El pasado 14 de marzo conmemoramos el Día Mundial en Defensa de los Ríos y en contra de las represas en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”. Elaboramos el siguiente video que compartimos con ustedes:
El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte
Les compartimos un poema dedicado a este hermoso río, símbolo de fuerza, dador de vida, albergue de rica fauna acuática. Muchas personas sobreviven con el producto de la pesca, además sus frescas aguas es deleite de bañistas y sobre todo es agua que pobladores de la cabecera municipal y muchas comunicades se abastecen de este vital líquido para cubrir sus necesidades en el hogar.
Desafortunadamente está destinado a que sis aguas se contamiene con la actividad minera, e ahí la lucha para que esta mortal actividad no se active nuevamente.
Cacaluta
Autor: Prof. Luis Rojas Nomura, Acacoyagua Chiapas, Febrero 2017
Tu origen en las refulgentes e intrépidas montañas, Que vierten día y noche el fluido milagroso, Alentando vidas de los mundos que recorres, Preservando el hoy y la dicha del mañana.
En las profundas cañadas que es tu suelo, Mismo que acaricias con tu húmedo andar, Que a tu paso cantas y llevas esperanzas, Hasta llegar feliz al alejado mar.
“Cacaluta” es tu nombre de singular cariño: Eres río, eres agua, eres lágrima del gran creador, Eres fuerte, eres vida, eres ángel de bondad, Eres mago, eres lluvia y nube de amoroso llanto.
Serpenteando corres entre llanos y cascadas, Frondosas sombras que árboles prodigan, Hacen que tus corrientes bullangueras, Den el toque gentil de mis recuerdos.
Desde lo lejos vienes acariciando tu inerte lecho, Que sienten tu frescura y tenues mimos, Quiénes como aves o pasajero viento, Arrullan el suave adiós que nunca vuelve.
Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020
Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades. Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:
Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades
municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y
ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma
wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha
colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció
el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de
estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias
contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González
Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.
«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los
responsables y justicia para las víctimas.
A continuación el comunicado completo:
Al pueblo de México A los medios de comunicación
Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y
comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo
de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la
lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.
Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al
servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de
Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo
Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco,
en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban
Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo
Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la
casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad,
apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el
comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que
salga nos lo vamos a chingar”.
Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González
Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon
su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su
puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.
A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo.
Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto
objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha
estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.
Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio
comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos
hechos.
Atentamente
Marzo de 2020
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio», el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020>> Descargar comunicado en pdf<<
El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, «el estado de derecho», en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.
Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.
En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.
Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.
Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.
Firma
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”
Incentivan a empresas mineras a registrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)
Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de marzo de 2020
El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), dependiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, hace unos días se congratuló por una capacitación que proporcionó a integrantes del Clúster Minero de Zacatecas para facilitar a que accedan a recursos federales de Conacyt, a través de la promoción de su registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.
Hasta la fecha -según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)2-, existe 56 empresas relacionadas con la actividad minera registradas en el RENIECYT en 20 entidades de la república, principalmente en los estados de Coahuila (10 empresas), Sonora (8), Nuevo León (6) y Chihuahua (4), Tabasco (4) y Zacatecas (4). Sin embargo, esta base de datos no detalla cuáles de éstas han sido apoyadas y, en su caso, qué monto económico han recibido ni el motivo de dicho apoyo.
Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta acción que no sólo busca promover al sector minero, sino cínicamente, se apoya para que la poderosa industria privada minera tenga acceso a recursos públicos, sea directamente o por condonación de impuestos. La explotación minera, ícono de las actividades que más despojo han generado en la historia del país y del planeta, particularmente en su fase neoliberal, no debe ser financiada directa, ni indirectamente por las instituciones públicas, por más que pretendan disfrazar el despojo y el interés privado como “desarrollo” y “oferta de empleo”. El despojo no es de utilidad pública.
Hace un año, la actual directora del CONACYT dio a conocer y denunció las prácticas en las que se había incurrido dentro de esta entidad científica en los sexenios anteriores, justo por la asignación -a fondo perdido-, de recursos públicos a proyectos de empresas privadas. Entre 2009 y 2017, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se destinaron 7 mil 367 millones de pesos a 512 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre ellas IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto/Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México3. En ese contexto, esta reciente invitación a las empresas mineras para participar dentro del RENIECYT y beneficiarse del erario público de manera directa o indirecta, busca mantener las canonjías de la misma forma en la que se hizo en sexenios anteriores.
El RENIECYT debe orientarse al bien común de manera clara y categórica, y en particular, aquellas empresas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, cuyas actividades atentan contra el bien común y contra la integridad de las comunidades y territorios, como es el caso bien fundamentado de las empresas de megaminería tóxica, no deben de ser incorporadas a dicho registro bajo ningún concepto. De otra forma se refrenda la continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores y sin duda alguna se afirman las contradicciones entre los hechos y los dichos del actual gobierno.
El RENIECYT, como instrumento de apoyo y fomento a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación en el país, que es pagado con presupuesto público, es decir, con el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora, no puede prestarse para apoyar a un sector que viola constantemente los derechos de las comunidades, daña de manera irreversible al ambiente y la salud de la población y quebranta el marco legal nacional, además de recibir una cobertura oficial a su calidad de evasor de impuestos. Como ejemplo de ello, y a pesar de la enorme magnitud económica de los recursos que estas empresas sustraen sistemáticamente del país, durante el periodo 2010-2014 sólo el 1% de los ingresos fiscales totales en México provinieron la actividad minera4, y por lo menos 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales5 durante el 2017.
En tanto, las condiciones que favorecen este despojo no han sido modificadas de manera sustantiva por los legisladores, no a fin de que se incremente la carga fiscal a dichas empresas, sino a fin de suspender de manera categórica sus operaciones por el bien del país, de sus habitantes y de sus territorios.
Los llamados “Clúster Minero” son un ejemplo claro de los mecanismos de asociación entre el gobierno y capital privado del neoliberalismo, mecanismos de compadrazgo y complicidad donde los intereses de la población no sólo quedan fuera, sino desaparecen totalmente. Recordemos que se trata de una figura donde empresas mineras, proveedores de ésta y funcionarios públicos estatales y federales, así como de universidades y fundaciones universitarias se reúnen bajo la figura de una asociación sin fines de lucro, con el fin promover la explotación minera principalmente metálica-, en distintos estados del país, a través de la incidencia en políticas públicas y el acaparamiento de apoyos gubernamentales.
En México, existen cinco agrupaciones de este tipo, mismas que se encuentran en Estados con daños muy graves y un sinfín de actos de violencia por esta actividad: Guerrero, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.
Es importante destacar que el clúster minero de Zacatecas (Clusmin), integrado por siete empresas mineras (Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Capstone, FirstMajestic, Newmont/Goldcorp y Mineras Bacis), mantienen un “estrecho” vínculo con varias áreas de universidades mexicanas y extranjeras: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Instituto Lowell, Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland, Australia (SMI), el Centro Norcat en Canadá y el Instituto de Minería Sustentable del Perú (ISEM)6 lo cual, sin duda alguna, significa una pérdida de credibilidad y las coloca en claro conflicto de interés en casos del uso de la “ciencia institucionalizada” para dirimir controversias entre los desastres mineros y las comunidades que inevitablemente acarrea este tipo de extractivismo. Es decir, la ciencia no puede estar financiada para luego ser aprisionada y sometida por interés de particulares.
En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.
En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.
Basta de falsos disfraces para la investigación y desarrollo tecnológico para encubrir actividades que se basan en el extractivismo y en el despojo de las comunidades.
¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA¡
¡CIENCIA, ACADEMIA Y RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NO DE QUIENES LOS DESTRUYEN!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020
El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente
Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental
Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera
inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa
en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de
tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en
Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual
ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero
nadie ha podido parar.
Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la
empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio
equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia,
con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos
subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec
en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo
de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en
Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos
Gold.
Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en
esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso
las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y
las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera
esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.
De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este
proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco,
patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para
demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso
el descubrimiento de nuevos hallazgos.
En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.
El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.
Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de
geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se
consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además
calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de
México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero,
cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.
El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis
Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde
expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación
del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales
pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a
más de 560 mil habitantes.
Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una
campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar
el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.
En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el
proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto
negativo social y ambiental.
Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación
ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar
operaciones.
Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un
reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se
presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la
minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del
subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso
indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el
mercurio.
A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?
El 9 de septiembre de 2019 Paolo Rocca –considerado el
hombre más rico de Argentina– se entrevistó en privado con el presidente
Andrés Manuel López Obrador. Un mes después la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó que la mina Peña
Colorada –que extrae el 33% del hierro del país y de la que Roca es
accionista— pudiera ocupar 155 hectáreas de terreno para construir un
depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales. En medio de la
tala de miles de árboles, las comunidades indígenas iniciaron las
protestas debido a que no fueron consultadas.
SIERRA DE MANANTLÁN, (Proceso).– Sin consulta con las comunidades
indígenas de la franja limítrofe de Colima y Jalisco y en medio de un
proceso de autorización ambiental cuestionado, la minera extranjera Peña
Colorada –que extrae de sus yacimientos en la región 33% del hierro que
produce el país– empezó la tala para construir un depósito de desechos y
nuevas instalaciones industriales.
Mediante el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, con una
inversión estimada de 411.6 millones de pesos y una vida útil de 27
años, la empresa busca elevar casi 10% su producción de concentrado de
hierro, de 4.1 a 4.5 millones de toneladas anuales, y pretende
acondicionar una nueva área para el confinamiento del material estéril
residual resultante de la explotación minera en los próximos ocho años.
Nacido en 1975 como paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez
Peña Colorada SA de CV –su nombre oficial– fue privatizado en 1991 y
desde 2005 es propiedad, a partes iguales, de las trasnacionales Ternium
y Arcelor Mittal, pertenecientes a los magnates del acero Paolo Rocca,
ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, indio, respectivamente.
Ternium forma parte del Grupo Techint, invitado por la administración
de Andrés Manuel López Obrador a participar en la licitación de la
refinería Dos Bocas, oferta que, según algunas versiones, declinó por
estimar que para construirla no era suficiente el plazo señalado por el
gobierno federal.
El 9 de septiembre de 2019, Rocca –considerado el hombre más rico de
Argentina– visitó México y se entrevistó en privado con López Obrador.
Al final el mandatario publicó una fotografía y el siguiente mensaje en
Twitter: “La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca,
director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus
proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país
atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política,
económica y social”.
El 18 de octubre siguiente, en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) le fue aprobado a Peña Colorada el
proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, que quedó sujeto a algunas
medidas de mitigación ambiental, compensación y condicionantes.
Fragmento del texto publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, ya en circulación
Compartimos la declaratoria final de Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití, reunido en Dajabón durante los días 28 y 29 de febrero del 2020>>Descargar en pdf<<
Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.
Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.
Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.
Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.
Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.
SI A LA VIDA NO A LA EMPLOTACIÓN MINERA
Firman
Plateforma haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití, SJR-Haití- Solidarite Fwontalye, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Federación de Maestros, Puerto Rico (FMPR), Mouvman Peyizan Papay (MPP), Haití Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití Comisión Ambiental de la UASD ADEM, Haití Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc. (CEFORMOMALI), Cotuí, RD Coordinadora Ambiental, Provincia Dajabón (CAPRODA), RD POHDH, Haití Asamblea Ambiental, Dajabón, RD Batay Ouvriye, Haití La Laguna Saladilla no está sola, Carbonera, RD GARR, Haití Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haití MAELA dominicana Red Ecológica de Santiago Rodríguez, RD MODEP, Haití Amanecer Ambiental, Mao, RD CE-JILAP, Haití Grupo Ecológico Mundo Libre, RD Redac-CEPOCS, Navarrete; RD Articulación Campesina, RD Justicia Climática «Mártires Castaño», RD Coalición Global de Bosques, SD, RD Mujeres por Miranda, La Vega, RD Mesa Ambiental de Dajabón, RD Consejo de Desarrollo de Los Miches, RD Centro de Madres “Lorenza Rodríguez”, RD Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), RD
Compartimos este comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Sociambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de marzo de 2020
El CISO de Canadá visita y se solidariza con las Comunidades afectadas en su lucha contra el proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato
El pasado lunes
2 de marzo, las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del
Gallo propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold en Dolores
Hidalgo, Guanajuato, recibieron la visita de una delegación del Centre
International de Solidarité Ouvrière, CISO (Centro Internacional de Solidaridad Obrera) de Quebec Canadá.
La visita de la delegación
del CISO, conformada por 15 mujeres
y hombres, representantes de diferentes sectores sindicales de su país
tales como los de Salud, Educación e Industria Metálica,entre otros, fue posible
gracias a la vinculación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), quien
acompaña el proceso de organización de la Unión de Trabajadores de Desechos
Sólidos Industrializables “Lázaro Cárdenas del Río” del Estado de Guanajuato,
A.C. con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería.
La delegación del CISO
pudo conocer directamente a las y los habitantes de las comunidades que se
encuentran en riesgo por la amenaza que representa el proyecto minero de la
Argonaut Gold, en las inmediaciones de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de
Dolores Hidalgo.
Recordamos que apenas el pasado 17 de diciembre, la Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la solicitud
de autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto
minero Cerro del Gallo; recordamos también que en los días posteriores, la
canadiense Argonaut Gold, anunció
que insistiría y volvería a solicitar las autorizaciones respectivas. No
omitimos señalar que si el proyecto fuera autorizado y entrara en operación,
afectaría una superficie de más de 20,000 hectáreas, con
procedimientos altamente tóxicos ya que miles de toneladas de minerales serían tratados con grandes cantidades de cianuro de sodio por medio de la técnica de lixiviación en
pilaque generalmente produce
graves afectaciones a la salud de
las poblaciones cercanas debido a la contaminación
del aire, agua y suelo, además de extraer
y contaminar 1,440 millones de metros
cúbicos de agua en un territorio en el que las comunidades no la
tienen en suficiente cantidad y calidad como para garantizarles su derecho
humano al agua.
En la visita participamos representantes del CISO, del
FAT, de la Unión Lázaro Cárdenas del Río, de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia, de Acción Colectiva y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la
Minería (REMA). Junto a habitantes de la comunidades, realizamos un recorrido por la zona amenazada,
iniciando por un diálogo con habitantes de la comunidad de El Sisote, la más directamente afectada ya que por su cercanía al
Cerro del Gallo, recibiría directamente por gravedad las aguas contaminadas con
cianuro de sodio; a continuación visitamos la comunidad de Santa Bárbara para encontrarnos con algunos habitantes que se
encuentran en un proceso acompañado por la Fundación
de Apoyo Infantil (FAI) -también integrante de la Hermandad-, para
construir cisternas de ferrocemento, para la cosecha de agua de
lluvia; las cisternas, con capacidad de 12,000 litros permitirán a cada familia, contar con agua potable segura, únicamente para beber
y cocinar durante un año; finalmente la visita terminó con una comida
sencilla pero deliciosa, en La Colmena,
en la que hubo palabras de fraternidad y compromiso de los representantes de las
diferentes organizaciones de alzar la voz en México y Canadá para denunciar los
proyectos y empresas del modelo extractivo minero.
Cabe resaltar el enorme interés y compromiso mostrado
por la delegación canadiense, cuyos integrantes tomaron nota de todas las
conversaciones, para informar a sus sindicatos, su expresión de solidaridad con
las y los campesinos, además de manifestar sentir vergüenza por el criminal
comportamiento de las mineras originarias de su país.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA
ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Imagen: Hermandad de la Cuenca de la Independencia
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020
Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.
Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.
Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.
La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.
Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:
Del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca las compañías mineras extrajeron el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional y el 6 % de la plata que circuló a nivel mundial hasta finales del siglo XX, dejando a cambio: 120 millones de toneladas de jales (desechos mineros) repletos de elementos altamente tóxicos como Sílice, Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio que contaminaron la tierra, el agua y el aire de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca; miles de mineros enfermos de silicosis quienes murieron lenta y dolorosamente sufriendo una incesante tos que les hizo escupir sus pulmones a pedazos; y, decenas de barrios mineros miserables e insalubres.
Del Distrito Minero de Zimapán las compañías mineras nacionales y extranjeras han extraído millones de toneladas de Plomo, Zinc y Plata, dejando a cambio: 20 millones de metros cúbicos de jales mineros que han contaminado el aire, el suelo y especialmente los mantos acuíferos de la zona, a tal grado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zimapán después de Bangladesh es el sitio QUE MÁS REBASA LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN de Arsénico en el agua a nivel mundial; y, miles de personas enfermas de arsenicismo, leucemia y cáncer de mama.
Del Distrito Minero de Molango, la compañía Minera Autlán ha extraído la mayor parte del Manganeso presente en el segundo yacimiento más grande del mundo, dejando a cambio: miles de hectáreas de selva baja deforestadas; un 50 % de la población local con altas concentraciones de Manganeso en sangre que rebasan ampliamente los límites establecidos, lo cual ha causado manganosis que es un padecimiento que daña al cerebro y al sistema nervioso central, genera problemas de movilidad, de comportamiento y retraso cognitivo; y, cientos de mineros enfermos de neumonitis mangánica.
Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.
Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.
Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):
Nos pronunciamos en contra del POETH elaborado por Rico Moreno y de cualquier farsa montada por el gobierno federal, estatal o municipal para que las empresas implementen el saqueo y la destrucción de los territorios del Estado de Hidalgo.
Llamamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses para hacer frente a este tipo de manipulaciones, sin miedo y con la convicción de que este tipo de funcionarios deben ser desterrados de la función pública y con la garantía de que si estamos organizados y ejercemos nuestros derechos no hay forma de que el saqueo se implemente.
Convocamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses a retomar sus propios procesos de libre determinación con relación al destino y al uso de sus territorios, así como a emprender la construcción colectiva del buen vivir que nos permita encontrar caminos armoniosos con lo que somos y queremos seguir siendo.
¡Territorios Libres de Minería Ya!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
