Compartimos este comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Sociambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de marzo de 2020
El CISO de Canadá visita y se solidariza con las Comunidades afectadas en su lucha contra el proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato
El pasado lunes
2 de marzo, las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del
Gallo propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold en Dolores
Hidalgo, Guanajuato, recibieron la visita de una delegación del Centre
International de Solidarité Ouvrière, CISO (Centro Internacional de Solidaridad Obrera) de Quebec Canadá.
La visita de la delegación
del CISO, conformada por 15 mujeres
y hombres, representantes de diferentes sectores sindicales de su país
tales como los de Salud, Educación e Industria Metálica,entre otros, fue posible
gracias a la vinculación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), quien
acompaña el proceso de organización de la Unión de Trabajadores de Desechos
Sólidos Industrializables “Lázaro Cárdenas del Río” del Estado de Guanajuato,
A.C. con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería.
La delegación del CISO
pudo conocer directamente a las y los habitantes de las comunidades que se
encuentran en riesgo por la amenaza que representa el proyecto minero de la
Argonaut Gold, en las inmediaciones de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de
Dolores Hidalgo.
Recordamos que apenas el pasado 17 de diciembre, la Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la solicitud
de autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto
minero Cerro del Gallo; recordamos también que en los días posteriores, la
canadiense Argonaut Gold, anunció
que insistiría y volvería a solicitar las autorizaciones respectivas. No
omitimos señalar que si el proyecto fuera autorizado y entrara en operación,
afectaría una superficie de más de 20,000 hectáreas, con
procedimientos altamente tóxicos ya que miles de toneladas de minerales serían tratados con grandes cantidades de cianuro de sodio por medio de la técnica de lixiviación en
pilaque generalmente produce
graves afectaciones a la salud de
las poblaciones cercanas debido a la contaminación
del aire, agua y suelo, además de extraer
y contaminar 1,440 millones de metros
cúbicos de agua en un territorio en el que las comunidades no la
tienen en suficiente cantidad y calidad como para garantizarles su derecho
humano al agua.
En la visita participamos representantes del CISO, del
FAT, de la Unión Lázaro Cárdenas del Río, de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia, de Acción Colectiva y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la
Minería (REMA). Junto a habitantes de la comunidades, realizamos un recorrido por la zona amenazada,
iniciando por un diálogo con habitantes de la comunidad de El Sisote, la más directamente afectada ya que por su cercanía al
Cerro del Gallo, recibiría directamente por gravedad las aguas contaminadas con
cianuro de sodio; a continuación visitamos la comunidad de Santa Bárbara para encontrarnos con algunos habitantes que se
encuentran en un proceso acompañado por la Fundación
de Apoyo Infantil (FAI) -también integrante de la Hermandad-, para
construir cisternas de ferrocemento, para la cosecha de agua de
lluvia; las cisternas, con capacidad de 12,000 litros permitirán a cada familia, contar con agua potable segura, únicamente para beber
y cocinar durante un año; finalmente la visita terminó con una comida
sencilla pero deliciosa, en La Colmena,
en la que hubo palabras de fraternidad y compromiso de los representantes de las
diferentes organizaciones de alzar la voz en México y Canadá para denunciar los
proyectos y empresas del modelo extractivo minero.
Cabe resaltar el enorme interés y compromiso mostrado
por la delegación canadiense, cuyos integrantes tomaron nota de todas las
conversaciones, para informar a sus sindicatos, su expresión de solidaridad con
las y los campesinos, además de manifestar sentir vergüenza por el criminal
comportamiento de las mineras originarias de su país.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA
ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Imagen: Hermandad de la Cuenca de la Independencia
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el proceso de resistencia del pueblo maya en calakmul ante el Tren Maya – A 4 de marzo de 2020
Un juzgado de Campeche ratificó la suspensión del Tren Maya
pero la acotó a la zona de Calakmul, pese a que el amparo abarca la
totalidad del proyecto. La orden judicial deja inconformes a las
comunidades que interpusieron el amparo. Queda pendiente una audiencia
constitucional, definitoria, para final de mes
Texto: Daliri Oropeza
La jueza primera de Distrito Grisell Rodríguez Febles del estado de
Campeche ordenó suspender de forma definitiva los trabajos del Tren Maya
en el territorio de Calakmul, tras un juicio de amparo interpuesto por
los pueblo Maya y ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y
Popular de Xpujil (Cripx).
La suspensión, sin embargo, deja un sabor amargo entre las
comunidades, de acuerdo con la abogada del Cripx, Elisa Cruz Rueda. Si
bien es una buena noticia para Calakmul, no obedece a la demanda que
hace el Consejo sobre la totalidad del proyecto del Tren Maya.
Las comunidades representadas por Cripx se ampararon por la manera en
la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya en diciembre del
2019. Y la demanda fue impuesta por los cuatro estados que abarca la
península: Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche.
La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo interpusieron una
queja ante el mismo juzgado en contra de la suspensión provisional,
ordenada el pasado 29 de enero.
En ese sentido, explica la abogada, la orden de la jueza resulta un
éxito para las comunidades que interpusieron el amparo. Pero les
preocupa que la decisión no abarca todo el territorio afectado por el
proyecto del Tren Maya, sino sólo Calakmul.
La abogada señala que están satisfechos pero no conformes.
“No estamos conformes con los límites que se le pone. Es para decir
que en un territorio se aplican los derechos y en otro no. Se viola la
universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos”,
explica la abogada en entrevista telefónica.
Falta audiencia constitucional
El juicio tiene varias etapas. Este 3 de marzo se llevó a cabo la
audiencia incidental. Tenía como efecto confirmar la suspensión o
negarla. Derivado de la orden de la jueza, los trabajos referentes al
proyecto del Tren Maya deben detenerse por completo, hasta que se
realice la audiencia constitucional, definitoria, programada a final de
marzo.
Cruz Rueda advierte que esta orden puede sentar un precedente peligroso.
“Van a decir ‘a estos mexicanos se le cumplen sus derechos y a estos no’. Sienta un mal precedente”.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil obtuvo un amparo el
29 de enero ante este juzgado primero. Gracias a ello se suspendió la
construcción de cualquier estación, vía, ejecución, licitación del Tren
Maya en esta zona. Ahora obtiene la suspensión definitiva.
“Para eso es la audiencia incidental, para conservar el estado de las
cosas y que no se violente la materia física del amparo”, recalca Cruz
Rueda.
“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, detalló en aquel momento Romel González fundador del Cripx, “la consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la presa el Zapotillo – A 17 de febrero 2020
Niega Conagua desacato a la SCJN – No se elevará la cortina sin aval de los habitantes, asegura
Por Juan Carlos G. Partida Corresponsal
Guadalajara, Jal., El gobierno federal realiza obras con
una inversión de al menos 500 millones de pesos, las cuales considera
urgentes para proteger y dar mantenimiento a la presa El Zapotillo, a
pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las
autoridades ejerzan cualquier acto de autoridad que viole los
derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo,
comunidades amenazadas con ser desplazadas por la inundación que
provocaría el embalse.
A partir de una visita de inspección que realizaron el pasado 14 de
febrero, habitantes de la región, a quienes se les permitió por vez
primera el acceso a los trabajos, cuyo proyecto fue anunciado hace casi
15 años, señalaron que con las labores en la presa la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) en efecto pretende cuidar el embalse, pero se ha
desestimado la protección a los lugareños y a sus poblados.
La obra sigue avanzando y la amenaza sobre los derechos de las
comunidades está ahí, porque todas las obras que se hacen son para
proteger la presa. Nos queda muy claro a nosotros como comunidades que
Conagua lo que está protegiendo es la infraestructura de esta obra
hidráulica, reprochó Gabriel Espinoza, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Trabajos urgentes: Conagua
Las labores que se efectúan son urgentes, indicó José Luis Acosta,
director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, quien estuvo
a cargo de responder dudas que le plantearon los visitantes, entre
quienes se hallaron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (Cedhj), así como activistas del Instituto Mexicano de
Desarrollo Comunitario (Imdec), y del Colectivo de Abogados y
Especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso).
Los trabajos implican edificar un tanque de amortiguamiento cuyo
costo se calcula en 300 millones de pesos, con el que se busca evitar un
derrame catastrófico en caso de que ocurriera en el río Verde una
avenida de agua tan fuerte que superara los 80 metros de altura de la
presa.
También se han construido represas aguas arriba de la cortina de El
Zapotillo para retener troncos o maleza que pudieran obstruir el canal
de desvío, el cual está a punto de ser concluido y forma parte de
elementos provisionales necesarios para permitir que fluya el agua del
Verde en tanto se decide el destino final del embalse.
De igual manera, se refuerzan las laderas con concreto para evitar
derrumbes de tierra y rocas sobre la presa. Una caída de material
ocurrió durante la visita de inspección en una de las áreas sin
reforzar, que no dejó daños mayores pero obstruyó un camino durante unos
minutos, hasta que llegó maquinaria para reabrir la ruta.
Acosta aseguró que la Conagua ha respetado la sentencia de la SCJN. No
rebasamos la elevación (de) 80 (metros) y se cancelaron todos los
conceptos de obra que estaban hacia arriba, y lo único que se hizo
fueron la obras necesarias para brindar la seguridad física, porque la
inversión federal que se ha hecho es muy grande.
El funcionario calculó que una vez realizadas estas labores se
requerirá que el gobierno federal se encargue del mantenimiento del
embalse, que costará unos 40 millones de pesos anuales.
En lo que se resuelve de fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo monitoreo ambiental, la instrumentación sísmica, de inclinómetros, la vigilancia, el mantenimiento de caminos. Son cosas elementales pero que se tienen que hacer, afirmó.
En su resolución de la controversia constitucional 93/2012, la SCJN
determinó anular un convenio suscrito en 2007, que permitía que la presa
fuera construida con una cortina de 105 metros y evitar cualquier acto
de autoridad que pudiera afectar intereses de ciudadanos y habitantes de
Jalisco respecto a la dotación de agua que corresponde al estado.
La impresión de los pobladores de que la edificación continúa, si
bien no se aumenta el tamaño de la presa, fue compartida por la Cedhj y
por el Imdec.
Prevalece la incertidumbre que implica aspectos técnicos para
saber si las obras que se están realizando entran en el rubro de
acciones de protección para la población. No se tiene un estudio ni
acciones de protección civil ante una eventualidad. El riesgo no sería
solamente para las poblaciones aguas abajo, sino para Acasico, Palmarejo
y Temacapulín, porque el embalse crecería, dijo Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Cedhj.
Si bien el ombudsman ponderó la apertura del gobierno
federal para dejar entrar a la presa por primera vez a los pobladores de
las comunidades que podrían ser perjudicados por el embalse, recordó
que sobre la presa pesan dos recomendaciones de la Cedhj, porque desde
que comenzó a edificarse se violaron derechos humanos.
La obra nació sin garantizar el derecho a la consulta, sin tomar
una serie de medidas para mitigar depreciación de inmuebles, falta de
servicios públicos, hostigamiento de autoridades y desplazamiento de
personas. Pese a que hay dos recomendaciones en lo sustancial no se
avanzó, al contrario, los tres gobiernos involucrados no han entrado al
fondo del asunto, agregó.
María González Valencia, del Imdec, señaló que durante la inspección
se constató un fuerte impacto y deterioro ambiental de la cuenca, pero
en particular una inversión que no cesa para mantenimiento, pero no para salvaguarda de la seguridad de las personas y las comunidades.
Javier Claussen, especialista en presas y académico del Iteso, quien
coordinó a un grupo de estudiantes durante la visita, consideró que los
trabajos del gobierno federal claramente determinan que se
decidió dejar la cortina del embalse a 80 metros de altura y no hay
visos de que pudiera ser derrumbada, como demandan las comunidades.
Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la
Presidencia de la República, quien fue enviado para estar a cargo de la
inspección, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador
tiene claros dos principios sobre El Zapotillo: la presa no aumentará de
tamaño sin la aprobación de las comunidades que serán afectadas, pero
tampoco será destruida para no desperdiciar la multimillonaria inversión
que se ha hecho en ella.
Quienes hablaron escasamente, mostrando sentimientos encontrados por estar en la cresta del dique, fueron dos pobladores de Temacapulín, María Abigaíl Ramos y Alfonso Íñiguez, quienes desde casi 15 años atrás, cuando se anunció el proyecto, cambiaron sus tranquilas vidas por el activismo en defensa de su tierra, de sus casas, de sus descendientes y de sus muertos.
Imagen: En la presa El Zapotillo, en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua realiza obras de mantenimiento a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la amenaza que representaría para las comunidades aledañas.Foto Arturo Campos Cedillo
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020
Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.
Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.
Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.
La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.
Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:
Del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca las compañías mineras extrajeron el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional y el 6 % de la plata que circuló a nivel mundial hasta finales del siglo XX, dejando a cambio: 120 millones de toneladas de jales (desechos mineros) repletos de elementos altamente tóxicos como Sílice, Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio que contaminaron la tierra, el agua y el aire de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca; miles de mineros enfermos de silicosis quienes murieron lenta y dolorosamente sufriendo una incesante tos que les hizo escupir sus pulmones a pedazos; y, decenas de barrios mineros miserables e insalubres.
Del Distrito Minero de Zimapán las compañías mineras nacionales y extranjeras han extraído millones de toneladas de Plomo, Zinc y Plata, dejando a cambio: 20 millones de metros cúbicos de jales mineros que han contaminado el aire, el suelo y especialmente los mantos acuíferos de la zona, a tal grado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zimapán después de Bangladesh es el sitio QUE MÁS REBASA LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN de Arsénico en el agua a nivel mundial; y, miles de personas enfermas de arsenicismo, leucemia y cáncer de mama.
Del Distrito Minero de Molango, la compañía Minera Autlán ha extraído la mayor parte del Manganeso presente en el segundo yacimiento más grande del mundo, dejando a cambio: miles de hectáreas de selva baja deforestadas; un 50 % de la población local con altas concentraciones de Manganeso en sangre que rebasan ampliamente los límites establecidos, lo cual ha causado manganosis que es un padecimiento que daña al cerebro y al sistema nervioso central, genera problemas de movilidad, de comportamiento y retraso cognitivo; y, cientos de mineros enfermos de neumonitis mangánica.
Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.
Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.
Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):
Nos pronunciamos en contra del POETH elaborado por Rico Moreno y de cualquier farsa montada por el gobierno federal, estatal o municipal para que las empresas implementen el saqueo y la destrucción de los territorios del Estado de Hidalgo.
Llamamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses para hacer frente a este tipo de manipulaciones, sin miedo y con la convicción de que este tipo de funcionarios deben ser desterrados de la función pública y con la garantía de que si estamos organizados y ejercemos nuestros derechos no hay forma de que el saqueo se implemente.
Convocamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses a retomar sus propios procesos de libre determinación con relación al destino y al uso de sus territorios, así como a emprender la construcción colectiva del buen vivir que nos permita encontrar caminos armoniosos con lo que somos y queremos seguir siendo.
¡Territorios Libres de Minería Ya!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre las conseciones de agua a grandes empresas extractivistas – A 9 de Febrero de 2020
Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
al gobierno de Baja California y a la Conagua por violar el derecho
humano al agua de los pobladores de Mexicali alcanzó a la cervecera
Constalleation Brands. La CNDH hizo un llamado a proteger el acceso al
agua de la población
Texto José Ignacio De Alba
La instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .
La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad
federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo
instalarse en un área con escasez de agua.
Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.
El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento
y la legislación en materia de agua del estado de Baja California
presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el
consumo personal y doméstico”.
Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca
vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a
un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.
La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el
gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de
la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que
para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.
Abusos empresariales
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de
alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100
marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo
Modelo, la empresa cervecera más importante de México.
Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y
Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la Empresa se orientan
fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y
posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de
realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera
con ese país.
México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.
En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su
instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se
desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los
últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde
entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.
Sigue el apoyo gubernamental a la cervecera
León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista
telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el
acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas
las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.
Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el
gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar
de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la
empresa continúan:
“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones,
estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua
Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso
al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos
políticos”.
Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation
Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso
asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la
empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga
públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por
parte de la Empresa”.
Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste
con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía,
explica Fierro.
Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.
Compartimos esta nota publicada en Proceso – A 5 de febrero de 2020
Por Gloria Reza M.
GUADALAJARA, Jal. (apro).– El gobierno de Jalisco detectó que 29
empresas contaminan el río Santiago al descargar aguas residuales que
incumplen con los parámetros que marca la norma.
La coordinadora de Gabinete de Gestión Integral, Patricia Martínez,
informó que, en un recorrido por la cuenca del río Santiago, localizaron
500 puntos de descarga de aguas residuales y tomaron muestras de 150 de
ellas.
Entre las 29 empresas que arrojan contaminantes están Hershey’s México, Nestlé, Urrea Herramientas y Honda.
El informe será entregado el viernes a Víctor Toledo, secretario de
Medio Ambiente del gobierno federal, para que tome las medidas
necesarias.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial de Jalisco, (Semadet), Sergio Graf, recordó que el control,
inspección y vigilancia de las descargas peligrosas de la industria es
atribución de la federación.
El funcionario estatal agregó que al estado sólo le corresponde
supervisar al interior de las plantas que descargan residuos no
peligrosos o agropecuarios, entre ellas las tequileras que generan las
vinazas.
Realizan recorrido por el río Santiago
Este miércoles, el gobernador, funcionarios de su gabinete,
empresarios, activistas y el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, realizaron un recorrido por
diferentes municipios para demostrar al ombudsman que el Estado sí
trabaja para abatir la contaminación del río Santiago.
El pasado domingo, Hernández Barrón anunció que harían una segunda macro recomendación sobre el saneamiento del río Santiago.
En respuesta, Enrique Alfaro retó el lunes a Hernández Barrón y a “opinadores” a acudir a una “macroexcursión” para supervisar las inversiones millonarias de su gobierno en el vaso lacustre.
El recorrido incluyó el municipio de Ixtlahuacán, donde se clausuró la tequilera Los Valores.
En el trayecto, realizado en tres autobuses, el gobernador anunció
que firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para
evitar que continúen las descargas de agua contaminada en el río
Santiago-Lerma, que cruza cinco estados.
Mencionó que se reunió con la directora de Conagua, Blanca Jiménez
Cisneros, “para pedirle que haga su parte”, ya que Jalisco no puede
intervenir para que en las otras entidades eviten descargas.
Además, se solicitará a la dependencia federal acceso a los recursos que se cobran por descargas en Jalisco, para poder financiar la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado.
Compartimos esta investigación especial publicada en Sin Embargo sobre los daños ocasionados por la Minería – 19 de enero de 20202
La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de
plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en
tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera
canadiense llamada Excellon Resources Inc.
Estos campos acolchados de forraje y contaminados con
arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los
municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio”
que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera
Excellon.
Por Jesús Peña
Durango, 19 de enero (Vanguardia).– Desde arriba del gran bordo donde
descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos
durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y
verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de
estar en un paraíso.
Debajo del puente, por el que transita el tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.
Y todo aquí da la impresión de estar en el edén, la tierra prometida, un vergel.
Parece un vergel, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa.
Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y
cientos de hectáreas de forraje, (entre cinco mil y ocho mil hectáreas
de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de
vacas que pacen sin malicia en los establos de la Región Lagunera.
Los
procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de
arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido. Foto: Jordi
Sifuentes, Vanguardia
La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el
tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del
Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.
Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico,
a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los
municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que
hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.
Además de una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.
La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe, donde no hay pavimento ni drenaje, sólo el recuerdo de una planta purificadora de agua que ya no funciona y unos talleres de carpintería y costura que están parados por falta de dinero.
En La Sierrita, la mayoría de la gente, unos 100 de los 120
ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez,
Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona
donde su futuro está en peligro de extinción.
“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La
Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos,
estamos en la ruina”, dirá Carlos Godoy Rivera, el secretario del
comisariado ejidal de este poblado.
“Esa tierra ya no sirve, porque ya tiene más de 10 años que se riega
con esa agua. Pa producir buena alfalfa, buen maíz, ya no. Trae muchos
metales, minerales, mucho arsénico, mucha sal, mucho plomo, zinc. No
está tratada. Es agua contaminada y está contaminando las tierras, los
pastos, la alfalfa, el maíz, la avena, el trigo, todo se está
contaminando aquí”.
Dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de
Vigilancia de La Sierrita, mientras señala a lo lejos, desde lo alto del
bordo del ferrocarril que va y viene de Ciudad Juárez a Torreón, las
campiñas y campiñas tapizadas de forraje que conceden al paisaje
desértico una belleza inusitada.
César denuncia que la minera Excellon Resources Inc vende el agua
contaminada con arsénico, plomo y zinc, a unos 13 pequeños propietarios,
(agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en
La Laguna tales como Lala, Chilchota, Alpura.
Unos
100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en
Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de
oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.
Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
Al respecto un empleado de una reconocida empresa lechera, que pidió
no ser identificado, corroboró de manera extraoficial la versión de los
ejidatarios, al ratificar que una parte del agua de la mina la Platosa
es utilizada por más de una docena de agricultores productores, socios
de varias compañías lácteas de la región.
“Desde luego se hace en el marco de la ley, no hay
perjuicio a ningún tercero y sólo se utiliza una parte de total
disponible”, dijo la fuente.
Y deslindó a la firma que representa, de toda responsabilidad sobre
el manejo que sus socios agricultores productores hacen de sus negocios.
“Cada socio tiene la gestión que le puede convenir más
para su negocio en términos de compra de tierra, compra de forrajes,
derechos de agua y noria, y cada uno puede responder de lo que está
haciendo bien o, en su caso, de lo que está haciendo mal…”.
“Eso lo puede hacer la canadiense – dice Miguel Ángel Mijangos Leal,
enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el
estado de Guerrero –, gracias a que en la ley minera, cuando una mina
encuentra agua la norma dice literalmente que puede utilizarla conforme a
los intereses que le empresa defina y ahí lo que definieron fue echarla
para afuera, porque obviamente si no sacan esa agua no pueden sacar la
plata que está allá abajo. Hay empresas que hacen contubernio con la
minera para que les dé esa agua y meten forraje para la industria de
todo el corredor de Tlahualilo, que es muy grande. No sólo es la minera
como tal, sino que se va encadenando a otros megaproyectos como la
producción de forrajes que luego cae a otros intereses vinculados a esa
zona, que tienen que ver con la cuenca lechera”.
Un estudio realizado por Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero
agrónomo, experto en uso y conservación del agua, señala que el volumen
de líquido que sale de la mina, como resultado de su laboreo, asciende a
unos dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para
surtir a Gómez Palacio, Durango, y de paso a otros municipios.
“Se dice fácil, pero si lo vemos en una zona desértica es
mucha agua. La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal,
una mancha que viene de una seria de fracturas de la Sierra de
Bermejillo. Y según lo que hemos detectado toda esa sierra está formada
por grandes cavernas de yeso. En todas esas grandes cavernas primero
está el yeso y luego viene la plata. Ellos dicen que no va a pasar nada,
pero sí pasó y la Semarnat les dio permiso: un barreno rompió esas
capas, rompió lo que teóricamente son grandes cavernas que por millones
de años llenaron esas sierras calizas que son las fuentes de que se
alimenta el acuífero principal”.
Un documento relativo a un estudio de impacto ambiental del proyecto
La Platosa, promovido por la empresa Excellon Resources Inc. y publicado
en internet, dice que, “se han detectado estructuras como fallas
rellenas con yeso, cavidades y cavernas de varios metros de ancho…”, y
más adelante dice, “el área se ubica dentro de la unidad hidrológica
denominada acuífero principal, región lagunera, en una zona de veda y en
donde se presentan dos componentes: uno somero, que manifiesta
aportaciones a profundidades de entre 20 y 30 metros de escurrimientos
asociados a infiltraciones de recientes periodos de lluvia; y un
componente profundo del orden de 150 metros, en el que el agua
subterránea presenta concentraciones minerales que le dan un carácter
químico no apta para fines de consumo humano”.
Semanario colectó una muestra de las aguas de la Platosa y
las llevó al Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados, (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional,
(IPN), en Ramos Arizpe.
La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
El examen arrojó que dicho líquido contiene 0.468 microgramos de
arsénico por litro de agua, cuando lo permitido por la norma nacional es
de sólo .025.
César dice que hace algunos años habitaban en esta sierra, la sierra
de Bermejillo, Durango, donde se encuentra asentado el ejido, manadas de
venados, jabalíes y otros animales silvestres, sin embargo, muchas de
estas especies han perecido tras beber las aguas del arroyo contaminadas
con metales pesados que extrae la minera de la mina y derrama, sin
permiso, en tierras de la comunidad.
En un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, difundido en la red, se lee que entre la fauna que caracteriza a La Sierrita, Durango, se encuentran el águila real, aura, cenzontle, correcaminos, conejo, coyote, gato montés, liebre, víbora de cascabel, zorro, ardilla, cacomiztle norteño, rata cambalachera y ratón, “(….), poco vistas, posiblemente, debido a las perturbaciones por las explosiones mineras realizadas en el área, el movimiento en la zona de cultivo de la zona de influencia o por el tráfico continuo en la carretera, lo que ha ocasionado el desplazamiento de la fauna hacia mejores condiciones del hábitat y menos perturbaciones”.
Y más abajo señala que “la acción de desmonte provoca que la
relativamente escasa fauna silvestre menor presente en la zona, se
desplace a sitios con menos perturbaciones cerca del área del proyecto,
afectando su comportamiento y dinámica poblacional por la migración”.
Esta contaminación, provocada por la minera, ha ocasionado también la
muerte de vacas y cabras propiedad de los ejidatarios, que al no
encontrar abrevaderos en la sierra, se sacian con el líquido letal
derramado por la empresa.
“Las vacas de los mismos ejidatarios que andan aquí
sueltas en el agostadero, se han muerto porque toman agua de ahí y luego
les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a
las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí”, dice César
Pulido Barrón, ejidatario y presiente del Consejo de Vigilancia de La
Sierrita.
Por estos pueblos proliferan las historias sobre labriegos que se han
encontrado reses muertas, botadas, en el desierto y que tras abrirlas,
tras realizarles una autopsia exprés, han descubierto las carnes
quemadas, ennegrecidas del animal.
“La gente dice, ‘la carne de los animales que toman agua
de esa, sale quemada’, son los daños que está haciendo esta agua
contaminada. Estos animales cuando mueren, que usted los quiere comer,
que los destaza, mira que no sirve la carne, está muy negra”, contará
Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y
conservación del agua.
Habla Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero:
“Sí, nosotros medio sabíamos de unas historias, no de
ahorita, de hace unos seis años, sobre varios animales que fueron a
tomar agua, se les infló el vientre y murieron”.
El
tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de
aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece
la vista de un oasis en medio del bolsón. Foto: Jordi Sifuentes,
Vanguardia
“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Sin permiso la
pasan, les vale… Quieren que salga lo más lejos posible. A parte ellos
están haciendo su negocio, están vendiendo el agua para la siembra y
están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso. Están dañando la
tierra y nomás están ganando, ellos están explotando, están sacando a
diario, no sé cuántas toneladas de plata, plomo, zinc”, dice Juan
Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La
Sierrita, un atardecer de vendaval que ha venido con otros ejidatarios
para recorrer el área afectada por la contaminación de la mina.
Carlos Godoy Rivera, secretario del comisariado, dice que al
principio la minera puso unos letreros que decían “agua no apta para
consumo humano”, letreros que más tarde fueron retirados cuando la
empresa comenzó a vender el líquido a los pequeños propietarios.
Camino de la carretera 49 a Ciudad Juárez, que parte las tierras del ejido ubicado a unos cinco kilómetros de Bermejillo, Durango, y a 50 kilómetros de Torreón, el ejidatario César Pulido dice que las aguas que corren por el arroyo situado debajo del puente del ferrocarril, son las aguas que la mina desecha, que le sobran, después de haberlas repartido entre los pequeños propietarios de la región, muchos de los cuales rentan tierras al ejido.
“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante
de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra,
ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo
quemó”.
Y dice que esta contaminación ya ha hecho estragos incluso en la
flora, cactáceas, plantas medicinales y árboles, que vive en este
desierto.
“Aquí había monte de buena calidad. Aquí era buen pasto y
todo, buenos mezquites. Todo eso amarillo que uste mira ya está quemado
con esta agua, ya de ahí no sale nada de pasto ni mezquites, todo eso
amarillo ya está quemado, el terreno ya está quemado. Si se mete usté y
saca ese mezquite lo saca con salitre, ahí sale con salitre ese
mezquite, ya está muerto ese mezquite, la pastura ya está muerta, ahí ya
no sale el zacate”.
Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero, aclara que esta
deforestación se debe a que, además de ir cargada con altas
concentraciones de arsénico, el agua de la Platosa es rica en carbonato
de calcio y magnesio.
“Además de sacar el arsénico y ponerlo en la superficie
con estos cultivos, también se está salinizando el suelo, es decir,
después de algunos años ese suelo ya no va a quedar ni siquiera para que
crezcan nopales…”.
Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo
una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó
después que la minera iniciara sus actividades de exploración y
explotación.
Los
ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una
noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después
que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.
Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
“Había norias jalando bien bonito. Una pequeña
(propiedad) aquí tenía cinco norias. Se secaron por lo mismo de que la
mina saca el agua y ya las norias no produjeron nada. Muchas de las
norias al derredor de Bermejillo y de Gómez se han secado por culpa de
la mina”, dice César.
“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y
discúlpeme, pero puro desmadre”, dice Verónica Pulido Barrón,
ejidataria.
“Con el Gobierno”, la secunda el comisariado Juan Zamarripa,
“Por eso, aunque nosotros vayamos a pedir justicia a todo mundo… Si
son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no
es suyo? ¿Y por qué el Gobierno los apoya?, ¿porque tienen dinero y a
nosotros no…?”, dice Verónica.
Los ejidatarios de La Sierrita dicen estar preocupados por los daños a
la tierra, a los animales y a la salud humana, que en el futuro pueda
provocar esta contaminación, causada por la minera.
“Uno que consume leche y todo eso, Lala, riega con esa
agua, Chilchota riega con la misma agua y producen la leche y todo.
Imagínese cómo está la Comarca”, dice el ejidatario César Pulido.
Al respecto una investigación realizada hace una década por la
Facultad de Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado
de Durango (UJED), reveló cómo las aguas contaminas con altas
concentraciones de arsénico que son usadas en el regadío de cultivos,
tienen un impacto negativo en la cadena alimenticia.
“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo
está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a
la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar. Del agua
pasa al suelo, del suelo a la planta, de la planta al animal y luego nos
comemos la carne o la leche, ahí va la concentración de arsénico. Aquí
en la región tenemos mucho cáncer, tanto en Coahuila como en Durango, y
es debido a eso, a que la concentración de arsénico está muy alta y las
plantas la absorben y luego nos comemos el maíz o el frijol. O el
arsénico se pasa a la carne y lo vamos a acumular hasta que llega a un
nivel de toxicidad”, advierte Cirilo Vázquez Vázquez, director de la
Facultad Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, (UJED, y doctor en recursos naturales.
Tales resultados se obtuvieron de un estudio sobre cultivos, maíz y
frijol, sembrados en suelos con altos niveles de arsénico o regados con
agua de pozos profundos, altamente contaminados con este metaloide, en
el Ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.
“Se evaluó y realmente se observó que el arsénico pasa
del agua al suelo y luego a la planta y después a los animales, la carne
o la leche. Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí,
está en lo que nos estamos comiendo”, reitera Vázquez Vázquez.
Con
estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de
forraje, entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena,
trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen en los
establos. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
Semanario buscó reiteradamente a Sandra Magaña, la directora
de relaciones corporativas de Excellon en México, a fin de que diera su
versión en torno a las acusaciones vertidas por los ejidatarios de La
Sierrita.
Hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista.
Este medio intento comunicarse, durante casi dos semanas, con Óscar
Gutiérrez Santana, el gerente regional de Cuencas Centrales del Norte de
la Comisión Nacional del Agua, para que fijara su postura sobre este
reportaje.
Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Por su parte, Román Galán Treviño, encargado del despacho de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
delegación Durango, declaró que hasta ahora la dependencia no tiene
ningún comunicado, ninguna denuncia en particular sobre el tema de la
contaminación en La Sierrita.
“Sé que han estado en pláticas con la Comisión Nacional
del Agua, viendo precisamente el problema de la contaminación, Es lo que
hemos sabido extraoficialmente, pero no hemos tenido ninguna petición o
planteamiento del ejido”.
-¿Conocía el problema?
-Conocemos el problema, pero a través de los medios, de la prensa, hasta ahí.
José Luis Reyes, encargado del despacho de la delegación de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), aclaró que no
es competencia de esta oficina verificar las condiciones de manejo y
uso del agua en las mineras.
Y añadió que es responsabilidad de la Conagua regular este tipo de aprovechamientos.
“Es quien se encarga de verificar todo lo que es el manejo y uso del agua”.
Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020
Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.
México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya,
denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades
desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia
para plantar soya transgénica en sus territorios.
“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire
contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy
fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la
activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más
afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.
Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la
apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la
deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los
grandes productores de soya.
Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades
Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel
en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por
la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.
El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba
la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al
señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las
desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de
las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales,
cuando no las matan directamente.
Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona
Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el
glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron
efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de
México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los
indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en
sus territorios.
Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el
proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian
los indígenas.
“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se
sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas,
según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a
Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio
de 2018 por 63 mil millones de dólares.
El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que
el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica,
que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de
pocos meses”.
El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con
apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja
en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que
conduzca a la prohibición.
Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la defensa de los ríos en Puebla- A 25 de enero de 2020
Por Francisco López Bárcenas
El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.
Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos
mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las
razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el
proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre
de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la
situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su
otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo,
revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con
varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así
llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias
violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes
nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos
humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas
jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.
En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.
Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración
supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la
comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también
teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa
hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos
–supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que
cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la
obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la
construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes
25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia
alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran
sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces
presidente municipal participó como testigo de calidad y no como
servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que
dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.
La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la suspensión de un tramo del Tren Maya – A 29 de enero de 2020
El primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya
fue aprobado hace 12 días. Sus promoventes objetan que la consulta no se
llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron la suspensión del
proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución
de un juicio que podría tomar meses
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro
Un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del
Tren Maya. Lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades
indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche.
El juzgado primero de distrito de Campeche acordó conceder la
suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en
que se encuentran”, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial
de la Federación dio la orden de suspensión.
Las comunidades indígenas ch’ol y mayas peninsulares, representadas
por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) se quejaron
por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya,
por lo que el pasado 6 de enero presentaron su amparo.
“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y
toma de acuerdos de las comunidades”, asegura Romel González, miembro y
fundador del Consejo Regional Indígena de Xpujil. “La consulta tampoco
se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”, añade.
Su principal crítica es que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo,
Fonatur, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, no
siguieron ningún protocolo para llevar a cabo la consulta. También, que
en muchos casos no se consultó a todo el pueblo sino solo a los
representantes ejidales.
“Se hizo con manipulación y mala onda. De mala fe. Si tú lees su
protocolo, hasta abajo, casi casi como en letras muy chiquitas se lee:
‘en el caso de que una comunidad solicite una consulta más específica,
nos lo hagan saber’ ¿Cómo va a saber la gente que tiene ese derecho?”,
dice al respecto Romel González.
“Ese día que vinieron a hacer la consulta les preguntamos si habían
hecho alguna vez una consulta. Nunca habían hecho nada parecido. No
tenían experiencia haciéndola. Además. si el gobierno es juez y parte,
pues obviamente es una consulta a modo”, añade.
Después de la aprobación de este amparo, y de la suspensión temporal,
se tendrá que abrir un juicio, y dependiendo de los resultados de ese
juicio la suspensión se podría hacer permanente o levantarse. Romel no
tiene un estimado de cuánto podría durar este juicio, pero asegura,
podría llevar meses.
El amparo denuncia que la consulta se llevó a cabo sin cumplir con
los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre
autodeterminación de los pueblos indígenas de la Organización
Internacional del Trabajo.
Niega Fonatur notificación de amparo
Horas después de que el Cripx diera a conocer su amparo, el titular
de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons aseguró que no se les ha notificado de
ninguna suspensión. Desde hace meses, el titular ha negado la existencia
de otros amparos.
En otros puntos de la península de Yucatán se han promovido amparos
como éste, sin embargo, de acuerdo con Romel González no se han
sostenido porque no hay gente que firme los reclamos. No hay personas
que los hayan sustentado.
El 19 de noviembre del años pasado, el presidente López Obrador
aseguró que si empezaban a llegar amparos en contra de la construcción
del tren, prefería no empezar la obra, porque se iría atrasando y su
gobierno la dejaría inconclusa.
“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por
mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no
la terminemos en tres años y que termine yo el gobierno y se quede la
obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no
voy a dejar una obra inconclusa”, aseguró en ese entonces.
El amparo afecta todo el proyecto
“La suspensión es en función de todo lo que viene del proyecto”,
explica Romel González, “No solo de la consulta. Es decir, no suspende
sólo la decisión de la consulta, sino todo el proyecto”. El dictamen es
un reflejo del sentir de la comunidades de Xpujil, que está en contra de
todo el proyecto.
“No es oponerse por oponerse, es como si estuvieran pensando por
nosotros, de qué queremos. Es una actitud totalmente paternalista. Por
lo que nos están ofreciendo es como si dijeran: ‘a ver, yo te vengo a
traer desarrollo, y tú haces como yo te digo’. No es una acción correcta
de mirarnos como sujetos públicos de derecho”. Se escucha la voz fuerte
y sonora de Romel, quien habla en entrevista telefónica.
Él asegura, que los beneficios que traerá el tren parten de
imaginarios del gobierno federal que no son científicos ni racionales.
Si bien por Xpujil, un pueblo elevado a cabecera municipal apenas en
1996, cuando se creó el municipio y la reserva de la biósfera de
Calakmul (de unas 724 mil Ha) no tiene un trazo ferroviario que se
recupere para el paso del proyecto federal, sí cuenta con una autopista,
que es por donde podría pasar el tren.
El problema, dice Romel, es que el paso de una vía ensancharía el
derecho de vía de la carretera, lo que presentaría uno de varios
problemas: o se destruye montes y selvas, o se desplaza a varias
personas del pueblo o se afecta la zona arqueológica.
“Hay una serie de contradicciones porque no nos cabe en la cabeza
cómo es que están pensando. ¿Tú crees que va a pasar un tapir, un
saraguato (mono aullador) o un tigre por ahí? Puede que genere un gran
conflicto, porque va a destruir todos los atractivos que viene la gente a
ver, así para qué queremos un tren”.
Xpujil, un pueblo olvidado
Hasta hace 20 años, este pueblo no tenía luz. Aún hoy sus habitantes
captan agua a través de juagueyes y aljibes y que ni siquiera tiene un
basurero municipal. Sin embargo, a partir de 1996, cuando se creó el
municipio de Calakmul, su población empezó a crecer.
Hoy, parece un pueblo flotante, que entre semana se llena de
estudiantes que atienden a una de sus tres universidades o a los
burócratas del gobierno municipal que vienen a trabajar. Incluso, la
explosión demográfica fue tan súbita que servicios como el de salud, no
se le ha podido emparejar. “Los hospitales no solo carecen de medicinas,
sino a veces también de médicos”, revela Romel.
Como desde hace años, la gente que vive aquí depende de la producción agrícola de chile jalapeño y de chihua (pepitas de calabaza), así como de la apicultura. “La miel de Calakmul es la miel base para mucha de la producción nacional, por el tipo de floración que tiene”, presume Romel.
Imagen: Representantes de Diversas Organizaciones de la Sociedad civil, Académicos y Campesinos del pueblo Maya, convocados por el Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán,. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM
