Les compartimos esta publicación sobre el proyecto del Tren Maya y algunos de los muchos impactos que tendrá a nivel económico, social y ambiental – 7 de junio de 2020
Cuaderno 1 Km.0: desigualdad, despojos y violencias. Contexto social y territorial, antecedentes y escenarios en la Zona Selva-Norte y Palenque, Chiapas
El Cuaderno 1, Km.0: desigualdad, despojos y violencia, expone el contexto social actual en la región Norte de Chiapas, en el municipio de Palenque, y en la colonia Pakal Na, que sería el principio del Tren Maya y dónde se construiría la primera estación y nuevo centro urbano. La situación actual en cuanto a servicios públicos, derechos fundamentales, inseguridad y violencia, genera interrogantes relativas a la viabilidad y pertinencia del proyecto turístico y de infraestructura.
Asimismo, antecedentes recientes relativos a proyectos de infraestructura, turismo y urbanización dirigida en Chiapas muestran la presencia de contradicciones insoslayables que podrían volver a estallar de avanzar con la construcción del Tren Maya.
Dicha discusión se articula a partir de evidencias de obras o proyectos que, en tiempos anteriores, se han impulsado o llevado a cabo en la misma región o en el estado con objetivos análogos a los que propone el Tren Maya (Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul, Ciudades Rurales Sustentables y autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque), que, en todos los casos, han sido la causa de graves conflictos sociales. La descripción de estas evidencias permite señalar tendencias y probables escenarios sociales, entre los que se destaca el incremento de la violencia y la conflictividad ligada a megaproyectos, en particular por el despojo de tierras y la transformación obligada de modos y medios de vida.
Compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la defensa de la vida en la mixteca oaxaqueña y la reciente acción del gobierno actual de solicitar apoyo en las mineras canadiensesen el país – 8 de junio de 2020
Desconocen cualquier acuerdo realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI
Pedro Matias
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García.
Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.
Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.
De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo que haya efectuado personas ajenas a la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán que se autonombre representante de los comuneros, siendo el caso específico de la familia Morales Arias quienes son asesorados por el señor Marco Antonio Hernández Cuevas, quien fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente se desempeña como Coordinador General de Atención Regional del Estado de Oaxaca”.
Insistieron inclinarse por la defensa del territorio indígena oponiéndose a que empresas mineras exploten los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos, al tiempo que se pronunciaron por el respeto a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Luego de reafirmar el compromiso con su comunidad de respetar nuestros sistemas normativos internos, hicieron “un llamado a la unidad a todos los ciudadanos originarios de esta población de Santo Domingo Ixcatlán, tanto a los vecinos radicados en diferentes ciudades de nuestro país y del extranjero a la unidad de los ixcatecos para fortalecer la filosofía de nuestro pueblo originario”.
Adelantaron que se informará a las autoridades municipales y agrarias de Chalcatongo de Hidalgo y sus Agencias, con lo que mantienen un añejo conflicto agrario, que actualmente no existe Comisariado de Bienes Comunales en Santo Domingo Ixcatlán, en virtud que el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, anuló el ilegal nombramiento de Alma Morales Arias, por lo que todo acuerdo carece de validez.En el pronunciamiento hacen una relatoría del conflicto y de cómo la familia de Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias de Santo Domingo Ixcatlán para llegar acuerdos ilegales y presuntos acuerdos como empresas mineras.
Recordaron que durante 170 años, el territorio de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo, estuvo en conflicto el cual el 3 de agosto de 1998, el Tribunal Unitario Agrario en Huajuapam de León Oaxaca, en el expediente agrario número 3/1995, reconoce a favor de Santo Domingo Ixcatlán 1,356 hectáreas, juicio agrario que fue promovido por comuneros y personas originarias de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos los señores Juan Santiago García y Zenaido García Bernabé, quienes actualmente forman parte del Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán.
Este domingo siete de junio del dos mil veinte, en la explanada de la cancha municipal, de Santo Domingo Ixcatlán se celebró una asamblea general donde se analizó la situación actual que guarda su municipio y los diferentes problemas que durante 15 años ha generado la familia Morales Arias.
Señalaron que en el 2005, el entonces Presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias y asumió junto a su grupo la solución del conflicto agrario por la vía violenta, argumentando, en declaraciones documentadas, que contaba con la protección del gobernador Ulises Ruíz Ortiz y del PRI como consta en la averiguación previa 130/2008.
Durante el 2005-2007 Freddy Eucario Morales Arias fungió como presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, periodo en el que dividió al pueblo imponiéndose por medio de la fuerza y violencia.
Durante el conflicto social en el año 2006, Freddy Eucario y su grupo paramilitar formó parte de los escuadrones de la muerte, que asesinaban a las personas opositoras a Ulises Ruiz Ortiz.
Durante el año 2007 creó el paraje “Los Reyes” lugar de entrenamiento y preparación de los integrantes del grupo paramilitar que comandaba y que cuenta con la protección de los elementos de la Policía Preventiva del Estado.
Luego de varios asesinatos, emboscadas, quema de casas y maquinaria pesada, llegó el 30
de abril del 2008 donde fueron asesinados en el centro de la población de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca el secretario de bienes comunales Melesio Martínez Robles y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, el primero fue descarnado sádicamente de la cintura para abajo, el segundo quemado vivo en el interior de su automóvil y el tercero de un balazo, por estos hechos se inició el Expediente Penal 24/2008 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en contra de Freddy Eucario Morales Arias y otras 15 personas.
Por esos hechos suscitados el 30 de abril del 2008, el 19 de mayo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares a favor familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé. El 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a 177 personas.
Y 7 de agosto del 2008, por los hechos ocurridos el 30 de abril del 2008, el Congreso del Estado aprobó la suspensión de Poderes Municipales de Santo Domingo Ixcatlán y el Eucario Morales Aguilar fue detenido por homicidio calificado, sin embargo, su familia mantuvo el control de la comunidad y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.
Compartimos esta nota publicada en el diario El Popular de Puebla sobre la voracidad de la minería canadiense en México – A 2 de junio de 2020
Por EFE. Un informe de ONG denuncian casos de represión en comunidades en contra de proyectos mineros.
Un informe dado a conocer este martes acusa a compañías mineras de todo el mundo de aprovechar la pandemia de COVID-19 para avanzar en sus intereses, reprimir a comunidades opuestas a proyectos y presionar a legisladores y Gobiernos.
El informe, realizado por varias organizaciones no gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, señala que numerosas explotaciones mineras en todo el mundo están afectadas por brotes epidémicos del coronavirus, que afectan no sólo a los trabajadores, sino a comunidades indígenas y rurales.
Según declaró a Efe Kirsten Francescone, una de las autoras del informe y responsable de Latinoamérica en la ONG MiningWatch Canada, se estima que unas 4.000 personas que trabajan en cerca de un centenar de explotaciones mineras, y 300 residentes de comunidades cercanas, han contraído COVID-19.
De esta cifra, alrededor de una decena de mineros y cuatro residentes han muerto a consecuencia de la enfermedad.
Pero Francescone alertó que «estas cifras son las constatadas a través de los medios de comunicación pero nos tememos que las cifras reales son mucho más elevadas».
Francescone destacó el caso de Cobre Panamá, en Panamá, «donde han muerto 5 trabajadores y donde 150 trabajadores han dado positivo a COVID-19».
«Esa empresa, cuando empezaron a salir las noticias de que había trabajadores infectados, mantuvo sus operaciones funcionando con normalidad. Sólo tras la muerte del primer trabajador, el Ministerio de Salud ordenó el cese de sus operaciones y la cuarentena de 900 trabajadores», afirmó Francescone.
Cobre Panamá no es el único caso de explotaciones mineras con brotes epidémicos masivos, según el informe. Esto también se ha producido en las minas Olimpiada (Rusia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú).
El informe se centra en cuatro «patrones para lucrarse» del COVID-19. Primero, ignorando el peligro que la enfermedad representa para trabajadores y habitantes de las comunidades. Segundo, reprimiendo las protestas y promocionando la expansión de las actividades mineras. Tercero, utilizando la pandemia para lavar la imagen de sus operaciones. Y finalmente, presionando a las administraciones públicas para que se produzcan cambios en las regulaciones.
El informe, en el que han participado las organizaciones Earthworks, Institute for Policy Studies-Global Economy Program, London Mining Network, MiningWatch Canada, TerraJusta, War on Want y Yes to Life No to Mining, cita casos de represión de protestas en Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador.
Por ejemplo en Filipinas, en abril «manifestantes que protestaban contra la mina Oceana Gold de la empresa Didipio fueron violentamente expulsados por las fuerzas policiales«.
«Defensores también están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México, de acuerdo con fuentes locales», señalan los grupos que han elaborado el informe.
El documento también señala un video distribuido en Brasil por órdenes del Tribunal Supremo del país en el que el ministro del Medio Ambiente describe la pandemia «como una oportunidad para eliminar regulaciones de política medioambiental«.
«Están continuando sus actividades a pesar de los riesgos a los trabajadores y las comunidades, mientras avanzan proyectos rechazados contra los deseos de los pueblos afectados y presionando para que se produzcan cambios en las regulaciones que mejoren sus beneficios en el largo plazo», concluye el informe.
Imagen: Foto:EFE I En México se han registrado asesinatos de activistas
Les compartimos esta petición sobre el Tren Maya lanzada por la Organización civil Salva La Selva– Junio 2020
La idea del presidente mexicano López Obrador es construir un Tren Maya que lleve masas de turistas de sol y playa desde Cancún y la Riviera Maya hasta las ruinas de Palenque y otros centros arqueológicos.
El tren recorrería 1.500 kms por cinco estados de México y atravesaría parajes mexicanos de la Selva Maya, parte del mayor continuo de bosque tropical húmedo de Mesoamérica cuya contribución a la estabilidad del clima es fundamental.
Cualquier obra de infraestructura tiene un alto impacto ambiental. El tren amenaza ecosistemas que garantizan refugio a jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayos. Estas especies necesitan de grandes territorios para desplazarse, alimentarse y reproducirse lo que se dificultará al dividir su hábitat en dos partes. No basta construir túneles o puentes para el paso de las especies animales o decir que se utilizarán los derechos de vía ya existentes para preservar la selva.
La construcción del tren generará inevitablemente ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obras de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas. Con graves repercusiones negativas.
Comunidades rechazan cualquier cambio de uso del suelo o licencia para el proyecto sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados por el tren. El Tren Maya “no tiene nada de Maya, ni beneficia a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte, de restaurantes son los únicos beneficiarios”.
Firma la petición al presidente mexicano AMLO pidiendo que evite el paso del Tren Maya por Reservas de Biosfera y territorios indígenas.
Carta al Presidente de la Republica
Para: Presidente de México Andrés Manuel López Obrador
Estimado Sr. Presidente López Obrador:
Los países que mejor conserven su patrimonio cultural y natural serán mañana destinos más atractivos para el turismo mundial. El impulso de proyectos turísticos de capital extranjero como el Tren Maya, sumados a los monocultivos de palma africana y de soja , ganadería, tala y tráfico ilegal de especies amenazan reservas ecológicas de valor ambiental y cultural estratégico, así como a las comunidades indígenas mayas y campesinas.
La obra del Tren Maya supone un impacto ambiental demasiado elevado, que pone en peligro el ecosistema y la biodiversidad de la selva maya. Una reserva ecológica tan importante y las pirámides de la zona maya deben preservarse a toda costa.
A mayores, un proyecto de esta magnitud supone la expropiación de tierras y la adquisición de derechos de vía que necesariamente afectarán también a comunidades de toda la península. Las comunidades locales e indígenas deberían haber recibido por adelantado y con tiempo suficiente información completa y verídica referente al tren, lo cual no ha sucedido.
Las comunidades no se oponen -según sus propias palabras- al progreso, sino a la certeza de que el megaproyecto no les dejará beneficios ni desarrollo regional.
El trazado del Tren Maya debería revisarse y evitar su paso por las Reservas de la Biosfera y en todo caso consultar previamente y de manera informada y apropiada cualquier uso de territorios indígenas, como marca la ley y el Convenio 169 de la OIT. También debe realizarse un estudio exhaustivo de impacto ambiental, desconocido hasta la fecha.
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el Tren Maya – A 8 de junio de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que ha operado para evitar que los cuatro tramos del Tren Maya adjudicados hasta la fecha sea sometidos a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito para cualquier obra de infraestructura desde hace 32 años.
En una “nota aclaratoria” publicada hoy, Fonatur menciona que para los primeros tres tramos consiguió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención para realizar la MIA, bajo el argumento de que se trata de un “mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento” de la vía de tren actual.
Y añadió que, como esta vía fue construida antes de 1988, no está sujeta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que obliga a realizar las evaluaciones ambientales para los proyectos de infraestructura.
En otras palabras: para evitar la revisión ambiental, el Fonatur equiparó la construcción del Tren Maya a un simple mantenimiento de la vía existente, “a fin de cumplir con estándares internacionales en temas de servicio ferroviario, medio ambiente y seguridad”, pese a que el megaproyecto plantea duplicar las vías, aumentar significativamente el número de trenes y talar la vegetación a 20 metros alrededor de las líneas.
Sobre el cuarto tramo, otorgado de manera directa a la empresa ICA, el Fonatur argumenta que se trata de un “mantenimiento carretero”, contemplado “dentro del título de concesión que opera actualmente la empresa ‘Consorcio del Mayab’, S.A. de C.V.’”; esta obra –que unirá Izamal a Cancún– plantea abrir la carretera existente para que el Tren Maya pueda pasar entre los carriles, una operación de 27 mil millones de pesos que difícilmente puede entenderse como “mantenimiento” de carretera.
El Fonatur emitió su “nota aclaratoria” con la intención de “combatir la desinformación” que, según la dependencia, salió en la columna de trascendidos Templo Mayor publicada ayer en el diario Reforma; en ella se planteó que la Semarnat había emitido una exención que permitió el arranque de las obras del Tren Maya sin que se hiciera una evaluación de impacto ambiental, lo que, según el contenido de la misma nota aclaratoria, resultó exacto.
Desde un principio, el Fonatur se negó a realizar una MIA para el proyecto integral del Tren Maya, y prefirió fragmentarlo en los siete tramos; en varias ocasiones, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director de la dependencia, declaró que no sería necesario un estudio de impacto ambiental, dado que el Tren Maya seguiría los derechos de vía de la antigua vía de ferrocarril y la concesión carretera de ICA. Aparte, el político ha reiterado que la prioridad del Tren Maya se enfoca en sus beneficios sociales, que “compensan el impacto ambiental”.
A pregunta expresa de Proceso, en marzo pasado, Jiménez Pons reconoció que el Fonatur no cuenta con la MIA para los “polos de desarrollo” –las ciudades nuevas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones del Tren Maya–, pues señaló que aún estaban en “proceso de socialización con los socios, que son las comunidades”.
“Es importante señalar que las obras y actividades iniciadas (…) están previstas y expresamente señaladas en la asignación ferroviaria y en el título de concesión carretera, respectivamente”, aseguró el Fonatur, y subrayó: “Actualmente se realizan los estudios ambientales para todas aquellas obras que, por temas de diseño y operación segura, se encuentran fuera de los actuales derechos de vía ferroviarios y carreteros”.
Quedan tres tramos que el Fonatur aún no ha adjudicado formalmente: el número 5, correspondiente al tramo de Cancún a Tulum, y 6 y 7, que serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y unirán a Tulum y Escárcega, pasando por Calakmul, con 270 kilómetros de vía nueva en medio de la selva.
La negativa del gobierno federal para evaluar los posibles impactos negativos del Tren Maya sobre el medio ambiente es uno de los motivos que un grupo de 159 organizaciones de la sociedad civil y 85 personalidades destacó el pasado martes 2 en un documento de rechazo al megaproyecto.
Más de 300 organizaciones expresan solidaridad con comunidades y trabajadorxs afectadxs por la manera de beneficiar de la pandemia del COVID-19 por parte de la industria minera – A 2 de junio de 2020
La industria minera es una de las más contaminantes, letales y destructivas del mundo. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas de las empresas mineras a la pandemia del COVID-19, han recibido poco escrutinio en comparación con otras industrias que están buscando beneficiarse de esta crisis.
Las organizaciones abajo firmantes condenamos y rechazamos las formas en que la industria minera y numerosos gobiernos están aprovechando la pandemia para fabricar falsas oportunidades y aceptación social para el sector minero, ahora y en el futuro.
Estas acciones suponen una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de lxs trabajadorxs, y de las comunidades y organizaciones que han estado luchando durante décadas por defender la salud pública, contra la destrucción y la devastación de sus territorios por el extractivismo minero. Sobre la base de un análisis colectivo desarrollado con comunidades afectadas, trabajadorxs y organizaciones de la sociedad civil, hemos identificado las siguientes tendencias que ejemplifican estas amenazas. Un examen de más de 500 fuentes de medios de comunicación, comunicados de prensa e informes sobre la minería en el contexto de COVID-19 informa aún más estos hallazgos.
Uno: las compañías mineras han decidido ignorar las amenazas reales de la pandemia y continúan operando, utilizando cualquier medio disponible. Las empresas mineras y muchos gobiernos han presionado para que se clasifique a la minería como un servicio esencial, lo que permite que las operaciones continúen a pesar de los riesgos sustanciales que esto presenta. Al hacerlo, están poniendo en gran riesgo a las comunidades, a las poblaciones rurales y urbanas y a su fuerza de trabajo. En muchos casos, las comunidades indígenas y rurales ya se enfrentan a un grave riesgo por el virus, especialmente las comunidades cuya salud se ha visto dañada por la contaminación generada por el extractivismo minero. Están luchando para poder protegerse de posibles brotes.
Dos: Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias para silenciar las protestas legítimas y promover el sector minero. Libre de supervisión y escrutinio públicos, los gobiernos han impuesto restricciones a la libertad de asociación y al movimiento de personas para proteger la salud pública. Sin embargo, estas medidas severas y frecuentemente militarizadas comprometen la capacidad de los pueblos para defender sus territorios y sus vidas. Quienes defienden la tierra y el territorio tienen un mayor riesgo de sufrir violencia selectiva y algunxs siguen encarceladxs injustamente, lo que plantea riesgos adicionales de infección. Los gobiernos también han desplegado fuerzas estatales (militares y policiales) para reprimir a protestas legítimas y pacíficas, especialmente en los casos en que existe una oposición de larga data a las actividades de una empresa. Mientras tanto, se permite a las empresas mineras seguir operando en estos mismos territorios o hacerlo, a pesar de las restricciones. Estas y otras acciones benefician cínica e injustamente al sector minero extractivista.
Tres: Las compañías mineras están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus sucios historiales y presentarse como salvadores con espíritu ciudadano. En un momento en que países enteros están luchando por conseguir el mínimo de equipos de ensayo necesarios, las empresas se han jactado de los millones de equipos de ensayo de origen privado que han proporcionado a las comunidades y trabajadorxs afectadxs. Esto es una cobertura deficiente para los efectos a largo plazo sobre la salud que habitualmente se derivan de las actividades mineras y las formas a menudo solapadas en que esas mismas empresas operan. También representa una afrenta al bien público en general y a los esfuerzos colectivos de muchos Estados y comunidades para asegurar el acceso público a las pruebas, lo que pone de relieve las flagrantes asimetrías de poder entre las empresas multinacionales y los estados del Sur Global. En algunos casos, las empresas están distribuyendo víveres directamente a la población, generando división social y socavando la resistencia pacífica, mientras la población no puede movilizarse en el contexto de la pandemia. Algunas empresas mineras han establecido fondos de asistencia o han hecho importantes donaciones considerables a los ministerios estatales. Estas «donaciones» directas en efectivo no sólo están lejos de ser proporcionales a los impactos reales de sus actividades, sino que también representan un riesgo de corrupción, que se evidencia a medida que vemos a los gobiernos dispuestos a debilitar las medidas de emergencia, o a permitir el incumplimiento de las mismas, o a simplemente eximir a la industria de cumplirlas.
Cuatro: Las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para conseguir un cambio de normas que favorezca a la industria, a expensas de los pueblos y el planeta. Mientras posicionan a la minería como actividad esencial, tanto ahora como para la recuperación económica mundial posterior al COVID-19, las empresas mineras siguen ejerciendo presión para agilizar las decisiones administrativas y debilitar las medidas, ya limitadas, que existen para hacer frente a los efectos sociales, culturales, ambientales y económicos de sus actividades, que casi siempre recaen en las comunidades afectadas con total impunidad.Ya sea explícitamente, suspendiendo la escasa supervisión y aplicación de las normas ambientales que había, o implícitamente, haciendo más difícil que las comunidades afectadas obtengan información e intervengan en los procesos de concesión de permisos, los gobiernos están haciendo profundas concesiones a la industria minera, y las empresas están ahora presionando a los gobiernos para que esa desregulación sea permanente. Al mismo tiempo, las empresas utilizan cada vez más mecanismos supranacionales de solución de disputas Inversor-Estado (ISDS), incorporadas en miles de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, para demandar a los gobiernos, especialmente en el Sur Global. Siguen interponiendo o amenazando con interponer demandas por cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares, por decisiones tomadas por gobiernos, tribunales e incluso organismos de derechos humanos, socavando la soberanía nacional para la toma de decisiones de protección de la salud pública y atacando la autodeterminación de los pueblos que luchan por proteger su bienestar frente a los proyectos extractivistas. Las reclamaciones mineras pendientes conocidas -y de lugares donde se dispone de información- ascienden actualmente a 45.500 millones de dólares, aunque el total real podría ser mucho mayor. Por ende se temen nuevas amenazas en respuesta a las medidas adoptadas durante la pandemia. Condenamos estas respuestas a la pandemia del COVID-19 como actos de agresión que agravan los riesgos que enfrentan diariamente las comunidades afectadas, los pueblos indígenas, lxs defensorxs de la tierra y lxs trabajadorxs de las minas.
Rechazamos la afirmación de base de que la minería representa un servicio esencial, ya sea ahora o en el periodo de recuperación económica. En el contexto de una crisis mundial sanitaria, económica, ecológica y climática, que avanza en paralelo, afirmamos que lo esencial es la salud de las comunidades, los pueblos indígenas, lxs trabajadorxs y los movimientos sociales, no los beneficios de las empresas mineras depredadoras. Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales para que respeten y apoyen los procesos autónomos de organización y autodeterminación de las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas. Sus esfuerzos son vitales para proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente con la información que proviene de sus propios conocimientos y tradiciones; estos esfuerzos protegen también la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas a través de la agricultura en pequeña escala y otras actividades productivas. La «reactivación» económica no debe promover más minería, sino que debe reconocer e impulsar las iniciativas de base comunitaria.
Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que presten atención y condenen activamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y las empresas mineras durante la pandemia y el período de recuperación posterior.
Nos solidarizamos con las comunidades de primera línea, los pueblos indígenas y lxs trabajadorxs más afectadxs por la crisis del COVID-19 y por las respuestas de la industria minera.
Hacemos un llamamiento a los demás sectores para que los apoyen en sus campañas fundamentales en pro del bienestar colectivo y la justicia.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de junio de 2020
El pasado 17 de abril, un grupo de habitantes de las comunidades de Neutla, Don Diego, Delgado de Arriba y Delgado de Abajo, todas del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, se apersonaron durante el desahogo de una sesión del pleno de su Ayuntamiento para denunciar que, con sus trabajos de exploración, la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la estadunidense Electrum Group, estaba usando agua potable de manera excesiva y contaminado el suelo al descargar desechos líquidos tóxicos de manera indebida e inadecuada.
Luego de un intenso proceso de investigación realizado conforme a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Ayuntamiento del Municipio de Comonfort a través de la Comisión Especial Plural, creada para atender la denuncia ciudadana, concluyó, por un lado, que la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., no cuenta con el permiso de uso de suelo necesario para realizar sus actividades de exploración, por lo que no puede continuar operando sin esa autorización que es facultad exclusiva de las autoridades municipales el otorgarla o negarla. Por otro lado, de las investigaciones realizadas por la Comisión Especial, se advierte que durante el proceso de exploración que la minera ha venido realizando de manera ilegal, incurrió en una serie de irregularidades que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de los habitantes de Comonfort.
Bajo esta lógica el pasado 29 de mayo, el pleno del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort respaldó, por unanimidad de sus integrantes, el dictamen elaborado y propuesto por la Comisión Especial Plural, y acordó, en esta línea, instruir a la Dirección de Desarrollo Urbano para que proceda a realizar la clausura de los proyectos de exploración minera al afectarse el orden público y el interés general, además de hacer del conocimiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT) sus indagatorias y determinaciones para que suspendan, revoquen o dejen sin efecto las autorizaciones en materia de impacto ambiental para la exploración del territorio de Comonfort que en su momento otorgaron a la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V..
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, reconocemos el trabajo de las y los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort quienes, pese a la intensa presión de las y los abogados de la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., resolvieron apegados a la ley la denuncia planteada por las y los ciudadanos.
Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento del resolutivo aprobado.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: El análisis del agua se realizó el pasado 7 de mayo. Crédito: Andrés Téllez Ramírez
Les compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el modelo energético apropósito del reciente debate sobre las energías renovables – A 26 de mayo 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Ante los amparos que interpusieron siete consorcios de energías renovables contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impedía la operación de nuevas centrales solares y eólicas en el mercado eléctrico, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) reafirmó que las energías renovables en México sirven a las grandes empresas y contribuyen al despojo de los pueblos indígenas, además de que no combaten la crisis climática por servir a las transnacionales y proyectos extractivos e industriales.
«No es energía verde si es de las grandes empresas, y menos, si estas grandes empresas son las que más contaminan o destruyen otras geografías, como es el caso de los parque eólicos de Grupo México y Grupo Peñoles instalados en el Istmo Oaxaqueño, ambos conocidos consorcios mineros», señaló la Asamblea en un comunicado.
«Los combustibles fósiles no son más una opción, tampoco la energía renovable como mercancía en manos de las trasnacionales, si queremos mitigar está Crisis Climática, insistimos, todxs tenemos que trabajar en la construcción participativa de una Transición Energética ecológica, social, comunitaria y popular», concluyó.
La tarde del 25 de mayo, un juez federal concedió los siete amparos a las empresas contra el Acuerdo, el cual permancerá suspendido por tiempo indefinido hasta que el caso jurídico se revise a fondo.
A continuación el comunicado completo de la Asamblea: AQUI
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de junio de 2020
En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”, con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.
Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como: robo, homicidio doloso y extorsión.
El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir, disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.
No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son “primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.
Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero, se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores del territorio.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen:Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020
Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades federales competentes para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.
La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.
El glifosato es un plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos agrícola, urbano y jardinería.
El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.
La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y SADER. de que el Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato, como lo hacen ya otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).
“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México.
“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de café y otros cultivos” declaró Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”
“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]
“Otra de las demandas de la carta es que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche” afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres y en el agua subterránea y potable” añadió.
La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit.
También cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.
Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 01 de junio de 2020
Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.
Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”, “segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.
Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc., entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.
Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.
Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas mineras y los pueblos y comunidades.
Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo un artículo:
Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.
Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto Interno Bruto como factor de bienestar.
Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la imposición y reproducción del modelo.
¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Les compartimos este atlas publicado en Biodiversidad LA y este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre los transgénicos, sus impactos en América del sur – A 23 de mayo de 2020
Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos
La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur (y, casi simultáneamente, del maíz transgénico) significó la imposición masiva de monocultivos en un extenso territorio, avanzando a gran velocidad, como nunca antes había ocurrido en la historia de la agricultura. Paralelamente, creció el uso del principal herbicida ligado a estos cultivos: el glifosato. Este crecimiento tuvo consecuencias dramáticas en la salud de lxs pobladorxs de las comunidades cercanas a las producciones, así como en los suelos y en la biodiversidad. En este atlas desarrollamos distintos aspectos de un modelo que implica la concentración de tierras y criminalización de campesinxs, la destrucción de ecosistemas y economías regionales, el control oligopólico del mercado por parte de un puñado de corporaciones, y el impacto del agronegocio sobre los cuerpos de las mujeres.
Abordamos también las resistencias, propuestas y alternativas que surgen de dos modelos en disputa: uno que, a partir de la agricultura industrial, intenta convertir a la agricultura y a nuestros alimentos en una mercancía. Frente a otro, que de la mano de organizaciones campesinas, de pueblos originarios y de agricultorxs familiares, busca recuperar la producción de alimentos saludables para garantizar el derecho a la alimentación, de la mano de un modelo de producción agroecológica de base campesina.
Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).
Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.
Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.
Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.
Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.
El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.
Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.
El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas
