Compartimos el siguiente reportaje sobre algunos casas de defensa de los territorios de mineras canadienses publicado en Rights Action – A 23 de julio 2019 

Por Grahame Russell, 23 de julio de 2019

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

Los procesos judiciales en Canada y Guatemala

Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por represión vinculada a la minería. Representados por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron interpuestas por:

• Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por personal de seguridad de Hudbay;
• German Chub, un joven padre, que fue víctima de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
• Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de 2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo. 

Dos de estas víctimas (Angelica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN. Dada la historia de impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo, ¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960

Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011.

“Canadian Companies Mining With The Genocidal Generals In Guatemala”, by Grahame Russell, 7 April 2019, http://rightsaction.org/canadian-companies-mining-with-the-genocidal-generals-in-guatemala/

Dicha represión recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad; asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales; criminalización de los defensores comunitarios, etc.

Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a CGN. La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay Minerals (2008-2011). Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno durante la década de 1960.

En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus pasivos.

En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.

Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70 y entrando en los años 80. Varios de esos casos de represión minera son documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

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Foto: Rights Action, Lucia Caal, Carmelina Caal, Rosa Elvira, Elvira Choc, Irma Yolanda, Angelica Choc, Margarita Caal, Elena Choc, Olivia Asig, Irma Yolanda. Faltan: Amalia Cac y Luisa Caal.

Grahame Russell es un abogado canadiense retirado, profesor en la University of Northern British Columbia, y desde 1995 director de Rights Action (Derechos en Acción). Para mayor información sobre las luchas de los Q’eqchi’ en busca de la justicia, o si desea apoyarlas, comuníquese con: grahame@rightsaction.org, www.rightsaction.org.

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Compartimos esta nota sobre resistencias contra el extractivismo publicada en Página 3 a través de ChiapasParalelo – A 23 de julio 2019 

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías de Página 3 

SAN MARTIN DE LOS CANSECO, Oaxaca (pagina3.mx).- Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Imagen: Página 3

Más información: 

Gana en Comitancillo, Oaxaca un Comisariado que Defiende el Territorio 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería se solidariza con las organizaciones y familiares de los compañeros asesinados en Oaxaca 

La minería en México: Un despojo legalizado

Comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Socioambiental A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 17 de julio 2019 

Luego de que se dieran a conocer las razones por las que comunidades campesinas del Municipio de Dolores Hidalgo se oponen al Proyecto Minero Cerro del Gallo -propiedad de la empresa canadiense Argonaut Gold- el lobby minero las ridiculiza.

El pasado 12 de julio, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera.

Esta declaración revela la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.

El dirigente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos justifica sus declaraciones en los 500 años de extracción minera en el Estado de Guanajuato, pero omite considerar que la canadiense Argonaut Gold plantea, para la explotación de su Proyecto Cerro del Gallo, la técnica a cielo abierto y la lixiviación en pila con una mezcla de cianuro altamente tóxica tanto para la población como para la flora y la fauna del ecosistema regional, todo ello en un contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero de la Independencia.

En efecto, el Proyecto Minero Cerro del Gallo se ubica dentro del territorio conocido como Cuenca de la Independencia, el cual ha sido ampliamente estudiado por el Centro de Geociencias de la UNAM. Los estudios científicos de la UNAM, arrojan, entre otros, los siguientes resultados:

• 1. La realidad geohídrica no se corresponde con la realidad política y/o administrativa. La división de acuíferos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEAG) está basada en límites administrativos y no reales o naturales. En el Norte y Noreste del Estado de Guanajuato, existe un solo acuífero –el Acuífero de la Independencia– que abarca a siete municipios: San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Sin embargo, a lo largo de las últimas administraciones, las dependencias han sostenido que se trata de cuatro (CONAGUA) y seis (CEAG) acuíferos. Los criterios oficiales de división agudizan el problema de acceso al agua en toda la región y favorecen, en detrimento de los campesinos, a los grandes capitales de la agroindustria de exportación y la minería.
• 2. La gestión del agua subterranea no es sustentable. Más del 50% de las concesiones, de los volúmenes de extracción de agua subterránea, autorizadas por la CONAGUA exceden la disponibilidad segura de agua en el acuífero.
• 3. La mayor parte del agua disponible no es segura. Los resultados de los estudios de calidad del agua muestran la existencia en altas concentraciones de elementos nocivos para la salud como flúor y arsénico, entre otros.

En este sentido, el consumo y exposición de la población a los altos niveles de fluoruro y arsénico en el agua genera intoxicación crónica y provoca una serie de problemas de salud tales como: fluorosis dental, fluorosis esquelética, síntomas cardiovasculares, hematológicos y neurológicos; problemas gastrointestinales, de los riñones, del sistema reproductor, de la piel y cáncer. Los numerosos casos de insuficiencia renal en la región de Dolores Hidalgo son conocidos, sin embargo son sistemáticamente minimizados o invisibilizados por las autoridades federales y estatales, el gobernador y la secretaría de salud, en aras de mantener un modelo económico depredador.

Pese a esta realidad que evidencía una gestión irresponsable de las autoridades, la empresa Argonaut Gold cuenta 8 títulos de concesión que le autorizan a aprovechar un volumen total de 1,440,000,000 m3 de agua subterranea del Acuífero de la Independencia (Cuenca Alta del Río Laja). A ello, habría que sumar los impactos que la minería a cielo abierto -como es el caso del Proyecto Cerro del Gallo- genera sobre el territorio y las comunidades afectadas.

Ha sido ampliamente documentado que ningún otro megaproyecto es tan agresivo con las comunidades y el medio ambiente como la «minería a cielo abierto». Los efectos de su operación son especialmente devastadores. Despoja a las comunidades de sus tierras, remueve y elimina grandes extensiones de suelo fértil, consume y contamina enormes cantidades de agua, contamina la tierra y el aire, genera erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, contribuye al cambio climático, causa graves daños a la salud de las poblaciones vecinas, divide y debilita el tejido social; en otras palabras, depreda al medio ambiente y vulnera los derechos humanos de las comunidades, todo ello a cambio de algunos empleos precarios.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Firman

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Más información: 

Guanajuato: No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

Compartimos el siguiente reportaje espcial publicado en Proceso – Junio 2019 

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

Por Marion Guégan y Cécile Schilis-Gallego / Forbidden Stories , 21 junio, 2019 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas. 

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”. 

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona. 

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania. 

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

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Imágenes: Foto 1 La mina Proyecto Fénix en El Estor, Guatemala. Foto: Jerson Xitumul. Foto 2 Jóvenes desempleados se arman con machetes o lanzas y escalan el muro que rodea a la mina para intentar extraer oro. Foto: Forbidden Stories. Foto 3 Carlos Maaz fue asesinado por policías durante una protesta contra la mina de El Estor. Foto: Carlos Choc / Prensa Comunitaria.

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Boletín de presa de la Hermandad de la Cuencia de la Independencia, Acción Colectiva Socioambieltal A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de julio 2019

No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende explotar su Proyecto Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia. De realizarse, su proyecto abarcaría un área total de más de 20,000 hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua.

En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero de la Independencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterranea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, la empresa minera canadiense Argonaut Gold pretende iniciar las operaciones de su Proyecto Cerro del Gallo, a ubicarse en el territorio de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.

El Proyecto se ubica dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio así denominado por formar parte de un solo Acuífero subterráneo, como ha sido demostrado por los estudios realizados desde 1998 por el Centro de Geociencias de la UNAM, aunque la Comisión Estatal del Agua no lo reconozca así. Este Acuífero abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato, desde San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. La sobreexplotación del Acuífero es tan grave que el agua está siendo tomada más allá de los límites de extracción sustentable, ello se constata con los pozos que existen en la región que alcanzan entre 400 y 700 metros de profundidad. El agua extraída a esas profundidades, contiene un exceso de elementos químicos como el arsénico y el fluoruro, los cuales son altamente dañinos para la salud de toda la población.

Si el Proyecto Minero del Cerro del Gallo empezara a operar los riesgos para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial ya que generaría de inmediato graves afectaciones al equilibrio ecológico de la zona, como de hecho está sucediendo en todas las minas a cielo abierto que se encuentran en el territorio nacional, toda vez que para su operación, además de extraer grandes cantidades de agua, la cual es insuficiente para el consumo humano y las actividades agropecuarias de las familias campesinas, arrasaría un cerro completo, tal como sucedió con el emblemático Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, dejando en su lugar un enorme cráter; además de ello, el proceso de cianurización de las enormes cantidades de material extraído, con el propósito de separar los minerales, generaría gravísimos efectos de contaminación afectando todo tipo de vida.

Por tales razones, los habitantes de las comunidades cercanas al Proyecto Cerro del Gallo han manifestado su rechazo absoluto a la explotación minera de Argonaut Gold, ya que ello conllevaría a la violación de sus derechos humanos, el desplazamiento involuntario de muchos habitantes, impactaría negativamente su economía, y comprometería la calidad de vida de las familias en el presente y en el futuro. Ante esta convicción, las mismas comunidades exigen al Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo que no otorgue ningún tipo de permisos y/o autorizaciones a la empresa Argonaut Gold para su Proyecto Cerro del Gallo.

8 de julio 2019 Dolores Hidalgo, Guanajuato CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

A T E N T A M E N T E

Comunidades Opositoras al Proyecto Minero Cerro del Gallo

SANTA BARBARA | CERRITO DE GUADALUPE | LA COLMENA | EL DURAZNO | PALACIO DE ABAJO | EL POTRERO DE GUADALUPE | SAN JOSÉ DE LA CAMPANA | SAN JOSÉ DE LA PALMA | EL LLANITO | LA VENTILLLA | SAN ISIDRO EL SISOTE | SAN MARCOS | PURISIMA DE CEBOLLETAS | CABAÑA DE SAN JERÓNIMO | LA TINAJA

HERMANDAD DE LA CUENCIA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Compartimos este artículo publicado por Radio Mundo Real (RMR) – A junio 2019 

Mineras y gobierno de San Juan habían presentado recursos de nulidad e inconstitucionalidad. En el país hay 19 mil glaciares. 

Esta decisión del tribunal máximo de Argentina rechaza los recursos judiciales presentados por empresas mineras apoyadas por el gobierno provincial de San Juan, que pretendían anular y declarar inconstitucional la Ley de Glaciares, sancionada en 2010.

En el país sudamericano hay 322 proyectos mineros, de los cuales 77 están en áreas o cuencas hídricas inventariadas (44 en territorios de hielo), siendo los glaciares fuentes de agua.

Al declarar la constitucionalidad de la ley se podrán abordar esos 44 proyectos de minería ubicados en áreas glaciares y periglaciares. “La ley es taxativa: esos proyectos deben clausurarse”, dijo a RMR la activista ambientalista Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina.

>>Escucha la entrevista<< 

EL CASO.

Las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas SA. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama, y la empresa Minera Argentina Gold S.A., concesionaria del emprendimiento “Veladero”, presentaron hace un tiempo el recurso ante la Justicia argentina para anular y declarar «inconstitucional» a la ley de glaciares vigente en ese país.

El 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda, considerando que Barrick Gold y Minera Argentina Gold «no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera».

Cabe agregar que el gobierno de la provincia de San Juan, se había sumado al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley. La Corte consideró que tampoco el gobierno pudo explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio e iría contra la Constitución nacional.

De hecho, el fallo recuerda que la Carta Magna argentina «establece que la protección del ambiente es una tarea conjunta del gobierno nacional y de las provincias».

(CC) 2019 Radio Mundo Real

Imagen: No a la Mina- Archivo Radio Mundo Real

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Compartimos el siguiente artículo publicado en Pie de Página – A 2 de julio 2019 

La Semarnat tiene dos meses para definir si avala o no la propuesta de mina a cielo abierto para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizada por la canadiense Almaden Minerals. Durante el proceso, la empresa ejerce presión en el pueblo

Texto: Ana Cristina Ramos

En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.

El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar conseguir pasar a la fase de explotación.

La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. En febrero entregaron la MIA a la institución federal. Sin embargo, desde 2001 cuenta con oficinas en la zona.

En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán, donde hay yacimientos de oro y plata en la cuenca alta del río Apulco, y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer mediante una mina a cielo abierto.

Entraron al evento público realizado por Semarnat favoreciendo la opción de la mina y la población se enfureció y lo denunció mediáticamente y a través de organizaciones sociales como Poder Project. La práctica fue evidente, pues contrasta con las asambleas regionales que organizan comunidades Masehual-Totonaku en defensa del Territorio en las que participan.

Semarnat tiene 60 días para devolver la MIA con su decisión, pero en algunos medios de comunicación se ha manejado el dato de 30, y el antecedente que en abril el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla emitió una resolución que obliga a la canadiense a realizar una consulta con comunidades. Pobladores, sin embargo denuncian desconocer si esta infiltración es parte de ese requisito.

En la Sierra Norte de Puebla existen 105 concesiones mineras, 72 por ciento son de Almaden Minerals; Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Desde el 2011 que fue realizado el primer conteo, el número de concesiones mineras se ha triplicado. 

Los pobladores de la comunidad más cercana a la mina se han opuesto a su operación en distintas ocasiones, han protestado ante Semarnat, en Palacio Nacional, incluso desde el periodo donde sólo estaba explorando. Ahora que la minera tiene intenciones de operar, recabaron información sobre una serie de puntos que esperan les dé la razón para que la Semarnat no les avale la manifestación. 

El primer argumento que están planteando es que el proyecto está basado en una serie de concesiones que no existen porque se encuentran en litigio.

El amparo es el mismo que interpuso la comunidad de Tecoltémic desde el 9 de abril del 2015, en el Juzgado Segundo en Materia Civil Distrito de Puebla, el cual les otorgó la suspensión provisional y por ello la Secretaría de Economía suscribió en los títulos de concesión minera que éstos no podían revocarse, transferirse o hacerse ningún acto sobre ellos hasta que no concluyera el juicio.

Diana Pérez, abogada de la organización Tiyat Tlalli, que lleva el caso de la comunidad, explicó cuál es la estrategia de la minera: “quieren intentar reducir el número de concesiones; reducir las concesiones es algo así como partir el pastel en varios pedazos pequeños para después desistirse, decir, ‘bueno, yo no quiero estos pedazos’, pedazos que afectaban a Tecoltémic, ésa fue su estrategia para dejar sin estrategia el juicio”.

En marzo de 2018, un Tribunal Colegiado le volvió a dar la razón a Tecoltémic y le dijo a la Secretaría de Economía que no puede modificar los títulos de concesión que abarcan casi 14 mil hectáreas en el municipio –el 80 por ciento del municipio de Ixtacamaxtitlán– porque eso iría en contra de la sentencia que se dictó en el 2015.

Otro de los argumentos de los pobladores es que se omiten los impactos ambientales que el proyecto minero en la región. A lo que la empresa ha prometido en reiteradas ocasiones que la mina funcionará con agua de lluvia y que no hará uso del agua subterránea.

Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua, denuncia que el uso de agua que prevé la mina es desproporcionado con lo que los pobldores utilizan.“Con datos de los ponentes, la conclusión es que no es suficiente llevar a cabo el proyecto minero en tanto que están previendo utilizar cinco millones cuatrocientos mil litros de agua diarios, esta cantidad de agua es el doble de la cantidad de agua que utilizan las 120 comunidades de Ixtacamaxtitlan en su conjunto”, argumenta.

Fotos: Archivo/ Marlene Martínez y María Ruiz

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