Les compartimos algunas fotos de la acción mundial en contra de las represas y por los ríos libres que conmemoramos en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con algunos integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio»
El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte
Comunicado de la Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala integrada por diferentes movimientos, colectivo y organizaciones – A 14 de marzo de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
Ante los evidentes acontecimientos en nuestras diferentes comunidades y pueblos, por la imposición de proyectos hidroeléctricos que responden a la política energética y el modelo energético implementado en México y Guatemala, para saciar los intereses de un modelo económico depredador demandante de energía; ante la invasión y despojo de los territorios, criminalizando a los pueblos que defendemos la vida y la madre tierra.
Las y los defensores de la tierra y la naturaleza; líderes y lideresas comunitarias de los territorios de Chiapas y Guatemala, unidas y unidos por las cuencas del Usumacinta y El Grijalva, exigimos la cancelación total de los proyectos hidroeléctricos concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Porque es a través de la construcción de estos proyectos que los gobiernos, las bancas financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas pretenden imponernos su desarrollo. Un desarrollo que impone un modelo de vida que nos señala a nosotros, los pueblos mesoamericanos como “subdesarrollados”, como un estorbo, discriminando así nuestras decisiones acerca de nuestro territorio con el fin de generar ganancias económicas para las empresas y las familias oligarcas implicadas, pero no para los pueblos.
Por lo que rechazamos rotundamente los proyectos hidroeléctricos, que son producto de la ambición empresarial, ocasionando en nuestros pueblos división, represión, despojo y el aumento de la violencia, en especial hacia las mujeres.
Además, los proyectos hidroeléctricos que promueven los gobiernos y las empresas son proyectos que obedecen a un modelo energético capitalista, que abastece de energía a la producción industrial (minería, industria cementera, industria papelera, entre otras), además se genera a través de la explotación y extracción de nuestros ríos y montaña,destruyendo nuestros ríos y nuestros ecosistemas y provocando contaminación, enfermedades y muerte en nuestros territorios. Las organizaciones, movimientos y luchas de afectados y afectadas por represas sabemos que la energía que se produce no es para el consumo energético que prioriza las necesidades comunitarias sino para la industria, por lo que no queremos su llamada energía renovable o limpia. ¡Queremos energía para los pueblos y no para las empresas!
Este 14 de marzo, las organizaciones y resistencias que hacemos parte de la Escuela de Justicia Energética de Chiapas y Guatemala: Exigimos el respeto de nuestros derechos y de nuestra autodeterminación como pueblos originarios. Como pueblos ancestrales, comunidades rurales y campesinas, somos protectoras y guardianas de nuestra naturaleza y ejercemos nuestro derecho a decir !No a las hidroeléctricas! Sí a disfrutar con paz, tranquilidad y armonía nuestros bienes comunes y de la madre tierra. Como pueblos hermanados, somos hilos de unidad entre México y Guatemala en defensa del territorio; buscaremos siempre en esta unidad fortalecernos para la defensa se nuestros ríos, con valentía y de pie. Para que nuestros pueblos y ríos sean siempre libres.
¡Pueblos y comunidades unidos contra los proyectos de muerte! ¡El agua es nuestra, las represas la secuestra! ¡La vida es agua, la represa es muerte! ¡Mujeres, agua y energía no son mercancía!
Escuela de Justicia EnergéticaBinacional México-Guatemala Consejo del Pueblo Maya -CPO-; Frente Petenero de Afectados por Represas; Asociación de Comunidades en Resistencia de Ixcan y la Zona Reina; Frente Metropolitano por la vida y el Territorio; Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio; Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio; Frente Cívico Tonalteco; Frente Popular en Defensa del Soconusco; La Voz del Pueblo; Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.; Otros Mundos A.C.; Comunidades de base en resistencia
Imagen: Ofrenda al Río Cacaluta por parte del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Aacacoyagua, Chiapas. 14 de marzo 2020 Crédito: Área de comunicación Otros Mundos
Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020
El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente
Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental
Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera
inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa
en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de
tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en
Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual
ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero
nadie ha podido parar.
Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la
empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio
equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia,
con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos
subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec
en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo
de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en
Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos
Gold.
Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en
esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso
las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y
las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera
esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.
De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este
proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco,
patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para
demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso
el descubrimiento de nuevos hallazgos.
En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.
El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.
Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de
geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se
consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además
calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de
México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero,
cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.
El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis
Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde
expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación
del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales
pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a
más de 560 mil habitantes.
Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una
campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar
el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.
En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el
proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto
negativo social y ambiental.
Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación
ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar
operaciones.
Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un
reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se
presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la
minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del
subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso
indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el
mercurio.
A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?
El 9 de septiembre de 2019 Paolo Rocca –considerado el
hombre más rico de Argentina– se entrevistó en privado con el presidente
Andrés Manuel López Obrador. Un mes después la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó que la mina Peña
Colorada –que extrae el 33% del hierro del país y de la que Roca es
accionista— pudiera ocupar 155 hectáreas de terreno para construir un
depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales. En medio de la
tala de miles de árboles, las comunidades indígenas iniciaron las
protestas debido a que no fueron consultadas.
SIERRA DE MANANTLÁN, (Proceso).– Sin consulta con las comunidades
indígenas de la franja limítrofe de Colima y Jalisco y en medio de un
proceso de autorización ambiental cuestionado, la minera extranjera Peña
Colorada –que extrae de sus yacimientos en la región 33% del hierro que
produce el país– empezó la tala para construir un depósito de desechos y
nuevas instalaciones industriales.
Mediante el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, con una
inversión estimada de 411.6 millones de pesos y una vida útil de 27
años, la empresa busca elevar casi 10% su producción de concentrado de
hierro, de 4.1 a 4.5 millones de toneladas anuales, y pretende
acondicionar una nueva área para el confinamiento del material estéril
residual resultante de la explotación minera en los próximos ocho años.
Nacido en 1975 como paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez
Peña Colorada SA de CV –su nombre oficial– fue privatizado en 1991 y
desde 2005 es propiedad, a partes iguales, de las trasnacionales Ternium
y Arcelor Mittal, pertenecientes a los magnates del acero Paolo Rocca,
ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, indio, respectivamente.
Ternium forma parte del Grupo Techint, invitado por la administración
de Andrés Manuel López Obrador a participar en la licitación de la
refinería Dos Bocas, oferta que, según algunas versiones, declinó por
estimar que para construirla no era suficiente el plazo señalado por el
gobierno federal.
El 9 de septiembre de 2019, Rocca –considerado el hombre más rico de
Argentina– visitó México y se entrevistó en privado con López Obrador.
Al final el mandatario publicó una fotografía y el siguiente mensaje en
Twitter: “La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca,
director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus
proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país
atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política,
económica y social”.
El 18 de octubre siguiente, en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) le fue aprobado a Peña Colorada el
proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, que quedó sujeto a algunas
medidas de mitigación ambiental, compensación y condicionantes.
Fragmento del texto publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, ya en circulación
Compartimos la declaratoria final de Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití, reunido en Dajabón durante los días 28 y 29 de febrero del 2020>>Descargar en pdf<<
Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.
Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.
Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.
Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.
Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.
SI A LA VIDA NO A LA EMPLOTACIÓN MINERA
Firman
Plateforma haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití, SJR-Haití- Solidarite Fwontalye, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Federación de Maestros, Puerto Rico (FMPR), Mouvman Peyizan Papay (MPP), Haití Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití Comisión Ambiental de la UASD ADEM, Haití Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc. (CEFORMOMALI), Cotuí, RD Coordinadora Ambiental, Provincia Dajabón (CAPRODA), RD POHDH, Haití Asamblea Ambiental, Dajabón, RD Batay Ouvriye, Haití La Laguna Saladilla no está sola, Carbonera, RD GARR, Haití Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haití MAELA dominicana Red Ecológica de Santiago Rodríguez, RD MODEP, Haití Amanecer Ambiental, Mao, RD CE-JILAP, Haití Grupo Ecológico Mundo Libre, RD Redac-CEPOCS, Navarrete; RD Articulación Campesina, RD Justicia Climática «Mártires Castaño», RD Coalición Global de Bosques, SD, RD Mujeres por Miranda, La Vega, RD Mesa Ambiental de Dajabón, RD Consejo de Desarrollo de Los Miches, RD Centro de Madres “Lorenza Rodríguez”, RD Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), RD
Compartimos este comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Sociambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de marzo de 2020
El CISO de Canadá visita y se solidariza con las Comunidades afectadas en su lucha contra el proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato
El pasado lunes
2 de marzo, las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del
Gallo propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold en Dolores
Hidalgo, Guanajuato, recibieron la visita de una delegación del Centre
International de Solidarité Ouvrière, CISO (Centro Internacional de Solidaridad Obrera) de Quebec Canadá.
La visita de la delegación
del CISO, conformada por 15 mujeres
y hombres, representantes de diferentes sectores sindicales de su país
tales como los de Salud, Educación e Industria Metálica,entre otros, fue posible
gracias a la vinculación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), quien
acompaña el proceso de organización de la Unión de Trabajadores de Desechos
Sólidos Industrializables “Lázaro Cárdenas del Río” del Estado de Guanajuato,
A.C. con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería.
La delegación del CISO
pudo conocer directamente a las y los habitantes de las comunidades que se
encuentran en riesgo por la amenaza que representa el proyecto minero de la
Argonaut Gold, en las inmediaciones de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de
Dolores Hidalgo.
Recordamos que apenas el pasado 17 de diciembre, la Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la solicitud
de autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto
minero Cerro del Gallo; recordamos también que en los días posteriores, la
canadiense Argonaut Gold, anunció
que insistiría y volvería a solicitar las autorizaciones respectivas. No
omitimos señalar que si el proyecto fuera autorizado y entrara en operación,
afectaría una superficie de más de 20,000 hectáreas, con
procedimientos altamente tóxicos ya que miles de toneladas de minerales serían tratados con grandes cantidades de cianuro de sodio por medio de la técnica de lixiviación en
pilaque generalmente produce
graves afectaciones a la salud de
las poblaciones cercanas debido a la contaminación
del aire, agua y suelo, además de extraer
y contaminar 1,440 millones de metros
cúbicos de agua en un territorio en el que las comunidades no la
tienen en suficiente cantidad y calidad como para garantizarles su derecho
humano al agua.
En la visita participamos representantes del CISO, del
FAT, de la Unión Lázaro Cárdenas del Río, de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia, de Acción Colectiva y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la
Minería (REMA). Junto a habitantes de la comunidades, realizamos un recorrido por la zona amenazada,
iniciando por un diálogo con habitantes de la comunidad de El Sisote, la más directamente afectada ya que por su cercanía al
Cerro del Gallo, recibiría directamente por gravedad las aguas contaminadas con
cianuro de sodio; a continuación visitamos la comunidad de Santa Bárbara para encontrarnos con algunos habitantes que se
encuentran en un proceso acompañado por la Fundación
de Apoyo Infantil (FAI) -también integrante de la Hermandad-, para
construir cisternas de ferrocemento, para la cosecha de agua de
lluvia; las cisternas, con capacidad de 12,000 litros permitirán a cada familia, contar con agua potable segura, únicamente para beber
y cocinar durante un año; finalmente la visita terminó con una comida
sencilla pero deliciosa, en La Colmena,
en la que hubo palabras de fraternidad y compromiso de los representantes de las
diferentes organizaciones de alzar la voz en México y Canadá para denunciar los
proyectos y empresas del modelo extractivo minero.
Cabe resaltar el enorme interés y compromiso mostrado
por la delegación canadiense, cuyos integrantes tomaron nota de todas las
conversaciones, para informar a sus sindicatos, su expresión de solidaridad con
las y los campesinos, además de manifestar sentir vergüenza por el criminal
comportamiento de las mineras originarias de su país.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA
ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Imagen: Hermandad de la Cuenca de la Independencia
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el proceso de resistencia del pueblo maya en calakmul ante el Tren Maya – A 4 de marzo de 2020
Un juzgado de Campeche ratificó la suspensión del Tren Maya
pero la acotó a la zona de Calakmul, pese a que el amparo abarca la
totalidad del proyecto. La orden judicial deja inconformes a las
comunidades que interpusieron el amparo. Queda pendiente una audiencia
constitucional, definitoria, para final de mes
Texto: Daliri Oropeza
La jueza primera de Distrito Grisell Rodríguez Febles del estado de
Campeche ordenó suspender de forma definitiva los trabajos del Tren Maya
en el territorio de Calakmul, tras un juicio de amparo interpuesto por
los pueblo Maya y ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y
Popular de Xpujil (Cripx).
La suspensión, sin embargo, deja un sabor amargo entre las
comunidades, de acuerdo con la abogada del Cripx, Elisa Cruz Rueda. Si
bien es una buena noticia para Calakmul, no obedece a la demanda que
hace el Consejo sobre la totalidad del proyecto del Tren Maya.
Las comunidades representadas por Cripx se ampararon por la manera en
la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya en diciembre del
2019. Y la demanda fue impuesta por los cuatro estados que abarca la
península: Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche.
La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo interpusieron una
queja ante el mismo juzgado en contra de la suspensión provisional,
ordenada el pasado 29 de enero.
En ese sentido, explica la abogada, la orden de la jueza resulta un
éxito para las comunidades que interpusieron el amparo. Pero les
preocupa que la decisión no abarca todo el territorio afectado por el
proyecto del Tren Maya, sino sólo Calakmul.
La abogada señala que están satisfechos pero no conformes.
“No estamos conformes con los límites que se le pone. Es para decir
que en un territorio se aplican los derechos y en otro no. Se viola la
universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos”,
explica la abogada en entrevista telefónica.
Falta audiencia constitucional
El juicio tiene varias etapas. Este 3 de marzo se llevó a cabo la
audiencia incidental. Tenía como efecto confirmar la suspensión o
negarla. Derivado de la orden de la jueza, los trabajos referentes al
proyecto del Tren Maya deben detenerse por completo, hasta que se
realice la audiencia constitucional, definitoria, programada a final de
marzo.
Cruz Rueda advierte que esta orden puede sentar un precedente peligroso.
“Van a decir ‘a estos mexicanos se le cumplen sus derechos y a estos no’. Sienta un mal precedente”.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil obtuvo un amparo el
29 de enero ante este juzgado primero. Gracias a ello se suspendió la
construcción de cualquier estación, vía, ejecución, licitación del Tren
Maya en esta zona. Ahora obtiene la suspensión definitiva.
“Para eso es la audiencia incidental, para conservar el estado de las
cosas y que no se violente la materia física del amparo”, recalca Cruz
Rueda.
“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, detalló en aquel momento Romel González fundador del Cripx, “la consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la presa el Zapotillo – A 17 de febrero 2020
Niega Conagua desacato a la SCJN – No se elevará la cortina sin aval de los habitantes, asegura
Por Juan Carlos G. Partida Corresponsal
Guadalajara, Jal., El gobierno federal realiza obras con
una inversión de al menos 500 millones de pesos, las cuales considera
urgentes para proteger y dar mantenimiento a la presa El Zapotillo, a
pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las
autoridades ejerzan cualquier acto de autoridad que viole los
derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo,
comunidades amenazadas con ser desplazadas por la inundación que
provocaría el embalse.
A partir de una visita de inspección que realizaron el pasado 14 de
febrero, habitantes de la región, a quienes se les permitió por vez
primera el acceso a los trabajos, cuyo proyecto fue anunciado hace casi
15 años, señalaron que con las labores en la presa la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) en efecto pretende cuidar el embalse, pero se ha
desestimado la protección a los lugareños y a sus poblados.
La obra sigue avanzando y la amenaza sobre los derechos de las
comunidades está ahí, porque todas las obras que se hacen son para
proteger la presa. Nos queda muy claro a nosotros como comunidades que
Conagua lo que está protegiendo es la infraestructura de esta obra
hidráulica, reprochó Gabriel Espinoza, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Trabajos urgentes: Conagua
Las labores que se efectúan son urgentes, indicó José Luis Acosta,
director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, quien estuvo
a cargo de responder dudas que le plantearon los visitantes, entre
quienes se hallaron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (Cedhj), así como activistas del Instituto Mexicano de
Desarrollo Comunitario (Imdec), y del Colectivo de Abogados y
Especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso).
Los trabajos implican edificar un tanque de amortiguamiento cuyo
costo se calcula en 300 millones de pesos, con el que se busca evitar un
derrame catastrófico en caso de que ocurriera en el río Verde una
avenida de agua tan fuerte que superara los 80 metros de altura de la
presa.
También se han construido represas aguas arriba de la cortina de El
Zapotillo para retener troncos o maleza que pudieran obstruir el canal
de desvío, el cual está a punto de ser concluido y forma parte de
elementos provisionales necesarios para permitir que fluya el agua del
Verde en tanto se decide el destino final del embalse.
De igual manera, se refuerzan las laderas con concreto para evitar
derrumbes de tierra y rocas sobre la presa. Una caída de material
ocurrió durante la visita de inspección en una de las áreas sin
reforzar, que no dejó daños mayores pero obstruyó un camino durante unos
minutos, hasta que llegó maquinaria para reabrir la ruta.
Acosta aseguró que la Conagua ha respetado la sentencia de la SCJN. No
rebasamos la elevación (de) 80 (metros) y se cancelaron todos los
conceptos de obra que estaban hacia arriba, y lo único que se hizo
fueron la obras necesarias para brindar la seguridad física, porque la
inversión federal que se ha hecho es muy grande.
El funcionario calculó que una vez realizadas estas labores se
requerirá que el gobierno federal se encargue del mantenimiento del
embalse, que costará unos 40 millones de pesos anuales.
En lo que se resuelve de fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo monitoreo ambiental, la instrumentación sísmica, de inclinómetros, la vigilancia, el mantenimiento de caminos. Son cosas elementales pero que se tienen que hacer, afirmó.
En su resolución de la controversia constitucional 93/2012, la SCJN
determinó anular un convenio suscrito en 2007, que permitía que la presa
fuera construida con una cortina de 105 metros y evitar cualquier acto
de autoridad que pudiera afectar intereses de ciudadanos y habitantes de
Jalisco respecto a la dotación de agua que corresponde al estado.
La impresión de los pobladores de que la edificación continúa, si
bien no se aumenta el tamaño de la presa, fue compartida por la Cedhj y
por el Imdec.
Prevalece la incertidumbre que implica aspectos técnicos para
saber si las obras que se están realizando entran en el rubro de
acciones de protección para la población. No se tiene un estudio ni
acciones de protección civil ante una eventualidad. El riesgo no sería
solamente para las poblaciones aguas abajo, sino para Acasico, Palmarejo
y Temacapulín, porque el embalse crecería, dijo Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Cedhj.
Si bien el ombudsman ponderó la apertura del gobierno
federal para dejar entrar a la presa por primera vez a los pobladores de
las comunidades que podrían ser perjudicados por el embalse, recordó
que sobre la presa pesan dos recomendaciones de la Cedhj, porque desde
que comenzó a edificarse se violaron derechos humanos.
La obra nació sin garantizar el derecho a la consulta, sin tomar
una serie de medidas para mitigar depreciación de inmuebles, falta de
servicios públicos, hostigamiento de autoridades y desplazamiento de
personas. Pese a que hay dos recomendaciones en lo sustancial no se
avanzó, al contrario, los tres gobiernos involucrados no han entrado al
fondo del asunto, agregó.
María González Valencia, del Imdec, señaló que durante la inspección
se constató un fuerte impacto y deterioro ambiental de la cuenca, pero
en particular una inversión que no cesa para mantenimiento, pero no para salvaguarda de la seguridad de las personas y las comunidades.
Javier Claussen, especialista en presas y académico del Iteso, quien
coordinó a un grupo de estudiantes durante la visita, consideró que los
trabajos del gobierno federal claramente determinan que se
decidió dejar la cortina del embalse a 80 metros de altura y no hay
visos de que pudiera ser derrumbada, como demandan las comunidades.
Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la
Presidencia de la República, quien fue enviado para estar a cargo de la
inspección, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador
tiene claros dos principios sobre El Zapotillo: la presa no aumentará de
tamaño sin la aprobación de las comunidades que serán afectadas, pero
tampoco será destruida para no desperdiciar la multimillonaria inversión
que se ha hecho en ella.
Quienes hablaron escasamente, mostrando sentimientos encontrados por estar en la cresta del dique, fueron dos pobladores de Temacapulín, María Abigaíl Ramos y Alfonso Íñiguez, quienes desde casi 15 años atrás, cuando se anunció el proyecto, cambiaron sus tranquilas vidas por el activismo en defensa de su tierra, de sus casas, de sus descendientes y de sus muertos.
Imagen: En la presa El Zapotillo, en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua realiza obras de mantenimiento a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la amenaza que representaría para las comunidades aledañas.Foto Arturo Campos Cedillo
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020
Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.
Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.
Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.
La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.
Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:
Del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca las compañías mineras extrajeron el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional y el 6 % de la plata que circuló a nivel mundial hasta finales del siglo XX, dejando a cambio: 120 millones de toneladas de jales (desechos mineros) repletos de elementos altamente tóxicos como Sílice, Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio que contaminaron la tierra, el agua y el aire de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca; miles de mineros enfermos de silicosis quienes murieron lenta y dolorosamente sufriendo una incesante tos que les hizo escupir sus pulmones a pedazos; y, decenas de barrios mineros miserables e insalubres.
Del Distrito Minero de Zimapán las compañías mineras nacionales y extranjeras han extraído millones de toneladas de Plomo, Zinc y Plata, dejando a cambio: 20 millones de metros cúbicos de jales mineros que han contaminado el aire, el suelo y especialmente los mantos acuíferos de la zona, a tal grado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zimapán después de Bangladesh es el sitio QUE MÁS REBASA LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN de Arsénico en el agua a nivel mundial; y, miles de personas enfermas de arsenicismo, leucemia y cáncer de mama.
Del Distrito Minero de Molango, la compañía Minera Autlán ha extraído la mayor parte del Manganeso presente en el segundo yacimiento más grande del mundo, dejando a cambio: miles de hectáreas de selva baja deforestadas; un 50 % de la población local con altas concentraciones de Manganeso en sangre que rebasan ampliamente los límites establecidos, lo cual ha causado manganosis que es un padecimiento que daña al cerebro y al sistema nervioso central, genera problemas de movilidad, de comportamiento y retraso cognitivo; y, cientos de mineros enfermos de neumonitis mangánica.
Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.
Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.
Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):
Nos pronunciamos en contra del POETH elaborado por Rico Moreno y de cualquier farsa montada por el gobierno federal, estatal o municipal para que las empresas implementen el saqueo y la destrucción de los territorios del Estado de Hidalgo.
Llamamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses para hacer frente a este tipo de manipulaciones, sin miedo y con la convicción de que este tipo de funcionarios deben ser desterrados de la función pública y con la garantía de que si estamos organizados y ejercemos nuestros derechos no hay forma de que el saqueo se implemente.
Convocamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses a retomar sus propios procesos de libre determinación con relación al destino y al uso de sus territorios, así como a emprender la construcción colectiva del buen vivir que nos permita encontrar caminos armoniosos con lo que somos y queremos seguir siendo.
¡Territorios Libres de Minería Ya!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre las conseciones de agua a grandes empresas extractivistas – A 9 de Febrero de 2020
Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
al gobierno de Baja California y a la Conagua por violar el derecho
humano al agua de los pobladores de Mexicali alcanzó a la cervecera
Constalleation Brands. La CNDH hizo un llamado a proteger el acceso al
agua de la población
Texto José Ignacio De Alba
La instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .
La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad
federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo
instalarse en un área con escasez de agua.
Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.
El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento
y la legislación en materia de agua del estado de Baja California
presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el
consumo personal y doméstico”.
Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca
vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a
un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.
La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el
gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de
la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que
para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.
Abusos empresariales
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de
alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100
marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo
Modelo, la empresa cervecera más importante de México.
Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y
Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la Empresa se orientan
fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y
posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de
realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera
con ese país.
México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.
En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su
instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se
desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los
últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde
entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.
Sigue el apoyo gubernamental a la cervecera
León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista
telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el
acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas
las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.
Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el
gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar
de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la
empresa continúan:
“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones,
estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua
Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso
al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos
políticos”.
Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation
Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso
asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la
empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga
públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por
parte de la Empresa”.
Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste
con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía,
explica Fierro.
Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.
