#ALERTAHONDURAS: Asesinos de Berta Cáceres serían dejados en libertad en medio de crisis

Comunicado urgente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 07 de marzo de 2020

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH denuncia la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.

Se ha hecho de conocimiento de nuestra organización ingentes gestiones para que, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Y así mismo más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.

El COPINH denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país.

El COPINH denuncia que este plan se sumaría a las condiciones de privilegio en las que se encuentran los delincuentes vinculados al asesinato de Berta Cáceres, en especial David Castillo, quien ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP y libertades de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentran ahora Rodríguez y Bustillo.

Exigimos que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel José González Maradiaga esclarezcan esta situación.

Hacemos un llamado y alerta nacional e internacional.

Dado a los 7 días del mes de abril de 2020

Imagen: COPINH

Más información:

México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019

Compartimos este reportaje publicado en Mongabay sobre en panorama de las defensoras y defensores en México – A 18 de marzo de 2020

por Thelma Gómez Durán en 18 marzo 2020

  • En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería.
  • El homicidio es la agresión más recurrente; en 2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Los asesinos llegaron a su casa la mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la construcción de un gasoducto y un acueducto.

Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales.

El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales.

Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.

En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.

Agresiones a defensores México 2012-2019
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.

Homicidios e impunidad

Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición forzada.

Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra de los defensores en México.

En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14 casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el 10 de junio de 2019. “Tío Guato”, como también se le conocía, era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.

Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de agresiones antes de su homicidio.

Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.

Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Y que a pesar de que le pidió protección al estado, este nunca atendió sus pedidos. Foto: UMA Saraguatos.
Luis Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.

Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.

Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven desde hace ya varios años.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de 2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado mexicano en 2012.

Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores.

Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no actúa cuando se denuncia alguna agresión”.

Defensores ambientales México. Los habitantes de Coloradas de la Virgen se oponen al aprovechamiento forestal a gran escala en su territorio. Foto: Alianza Sierra Madre.
Los habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

Proyectos energéticos, minería y agresiones

En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente, resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por CEMDA desde 2012.

El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de la energía eléctrica.

Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para la producción de energía eólica y solar.

Infografía: CartoCrítica.

El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos.

Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese periodo.

Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.

Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes empresas e industrias.

Los defensores de ambiente y territorio —resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada de CEMDA.

Oposición Hidroeléctrica-Puebla
Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.

Evolución y persistencia de las agresiones

Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140 ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una disminución de las agresiones de la policía federal al final del periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece intermitente, pero constante”.

Entre los probables agresores también se señala a personal de las empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas comunidades.

Al analizar las agresiones también es posible observar que durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización y la intimidación.

Infografía: Cartocrítica.

La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México, Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a pagar reparaciones millonarias.

Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no ha cambiado mucho.

En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en 2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.

“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.

Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no se tuvo respuesta.

Mujeres que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019.  Foto: Ginnette Riquelme

Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.

Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad cultural de una comunidad”.

Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.

Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.

El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen justicia para sus compañeros asesinados.

Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.

Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha. Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.

*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.

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Semana trágica para el activismo en México: tres asesinados en Guanajuato, Morelos y Zacatecas

Compartimos esta nota publicada en Animal Político sobre las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores de la vida en México – A 2 de abril de 2020

En los últimos días fueron asesinados Paulina Gómez, Isaac Herrera y Karla Camarena, tres personas que dedicaron su vida a la defensa de la tierra y los derechos humanos.

Por Alberto Pradilla

“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores. 

En apenas siete días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”.

Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio.

Y el 30 de marzo, también a balazos, asesinaron en Guanajuato a Karla Valentina Camarena, que dedicó buena parte de su vida al reconocimiento de la identidad.

Una mujer polifacética

El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos.

Animal Político preguntó a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato sobre los detalles de la investigación. Su respuesta fue que el fiscal general, Carlos Zamarripa, asignó un grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato para que coadyuve con la unidad de homicidios en la investigación del asesinato. 

Según reportaron fuentes cercanas a la mujer, 15 días antes del ataque fue asesinada otra compañera de trabajo

Tampoco se informó sobre si en la investigación se iba a aplicar una perspectiva de género.

Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. De hecho, hace tres años, viajó con otras 40 personas transexuales a la Ciudad de México para tramitar su cambio de identidad sexogenérica, según recuerda Raúl Ruiz de Colunga.

Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans. 

“Ella se enfocó mucho en el tema de la identidad de género y luchó a lo largo de varios años, impulsando una agenda que se llamó Identidad Trans Guanajuato”, dice Súarez Araujo, que participó hace tres años en esta iniciativa.

“Era una mujer muy comprometida, muy empática, que siempre lucho con el tema de la discriminación”, señala Araujo, que compartió departamento con la víctima en el pasado.

La vida de Valentina fue polifacética. Ejerció como youtuber, fue activista, estuvo afiliada el PRI y también trabajó en locales nocturnos. 

“Uno de sus grandes proyectos era ayudar a las personas de la diversidad con problemas familiares”, explicó Raúl Ruiz de Colunga. En su momento, la activista trató de construir un refugio en Salamanca, Guanajuato. Pero el proyecto “quedó a medias”. 

“Sería bueno que alguna institución lo retomara”, dijo Ruiz de Colunga.

Él mismo sabe lo difícil que es la vida en Guanajuato para el colectivo LGBTI. Según relata, a finales de 2019 decidió, junto a su esposo, abandonar México y pedir refugio en Canadá, debido a las extorsiones y el secuestro sufridos. 

Por el momento, todos los interrogantes sobre el caso están abiertos. Rubi Araujo insiste: “que el crimen no quede impune”.

De las leyes al activismo

A Isaac Medardo Herrera Avilés, de 58 años, lo mataron hombres armados en su casa de Jiutepec, Morelos, en la noche del 23 de marzo. La víctima era abogado y había acompañado procesos de defensa del territorio durante los últimos 20 años. Dejó una pareja y tres hijos. 

Durante mucho tiempo, Herrera Avilés formó parte de la defensa del predio de los Venados, un terreno de 56 mil hectáreas, con árboles autóctonos, que estaba amenazado por la construcción inmobiliaria.

Recuerda Mónica Romero, compañera en el colectivo de vecinos en defensa del predio, que la víctima llegó a las leyes tarde, pasados los 30. “Sabía que muchas de las situaciones que tenían que ver con los procesos sociales tenían su fundamento para detenerlos por la vía jurídica. Por ahí inició en la intención de querer tener más conocimiento”, explica.

A partir de ahí comenzó su labor activista, en los tribunales y en las calles, en defensa de los recursos naturales.

Por un lado, para evitar la destrucción de un manantial y, por el otro, para proteger el predio del Venado. 

Hasta el momento, había tenido éxito en ambas.

El predio es propiedad de la empresa Casas Ara, que tenía previsto levantar 400 viviendas y talar buena parte de los árboles. Durante los últimos 15 años, la compañía ha tratado de llegar a acuerdos con los diferentes presidentes municipales, según explica Romero. En todos estos procesos, los opositores han denunciado prácticas corruptas.

El trabajo de Medardo Avilés era clave, buscando entre los expedientes para encontrar resquicios legales con los que poder frenar las obras. 

Durante un tiempo ejerció como comisariado ejidal y, a su vez, participaba en un despacho de abogados en Cuernavaca. 

“Era un hombre de principios, de fuertes convicciones, como poca gente”, dice Romero, que afirma que la víctima comenzó con el activismo a los 18 años, siempre centrado en evitar el avance del cemento. 

“Cuando entró el PAN, aquí en Morelos se encargó de entregar el territorio a empresas”, dijo.

Sin pistas sobre quién está detrás del asesinato, Romero hace dos apuntes. El primero, que el modus operandi es igual al utilizado en febrero de 2019 contra Samir Flores, activista contra el Plan Integral Morelos en Amilcingo.

Por otro lado, denuncia el papel de medios locales en los que se llegó a señalar al propio hijo como presunto autor material de los disparos. “No queremos ese tipo de desinformantes”, denunció, tras señalar que los activistas temen ser la próxima víctima y que, al ataque, se le sumen las campañas de desprestigio.

Paulina, defensora del pueblo wirikuta

A estos dos asesinatos se le suma el hallazgo, el 22 de marzo, del cuerpo de Paulina Gómez Palacio Escudero, de 50 años y defensora del pueblo wirikuta, que se ubica en los terrenos desérticos entre San Luis Potosí y Zacatecas. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas confirmó el hallazgo del cuerpo en el municipio de El Salvador Zacatecas. La mujer había sido reportada como desaparecida dos días atrás.

Según la necropsia, la víctima murió por un disparo, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación por posible feminicidio. 

Un día antes, los policías habían localizado el vehículo en el que Gómez Palacio se desplazaba y encontraron restos de sangre. Además, lograron arrestar a un hombre que trató de atacarles con un cuchillo y que, según los agentes, portaba 20 mil pesos en metálico.

La mujer había salido con 23 mil pesos para realizar unos pagos a trabajadores. 

La fiscalía anunció que investiga si existe alguna relación entre el feminicidio y la detención.

Imagen: Especial Animal Político

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Paulina Gómez Palacios Escudero; OTRA Defensora del Territorio Asesinada

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020

Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).

Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.

Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.

El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.

La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.

Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.

Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE ASESINAR A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: OCMAL

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Isaac Medardo Herrara, Ambientalista y Defensor de los Territorios, es Asesinado en Morelos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de marzo de 2020

Ante la invasión mediática (justificada), por el coronavirus, poca información circula sobre las otras calamidades de lo cotidiano que vivimos en tiempo de la 4T. El compañero Isaac Medardo Herrera, luchador social, abogado, defensor de territorios y comunidades en Morelos, fue asesinado frente a su casa en Jiutepec el pasado 23 de marzo. Como ciudadano y como abogado puso su empeño en las luchas contra el atropello de empresarios y gobiernos que tienen como única premisa la obtención de beneficios económicos y de poder a costa de la vida del Pueblo. En Jiutepec, participó centralmente en la lucha por impedir que una importante zona verde de la cabecera municipal, la de “Los Venados”, fuese convertida en otra masa más de cemento como parte de la especulación inmobiliaria, en otro fraccionamiento más de la empresa “Ara”, de la cual sobresale su director el Sr. Germán Ahumada Russek, otro más de “clásicos empresarios” con un sin fin de redes políticas, con alianzas operativas dentro de poderosas empresas de medios comunicación y, por supuesto, financieras.

Pero esta lucha fue una más de una serie. Isaac Medardo también participó como representante legal, y de manera muy comprometida, en la protección del manantial “Chihuahuita”, del municipio de Emiliano Zapata, también ante otro fraccionamiento, el de “La Ciénega”, para el cual se pretendía despojar de agua a comunidades campesinas requeridas de ella para su sobrevivencia. El motivo de esas y otras luchas en las cuales participó Isaac fue el mismo: la defensa ante la imposición de los intereses privados sobre el interés y el futuro de la colectividad; la voracidad de unos cuantos a costa del bien común y, los impulsores de esos y otros proyectos son, como ya señalábamos, los “clásicos empresarios” acostumbrados a coludir y comprar a gobernantes y, en consecuencia, tener vía libre para que sus proyectos ejecuten el despojo de los pueblos y de la naturaleza.

ta cuándo se detendrá este descarado patrón delictivo/encubierto que trasciende fronteras, y que nuevamente se repite en el estado de Morelos. Hasta cuándo este gobierno actuará en consecuencia y dejará de echarle la culpa a sus antecesores o continuará en la clásica omisión o administración del conflicto que irremediablemente nos lleva a la impunidad y la falta de procuración de justicia de las y los defensores del Pueblo y de los Territorios que han sido asesinados sea frente a su domicilio, o han sido sacados del mismo para ultimarlos en otro lado. Hasta cuándo la 4T mostrará voluntad y sobre todo justicia gubernamental para clarificar los crímenes cometidos y meter a la cárcel no sólo a quienes activan sus armas, sino a los verdaderos operadores intelectuales de estos asesinatos, quienes ya están tan acostumbrados a operar de esta forma, cuando ven sus intereses afectados, mismos que, en su enceguecida codicia no se dan cuenta de estar llegando al límite de las comunidades y el significado de luchar por la y la dignidad.

La lucha por la vida en el estado de Morelos ya le ha costado la misma a; Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019; la de Paul Humberto Vizcarra Ruiz, hallado muerto el 16 de octubre de 2019 y ahora, el del compañero Isaac Medardo Herrera Ávila, asesinado este recién 23 de marzo de 2020.

En REMA nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeras y compañeros de lucha, para quienes también enviamos un abrazo fraterno, pero llenos de indignación por estos lamentables hechos.

¡EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO! DEL ASESINATO DE ISAAC MEDARDO HERRERA ÁVILA, DE SAMIR FLORES SOBERANES, DE PAUL HUMBERTO VIZCARRA RUIZ, DEFENSORES DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO.

¡EXIGIMOS JUSTICIA, PORQUE NO ESCLARECER ESTOS CRÍMENES, ES HACERSE CÓMPLICE DE ELLOS!

¡BASTA DE COMPLICIDAD, NEGLIGENCIA E IMPUNIDAD!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Infografía de RompeVientos tv

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Gobierno Estatal y Federal vuelve a amenazar los Territorios y Comunidades de Chiapas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre las amenazas que han sufrido recientemente integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco – A 25 de marzo de 2020

Es una burla que, en plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V . con el grupo denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva varios años enfrentándose a los proyectos mineros.

El día 18, luego el día 20, y el 23 del presente mes, el gobierno del Estado convocó para que las comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.

Tanto el gobierno federal, como estatal no acaban de entender que el modelo extractivo es insustentable, contamina las fuentes de agua, deforesta, genera graves condiciones de despojo y desplazamiento, lo que, en consecuencia, termina de manera definitiva con los suelos de las regiones montañosas biodiversas de Chiapas. Peor aún, cuando de manera beligerante e irresponsable llevan a cabo acciones en un momento de crisis pandémica de graves consecuencias económicas, en donde los ejidos están más susceptibles para absorber prebendas o dinero por permitir el desarrollo de actividades extractivas.

Responsabilizamos tanto al gobierno morenista de Rutilio Escandón, como al licenciado Concepción Zavala López -Delegado Regional de Gobierno y a la Fiscalía-, de cualquier intento de intimidación, coerción, división y conflictos que susciten bajo el pretexto de aplicar el Estado de Derecho y criminalizar la justa demanda de los pueblos de proteger el medio ambiente, la salud, el agua y la biodiversidad, en contra de los ambiciosos intereses de la empresa de Monterrey que pretende devastar las montañas del sureste de México.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Área de comunicación Otros Mundos Chiapas

Más información:

La empresa minera El Puntal S.A. de C.V. y el Gobierno de Chiapas amenazan a defensores y defensoras ambientales de Acacoyagua

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020 >> Descargar comunicado en pdf<<

El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, “el estado de derecho”, en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.

Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.

En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.

Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.

Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.

Firma

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

OTROS MUNDOS A.C.

Contacto: frentesoconusco@gmail.com

>> Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Área de Comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Sólo “justicia a medias” por el asesinato de Bertha Cáceres: Gustavo Castro

Compartimos esta entrevista a nuestro compañero Gustavo Castro publicada en La Jornada en la conmemoración del 4to aniversario de nuestra hermana Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2020

Por Elio Enríquez

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Gustavo Castro Soto, quien está vivo “de milagro”, pues lo dieron por muerto, lamentó que a cuatro años del asesinato de la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Cáceres, sólo se ha hecho “justicia a medias”.

“El asesinato de Bertha Cáceres me recuerda sobre todo la gran impunidad que se vive en Honduras, el grado de ilegalidad, un narco Estado en el que la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos están en todos lados”, dijo.

Entrevistado en esta ciudad, Castro Soto, integrante de la agrupación Otros Mundos, señaló que “hay que seguir exigiendo que se haga justicia”, pues hasta ahora sólo ha habido un juicio ilegal, amañado y se sentenció a siete de los ocho imputados a 30 años de cárcel por el asesinato de Bertha y 16 años y tres meses por el asesinato en grado de tentativa en mi contra”.

Agregó que “la justicia está a medias porque finalmente los que planearon, ejecutaron, compraron a la gente y dieron el dinero están libres, que son los integrantes de la familia Atala, una de las más ricas de Honduras; son los autores intelectuales”.

Precisó que “sólo están en la cárcel siete personas: El gerente de la empresa Desa, un militar, un exmilitar y un grupo de sicarios”.

Recordó que el 2 de marzo de 2016, fecha en la que fue asesinada la dirigente social en Honduras, ambos estaban en la misma casa, pero el “sicario” que le disparó a él lo dio por muerto.

“Me apuntó a la cara, pero una millonésima de segundos antes me moví y la bala me rozó y me tumbó un pedazo de oreja. Me dieron por muerto. Fue un milagro porque me moví y el agresor, que estaba a dos metros, pensó que me había matado”, recordó.

—¿Iban por ti también?

—Sí. En un segundo plano, porque el objetivo inicial era asesinarla sólo a ella, pero cuando estábamos en su casa, nos vieron, estaban alrededor y en ese momento decidieron ir por los dos. Los sicarios nos vieron entrar, yo tenía prendida la luz de mi cuarto y sabían que estaba ahí. Al final decidieron matarnos a los dos. A ella la hirieron y unos minutos después murió.

Después de quedar herido, el activista fue protegido por la entonces embajada de México en Honduras. Luego de un mes pudo salir hacia México. “Me querían inculpar y me prohibieron ilegalmente salir del país, pero la embajadora me protegió”.

De 55 años de edad, manifestó que el hecho lo ha “marcado para toda la vida. Es un antes y un después. Ha marcado también a muchos movimientos y al mismo gobierno de Honduras. Es antes y después del asesinato de Bertha porque el golpe político fue muy alto”.

En su opinión, la destrucción del ambiente mediante la explotación de minas y la imposición de megaproyectos “sigue no sólo en Honduras, sino en toda la región, porque en la medida en que han avanzado los tratados de libre comercio, todo se ha privatizado: Proyectos de oleoductos, gasoductos, carreteros, frackin, petróleo, palma de aceite y represas, lo que implica disputarse el territorio con la gente. Ahora está más fuerte la confrontación”.

Sostuvo que “la criminalización, no tanto a individuos como a colectivos, es alta y se agudizará, y ha logrado en cierta medida que la

movilización se detenga, pero hay que seguir en la lucha, no tiene uno alternativa porque es defender la vida”.

Consideró que desde hace cuatro años de haber sido asesinada Cáceres, a la fecha, “hay mucho más riesgo para los ambientalistas porque en el marco de los tratados, los gobiernos y las mismas empresas han tenido que blindar sus inversiones”.

Aseguró que “en la medida en que no se les permite explotar las concesiones, las trasnacionales demandan a los gobiernos porque no cumplen con los acuerdos de libre comercio, no cambian una legislación, suspenden un megaproyecto o una concesión por violaciones al medio ambiente; son demandas de millones de dólares, y los gobiernos prefieren reprimir y criminalizar que pagar tanto dinero; eso lo estamos viendo inclusive con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

Imagen: El también activista, Gustavo Castro Soto acompañaba a Bertha Cáceres cuando fue asesinada, el tres de marzo de 2016. Foto Elio Henríquez / Área de comunicación Otros Mundos Chiapas, San Cristóbal de Las Casas Chiapas 2 de marzo de 2020

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Urgente Solidaridad Internacionalista con Amigos de la Tierra Brasil

Compartimos un comunicado urge de Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – A 6 de marzo 2020

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe expresa su solidaridad con las/os compañeras/os de Amigos de la Tierra Brasil ante las amenazas de remoción que el gobierno del derechista Jair Bolsonaro ha presentado contra la organización ambientalista brasileña.

Hacemos un llamado vehemente a las organizaciones, procesos y movimientos de la región y de diversas partes del mundo para expresar su solidaridad internacionalista ante estos ataques, que además de poner en riesgo el trabajo de una organización como AT Brasil son una afrenta a todas/os aquellas/os que defienden los derechos de nuestros pueblos. Reconocemos que las amenazas hacen parte de un proceso de intimidación contra quienes luchan por un país y una América Latina justa.

Desde noviembre de 2019 Amigos de la Tierra Brasil ha sido objeto de una tentativa de desalojo del inmueble que ocupa en la calle Olavo Bilac, en Porto Alegre. La orden ha sido entregada por la SecretaríaE special de Desestatización y Desinversión en Mercados del Ministerio de Economía de Gestión del Patrimonio de la Unión en el gobierno del derechista Bolsonaro. Todo esto se presenta después de un importante proceso de recuperación y mantenimiento que AT Brasil ha realizado en el predio, que anteriormente no era más que un espacio precario en un terreno abandonado. AT Brasil, durante el contrato de sesión ha realizado reconstrucciones estructurales y la instalación de diversas tecnologías sociales y ha convertido este lugar en un escenario de construcción social e intercambio para la dignificación de la vida y la sociedad.

ATALC considera que las amenazas configuran un ataque político contra nuestra organización hermana en Brasil, desde una estrategia administrativa con claras intenciones de desestabilización para todas/os aquellas/os que dedican sus vidas a la lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, y quienes durante su existencia como procesos organizativos han enfrentado todas las formas de dominación y opresión.

No es coincidencia que estos ataques se presenten contra una organización que ha enfrentado el poder corporativo de las transnacionales de la minería, entre otras, y ha acompañado procesos organizativos de pueblos que enfrentan, por ejemplo, el desplazamiento comunitario por la ampliación de aeropuertos, y trabajan en contra del avance del modelo corporativo transnacional hacia el despojo territorial y de derechos.

Sabemos que la acción articulada de los movimientos sociales al interior de Brasil y la presión internacional son nuestras herramientas para evitar que se consolide la injusticia de un gobierno caracterizado por sus posiciones fascistas y la negación de los derechos de los pueblos y sus conquistas históricas. Por eso nuevamente llamamos a la expresión de solidaridad a través de diversas acciones orientadas por AT Brasil y que presentamos a continuación:

i) Firme en este link http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/sobre/casanat/ en solidaridad con AT Brasil.

ii) Envíenos una carta institucional de apoyo. Modelo aquí: http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Carta-Alianc%CC%A7as-CasanatResiste.pdf

iii) Comparta los contenidos que publicamos en sus redes sociales, siempre usando los Hashtag #CasanatResiste y #AmigosDaTerraExiste y vinculando a @amigosdaterrabr

iv) Publique videos propios (puede ser historias en Instagram) hablando sobre la importancia de Casanat y de la actuación de AT Brasil. Al publicar marque nuestro perfil @amigosdaterrabr – así podremos republicar el contenido en nuestras páginas también.

v) Vengan a visitarnos. En breve divulgaremos una serie de actividades previstas para las próximas semanas como muestras audiovisuales, debates y rondas de conversación. Seguiremos nuestras actividades para mantener el carácter público del inmueble recuperado y devuelto a la sociedad por AT Brasil después de décadas de abandono por parte de la Unión.

#CasanatResiste #AmigosDaTerraExiste


Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC – Marzo 6 de 2020

Territorios libres, el mayor acto de justicia para Berta Cáceres

Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en el marco de la conmemoración de 4 años de la siembra de nuestra hermana Berta – A 2 de marzo 2020

A 4 años del vil asesinato de nuestra hermana

Hoy, se cumplen 4 años del vil crimen a nuestra hermana Berta Cáceres, este crimen fue planificado por los dueños de la empresa DESA constructora del Proyecto Hidroeléctrico “Agua zarca”, en la comunidad Lenca de Río Blanco. Este crimen solo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización.

Este crimen representa el plan para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras, liderada por Berta Cáceres y sembrar el miedo a las luchadores y luchadores de Honduras. Sin embargo su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño.

Fue un días después de su crimen que nos propusimos como COPINH, familiares y organizaciones construir la justicia para ella, desafiando la impunidad estructural del país que ha sido cómplice de los ataques a los pueblo y de su persecución política. Este proceso a tratado de librar una lucha más allá de la disputa legal, profundizando la lucha en defensa de los territorios amenazados por proyectos hidroeléctricos, mineros, de generación de energía, privatizadores de las playas e invasores de los territorios indígenas, garífunas y campesinos.

Grandes esfuerzos le ha implicado a nuestras organización indígenas de base, luchar porque sean determinadas las responsabilidades a las personas y la estructura criminal que cometió este crimen. Sin embargo el rugido mundial de justicia ha permitido que a 4 años tengamos enjuiciados a 7 personas vinculados con la autoría material del crimen y comenzado un proceso contra David Castillo, autor intelectual del mismo. A pesar de eso gran incertidumbre acompaña el proceso para determinar la responsabilidad al presidente de DESA, el señor Castillo. Pero hemos comprobado que un cerco de impunidad se levanta para proteger a los autores de máxima responsabilidad en el crimen a pesar de la cantidad de evidencia.

Hemos confirmado y denunciamos plenamente que el Estado de Honduras represor y violador de derechos humanos no pretende perseguir a los miembros de la familia Atala Zablah; Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah, empresarios responsables de la toma de decisión del crimen de Berta Cáceres

Es por ellos que este proceso de búsqueda de justicia el COPINH y quienes somos parte de esta causa nos proponemos el proceso de justicia más amplio, yendo directamente a proteger el derecho de los pueblos a ser consultados de manera previa, libre e informada; de investigar y denunciar a las empresas que como DESA participan de la persecución y violación a los derechos de las comunidades; a construir una Honduras de justicia, democracia y paz con desmilitarización.

Es un imperativo del COPINH y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos.

Por eso seguiremos luchando por todas nuestras justicias, desde nuestros cuerpos y territorios. Por la libertad, por el futuro que merece el pueblo hondureño.

¡Berta Vive, la lucha Sigue!

¡Aguas Libres, Pueblos Libres!

Imagen: Conmemoración 4to Aniv de Berta en Upotia, Honduras

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