[Reportaje] Los dueños del agua: trasnacionales acaparan reservas, mientras México avanza al temido “Día Cero”

Compartimos este reportaje especial sobre el acceso y la explotación del agua en México publicado en Contralínea a través de EducaOaxaca – A 6 de enero 2020

Autor: Lauren Franco

Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas

Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil millones de litros).

A éstas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.

Las embotelladoras de agua figuran entre las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola, por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.

En el caso de Coca Cola, ésta posee títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100 concesiones en el país.

Las transnacionales del ramo no sólo se benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de 21 millones de envases PET.

En esa lista también figuran las nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo Modelo, con 11.

Las cerveceras son también grandes privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.

Al revisar la base de datos del Repda –de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos” –título “08MEX100666/12IMDL12”.

Oficialmente la empresa reporta un volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin embargo este título no aparece en el registro de permisos para explotación de agua para “diferentes usos”.

Como el de esta cervecera, los casos de multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan inspecciones y cobro de derechos”, asegura.

Además del caso de las embotelladoras y cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.

Otras industrias con un consumo indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;

El riesgo de llegar al Día Cero

Aguas superficiales, subterráneas e incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a ello, el Instituto de Recursos Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen 87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.

A pesar de tan inminente riesgo, las autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados. Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso equitativo al agua.

Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.

“Esta ley nos impone un sistema único de concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le impuso a México”, asegura la activista ambiental.

Aunando en lo anterior, Burns detalla cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la privatización del agua es en serio”, asegura.

Los datos de la Conagua revelan que el sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126; seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como “diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1 mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.

En su mayoría, se trata de concesiones por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés de privados, observan defensores de los derechos humanos.

Más aún, en el sector agrícola existen permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales

Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24 establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.

“La Ley de Aguas Nacionales se  constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.

Por la flexibilidad de esta legislación, empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la autoridades federales.

Al uso agrícola le corresponde el 76 por ciento del volumen concesionado del país, según el informe de Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141 millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual, se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.

Por ello, Elena Burns asegura que la Ley de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos, comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del riego”.

Para Miguel Montoya, “el actual régimen de concesiones, bajo la Ley de Aguas  Nacionales, es muy permisivo y permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la propia legislación implica una privatización”.

Asimismo, el investigador asegura que la ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso, observa.

Montoya explica que de acuerdo con el artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión, pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a los grupos privados para permitir adueñarse del agua.

Aunado a lo anterior, la ruta de acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones, principalmente para uso agrícola.

Y aunque ahora se vive supuestamente una “cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy, la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–, las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a los privados por encima de las comunidades.

Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado –durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas para las concesiones.

“Conagua Digital”, el peligro

En agosto de 2019, la Comisión Nacional del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual  busca agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos, comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones  en los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.

No obstante, el consultor legislativo Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.

Tanto para Miguel Montoya como para Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.

Los entrevistados coinciden en que la reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del trámite”.

Por su parte, el consultor en gestión integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por cuestiones de pobreza o violencia.

“Siempre hay una serie de coyotes muy conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo entre particulares”, detalla.

Para el consultor Miguel Montoya, estas transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.

Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese título”.

Agrega que los distintos decretos pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.

Observa como urgente que la próxima ley prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.

Miguel Montoya asegura que para entender el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan controversial Ley Korenfeld (llamada así por el exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma institución neoliberal”.

El especialista en derecho humano al agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades: este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente. “Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones sempiternas que se renuevan de manera automática”.

Panorama general del agua concesionada en México

México se ubica como el séptimo país del mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.

El documento detalla que el sector agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que controlan el 9.6 por ciento.

El mismo informe de la Conagua asegura que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.

Asimismo detalla que, de las concesiones del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no entran en dicha clasificación.

A pesar de que la federación las puede regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello, explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se encuentran estos yacimientos de agua.

Para el especialista, esto se resolvería con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”, afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano al preciado líquido.

Algunas empresas con mayor número de concesiones en México

EmpresaNúmero de concesiones
Petróleos Mexicanos989
Industrias Bachoco375
Compañía Maya de Agua Purificada69
Comisión Federal de Electricidad69
Cementos de México50
Grupo Nestlé43
Envasadoras de Aguas de México30
Embotelladora Aga24
Grupo Bimbo29
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma22
Cervecería Modelo11
SectorConcesiones otorgadas
Agrícola233,126
Público Urbano129,583
Diferentes Usos50,720
Pecuaria47,429
Servicios24,977
Doméstico16595
Industrial8573
Acuacultura1575
Otros289
Generación de Energía Eléctrica159

Lauren Franco

Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra mina canadiense

Compartimos esta nota de Notimex a través del Diario Rotativo sobre otro caso más de resisencia a proyectos mineros de muerte en México – A 2 de enero de 2020

Samalayuca, Chih., 2 Ene (Notimex).- Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.

Más información:

Guanajuato: 2020 será año clave en la lucha contra mina en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo

Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y una nota publicada en Zona Franca a través de Sin Embargo sobre la lucha que se realiza en contra de una minera canadiense en Dolores Hidalgo – A 15 de enero de 2020

El Proyecto Minero Cerro del Gallo no va. Comunidades de Dolores Hidalgo en defensa de su territorio contra el despojo minero

Ante la pretensión de la empresa canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a tajo abierto en el Cerro del Gallo en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato y luego de una lucha continuada de las y los pobladores de las comunidades que habrían sido afectadas por la defensa de su territorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió negar la autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo solicitados por la empresa.

Apenas en noviembre del 2019, a invitación del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, integrantes de las comunidades afectables visitaron el Cerro San Pedro en San Luis Potosí para constatar, de primera mano, las afectaciones concretas al territorio, a la salud y al medio ambiente que produce la minería en su paso por los territorios de extracción.

Mediante un proceso de información, que concitó la participación de mujeres y hombres de las comunidades del municipio de Dolores Hidalgo en oposición al proyecto minero (Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, El Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro el Sisote, San Marcos, Purísima de Cebolletas, Cabaña de San Jerónimo, La Tinaja, Cerrito de Santa Cecilia, San Vicente, Silleros, San Francisco de la ERRE y El Capulín) las y los potenciales afectados cobraron concienca de la capacidad criminal de la megaminería tóxica.

No olvidamos que apenas en julio del año pasado, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera. Se refería a la preocupación de las comunidades por las posibles afectaciones del Proyecto Cerro del Gallo. Desde la REMA, advertimos entonces, cómo esa declaración revelaba justamente la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.

Pues bien, aquí siguen de pie estas comunidades y las organizaciones que las acompañan, dispuestas a la “ridícula” idea de defender su territorio, su vida y su futuro.

Durante este proceso de defensa, las comunidades han contado con el apoyo sostenido de las organizaciones que conforman la Hermandad de la Cuenca de la Independencia (nombre del acuífero que sería afectado por la minera), del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Para combatir la estrategia de desinformación utilizada por las empresas del Modelo Extractivo Minero, la cual implica el ocultamiento de las consecuencias nocivas de sus proyectos y la oferta de beneficios ficticios, nuestro trabajo consiste en acercar información objetiva y real sobre las diversas afectaciones que produce la minería: contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación del territorio y afecciones a la salud; pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje así como altísimas contribuciones al cambio climático; empleos precarios, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de comunidades; atentados contra la integridad física y emocional de opositores así como su criminalización, son algunos de ellos cuando las mineras aparecen.

Pese al estado de necesidad que impera en las comunidades que habitan los territorios donde la minera canadiense Argonaut Gold y su filial mexicana San Antón de las Minas, S.A. de C.V. pretenden explotar el Cerro del Gallo, las y los pobladores han expresado su rechazo demostrando dignidad y capacidad de organización. Ello refrenda que desde la organización, la información técnica y la movilización, los pueblos tienen la autoridad y legitimidad necesaria para hacer valer el respeto a la vida y el respeto a su futuro.

Felicitamos a las comunidades que se han movilizado en esta lucha dando un ejemplo de unidad y de capacidad de respuesta en la Cuna de la Independencia de México. Nos congratulamos y felicitamos a las organizaciones que han apoyado este proceso y a nuestros compañeros de REMA implicados en esta batalla por la integridad de los territorios. La confluencia de capacidades y de dignidad prevalece y nos da bríos para continuar esta lucha contra el despojo y por la vida.

¡NO AL DESPOJO DE NUESTROS TERRITORIOS! ¡ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR LA VIDA Y CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO! ¡EL DESPOJO NO ES DE UTILIDAD PÚBLICA!

2020 será año clave en la lucha contra mina en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo

Por Roberto Gutiérrez Torres, 1 de enero de 2020

Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades, han dado la batalla en este 2019, para que no se instale la empresa  Canadiense Argonaut Gold, señalando el caos ambiental y los daños inherentes daño a la salud , que esto provocaría si llega a explotarse la mina en el Cerro del Gallo.

Dolores Hidalgo, Gto. En 2019 la población dolorense y en específico quienes habitan en alrededor de 20 comunidades aledañas a San Antón de las Minas, a unos 15 kilómetros de la cabecera, han iniciado una lucha ciudadana, pacifica cuyo objetivo es buscar la concientización entre los habitantes de la región que incluye a otros municipios, y hacer saber al gobierno municipal, estatal y federal que no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.

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Foto: Roberto Gutiérrez.

Dentro de su página oficial la compañía canadiense Argonaut Gold precisa que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de exploración en San Antón”, se señala en palabras de Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos.

El Proyecto

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre ellos en el complejo El Castillo en el Estado de Durango y en la mina La Colorada en  Sonora.

Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la mina de San Antonio, en Baja California Sur y en la del Cerro del Gallo; es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y ambientalistas .

De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.

Así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua han señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.

En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero Cuenca de la Independencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años se señalado la crisis hídrica.

Organizaciones civiles, comunales, campesinas y pobladores en lucha

Son diversas organizaciones las que se han estado sumando de manera activa en conjunto con los pobladores en el diseño y ejecución de acciones de concientización sobre lo negativo que traería la explotación de la mina.

Foto: Roberto Gutiérrez.

Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en métodos alternativos de producción comunitaria entre ellas se encuentra el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social CEDESA, quien tiene ya más de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa región.

Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina “ es la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia CODECIN y junto a ellos un colectivo de jóvenes denominados “Guardianes de la Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y regional  con una  gran base activa de miembros.

En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal, nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema, Acción  Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han estado trabajando sobre el mismo objetivo.

Todos ellos han realizado ya actividades que  han tomado resonancia nacional e internacional iniciaron con foros de información, la realización de una magna marcha realizada el pasado 21 de Julio en esta ciudad, y partir de ahí se han sumado plenarias, conversatorios, platicas, y exposición de posibles afectaciones en diversos eventos, así mismo se han ido sumando activistas y pobladores de otros municipios en específico de San Miguel de Allende y San Luis de la Paz entre otros.

Actualidad

En estos momentos el proyecto minero dependería de que se den en conjunto tres factores: los permisos correspondientes del gobierno municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina de acuerdo a declaraciones del activista y abogado Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva Socio-ambiental.

Gustavo Lozano precisa que actualmente la empresa está en el proceso de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos necesarios por parte de la SEMARNAT, pasar a a la etapa de la explotación de la mina.

En septiembre pasado SEMARNAT le anuncio a la empresa que en ese momento no podría determinar los permisos para explotar la mina, iniciados a principios de este año por la minera y la institución dio un plazo más largo para analizar el permiso solicitado.

En términos municipales, el edil Miguel Angel Rayas Ortiz, se ha solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales le manifestado su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el gobierno no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de construcción.

Los pobladores con propiedades de tierras en la zona de la mina, explica el activista que una gran mayoría aun ha no han accedido a vender sus terrenos. En conclusión señala, Gustavo Lozano ” al cierre del año 2019 tenemos un tramite en SEMARNAT mismo que  esperemos que sea negado a la brevedad, y de acuerdo a lo declarado por el gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que  no ha otorgado ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción así como los pobladores de San Anton de las Minas un mayoría de ellos no han negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades ”

Imagen: Roberto Gutiérrez, Diario Zona Franca

Más información:

[Artículo] Por años bebieron agua de pozos llenos de arsénico. Hoy el cáncer invade a habitantes en Coahuila

Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre algunas de las tantas consecuencias que deja la minería a su paso – A 5 de enero de 2020

Por Redacción / Sin Embargo

Samuel, de 58 años, originario del Ejido El Venado, municipio de Madero, en la región del arsénico, vive con diabetes y una malformación congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a una silla de ruedas en el portal de su casa de Salvador.

Los estudios más recientes realizados por la la Universidad Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas concentraciones de arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso trastornos como la obesidad.

Por Jesús Peña

Coahuila, 5 de enero (Vanguardia).– A las 3:00 de una tarde húmeda en “La Manada”, el pequeño rancho jaspeado de espesos pinabetes y nopaleras frondosas, un enjambre de moscas gordas, atraído por el hedor a muerto, a carne podrida, revolotea ávido en derredor de la mano gangrenada, destrozada, de don Santos Martínez.

La mano izquierda de don Santos: apenas un amasijo de carne sanguinolento, pestilente, donde no hace mucho hubo una mano.

La mano de don Santos.

De vez en vez Santos se espanta las moscas, tercas, hambrientas, con su otra mano regordeta y tostada por el sol, que de un tiempo a la fecha ha empezado también a picarse.

“Mire lo que tengo ái. Mire, esto, esto… Me resultaron todos estos cuerillos en las dos manos. Es por el agua, por el arsénico del agua…”, masculla Santos.

Se lo dijo un doctor de Madero: que es por el agua que desde crío tomó Santos de los pozos contaminados con arsénico en el Ejido 18 de Marzo, municipio de Francisco I. Madero, en la Comarca Lagunera de Coahuila.

De Francisco I. Madero, conocido como “el corazón de la Laguna”, un corazón cuyas arterias están corroídas por el arsénico.

Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico. En la imagen, una bomba de agua en Francisco I. Madero. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Santos había migrado de su natal San Luis Potosí, con una hermana suya, a esta feroz región de soles y tolvaneras, hace unos 60 años, cuando él tenía 13.

Desde entonces, como el resto de los pobladores del 18 y de toda esta ruta, la ruta del arsénico, bebió y bebió el agua de los pozos infestados con veneno.

Cuenta Santos, 73 años, bajito, menudo, el rostro morocho y curtido por el trabajo en las pizcas de algodón.

Mientras, el parloteo de una radio hiere el silencio de la finca, con sus cuartos de tierra y sus cercos de espinos, que es la casa de don Santos Martínez, enclavada en los límites de la estepa, a orillas de una angosta y larga carretera que lleva y trae a otras rancherías por cuyos veneros corren historias con sabor a arsénico, como la de Santos.

Santos había entregado el alma en el riego y las pizcas, en las tierras de los ranchos y pequeñas propiedades de la región.

Hoy vive pobre y enfermo.

Y casi, se mantiene con la ayuda de dos mil pesos que cada dos meses le pasa el Gobierno.

En el 18 de Marzo, la gente habla del anciano que vive solo en la última casucha que hay a unos 100 metros de la salida, en los márgenes de la vereda, y que está “malo” de las manos.

Santos machetea con una mano, su mano buena y sana, una rama de mezquite, y el golpeteo seco del machete que cercena, destaza, corta, mutila, el palo, hace eco, como un grito, al otro lado de la leprosa, y a ratos desolada, autovía: el camino del arsénico y acaso de la muerte.

“Me dicen que aquí murieron dos, de esto… Había otro señor que también estaba ansina. Tiene poquito que murió…”, dice Santos.

Aquí, en los pueblos de la Laguna, cuyos bajos fondos son la morada del demonio del arsénico, ha habido muertos.

No hay números.

Jesús Burciaga, médico general, especializado en hidroarsenicismo. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Nadie sabe cuántos.

Pero aquí, en los solares de estas rancherías se cuentan en voz alta las historias de personas que han fallecido por tomar agua con arsénico; y de otras que viven con cáncer de piel o mutilaciones de manos o piernas por haber bebido y bebido de las norias contaminadas con este metaloide.

Lo de don Santos empezó hace 10 años.

“Yo estaba sano, nomás de buenas a primeras me resultó esta enfermedad. Yo andaba bien, bien”, cuenta.

Primero fue ese extraño adormecimiento en las manos, luego las llagas y después la infección que le carcomió, como un ácido letal, el pulgar de la mano izquierda y de a poco la mano completa.

“El arsénico se aloja en las extremidades: en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en las piernas…”, dice Jesús Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el impacto del hidroarsenicismo en la salud humana.

Santos se espanta las moscas que vuelan, que se le pegan obstinadas a la herida en carne viva, de la que mana a distancia un penetrante y viscoso olor a cadáver.

Aquí ya huele a muerto.

“Hicimos unas entrevistas allá para Tlahualilo, Durango, a mucha gente amputada, con pie negro… Había un señor abandonado con 100 millones de moscas a su alrededor… Son casos patéticos que se conocen y nadie hace nada. No hay un programa de salud para atender a toda esa gente. Hay un abandono total…”, dice Jesús Burciaga.

Sólo ver la mano de don Santos desgarrada, descarnada, por el arsénico, es inevitable el vahído, la náusea.

“Fui con el doctor y me recetó medicina, pero no me hizo”, platica Santos.

El médico le dijo que para lo de él, para su enfermedad, ya no hay tratamiento.

Matilde Suárez Rivera es la auxiliar de salud del Ejido Finisterre. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Le dije ‘mire doctor, deme un medicamento que sea güeno pa la infección’, dice ‘no señor, no hay, ya no hay…’”.

El único remedio que puede salvarle la vida, le advirtió el galeno, es que le amputen la mano izquierda, que a Santos le mochen la mano.

Pero Santos, tiene miedo y no lo disimula.

“Pos yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que me la mochen”.

Repite Santos y sus palabras, como torbellinos, se pierden en la inmensidad del páramo.

Santos camina despacio por su finca solitaria, dice que cada día que pasa le cuesta más trabajo mover sus manos, su cuerpo.

“Toy todo inválido…”, dice sin gota de resignación.

• • •

“Las personas que ustedes conocieron, que salieron en sus portadas, en sus entrevistas, ya no están, ya fallecieron…”, dice Matilde Suárez Rivera, la auxiliar de salud del Ejido Finisterre, en Madero.

Ya están muertos, dice Matilde, y sus casas en ruinas.

Matilde evoca el caso de don J. Manuel Donato Mejía, un anciano con el cuerpo lacerado por las llagas negras del cáncer de piel, el mismo que en 2010 documentó SEMANARIO.

“Ya falleció”, dice Matilde.

Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Es la 1:00 de la tarde en el solar de la casa con portal amarillo de Matilde poblado de tupidos árboles, pero ni eso ahuyenta los más de 40 grados de calor que a esta hora castigan a la sombra.

“Dicen que (el hidroarsenicismo)ya no es tanto, pero yo no creo…”, suelta Matilde, se vuelve de espalda, se alza la blusa celeste y muestra las manchas parduzcas que hace no mucho le aparecieron a la altura de los omóplatos.

“Me dice la doctora que puede ser a raíz del agua que consumíamos”.

Y como si fuera un obituario Matilde recita uno por uno los nombres de los lugareños de Finisterre que ya se han ido de este mundo por culpa del hidroarsenicismo:

María Sandoval Casillas, “en paz descanse”, Julia Rodríguez Nery, Telésforo López y Manuel Donato.

Eran los tiempos en que todavía los ojos del orbe estaban puestos en Finisterre.

“El doctor Luis Maeda Villalobos, un oncólogo muy importante en esta región, fue el que determinó, por primera vez, la incidencia de hidroarsenicismo en problemas de deformaciones y de cánceres, allá en el municipio de Francisco I. Madero, por la zona de Finisterre. Él hizo los primeros estudios”, comenta Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular.

Jesús Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el impacto del hidroarsenicismo en la salud humana, dice que en la Laguna existen antecedentes, desde 1958, sobre los efectos del consumo de metales como el arsénico, el plomo y el cadnio, en el hombre.

“Ya desde 1958 hay antecedentes de cáncer de vejiga, de pulmón, de hígado, de colón; píe negro, de la frecuencia con la que se presenta el cáncer. Para 1960 se dieron 260 casos clínicos de enfermos que se quejaban del crecimiento del hígado…”.

De Japón vinieron a Finisterre médicos y periodistas para ver lo qué pasaba con el arsénico.

“Anduvieron buscando a esas personas que le acabo de mencionar que ya fallecieron. Yo los llevé con ellas, así como a ustedes”, dice Matilde.

Matilde llegó de Tamaulipas, a este pueblo de chozas de adobe y calles sin asfaltar, en 1982.

Eusebio dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces por la semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20 litros de agua purificada, a cambio de 15 pesos. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Nomas hágale…”, suelta.

37 años ya de aplacarse la sed, bañarse, lavar la ropa, con el agua arsenicada que rezuma bajo la piel, por las venas abiertas de la Comarca Lagunera.

“En aquellos años hubo una persona, un vecino, joven, él murió de 42 años, todo su problema vino por el hidroarsenicismo. Tenía cáncer en la vejiga… Usted sabe que en estas comunidades rurales a veces no contamos con los recursos necesarios para ir a un doctor…”, dice Matilde.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, explica cómo es que el arsénico, una vez alojado en el cuerpo, desencadena el cáncer y otros males:

“Los metales pesados interactúan directamente con el DNA y el DNA es el motor que controla todos los procesos celulares. A nivel molecular hay una interacción de los metales eh. Hay activación de algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está en la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el centro de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los problemas más frecuentes porque el arsénico activa y multiplica los oncogenes”.

Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango, explica así el daño que el arsénico puede causar en el ADN:

“Genera radicales de oxígeno, que esas son moléculas que oxidan otras moléculas, en este caso el DNA. Cuando se oxida el DNA puede degenerar en muerte celular o cáncer, que ésta es una de las principales preocupaciones…”.

Matilde cuenta que en aquella época pasó vista, notificó, de todos esos casos a las autoridades sanitarias de Madero, pero nada ocurrió.

Ahora está preocupada porque, dice, a últimas fechas en Finisterre se han presentado casos nuevos de lesiones causadas por el consumo prolongado de agua con altas concentraciones de arsénico.

Itzel Tapia Pérez, es la doctora en la clínica del IMSS Salvador. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Sí, puede ser, pero se tendrían que valorar las lesiones porque no son exclusivas del arsénico. De hecho, la exposición al sol provoca algunas de esas lesiones o muy parecidas. Se pueden asociar al arsénico, si la persona está expuesta al arsénico o vivido en una región con arsénico…”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Uno de esos casos es el de don Eusebio López Bernal, oriundo de Sombrerete, Zacatecas, 72 años, 30 de vivir en este pueblo, 30 años de tomar agua con arsénico

Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular, asegura que el problema del hodroarcenismo ya se ha incrementado por la cada vez mayor sobreexplotación de los mantos acuíferos en la Laguna.

“Estamos haciendo pozos más profundos, situación que provoca que ese arsénico, que siempre ha estado ahí, ahora lo estemos consumiendo en mayores concentraciones y eso genera más problemas en la población”.

Ya va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni médico de planta. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“En aquellos años, – dice don Eusebio-, la gente tomaba agua de esa y de ái se nos acumuló el arsénico. Yo tengo mucha mancha. Wache bien…”,

Eusebio deja ver debajo de su camiseta unos lunares cafés que motean sobre su espalda, cuello, pecho y el nacimiento de sus axilas.

“El arsénico es malo, el arsénico es malo y ni modo, Mire wáchele estas manchas…Eso es del arsénico”, repite Eusebio.

“Y el Gobierno dice que el agua ya está limpia…”, lo secunda Matilde.

“No, no cuál limpia. Esto viene del cabrón arsénico que trae el agua. Esa agua del arsénico, la de las norias, es como la que nos echan de la tubería. Trae arsénico toda esa agua. Que nos alivianen mejor con un medicamento pa eso de las manchas”, revira don Eusebio.

Eusebio dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces por la semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20 litros de agua purificada, a cambio de 15 pesos.

Pero son más los años que Eusebio, Matilde y los pobladores de esta comunidad, han tomado agua mezclada con veneno.

Matilde dice que extraña aquella época en la que cada 15 días venía a Finisterre una unidad móvil de salud.

Ya va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni médico de planta.

“Los habitantes de esta comunidad que es Finisterre, con una pastillita que a lo mejor nos calmará un poco, pero… sabiendo que tal vez podemos tener un problema ya de años atrás, relacionado con el hidroarsenicismo… Tenemos grande necesidad de una clínica rural”.

Paradójicamente en la mayoría de las comunidades de la región del arsénico en Madero, Coahuila, escasea el agua de la red municipal y los naturales tienen que ir hasta las norias contaminadas y acarrear el líquido hasta sus casas para bañarse y realiza sus labores domésticas.

Luz es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en el vientre de su madre, que también nació aquí. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Lo que está sucediendo es que en los poblados no hay suficiente presión de agua. Sus norias tienen 400, 500, 600 microgramos de arsénico por litro. El agua que les llega de la red tiene alrededor de 50. Pero a veces tienen agua, a veces no tiene agua, cuando no tienen agua deben que ir a las norias cercanas, que esas tienen 400 microgramos de arsénico por litro, entonces siguen exponiéndose”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango

“Ahorita, – dice Matilde-, la necesidad más grande es el vital líquido, limpio y sano, que no nos acarree enfermedades, que no nos deje secuelas ni al final… la muerte…”.

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Lo primero es el tanque elevado amarrillo chillante, con unas letras redondas y azules que dicen “Bienvenidos al Ejido El Salvador”.

Es la noria con arsénico de la que por mucho tiempo, unos dicen que 20, otros que 30 años, se abastecieron los nativos de esta ranchería perdida en el horizonte de Madero, justo donde acaba la ruta del arsénico.

Mediodía bajo del cobertizo de la casa de María de la Luz Herrera Rodríguez, en el pueblo de San Salvador de Arriba, Madero.

Luz está sentada en una silla de ruedas viendo girar el mundo por las calles del pueblo con sus casas pastel, su gritería de chiquillos y sus perros echados al sol.

Las calles que un día Luz caminó, hasta que tuvieron que amputarle su pierna derecha, a consecuencia de la diabetes que padece.

“Pos, ¿qué quiere que le platique?, nada más que me amputaron el pie por la diabetes”, dice Luz.

Que era hereditaria, le dijo el médico a Luz, el día que le anunció que tenía diabetes.

Lo que el doctor omitió decirle es que, según las investigaciones que durante años ha realizado la Universidad Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, el arsénico es precursor de la diabetes porque bloquea la producción de insulina y con ello aumenta el riesgo de padecer azúcar en la sangre.

A la sazón Luz era una muchacha de 20 años.

Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Hoy tiene 46 y es paciente de hemodiálisis.

“Tengo insuficiencia renal”, dice con pesar.

Luz es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en el vientre de su madre, que también nació aquí.

Luz dice que el recuerdo más vívido que guarda de su abuelita, son esas manchas, como lunares rojos en la piel, que se le abrían…

“Decían que era por el arsénico. Ella ya tiene 29 años que murió de eso, de cáncer en la piel”.

“El problema ya no es tanto como antes del 86, pero sigue habiendo exposición al arsénico y entonces sigue habiendo problemas de cáncer, problemas vasculares, pulmonares. Las lesiones cutáneas sí aparecen en aquellos lugares, pero ya no son tan frecuentes ni tan aparatosas como las que había antes que sí, algunas eran monstruosas”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, dice que la Laguna es un referente mundial de la presencia de cáncer y otras enfermedades, asociadas con el consumo de metales pesados.

“No solamente es el arsénico, son otros metales: cadmio, flúor, boro; y no solamente es cáncer, es otro tipo de enfermedades: problemas de deformaciones óseas, que son muy frecuentes en esas regiones, problemas de dientes…”.

Hace ya siete meses que a don Samuel Maciel le cortaron uno de los dedos de su pie izquierdo y la herida no cierra.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Samuel, 58 años, originario del Ejido El Venado, municipio de Madero, en la región del arsénico, vive con diabetes y una malformación congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a una silla de ruedas en el portal de su casa de Salvador.

“Yo le voy a hablar la verdad: donde quiera tomé agua. Ayudaba a los vaqueros que ‘cuídame las vacas’, me daba sed por allá en el monte y allá tomaba agua, donde fuera”.

-¿De las norias?

-Sí, de las norias, del tajo y de donde fuera. Ái donde estaban las vacas miándose, donde tomaban los burros y las chivas…

La bomba del ejido Cantabro, una noria contaminada en el ejido Salvador y el cerrado Centro de Salud de La Pinta, tienen un mismo denominador: el abandono y la indiferencia ante pueblos pequeños donde la gente muere por la contaminación. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Desde nene Samuel escuchaba a los viejos del pueblo averiguar de una cosa que tenía el agua.

Cuando se hizo mayor y supo de lo que hablaban sintió miedo.

Sí, se oía del arsénico, que por eso estábamos todos… y teníamos esto y lo otro. Antes donde más se oía era en Finisterre, que estaban todos cancerosos porque había mucho arsénico y que sabe qué”.

-¿Y qué piensa?

-Que antes, Dios lo ayudó a uno. Tanto mugrero que uno toma…

Durante los 20 años que lleva de enfermera en Salvador, Santa Rocha ha visto desfilar rumbo a la muerte a muchos pacientes con manchas en la piel y otros tipos de cáncer, como el pulmonar.

“Ellos ya fallecieron”, dice Santa.

Nunca se supo con certeza si esos males habían tenido que ver con la ingesta de agua envenenada de los pozos.

“Puede ser que sí, pero no se hizo un estudio muy claro que dijéramos, ‘sí, es por el arsénico…’, que se fueran más a fondo”.

Santa dice que en los últimos años los casos de hidroarsenicismo han bajado debido a que la gente dejó de beber el líquido de la noria y ahora compra botellones de agua purificada.

“¿Ahorita?, ¿gente machada?, no. Aquí ahorita… la diabetes, la hipertensión…”, dice Santa.

Don Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador y ha presenciado la muerte y el dolor de familiares y seres queridos. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Yo tengo manchas, sí. Ái me empezaron a salir, sabe de qué serán”, dice María del Carmen Morales. Y, se remanga la sudadera hasta los codos para descubrir sus brazos salpicados de lunares cafés.

-¿Ya le dieron medicamento?

-Pos no me dan nada, sí les he dicho, pero no me dan nada.

Habla Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango:

“No hay guías clínicas ni protocolos clínicos para atender a la gente que tiene problemas por arsénico. Hay guías para manejar la diabetes, para manejar la obesidad, el HIV. Hay guías para eso, pero en lo del arsénico no ¿Qué se tiene que hacer? La prevención primaria es disminuir el arsénico en el agua, pero hay gente que ya se expuso por muchos años. Hay que detectar a la gente que tiene lesiones tempranas por arsénico, tanto en pie, como en pulmón, como a nivel de sus vasos; y una detección temprana de condiciones que pueden generar cáncer. Ya tuvieron las lesiones, ya están avanzando… Hay que hacer una prevención. Se hace la prevención secundaria. La prevención terciaria es evitar las complicaciones, trabajar para que a la gente no le vayan a amputar una pierna, no vaya a llegar a un cáncer que sea incurable, que llegué a tener una mayor complicación por diabetes…”.

A lo largo de sus 64 años Carmen, natural de Salvador, ha vivido ya un rosario de enfermedades.

Es diabética, tuvo cáncer de mama, herpes, recién fue diagnosticada con presión alta y ahora… esto de las manchas…

“Tengo como un año que me empezaron a salir”, dice.

-¿Que oía decir de niña en Salvador sobre el arsénico?

-Nada más decían que el agua tenía algo, pero no sabían qué. Hasta que ya investigaron y todo.

Itzel Tapia Pérez, es la pasante de medicina asignada a la clínica del IMSS en Salvador, desde hace cuatro meses.

“Tengo pacientes de control, adultos de más de 40, 50 años, que padecen de manchas en los dientes y manchas en la piel… Obviamente es el arsénico, más el trabajo que… ”.

Se ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a desarrollar cáncer. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Itzel dice que la mayoría de los hombres de esta ranchería labora en la pizca de algodón, de sorgo, de pepino, de cebolla, de melón, bajo el sol quemador de la Laguna.

“Presentan heridas en la piel, pero es complicado poder hablar… Hacer bien el diagnóstico… Falta… para saber bien cómo diferenciarlo… Pero que yo tenga una estadística de alguna enfermedad por metal pesado; arsénico, plomo y esas cosas, no”.

“Hay muchas muertes, – advierte Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, – que se dan en las comunidades, en los ejidos donde solamente se murió y lo enterraron. Hay poca, muy poca información al respecto”.

“Las instituciones de salud, – afirme el médico Jesús Burciaga -, no te dicen, ‘este cáncer es por arsénico’, están fallando y los médicos contaminan el diagnóstico. En los setentas, ochentas, se dio la incidencia de cáncer de piel y de pie negro, amputaciones, y se concluyó que era el arsénico”.

Además, dice Itzel, el IMSS no cuenta con los reactivos, la prueba, para medir el arsénico en sangre.

Y mandar la muestra a un laboratorio particular sería costoso, platica Itzel en su consultorio – farmacia de Salvador.

Las dos pacientes que esperan turno detrás de la puerta, auguran una tarde tranquila.

Itzel dice que en Salvador hay gente de la tercera edad que todavía, por razones de economía o de cultura, consume agua de la llave, el agua de la red que manda el ayuntamiento de Madero y que, se sabe, contiene arsénico.

“El del agua nada más viene una vez a la semana. Si tienen para comprarla se compra, si no, así, de la llave. Yo tengo una cisterna, con esa agua me baño y me traigo mi bote de agua purificada de mi casa para los días que aquí me quedo…”.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, sostiene que casi todos los pozos de la Laguna, casi todos, están en problemas.

“El nivel de toxicidad permitido, el nivel de concentración permitida por la Norma Mexicana es de .025 partes por millón.

Los expertos en la salud señalan que arriba de .017 hay problemas en la salud y nosotros tenemos arriba de .025”.

“Hay pozos, – dice Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular -, que rebasan la norma como al triple, al cuádruple del nivel aceptado”.

“Lo que estamos demostrando, – dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango -, es que aun en concentraciones bajas, como las que hay en la ciudad, el arsénico está provocando alteraciones que pueden desencadenar, aumentar el riesgo de cáncer”.

Itzel comenta que la mayoría de sus pacientes, arriba de los 40 años, en Salvador, son diabéticos o hipertensos, sufren dislipidemias, colesterol, triglicéridos altos… y lógicamente sus consecuencias.

“Hay personas que ya han tenido infartos recurrentes…”.

Los estudios más recientes realizados por la la Universidad Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas concentraciones de arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso trastornos como la obesidad.

“Altera, aparentemente, el metabolismo de los lípidos y favorece la aparición de obesidad o aumenta el riesgo de ser obeso y de ser diabético porque se modifica el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos”, expone Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Así mismo, las últimas investigaciones han arrojado que el consumo de agua con arsénico en mujeres embarazadas puede derivar en deficiencias del desarrollo o afecciones neurológicas en el bebé.

Se ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a desarrollar cáncer.

“Es un efecto que puede ser a largo plazo. El niño puede nacer completamente bien, pero a la larga aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades”, dice Espinosa Fematt.

Los trabajos han mostrado también que la presencia de arsénico en el organismo incrementa el riesgo de asma y de padecer problemas crónicos en pulmón.

Don Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador.

Ha visto pasar por aquí a cantidad de médicos de todas partes que vinieron para tomar muestras pelo y de sangre, pero que jamás volvieron con los resultados.

“Se llevaron todos esos datos, se fueron y ya no supimos”, cuenta Felipe.

-¿Usted tiene manchas?

-Sí, sí tengo una, en la espalda. Se me cae, pero no me supura…

Dice Felipe, se para de la mecedora donde suele contemplar los atardeceres en Salvador y se levanta el suéter para develar una úlcera parduzca como cráter de volcán en el espinazo que parece a punto de hacer erupción.

“¿Se fija?, es ésta. Se me cae y me vuelve a salir…”

A Felipe le tocó sufrir los peores años de pobreza en Salvador, los años en que los algunos críos todavía andaban con huaraches y los más descalzos.

Entonces en Salvador no había luz eléctrica, no había carretera, no había plaza, no había nada.

“Ora se las están comiendo todas maduras”, dice Felipe.

-¿Usted es de aquí?

-Soy nacido aquí, criado aquí y aquí me voy a quedar.

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Amanece en el Ejido Covadonga, municipio de Madero.

Elvira Gallegos Hernández, la asistente de salud, recorre los senderos polvorientos por donde pasaron sus ancestros.

“Poco a poco se nos van acabando”, dice.

-¿Por qué?

-Pos yo digo que más que nada es por… el arsénico.

Elvira, 59 años, platica que uno de los lastres que en el presente fustiga a los pobladores de esta aldea lagunera, es el llamado pie negro, causado por la mala circulación, causada por la diabetes, causada por el consumo prolongado de agua con altas concentraciones de arsénico.

“Yo también tengo esa mala circulación, mire…”, dice Ramona Chavarría López. 88 años, y se baja la calceta de un tirón para mostrar su tobillo izquierdo roído por el arsénico.

“Dicen que el arsénico y que el arsénico, pero pos no, solamente Dios uno no sabe esas cosas”, dice Ramona.

Y dice que en Covadonga conoció a personas que tenían manchas en la piel o el pie negro, pero ya murieron…

El arsénico se las llevó…

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL CÁNCER Y EL ARSÉNICO?

A nivel molecular hay una interacción de los metales. Hay activación de algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está en la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el centro de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los problemas más frecuentes. porque el arsénico activa y multiplica los oncogenes.

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Imágenes: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

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Zacatecas: Atotonilco y El Potrero ratifican nuevamente: Dicen no a la Presa Milpillas

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 13 de enero de 2020

Mientras el gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por el Gobernador Alejandro Tello, desde hace más de año y siete meses se esforzó en crear todas las condiciones posibles para generar confusión, división comunitaria y familiar, además de fomentar la confrontación mediante el uso desproporcionado de actos de autoridad –como recurrir a la policía municipal y estatal para intervenir en la vida interna de los ejidos– en las comunidades que serían afectadas de forma directa por la Presa Milpillas, la población apostó y avanzó en disponer de un mejor proceso informativo y organizativo, el pasado 4 y 9 de enero del 2020, demostrando que en los ejidos Atotonilco y El Potrero, respectivamente, uno de sus mejores momentos de consolidación social y comunitaria, ya que en ambas asambleas agrarias, DE MANERA UNÁNIME RATIFICARON, de forma legal, tal cual se señala en la Ley Agraria, su posición de RECHAZO A LA AUTORIZACIÓN para construir la “Presa Milpillas” en las tierras de propiedad social que les corresponden.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, felicitan a las mujeres y hombres de ambos ejidos, quienes finalmente lograron sortear de manera positiva una férrea confrontación interna promovida por diversos actores relacionados con la estructura del gobierno estatal.

Nos da gusto que ambas asambleas hayan logrado, por unanimidad, un acuerdo de enorme trascendencia para su vida, no sólo porque ratifican la fuerza e importancia de los procesos basados en la libre determinación de las comunidades y la determinación de que los gobiernos dejen de tratar como menores de edad a sus habitantes, sino porque en ambos ejidos fueron capaces de superarla división y la confrontación para, finalmente, asumir de forma colectiva –tal cual les compete como propietarios sociales– una posición unitaria sobre un proyecto que pretendía poner en riesgo sus formas y medios de vida. Tanto en REMA como en el OCMZac, somos totalmente conscientes sobre lo complicado que resulta restituir procesos de vida comunitaria fragmentados a causa de este tipo de megaproyectos, y por ello enviamos a toda la población de ambos ejidos un gran abrazo solidario y fraterno.

Estos acuerdos basados en la unanimidad de la decisión de ambos ejidos, ponen nuevamente en evidencia que el gobierno de Zacatecas mintió al decir que las y los ejidatarios estaban especulando sobre la tierra para poder venderla a mayor costo. Hoy se desmonta otra de las varias falsedades que ha promovido irresponsablemente en los medios, tanto el gobernador Alejandro Tello, como el resto las/os promotores de la Presa Milpillas.

Recordemos que en el mundo existen 55 mil presas (Castro, 2019), de las cuales a México le corresponden 4 mil 462 (INEGI, 2016) y en Zacatecas se han construido 356 a lo largo de su historia (Castro, 2019). De acuerdo al Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, está comprobado que éstas generan más pobreza, accidentes y rupturas, acarreando inundaciones mortíferas y también desplazamiento de poblaciones y desarraigo. Así, el mismo informe reconoce que son 80 millones los desplazados en el mundo por represas, las cuales además generan altos índices de gases efecto invernadero, todo lo cual deriva en el reconocimiento de que las represas no son iniciativas sustentables, a tal grado que no en pocos países se ha iniciado la deconstrucción de las mismas para liberar a sus ríos. Son muchos los motivos sociales, ambientales, económicos y productivos en juego, y represar que el agua genera más condiciones de asimetría y desigualdad. Es por ello que año con año el movimiento anti represas en el mundo se va incrementando y creando alternativas contra el interés capitalista que se encuentra detrás de la represa de ríos, impulsando, en cambio iniciativas de verdadera sustentabilidad que son indispensables para la vida y no para la muerte.

Es cierto que Zacatecas enfrenta estrés hídrico y esa condición pone en riesgo la distribución equitativa del bien Agua; sin embargo, esa problemática ha sido generada y acrecentada por falta de planificación, tomando de decisiones a favor de grupos privados, como sucede con la minería, en un sinsentido político de priorizar un negocio particular a costo de lo que sea, ocasionando ya que de los 34 acuíferos del estado, 20 están sobreexplotados y los 14 restantes está sin disponibilidad, y justamente uno de estos últimos se encuentra en el ejido Corrales. Es obvio que el gobierno y las empresas no sólo están detrás del agua del río Atenco, sino que pretenden acceder a éste acuífero con el pretexto de instalar la planta de bombeo para la Presa Milpillas y continuar sus procesos criminales de privatización del agua.

Cabe destacar que en Zacatecas existen alrededor de 230 concesiones mineras, y de ellas, una la posee una de las minas más grandes del continente que se encuentra en Mazapil, que todas y todos conocemos como la mina de Peñasquito, la cual, de acuerdo con una investigación publicada en el diario La Jornada (2019), consume 55 millones de metros cúbicos al año, dejando al municipio con sed, enfermedades y muerte. Este consumo desmedido de líquido vital en una región del país donde éste es escaso y para una actividad que genera despojo y muerte, es sumamente contradictorio con el Estudio de Factibilidad denominado “Construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul y línea de conducción para abastecer de agua potable al corredor FresnilloZacatecas-Guadalupe” (2015), donde se menciona la pretensión de, a través de la Presa Milpillas, trasladar 59 millones de metros cúbicos de agua, es decir, literalmente la cantidad de agua que consume la mina Peñasquito.

La disponibilidad de agua es vida y significa a su vez la oportunidad de trabajo y de producción agropecuaria. La lucha emprendida y los logros alcanzados por las mujeres y hombres de Atotonilco, El Potrero y el resto de los ejidos vinculados al proyecto de la Presa Milpillas, nos demuestra que, como lo decía la querida Bety Cariño, es momento de los pueblos, y basta de políticos incapaces y corruptos, así como de políticas que se construyen desde taburetes y sin ninguna relación con los bienes naturales y las necesidades de las comunidades. También nos demuestra que la organización social en Zacatecas, en México y en el mundo es posible y que “ni el gobierno manda, ni las empresas mandan”.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas hacemos expresa y extensa nuestra felicitación y enviamos nuestro máximo reconocimiento y solidaridad a todos y todas las integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Especialmente a los ejidos de Atotonilco y Potrero por blindar su territorio.

#LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T E N T A M E N T E,
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS

Imagen: NTR Zacatecas

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Tren Maya: el gobierno dio contratos antes de consultas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el proyecto Tren Maya – A 6 de enero de 2020

  • Superan 677 millones de pesos
  • Son al menos 40 con seis empresas

Dora Villanueva   Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 13

El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región.

Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.

A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el megaproyecto.

Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación social indígena de la zona.

Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya.

A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.

Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60 por ciento otorgada a la iniciativa privada.

De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.

ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.

El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Imagen: Noticias Veracruz

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Clausuran calera de Chiapa de Corzo, tras 50 años de daño ambiental

Compartimos con alegría la siguiente nota publicada en ChiapasParalelo sobre el cierre de la calera en Chiapa de Corzo – A 30 de diciembre de 2019

Por Isaín Mandujano 30 diciembre, 2019

Depredación del Parque Nacional del Cañón Del Sumidero

Luego de más de 50 años de operación, de contaminar el aire de cientos de familias a su alrededor y de socavar y deforestar el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, este lunes fue clausurado de forma definitiva la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV.

Funcionarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría , encabezados por su titular Margarita Aguilar Ruiz, acataron una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida ante el incumplimiento de una conciliación por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional “Cañón del Sumidero” y sus alrededores, en agravio de habitantes del municipio de Chiapa de Corzo

El 28 de abril pasado, la CNDH emitió la Recomendación Número 12/2019, dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la Secretaría de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de detectar que ambas autoridades involucradas no habían desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.

Por muchos años, pobladores de los alrededores de la empresa exigieron la clausura de la calera

Tras varios meses de elegatos por parte de la empresa, primero se le impuso en agosto pasado la Suspensión Total Temporal de Trabajos y Servicios del establecimiento, para efectos de reubicación de la empresa a otro lugar. En esa ocasión se le dejó libre acceso en el portón principal de la entrada a la planta para facilitar los trabajos de reubicación.

Al no cumplir con el plazo otorgado para efectos de la reubicación de 90 días naturales, cumplidos el  31 de octubre de 2019, el caso fue turnado al Departamento de Resoluciones y Sanciones por lo que se resolvió la clausura definitiva total del establecimiento. Notificación que se le hizo el pasado 17 de diciembre de 2019.

Pero fue hasta hoy que se ejecutó la sanción administrativa consistente en la “clausura definitiva total del establecimiento”, por lo que se colocaron las fajillas oficiales de “clausura” en el portón principal de acceso y en el área de la Gerencia; “dejando únicamente el acceso de la puerta del área de recepción para el personal de seguridad, a petición de la parte interesada, para la guarda y custodia de los bienes materiales de la empresa”.

Esta empresa fundada en 1965, y fue motivo de diversas denuncias interpuestas por la población aledaña ante las autoridades municipales, estatales y federales desde el año 2002, motivadas por los daños causados a su salud y al medio ambiente, además de afectaciones a las áreas naturales protegidas y patrimonio de la Nación, sin que hasta la fecha se hubiera obtenido resultados favorables a sus demandas.

Por fin fue clausurada…

“Afortunadamente, en la presente administración del Instituto de Salud se ha logrado integrar un expediente administrativo eficaz y eficiente del caso, que a pesar de diversos recursos de amparo por parte de la empresa, se ha logrado ejecutar las medidas de seguridad para la protección de la población e imponer las sanciones administrativas correspondientes”, dijo Margarita Aguilar Ruiz, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Esta empresa fue fundada por el empresario de Córdoba, Veracruz, Domingo Muguira, del Grupo San Roke, quien despues de varias décadas de extraer el material pétreo del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, vendió esta empresa hace algunos años a otra empresa privada.

Imágenes: ChiapasParalelo

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Exigen wixaritari cancelar concesiones mineras en Wirikuta

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada sobre las luchas anti mineras y resistencias en Wirikuta – A 6 de enero de 2020

Juan Carlos García Partida Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 22

Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.

Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.

Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.

Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.

En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.

El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.

Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.

El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.

Imagen: Arturo Campos Cedillo

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[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

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Ley Minera… Permiso para el despojo

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de diciembre de 2019

En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia”acompañada por ciencia,científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T,y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento,pero que al final funcionan como administradores del despojo,al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio,porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo,a través delas consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario,de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando,pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitaren amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya,por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal,conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA,nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defenderla continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que,incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que,“gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad,de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong ́s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente”y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis.De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocerlos daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos,emocionales y afectivos,que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aúnes reducir,a la retórica de las consultas,lo que se considera “justo”para imponer y legitimarla destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país,porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda,todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal;de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida.No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crearla misma situación que ya estaba arraigada desde hace años.La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas,y ahí, en el mismísimo infierno,tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándar eso lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos,es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Grupo México. A través de Forbes

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[Nota] El Tren Maya recibe “apoyo” en consultas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y QR

Compartimos esta nota informativa publicada en Proceso sobre el proceso de consulta sobre el mega proyecto Tren Maya – A 15 de diciembre de 2019

Por: Mathieu Tourliere

enosique y Palenque (proceso.com.mx).- Sin sorpresa, el megaproyecto del Tren Maya recibió una amplia aprobación hoy, tanto en el “ejercicio participativo de consulta ciudadana” como en las asambleas consultivas con ejidatarios, quienes dieron su visto bueno a cambio del compromiso del gobierno federal de atender las necesidades apremiantes de sus comunidades.

En el caso de la consulta ciudadana “de carácter vinculante”, pocas personas fueron a votar en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y buena parte de quienes acudieron a las casillas pusieron su boleta a favor del megaproyecto.

Por otra parte, en las asambleas consultivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) consiguieron que 5 mil 193 ejidatarios firmaran actas en las que aceptaron “por consenso” la implementación del tren maya.

En la ciudad de Campeche, vecinos de antiguos barrios y colonias, como La Ermita y Santa Lucía, cuyas viviendas se encuentran también a los lados de la línea ferroviaria, se manifestaron también en contra del Tren Maya. Dijeron que el gobierno federal les quiere dar trato de “invasores” a pesar de que muchos de ellos poseen títulos de propiedad que datan de la época porfirista.

Denunciaron que sus predios familiares fueron afectados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando se tendió la vía férrea y ahora nuevamente los perjudicarán por el Tren Maya.

En el municipio de Calakmul, donde se tiene considerado instalar una estación del Tren Maya, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), con presencia en más de la mitad de las comunidades de esa región, entregó a los organizadores de la consulta un oficio informando su “rotundo no” al proyecto.

En el documento detallaron sus múltiples motivos, entre ellos que no hay aún estudios sobre los impactos ambiental, económico y social que provocará el Tren Maya que les permitan contrastar el costo-beneficio.

Con estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá legitimar su megaproyecto de al menos 120 mil millones de pesos, que prevé la instalación de mil 460 kilómetros de vías para transportar turistas, gente local y mercancías, así como la construcción de 18 estaciones y ciudades nuevas.

Una asamblea informativa en torno al Tren Maya. Foto Alejandro Saldíva

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Desde temprana hora paseaba un auto en las calles del municipio tabasqueño de Tenosique; de la bocina colocada en su techo salía una voz masculina que clamaba: “Ven a dar tu voto; recuerda que con este beneficio se crearán empleos para los habitantes locales y en toda la región del sureste”.

En la cancha techada de la colonia San Juan, en el mismo municipio, algunas personas acudieron a las casillas para poner su boleta “sí” o “no” a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral Tren Maya?” en las urnas.

En este espacio, las personas tachaban sus boletas frente a las demás, plegaban el papel y lo ingresaban en las urnas.

Los atendían mujeres vestidas con un chaleco de “servidores de la nación” y una gorra del Tren Maya, bajo la supervisión de un “delegado de colonia” que tomaba fotos a los votantes con su pulgar pintado y su boleta marcada por un “sí”.

En los municipios dónde se podía votar, las autoridades pegaron mantas promocionales en las que aparecían los beneficios del tren maya e indicaban los lugares de las casillas.

Estas mantas, elaboradas por el Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), prometían que la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil empleos –directos e indirectos–, que el proyecto cuidará el medio ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un “desarrollo equilibrado”.

También prometía que los pasajeros locales pagarán tarifas de “casi la mitad que los turistas”, sin precisar el monto, y que generaría 157 millones de pesos al día en 2023, año en que se planea su puesta en marcha.

Como era previsible, sólo fue a votar la gente que tenía interés en el tren, y prácticamente todos votaron a favor.

Pasadas las seis de la tarde, en las afueras del palacio municipal de Palenque, en Chiapas, seis mujeres desplegaban y aplanaban, una tras otra, las boletas que se amasaban sobre una mesa; las instalaron en dos montos: en los más altos estaban las boletas del “sí” y en otros mucho más pequeños, las boletas de rechazo al megaproyecto.

En este módulo, mil 889 personas votaron a favor, 32 en contra y nueve anularon sus votos.

Como Proceso lo documentó esta semana, esta jornada de participación ciudadana no cumple con los criterios de la consulta indígena plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se consultó a toda la población –y no solamente los dueños originarios de las tierras–, y la información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las comunidades.

“Solo un detallito…”

En paralelo, culminó hoy el proceso de lo que el gobierno federal nombró “consulta indígena”, encabezado por el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que arrancó formalmente en una serie de asambleas informativas que se llevaron a cabo hace dos semanas en 15 comunidades de los cinco Estados por los que atravesará el tren.

Entre ayer y hoy se realizaron asambleas consultivas en las mismas comunidades; ahí, representantes ejidales de territorios indígenas potencialmente afectados por el Tren Maya expresaron su respaldo al megaproyecto y a la vez refrendaron sus anhelos de que el gobierno federal atienda sus necesidades.

Dos de estas asambleas se llevaron a cabo en Palenque y Tenosique; ambos tendrán una estación del Tren Maya y ya se encuentran en la ruta de otro tren, conocido como La Bestia, en cuyos vagones se suben migrantes con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

En las asambleas de Palenque y Tenosique, a las que asistió proceso.com.mx, las intervenciones de los campesinos e indígenas siguieron un esquema idéntico: en un primer tiempo, el orador alababa brevemente el tren maya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en un segundo tiempo, más largo, exponían el estado desastroso de sus carreteras o de sus centros de salud y pedía la intervención del gobierno.

“Todos estamos de acuerdo con el Tren Maya, y damos las gracias al presidente López Obrador”, dijo el ejidatario Aldonay Arcos García, e inmediatamente después, añadió: “solo tenemos un detallito…”

En Boca del Cerro, una localidad situada a escasos kilómetros de Tenosique, la asamblea se llevó a cabo en un parador turístico construido en la orillas de las aguas de color café del Río Usumacinta, desde el cual se puede observar el imponente puente de hierro amarillo que une los cerros cubiertos de vegetación, y por el que pasará el tren.

Es precisamente en esta parte de Tenosique que Fonatur piensa erigir la estación del tren y el “polo de desarrollo” –una ciudad nueva con hoteles, comercios y viviendas para hasta 50 mil habitantes– que la rodeará.

“En el ejido de Cortillo Segundo tenemos una clínica fantasma, no hay médico ni medicinas; el Tren Maya es todo magnífico pero si me llevan a un turista ahí y se enferma, ¿Con qué lo curo? ¿Y si se me muere?”, lanzó el ejidatario Miguel Ángel, quien enseguida se quejó de las facturas de luz de hasta 800 pesos y exigió a los funcionarios presentes que “no escriben nomás, que sea de verdad, no de mentiras”.

Y lanzó: “El Tren Maya, no lo vayan a dejar en medias, porque hay muchos proyectos y todo queda en medias porque ya no hay recursos”.

Algunas intervenciones mencionaron malas gestiones de la administración local; por lo que Raúl Gutiérrez Cortés, el presidente municipal, retó –visiblemente ofendido– a sus críticos que “tengan los pantalones para decirmelo en persona”.

Ante la cantidad y la diversidad de las peticiones, el representante del INPI prometió que el gobierno federal hará el “análisis” y “regresará” para solucionar el “rompecabezas”, pero advirtió que “vamos a ver los caminos prioritarios, no nos alcanza para todos”.

Invitó las personas a pensar “de una manera más regional, no solamente en mi pueblito, nos vamos a poner de acuerdo para que sea más integral”.

Momentos después, resaltó que “hay mala información, antes los megaproyectos estaban pensados para poner los recursos de la nación en manos de las grandes empresas de capital transnacional, pero en el tren maya sí se van a explotar los recursos, pero para el beneficio de ustedes, que no haya tergiversiones”.

Ayer, en el municipio chiapaneco de Palenque –que será el punto de partida del tren–, se escucharon peticiones similares, a las que los representantes del gobierno federal contestaron de la misma manera.

“Pido que AMLO nos resuelva; no estamos en contra del Tren Maya, pero queremos que nos atienda con esta petición”, dijo la ejidataria Cándida Zaragoza, quien se quejó de que las calles de su pueblo están “abiertas” o que la luz se desvanece cuando llueve.

Adolfo Sánchez Jiménez tomó la palabra y se dirigió hacia Carlos Barceló Ruiz, el enlace de Fonatur en la región. Mientras el señor hablabla en chol, el funcionario se lo quedaba viendo, aparentemente concentrado, hasta que el campesino le preguntó si había entendido algo de lo que le dijo.

Ante la negativa Barceló, el señor se dio la vuelta hacia la sala, y lanzó: “¿Ya ven compañeros?”. Se soltaron unas carcajadas en la sala. “¿Dónde vamos a quedar nosotros?”, cuestionó, y declaró una larga argumentación sobre las tierras, hasta que el funcionario del INPI le cortara la palabra.

“Le molestan mis palabras”, espetó el señor mientras se aferraba en el micrófono; “las voces críticas son muy bienvenidas”, recalcó el servidor público.

Al concluir el evento, las comunidades presentes designaron a 11 delegados –al que se tomó posesión de manera ceremoniosa– para integrar una comisión de seguimiento, y el INPI hizo que los representantes de las comunidades se formaran y firmaran el acta de la asamblea, el cual planteó que “por consenso y unanimidad” se acepta la implementación del tren maya.

Omar Galindo de la C., representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcó el punto final del encuentro de Tenosique. “Damos por clausurada la consulta libre, previa e informada. ¡Dios me los bendiga!”

Con información de Armando Guzmán y Rosa Santana

Foto Armando Guzmán

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[Mapas] Tren Maya como nueva infraestructura de articulación de los capitales agroindustriales y turísticos inmobiliarios en la península

A propósito de la próxima consulta que realizará Gobierno Federal sobre el Tren Maya este 14 y 15 de diciembre, les compartimos estos mapas de GeoComunes sobre el tema

El trazo del “Tren Maya” retoma la lógica espacial de los ejes troncales incluídos en el proyecto “México 2030”, el proyecto de articulación del territorio nacional a partir de autopistas de cuota que impulsó la administración de Felipe Calderón. La principal diferencia entre ambos proyectos es el tránsito hacia una red ferroviaria que permite disminuir aún más los costos de traslado de mercancías.

Mapa 2. Genera impactos socioambientalesPara adecuar las vías existentes a este proyecto de articulación territorial, el Tren Maya generará ajustes en zonas donde no existe derecho de vía para el transporte de mercancías donde existe mayor riesgo de expropiación, particularmente en las periferias de ciudades como Mérida, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Campeche, pero también en el trayecto de 100 km entre Izamal y Valladolid y en los 16 km que conducen de la carretera hacia la zona de Calakmul.En el resto del trazo, el proyecto del Tren Maya atraviesa zonas de la península de Yucatán que se caracterizan por la concentración de riqueza cultural y ambiental que combinan núcleos ejidales de comunidades mayas, zonas de humedales y reservas naturales.

Mapa 2 Crédito: GeoComunes

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Mapa 3. Afectación al patrimonio histórico y culturalDesde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán, la ubicación de la gran cantidad de sitios arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permite distinguir zonas con mayores concentraciones, como en el estado de Yucatán. Sin embargo, la menor cantidad relativa de sitios registrados en Campeche y Yucatán señala que se trata de zonas con menor cantidad de investigaciones. La experiencia acumulada con los proyectos de trazado de carreteras, permite concluir que es muy probable que los trabajos del Tren Maya saquen a la luz una cantidad importante de nuevos descubrimientos arqueológicos.Total de sitios arqueológicos registrados por el INAH en la península de Yucatán: 3,657 sitiosTotal de sitios ubicados a menos de 6km de las vías del proyecto del Tren Maya: 826 Total de sitios ubicados a menos de 10km de las vías del proyecto del Tren Maya: 1,288

Mapa 4: Estaciones del Tren como nodos de articulación y expansión de los capitales agroindustriales, inmobiliarios, turísticos y financierosA lo largo de las vías de tren se pretenden instalar estaciones y mal llamados polos de desarrollos (no hay claridad aún sobre el número, por el momento se han anunciado alrededor de 20) que se financiará bajo esquemas de Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA). Este esquema financiero complejo y engañoso pretende integrar a los dueños de la tierra como “socios” de esos polos de desarrollo. Con este discurso, las expropiaciones de tierras son enmascaradas como áreas de desarrollo que permitirían que los ejidatarios se convirtieran en socios capitalistas de los proyectos de despojo. Junto a los corredores de expropiación impulsados por las estaciones del Tren Maya, también podrían incluirse algunos proyectos de reordenamiento territorial anunciados en las imágenes de las estaciones que difundió el gobierno actual, mismas que, hasta ahora, constituyen la principal fuente de información sobre el trayecto del Tren Maya.

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