[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

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Ley Minera… Permiso para el despojo

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de diciembre de 2019

En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia”acompañada por ciencia,científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T,y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento,pero que al final funcionan como administradores del despojo,al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio,porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo,a través delas consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario,de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando,pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitaren amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya,por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal,conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA,nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defenderla continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que,incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que,“gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad,de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong ́s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente”y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis.De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocerlos daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos,emocionales y afectivos,que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aúnes reducir,a la retórica de las consultas,lo que se considera “justo”para imponer y legitimarla destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país,porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda,todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal;de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida.No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crearla misma situación que ya estaba arraigada desde hace años.La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas,y ahí, en el mismísimo infierno,tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándar eso lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos,es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Grupo México. A través de Forbes

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[Nota] El Tren Maya recibe “apoyo” en consultas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y QR

Compartimos esta nota informativa publicada en Proceso sobre el proceso de consulta sobre el mega proyecto Tren Maya – A 15 de diciembre de 2019

Por: Mathieu Tourliere

enosique y Palenque (proceso.com.mx).- Sin sorpresa, el megaproyecto del Tren Maya recibió una amplia aprobación hoy, tanto en el “ejercicio participativo de consulta ciudadana” como en las asambleas consultivas con ejidatarios, quienes dieron su visto bueno a cambio del compromiso del gobierno federal de atender las necesidades apremiantes de sus comunidades.

En el caso de la consulta ciudadana “de carácter vinculante”, pocas personas fueron a votar en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y buena parte de quienes acudieron a las casillas pusieron su boleta a favor del megaproyecto.

Por otra parte, en las asambleas consultivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) consiguieron que 5 mil 193 ejidatarios firmaran actas en las que aceptaron “por consenso” la implementación del tren maya.

En la ciudad de Campeche, vecinos de antiguos barrios y colonias, como La Ermita y Santa Lucía, cuyas viviendas se encuentran también a los lados de la línea ferroviaria, se manifestaron también en contra del Tren Maya. Dijeron que el gobierno federal les quiere dar trato de “invasores” a pesar de que muchos de ellos poseen títulos de propiedad que datan de la época porfirista.

Denunciaron que sus predios familiares fueron afectados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando se tendió la vía férrea y ahora nuevamente los perjudicarán por el Tren Maya.

En el municipio de Calakmul, donde se tiene considerado instalar una estación del Tren Maya, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), con presencia en más de la mitad de las comunidades de esa región, entregó a los organizadores de la consulta un oficio informando su “rotundo no” al proyecto.

En el documento detallaron sus múltiples motivos, entre ellos que no hay aún estudios sobre los impactos ambiental, económico y social que provocará el Tren Maya que les permitan contrastar el costo-beneficio.

Con estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá legitimar su megaproyecto de al menos 120 mil millones de pesos, que prevé la instalación de mil 460 kilómetros de vías para transportar turistas, gente local y mercancías, así como la construcción de 18 estaciones y ciudades nuevas.

Una asamblea informativa en torno al Tren Maya. Foto Alejandro Saldíva

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Desde temprana hora paseaba un auto en las calles del municipio tabasqueño de Tenosique; de la bocina colocada en su techo salía una voz masculina que clamaba: “Ven a dar tu voto; recuerda que con este beneficio se crearán empleos para los habitantes locales y en toda la región del sureste”.

En la cancha techada de la colonia San Juan, en el mismo municipio, algunas personas acudieron a las casillas para poner su boleta “sí” o “no” a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral Tren Maya?” en las urnas.

En este espacio, las personas tachaban sus boletas frente a las demás, plegaban el papel y lo ingresaban en las urnas.

Los atendían mujeres vestidas con un chaleco de “servidores de la nación” y una gorra del Tren Maya, bajo la supervisión de un “delegado de colonia” que tomaba fotos a los votantes con su pulgar pintado y su boleta marcada por un “sí”.

En los municipios dónde se podía votar, las autoridades pegaron mantas promocionales en las que aparecían los beneficios del tren maya e indicaban los lugares de las casillas.

Estas mantas, elaboradas por el Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), prometían que la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil empleos –directos e indirectos–, que el proyecto cuidará el medio ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un “desarrollo equilibrado”.

También prometía que los pasajeros locales pagarán tarifas de “casi la mitad que los turistas”, sin precisar el monto, y que generaría 157 millones de pesos al día en 2023, año en que se planea su puesta en marcha.

Como era previsible, sólo fue a votar la gente que tenía interés en el tren, y prácticamente todos votaron a favor.

Pasadas las seis de la tarde, en las afueras del palacio municipal de Palenque, en Chiapas, seis mujeres desplegaban y aplanaban, una tras otra, las boletas que se amasaban sobre una mesa; las instalaron en dos montos: en los más altos estaban las boletas del “sí” y en otros mucho más pequeños, las boletas de rechazo al megaproyecto.

En este módulo, mil 889 personas votaron a favor, 32 en contra y nueve anularon sus votos.

Como Proceso lo documentó esta semana, esta jornada de participación ciudadana no cumple con los criterios de la consulta indígena plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se consultó a toda la población –y no solamente los dueños originarios de las tierras–, y la información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las comunidades.

“Solo un detallito…”

En paralelo, culminó hoy el proceso de lo que el gobierno federal nombró “consulta indígena”, encabezado por el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que arrancó formalmente en una serie de asambleas informativas que se llevaron a cabo hace dos semanas en 15 comunidades de los cinco Estados por los que atravesará el tren.

Entre ayer y hoy se realizaron asambleas consultivas en las mismas comunidades; ahí, representantes ejidales de territorios indígenas potencialmente afectados por el Tren Maya expresaron su respaldo al megaproyecto y a la vez refrendaron sus anhelos de que el gobierno federal atienda sus necesidades.

Dos de estas asambleas se llevaron a cabo en Palenque y Tenosique; ambos tendrán una estación del Tren Maya y ya se encuentran en la ruta de otro tren, conocido como La Bestia, en cuyos vagones se suben migrantes con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

En las asambleas de Palenque y Tenosique, a las que asistió proceso.com.mx, las intervenciones de los campesinos e indígenas siguieron un esquema idéntico: en un primer tiempo, el orador alababa brevemente el tren maya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en un segundo tiempo, más largo, exponían el estado desastroso de sus carreteras o de sus centros de salud y pedía la intervención del gobierno.

“Todos estamos de acuerdo con el Tren Maya, y damos las gracias al presidente López Obrador”, dijo el ejidatario Aldonay Arcos García, e inmediatamente después, añadió: “solo tenemos un detallito…”

En Boca del Cerro, una localidad situada a escasos kilómetros de Tenosique, la asamblea se llevó a cabo en un parador turístico construido en la orillas de las aguas de color café del Río Usumacinta, desde el cual se puede observar el imponente puente de hierro amarillo que une los cerros cubiertos de vegetación, y por el que pasará el tren.

Es precisamente en esta parte de Tenosique que Fonatur piensa erigir la estación del tren y el “polo de desarrollo” –una ciudad nueva con hoteles, comercios y viviendas para hasta 50 mil habitantes– que la rodeará.

“En el ejido de Cortillo Segundo tenemos una clínica fantasma, no hay médico ni medicinas; el Tren Maya es todo magnífico pero si me llevan a un turista ahí y se enferma, ¿Con qué lo curo? ¿Y si se me muere?”, lanzó el ejidatario Miguel Ángel, quien enseguida se quejó de las facturas de luz de hasta 800 pesos y exigió a los funcionarios presentes que “no escriben nomás, que sea de verdad, no de mentiras”.

Y lanzó: “El Tren Maya, no lo vayan a dejar en medias, porque hay muchos proyectos y todo queda en medias porque ya no hay recursos”.

Algunas intervenciones mencionaron malas gestiones de la administración local; por lo que Raúl Gutiérrez Cortés, el presidente municipal, retó –visiblemente ofendido– a sus críticos que “tengan los pantalones para decirmelo en persona”.

Ante la cantidad y la diversidad de las peticiones, el representante del INPI prometió que el gobierno federal hará el “análisis” y “regresará” para solucionar el “rompecabezas”, pero advirtió que “vamos a ver los caminos prioritarios, no nos alcanza para todos”.

Invitó las personas a pensar “de una manera más regional, no solamente en mi pueblito, nos vamos a poner de acuerdo para que sea más integral”.

Momentos después, resaltó que “hay mala información, antes los megaproyectos estaban pensados para poner los recursos de la nación en manos de las grandes empresas de capital transnacional, pero en el tren maya sí se van a explotar los recursos, pero para el beneficio de ustedes, que no haya tergiversiones”.

Ayer, en el municipio chiapaneco de Palenque –que será el punto de partida del tren–, se escucharon peticiones similares, a las que los representantes del gobierno federal contestaron de la misma manera.

“Pido que AMLO nos resuelva; no estamos en contra del Tren Maya, pero queremos que nos atienda con esta petición”, dijo la ejidataria Cándida Zaragoza, quien se quejó de que las calles de su pueblo están “abiertas” o que la luz se desvanece cuando llueve.

Adolfo Sánchez Jiménez tomó la palabra y se dirigió hacia Carlos Barceló Ruiz, el enlace de Fonatur en la región. Mientras el señor hablabla en chol, el funcionario se lo quedaba viendo, aparentemente concentrado, hasta que el campesino le preguntó si había entendido algo de lo que le dijo.

Ante la negativa Barceló, el señor se dio la vuelta hacia la sala, y lanzó: “¿Ya ven compañeros?”. Se soltaron unas carcajadas en la sala. “¿Dónde vamos a quedar nosotros?”, cuestionó, y declaró una larga argumentación sobre las tierras, hasta que el funcionario del INPI le cortara la palabra.

“Le molestan mis palabras”, espetó el señor mientras se aferraba en el micrófono; “las voces críticas son muy bienvenidas”, recalcó el servidor público.

Al concluir el evento, las comunidades presentes designaron a 11 delegados –al que se tomó posesión de manera ceremoniosa– para integrar una comisión de seguimiento, y el INPI hizo que los representantes de las comunidades se formaran y firmaran el acta de la asamblea, el cual planteó que “por consenso y unanimidad” se acepta la implementación del tren maya.

Omar Galindo de la C., representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcó el punto final del encuentro de Tenosique. “Damos por clausurada la consulta libre, previa e informada. ¡Dios me los bendiga!”

Con información de Armando Guzmán y Rosa Santana

Foto Armando Guzmán

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[Mapas] Tren Maya como nueva infraestructura de articulación de los capitales agroindustriales y turísticos inmobiliarios en la península

A propósito de la próxima consulta que realizará Gobierno Federal sobre el Tren Maya este 14 y 15 de diciembre, les compartimos estos mapas de GeoComunes sobre el tema

El trazo del “Tren Maya” retoma la lógica espacial de los ejes troncales incluídos en el proyecto “México 2030”, el proyecto de articulación del territorio nacional a partir de autopistas de cuota que impulsó la administración de Felipe Calderón. La principal diferencia entre ambos proyectos es el tránsito hacia una red ferroviaria que permite disminuir aún más los costos de traslado de mercancías.

Mapa 2. Genera impactos socioambientalesPara adecuar las vías existentes a este proyecto de articulación territorial, el Tren Maya generará ajustes en zonas donde no existe derecho de vía para el transporte de mercancías donde existe mayor riesgo de expropiación, particularmente en las periferias de ciudades como Mérida, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Campeche, pero también en el trayecto de 100 km entre Izamal y Valladolid y en los 16 km que conducen de la carretera hacia la zona de Calakmul.En el resto del trazo, el proyecto del Tren Maya atraviesa zonas de la península de Yucatán que se caracterizan por la concentración de riqueza cultural y ambiental que combinan núcleos ejidales de comunidades mayas, zonas de humedales y reservas naturales.

Mapa 2 Crédito: GeoComunes

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Mapa 3. Afectación al patrimonio histórico y culturalDesde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán, la ubicación de la gran cantidad de sitios arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permite distinguir zonas con mayores concentraciones, como en el estado de Yucatán. Sin embargo, la menor cantidad relativa de sitios registrados en Campeche y Yucatán señala que se trata de zonas con menor cantidad de investigaciones. La experiencia acumulada con los proyectos de trazado de carreteras, permite concluir que es muy probable que los trabajos del Tren Maya saquen a la luz una cantidad importante de nuevos descubrimientos arqueológicos.Total de sitios arqueológicos registrados por el INAH en la península de Yucatán: 3,657 sitiosTotal de sitios ubicados a menos de 6km de las vías del proyecto del Tren Maya: 826 Total de sitios ubicados a menos de 10km de las vías del proyecto del Tren Maya: 1,288

Mapa 4: Estaciones del Tren como nodos de articulación y expansión de los capitales agroindustriales, inmobiliarios, turísticos y financierosA lo largo de las vías de tren se pretenden instalar estaciones y mal llamados polos de desarrollos (no hay claridad aún sobre el número, por el momento se han anunciado alrededor de 20) que se financiará bajo esquemas de Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA). Este esquema financiero complejo y engañoso pretende integrar a los dueños de la tierra como “socios” de esos polos de desarrollo. Con este discurso, las expropiaciones de tierras son enmascaradas como áreas de desarrollo que permitirían que los ejidatarios se convirtieran en socios capitalistas de los proyectos de despojo. Junto a los corredores de expropiación impulsados por las estaciones del Tren Maya, también podrían incluirse algunos proyectos de reordenamiento territorial anunciados en las imágenes de las estaciones que difundió el gobierno actual, mismas que, hasta ahora, constituyen la principal fuente de información sobre el trayecto del Tren Maya.

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[Nota] Tren Maya fragmentaría 8 áreas naturales protegidas

Compartimos la siguiente nota informativa publicada en Pie de Página- A 29 de noviembre de 2019

La construcción del Tren Maya podría fragmentar los hábitats de ocho áreas naturales protegidas de cinco estados, advierten investigadores de distintas disciplinas. Dio inicio la fase informativa en 15 asambleas regionales de la consulta del proyecto

Texto: Daliri Oropeza

Foto: Lucía Vergara

El diagnóstico: impacto en ríos subterráneos, cenotes, selvas, humedales, manglares, palmares y arrecifes de 8 áreas naturales protegidas. Es el resultado de la investigación de un grupo multidisciplinario sobre los efectos del Tren Maya, en el marco de la consulta que se llevará a cabo en cinco estados: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

De acuerdo con cuatro instancias de gobierno, Fonatur, INPI, Segob [1] y Presidencia, el proyecto contempla una ruta de 1,460 km, con 18 estaciones. Con ello, servicios de transporte para pasajeros locales, turistas y carga. Estiman una inversión120 mil millones de pesos para la construcción del tren. Trazan su viabilidad en 4 ejes, medio ambiente, ordenamiento territorial, desarrollo económico y patrimonio cultural.

Tanto Fonatur (oficina encargada del proyecto) como el INPI aseguran que en medioambiente, buscarán proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos y respetar las reservas ambientales aunque no detallan cómo. Proyectan 18 “polos de desarrollo”, entre ellos Calakmul en el corazón de la reserva.

Sobre el ordenamiento territorial, hablan de llevar a cabo procesos de planeación con participación ciudadana, pero no dicen si van a comprar tierras o van a expropiar. Hablan del derecho de vía ya existente, pero eso solo está en una parte de la ruta.

Del desarrollo económico dicen que es prioridad facilitar el acceso a los mercados laborales y “generar nuevas oportunidades económicas”. En cuanto al patrimonio cultural, dicen que es prioridad “facilitar el acceso a múltiples zonas arqueológicas y poblaciones de valor turístico” .

Mapa oficial de la ruta del Tren Maya. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia

El efecto barrera lo provocarían al intervenir la selva. Esto deriva en perdida de hábitat provocado por desmonte, entonces los animales se desplazan, puede pasar atropellamiento de fauna y efecto de atracción hacia zonas urbanas por búsqueda de alimento.

En el equipo de investigación están la antropóloga Giovanna Gasparello, la pedagoga Violeta Núñez, el periodista Jaime Quintana, la historiadora Eliana Acosta, el biólogo David Jiménez, el antropólogo Antonio Machuca, y de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Heber Uc.

Ellas enlistan los ocho territorios protegidos en el trazo del Tren Maya:

  • Parque Nacional Palenque, Chiapas
  • Área de Protección Cañón del Usumacinta, Tabasco
  • Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche
  • Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche
  • Área de Protección Yum Balam, Quintana Roo
  • Área de Protección Manglares de Nichupté, Quintana Roo
  • Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo
  • Área de Protección Uaymil, Quintana Roo

Una nueva consulta…

Nunca antes se había hecho una consulta de este tipo en la región Maya. De acuerdo con las cuatro instancias de gobierno federal, es un proceso de consulta que contempla tres fases a lo largo de un mes: difusión de información, fase deliberativa y un ejercicio participativo con votación y urnas a la que denominaron fase consultiva.

Dentro de la etapa de difusión e información, que inició desde el 15 de noviembre, este 28 comenzó la fase informativa realizada a través de 15 asambleas regionales. A partir del 30 iniciará la fase deliberativa para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas el 14 de diciembre.

La etapa de difusión e información inició desde el 15 de noviembre. La fase informativa inició el 28 de noviembre, realizada a través de 15 asambleas regionales. A partir del día 30 de noviembre iniciará la fase deliberativa, para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas el 14 de diciembre.

a dinámica de la consulta fue anunciada en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habitantes de la región han expresado confusión sobre el proceso de consulta y la falta de información tanto de la dinámica de la propia convocatoria, como detalles del proyecto.

Por su parte, aún sin haber consulta, el titular de Fonatur Rogelio Jiménez Pons anunció el 9 de agosto a las empresas ganadoras de la licitación para construir el tren: el consorcio integrado por SENERMEX Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, S.A. de C.V., Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. y Key Capital, S.A.P.I. de C.V.

Jiménez dijo que esto integra la ingeniería y diseño de diversos estudios y proyectos: cartografía, topografía, geología, geotecnia, geofísica, trazo geométrico, terracerías, estructuras, obras inducidas, entre otros.

Para garantizar los derechos de consulta, de acuerdo con la el Convenio 169 de la OIT, debe haber consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Pero ya estaba la licitación antes de que los pueblos definieran si les interesa el proyecto.

Detalle de los impactos

El proyecto, de acuerdo con los investigadores, además de implicar la deforestación de la selva, la venta de tierras, el cambio de uso de suelo y la especulación inmobiliaria, conlleva la penetración de una lógica de mercado que privatiza la tierra y la vida.

Aseguran que esto afectará las propias formas de valoración de los pueblos indígenas, “los cuales por cientos de años con sus saberes y prácticas ancestrales han sabido cuidar y conservar, y hacer del Sureste una de las regiones con mayor riqueza y diversidad biológica y cultural del país”.

Los investigadores advierten que el Tren Maya implica un “reordenamiento territorial que podría cambiar profundamente las formas de vida de la población indígena y campesina en la región”. A través de los llamados “polos de desarrollo” se edificarán ciudades para abastecer las necesidades turísticas como hoteles, restaurantes, centros comerciales, mano de obra, explican.

Mapa de los “polos de desarrollo” proyectados por el gobierno federal. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia.

El equipo de investigadores muestra preocupación por varios puntos, el primero es que el proyecto está a cargo de Fonatur:

“Fonatur no es una institución destinada al desarrollo de servicios sociales o de infraestructura pública. Se trata de una instancia intermediaria entre el Estado (que ‘posee’ la tierra y la riqueza natural, paisajística y cultural ofrecida en el mercado turístico) y los empresarios (que tienen el capital para invertir en hoteles e infraestructura turística)”.

También expresan:

“Sólo 30 por ciento de los habitantes de los estados por donde cruza el tren tienen acceso al agua, y este impacto se va volver más grave porque no hay una estrategia de potabilización del agua ni de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales”.

Sobre el agua, los investigadores cuestionan qué pasará en Calakmul ya que actualmente no hay agua suficiente para la población: ¿de dónde se abastecerán de agua si imponen el proyecto?

Las entidades donde cruzará el Tren Maya -Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán- albergan 63.6 por ciento de la superficie de manglar.

Los investigadores advierten además sobre la contaminación de cenotes, grutas, impactados por turismo:

“El proyecto del tren amenaza los ecosistemas y hábitats de las especies endémicas como el jaguar, puma, tapir, pecarí de labios blancos, saraguato de manto, mono araña, zopilote rey, águila elegante y pavo ocelado”.

Más información:

Zacatecas: La lucha Organizada avanza en contra de la Presa Milpillas

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 3 de diciembre de 2019

La noticia sobre la cancelación de los 504 millones de pesos del presupuesto federal para la construcción de la Presa Milpillas, es un peldaño más a favor de la lucha organizada de las comunidades de Zacatecas, pero sobre todo de las y los habitantes del municipio de Jiménezde Teul, así como de los ejidos que integran el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, porque ratifica, no sólo el pobre papel emprendido por parte de diferentes actores políticos del gobierno de Zacatecas, encabezados por el Gobernador Alejandro TelloCisterna, -así como titulares y operadores de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la Policía Estatal entre otras dependencias-, sino además demuestra que la lucha por la vida, por la esperanza, por la no violación de los derechos de los pueblos, se encuentra en manos de las comunidades que deciden defender el territorio y que no se dejan manipular por los discursos de progreso que tanto pregonan los gobernantes a nombre de los pueblos.

A pesar de las amenazas, calumnias, campañas de desprestigio, coacción, acoso policiaco, represión e intentosde criminalizar para las y los integrantes del Movimiento, con el propósito de dividirlos internamente y lograr sus pretensiones de ocupar el territoriocon una presa que nadie de los habitantes pidió, las mujeres y hombres, jóvenes y niñ@s de los ejidos de Atotonilco (Cortina), El Potrero (embalse), Estancia de Guadalupe (caminos), Corrales (planta de rebombeo) y las comunidades río abajo,han logrado darle varios reveses legales y jurídicos, quedando al desnudo la ilegalidad de un proyecto con claros tintes privados, que pretenden despojar de los bienes naturales a quienes tienen una forma de disfrutarlos de manera libre y ordenada.

Esta noticia sobre la cancelación de 504 millones originalmente destinados para iniciar la construcción de la presa Milpillas, desmontade facto un proyecto que, de acuerdo a documentos oficiales tiene un costo total equivalente a poco más de 6 milmillones de pesos de inversióntotal, en donde prevalecen grandes procesos de colusión para el uso del agua con fines empresarialesy privados.

No obstante el anuncio sobre la cancelación del recurso financiero, sirve para que estemos atentos y alertas porque ahora ya de manera directa, el gobierno zacatecano menciona que será el sector empresarial quien pretende inyectar más de 4 mil millones depesos para iniciar la construcción de un acueducto, el cual afectará el territorio de los ejidos de Niño Artillero y Nuevo México en Sombrerete; La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia en Fresnillo; Hacienda Nueva en Morelos; y La Pimienta en Zacatecas.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro máximoreconocimiento y solidaridad al llevar la lucha por elterritorio con tanta dignidada todas y a todos los que forman parte del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

# LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Más información:

ZACATECAS: PROCURADURÍA AGRARIA DE ZACATECAS A CUENTAS POR CASO MILPILLAS

Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

[Línea del tiempo] Lucha por la vida y contra el Despojo por el proyecto Presa Milpillas

[PDF] Boletín El Zanate n° 2 «¿Extractivismo o conservación?»

Compartimos la 2da edición del Boletín «El Zanate» una producción de Otros Mundos A.C. – A Diciembre de 2019

En este número del Zanate hablamos sobre el extractivismo, te invitamos a lo descargues y compartas desde la web de Materiales.

Esperamos les sea muy útil en sus luchas y resistencias

>>Descargar en pdf<<

Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.

Más Zanates:

[Material en pdf] Boletín «El zanate»

Guanajuato: Comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, visitan Cerro de San Pedro en San Luis Potosí

Compartimos el comunicado de Acción Colectiva Socioambiental, Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 11 de Noviembre de 2019

El pasado sábado 9 de noviembre 2019, habitantes de las comunidades directamente afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo en la zona de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Guanajuato, madrugamos y con el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia nos organizamos para visitar la mina de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, con el propósito de conocer de manera directa los devastadores efectos de la minería a cielo abierto que podrían ocurrir, en nuestro territorio, si la minera canadiense Argonaut Gold llegara a operar su proyecto Cerro del Gallo.

La Hermandad, a través de la organización Acción Colectiva Socioambiental y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) recibió la invitación del Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara e integrantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Con apoyos económicos de otras organizaciones de la Hermandad, como el Charco del Ingenio A.C. y Caminos de Agua A.C. de San Miguel de Allende, la Parroquia de San Cayetano, en San Luis de la Paz y del propio Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, se contrataron dos autobuses, para llevar a cerca de 90 personas, menores y adultos, mujeres y hombres, provenientes de comunidades de los municipios de Dolores Hidalgo y así como de los municipios de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, San Diego de la Unión y también de Comonfort donde existe una mina de caolín.

Los integrantes del Frente Opositor, acompañaron la visita con amplias explicaciones sobre los procesos resistencia contra la minera San Xavier, la cual, no escatimó en el uso de mentiras y engaños a la población, así como en actos de corrupción con las autoridades, amenazas, violencia y persecución de los activistas defensores de derechos humanos, que informaban a la gente, con quienes entablaron y ganaron procesos legales en contra de la mina, que luego fueron revertidos impunemente, violando los derechos de la población, por los presidentes Fox y Calderón.

En la visita pudimos observar una amplia zona de desastre que en apariencia no lo es, ya que Cerro de San Pedro está en proceso de convertirse en uno de esos «Pueblos Mágicos», ese tipo de proyectos que despojan y desplazan a la población, para poner bares y restaurantes para turistas desinformados, que no saben del riesgo que corren, ya que los procesos de lixiviación continúan en el camino al sitio, con aspersores que, al día de hoy, continúan regando con cianuro una montaña de desechos. Sobra decir, que el «pueblo mágico» solo beneficia a los inversionistas pero no a los habitantes orginarios.

El desastre de esta mina iniciada en los años 90, ha tenido graves impactos ambientales, como la desaparición de arroyos, una rica biodiversidad de fauna y flora endógena, problemas de salud, y una violencia abierta y soterrada, de pobreza, desigualdad social, conflictos intracomunitarios, amenazas y asesinatos, destrucción de la economía local, corrupción política e impunidad.

La visita fue un éxito, ya que las personas que asistimos, accedimos a través de fuentes fidedignas, a la realidad de la minería a cielo abierto.

En respuesta al interés de los pobladores, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia continuará con los procesos de información a la población, impulsando la organización autogestiva de resistencia en la región del Cerro del Gallo y otras zonas de Guanajuato amenazadas por esta actividad depredadora, apoyada de manera irresponsable por el gobierno estatal.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA

ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Zacatecas: Ex trabajador de Grupo Modelo Nuevo Titular de CONAGUA local

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de noviembre del 2019

El pasado 01 de noviembre Víctor Manuel Reyes Rodríguez ex trabajador del Grupo Modelo y primo hermano del ex gobernador, Miguel Alonso Reyes, quien ha sido ferviente promotor de la presa Milpillas; asumió la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es evidente el conflicto de intereses que implica la llegada de este personaje a la dependencia, quien en sus primeras declaraciones ha dicho que la Presa Milpillas es un tema “prioritario” al que dará seguimiento.

El gobierno del Estado, a pesar de la rotunda negativa a la construcción de la presa por parte de los ejidos que serían afectados, continúa en un acto de desesperación, moviendo a sus alfiles para tratar de imponer “Milpillas”la cual desdehace año y medio se encuentra detenida por la fuerza de la lucha de las comunidades que defienden su territorio, y que por medio de denuncias, quejas, demandas y juicios ha venido demostrando que este proyecto está plagado de corrupción y mentiras.

Miguel Alonso Reyes en 2015 anunció “la construcción de la presa Milpillas y su acueducto para dotar de agua a la población, pero también a la cervecera ubicada en Calera, y garantizar que Zacatecas fuera la capital mundial de la cerveza”. https://www.jornada.com.mx/2017/12/11/estados/028n1est, por lo que queda bien claro el papel clave que Víctor Manuel Reyes viene a jugar con este nombramiento.

Hoy en día es para el gobierno estatal una urgente necesidad el justificar los más de 100 millones de pesos que ya se gastaron en los “avances” de la presa como se demuestra conlos más de 14 contratos celebrados entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y diversas empresas disponibles en el sitio oficial de esta institución. Solo hay contratos pagados pero los avances no existen. Seguramente el Sr.Reyes ayudará a justificar estos gastos.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería denunciamos enérgicamente la corrupción que se vive en el estado de Zacatecas por la presa Milpillas y hacemos responsable al Gobierno del Estado de la seguridad de campesinos/as y activistas defensores/as del territorio. #LaPresaMilpillasNoeslaOpción #NoAlaPresaMilpillas #RíoAtencoLibre

¡AGUA PARA LA VIDA NO PARA LAS EMPRESAS!

A T E N T A M E N T E

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

El Pueblo Totonaco reafirma su rechazo a la Hidroeléctrica para Walmart

Comunicado del Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio y de Defensores y defensoras del río Ajajalpan, a través de la REMA – A 24 de Octubre de 2019

A los pueblos en resistencia contra los proyectos de muerte, A las autoridades federales y estatales. A los ayuntamientos de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya. A los medios de información, Al pueblo de México 

Puebla, a 24 de octubre de 2019.


EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.


Ante la campaña de desinformación emprendida por personas cooptadas por la empresa Comexhidro comunidades totonacas que vivimos a lo largo del río Ajajalpan queremos dejar en claro:

Rechazamos rotundamente la hidroeléctrica Puebla 1 para Walmart y seguiremos resistiendo para defender nuestro territorio. Nuestros antepasados nos enseñaron que el agua, el río son sagrados y que somos hijos e hijas del agua, de la madre tierra. El agua y la tierra nos dan vida, si las cuidamos, nos cuidan; si las destruimos, nos destruimos. Sabemos que los ríos deben correr libres para para que haya vida en ellos y para que no nos falten las lluvias. Por años hemos visto cómo ha disminuido su caudal el río Ajajalpan porque fue desviado a la hidroeléctrica Necaxa. Las lluvias han disminuido por la deforestación, este año hubo sequía en algunas de nuestras comunidades perdimos cosechas y se secaron algunos manantiales. Vivimos en una sierra donde ocurren deslaves cada año pues las laderas son muy inestables. Los cambios en el clima nos llevan a enfrentar nuevos problemas para seguir produciendo nuestros alimentos principales: maíz, frijol, chile, café. Todo esto enfrentamos actualmente y sabemos que hay amenaza de construir 4 hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan que lastimarían más nuestro territorio. Ya frenamos dos intentos de minera Grupo México en Olintla y Xochicuautla. Ahora la empresa Comexhidro busca construir una hidroeléctrica para Walmart. Nunca fuimos un pueblo guerrero, sino un pueblo productor de vida, de alimento que supo compartirlo con otros en tiempos de hambruna; somos un pueblo orgulloso de nuestra identidad y nuestra cultura. Nuestra organización y lucha son para proteger a la madre tierra, a la madre agua y el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo podríamos aceptar la construcción de una hidroeléctrica que tiene dos embalses, que atajaría el río Ajajalpan con una cortina de 45 metros de altura, que desviaría y entubaría el río por casi 8 kilómetros a través de un túnel para el que usarían explosivos? Es absurdo que CONAGUA, SENER, la empresa Comexhidro afirmen que es un proyecto de utilidad pública o interés social pues consta en la autorización otorgada por la Comisión Reguladora de Energía que serán las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos las beneficiarias. No nuestros pueblos.

Impugnaremos la sentencia injusta dictada por el juez Miguel Arroyo. ¿Cómo se atreve el juez federal Miguel Arroyo a afirmar que no se ha violado nuestro derecho a la tierra y al territorio cuándo en el juicio consta que el representante legal de Deselec 1-Comexhidro pagó 71 y 95 centavos, así como 3 y 4 pesos por el metro cuadrado a algunos hermanos totonacos?. ¿Cómo tiene el cinismo de afirmar que no se ha violentado nuestro derecho al agua, cuando CONAGUA entrego una concesión a la empresa para utilizar 11 mil litros de agua por segundo durante 15 años? Cómo puede afirmar dicho juez que actúa conforme a derecho cuando no toma en cuenta las pruebas presentadas por nuestra parte en el juicio y sí las de la empresa y las instituciones federales demostrando así su desprecio y discriminación hacia los pueblos indígenas, evidente en su falta de respeto cuando fuimos a hablar con él, pues ni siquiera nos ofreció sentarnos y descalificó nuestros argumentos.

Denunciamos que se ha emprendido una campaña de difamación hacia las y los defensores del territorio así como a las organizaciones que nos acompañan FUNDAR y Consejo Tiyat Tlali. Manifestamos que unas cuantas personas están con la empresa que quizá creen en las promesas de trabajo y anteponen sus intereses personales sin pensar en el futuro. Pero queremos dejar claro que no son una mayoría y que no representan a toda la población. Esas personas han realizado acciones como presentar al juez federal documentos con firmas de personas muertas o firmas que utilizaron sin autorización de quienes la otorgaron. Intentan descalificar el trabajo realizado por Fundar y Tiyat Tlali haciendo acusaciones falsas hacia sus integrantes. Ya antes intentaron denunciarnos con falsos delitos para amedrentarnos. Son ellos quienes con esos hechos están creando un ambiente de tensión que busca dividir al interior de nuestras comunidades y que apuesta a enfrentarnos para que Comexhidro u Walmart, puedan avanzar con su negocio. Pero no caeremos en sus trampas, nos mantenemos unidos y decididos a seguir protegiendo nuestro territorio.

  1. RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE LA IMPOSICIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PUEBLA 1 por ser un proyecto que sólo beneficiaría a transnacionales como Walmart, Liverpool (dueños de Suburbia), y ALSEA (dueña de VIPS). Desmentimos que las comunidades totonacas hayamos aceptado ese proyecto de muerte.
  2. REAFIRMAMOS NUESTRA DECISIÓN DE IMPUGNAR LA INJUSTA SENTENCIA dictada por el juez Miguel Arroyo al negarse a reconocer nuestros derechos a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al agua y al medio ambiente sano. Deseamos agotar las instancias judiciales dando oportunidad al poder judicial de demostrar que sí hay jueces honestos y que no todos se someten a las grandes empresas.
  3. DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS SE DETENGAN LAS DIFAMACIONES que ha venido realizando el señor Héctor Muñoz, hacia nosotros y a la organización FUNDAR así como a compañeras del Consejo Tiyat Tlali pues intentan presentarnos como comunidades que actuamos con violencia o que hemos pedido dinero a la empresa. Nada más falso. Nuestras decisiones han estado basadas siempre en acuerdos de asambleas comunitarias y en información seria y bien fundamentada para trabajar por el bien común, por las futuras generaciones.
  4. NOS DESLINDAMOS de cualquier vínculo con Valentín Díaz Bustamante, quien como consta en un audio difundido en redes sociales, pidió dinero a cambio de traicionar al movimiento. Esa persona salió de la comunidad en el año 2015 y desde entonces no ha participado en nuestra organización. Dejamos claro que nunca tuvo autorización para hablar en nombre nuestro y que nosotros jamás nos prestaremos a negociar nuestras vidas. Está claro que es un intento de dividirnos.
  5. EXHORATMOS a las autoridades federales, estatales y municipales a actuar para detener la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 y les responsabilizamos de cualquier agresión que pueda darse en nuestra contra o de integrantes de las organizaciones que nos acompañan. Hacemos un llamado a organizaciones hermanas a estar alerta y solidarizarse ante la posible profundización de la violencia en nuestra contra por ejercer nuestros derechos constitucionales a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al agua y al medio ambiente sano.

No a los proyectos de muerte en la sierra norte. No a la hidroeléctrica para Walmart.

SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Firma

Defensores y defensoras del río Ajajalpan

Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio.

Imagen: Desinformémonos

Morelos: Quien opera como Delegado de la minera canadiense ALAMOS GOLD, cobra como Delegado en Morelos de la Secretaria de Bienestar

Compartimos el siguiente comunicado del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería por Metales y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de octubre de 2019

A LA OPINIÓN PÚBLICA:QUIEN OPERA COMO DELEGADO DE LA MINERA CANADIENSE ALAMOS GOLD COBRA COMO DELEGADO EN MORELOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

Ante las recientes declaraciones emitidas el pasado nueve de octubre por Hugo Eric Flores, delegado federal de los programas de bienestar en el estado de Morelos, sobre las pretensiones de explotación minera de la empresa “Esperanza Silver” -subsidiaria de la canadiense Alamos Gold-, al afirmar que no ve “ningún riesgo de que entre en operación la minera porque se tiene que desarrollar la economía del país”, y de que “la Secretaría de Economía está revisando los permisos de impacto ambiental y del cuidado de los recursos naturales”, resultan necesarias varias precisiones básicas.

Al parecer el funcionario se encuentra algo confuso. La dependencia donde cobra es la secretaría de Estado encargada del bienestar social, y entiende, en efecto, que su misión como funcionario es la develar por el bienestar, sí,pero el bienestar del proyecto extractivista de la minera canadiense “Alamos Gold”.

Lo anterior, porque hace afirmaciones públicas que no sólo carecen de sustento, sino que no le competen, pasando por alto la responsabilidad de las instituciones oficiales encargadas de aplicar el Principio Precautorio y de evaluar,desde el Bien Común, la viabilidad de los mega proyectos, que además en el rubro ambiental remiten a la Semarnat y no a la Secretaría de Economía.

Conminamos al delegado del “bienestar social” a que se documente antes de asegurar públicamente que en el caso de la iniciativa minera de Alamos Gold“se cuidará el medio ambiente y los recursos naturales”, omitiendo las consecuencias negativas e irreversibles de ese proyecto que por definición no puede ser “sustentable”, ya que generará:

  • Consumo irracional y desmedido de agua en una región ya carente de ella, razón por lo que la Semarnat negó la manifestación de Impacto Ambiental en 2013 para iniciar la explotación a la empresa Esperanza Silver.-
  • Vulneración de la zona arqueológica de Xochicalco, otra de las razones por lo que se le negó en 2013 dicha Manifestación de Impacto Ambiental.Ahora la empresa “Alamos Gold” supone erróneamente que renunciando a la perimetral de la zona arqueológica no dañará a la misma.-
  • Contaminación y acidificación de acuíferos y ríos por metales pesados y por químicos que se usan en el procesamiento de metales.-
  • Contaminación del aíre con polvo derivado de la actividad minera que se encuentra no sólo saturado con metales pesados, sino que se transporta en microparticulado (PM5 y 2.5), altamente dañino para la salud de la población. –
  • Vulneración del tejido social de las comunidades,generando divisionismo, conflictos interno se incertidumbre, en un proceso ya iniciado no sólo en Tetlama,sino en otras comunidades aledañas, dentro y fuera del área concesionada de más de 15 mil hectáreas.-
  • Vulneración de la agricultura, de los sitios sagrados de las comunidades, de la flora y fauna local en áreas de significativa conservación en el estado, así como oferta engañosa de empleos que en realidad son transitorios, a cambio de daño múltiple a largo plazo.Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería por Metales-
  • Impacto irreversible en la salud de los habitantes de toda la región, con mayor afectación en zonas densamente pobladas urbanas y suburbanas cercanas a las explotaciones pretendidas.-
  • Emisión de elementos que favorecen el incremento del calentamiento global.-Desinformación como práctica permanente para la manipulación de la población, la cooptación de autoridades, el hostigamiento sistemático a opositores y el consecuente incremento de la inseguridad. –
  • Afectación al paisaje y al potencial turístico a nivel local y regional.-
  • Afectación ambiental que involucrará progresiva e ineludiblemente a toda la zona metropolitana de Cuernavaca, que abarca los diversos núcleos urbanos de los municipios de Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec.

Dicho funcionario repite a su vez la misma oferta empresarial engañosa de trabajo y derrama económica que oculta la precariedad del empleo y el uso de ingresos para tratar sin éxito las enfermedades generadas por esas iniciativas, como sucede en donde operan, en lugar de proponer e impulsar alternativas económicas reales, a largo plazo y adecuadas al cometido de un verdadero bienestar social, y en particular, generadas no a partir de intereses ajenos y externos, sino a partir de los propios proyectos de la población.

Ese funcionario y otros muchos debieran saber que no hay que esperar a que se ahogue el niño para tapar el pozo: cualquiera que sea la modalidad de minería intensiva que se pretende aplicar, todos los efectos ya mencionados son previsibles,y la supuesta “minería sustentable” que anuncia, no es solamente un embuste, sino una clara expresión de la voluntad de despojo por parte de la empresa, y a su vez, expresión evidente de ignorancia y desprecio por las comunidades.

En síntesis,el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar Social parece operar como delegado de la empresa y de sus intereses:carece totalmente de autoridad no sólo técnica, sino moral para pronunciarse promoviendo,como publicista a sueldo,y como operador político y comercial de la empresa, una iniciativa de despojo y desplazamiento forzado que atenta contra la vida en todas sus expresiones y resulta injustificable desde la perspectiva del Principio Precautorio,la Salud Pública y del Bien Común.

Dado lo anterior, cabe sugerirle al Delegado que se tome unas vacaciones en los pueblos mágicos, pintorescos, sitiados por el crimen organizado y ya casi desiertos de Carrizalillo y Nuevo Balsas, en Guerrero, para disfrutar a cabalidad de la “minería sustentable” que anuncia, promete y prescribe, respirando un poco de ese aire, bebiendo un poco de esa agua, y enfermándose un poco de ese cáncer.

Esperamos que agradezca la gentileza de nuestras recomendaciones.

Atentamente

MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES DE MINERÍA POR METALESRED MEXICANA DE AFECTADAS/OSPOR LA MINERÍA (RE

LAS DECLARACIONES SIN FUNDAMENTO ENGAÑAN PROCURADURÍA AGRARIA, CONANP Y CONAFOR CONVIENEN UNA NUEVA AMENAZA CONTRA LOS PUEBLOS

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – a 14 de octubre de 2019

El pasado 11 de octubre el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luís Hernández Palacios Mirón,anunció ante los medios, la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el cual de manera imprudente e inconsistente afirman que aquellos núcleos agrarios que decidan declarar el establecimiento de una Área Natural Protegida (ANP) en su territorio, en automático quedarán blindados de la depredación de los megaproyectos que los amenacen. Ojalá fuera cierto, pero desgraciadamente las políticas actuales en curso lo desmienten.

Desde REMA debemos hacer fuertes cuestionamientos al respecto. 1. ¿Por qué estas dependencias firman convenios sin hacer partícipe de ello a las comunidades? 2. ¿Por qué no verifican con la Secretaria de Economía y en particular con el Subsecretario de Minería el Sr.Quiroga, con el fin de no contradecirse en acciones y en política falsas, generando desinformación y confusión? Y es que precisamente del territorio de las cerca de 180 ANP que existen en el país, la Secretaría de Economía ha entregado en concesión más de60 mil hectáreas incluso de varias de las ANPs, tipificadas como emblemáticas como la Reserva de la Mariposa Monarca por mencionar sólo una. 3. A su vez el Servició Geológico Mexicano cita que poco más de 70 de los principales proyectos mineros que tenemos en el país se ubican justamente en ANPs. 4 .En ese marco no sólo la LGEEPA es una ley obsoleta y permisible para las empresas mineras, sino que en nuestro país la Ley Minera vigente es de aplicación prioritaria sobre otras leyes, incluidas las agrarias y las ambientales. Es decir, las declaraciones públicas relativas a este convenio omiten mencionar, sea por ignorancia u ocultamiento deliberado, la arbitraria e irresponsable preminencia concedida a la ley minera sobre otras leyes, cuando por obvias razones para nuestra sobrevivencia, otras disposiciones legales relativas al bien común deberían tener prioridad inexcusable. 5. Así, la manera de “blindar” a los pueblos de los Megaproyectos mineros no es promoviendo falsas protecciones por medio de las ANPs, inviabilidad que además se acentúa por la carencia de presupuesto actual para la CONANP y para la CONAFOR, lo que dificulta la operación de las ANPs que ya tienen plan de manejo. 6. Otro punto ligado con el anterior es que nos gustaría saber qué posición tiene la “4T” y en especial ustedes, con relación al saqueo de nuestra biodiversidad planteado entre México y Alemania en el marco del “Protocolo de Nagoya” signado por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, que otorga a las farmacéuticas alemanas el saqueo de nuestra biodiversidad genética.

Los núcleos agrarios no necesitan establecer nuevos blindajes, sino que se respete su libre determinación. Menos aun si la propuesta de “blindaje” parte de la implementación de ANPs que han constituido de hecho en los últimos años una estrategia que el propio gobierno hizo fracasar por falta de interés, de presupuesto, de obstaculización a los pueblos para participar de forma directa en la elaboración de los planes de manejo, de investigaciones que nunca han regresado a las comunidades en procesos de extractivismo cognitivo, privilegiando a académicos VIP.

Las ANPs de ninguna forma garantizan la protección de los ejidos y comunidades, más aún se han convertido en otra forma de despojo ya que la propia LGEEPA, en estas áreas, restringe el uso y las actividades en el territorio a las y los propietarios de la tierra, y si permite el saqueo de conocimiento y biopiratería a universidades y empresas.

Históricamente la PA y el RAN se han encargado de promover y en algunas comunidades de imponer programas de “regularización de tierras” como el Procede, Fanar y RRAJA que son los que han facilitado a las empresas extractivas su entrada a los territorios y por consiguiente su destrucción.

Así, si se trata de “blindajes” auténticos, debemos blindar a las comunidades ante la incoherencia de políticas gubernamentales que eluden entrar a fondo en el origen de las amenazas; que siguen promoviendo la inversión extranjera y nacional en megaminería tóxica y en otros megaproyectos ajenos al interés y el bienestar de las comunidades, inversión basada en la oferta de empleos con salarios de miseria; blindar a las comunidades del engaño de plantear que la integridad de los territorios se puede comprar; blindarlas de los intereses empresariales que están dictando las políticas públicas en los hechos; blindarlas de las consultas sesgadas y facciosas. Y en ese camino, sería mucho mejor, por cierto, que la y el Registro Agrario Nacional (RAN), dejaran de actuar a favor de empresas y políticos y que sólo cumplan con su función principal; la de ser verdaderos protectores de las y los integrantes de núcleos agrarios.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y DE ANPs

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA