempo, iniciáramos el desmantelamiento de la matriz energética, la recuperación de la soberanía alimentaria y dejar de una vez por todas de mirar a la biodiversidad y los bienes naturales como mercancía.
No obstante, no es la primera vez que el Sr. Toledo pareciera no acabar de asentarse en la nueva silla que ocupa, en donde los hechos y posturas científicas, antropológicas y sociales que recurrentemente plantea en los medios, no encuentran ni espacio, ni eco, ni fuerza dentro del aparato político, menos aun se acercan a las decisiones totalmente contradictorias impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en la silla que hoy ocupa, es evidente no tiene espacio para hacer realidad sus declaraciones científicas, menos las filosóficas de construcción con escenarios deseables entre otras cosas porque su alrededor está lleno de personajes y personeros de una añeja tradición política que tampoco están dispuestos a dejar las “costumbres” de los rumbos económicos actuales y principales causales de los daños hoy explícitos en un pequeño pero devastador virus, ese mismo microorganismo que sólo sobrevive y se reproducen cuando se alimentan de un ser vivo, capas de poner contra la pared la forma en la que el modelo del progreso y desarrollo impuesto a toda la humanidad ahora presenta una de sus grietas más contundentes.
En ese contexto, nos gustaría ver a un Secretario de Medio Ambiente con planteamientos de tipo político -no mediáticos, ni científicos-, con posiciones y posturas fuertes, claras y sin ambigüedades, que provoquen, reten y desafíen el pensamiento y la acción del Ejecutivo Federal, simplemente porque se encuentra en crisis y en consecuencia, no sabe para dónde caminar construyendo un nuevo sendero. Hoy al mundo entero se nos presenta una gran oportunidad para empezar a cambiar el modelo político mundial –o por lo menos el mexicano-, en el cual por supuesto, está inmerso el proyecto denominado 4T, y para quien no lo cree, basta ver al presidente cómo es que enaltece a sus piezas financieras consentidas; Slim, Larrea y Bailléres, tres poderosos empresarios que han hecho su riqueza gracias al saqueo inmisericorde en nuestro país.
Por ello vemos que el Sr. Toledo pareciera que aun no sabe que hacer desde la silla que ocupa, ni tampoco se ha dado cuenta que desde ahí ya no puede hacer ciencia, ni tampoco le funciona que, bajo la retórica del uso del conocimiento científico, tenga en sus manos la forma adecuada para calificar la viabilidad de megaproyectos neoliberales como el Tren Maya y el Corredor Transístmico asegurando no habrá impactos ambientales ni sociales. Hoy el Covid-19 nos desnuda totalmente, porque si al pasar la pandemia regresamos a la misma forma de actuar antes de entrar en refugio, esa que se acompaña de; la velocidad cibernética que no necesariamente se traduce en buena información, el uso de petróleo como la principal fuente energética, el modelo de producción y de consumo con transgénicos acompañado del uso indiscriminado de agrotóxicos, el despojo simulado con procesos de participación instrumental, pero no efectiva, menos aun representativa, entre las otras barbaridades del modelo económico que todas y todos conocemos, entonces vayámonos acostumbrando a trabajar desde casa, porque parece que, ante este presente hoy obligado, parece puede transformase en un futuro económicamente muy eficiente. ¿Será que estamos en la antesala de ser los próximos insumos de confinamiento controlado por los servicios y la economía, tal cual sucede en una granja de cerdos o de pollos, en donde tendremos al alcance de la mano agua, alimento y un cuidador desde fuera…..todo resuelto con un dedo al hacer clic?
Medir los impactos o peor aún, paliar los impactos después de ser ocasionados tanto a la naturaleza como a la sociedad, no puede seguir siendo una ruta “avalada científicamente” para que tengamos un mundo culturalmente más biodiverso o más armónico, o ponerle la etiqueta de sustentable cuando el mundo en tiempo real se nos cae a pedazos. Tampoco le podemos apostar al progreso y desarrollo a partir de preguntarle a la gente, cuando ya sabemos que los megaproyectos tienen una serie de efectos adversos, irreversibles y con daños acumulativos inimaginables, porque no se trata de darle viabilidad al establecimiento de procesos participativos, sino de detener condiciones antiéticas que atentan contra la vida, en donde la permisibilidad de la destrucción a través de, por ejemplo, una consulta, rompen de facto con la construcción de un mundo diferente, menos aun si los “procesos, las consultas o la democracia participativa” se realizan en condiciones de una gigantesca asimetría, porque claramente son un engranaje que permiten la continuidad de la economía de mercado y del sistema capitalista y patriarcal que, como mencionamos, el Sr. Toledo cuestiona en su artículo, pero en su praxis como político es totalmente antípoda.
Igual de contradictorio sucedió cuando el Sr Toledo, anunció muy emocionado la nueva era de la energía renovable con el “nuevo petróleo de México: el litio”. Un insumo capital de gran relevancia y central para la mal llamada transición hacia la energía renovable. Es por ello que no entendemos su discurso de preocupación por “la madre tierra”; cuando un sólo insumo, como el litio, adscrito a una gran cadena de valor de otros componentes derivados de la minería a cielo abierto o de tumbe y relleno, es justo darle continuidad a la barbarie, esa que en la comunidad de Bacadéhuachi, Sonora, en donde opera la empresa canadiense Bacanora Minerals y la china Gangfeng Lithium, está gobernada por los carteles de Juárez, de Sinaloa y del Pacífico, en franca guerra abierta por la disputa el territorio a costa de asesinar a opositores o a quienes se atreven a realizar denuncias. Al igual como sucede en el emblemático “cinturón del oro” en el estado de Guerrero, donde los daños a la salud y al ambiente son descomunales ocasionados también por megaproyectos extractivos. ¿Será que al Sr. Toledo no tiene claro que cada proyecto mega-extractivo que se valide desde Semarnat, es potencialmente la repetición del infierno que ya viven muchos pueblos?, ¿conocerá alguno de esos infiernos de forma directa?, porque entonces no sabemos a qué se refiere cuando habla de “Proteger a la Madre Tierra”.
Ejemplos sobran en los que el responsable de la SEMARNAT ha mostrado sus incongruencias como sucede por ejemplo con las presas de el Zapotillo en Jalisco o Paso de la Reina en Oaxaca. Igual sucede cuando menciona que el Río Coatzacoalcos, el Río Atoyac y El Salto son verdaderos infiernos (que lo son), al mismo tiempo sale en defensa del proyecto más neoliberal de este sexenio El Corredor Transístmico, ese mismo que integra parques industriales, entre muchos otros componentes que verterán sus desechos tal cual sucede en los ríos de Coatzacoalcos, de Atoyac o El Salto. Parece que según sople el viento el Sr. Toledo un día está del lado de la ciencia, otro de la madre naturaleza y otro de crecimiento industrial.
Sr. Toledo, hoy más que nunca está a tiempo de clarificar su verdadero valor y peso especifico en la silla que ocupa. Lo invitamos a plantear la construcción de una postura política fuerte a favor de la madre tierra porque es urgente y necesaria, pero no en la prensa, sino en los actos que desde su envergadura le competen. No deje su prestigio en manos de un ejecutivo que va en sentido contrario.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020
Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades. Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:
Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.
Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020
Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.
Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo TiyacTlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.
Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín”,
que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y
que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica
que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.
Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.
Licencias irregulares
Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.
Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia deconstrucción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.
No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.
Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.
“Ha variado la disposición de las distintas autoridades,
esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los
gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.
Posponen asamblea por Covid-19
En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.
Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.
Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.
Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán,
indico que la única información es que hay un recurso jurídico al
respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las
asambleas no saben mayores datos.
“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.
Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades
municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y
ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma
wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha
colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció
el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de
estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias
contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González
Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.
«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los
responsables y justicia para las víctimas.
A continuación el comunicado completo:
Al pueblo de México A los medios de comunicación
Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y
comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo
de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la
lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.
Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al
servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de
Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo
Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco,
en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban
Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo
Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la
casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad,
apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el
comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que
salga nos lo vamos a chingar”.
Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González
Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon
su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su
puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.
A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo.
Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto
objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha
estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.
Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio
comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos
hechos.
Atentamente
Marzo de 2020
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
