El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” desde el 2015 defienden de manera colectiva y organizada las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. Este mes cumplen 5 años en su digna lucha, forman parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería. A lo largo de su lucha han denunciado varias veces el daño a la salud y ambientan ocasionado por la explotación de la ilmenita y titanio. Lograron que los municipios de Escuintla y Acacoyagua se declararan libres de minería, que se suspendiera la explotación de la mina Cristina en el 2015 y frenaron la actividad de la mina Casas Viejas de la empresa El Puntal S.A. de C.V. con dos campamentos pacíficos.
En su 5to aniversario, las y los felicitamos, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y ríos de la voracidad minera pero sobre todo por defender la vida. Este vídeo cuenta un poco sobre su historia, además de ser un reconocimiento.
¡Felicidades al Frente Popular enDefensa del Soconusco!
Compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la defensa de la vida en la mixteca oaxaqueña y la reciente acción del gobierno actual de solicitar apoyo en las mineras canadiensesen el país – 8 de junio de 2020
Desconocen cualquier acuerdo realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI
Pedro Matias
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García.
Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.
Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.
De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo que haya efectuado personas ajenas a la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán que se autonombre representante de los comuneros, siendo el caso específico de la familia Morales Arias quienes son asesorados por el señor Marco Antonio Hernández Cuevas, quien fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente se desempeña como Coordinador General de Atención Regional del Estado de Oaxaca”.
Insistieron inclinarse por la defensa del territorio indígena oponiéndose a que empresas mineras exploten los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos, al tiempo que se pronunciaron por el respeto a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Luego de reafirmar el compromiso con su comunidad de respetar nuestros sistemas normativos internos, hicieron “un llamado a la unidad a todos los ciudadanos originarios de esta población de Santo Domingo Ixcatlán, tanto a los vecinos radicados en diferentes ciudades de nuestro país y del extranjero a la unidad de los ixcatecos para fortalecer la filosofía de nuestro pueblo originario”.
Adelantaron que se informará a las autoridades municipales y agrarias de Chalcatongo de Hidalgo y sus Agencias, con lo que mantienen un añejo conflicto agrario, que actualmente no existe Comisariado de Bienes Comunales en Santo Domingo Ixcatlán, en virtud que el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, anuló el ilegal nombramiento de Alma Morales Arias, por lo que todo acuerdo carece de validez.En el pronunciamiento hacen una relatoría del conflicto y de cómo la familia de Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias de Santo Domingo Ixcatlán para llegar acuerdos ilegales y presuntos acuerdos como empresas mineras.
Recordaron que durante 170 años, el territorio de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo, estuvo en conflicto el cual el 3 de agosto de 1998, el Tribunal Unitario Agrario en Huajuapam de León Oaxaca, en el expediente agrario número 3/1995, reconoce a favor de Santo Domingo Ixcatlán 1,356 hectáreas, juicio agrario que fue promovido por comuneros y personas originarias de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos los señores Juan Santiago García y Zenaido García Bernabé, quienes actualmente forman parte del Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán.
Este domingo siete de junio del dos mil veinte, en la explanada de la cancha municipal, de Santo Domingo Ixcatlán se celebró una asamblea general donde se analizó la situación actual que guarda su municipio y los diferentes problemas que durante 15 años ha generado la familia Morales Arias.
Señalaron que en el 2005, el entonces Presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias, sin tener atribuciones destituyó a las autoridades agrarias y asumió junto a su grupo la solución del conflicto agrario por la vía violenta, argumentando, en declaraciones documentadas, que contaba con la protección del gobernador Ulises Ruíz Ortiz y del PRI como consta en la averiguación previa 130/2008.
Durante el 2005-2007 Freddy Eucario Morales Arias fungió como presidente Municipal de Santo Domingo Ixcatlán, periodo en el que dividió al pueblo imponiéndose por medio de la fuerza y violencia.
Durante el conflicto social en el año 2006, Freddy Eucario y su grupo paramilitar formó parte de los escuadrones de la muerte, que asesinaban a las personas opositoras a Ulises Ruiz Ortiz.
Durante el año 2007 creó el paraje “Los Reyes” lugar de entrenamiento y preparación de los integrantes del grupo paramilitar que comandaba y que cuenta con la protección de los elementos de la Policía Preventiva del Estado.
Luego de varios asesinatos, emboscadas, quema de casas y maquinaria pesada, llegó el 30
de abril del 2008 donde fueron asesinados en el centro de la población de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca el secretario de bienes comunales Melesio Martínez Robles y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, el primero fue descarnado sádicamente de la cintura para abajo, el segundo quemado vivo en el interior de su automóvil y el tercero de un balazo, por estos hechos se inició el Expediente Penal 24/2008 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en contra de Freddy Eucario Morales Arias y otras 15 personas.
Por esos hechos suscitados el 30 de abril del 2008, el 19 de mayo del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares a favor familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé. El 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a 177 personas.
Y 7 de agosto del 2008, por los hechos ocurridos el 30 de abril del 2008, el Congreso del Estado aprobó la suspensión de Poderes Municipales de Santo Domingo Ixcatlán y el Eucario Morales Aguilar fue detenido por homicidio calificado, sin embargo, su familia mantuvo el control de la comunidad y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.
Compartimos esta nota publicada en el diario El Popular de Puebla sobre la voracidad de la minería canadiense en México – A 2 de junio de 2020
Por EFE. Un informe de ONG denuncian casos de represión en comunidades en contra de proyectos mineros.
Un informe dado a conocer este martes acusa a compañías mineras de todo el mundo de aprovechar la pandemia de COVID-19 para avanzar en sus intereses, reprimir a comunidades opuestas a proyectos y presionar a legisladores y Gobiernos.
El informe, realizado por varias organizaciones no gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, señala que numerosas explotaciones mineras en todo el mundo están afectadas por brotes epidémicos del coronavirus, que afectan no sólo a los trabajadores, sino a comunidades indígenas y rurales.
Según declaró a Efe Kirsten Francescone, una de las autoras del informe y responsable de Latinoamérica en la ONG MiningWatch Canada, se estima que unas 4.000 personas que trabajan en cerca de un centenar de explotaciones mineras, y 300 residentes de comunidades cercanas, han contraído COVID-19.
De esta cifra, alrededor de una decena de mineros y cuatro residentes han muerto a consecuencia de la enfermedad.
Pero Francescone alertó que «estas cifras son las constatadas a través de los medios de comunicación pero nos tememos que las cifras reales son mucho más elevadas».
Francescone destacó el caso de Cobre Panamá, en Panamá, «donde han muerto 5 trabajadores y donde 150 trabajadores han dado positivo a COVID-19».
«Esa empresa, cuando empezaron a salir las noticias de que había trabajadores infectados, mantuvo sus operaciones funcionando con normalidad. Sólo tras la muerte del primer trabajador, el Ministerio de Salud ordenó el cese de sus operaciones y la cuarentena de 900 trabajadores», afirmó Francescone.
Cobre Panamá no es el único caso de explotaciones mineras con brotes epidémicos masivos, según el informe. Esto también se ha producido en las minas Olimpiada (Rusia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú).
El informe se centra en cuatro «patrones para lucrarse» del COVID-19. Primero, ignorando el peligro que la enfermedad representa para trabajadores y habitantes de las comunidades. Segundo, reprimiendo las protestas y promocionando la expansión de las actividades mineras. Tercero, utilizando la pandemia para lavar la imagen de sus operaciones. Y finalmente, presionando a las administraciones públicas para que se produzcan cambios en las regulaciones.
El informe, en el que han participado las organizaciones Earthworks, Institute for Policy Studies-Global Economy Program, London Mining Network, MiningWatch Canada, TerraJusta, War on Want y Yes to Life No to Mining, cita casos de represión de protestas en Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador.
Por ejemplo en Filipinas, en abril «manifestantes que protestaban contra la mina Oceana Gold de la empresa Didipio fueron violentamente expulsados por las fuerzas policiales«.
«Defensores también están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México, de acuerdo con fuentes locales», señalan los grupos que han elaborado el informe.
El documento también señala un video distribuido en Brasil por órdenes del Tribunal Supremo del país en el que el ministro del Medio Ambiente describe la pandemia «como una oportunidad para eliminar regulaciones de política medioambiental«.
«Están continuando sus actividades a pesar de los riesgos a los trabajadores y las comunidades, mientras avanzan proyectos rechazados contra los deseos de los pueblos afectados y presionando para que se produzcan cambios en las regulaciones que mejoren sus beneficios en el largo plazo», concluye el informe.
Imagen: Foto:EFE I En México se han registrado asesinatos de activistas
Más de 300 organizaciones expresan solidaridad con comunidades y trabajadorxs afectadxs por la manera de beneficiar de la pandemia del COVID-19 por parte de la industria minera – A 2 de junio de 2020
La industria minera es una de las más contaminantes, letales y destructivas del mundo. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas de las empresas mineras a la pandemia del COVID-19, han recibido poco escrutinio en comparación con otras industrias que están buscando beneficiarse de esta crisis.
Las organizaciones abajo firmantes condenamos y rechazamos las formas en que la industria minera y numerosos gobiernos están aprovechando la pandemia para fabricar falsas oportunidades y aceptación social para el sector minero, ahora y en el futuro.
Estas acciones suponen una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de lxs trabajadorxs, y de las comunidades y organizaciones que han estado luchando durante décadas por defender la salud pública, contra la destrucción y la devastación de sus territorios por el extractivismo minero. Sobre la base de un análisis colectivo desarrollado con comunidades afectadas, trabajadorxs y organizaciones de la sociedad civil, hemos identificado las siguientes tendencias que ejemplifican estas amenazas. Un examen de más de 500 fuentes de medios de comunicación, comunicados de prensa e informes sobre la minería en el contexto de COVID-19 informa aún más estos hallazgos.
Uno: las compañías mineras han decidido ignorar las amenazas reales de la pandemia y continúan operando, utilizando cualquier medio disponible. Las empresas mineras y muchos gobiernos han presionado para que se clasifique a la minería como un servicio esencial, lo que permite que las operaciones continúen a pesar de los riesgos sustanciales que esto presenta. Al hacerlo, están poniendo en gran riesgo a las comunidades, a las poblaciones rurales y urbanas y a su fuerza de trabajo. En muchos casos, las comunidades indígenas y rurales ya se enfrentan a un grave riesgo por el virus, especialmente las comunidades cuya salud se ha visto dañada por la contaminación generada por el extractivismo minero. Están luchando para poder protegerse de posibles brotes.
Dos: Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias para silenciar las protestas legítimas y promover el sector minero. Libre de supervisión y escrutinio públicos, los gobiernos han impuesto restricciones a la libertad de asociación y al movimiento de personas para proteger la salud pública. Sin embargo, estas medidas severas y frecuentemente militarizadas comprometen la capacidad de los pueblos para defender sus territorios y sus vidas. Quienes defienden la tierra y el territorio tienen un mayor riesgo de sufrir violencia selectiva y algunxs siguen encarceladxs injustamente, lo que plantea riesgos adicionales de infección. Los gobiernos también han desplegado fuerzas estatales (militares y policiales) para reprimir a protestas legítimas y pacíficas, especialmente en los casos en que existe una oposición de larga data a las actividades de una empresa. Mientras tanto, se permite a las empresas mineras seguir operando en estos mismos territorios o hacerlo, a pesar de las restricciones. Estas y otras acciones benefician cínica e injustamente al sector minero extractivista.
Tres: Las compañías mineras están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus sucios historiales y presentarse como salvadores con espíritu ciudadano. En un momento en que países enteros están luchando por conseguir el mínimo de equipos de ensayo necesarios, las empresas se han jactado de los millones de equipos de ensayo de origen privado que han proporcionado a las comunidades y trabajadorxs afectadxs. Esto es una cobertura deficiente para los efectos a largo plazo sobre la salud que habitualmente se derivan de las actividades mineras y las formas a menudo solapadas en que esas mismas empresas operan. También representa una afrenta al bien público en general y a los esfuerzos colectivos de muchos Estados y comunidades para asegurar el acceso público a las pruebas, lo que pone de relieve las flagrantes asimetrías de poder entre las empresas multinacionales y los estados del Sur Global. En algunos casos, las empresas están distribuyendo víveres directamente a la población, generando división social y socavando la resistencia pacífica, mientras la población no puede movilizarse en el contexto de la pandemia. Algunas empresas mineras han establecido fondos de asistencia o han hecho importantes donaciones considerables a los ministerios estatales. Estas «donaciones» directas en efectivo no sólo están lejos de ser proporcionales a los impactos reales de sus actividades, sino que también representan un riesgo de corrupción, que se evidencia a medida que vemos a los gobiernos dispuestos a debilitar las medidas de emergencia, o a permitir el incumplimiento de las mismas, o a simplemente eximir a la industria de cumplirlas.
Cuatro: Las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para conseguir un cambio de normas que favorezca a la industria, a expensas de los pueblos y el planeta. Mientras posicionan a la minería como actividad esencial, tanto ahora como para la recuperación económica mundial posterior al COVID-19, las empresas mineras siguen ejerciendo presión para agilizar las decisiones administrativas y debilitar las medidas, ya limitadas, que existen para hacer frente a los efectos sociales, culturales, ambientales y económicos de sus actividades, que casi siempre recaen en las comunidades afectadas con total impunidad.Ya sea explícitamente, suspendiendo la escasa supervisión y aplicación de las normas ambientales que había, o implícitamente, haciendo más difícil que las comunidades afectadas obtengan información e intervengan en los procesos de concesión de permisos, los gobiernos están haciendo profundas concesiones a la industria minera, y las empresas están ahora presionando a los gobiernos para que esa desregulación sea permanente. Al mismo tiempo, las empresas utilizan cada vez más mecanismos supranacionales de solución de disputas Inversor-Estado (ISDS), incorporadas en miles de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, para demandar a los gobiernos, especialmente en el Sur Global. Siguen interponiendo o amenazando con interponer demandas por cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares, por decisiones tomadas por gobiernos, tribunales e incluso organismos de derechos humanos, socavando la soberanía nacional para la toma de decisiones de protección de la salud pública y atacando la autodeterminación de los pueblos que luchan por proteger su bienestar frente a los proyectos extractivistas. Las reclamaciones mineras pendientes conocidas -y de lugares donde se dispone de información- ascienden actualmente a 45.500 millones de dólares, aunque el total real podría ser mucho mayor. Por ende se temen nuevas amenazas en respuesta a las medidas adoptadas durante la pandemia. Condenamos estas respuestas a la pandemia del COVID-19 como actos de agresión que agravan los riesgos que enfrentan diariamente las comunidades afectadas, los pueblos indígenas, lxs defensorxs de la tierra y lxs trabajadorxs de las minas.
Rechazamos la afirmación de base de que la minería representa un servicio esencial, ya sea ahora o en el periodo de recuperación económica. En el contexto de una crisis mundial sanitaria, económica, ecológica y climática, que avanza en paralelo, afirmamos que lo esencial es la salud de las comunidades, los pueblos indígenas, lxs trabajadorxs y los movimientos sociales, no los beneficios de las empresas mineras depredadoras. Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales para que respeten y apoyen los procesos autónomos de organización y autodeterminación de las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas. Sus esfuerzos son vitales para proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente con la información que proviene de sus propios conocimientos y tradiciones; estos esfuerzos protegen también la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas a través de la agricultura en pequeña escala y otras actividades productivas. La «reactivación» económica no debe promover más minería, sino que debe reconocer e impulsar las iniciativas de base comunitaria.
Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que presten atención y condenen activamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y las empresas mineras durante la pandemia y el período de recuperación posterior.
Nos solidarizamos con las comunidades de primera línea, los pueblos indígenas y lxs trabajadorxs más afectadxs por la crisis del COVID-19 y por las respuestas de la industria minera.
Hacemos un llamamiento a los demás sectores para que los apoyen en sus campañas fundamentales en pro del bienestar colectivo y la justicia.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de junio de 2020
El pasado 17 de abril, un grupo de habitantes de las comunidades de Neutla, Don Diego, Delgado de Arriba y Delgado de Abajo, todas del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, se apersonaron durante el desahogo de una sesión del pleno de su Ayuntamiento para denunciar que, con sus trabajos de exploración, la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la estadunidense Electrum Group, estaba usando agua potable de manera excesiva y contaminado el suelo al descargar desechos líquidos tóxicos de manera indebida e inadecuada.
Luego de un intenso proceso de investigación realizado conforme a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Ayuntamiento del Municipio de Comonfort a través de la Comisión Especial Plural, creada para atender la denuncia ciudadana, concluyó, por un lado, que la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., no cuenta con el permiso de uso de suelo necesario para realizar sus actividades de exploración, por lo que no puede continuar operando sin esa autorización que es facultad exclusiva de las autoridades municipales el otorgarla o negarla. Por otro lado, de las investigaciones realizadas por la Comisión Especial, se advierte que durante el proceso de exploración que la minera ha venido realizando de manera ilegal, incurrió en una serie de irregularidades que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de los habitantes de Comonfort.
Bajo esta lógica el pasado 29 de mayo, el pleno del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort respaldó, por unanimidad de sus integrantes, el dictamen elaborado y propuesto por la Comisión Especial Plural, y acordó, en esta línea, instruir a la Dirección de Desarrollo Urbano para que proceda a realizar la clausura de los proyectos de exploración minera al afectarse el orden público y el interés general, además de hacer del conocimiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT) sus indagatorias y determinaciones para que suspendan, revoquen o dejen sin efecto las autorizaciones en materia de impacto ambiental para la exploración del territorio de Comonfort que en su momento otorgaron a la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V..
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, reconocemos el trabajo de las y los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort quienes, pese a la intensa presión de las y los abogados de la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., resolvieron apegados a la ley la denuncia planteada por las y los ciudadanos.
Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento del resolutivo aprobado.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: El análisis del agua se realizó el pasado 7 de mayo. Crédito: Andrés Téllez Ramírez
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de junio de 2020
En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”, con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.
Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como: robo, homicidio doloso y extorsión.
El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir, disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.
No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son “primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.
Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero, se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores del territorio.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen:Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 01 de junio de 2020
Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.
Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”, “segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.
Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc., entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.
Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.
Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas mineras y los pueblos y comunidades.
Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo un artículo:
Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.
Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto Interno Bruto como factor de bienestar.
Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la imposición y reproducción del modelo.
¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera en México próxima a discutirse – A 11 de mayo de 2020
En las próximas horas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera en el Amparo en Revisión 928/2019; se trata de un asunto fundamental ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país.
En septiembre del 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla, instruyó -en ejercicio de su autonomía- al Consejo Maseual Altepetajpianij a llevar a cabo las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.
En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios; sin embargo, al tiempo que concedía el amparo, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Puebla, evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión. Frente a la omisión del juzgado las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que en breve será resuelto por la Suprema Corte.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hemos denunciado insistentemente que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico diseñado para facilitar y hacer posible que el Modelo Extractivo Minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente. Entre otras cuestiones, hemos advertido que la Ley Minera considera las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales como de “utilidad pública” y como “preferentes” sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, además de que en el procedimiento de toma de decisiones para el otorgamiento de las concesiones mineras no se considera la participación de los pueblos indígenas vulnerando con ello su autonomía y su derecho a decidir; cuestiones sobre las que debería pronunciarse la Segunda Sala de la Corte.
En días pasados, sin embargo, se dio a conocer la versión pública de la resolución que el ministro Javier Laynez propone para su discusión, la cual deja intocado ese entramado jurídico al considerar que “el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados.»
No omitimos señalar que, bajo las actuales disposiciones de la Ley Minera, la Secretaría de Economía ha entregado más de 25,000 concesiones que están generando graves conflictos sociales en todo el territorio nacional.
Por ello, desde las comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos que somos la REMA, en solidaridad con la lucha del pueblo Maseual y haciendo nuestras sus exigencias, llamamos, respetuosa pero enérgicamente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y a sus homólogos Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Franco González Salas a no atender el proyecto del ministro Laynez y a discutir sobre las diversas disposiciones de la Ley Minera que resultan violatorias de los derechos humanos de los pueblos indígenas para ajustarla a nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es Estado Parte.
¡JUSTICIA y LEGALIDAD! ¡ACABAR CON LA IMPUNIDAD EN LA OPERA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOSPOR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 mayo de 2020
En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante el resto de la contigencia por el COVID-19.
Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango.
Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentraciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.
De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la operación de la empresa”.
PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos. Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el ambiente.
Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.
Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Derrame de presa de jales en Canelas, Durango. (Especial), Milenio
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería en medio de una emergencia sanitaria por COVID 19 – A 30 de abril de 2020
Desde el inicio de las medidas de restricción generadas para controlar el nivel del contagio por la Covid-19, uno de los sectores que han estado muy activos es el minero. Aunque no hay un diagnóstico concreto por parte del Estado mexicano, aquellas empresas, que como REMA hemos logrado investigar, siguen operando bajo la argumentación de la aplicación de medidas propuestas en la “Guía de mejores prácticas de operación minerometalúrgica”: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545863/Protocolo_de_contingencia_COVID19_REV1.0._07042020.pdf, la cual, por cierto, se escribió mucho más rápido que la controvertida “Guía bioética”, burlando de facto el que no fueron consideradas como actividad esencial, y por tanto debieron cerrar totalmente.
Al margen de no obedecer el requerimiento del Estado y de aprovechar la incapacidad de éste para supervisar su cierre -muy diferente por cierto a lo que hace con comercios establecidos en toda la ciudad-, las empresas han salido a mostrar su supuesta cara “amable y responsable en “total solidaridad para apoyar las acciones para que la población se mantenga sana”, a partir de impulsar una serie de iniciativas, mismas que, para quienes conocemos de primera mano su proceder, no podemos dejar de señalar como ofensivas.
La Covid-19 no es para ellos un problema de salud pública, sino una oportunidad más para medrar. Les permite simular lo que no son y disimular lo que son en realidad. Y esto es así, porque estas empresas, en su proceder generando como lo hacen daño ambiental, sanitario y social, constituyen un verdadero problema de salud pública. Así, por ejemplo, el día de ayer se anunció que la Minera Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailléres González donará un hospital para atender casos de Covid-19 en Fresnillo, Zacatecas, aunque no precisó si dicha obra la edificará dentro de los 2 millones 260,193 hectáreas que tiene concesionadas para la minería. En este torneo del oportunismo extractivista, por su parte, el 20 de abril, la empresa Esperanza Silver “de México” entregó mascarillas, guantes y despensas en hospitales y algunas comunidades circundantes a donde, desde hace varios años, pretende extraer minerales en el estado de Morelos a costa de comprar voluntades y medios de comunicación ocultando su potencial de daño múltiple. Lo mismo sucedió con la empresa minera Media Luna, filial de Torex Gold que opera en Guerrero, entregando, en un gesto de generosidad ejemplar a los pobladores de Nuevo Balsas, nada menos que “kits sanitizantes con jabón, gel antibacterial y mascarillas”, cuando el mejor kit sanitizante debe ser, en realidad, aquel que, en aras de la sensatez más básica, sanitice con eficacia a los territorios, expulsando a quienes pretenden maquillar, en el marco de la pandemia, la grave contaminación que ha ocasionado en el río Balsas dejando, que entre otros efectos, a los pescadores sin sustento para sus familia.
Así, todos los días nos vamos enterando por su publicidad de acciones de parte de este sector, que con esta comedia de la caridad sólo muestran el impresionante cinismo con el que estas empresas se desempeñan. Ya varios siglos han pasado desde la llegada de los extractivistas europeos que repartían cuentas de vidrio y espejitos, y éstos extractivistas de ahora, nacionales y extranjeros, siguen suponiendo que en este país hay muchos minerales, pero no dignidad ni ciudadanía. Y se equivocan, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que se preocupan por la salud de la población. Mentira. Como es bien sabido, la actividad minera es una de las que más daños a la salud y al ambiente ha generado en este país. El impacto a la salud por contaminación en todas las fases de la minería, así como la violencia que esta actividad genera, van matando lentamente a miles de personas en las comunidades donde se instalan y dejando arrasados los territorios.
Con sus despensas de miseria utilizan la pandemia, al igual que la usa el crimen organizado, para incrementar el control sobre el territorio, pero en el fondo, sabemos que tarde o temprano regresarán a cobrar ese “apoyo” que hoy ofrecen de forma “incondicional”.
Habrá que investigar qué sucede al interior de cada empresa con el tema del empleo, los casos de Covid-19 que han aparecido, los despidos injustificados y otra serie de acciones que violentan los derechos, mismas que son bastante conocidas en las regiones en donde operan.
Es importante recordar que garantizar la salud en este país es competencia y responsabilidad del Estado. La pregunta no es qué hacen las empresas para evitar el Covid-19, sino qué hará el Estado para que finalmente se les aplique un marco para la rendición de cuentas a cada empresa minera por la contaminación al suelo, aire, los ríos y daños graves a la salud de la población, además del despojo y el desplazamiento forzado, generado en cientos de comunidades. Los daños e impactos acumulativos y sin fecha de caducidad, no serán borrados ni lavados con mascarillas, gel antibacterial o instalaciones hospitalarias. Estamos siendo testigos de una clara política de omisión por parte del Estado.
Las dependencias públicas encargadas de proteger la integridad de la salud de la población y del medio ambiente, carecen de una política proactiva que responda al Principio Precautorio y se adelante verdaderamente y no en el discurso a la generación de daños. La megaminería tóxica constituye un problema de salud pública y de salud ambiental ampliamente documentado. Pasar por alto este hecho incontrovertible por parte del Estado al adoptar conductas meramente expectantes, fragmentarias y parciales, lo convierte en cómplice de este modelo extractivo delictuoso.
LA OMISIÓNDEL ESTADO ES COMPLICIDAD
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la extración minera – A 30 de marzo de 2020
Por Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA
Mazapil, Zac., 30 de Marzo del 2020.- Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, propiedad de la estadounidense Newmont, anunció la implementación de medidas “cautelares”, para reducir el riesgo de la exposición y propagación del Covid-19, entre los 6 mil 500 trabajadores y contratistas que emplea.
El propósito es que la mina ubicada en el semidesierto norte de Zacatecas, no pare sus operaciones. Newmont pretende producir este año 2020 en Peñasquito, 575 mil onzas de oro (Minería en Línea y Banaméricas).
La cotización del metal dorado este lunes 30 de marzo, por cada onza (30 gramos), es de 1 mil 623 dólares, con una tendencia alcista del metal dorando, en el presente año, del 25 por ciento.
Eso significa que la minera estadounidense con sede en Denver, Colorado, ganará (a precios de hoy), este año más de 933 millones de dólares, por el oro que produzca en Mazapil.
Traducido a pesos mexicanos, de acuerdo con la cotización del dólar estadounidense en México para el mismo lunes, de 23.7 pesos por dólar, esa riqueza equivale a más de 22 mil millones de pesos, sólo de oro.
Sin contar los valores de la plata (Peñasquito es el primer productor de plata del país), plomo y zinc, que también extraerá Newmont este año en Zacatecas.
Y aún con esos gigantescos rendimientos, Newmont se niega a pagar el Impuesto Ecológico estatal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó cubrir, pagadero retroactivamente de 2017 a la fecha.
Imagen: En laimagen, tres camiones “yucles” –un Caterpillar y dos Komatsu-, con una capacidad de carga superior a las 300 toneladas por viaje, acarrean material rocoso dentro de las instalaciones de Peñasquito, el pasado 20 de marzo. Foto Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:
Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.
El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)
Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.
No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).
No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.
Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.
Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.
Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:
Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
