[Video] Colombia en llamas desafía el neoliberalismo

Compartimos este video de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la situación en Colombia – A 8 de junio del 2021

Llamamos a los pueblos en lucha de todo el mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano, con sus movimientos y organizaciones populares. Y a exigir juntas/os al derechista gobierno de Iván Duque que cese las violaciones de los derechos humanos y la pandemia de asesinatos que ha desatado, y resuelva las causas estructurales de la violencia en el país.

>>Ve video aquí<<

Envía cartas a la Embajada de Colombia en tu país repudiando el accionar del gobierno, y a la Procuraduría y la Defensoría colombianas exigiendo medidas con funcionarios de la Fuerza Pública por las violaciones a los derechos humanos.

Infórmate: http://www.foei.org/…/solidaridad-internacionalista-con…
#DóndeEstánLosDesaparecidos #ParoNacional #ParoNacionalColombia #SolidaridadInternacionalista

https://fb.watch/67EUhVET44/

Más información:

Declaración de la Red-DESC: Condenando la violencia contra manifestantes en Colombia y solicitando al Estado que respete los derechos humanos

Declaración de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Red-DESC – A 7 de mayo del 2021

El 28 de abril de 2021 varios sectores de la sociedad colombiana tomaron las calles en protesta consecuencia de los aumentos de impuestos propuestos a las necesidades básicas, a los combustibles y los servicios públicos. Medidas que afectarían de manera desproporcionada  a una gran parte de la población de la clase trabajadora y la clase media que ya se encuentra en dificultades socioeconómicas. El proyecto de reforma tributaria fue justificado por el gobierno del presidente Iván Duque como necesario para estabilizar la economía afectada por el COVID-19, pero fue retirado el domingo 2 de mayo de 2021. Sin embargo, las protestas han continuado en respuesta a la política neoliberal del actual gobierno. Las autoridades han respondido a las protestas con una severa represión que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(link is external) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(link is external). Según diversas fuentes, al menos 19 personas han muerto como consecuencia de la represión estatal, cientos han resultado heridas, detenidas arbitrariamente y se han producido incidentes de violencia sexual contra manifestantes. Quienes monitorean e informan sobre las movilizaciones, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, han recibido amenazas y agresiones. 

La Red-DESC se solidariza con los integrantes de la Red en Colombia y con la sociedad civil en general del país. En este sentido, en el marco de la grave situación violatoria de derechos humanos solicitamos  a las autoridades colombianas cumplir con sus obligaciones y buscar una salida a la crisis en las siguientes vías:

  1.  Respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía que se encuentra en el ejercicio del derecho legítimo de protesta y desescale la violencia.
  2. Dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de tutela de septiembre 22 de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que se encuentran incumplidas total o parcialmente, en especial:
    1. Diseñar y cumplir un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal; 
    2. Expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.
  3. A los órganos de investigación y control cumplir de manera independiente con su función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos humanos.
  4. Respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, así como a las legítimas exigencias de derechos humanos planteadas por los y las manifestantes.
  5. Liderar con apertura un diálogo efectivo como respuesta a los reclamos sociales y cumplir con las obligaciones de Colombia en materia de derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales. 

Imagen: El Espectador Colombia

Solidaridad Internacionalista con el pueblo colombiano y repudio a la violencia sistemática en su contra

Compartimos esta información de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – 15 de diciembre de 2020

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo colombiano y exige el cese de la violencia sistemática contra los movimientos, organizaciones y procesos populares, y contra todos aquellos sujetos políticos que defienden los derechos de los pueblos, sus derechos humanos y los territorios. Así mismo, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio a los diferentes tipos de violencia y asesinatos selectivos que han convertido al país suramericano en un escenario en el que se impone y perpetúa una arquitectura de la impunidad.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha sido testigo de la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos populares en Colombia. No obstante en repetidas ocasiones hemos denunciado nacional e internacionalmente la violencia sistemática, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en este país andino, y hacemos un llamado urgente para redoblar esfuerzos de articulación y organización internacionalista en apoyo al pueblo colombiano.

Hasta noviembre de 2020 hemos sido alertados/as del asesinato de más de 280 personas en 73 masacres en Colombia. Esta lamentable escalada de violencia se ha exacerbado durante el modelo de confinamiento y las formas de control y represión declaradas por el gobierno de derecha de Iván Duque durante la crisis global de la salud, producto de la pandemia de Covid 19. Es de amplia preocupación que estos hechos de violencia evidencian sistematicidad contra organizaciones y comunidades de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes, niños y niñas.

El 29 de abril la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo lanzó un llamamiento a la comunidad internacional que fue respaldado y suscrito por más de 200 organizaciones de Colombia y de diversas partes del mundo. La Jornada Continental denunció el asesinato, hasta esa fecha, de 95 líderes y lideresas y de más de un centenar de desmovilizados de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y exigió garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos por parte de los líderes y las lideresas de las organizaciones campesinas, indígenas y comunidades negras. Infortunadamente, no se obtuvo respuesta efectiva por parte del gobierno colombiano, y, como se desprende de los hechos que nuevamente denunciamos, tampoco se generó ningún tipo de prevención ni estrategia de seguridad que salvaguardara la vida de las personas que posteriormente fueron asesinadas.

Durante el presente año, Colombia ha retornado a uno de los peores momentos de su historia con la perpetración de masacres en territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. Territorios con poca presencia estatal, y que comparten características como cultivos de uso ilícito, control de grupos armados paramilitares, desarrollo de actividades extractivas ilegales, y existencia de procesos de organización social y popular para enfrentar la ausencia estatal y la violencia. A partir de agosto hubo asesinatos de más de 24 jóvenes de 15 a 26 años en diversos lugares del país, tanto urbanos como rurales. Adicionalmente, organizaciones y medios de comunicación en el transcurso del año han denunciado la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en varios casos de violencia física y sexual contra niñas y mujeres.

Por si fuera poco, como consecuencia del asesinato de un ciudadano en Bogotá en probado abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se llevaron a cabo numerosas movilizaciones el 9 de septiembre, en las que se registró la masacre de 13 personas más, y un sinnúmero de acciones represivas y violentas por parte de la misma institución. Varias organizaciones han denunciado que estos asesinatos fueron el resultado de las acciones de la Policía y de civiles armados por la misma fuerza pública. Actualmente esos hechos están bajo investigación.

La violencia atroz se ha agudizado mes a mes, sin que el gobierno reconozca la sistematicidad del fenómeno e implemente medidas urgentes para evitarlo, como correspondería cabalmente en el Estado Social de Derecho, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y por el respeto a la memoria de las víctimas. En el mismo sentido, se observa una casi nula voluntad por parte del gobierno Duque para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC-EP, lo que amenaza con hacer trizas el mandato de construir la paz y la justicia social tan anheladas por el pueblo colombiano.

Como organizaciones en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que en Colombia cada día cobra la vida de más hombres y mujeres dignos/as que trabajan por la defensa de los derechos y territorios. Nos sumamos al llamado de las organizaciones nacionales colombianas e invitamos a los movimientos y organizaciones populares de todo el mundo a reforzar la solidaridad internacionalista y las exigencias de:

  • Investigar y esclarecer estos hechos de violencia, bajo la estricta vigilancia de organismos internacionales con independencia del gobierno de Iván Duque.
  • Prevenir la continuidad de estos hechos con la participación efectiva de las víctimas y afectados/as y con la veeduría de organizaciones internacionales de derechos humanos, para definir estrategias concertadas de protección territorial, y de acuerdo a realidades locales de la población en riesgo y vulnerabilidades existentes.
  • Implementar de manera total e íntegra los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP.
  • Cumplir el deber constitucional de proteger niñas, niños y jóvenes, buscando su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, cumplir el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño y Derechos de las Mujeres.
  • Garantizar el cese inmediato de las acciones violentas contra los pueblos, sus organizaciones y movimientos por parte de miembros de instituciones del Estado y el paramilitarismo.

Finalmente, hacemos una vez más un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares colombianos, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la consolidación de la paz y la vida digna.

Imagen: Contagio Radio

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