México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020

Por Eugenia López

El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.

Enero sangriento

El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda de agua potable.

Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después.

Para saber más, Chiapas: Paramilitares cobijados por Morena atacan movimiento social en Amatán

El día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad de San Sebastián Nopalera.

Defensores del territorio y comunicadores

El mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos (PIM).

En contexto: México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”,  Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Durante el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como “TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de  Sayula de Alemán, luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Ver también : TíoBad, el jaranero que defendió con rap la lengua mixe-popoluca

En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.

El 5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfort.

Leer también, México: Alertan sobre aumento en violencia contra organizaciones indígenas en Guerrero

La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.

El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.

Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)

El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual.

En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.

Buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo.

El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

[Artículo] Al interior del complot para asesinar a Berta Cáceres

Compartimos esta investigación especial sobre el caso de Berta Cáceres publicada en el diario The Intercept – A 21 de diciembre de 2019

Danielle Mackey, Chiara Eisner December 21 2019, 8:00 a.m.Read in English

Ya pasaron más de tres años desde  que Berta Cáceres  fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.

Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.

El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.

Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.

Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato.  Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.

Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.

Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.

The Gualcarque River, downstream from the Aqua Zarca Dam. Sandwiched between Guatemala and Nicaragua on the Caribbean coast, Honduras is blanketed in forest and rich in valuable minerals. But the proceeds of this natural wealth are enjoyed by a very small section of society. Honduras has the highest levels of inequality in the whole of Latin America, with around six out of ten households in rural areas living in extreme poverty, on less than US$2.50 per day. A recent report documents shocking levels of violence and intimidation suffered by rural communities for taking a stand against the imposition of dams, mines, logging, or agriculture on their land - projects that are controlled by rich and powerful elites, among them members of the political class. The root causes of the abuses are widespread corruption and the failure to properly consult those affected by these projects

El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.

Foto: Giles Clarke/Getty Images

Duplicidad Temprana

El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.

Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.

A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.

El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.

La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.

Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.

“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.

La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.

“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.

Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.

Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.

Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.

“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.

Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.

En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.

Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.

Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.

“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.

This photo taken on September 17, 2018 shows Sergio Rodriguez (R) along with six other accused on the murder of indigenous environmental activist Berta Caceres, after the judges suspended the trial following the filing of a court challenge in Tegucigalpa. - Berta Caceres' family, is expecting on November 22, 2018 that next week seven of nine accused in the activist murder will be sentenced, yet they will continue seeking for justice on the responsibility of the intellectual authors. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)        (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

 “Puede ser que en estos momentos ocurra”

En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.

DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.

El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.

En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.

Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.

Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.

Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.

Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.

Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.

No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.

El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.

Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.

El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.

Documento: Honduras Supreme CourtEl 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.

Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.

Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.

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Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images

La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.

El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.

Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.

“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.

“Un grano en el trasero de la doña”

Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.

“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.

“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.

Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.

Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.

El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”.  Y aclaró: “Uste ya save deke”.

No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.

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Documento: Honduras Supreme CourtEl 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.

Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.

Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.

“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.

Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.

Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.

El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.

En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.

En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.

Un asesinato plasmado en los mensajes

El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.

Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.

Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.

“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.

Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:

“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.

“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.

A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.

Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.

Relatives and friends place flowers at indigenous environmentalist Berta Caceres grave in La Esperanza, Honduras, on March 3, 2018. Relatives and indigenous people demanded justice to the intellectual authors of the murder of the prestigious environmentalist Berta Caceres, executed two years ago for opposing the construction of a hydroelectric dam on a river. / AFP PHOTO / Orlando SIERRA (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Familiares y amistades colocan flores en la tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2018.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Un estancamiento burocrático

Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.

El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.

Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.

Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.

Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’

Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.

Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.

Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.

El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.

Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.

Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.

Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres

Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE   — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.

“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.

Más información:

Honduras: 4to Aniversario de la siembra de Berta

Compartimos la invitación de hace el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar 4 años de sembrar a nuestra compañera Berta Cáceres – A 13 de enero de 2020

PRIMER LLAMADO –

En marzo de este año se cumple el cuarto aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos en la conmemoración a su vida, su lucha y a su causa por la justicia para el pueblo hondureño.

En este cuarto aniversario nos juntamos para ser una gran voz que sigue demandando y construyendo el camino de la justicia. Aplaudimos que las pequeñas victorias en el camino de verdad y justicia son parte de un esfuerzo colectivo y mundial que no ha bajado los brazos en denunciar este crimen de Estado, este femicidio político, este asesinato perpetrado por el extractivismo violador de los derechos de los pueblos.

Las actividades conmemorativas se realizarán en el Centro de Encuentro y Amistad “Utopía”, ubicados en la comunidad de Santa Catarina, Intibucá, los días 2, 3 y 4 de marzo.

“Jamás vamos a olvidar que el asesinato de Berta, tiene como autores intelectuales a los promotores del extractivismo el saqueo y despojo de nuestros territorios.”

Dado en La Esperanza, Intibucá, Honduras a los 13 días del mes de enero del año 2020

[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019

El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.

Texto: Redacción Pie de Página

El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país.

En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6) y Guerrero (cinco).

Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros.

Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Chiapas: la más peligrosa

El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.

El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.

Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.

En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río.

El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez

Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente

Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.

Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El activista era representante de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, en conflictos  por la delimitación de las tierras.

La presencia paramilitar

El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) denunció que el 3 de abril, el líder comunitario Camilo Pérez Álvarez fue “emboscado y acribillado” en un paraje perteneciente a la Sabana Copala, en Oaxaca. Esto, en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz y concordia para la región triqui.

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, cuando se dirigía a la comunidad de Cerro Grande.

El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas.

Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales.

El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran con legalidad.

Activistas y comunicadores

El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero. Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.

El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Telésforo Santiago. Foto: Archivo.

Defensores del territorio

Samir Flores. Foto: Archivo/Ana Cristina Ramos.

Uno de los asesinatos con mayor resonancia fue el de Samir Flores Soberanes, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio.

El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.

Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.

Contra buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales, el sociólogo murió a golpes.

Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Artistas urbanos

El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes plásticas.

Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC. Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.

Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El jaranero  “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.

Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.

Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias

El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá.

Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot. Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.

Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.

Ataque a activista en CDMX

El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país, contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El 1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que violan las leyes de planeación en la capital.

A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.

Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara

El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, dos hombres interceptaron y secuestraron al activista Cruz Soto y a un acompañante en la comunidad Los Llanos, en la sierra Taragumara de Chihuahua.

Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.

Imágenes: Pie de Página

Más información:

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019

“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.”

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”
(ONU, 2005).

Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de noviembre de 2019.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno estaría basado en atender a la población más pobre del país, en disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos[…]

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:

  • Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
  • Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]

CONCLUSIÓN

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.

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Simulación de la protección a los Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) a propósito del día internacional de los Derechos Humanos – A 18 de diciembre de 2019

Hace unos días, en el marco de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) otorgó a Epitacia Zamora Teodoro, la Condecoración “Eleanor Roosevelt”, por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Es fundamental honrar y hacer reconocimiento de aquellas valerosas personas que se han dedicado a defender la vida poniendo en riesgo la suya. Sin embargo, es lamentable que instituciones de derechos humanos, o cualquier otra, utilicen de mala fe y se apropien de las historias de mujeres y hombres honorables para cumplir con el mandato de aparentar preocupación por los derechos humanos, mientras en este país se asesina impunemente a cientos de defensoras y defensores sin que estas instituciones hayan hecho algo para impedirlo.

La CDHEC difícilmente, junto a esta condecoración, va a contar y reconocer la historia real de Epitacia Zamora Teodoro; ¿Por qué fue que esta defensora murió hace casi 5 años? ¿Qué fue lo que realmente provocó su muerte y cómo fue que la propia CDHEC (siendo Roberto Chapula de la Mora su titular)propició y abonó a la irreversible fractura comunitaria que hasta el momento perdura en la comunidad indígena de Zacualpan.

Pita como todas y todos la conocíamos fue una mujer indígena sólida,venerable, valiente, tenaz, osada que a lo largo de su vida se enfrentó al poder del estado represor que le propinó muchos golpes. Es imprescindible no olvidarlas batallas que esta gran mujer, su familia y su pueblo han vivido, luchado,ganado y también perdido por defender su territorio contra toda la fuerza del aparato Estatal y sus instituciones estatales y federales que imponen su modelo extractivo.

Pita nació en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima; tuvo 4 hijas y dos hijos, “en 1995 sufrió la muerte de uno de sus hijos tras ser golpeado por agentes policíacos del municipio de Villa de Álvarez, aunque después las autoridades argumentaron que se había suicidado en la cárcel” como lo documentó la Revista Proceso en Febrero de 2015.

Pita trabajó por 8 años como jornalera en una empresa agrícola ubicada en la comunidad Loma de Fátima, cuyo propietario era quien fue diputado local priísta José Verduzco Moreno y cuyo administrador era Mario Anguiano Moreno, quien era gobernador el año en que ella murió (2015). Precisamente por el contacto que Pita tuvo con los agroquímicos que se utilizaban en esa empresa, se le diagnosticó anemia mielodisplásica lo que provocaba que las plaquetas bajaran de manera drástica y la llevaba a pasar a veces hasta 7 meses en el hospital.

En el año 2013 la Comunidad Indígena de Zacualpan (con Pita al frente)emprendió una lucha contra la empresa minera Gabfer S.A. de C.V. que pretendía extraer oro, plata, cobre y manganeso a 800 metros del nacimiento de agua que abastece a la comunidad y a casi 300 mil personas de Colima y Villa de Álvarez. En ese mismo año se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y unos meses más tarde fue destituido el Comisariado de Bienes Comunales que apoyaba el proyecto minero. Pita y su planilla fue electa, quedando ella como Secretaria del Comisariado, y Olivia Teodoro como Tesorera. Esta era la primera vez que dos mujeres formaban parte del Comisariado en Zacualpan.

El gobierno del Estado enfurecido por esta situación desató una campaña de odio contra el CIDTZ y mandó a la policía a reprimir a la comunidad. La CDHEC por su parte actuaba como alfil del gobierno del estado y con mala fe llevaba información falsa y confundía a algunas personas de la comunidad para que se enfrentaran entre ellas, inclusive entre familiares, lo que hasta la fecha no se ha podido revertir.

La presión por parte del gobierno y la policía, las amenazas de muerte y la intimidación le provocaron a Pita una diabetes que antes no tenía y que en el momento de mayor represión en Zacualpan la llevó a un derrame cerebral que aunado a la enfermedad causada por los agroquímicos a los que fue expuesta y la pésima atención en el Hospital Regional Universitario la llevó finalmente ala muerte.

¿Qué sentido tiene hoy entregar un papel reconociendo su labor de defensora de derechos humanos cuando la misma CDHEC cierra los ojos ante la violación a los propios derechos de Epitacia Zamora Teodoro? Violentados sus derechos como indígena, como mujer, como trabajadora, como defensora, como madre,como paciente. ¿Por qué no se abre una investigación sobre el tipo de agroquímicos que usan las empresas agrícolas, que enferman a la población en Colima y que llevaron a Pita a la muerte? ¿Por qué no se busca dar seguimiento a las múltiples denuncias ante la CNDH y hasta la CIDH por el acoso y el uso excesivo de las fuerzas públicas en la Comunidad indígena de Zacualpan por el gobierno del Estado de Colima?

En 2015 el CIDTZ se integró a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería(REMA) y hoy desde aquí le decimos a Sabino Hermilo Flores Arias, titular de la CDHEC, que un papel de reconocimiento enmarcado NO BASTA, que no es suficiente para sanar y cerrar las heridas que siguen sangrando en la tierra de Epitacia Zamora Teodoro… Zacualpan.

¡PITA VIVE, LA LUCHA DE ZACUALPAN SIGUE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTAD/OS POR LA MINERÍA

Foto: AF Medios

Más información:

Firma la Petición online “Justicia para Berta”

Compartimos la siguiente petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 7 de diciembre de 2019

SÚMATE a la recolección de firmas exigiendo JUSTICIA para BERTA, exigiendo que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales

Ante sentencia condenatoria contra siete personas por el asesinato de Berta Cáceres: Organizaciones de derechos humanos exigimos que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales.

Las Américas/Europa, 5 de diciembre de 2019.

El anterior 2 de diciembre de 2019, la sala I del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa emitió sentencia en contra de siete autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y co-fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, hechos ocurridos el 2 de marzo de 2016.

Entre los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El Tribunal, que dictó su sentencia a más de un año de haber finalizado el juicio oral, confirmó que la acción de resistencia del pueblo lenca organizado en el COPINH y liderado por Berta Cáceres en defensa del río Gualcarque “ (…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.”

Lo anterior reafirma que el asesinato de Berta Cáceres fue una acción planificada y organizada con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, con el propósito de neutralizar la resistencia del pueblo lenca.

En virtud de lo señalado, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, hemos observado con detalle la búsqueda de justicia por este crimen y las violaciones en torno a esta causa. Reconocemos que se dicten condenas en contra de responsables materiales, sin embargo, se mantiene nuestra preocupación acerca de la falta de acción contra la totalidad de los autores intelectuales.

De esa manera, exigimos al Estado de Honduras, que avance en el procesamiento de David Castillo, cuya audiencia preliminar se ha suspendido durante tres ocasiones por acción de su defensa Igualmente, solicitamos que se avance a la mayor brevedad en la gestión de diligencias investigativas y judiciales en contra de los demás autores intelectuales vinculados al crimen y que actualmente permanecen en la impunidad.
El Estado de Honduras debe actuar con diligencia contra los autores intelectuales como ha promocionado su actuación contra los autores materiales.

Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras a que se revoque la concesión sobre el río Gualcarque, sagrado para la cosmovisión lenca, que órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han identificado como la principal fuente de riesgo para la vida e integridad del pueblo lenca y las comunidades del COPINH.

>>FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ<<

Más información:

En tiempos convulsos las defensoras mesoamericanas seguimos sembrando semillas de cambio – 29N Día Internacional de las Mujeres Defensoras

Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – A 29 de noviembre de 2019

[PRONUNCIAMIENTO] 
29N Día Internacional de las Mujeres Defensoras 2019

En tiempos convulsos las defensoras mesoamericanas seguimos sembrando semillas de cambio
 

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Mesoamérica, 29 de noviembre de 2019 – Este 29 de noviembre amanece en una Abya Yala que vive tiempos convulsos. Alzadas en lucha por la democracia y la justicia social, nuestras hermanas en Chile, Colombia y Bolivia enfrentan la represión brutal de sus gobiernos mientras el autoritarismo, las políticas neoliberales, el extractivismo y los fundamentalismos religiosos avanzan en toda la región exhibiendo sin complejos su rostro racista y misógino. Mientras tanto, en nuestra Mesoamérica, el panorama no difiere. 

En Nicaragua, la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018, lejos de cerrarse, se prolonga y profundiza junto con la represión de la protesta pacífica y la violencia paramilitar contra las activistas y las defensoras. Doloroso testimonio de ello son las 7 compañeras que este 29 de noviembre amanecen bajo la condición de presas políticas o las decenas de defensoras que siguen exiliadas.En Honduras, a 10 años del Golpe de Estado, la corrupción y el crimen organizado campan a sus anchas en un gobierno que reprime a la población que ejerce su legítimo derecho a la protesta. Garantiza impunidad para corporaciones que usurpan territorios  para los asesinos de Berta Cáceres y para quienes ejercen violencia criminal contra las comunidades y las mujeres -como es el caso de las garífunas- mientras criminaliza a quienes defienden derechos.
En El Salvador, las mujeres seguimos siendo víctimas de femicidio y criminalización por abortar o por denunciar abusos y violencia sexual. Nuestres compañeres de las comunidades LGBTI son asesinades con crueldad y con la más absoluta impunidad mientras el discurso de odio se expande por las redes sociales y medios de comunicación, en ocasiones con la connivencia de destacados funcionarios del gobierno. 

En Guatemala, mientras el Estado blinda sus dinámicas corruptas expulsando a la CICIG del país y tramita leyes que suponen una amenaza para las organizaciones de derechos humanos y para los derechos fundamentales de la población, las mujeres seguimos siendo asesinadas -571 en lo que va de año- y  las defensoras, especialmente las integrantes de los pueblos originarios, agredidas y criminalizadas por defender la tierra y nuestras comunidades.
En México, las periodistas son asesinadas y atacadas por ejercer su libertad de expresión y derecho a informar, las activistas feministas enfrentan discurso de odio y criminalización por denunciar las violencias contra las mujeres o por defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Quienes defienden los derechos de las personas migrantes son objeto sistemático de agresiones en el marco del pacto sobre política migratoria firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Todo ello tiene un impacto evidente en los riesgos que enfrentamos las mujeres defensoras de derechos humanos en la región. Según los datos preliminares de nuestro Registro de Agresiones, en 2018 se contabilizaron 1,747 agresiones contra defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, reflejando una claro incremento respecto a períodos anteriores (1,462 en 2016, 1,558 en 2017).

Para el periodo 2017-2018, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente siguen siendo las más agredidas (1.014), seguidas de quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (666).

Actores vinculados a los Estados (policías, militares, autoridades estatales y federales) siguen siendo, de manera agregada, los principales responsables de las agresiones.

Frente a estos contextos de violencia las mujeres seguimos en la vanguardia de todas las luchas, en todos los países y comunidades. Cada vez nos hacemos más visibles en las calles, resistimos desde nuestros cuerpos-territorios, nos acuerpamos, tejemos redes de sororidad que nos protegen y nos hacen más fuertes. 

En el amanecer de este convulso 29 de noviembre, desde la IM-Defensoras y todas las compañeras que integran las Redes en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, abrazamos a todas las defensoras de América Latina, de nuestra Abya Yala, en la convicción de que juntas somos más fuertes y de que las semillas de cambio que todas y cada una de nosotras sembramos cotidianamente a través de nuestras luchas y resistencias, están abonando la tierra de un futuro mejor, donde la Vida sea el centro.

Más información:

(Nota) Aumenta hostigamiento a personas defensoras del territorio en la 4T

Informe: 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo en 2017

Dan sentencia del primer juicio contra los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres

Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) sobre la sentencia del primer juicio por el caso de Berta Caceres – A 2 de Diciembre de 2019

Comunicado sobre lectura sentencia causa Berta Cáceres

Las hijas e hijo de Berta Cáceres junto al COPINH tras la lectura de la sentencia del primer juicio contra los autores materiales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres hacemos conocer lo siguiente:

1. La impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres.

2. El Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla debe dejar de poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, entre otros, por el asesinato de Berta Cáceres.

3. El Estado de Honduras enfrenta a procesos internacionales por la participación de funcionarios públicos y la omisión de investigar adecuadamente el asesinato de Berta Cáceres.

4. La falta de justicia en Honduras hace necesaria la instalación de una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres

5. Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen consecuencia de la tenacidad de la lucha del COPINH, la familia y la solidaridad nacional y del mundo.

Berta, nuestra hermana seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura. Esta sentencia es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras.

En el COPINH seguimos con esperanza defendiendo la sangre de la tierra, construyendo para coexistir de manera justa, digna y por la vida. No desfallecemos en nuestra lucha en la que Berta vive y vive.

¡La impunidad no termina con una sentencia!
¡Castigo a los Atala!
¡Estado Asesino!

Dado a los 2 días del mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Galería de fotos: Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”

Compartimos algunas fotos de la entrega del Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas y del Foro.

Agradecemos enormemente a todas las organizaciones que avalaron el reconocimiento y a todas las personas que asistieron.

Más información:

[Video] MODEVITE Recibe el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca»

PRIMER RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS 2019 “MARIANO ABARCA”