Comité Cerezo: 14 defensores fueron ejecutados de manera extrajudicial en 2020

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.

Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.

Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).

En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.

A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.

Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).

De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.

En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.

Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso  entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.

La conexión escondida de una siderúrgica de EE.UU. con la polémica mina de Los Pinares en Honduras

Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020

El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.

Texto: Jennifer Ávila y Danielle Mackey 

Colaboraron con este artículo Gerardo Reyes, director de Univision Investiga y María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.

Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados. 

Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings.  El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos.  Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera. 

Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones  Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A  el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.

Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.  

La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.

La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet

La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.

«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».

La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».

Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).

Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).

Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet

Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».

En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.

La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.

Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.

Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.

El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.

Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.

Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

La movida legal 

La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.  

¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable? 

El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4  hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).

Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.  

En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.  

A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo. 

Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.  

«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’»,  agregó el empresario. 

Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro. 

erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida». 

El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.

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Ilustración por Miguel Méndez.

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Solidaridad Internacionalista con el pueblo colombiano y repudio a la violencia sistemática en su contra

Compartimos esta información de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – 15 de diciembre de 2020

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo colombiano y exige el cese de la violencia sistemática contra los movimientos, organizaciones y procesos populares, y contra todos aquellos sujetos políticos que defienden los derechos de los pueblos, sus derechos humanos y los territorios. Así mismo, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio a los diferentes tipos de violencia y asesinatos selectivos que han convertido al país suramericano en un escenario en el que se impone y perpetúa una arquitectura de la impunidad.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha sido testigo de la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos populares en Colombia. No obstante en repetidas ocasiones hemos denunciado nacional e internacionalmente la violencia sistemática, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en este país andino, y hacemos un llamado urgente para redoblar esfuerzos de articulación y organización internacionalista en apoyo al pueblo colombiano.

Hasta noviembre de 2020 hemos sido alertados/as del asesinato de más de 280 personas en 73 masacres en Colombia. Esta lamentable escalada de violencia se ha exacerbado durante el modelo de confinamiento y las formas de control y represión declaradas por el gobierno de derecha de Iván Duque durante la crisis global de la salud, producto de la pandemia de Covid 19. Es de amplia preocupación que estos hechos de violencia evidencian sistematicidad contra organizaciones y comunidades de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes, niños y niñas.

El 29 de abril la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo lanzó un llamamiento a la comunidad internacional que fue respaldado y suscrito por más de 200 organizaciones de Colombia y de diversas partes del mundo. La Jornada Continental denunció el asesinato, hasta esa fecha, de 95 líderes y lideresas y de más de un centenar de desmovilizados de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y exigió garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos por parte de los líderes y las lideresas de las organizaciones campesinas, indígenas y comunidades negras. Infortunadamente, no se obtuvo respuesta efectiva por parte del gobierno colombiano, y, como se desprende de los hechos que nuevamente denunciamos, tampoco se generó ningún tipo de prevención ni estrategia de seguridad que salvaguardara la vida de las personas que posteriormente fueron asesinadas.

Durante el presente año, Colombia ha retornado a uno de los peores momentos de su historia con la perpetración de masacres en territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. Territorios con poca presencia estatal, y que comparten características como cultivos de uso ilícito, control de grupos armados paramilitares, desarrollo de actividades extractivas ilegales, y existencia de procesos de organización social y popular para enfrentar la ausencia estatal y la violencia. A partir de agosto hubo asesinatos de más de 24 jóvenes de 15 a 26 años en diversos lugares del país, tanto urbanos como rurales. Adicionalmente, organizaciones y medios de comunicación en el transcurso del año han denunciado la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en varios casos de violencia física y sexual contra niñas y mujeres.

Por si fuera poco, como consecuencia del asesinato de un ciudadano en Bogotá en probado abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se llevaron a cabo numerosas movilizaciones el 9 de septiembre, en las que se registró la masacre de 13 personas más, y un sinnúmero de acciones represivas y violentas por parte de la misma institución. Varias organizaciones han denunciado que estos asesinatos fueron el resultado de las acciones de la Policía y de civiles armados por la misma fuerza pública. Actualmente esos hechos están bajo investigación.

La violencia atroz se ha agudizado mes a mes, sin que el gobierno reconozca la sistematicidad del fenómeno e implemente medidas urgentes para evitarlo, como correspondería cabalmente en el Estado Social de Derecho, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y por el respeto a la memoria de las víctimas. En el mismo sentido, se observa una casi nula voluntad por parte del gobierno Duque para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC-EP, lo que amenaza con hacer trizas el mandato de construir la paz y la justicia social tan anheladas por el pueblo colombiano.

Como organizaciones en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que en Colombia cada día cobra la vida de más hombres y mujeres dignos/as que trabajan por la defensa de los derechos y territorios. Nos sumamos al llamado de las organizaciones nacionales colombianas e invitamos a los movimientos y organizaciones populares de todo el mundo a reforzar la solidaridad internacionalista y las exigencias de:

  • Investigar y esclarecer estos hechos de violencia, bajo la estricta vigilancia de organismos internacionales con independencia del gobierno de Iván Duque.
  • Prevenir la continuidad de estos hechos con la participación efectiva de las víctimas y afectados/as y con la veeduría de organizaciones internacionales de derechos humanos, para definir estrategias concertadas de protección territorial, y de acuerdo a realidades locales de la población en riesgo y vulnerabilidades existentes.
  • Implementar de manera total e íntegra los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP.
  • Cumplir el deber constitucional de proteger niñas, niños y jóvenes, buscando su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, cumplir el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño y Derechos de las Mujeres.
  • Garantizar el cese inmediato de las acciones violentas contra los pueblos, sus organizaciones y movimientos por parte de miembros de instituciones del Estado y el paramilitarismo.

Finalmente, hacemos una vez más un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares colombianos, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la consolidación de la paz y la vida digna.

Imagen: Contagio Radio

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Boletín n° 13: A pesar de los obstáculos sigue la exigencia de Justicia Para Berta

Compartimos este boletín del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de diciembre de 2020

10 de diciembre 2020 (HERE in English)

  El lunes 23 de noviembre debió realizarse la Audiencia de Proposición de Pruebas en el juicio contra David Castillo, esta fue suspendida una vez más debido a un recurso interpuesto por la defensa. Con esto, suman ocho las suspensiones de las audiencias en este caso en los últimos tres meses. El recurso fue declarado inadmisible y se está a la espera de la convocatoria para reanudar la audiencia. 

   En esta etapa se presentarán las pruebas de la vinculación entre David Castillo,  los autores materiales e intelectuales, familia Atala Zablah, y las responsabilidades del Estado de Honduras en este crimen. Se dará a conocer el contexto en torno al crimen, las acciones que desencadenaron en los hechos del dos de marzo de 2016.

A pesar de las múltiples maniobras dilatorias de la defensa de David Castillo, la lucha por la justicia para Berta no se detiene. Habrá juicio contra David Castillo y se deducirán sus responsabilidades y la de sus cómplices.

Hay pruebas claras en este caso, que no pueden ser desestimadas. La justicia debe actuar. 

 Foro Verdad, Justicia y Reparación.

  A dos años de la condena de los autores materiales, y a un año de su sentencia, la Misión de Observación Calificada de la causa Berta Cáceres, convocó el pasado 2 de diciembre al Foro Internacional  “Acceso a la justicia, verdad y garantías judiciales en la Causa Berta Cáceres”. En este, participaron representantes de distintas organizaciones de la Misión  refiriéndose a la urgencia de justicia en los casos en torno al crimen de Berta, a la exclusión arbitraria del COPINH como acusador privado en el caso Fraude sobre el Gualcarque, además, de la importancia de la observación de estos casos hasta la investigación y juicio a la autoría intelectual.

  Las y los participantes hicieron énfasis en el carácter selectivo de la justicia en Honduras, que actúa con agilidad para perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos como lo ha hecho en el caso de los defensores del río Guapinol, contra la inacción o los retrasos injustificados en casos de corrupción o de crímenes de lesa humanidad que sostienen la impunidad en Honduras.  “La condena de hace dos años no significó una ruptura de la estructura de impunidad. La comunidad Lenca fue dañada y perjudicada por este crimen, el Estado tiene la obligación de reconocer los derechos de los pueblos indígenas” afirmó Joe Berra miembro de la Misión de Observación. 

Ver el video completo del foro aquí: https://cutt.ly/ShTDWXF

Unión Europea y Derechos Humanos en Honduras.

  Este miércoles 8 de diciembre se realizó el Foro “Violaciones de Derechos humanos en Honduras y el rol de la Unión Europea” coorganizado por miembros del Parlamento Europeo, la Red Eu-LAT y Friends of the Earth Europe, en el que participaron Miriam Miranda Coordinadora general de OFRANEH –, Berta Zúniga Coordinadora general del COPINH, Gabriela Sorto defensora del agua de la comunidad del Guapinol y el doctor Juan Almendarez  para dar sus testimonios respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra sus comunidades por la defensa de sus territorios. 

  Uno de los temas relevantes fue la denuncia por la inacción del Estado de Honduras ante la  búsqueda del pueblo garífuna de sus hermanos desaparecidos de manera forzosa por hombres con vestimenta de la Policía Nacional, el pasado 18 de Julio del 2020. A su vez, la situación actual en la búsqueda de justicia por el crimen de Berta Cáceres, la dilación del proceso en el caso contra David Castillo y la falta de investigación y enjuiciamiento a los autores intelectuales, la familia Atala Zablah. 

 Se hizo énfasis en el rol de los bancos europeos financiadores de empresas extractivas, entre ellos el Banco de Desarrollo holandés FMO, el banco finlandés Finn Fund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que permitieron la imposición de manera ilegal e inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico, lo que terminó con muchas vidas y suscitó sistemáticos ataques contra la comunidad de Río Blanco. 

  El agua de los pueblos en Wall Street.

  El agua, bien común y sagrado para los pueblos del mundo, comenzó a cotizar esta semana en el mercado de futuros de Wall Street. Es decir, un bien fundamental para la vida del planeta entra a la especulación del mercado financiero así como el petróleo, el trigo y otras llamadas materias primas que ya son bienes intercambiables por quienes pueden comprarlas y venderlas a su antojo. 

  Mientras los bancos financiadores de proyectos hidroeléctricos inyectan sus capitales para dar rienda suelta a la inversión de empresas productoras de energía, con la excusa del control de las inundaciones después del paso de los huracanes ETA y IOTA, las comunidades que viven en las riberas de la mayoría de las cuencas en Honduras se ven afectadas por las grandes sequías o inundaciones dañando sus cultivos, su fuente de alimento y su relación espiritual con el agua. 

   Pedro Arrojo, hoy relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, participó en la observación internacional en el primer juicio por la autoría material del crimen de Berta Cáceres, a su vez, en varias ocasiones ha exhortado al gobierno de Honduras a abrir la investigación hacia la autoría intelectual, los financiadores del asesinato por su lucha por la defensa de los ríos y la vida.  “Estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público, más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua, de repente alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado” expresó el relator de la ONU ayer en El País. 

“De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca” dijo Berta Cáceres en su discurso al recibir el premio ambiental Goldman, pues la defensa del agua y la vida en los territorios, fue una de las luchas más grandes y constantes que dio junto al COPINH, lucha por la cual fue asesinada.Boletin-13Descarga

Imagen: COPINH

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COMUNICADO URGENTE: Más de 20 organizaciones condenan las amenazas de muerte y hostigamiento en contra del defensor de derechos humanos Nataniel Hernández y manifiestan su respaldo en su labor en la defensa de los derechos humanos

Compartimos este comunicado de diferentes organización sobre las amenazadas y hostigamiento a integrantes del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa – A 27 de noviembre de 2020

Tenemos conocimiento de la campaña de difamación que se está en derezando en contra del trabajo del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, frente al palacio municipal de Tonalá Chiapas. Estos actos se suman a las amenazas de muerte manifestadas en su contra el pasado 20 de noviembre en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, en la que se señala como responsables a Rosalinda Quevedo Sandoval y Fernando Arreola.

Las organizaciones firmantes, rechazamos la utilización de la violencia como forma para atenderlos conflictos sociales y la demanda de las comunidad es en el ejercicio de sus derechos. Condenamos las amenazas de muerte y la campaña de hostigamiento, desacreditación y desprestigio que se están realizando en contra del Defensor de Derechos Humanos Nataniel Hernández. Estos actos ponen en riesgo su vida, integridad física y su trabajo en la defensa de los derechos humanos.

De igual forma, condenamos la represión, el hostigamiento, el desprestigio, la violencia e intimidación que se está dando de manera generalizada a los y las defensoras de derechos humanos, a los pueblos, comunidades indígenas y movimientos sociales.

Reconocemos el trabajo de Nathaniel en la defensa de los derechos humanos y lo respaldamos. En este sentido exigimos a las autoridades municipales de Tonalá Chiapas, al gobierno del Estado y al Gobierno Federal:

  • 1.Alto inmediato a la campaña de desprestigio en contra del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández.
  • 2.Garantizar su integridad física, la integridad de su familia y demás integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
  • 3.Garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como una vía para resolver los problemas.

Firmantes

Tequio Jurídico A.C.Organización Familia Pasta de Conchos.Red Solidaria de Derechos Humanos.Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.Colectivo de mujeres por los derechos humanos “Yolpakilis”.Red de Formadoras Kualunemilis, A.C.Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC.Colectivo Xa’aybej, por la defensa del territorio.Alianza Sierra Madre A.CComité de Defensa Integral de Derechos Humanos GobixhaCentro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C.Aluna Acompañamiento Psicosocial.Colectivo contra la tortura y la Impunidad A.C.Comité Cerezo MéxicoAsociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos IndígenasGestión Justicia y Medio Ambiente S.C.Luna del Sur A.CComité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada AC.Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las CasasLa 72, Hogar-Refugio para personas migrantes.Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.Uno de Siete Migrando A. C.Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C.Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

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Honduras: Comunicado Público: Las víctimas presentamos prueba irrefutable contra David Castillo

Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 23 de noviembre de 2020

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras – COPINH, junto a las hijas e hijo de Berta Cáceres y el equipo legal, ante el desarrollo de la audiencia de proposición de pruebas contra el señor David Castillo, co autor del asesinato de Berta Cáceres, hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

  1. La prueba que demuestra la responsabilidad del señor David Castillo como coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres es clara, contundente e irrefutable. El equipo legal brindará la prueba científica, testifical y documental que respalda esta acusación ante el tribunal de sentencia.
  2. El señor David Castillo, gerente general del proyecto Agua Zarca y subordinado de la familia Atala Zablah, cometió actos criminales contra Berta Cáceres por su acción en defensa de la vida y los ríos del pueblo Lenca.
  3. Instamos al Poder Judicial de Honduras a avanzar de forma rápida y expedita en el juicio del señor Castillo, el cual se ha dilatado injustificadamente por más de 2 años y 8 meses; y que se garantice el carácter público y transparente de las audiencias.
  4. Exigimos que el Estado de Honduras capture y procese a los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres que aún se encuentran en la impunidad.
  5. Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a brindar el acompañamiento y la observación debidos para garantizar que este crimen que ha enlutado al pueblo hondureño no quede en la impunidad.

Nos solidarizamos con las personas afectadas por los huracanes ETA e IOTA, en especial, compañeros y compañeras del Valle de Sula y la costa Norte del país.

“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” -Berta Cáceres

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de noviembre del año 2020

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia, libertad, dignidad y paz”COMUNICADO-Audiencia-de-proposicion-de-pruebasDescarga

Imagen: COPINH

Más información:

Chiapas: Acción Urgente: Amenazas de muerte y daños en contra de Nataniel Hernández, Defensor de Derechos Humanos

Comunicado del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa sobre la agresión a defensores de derechos humanos – A 23 de noviembre de 2020

Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en Tonalá, Chiapas

Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza

El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones  y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.

El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.

Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá,  sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.

De estos hechos se han iniciado las denuncias penales correspondientes y notificado por escrito a las autoridades federales, estatales y municipales.

Por lo que urgimos al Estado mexicano a:

  • Se emitan las medidas de protección y se implemente de forma efectiva a favor de los y las defensores de este centro de Derechos Humanos y de los habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza del municipio de Tonalá. Chiapas.
  • Se garantice la vida, la integridad física de los y las defensores de derechos humanos y de los habitantes de la colonia.
  • Se resuelva de forma urgente el conflicto de despojo e  invasión en las Áreas Verdes, así mismo se investigue y castigue a los responsables de estos actos de violencia.

Antecedentes:

Los integrantes del Centro de Derechos Humanos somos parte del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaria de Gobernación, y cuentan con medidas de protección.

Desde el 2019 hemos acompañado el proceso de la colonia para solicitar al Estado el reconocimiento de los comités, dotar de servicios básicos y certidumbre jurídica de sus tierras que mantienen en posesión.

La problemática de invasión de tierras en las Áreas asignadas para la construcción de un parque recreativo, cancha deportiva, y jardines aún no se resuelve, esto ha generado graves agresiones, amenazas y confrontaciones, las personas que habitan la colonia viven de forma permanente con miedo, temor y preocupación.

Se ha notificado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas para pedir intervención, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta.

Chiapas: Acción Urgente: Agresión armada a brigada de ayuda humanitaria en Tabak, Aldama

Compartimos comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sobre la agresión a brigadas de ayuda para las comunidades de Aldama, Chiapas – A 18 de noviembre de 2020

  • Grupo civil armado de corte paramilitar hiere de bala de alto calibre a la religiosa María Isabel Hernández Rea.

Esta mañana, una brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas1 y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México,2 (FISANIM) que entregaba alimentos a familias desplazadas forzadas, en la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue atacada por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente del Sector Santa Martha, Chenalhó. De mencionada agresión, con armas de alto calibre, fue herida en la pierna derecha la religiosa María Isabel Hernández Rea, a las 12:39 hrs., aproximadamente.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), recibió información urgente y grave, por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama: «de ataques armados a la comunidad de Tabak, desde las 8:34 hrs, del día de hoy, 18 de noviembre de 2020, procedentes de los puntos de Tojtik, Telesecundaria y Telemax, en Chenalhó.«

De acuerdo a testimonio de Fisanim:

«Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios en esta comunidad y en todos los de Aldama. Debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.»

Escuchar testimonio completo en voz de Ofelia Medina, directora de FISANIM: https://archive.org/embed/201118-ofelia-medina-fisanim

María Isabel, tiene 52 años de edad, pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y colabora en la Parroquia de San Andrés Larráinzar, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Su trabajo pastoral con las comunidades de Pueblos Originarios se ha caracterizado por su labor social y profética, construyendo puentes de diálogo y de paz, pero también denunciando las injusticias que viven las familias tsotsiles desplazadas forzadas de Aldama.

Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama,3 las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud.

El Frayba condena este ataque y responsabiliza de estos hechos al Estado mexicano por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral, de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas que ingresan, documentan, visibilizan la violencia y acompañan a las comunidades en desplazamiento forzado.

Exigimos al Estado mexicano desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas y que ponen en riesgo la vida de quienes proporcionan ayuda humanitaria a la población.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente acción urgente: >>Firma aquí<<

Asociación civil fundada en junio de 1994 por iniciativa del obispo Don Samuel Ruiz García, como respuesta a la emergencia que imperaba en Chiapas, por el estallido del conflicto armado. http://www.caritasancristobal.org/

2 Fisanim trabaja desde 1990 por el derecho a la salud y alimentación en comunidades de pueblos indígenas en desplazamiento forzado en México. https://www.fisanim.org/

3 Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. El Estado mexicano persistente omisión en proteger la vida en Los Altos de Chiapas. Acción urgente No. 14. 11 de octubre de 2020.   y Se intensifican los ataques armados a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama. Acción urgente No. 17. 13 de noviembre de 2020.

Foto: Impactos de bala a La Tomata, navio de ayuda humanitaria, de Fisanim.

Leer la palabra del Pueblo Creyente:

Leer la palabra de la Diócesis de San Cristóbal.

Leer: Desplazados de Chachihuitán condenan ataque armado contra FIDEO y Cáritas.

Descargar PDF: Agresión armada a brigada de ayuda humanitaria en Tabak, Aldama.

Imagen: Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020

En Chiapas se resiste contra el despojo de los territorios, por los derechos colectivos, de los pueblos indígenas, por el derecho al medio ambiente y por los derechos de la naturaleza. Es una lucha tenaz y valiente de los pueblos indígenas y campesinos, de los pueblos rurales y urbanos. Mientras el gran capital pretende avanzar disputando los territorios y depredándolos, los pueblos defensores, con hombres y mujeres valientes, dan la vida para defendernos de los proyectos de muerte como son las grandes represas, los proyectos mineros, la extracción de gas y petróleo, los gasoductos, el fracking, los corredores comerciales trasnacionales, los proyectos de biopiratería y de despojo de los bienes comunes naturales, los monocultivos de palma de aceite o de transgénicos y otros proyectos de infraestructura que amenazan la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y colectivos de los pueblos. Sin embargo, pese a todo ello, también los pueblos, colectivos y organizaciones luchan por crear y sembrar alternativas, Alter Natos, esas nuevas formas de construcción de la vida local frente al capitalismo depredador.

En este contexto los Convocantes conmemoramos en el marco del Onceavo Aniversario luctuoso de Mariano Abarca el Segundo Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020 “Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.

La entrega del Segundo Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas será el viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana en Cafe Urbano, 2da Oriente Norta #447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México.

Tendremos Transmisión en vivo por Facebook Live Otros Mundos

El 27 de Noviembre 2020, en el 11 Aniversario del asesinato de Mariano Abarca Roblero, se llevará a cabo la Conferencia de Prensa donde se entregará el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 a la organización del FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS).

El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL ‘MARIANO ABARCA”, reconocerá año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, que con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles.

>>Versión en Ingles<<

Chiapas resists against the dispossession of the territories, for the collective rights of indigenous peoples, for the right to the environment and the rights of nature. It is a tenacious and courageous struggle of the indigenous and peasant peoples in rural and urban peoples. While big capital tries to advance by disputing the territories and predating them, the people, with braves men and women, give their lives to defend us from death projects such as large dams, mining projects, oil and gas extraction, gas pipelines, fracking, transnational trade corridors, projects for biopiracy and dispossession of natural commons, monocultures of oil palm or transgenic crops and other infrastructure projects that threaten biodiversity, food sovereignty, human rights and peoples collectives. However, despite all this, also the peoples, collectives and organizations struggle to create and sow alternatives, Alter Natos, those new forms of construction of local life in the face of predatory capitalism.

In this context, the Convocants commemorate the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas 2020 “Mariano Abarca”as part of the Tenth Anniversary ofmourningMariano Abarca, with the purpose of thanking, recognizing and making visible other collective and organized struggles of those who, donot cease to defend life, the environment and collective rights that are, after all, for the benefit of Humanity. Mariano sowed this spirit in the hearts of the resistance

The delivery of the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas will be on Friday, November 27 at 10 in the morning at Cafe Urbano, 2da Oriente Norta # 447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Mexico.

We will have Live Transmission on Facebook Live. Page: Otros mundos

A press conference will be held on November 27, 2020, the day of the 11th Anniversary of the assassination of Mariano Abarca Roblero to showcase the awarding of the 2nd PRIZE FOR ENVIRONMENTAL DEFENSE IN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 to the organization of FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO JUNE 20 (FPDS).

The “MARIANO ABARCA ‘ENVIRONMENTAL DEFENSE AWARD” will recognize year after year the community, collective or organization of the State of Chiapas, Mexico, that with their fight for the defense of the rights of nature defend their peoples, and they defend us all, that dignify life, that make us not lose hope that Otros mundos are possible.

Más información:

Equinox Gold Violenta a campesinos en Guerrero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo y los constantes ataques y hostigamientos a las y los campesinos – A 03 de noviembre de 2020

“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”

La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.

Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.

Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de  la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.

Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.

Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.

La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Diario Bajo Palabra

Más información:

Vídeos NOSOTRAS Capítulo 3: Nosotras

Con mucha alegría les compartimos el último capítulo de esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.

NOSOTRAS

Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio

Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.

Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.

Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món

Más información:

Chiapas Front Line Defenders urge liberar a dos defensores de Chilón

Compartimos el pronunciamiento de Front Line Defenders sobre la situación de las y los defensores en Chilón Chiapas – A 22 de octubre de 2020

El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial para desalojar una movilización pacífica en el crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas.

José Luis Gutiérrez y César Hernández originarios del ejido San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, son defensores los pueblos indígenas de identidad Maya Tseltal, y agricultores, que han dedicado su vida entera a defender el territorio y el uso colectivo de las tierras en oposición a la implementación de mega proyectos.

El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial conformado por alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional, para desalojar la movilización pacífica en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN). La manifestación se desarrolló en punto conocido como crucero de Temó, en la carretera Ocosingo-Palenque ubicada en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Durante los mismos hechos, el defensor Juan Hernández, fue perseguido por la policía y se vio forzado a huir y resguardarse por cuatro días en un lugar seguro. Antes de la detención, los tres defensores indígenas marcharon junto a decenas de campesinos de diversas comunidades en la carretera Ocosingo-Palenque, cargando una lona con la leyenda “No a la Guardia Nacional”.

En un video publicado por un medio independiente se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el momento de la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez y César Hernández. Horas después del arresto, la Secretaría de Seguridad Pública de manera arbitraria decomisó el vehículo y el celular de José Luis Gutiérrez. Más tarde el 15 de octubre de 2020, José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia Indígena del Ministerio Público en el municipio de Ocosingo, donde fueron acusados del delito de “motín”.

El 16 de octubre de 2020, previo a vencerse el plazo legal de 48 horas establecido por el nuevo sistema de justicia penal mexicano, por el cual un Juez de Control debía decidir si los detenidos José Luis Gutiérrez y César Hernández quedaban en libertad o eran vinculados a un proceso judicial, ambos detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados en Ocosingo, Estado de Chiapas. Allí el Secretario de Acuerdos del Juzgado negó a los abogados de los defensores -integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)-, acceso a las carpetas de investigación y también se negó a recibir documentación sobre las violaciones a los derechos humanos de los defensores. Los abogados fueron forzados a retirarse bajo la presencia intimidatoria de policías que monitorearon sus movimientos en el edificio del juzgado durante su visita. Finalmente, el Secretario de Acuerdos decidió cancelar la audiencia y solicitó el traslado de los acusados al Juzgado de Control de Cintapala, adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, “El Amate”.

El 17 de octubre de 2020 a las 11:00 am, familiares de los detenidos, comuneros de San Sebastián y San Jerónimo y abogados de Frayba se manifestaron pacificamente frente a los edificios de la Fiscalía de Justicia Indígena en Ocosingo, Chiapas, en oposición al traslado de los defensores y la violación del debido proceso. El mismo día las 13:50, se llevó a cabo una audiencia donde el Juez de Control decretó como legal la detención y mantuvo en prisión preventiva a los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández en “El Amate”, donde se encuentran actualmente. El 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, está convocada nueva audiencia donde se decidirá si se vincula a los imputados a un proceso o se les deja en libertad.

Desde el centro de Reinserción “El Amate” José Luis Gutiérrez y César Hernández han denunciado temor de ser obligados a pagar una multa para que no los golpeen. El Frayba ha reportado con anterioridad la exposición a tratos crueles e inhumanos de las personas defensoras privadas de la libertad por parte de los custodios y otras personas presas que con anuencia de los directores, extorsionan y humillan con trabajos obligatorios.

Front Line Defenders expresa seria preocupación por la desaparición del defensor Juan Hernández y las detenciones arbitrarias realizadas bajo un delito fabricado en contra los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández. La integridad física y psicológica de los defensores es de especial preocupación a causa de las fuertes agresiones físicas de las que fueron objeto por parte de las autoridades. De igual manera, Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la violación del debido proceso durante y después de la detención de los defensores, razón por la cual a los defensores de derechos humanos no se les permitió defenderse adecuadamente ante el delito que se les imputa.

Front Line Defenders cree que estos ataques y detenciones son parte de una amplia estrategia de intimidación y violencia contra las y los defensores del territorio y de los derechos humanos de comunidades indígenas y que el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México.