Sonora: “FRESNILLO plc” Celebra 13°años con manteles largos llenos de sangre

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de mayo del 2021

En fechas recientes el innombrable multimillonario Alberto Baillères, propietario del conglomerado Grupo Bal, integrado por cerca de 15 empresas entre las que destacan minero Grupo Peñoles y su emblemática empresa Fresnillo plc, ha estado muy activo cerrando un ciclo de vida llena de oprobios y saqueo de los pueblos generándole ganancias desorbitantes. A sus 89 años, le hereda a su hijo Alejandro Baillères la presidencia de cada una de las empresas del poderoso conglomerado, hijo al que seguirá aconsejando desde la consejería honoraria.

Su “cesión de derechos”coincide con el 13voaniversario de la poderosa productora de plata y oro Fresnillo plc (primera productora de plata en el mundo y de oro en México), al mismo tiempo que, para sumar a los festejos, hace un par de días ésta empresa recibió, junto con su alma mater Grupo Peñoles, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por su contribución y compromiso con el desarrollo sustentable, el cual le fue entregado por el muy cuestionado Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).

En el contexto de la fiesta y su jubilación, justo al lado de su proyecto minero más emblemático;“La Herradura” (una de las minas de oro más grandes en México), en Sonora, se encuentra la mina denominada “Dipolos” también de la empresa Penmont subsidiaria de Peñoles, que se ubica en el municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora. Ésta operó dentro del Ejido “El Bajío”, ejido que ha dado una batalla emblemática en contra de una cantidad impresionante de agresiones y violaciones gestadas por los operadores de este proyecto, a tal grado que, el último desenlace sucedió el 29 de abril de este año, día en el que son sustraídos de su domicilio y asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega- ejidatario y avecindada respectivamente-, además de colocarles una cartulina con 13 nombres más de “El Bajío” quienes, al margen del dolor de esta pérdida, no se amedrentan y continuarán luchando contra la fatídica compañía. http://www.remamx.org/2021/05/comunicado-rema-asesinan-a-integrantes-de-la-rema-en-sonora/

La empresa rápidamente salió a medios para desmentir su participación en este cobarde asesinato, sin embargo, nada menciona de todas las denuncias que nuestro compañero José de Jesús Robledo Cruz realizó en contra de la empresa señalando las amenazas y la tortura de la que él y María su esposa, fueron objeto, así como del constante hostigamiento instrumentado por el gobierno de Sonora a cargo de la familia Pavlovich que opera de manera abierta y cínica a favor tanto del empresario minero como del tío de la gobernadora, tanto que la empresa se atreve a entrar en desacato sobre las decenas de sentencias a favor del ejido. En este contexto, más que penoso resulta la respuesta totalmente evasiva que realiza el presidente de la república a pregunta expresa sobre el tema en la mañanera https://www.youtube.com/watch?v=wYYR5xTGKIg(sobre Ejido El Bajío 1:03:00), dejando claro que estos empresarios sanguinarios son intocables.

Los manteles largos del Sr Baillères no sólo están llenos de sangre, sino también de impunidad y de una descarada y abierta protección estatal y federal al usar fuerzas armadas1 legales e ilegales contra la población para amedrentar, intimidar y violentar a las y los ejidatarios, todo de forma tan desproporcionada,que contrasta con los recitales matutinos del Sr. presidente de la república cuando habla del castigo a los culpables. Basta señalar que, desde el 2014, el Tribunal Unitario Agrario N° 28 reconoció el derecho de las/los ejidatarios a recibir las rentas por la ocupación ilegal de sus tierras, lo cual incluye la devolución del oro ilegalmente extraído durante el periodo de ocupación, al igual que también el ejido ganó la restauración por daño ambiental causado en sus tierras, cuestión que quedó en firme con la intervención de tres distintos Tribunales Colegiados, pero sin que a la fecha se hayan saldado las últimas dos.

Sr. presidente Andrés Manuel López Obrador, la lucha de El Bajío lleva 25 años y el expediente de su lucha es amplio y bien fundamentado, sin embargo, ni ganando legalmente es posible meter en orden al Sr. Baillères quien, como otros empresarios tiranos de México, parece disfrutará el resto de sus días gozando de plena impunidad, pero esta vez durante el periodo de su mandato, por lo tanto, usted pasará a la historia al igual que sus antecesores como otro presidente de la nación protector de los saqueadores más grandes del país, que despojan y criminalizan al pueblo mexicano, ese mismo pueblos que dice usted amar y defender. Criticar los monopolios y saqueo de empresas mineras privadas no debería limitarlo sobre sólo algunas de ellas, como ha sido el caso con las empresas Américas Gold and SilveroFirst Majestic, sino aplicarse a todas las empresas saqueadoras que existen a lo largo del país. Sin embargo, curiosamente ni críticas, mucho menos seguimiento legal sobre las atrocidades, ilegalidades, saqueos, enfermedades y muertes que rondan sobre las empresas de los señores Baillères, Larrea, Slimy Salinas Pliego, “casualmente” artífices de los proyectos emblemáticos que usted impulsa y, en consecuencia, intocables al margen de existir un claro conflicto de interés.

Desde la REMA advertimos que, las celebraciones y premios del octogenario empresario minero, se empañan por la fuerza y determinación de nuestras/os compañeros quienes, a pesar de las dolorosas pérdidas humanas, la intimidación y el desplazamiento del que son objeto, continuarán denunciando las atrocidades de este empresario que ha forjado su grandeza monetaria a costa del saqueo de nuestro país.

Una vez más hacemos el llamado para que se garantice, por parte de la fiscalía general del estado de Sonora que, al menos una de las líneas de investigación conducentes, pivote en torno a la actividad minera en el ejido El Bajío, así como a la reparación del daño a la que está obligada la minera Penmont.

Felices fiestas, celebraciones y jubilación Sr. Baillères,esperemos disfrute y deguste los bocadillos que le serán colocados sobre sus manteles largos llenos de sangre. Es una vergüenza que su hijo reciba como herencia una vida llena de violencia, el despojo, asesinatos y saqueo.

CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO

ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ, AMBOS TAMBIÉN DEL EJIDO EL BAJIO

LA IMPUNIDAD LE PESA A LA 4T

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Kau Sirenio – Pie de página

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Asesinan a Integrantes de la REMA en Sonora

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de mayo del 2021

El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de Sonora.

No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de 2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la misma suerte”.

Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario, desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, levantones[1], desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.

En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y, sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera,  creada recientemente por el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado. Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores usan las instituciones en búsqueda de justicia.

En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia, por mencionar sólo algunos de sus episodios. ¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los megaempresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr. presidente los empresarios mineros mexicanos con los que usted opera, son mucho peores que los extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.

Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr. Rafael Pavlovich Durazo. Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario[2] el Lic. Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado. En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).

El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión. Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.

La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territoriosupera los 18 años buscando justicia, misma que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.

Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras, sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución por parte de los órganos judiciales competentes.

Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13 ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.

Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento se vuelvan hechos.

Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.

Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.

REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega.

CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO

ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ

CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T

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Sonora: Juez Federal admite Amparo a Ejido y ordena suspensión de trabajos a Empresa Minera Canadiense de Mulatos

Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021

Santiago García C. Dossier Politico

Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.

El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.

Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.

El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.

“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.

Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”. 

“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.

El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.

Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.

“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.

Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade  Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.

“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.

Imagen: Dossier Político

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