Oaxaca: En San Mateo del Mar, Hay guerra contra la asamblea del pueblo

Comunicado publicado en Educa Oaxaca sobre la acontecido hace unos días en San Mateo del Mar – A 21 de junio de 2020

En San Mateo del Mar se vive una guerra en contra del pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones que es la Asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas en la figura del Alcalde Único Constitucional.

No es suficiente, aunque necesario en la coyuntura, exigir, en el caso de esta crisis, primero en la del 3 de mayo y ahora en la del 21 de junio de 2020, que intervenga la Guardia Nacional y el gobierno estatal y su fiscalía. Desde el 3 de mayo se hizo el llamado, pero no hubo una respuesta efectiva.

Estos ataques armados son provocados para dar apoyo al presidente municipal, para no verse rebasado por la legítima Asamblea del Pueblo. Tienen en común los ataques que se realizan en mayo y junio, la presencia de personal ajeno al pueblo que cuenta con vehículos y armas, que orquestan, como asesores del presidente municipal ataques armados que desatan el intercambio de actos violentos, justamente cuando el pueblo va en camino a una Asamblea, intentando organizarse de acuerdo a sus normas internas.

En el fondo, los órganos del Estado no entienden la institucionalidad de los órganos internos de gobierno de San Mateo del Mar, y terminan por reconocer a quien está realizando la guerra contra el pueblo, es decir, al presidente municipal que robó la elección en 2019, y que fue impuesto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que al sancionar como legales las elecciones violentas y con compra de votos, anula la verdadera figura de toma de decisiones que recae en la Asamblea, que forma parte del sistema normativo interno de San Mateo del Mar. Las autoridades del Estado no acudieron al llamado de controlar la crisis en mayo, solo supieron torpemente contactar a la presidencia municipal espuria, y no desactivó su capacidad de uso de la fuerza contra el pueblo. La consecuencia fue el agravamiento de la crisis que ahora ya tiene muchos más muertos, 14 hasta el momento, porque son batallas entre fuerza desiguales.

Desde septiembre del 2017, avaló el IEEPCO, un primer fraude electoral, con los hechos violentos que se suscitaron, en los que el asesor externo hizo uso de un arsenal de camionetas y armas para mantener bajo terror a la comunidad que fue amenazada de ser arrasada. Y que acabó con el reconocimiento de la elección por el IEEPCO, a pesar de ser testigos sus funcionarios de la compra de votos, el embarazo de urnas y la presión por hacer firmar actas electorales amañadas a quienes cumplían su deber como escrutadores. Cabe señalar que el presidente municipal espurio 2017-2019, ni portó el bastón de mando, ni reconoció la autoridad tradicional de la alcaldía, ni despachó en la presidencia municipal, sino en domicilio particular en Huazantlán del Río, pero eso sí, con la recepción de las partidas presupuestales que otorga la hacienda estatal y nacional.

En el 2019 se volvió a repetir la receta, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas, que niega la forma tradicional de elección en Asamblea, por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Que niega el mérito que deben cumplir sus ciudadanos en el sistema de cargos. Y esto falsifica el derecho consuetudinario colectivista, y lo transforma en derecho liberal individual, y el IEEPCO se constituye en autoridad, que dice defender sistemas normativos internos pero que en la realidad receta, en el colmo de la intervención en el derecho normativo interno, elecciones a modo, “por planilla”, y a favor en última instancia de los poderes fácticos que tiranizan al pueblo, atrás de estos presidentes espurios. Poderes fácticos que en realidad son sofisticados contratistas, que lo mismo operan contratos de obra pública, que administran los fondos municipales y “rinden cuentas” con sus contadores a modo, litigan con sus abogados para simular legalidad. Y nuevamente el “presidente” despacha fuera del palacio municipal.

Estos poderes fácticos controlan la guerra contra la Asamblea. Y claramente este ataque del 21 de junio, como el del 3 de mayo de 2020, tienen el fin de frenar la organización del pueblo para tomar sus propias decisiones.

Este último ataque no puede ser más ilustrativo, ya que las y los ciudadanas y ciudadanos se dirigían a realizar una Asamblea en la agencia de Huazantlán del Río, lo que significa que no es un movimiento solo de la cabecera, como podría pensar alguien despistado. A la altura de la colonia Reforma fueron emboscados, inermes, por encapuchados, preparados para el ataque.

Más allá del manejo de la crisis por fuerzas armadas públicas como la guardia nacional o la policía estatal, hay que exigir, además, e igualmente en calidad de emergencia, al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal, al Congreso del Estado de Oaxaca, al IEEPCO, al INPI, a la CNDH, a la DDHPO:

1. El respeto y reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, como la instancia superior y única en la toma de decisiones y elección de cargos en concordancia con su sistema normativo interno, forma de gobierno, e instituciones tradicionales que conforman su cohesión social, su lengua ombeayiüts, en suma, su cultura.

2. La desaparición de poderes municipales y la expulsión de los paramilitares con máscara de asesores y contratistas, para garantizar el desenvolvimiento libre de la Asamblea del Pueblo en el municipio de San Mateo del Mar, incluyente de todas las agencias, colonias, y la cabecera municipal.

3. Garantizar elecciones libres y autónomas de acuerdo a la forma de gobierno tradicional indígena que caracteriza a San Mateo del Mar desde, al menos, el siglo XIX y que está ahora bajo fuego de guerra etnicida.

4. Manos del IEEPCO, fuera del proceso y presencia de observadores independientes expertos en sistemas normativos internos.

En San Mateo del Mar, a partir de 2012 se desató esta guerra contra la Asamblea; no se tratan, por lo tanto, estos últimos ataques, de episodios aislados, y la razón ha sido la autonomía del pueblo Ikoots, que, en Asamblea en ese entonces, decidió en contra de la admisión del megaproyecto eólico de la empresa PRENEAL y posteriormente protagonizó, al lado de la Asamblea General de San Dionisio del Mar, y de la Asamblea de la Colonia Álvaro Obregón, la expulsión de Mareña Renovables, S.A.P.I. que pretendía instalar 104 aerogeneradores en la frágil ecológicamente y sagrada Barra Santa Teresa. Esta guerra tiene un origen y un objetivo. El pueblo con dignidad se resiste a la enajenación de su territorio ancestral. He ahí la razón por la que le hacen la guerra.

21 de junio, 2020.

FIRMAN

Más de 300 organizaciones firman

>>Ve aquí los firmantes<<

México: Organizaciones denuncian que durante contingencia sanitaria se han recrudecido agresiones contra personas defensoras de derechos humanos

Les compartimos el comunicado de la Red Nacional d Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT)A 14 de mayo de 2020

Según la documentación de la Red TDT suman 30 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio de AMLO.

  • Debido a su labor en defensa de los derechos humanos, por lo menos 4 personas han sido asesinadas en las últimas siete semanas, lo que coincide con el inicio de la contingencia sanitaria.
  • Personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo quienes enfrentan el mayor número de agresiones.

14 de mayo de 2020.- Las organizaciones firmantes llamamos la atención de la sociedad mexicana ante el hecho grave de que, en las siete semanas anteriores a la emisión de este comunicado, han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras de derechos humanos. Esto con el agravante de que 2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Por ello, las personas, organizaciones y comunidades que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos, continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo.

Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”[1]. Llamado que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia[2].

La necesidad diferenciada de protección señalada por el Sistema interamericano se confirma al consultar los datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señalan que desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Nombrar a las personas defensoras asesinadas es, al mismo tiempo, una exigencia de justicia y un llamado a no olvidarles, a continuar sus luchas y continuar trabajando colectivamente en la construcción de un país y un mundo mejor donde los derechos para todas y todos sean una realidad.

A partir de la documentación de la Red TDT, señalamos que estas 4 personas defensoras no fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalia por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Reiteramos como un hecho de grave preocupación que 2 defensores fueron asesinados en su propia casa, el entorno donde la población debe encontrarse bajo resguardo durante la contingencia sanitaria.

Frente a estos hechos, resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a sus familias y organizaciones, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

En ese sentido, retomamos lo dicho por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en su comunicado del 27 de abril de 2020: el Estado mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y, por tanto, las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.

Así pues, es mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad.

Finalmente, reiteramos el llamado que desde diversas organizaciones de la sociedad civil se ha hecho en relación con las acciones inmediatas que debe tomar el Estado mexicano para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras de derechos humanos.[3]

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

Imagen: Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.

Más información:

Daniel Atala Midence, Responsable del Asesinato de Berta Cáceres, debe ser enjuiciado y castigado

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 11 de mayo de 2020

Hace una semana se hizo la solicitud formal al Ministerio Público de requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence por el delito de asesinato y asociación ilícita, como parte de la autoría intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General y miembra fundadora del COPINH.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras comunica lo siguiente:

  1. Existe prueba contundente acerca de la participación de Daniel Atala Midence, en la persecución, criminalización y vigilancia derivados en el asesinato de Berta Cáceres, por lo cual esta persona debe de ser procesada y enjuiciada.
  2. Desde hace más de 4 años el Ministerio Público, dirigido por Óscar Chinchilla, cuenta con prueba clara y suficiente que vincula a Daniel Atala Midence, miembro de la familia Atala Zablah, con la autorización de pagos para monitorear, perseguir, criminalizar y judicializar a Berta Cáceres, acciones que concluyeron con su asesinato.
  3. En octubre de 2018 el COPINH, junto a hijas, hijo y madre de Berta Cáceres presentaron ante la oficina del fiscal general, Óscar Chinchilla, documentación clara que sustenta la solicitud de procesamiento y enjuiciamiento contra esta persona y otros autores intelectuales del crimen.
  4. Daniel Atala Zablah, fungió como gerente financiero de la empresa DESA, y dirigió junto a David Castillo las acciones ilegales con el objetivo de construir la represa Agua Zarca, que resultaron en el asesinato de 6 personas incluyendo Berta Cáceres. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah, y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah miembros de la junta directiva de dicha empresa, máximos responsables de las decisiones tomadas.
  5. La sentencia del proceso EXP.388acu.414 contra los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, textualmente dice: “(…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.
  6. El Estado de Honduras ha tenido más de 4 años para deducir las responsabilidades e implementar las acciones legales para sancionar a esta estructura criminal, por lo cual se enfrenta a procesos de demandas internacionales al mantener la impunidad. 
  7. La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

¡La Justicia tardía no es justicia!

¡Justicia para Berta!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 11 días del mes de Mayo del año 2020.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

¿Quién es Daniel Atala Midence?

Gerente Financiero de Desarrollos Energéticos S. A (DESA), acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres.
Existe prueba clara que vincula a Daniel Atala en el asesinato de Berta Cáceres. Él debe de ser procesado y enjuiciado.

La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

La justicia para Berta está en riesgo

Compartimos esta boletín informativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de abril de 2020

El COVID-19 COMO EXCUSA PARA LIBERAR A ASESINOS

El pasado 7 de Abril COPINH denunció que trabajadores de la familia Atala Zablah, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, pudiesen ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el Covid-19. Así también la posible excarcelación para David Castillo, el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha.

La liberación selectiva de violadores de derechos humanos, es una muestra más de la corrupción e impunidad que promueve la dictadura de Juan Orlando Hernández. Mientras defensores y defensoras de los ríos, de la tierra, son criminalizados y judicializados, como es el caso de los compañeros de Guapinol y como lo hicieron con Berta Cáceres, el Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) demuestran claramente la injusticia en los privilegios y la protección de la que gozan -como es el caso de David Castillo- agresores, asesinos y responsables de crímenes como el de Berta Cáceres.

Hasta la fecha el INP no ha contestado las exigencias de información sobre la posible excarcelación y privilegios en que se mantienen los asesinos de Berta Cáceres.

Rep. Jim McGovern: “Honduras no debe usar el coronavirus como excusa para liberar a los hombres que asesinaron a Berta Cáceres” Congresista EE.UU

Erika Guevara Rosas: “El COPINH denuncia información sobre la posible liberación de dos de los condenados por el asesinato de la prominente defensora de los derechos humanos y lideresa Lenca #BertaCáceres” Directora para Las américas @AmnistiaOnline.

TeleSur: Alerta, dos asesinos de Berta Cáceres podrían ser liberados en Honduras

Criterio.hn: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis: alerta el Copinh

¿Y EL JUICIO DE DAVID CASTILLO CUANDO?

A 4 meses del término de privilegiada prisión preventiva que cumple David Castillo por su responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, a su defensa no le ha quedado más que inventar otra campaña de difamación en contra del COPINH, ante la claridad de las pruebas que lo vinculan al crimen. El pasado 10 de Octubre se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar en contra de David Castillo por las acciones dilatorias de su defensa.

Actualmente, se está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso que fue  interpuesto de manera irregular por la defensa de David Castillo, hace más de 6 meses, con el que buscan anular prueba fundamental sobre la vinculación de los criminales.

Este juicio pondrá en evidencia pública la participación de David Castillo en la coordinación del asesinato junto a Douglas Bustillo, así como  su rol de enlace como eslabón clave hacia la familia Atala Zablah. Los medios de prueba son claros e involucran a sectores de poder económico, político y militar, que hoy mismo, en medio de esta crisis, representan la descomposición del estado hondureño.

BCIE vende su participación  para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.

El COPINH sobre desvinculación del BCIE al proyecto Agua Zarca

La desvinculación del BCIE de dicho proyecto de muerte, responde a la claridad que ya existe en la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atala Zablah, como responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, y por lo cual, sus empleados fueron ya condenados con una sentencia que ratificó el “consentimiento de la junta directiva de DESA” en los sistemáticos ataques, persecución, violencia y finalmente asesinato de Berta.

El BCIE no retiró su financiamiento consciente de su responsabilidad en la muerte de 6 compañeras y compañeros en Río Blanco y de Berta. La salida que escogió el BCIE es la de vender la deuda a un consorcio suizo, dando paso a que se pueda reactivar el proyecto hidroeléctrico.

Es decir, el Río Gualcarque, que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así también siguen amenazadas las comunidades del proyecto “Tren de carga para Honduras”, que invadiría a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur en la isla de Amapala, territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados, y detrás de esto el apoyo económico del BCIE..AQUI PUEDEN DESCARGAR NUESTRO BOLETIN La justicia para Berta está en riesgo.

Imágenes: Área de comunicación del COPINH

Más información:

¿Qué Gobiernos detendrá el saqueo de Carlos Slim?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de abril de 2020

ACCIÓN URGENTE

Hostigamiento Arbitrarioen contra de Roberto de la Rosa Dávila,Defensor del Territorio en Salaverna, Mpio. Mazapil Zacatecas

>>Firma la petición en línea aquí<<

  • Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
  • Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
  • Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
  • Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
  • Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
  • Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
  • Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:

Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.

El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)

Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.

No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).

No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.

Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.

Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:

  1. Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
  2. Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
  3. Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
  4. Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Entrañable Bety Cariño a 10 años de tu partida

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril de 2020

Mujer fuerte, mujer de mil batallas que llevaste a través de la educación para la autonomía junto a tus hermanas indígenas de Oaxaca, la esperanza de libertad, que peleaste con rabia por los derechos humanos para la justicia y la dignidad de los pueblos, sobretodo los derechos de las mujeres; que peleaste buscando un sistema que protegiera la soberanía alimentaria y defendiste con coraje a la madre tierra del extractivismo.

Han pasado ya 10 años desde aquel 27 de abril de 2010 en que la noticia de tu asesinato nos dejó sin aliento, en el que nuestros corazones se detuvieron por un instante y se llenaron de tristeza. El día en el que tus cobardes asesinos (materiales e intelectuales) te castigaron porque con gran determinación decidiste tender la mano a tus hermanas y hermanos triquis que estaban sufriendo de acoso y hostigamiento por fuerzas paramilitares. En esa caravana en la que llevaban medicinas y alimento, se encontraba el compañero Jiry Jaakkola a quien también como a ti le fue arrebatada la vida. 

Años antes, en 2008 habías alzado la voz con rabia para exigir justicia por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínes. Tere y Feli como tú las llamabas, eran locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, que tú ayudaste a conformar. Las compañeras eran parte esencial del proceso de autonomía en la región. En ese mismo año fuiste pilar para la conformación de nuestra Red, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) que hasta la fecha sigue caminando con tu ejemplo; seguimos apostando por la vida. 

Esos cobardes asesinos pensaron que pronto serías olvidada, que en unos meses nadie se acordaría de ti, pero se equivocaron, pues tus hermanas y hermanos con el mismo anhelo de justicia que tú abanderabas, seguimos aquí caminando contigo, honrando esa fuerza, ese encono, ese espíritu de cambio:  Seguimos “sembrando sueños para cosechar esperanzas”.

¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JIRY JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Lesli Aguilar, Quadratin Oaxaca

Más información:

El COPINH sobre desvinculación del BCIE al proyecto Agua Zarca

Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de abril de 2020

El COPINH sobre la desvinculación del BCIE al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, comunica lo siguiente:

La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.

El BCIE, sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento sino que vendió el mismo a un consorcio suizo. Lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres.

El COPINH rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la Consulta Previa cuando su “desvinculación” viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco, la muerte de por lo menos 6 compañeros y compañeras de esa comunidad y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional.

El COPINH exige que el BCIE realmente respete el derecho de consulta y no continúe financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, que afecta a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios

El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto, sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.

A más de 4 años de su muerte, Berta Cáceres sigue obteniendo victorias.

¡Berta Vive y vive!

Dado en La Esperanza a los 20 días del mes de abril del 2020

Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.

Imagen: COPINH

Más información:

Samir vive y la R-existencia sigue!!!

Les compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la presentación del libro “Samir sin reserva” , un video y el archivo para descargar en pdf – A 10 de abril de 2020

Este 10 de abril, a 101 años del asesinato a traición del revolucionario Emiliano Zapata en la Hacienda de Chinameca, Morelos, Desinformémonos presenta el libro «Samir sin reversa» y el video «Samir», materiales que reúnen los testimonios de familiares, anécdotas de amigos e historias de compañeros sobre el defensor nahua Samir Flores Soberanes, sus primeros pasos en la resistencia, su vida en comunidad y el asesinato que detonó la indignación de los pueblos, quienes, a más de un año de su muerte, lo consideran una referencia inalcanzable de lucha para las comunidades indígenas de México y el mundo.

Samir sin Reversa

Gloria Muñoz Ramírez

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«Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta es la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? De mi pueblo me gusta todo, sus barrancas, el ejido, el campo donde cultivamos, la gente con la que me topo a diario, mis vecinos, la comida de la región, me gusta todo».

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Samir no conocía el miedo, dice su padre Cirino Nabor Flores, a quien le hubiera gustado que lo conociera, pues así, piensa, a lo mejor estaría vivo. Sentado en el patio de su casa, habla por vez primera de su primogénito, el luchador social, organizador de pueblos y defensor del territorio asesinado el 20 de febrero de 2019. No es fácil. La voz se corta, los silencios se alargan, la vista se nubla. Una luz aparece en su rostro cuando lo recuerda de pequeño: parlanchín, preguntón, sociable, juguetón y bueno para la calle, tanto que a los cinco años ya se regresaba solo del kinder “Siervos de la Nación”, a donde sólo permitió que su mamá lo acompañara los primeros días.

Samir

Producción y dirección 
Gloria Muñoz Ramírez 

Realización y edición 
Gerardo Magallón 

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«Hoy, cuando los pueblos tienen un momento de victoria o coraje, gritan “¡Samir vive!”, y “ahí está la justicia. El día en que no haya justicia para Samir será porque estaremos muertos. Hay muchos Samires y Samiras en el Frente de Pueblos y en el país, y cada quien tendrá a su compañera o compañero al cual ama y al cual admira. Para nosotros es Samir»

Defensa del ambiente, actividad letal en México

Compartimos este articulo de opinión publicado en La Jornada sobre el activismo en México y los riesgos de defender la vida – A 13 de abril de 2020

Asesinados, 147 ecologistas en 24 años, En lo que va del sexenio de AMLO han matado a 18 protectores de la naturaleza

Por Angélica Enciso L.

Entre 1995 y 2019, el periodo de cinco mandatos presidenciales, 147 defensores de la naturaleza han sido asesinados. Los estados que concentran el mayor número son Guerrero con 44, Oaxaca 23 y Michoacán 18. De ellos, 134 han sido hombres y 13 mujeres, indica Lucía Velázquez.

En el reporte La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?, divulgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que se contabilizaron 17 asesinatos de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en 1995, que pese a que no era ambientalista, entre sus demandas incluía el cese a la tala inmoderada, la protección de los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.

Indica que en el sexenio de Ernesto Zedillo 23 defensores ambientales fueron asesinados, cifra que bajó a seis con el panista Vicente Fox, para crecer casi seis veces con Felipe Calderón, cuando ascendieron a 35 los casos, y esta cifra casi se duplicó en la gestión de Enrique Peña Nieto, con 65. En la administración de Andrés Manuel López Obrador sumaban 18 hasta 2019.

El documento refiere que, de acuerdo con el Global Witness 2019, el año en que más defensores ambientales fueron privados de la vida fue en 2017, con 207 homicidios. Brasil presentó la mayor cantidad con 57. En 2018, el número se redujo, aunque aún fue alarmante: 165. Más de 50 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, indica.

Agrega que en México hay alrededor de 500 conflictos socioambientales, y en los que se han registrado asesinatos son: en el rubro forestal, 53 casos; despojo del territorio 37; minería, 24; proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas, 18; proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua, siete; denuncias, tres; protección ambiental, proyectos turísticos y proyectos minero-forestales, uno en cada rubro.

Precisa que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por su contradicción entre la política ecológica y los proyectos destructivos de gran escala, además del combate al crimen organizado, lo cual produjo un ambiente de violencia generalizado. Con Peña Nieto siguió la inercia, de gobernar verde, pero mantener megaproyectos y privatización. La actual admi-nistración puede ser el parteaguas entre una línea ambiental seria que erradique las prácticas de los anteriores presidentes y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a unos cuantos.

Imagen: Agua.org.mx

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Adán Vez Lira, Otra víctima del modelo extractivo

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de abril 2020

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el asesinato del ambientalista y defensor del territorio Adán Vez Lira, ocurrido el día de ayer en el Estado de Veracruz.

Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de hombres y mujeres que han dedicado su vida al cuidado del ambiente y defensa de los territorios en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en contubernio con las empresas extractivas que siguen empeñadas en seguir saqueando los bienes comunes naturales de nuestra nación, sin que veamos voluntad de los gobiernos por investigar todos los casos que se vienen denunciando y van quedando en la impunidad y el olvido.

El compañero Adán era un gran defensor de los humedales costeros y los manglares, año con año organizaba el “Festival de las Aves y los Humedales”, así mismo había estado involucrado en la lucha por impedir que empresas mineras se instalen en la región del Alto Lucero y Actopan en las montañas del Golfo de México.

Lamentamos también lo insensible que ha sido este gobierno, a tal grado que es inevitable compararlo con los gobiernos anteriores, porque están decididos a continuar la política de oídos sordos ante tantos gritos de ¡YA BASTA! ¡NO MAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADOS!

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario a familiares y amigos/as cercanos del compañero Adán Vez Lira, en especial a nuestros compañeras y compañeros de La Vida quienes mantenían una relación muy cercana con Adán, uniéndonos a la exigencia de que se esclarezca este crimen y se castigue a los responsables.

Adán tu nombre quedará tatuado en los humedales costeros y manglares de México y las aves no pararán de cantar agradecidas por tu lucha.

 ¡JUSTICIA PARA ADÁN VEZ LIRA!

¡JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADXS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Agua para todxs

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#ALERTAHONDURAS: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis

Comunicado urgente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 07 de marzo de 2020

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH denuncia la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.

Se ha hecho de conocimiento de nuestra organización ingentes gestiones para que, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Y así mismo más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.

El COPINH denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país.

El COPINH denuncia que este plan se sumaría a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes vinculados al asesinato de Berta Cáceres, en especial David Castillo, quien ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP y libertades de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentran ahora Rodríguez y Bustillo.

Exigimos que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel José González Maradiaga esclarezcan esta situación.

Hacemos un llamado y alerta nacional e internacional.

Dado a los 7 días del mes de abril de 2020

Imagen: COPINH

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México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019

Compartimos este reportaje publicado en Mongabay sobre en panorama de las defensoras y defensores en México – A 18 de marzo de 2020

por Thelma Gómez Durán en 18 marzo 2020

  • En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería.
  • El homicidio es la agresión más recurrente; en 2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Los asesinos llegaron a su casa la mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la construcción de un gasoducto y un acueducto.

Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales.

El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales.

Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.

En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.

Agresiones a defensores México 2012-2019
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.

Homicidios e impunidad

Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición forzada.

Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra de los defensores en México.

En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14 casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el 10 de junio de 2019. “Tío Guato”, como también se le conocía, era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.

Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de agresiones antes de su homicidio.

Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.

Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Y que a pesar de que le pidió protección al estado, este nunca atendió sus pedidos. Foto: UMA Saraguatos.
Luis Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.

Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.

Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven desde hace ya varios años.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de 2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado mexicano en 2012.

Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores.

Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no actúa cuando se denuncia alguna agresión”.

Defensores ambientales México. Los habitantes de Coloradas de la Virgen se oponen al aprovechamiento forestal a gran escala en su territorio. Foto: Alianza Sierra Madre.
Los habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

Proyectos energéticos, minería y agresiones

En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente, resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por CEMDA desde 2012.

El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de la energía eléctrica.

Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para la producción de energía eólica y solar.

Infografía: CartoCrítica.

El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos.

Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese periodo.

Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.

Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes empresas e industrias.

Los defensores de ambiente y territorio —resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada de CEMDA.

Oposición Hidroeléctrica-Puebla
Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.

Evolución y persistencia de las agresiones

Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140 ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una disminución de las agresiones de la policía federal al final del periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece intermitente, pero constante”.

Entre los probables agresores también se señala a personal de las empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas comunidades.

Al analizar las agresiones también es posible observar que durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización y la intimidación.

Infografía: Cartocrítica.

La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México, Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a pagar reparaciones millonarias.

Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no ha cambiado mucho.

En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en 2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.

“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.

Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no se tuvo respuesta.

Mujeres que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019.  Foto: Ginnette Riquelme

Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.

Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad cultural de una comunidad”.

Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.

Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.

El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen justicia para sus compañeros asesinados.

Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.

Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha. Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.

*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.

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