Las Consultas a modo del Gobierno Federal

Las Universidades de AMLO, Sí, las de los pueblos indígenas, NO

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de septiembre del 2021

Mientras que el Gobierno Federal inaugura “Universidades AMLO” por el país, sin supuestas consultas libres,previas e informadas e incluso en muchos casos coaccionando a los dueños de las tierras ejidales, comunales, municipales o estatales para exigir donación de terrenos para sus aulas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el pasado 31 de agosto del presente años la Ley Organiza de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) cuando el Gobierno estatal ya había aprobado en la LXIV Legislatura del H. Congreso de Oaxaca.

Los legisladores en representación de pueblo oaxaqueño y en respuestas a sus demandas, en pleno uso de su autonomía y obligación de velar por los derechos humanos y en especial de la educación, respondió a la solicitud de un pueblo que, conformado por 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, durante décadas han llevado procesos de reflexión con su conocimiento ancestral.

La UACO fue creada luego que organizaciones sociales de 16 municipios y comunidades de Oaxaca trabajaran durante años procesos educativos acordes a su cosmovisión como pueblos indígenas, obteniendo como resultado que el Gobierno de Oaxaca y el Poder Legislativo reconocieran en el Decreto 1201 publicado en el Diario Oficial el 20 de abril de 2020, la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como un instrumento de los pueblos indígenas de Oaxaca, para la construcción de su propio futuro y desde sus propias consmovisiones para construir la autonomía de sus pueblos.

Le hace falta una ridícula “consulta” de esas que al Gobierno Federal le encanta jugar a modo, en medio de su discurso de “primero los pobres”, “lo que diga el pueblo”, “por lo derechos humanos”, “apoyar las demandas indígenas”, etc, etc. Con esta acción pareciera que da la razón a los reclamos de los jóvenes estudiantes normalistas que denuncian las intenciones del Gobierno Federal de pretender cerrar la Escuelas Normales del país.

Como dicen las comunidades y organizaciones indígenas que conforman la UACO en Oaxaca: “la consulta la hemos padecido como una imposición desde una visión colonialista que ofende a nuestros pueblos y no respeta ni reconoce el ejercicio de nuestra autonomía y libre determinación. El dictamen de la SCJN busca examinar si el aborigen tiene la capacidad de determinarse libremente, en los términos liberales que gobiernan sus pensamiento. A sabiendas que la UACO surgió de nuestras comunidades y no de un escrito gubernamental.

¿Por qué la SCJN niega el derecho a la educación y además debe ser consultado? Como todo el país, aquellos proyectos que impulsa el gobierno van con todo y sin “consultas”, y las que no gustan “consultan” amañadamente y a modo esgrimiendo el Convenio 169 de la OTI, o se criminalizan a sus opositores sociales o actores ambientales.

¡Por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Radio Pozol

Semarnat reconoce el derecho indígena para el manejo del bosque de La Malinche

Compartimos esta nota de Lado B publicada en Chiapas Paralelo sobre la autogestión de los territorios en Puebla y Tlaxcala – A 2 de junio del 2021

Más de 12 municipios de Puebla y Tlaxcala sumaron fuerzas para rescatar La Malinche, que ha sufrido grandes pérdidas por el mal manejo del Estado y por la plaga del gusano descortezador.

#AlianzadeMedios | Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B

El área de Atención y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó que, a través de Conafor, se haga una revisión jurídica respecto al derecho indígena y el respeto de la organización comunitaria, tradicional y los usos y costumbres en el bosque de la Matlalcuéyatl. Esto no solo para combatir las plagas en el área sino para el manejo del bosque, explicó en entrevista para LADO B el enlace de comunicación de los comités intercomunitarios de los pueblos de la Matlalcuéyatl.

El acuerdo se dio tras la manifestación del 27 de mayo afuera de las oficinas centrales de la  Semarnat en la Ciudad de México, en la que alrededor de 20 personas del grupo “Pueblos unidos de la montaña Malinche” exigieron un plan de trabajo integral, en el cual participen quienes habitan esa zona, para rescatar la Malinche, o Matlalcueye, de la plaga del gusano descortezador y la tala ilegal.

Esto derivó en una reunión en la que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la dirección del Parque Nacional La Malinche y la delegación de Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El problema de las constancias de posesión

En La Malinche, al interior de las comunidades, cada predio tiene su dueño y es reconocido dentro de las mismas, solo que sin escrituras públicas o documentos oficiales que lo avalen. Solamente los terrenos ejidales tienen certificado parcelario, pero lo demás no tiene documentos.

Esta situación se vive en toda la montaña, pero esto es que desde los usos y costumbres la propiedad de la tierra se respeta. De ahí la importancia de que se acordara que las autoridades reconocerán la posesión de tierras desde el derecho indígena.

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El enlace del Comité también explicó que usualmente las autoridades federales exigían constancias de posesión de las tierras avaladas por el municipio, sin tomar en cuenta el derecho indígena y la tenencia de la tierra por usos y costumbres.Semarnat reconoce el derecho indígena para el manejo del bosque de La Malinche

Foto: Cortesía

Los habitantes relataron que este problema con los documentos ha representado una traba inmensa, que fue utilizada también por los municipios para obstaculizar las acciones de saneamiento.

El enlace de los comités explicó que se autorizaban supuestas acciones de saneamiento reconociendo la posesión de un terreno, pero realmente lo que se hacía era derribar arbolados sanos para presuntamente comerciar con la madera de manera ilegal.

El 30 de abril de este año el comité la “Brigada San Pedrito por la Matlalcueitl”, de la comunidad de Muñoztla, documentó y denunció a la Conafor por haber emitido una notificación de una acción de saneamiento en un área de La Malinche, donde no había árboles infectados con la plaga del descortezador. Es decir, que las autoridades dieron luz verde a que se talara madera sana, cuyo destino final desconocen los pobladores.

El trabajo conjunto entre comunidades y autoridades

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Foto: Cortesía

Otro de los acuerdos fue que las comunidades presentarán un plan de trabajo el próximo 9 de junio, planteado desde la organización comunitaria. Este se afinará para hacer un saneamiento efectivo y rápido del bosque, pero también incluirá una propuesta para que los habitantes se involucren a largo plazo en el rescate de La Malinche.

La Conanp se comprometió a actualizar el programa de manejo que opera desde 2012, mediante talleres de junio a noviembre, de los cuales los habitantes pidieron formar parte para construir una solución que responda a las necesidades reales del bosque.

Desde 2019, quienes habitan los pueblos de la montaña se acercaron a las instancias federales para alertar de la presencia del gusano descortezador, que es una plaga voraz que ataca a varios bosques de la región, y pidieron que se llevaran a cabo acciones concretas para terminar con este insecto. Pero a la fecha, no han tenido ninguna respuesta concreta.

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Cabe destacar que la organización para la defensa del bosque que abarca Puebla y Tlaxcala tiene al menos 15 años, con agrupaciones de ambos estados. Para los pueblos de la montaña, dicen los comités, no se habla de entidades ni división territorial, sino que se consideran como una unidad como pueblos de la Matlalcuéyatl, articulados, trabajando para una finalidad en común que es el rescate de la zona boscosa.

“Este proceso que se ha vivido de manera individual donde cada quien se ha topado siempre con el burocratismo, con la falta de atención, lo ha vivido cada comunidad desde su trabajo. Y de pronto llegan los mega incendios (de 2021) y nos unen”, dijo el enlace de los comités.

“Nos unen las mismas carencias hacia afuera de respuesta, y vemos que solamente con nuestro interés y solidaridad podemos sacar adelante esta necesidad que ahora tenemos de rescatar la montaña”.

*Foto de portada: Cortesía

Más información:

Tseltales de Chiapas designan gobiernos comunitarios sin partidos políticos

Compartimos esta nota publicada en Pie de Pagina de Chiapas Paralelo sobre los procesos de autodeterminación en Chiapas – A 30 de mayo del 2021

Hace tres años, en Chilón y Sitalá formaron gobiernos comunitarios que, basados en el derecho, también demandan al Estado mexicano su reconocimiento. Es una reflexión continua de la realidad indígena y de la recuperación de sus formas de resolver conflictos y desigualdades; de buscar alcanzar el lekil cuxlejal (la buena vida, la armonía individual y colectiva con la tierra)

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

CHILÓN, CHIAPAS.- El incienso se desliza entre el murmullo de letanías que buscan elevar el nivel de conciencia y la reflexión. Se suma el ayuno, la oración que realizan los convocados desde el día anterior. Catorce concejales —tres mujeres y 11 hombres— se sientan alrededor del altar maya y de algunos símbolos religiosos católicos, en un acto mezcla de espiritualidad y política con el que los pueblos tseltales conforman su cosmos. Es la ceremonia de toma de cargo del Concejo de Gobierno de Chilón, que se celebra en la comunidad La Primavera los días 20 y 21 de mayo.

Las personas que están aquí fueron elegidas previamente como concejales, en asambleas de sus comunidades. Esta forma de gobierno está incluida en la solicitud de reconocimiento que en noviembre de 2017 entregaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) poco más de 30 mil tseltales. Es decir, poco más del 50 por ciento del listado nominal de electores. 

La población tseltal tiene una concepción particular de concebirse a sí misma: la búsqueda de su bienestar físico y espiritual está ligado directamente a la tierra y su conservación. En la última década, los tseltales han realizado múltiples “marchas-peregrinaciones” donde llevan imágenes religiosas que se mezclan con grandes lonas exigiendo la desmilitarización de su zona, denunciando el impacto de la presencia de grupos criminales, demandando la cancelación de proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros u otros que buscan apropiarse de la riqueza que hay en su territorio.

Fue entre los tzltales donde el obispo Samuel Ruiz García, que en 1959 llegó a Chiapas a evangelizar a la población indígena, terminó él mismo transformado en un actor político activo. “Para los indígenas, las realidades materiales y espirituales son lo mismo”, explicó en su libro Cómo me convirtieron los indígenas.

La construcción de los gobiernos autónomos

A la comunidad La Primavera, ubicada unos 20 kilómetros de la cabecera municipal de Chilón, llegaron representantes de los 20 centros que ahora tiene el Gobierno Comunitario, y los representantes del municipio de Sitalá, quienes una semana después celebraron también la ceremonia de toma de cargo Concejo de Gobierno de su municipio.

En una cocina comunitaria prepararon el alimento para compartir, y desde las ventanas de ese lugar, entre el olor a maíz recién cocido y café, la lluvia envolvió las voces y fue humedeciendo esa tierra verde de árboles que llegan a alcanzar más de 30 metros de altura.

En el centro del poblado, junto a la cocina comunitaria, está la construcción que hace las veces de Iglesia, que de salón de organización política y social, donde se dan cita quienes integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), un organismo que nació en 2013 como resultado de los procesos de análisis de la realidad que promueve la Misión de Bachajón, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

El Modevite, al que ahora pertenecen más de una docena de municipios no solo tseltales, sino de los grupos indígenas choles y tsotsiles, fue el detonante organizativo que necesitaban en Chilón y Sitalá, para avanzar en la construcción de gobiernos autónomos comunitarios. 

“Lo que surgió como una resistencia (a la alcoholización que empezaba a impactar la zona, y a la construcción de una autopista que atravesaría la región) terminó siendo una propuesta alternativa a los partidos políticos”, narró Rodrigo Pinto, jesuita que formó parte de la Misión de Bachajón.

Antes, en 1992 y 1995, quienes ahora forman parte de los Gobiernos Comunitarios de Chilón, tuvieron la experiencia de haber colocado a un indígena como candidato en las elecciones partidistas, “prestando” a un partido político su registro. 

En los dos procesos electorales de esos años ganaron la presidencia, pero luego vino “la influencia partidista, la división interna” en sus comunidades, el rompimiento del lekil cuxlejali. Esa, decidieron entonces, no era la vía para colocar a sus autoridades.

En 2015, los tseltales de ambos municipios, colocados sobre el andamiaje del derecho internacional y las leyes nacionales que reconocen al sistema normativo indígena, empezaron a formar grupos llamados “comisiones para la autonomía”.

Inspirados también en los procesos de los indígenas de Cherán, Michoacán, en noviembre de 2017 solicitaron formalmente al IEPC el reconocimiento del derecho a la libre determinación de sus pueblos, a través de la celebración de elecciones de sus autoridades por el sistema normativo indígena.

El IEPC intentó esquivar la solicitud en el laberinto de la burocracia, entonces los tseltales actuaron por dos vías; por una parte, iniciaron de facto la construcción y nombramiento de los Gobiernos Comunitarios. De forma paralela, revocaron ante los tribunales cada una de las negativas del órgano electoral. 

En 2019, el Instituto tuvo que iniciar el proceso de análisis y reconocimiento con un primer paso, que es la certificación de que en esos municipios tienen una población mayormente indígena. Cuando antropólogos acudieron a la región para dar salida a este trámite, el presidente municipal con licencia de Chilón —que ahora busca reelegirse—, Carlos Ildelfonso Trujillo, orquestó el bloqueo de caminos, organizó reuniones discrecionales a modo, secuestraron a los antropólogos y quedó el trámite incompleto. 

Luego vino la pandemia y nuevamente se estancó el proceso legal de reconocimiento a su derecho a elegir a sus autoridades por el sistema normativo indígena. 

Pero los tseltales de Chilón y Sitalá no se detuvieron.

Dos gobiernos que coexisten

Una parte de la población de estos municipios se rige aún con el sistema partidista. Pero ahora, el nombramiento de los gobierno comunitarios, avalados por más de la mitad de la población, obliga a quienes siguen en el sistema partidista a coexistir con los gobiernos autónomos comunitarios.

El 20 de mayo, día del inicio de la toma de cargo de las y los concejales que van para el segundo periodo de tres años de los gobiernos comunitarios, en la cabecera municipal de Chilón, personas armadas dispararon contra una representante del Partido del Trabajo, y seguidores de los candidatos del Partido Verde y de Morena se liaron en una discusión que terminó con disparos y acusaciones mutuas de ser partícipes de acciones ligadas a grupos criminales.

En los años recientes, diversas zonas indígenas de Chiapas se han visto envueltas en incidentes relacionados con estos grupos criminales, que han desplazados poblados enteros para intentar apropiarse del territorio, incrementando el nivel de consumo de droga, y el tráfico de mercancía ilícita.

Mariana Mora, coautora del libro Autonomías y autogobierno en la América diversa, señala que algunos pueblos de Chiapas “han transitado en gran medida del ejercicio a la autonomía como una serie de acciones que interpela directamente al Estado para exigir transformaciones de fondo, a una serie de medidas de protección de la vida-existencia colectiva frente a los despojos y actos de violencia física extrema ejercida por parte de actores etiquetados como legales e ilegales, incluyendo el narcotráfico y empresas extractivistas”. 

La construcción de gobiernos autónomos que funcionan de facto —como los gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá— son, en ese panorama, “mecanismos de protección y defensa”, de procesos emancipatorios, liberadores que buscan proteger la vida.

¿Cómo funcionan? 

“A tres años, contamos con nueve oficinas que atienden diversas áreas de trabajo, como son resolución de conflictos (jmeltsa´anwanej, jcoltaywanej), promotores de salud (poxtaywanej), educación alternativa, seguridad comunitaria, economía solidaria y alternativa, cuidadores de la madre tierra, reporteros comunitarios y técnicos de luz”, explica la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

En su estructura formal, también tienen promotores de gobierno comunitario (schebal jtiaw), coordinadores de región (bah jtijaw), comisiones jurídicas (jucwanejetic) y las personas concejales de gobierno comunitario (j’a’teletic yu’un ca’telpatantayel jbahtic).

En la evaluación que hicieron antes de regresar a sus comunidades, señalaron sobre este proceso: 

“Tres años de trabajo, tres años andando caminos alternativos y construyendo autonomía (…) ratificamos la continuidad de nuestra lucha por el derecho a la libre determinación y la autonomía. Ante los retos de las diversas realidades (continuamos) en la búsqueda de una sociedad alternativa y la reconstrucción del tejido social para la recuperación de la armonía comunitaria, donde la paz y la justicia sea nuestro modo de estar y convivir”. https://www.youtube.com/embed/qJG1_K_oc28?feature=oembed

Este trabajo fue relizado por el equipo de CHIAPAS PARALELO, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Imagen: Ángeles Mariscal – Chiapas Paralelo

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