Categoría: Minería

Colima: Zacualpan gana un amparo contra dos concesiones mineras

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Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021

Escrito por Pedro Zamora Briseño

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi

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La disputa por el litio en México: Bipolaridad política, pero unidad económica

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Compartimos con ustedes este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 29 de abril del 2022

El pasado 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, todas ellas, modificaciones que se hacen para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, corra a cargo del Estado, mediante un organismo público descentralizado[2]. Ante esto, y frente al escenario de encono dicotómico que, desde la clase empresarial, los partidos y el gobierno se ha impulsado, desde la REMA queremos decir lo siguiente:

Que frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, “los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral “estratégico”.

Sabemos que el litio es un mineral fundamental para lo que desde las empresas y los Estados llaman la transición energética. Sabemos que, por esto, este mineral, tan sólo en los últimos tres meses de este año, ha incrementado su valor en un 250%. Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo[3] y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación. Desde la REMA nos parece urgente poner en la mesa lo que consideramos es el verdadero fondo que como sociedad debemos discutir de este asunto: las causas y consecuencias del modelo extractivo (sea quien sea la instancia que lo promueva) y sobre el supuesto “modelo de desarrollo” que se impulsa a partir de toda la destrucción que causa el primero.

¿Qué dice esta reforma? Esta reforma a la ley minera, como se ha dicho, no nacionaliza el litio que es un mineral que, en el subsuelo, como los otros, ya era considerado propiedad de la nación. Lo que sí hace esta reforma es crear una excepción para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, a diferencia de la mayor parte de los minerales, corra a cargo del Estado. Sin embargo, esto no implica la eliminación de las concesiones otorgadas, ni la expropiación a las empresas que ya están operando. Esta reforma tampoco niega que la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio vaya a ser realizada de manera exclusiva por el Estado[4], sino que abre la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para administrar estas actividades se pueda asociar con capitales, nacionales o extranjeros, para tal fin. Así es como tanto las empresas extranjeras que ya tienen concesiones, como aquellas nacionales que seguramente estarán ávidas de sumarse al botín, podrían terminar de la mano del Estado en esta actividad. Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado.

Para identificar posibles yacimientos de litio, que podrían, más adelante, ser explotados por el organismo público descentralizado que se pretende crear, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) llevará a cabo trabajos de prospección en 82 localidades de 18 estados de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas). ¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Existe también el grave riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, bajo la noción de utilidad pública, o bajo un estandarte de que es por el beneficio del pueblo mexicano y para la soberanía energética nacional.

Además, vale la pena precisar que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua. Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada “minería del agua”. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que “Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”[5]. Provoca graves modificaciones sobre los sobre los flujos de aguas subterráneas y existen por ahora pocos estudios de los impactos que eso genera sobre ecosistemas tan frágiles y complejos como son los salares y lagunas. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?

El decreto precisa que será “deber del estado proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”. Se supone que este deber del Estado hacia su población ya es un hecho marcado por la Constitución y no debería hacer falta un nuevo decreto para aplicarse. Además, el hecho que sea una paraestatal no garantiza en absoluto que se respetan esos aspectos. Sobran los ejemplos de los graves impactos provocados por proyectos de PEMEX o de la CFE, así como ejemplos de desinformación, imposición y criminalización que siempre han usado para promoverlos, tanto como los que emplean las empresas privadas. 

¿Qué no toca esta reforma? La minería ni al modelo extractivista a través del cual opera no son modificados en lo más mínimo. La 4T y los demás partidos políticos en el gobierno evaden la exigencia de justicia que, de pueblos Indígenas, comunidades campesinas, individuos ciudadana/os y organizaciones hacemos frente a las actividades mineras. Niegan la oportunidad de iniciar un replanteamiento de fondo que no tome como único camino la explotación de minerales, y su puesta en circulación dentro mercado, para beneficio del modelo económico impuesto. Todos los partidos y empresarios dicen que el litio es estratégico para el proceso de Transición Energética, pero no se cuestiona: Transición energética ¿para qué? ¿para quién? y ¿a costa de qué?

Tampoco existe discusión de fondo sobre el destino y los usuarios finales del litio. Actualmente el 88% del crecimiento de la demanda de litio se relaciona con la fabricación de coches eléctricos. En México, desde varias décadas han sido claros los impactos ambientales y la explotación laboral relacionadas con la actividad automotriz, ligados a la lógica de externalización de costos implementados por EEUU o más recientemente por ciertos países asiáticos. Ampliar el modelo y la frontera extractiva en México, y los impactos relacionados, para generar insumos destinados a ser exportados y consumidos en otros países, cuestiona la supuesta soberanía nacional aclamada con este decreto. La narrativa dominante de la necesidad del litio para vehículos eléctricos no permite, además, cuestionar este modelo de transporte individualista y elitista. Permite seguir posicionando falsas soluciones tecnológicas al posible reemplazo del petróleo (gas mediante fracking, minerales estratégicos, minería submarina, hidrogeno) sin cuestionar ni cambiar el modelo económico capitalista basado en actividades extractivistas, maquiladoras y explotadoras. La transición energética que proponen, es una transición de mercado, tecnología y capitalismo rapaz que empodera, enriquece e incrementa las desigualdades.

Por otro lado, el decreto no hace nada para liberar el estado de la estructura neoliberal a la cual se ha ligado con la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos de inversión internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que incluye Canadá o el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China para nombrar solamente dos, que compromete la soberanía del estado a los intereses y los caprichos del capital transnacional que ahora amenaza con actuales y futuras demandas por decisiones como esta. Si bien el discurso gubernamental promete cancelar los permisos para privados que pasará por ejemplo con el proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la poderosa empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio. Actualmente, existen distintos mecanismos para que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)[6].Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional.

La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país. Actualmente, existen poco más de 24 mil concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada para esta actividad es aproximadamente de 17 millones de hectáreas, lo que corresponde al 8.63% del territorio nacional. Por su parte, la SEMARNAT ha continuado en este sexenio con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

Las y los afectados por la minería exigimos que se entienda que es el modelo extractivo la causa verdadera del problema, independientemente si la empresa es de capital Estatal, público, privada. Las y los afectados por la minería decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los mismos, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO

ALTO A LA DEVASTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649533&fecha=20/04/2022

[2] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmin/LMin_ref05_20abr22.pdf

[3] https://ejatlas.org/featured/met_america

https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/Libro%20Salares%20Andinos%20OPSAL.pdf

[4] El artículo 10, sólo menciona “La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables…”

 [5] https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/35354-oro-blanco-la-violenta-disputa-por-el-agua/  

[6]  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Mina de litio. Foto: Getty Images

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Artículo: Nuestro litio y los tratados de inversiones

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Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la reciente discusión sobre la reforma energética y el litio – A 25 de abril del 2022

Manuel Pérez Rocha L.* F

Frustrados quedaron los vendepatrias de administraciones anteriores y empresas mineras que se salivaban con el litio de nuestro país. Advierten que la nacionalización del litio en México contraviene al T-MEC. La verdad es que el capítulo 14-E de este tratado se limita a proteger a empresas con contratos de gobierno de sectores que no incluyen al sector minero (ver sectores en página 14-E-3, https://bit.ly/3jZX5ac).

No obstante, se tienen que tomar en cuenta otros tratados. Para empezar, el capítulo de inversiones vigente hasta el 31 de junio de 2023 sigue siendo, bajo la llamada cláusula de legado del T-MEC, el capítulo 11 del TLCAN, que sí incluye minería y por lo cual la 4T sabe bien que no puede rescindir contratos a empresas mineras canadienses o estadunidenses. Así lo precisó López Obrador: Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio. No se suspenden los contratos para otros minerales, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. Tampoco se podrán rescindir contratos mineros cuando expire la cláusula de legado, ya que México es parte del Tratado Transpacífico (TPP) del cual Canadá es parte, y trasnacionales estadunidenses también podrían demandar a México domiciliándose en ese país.

En el anuncio de AMLO de una revisión de contratos otorgados para la explotación del litio ( La Jornada, 22/4/20) es esencial saber si se han otorgado concesiones de explotación a empresas estadunidenses y canadienses que pudieran usar la cláusula de legado del TLCAN. Lo que sí sabemos es que hay una concesión previamente otorgada para la explotación de litio en el yacimiento de Sonora, el mayor del mundo, a la empresa con capital chino Bacanora Lithum, subsidiaria de Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio en el mundo y cuya concesión, según reportes, le permitiría extraer 35 mil toneladas por año de carbonato de litio (https://bit.ly/3vciiUN).

Al revisar esta concesión hay que prever si Ganfeng Lithium puede acudir al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China, firmado en 2009 (https://bit.ly/3v4fCsa), para demandar a México. En su artículo 7 queda establecido que 1. Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación, excepto (a) por causa de utilidad pública, (b) sobre bases no discriminatorias, (c) con apego al principio de legalidad y (d) mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2 siguiente: 2. La Indemnización (a) sea equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada antes de que la expropiación sea llevada a cabo, (b) sea pagada sin demoras, (c) incluya intereses. Y el artículo 13 de este APPRI establece que Un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de conformidad con el convenio del CIADI (del Banco Mundial), del cual México y China son miembros.

Empresas chinas ya han realizado varias demandas inversionista-Estado y actualmente tienen tres casos pendientes, notablemente una de Wang y otras empresas contra Ucrania por la impagable cantidad de 3 mil 500 millones de dólares. Dicho sea de paso, además del asedio militar ruso, Ucrania tiene cinco demandas pendientes, tres de empresas rusas y dos de Países Bajos (tema para otro artículo).

El análisis de los contratos de litio, y en general del desempeño de empresas extranjeras en México, incluyendo las de generación eléctrica e hidrocarburos, obliga a la 4T a una profunda revisión de los beneficios y perjuicios de los tratados de libre comercio y los APPRI firmados por gobiernos entreguistas del PRIAN desde Salinas de Gortari. México se encuentra hoy entre los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje supranacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe (después de Venezuela y Argentina).

El arriba citado APPRI con China tiene una cláusula de expiración de 10 años, por lo que desde 2019 se puede terminar unilateralmente. De hecho, de los 31 APPRI que México tiene firmados, 21 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 o 15 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de salirse de más de 2/3 de todos sus tratados bilaterales de inversión (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/). Hasta en el T-MEC se estipula que Para mayor certeza, las Partes del Anexo (México y Estados Unidos) podrán acordar la modificación o eliminación de este Anexo (14-E-3).

El 28 de abril de 2020, en pleno comienzo de la crisis del covid-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC con la Unión Europea (TLCUEM), vigente desde el año 2000, y firmaron un acuerdo de principio cuya novedad es la inclusión de un capítulo de protección de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía y que sustituiría todos los APPRI entre México y países miembros de la UE. Con este nuevo capítulo, las privatizaciones y reformas entreguistas en el sector energético de gobiernos pasados se blindarían aún más, y los esfuerzos de la 4T de recobrar la soberanía energética y los recursos naturales se seguirían enfrentando a una andanada de demandas sin fin. Ya veremos cómo, ante la nacionalización del litio en México (y otros países como Bolivia), la voracidad de empresas extractivas e instituciones como el Banco Mundial se confabulan.

* Investigador del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS

Imagen: Banda transportadora de mineral en Buenavista del Cobre, Sonora. CORTESÍA GRUPO MÉXICO- A través de: Sol de México

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El Escaramujo en la Radio Martes 3 de mayo 6pm – “Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo”

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En nuestra emisión mensual de mayo del programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la resistencia y la lucha al modelo extractivo minero, nos acompañará LinaMar Campos-Flores, PhD. Becaria postdoctoral del FRQ-SC, quien realiza una investigación sobre: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses, así que acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm.

Acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo”. Charlaremos acerca de la lucha y la resistencia . Nos acompañará LinaMar Campos-Flores, Becaria postdoctoral del FRQ-SC,.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 3 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Oaxaca: ¡¡Zanatepec libre de minería!!

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Compartimos este comunicado la red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre una victoria más en la lucha por la vida ante el modelo extractivo minero esta vez en Oaxaca – A 23 de marzo de 2022

El sábado 22 de marzo en una sección de cabildo abierto y por cuarto trienio consecutivo comuneros, ejidatarios y mujeres que integran la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias declararon a Santo Domingo Zanatepec como “Municipio Libre de Minería”, en presencia de autoridades municipales.

Desde 2015, gracias al proceso de lucha comunitaria que existe, el municipio de Santo Domingo Zanatepec, situado en la parte sureste del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se ha declarado municipio libre de minería frente a la amenaza del proyecto minero Santa Marta de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc. Este proyecto que pretende extraer oro y cobre tiene dos concesiones mineras vigentes con una superficie total de 7110 ha repartida entre los municipios de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa. Este proyecto a tajo abierto representa unas graves amenazas para los ríos, las zonas de cultivos, la salud y la vida comunitaria de los habitantes de esta región.

Desde la REMA queremos felicitar con todos nuestros corazones a la digna lucha de los pueblos de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa por su incansable y digna lucha contra el modelo extractivo minero, y en el caso de Santo Domingo Zanatepec haber logrado involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Desde la REMA nos sumamos a la exhortación que hace la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec para que se establezca un diálogo con las autoridades municipales y agrarias de San Miguel Chimalapa para que se logra también una declaración de territorio libre de minería en este municipio vecino amenazado por el mismo proyecto.

Ese acto refrenda y muestra la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, para analizar, discutir y acordar acciones para preservar sus formas de vidas y la riqueza social y natural de los territorios que habitan.

Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería, son y deben ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo.

Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que se refuerza este territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

COMUNICADO EN PDF

Imagen: No a la mina – 2018

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Guatemala: La lucha contra los señores del Xibalbá: despojos por la industria extractiva y defensa del territorio en El Estor, Izabal

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Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021

Por Carmen Reina*

Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021.  Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.

Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.

El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra

La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios.  Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:

Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980.  Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías.  En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.

Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra.  En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.

En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.

Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.

Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor

Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.

Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]

Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.

Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]

A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.

La extracción de níquel en El Estor

La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno.  Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto  de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones.  Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.

Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.

En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado  de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos  minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.

La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.

El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos

Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente.  Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).

Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.

El amañamiento de la consulta

Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso.  En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]

La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta.  Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.

Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchi´ de El Estor

Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres.  La resistencia se desarticuló con el terror militar.

Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.

En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos.  Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.

Reflexiones finales

Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá.  Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.

El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.

Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.

Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!

[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.

[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.

[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades  Q´eqchi´  de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.

[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021

*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.

Imagen: Prensa Comunitaria

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Celebrando 10 años de lucha y resistencia ¡La Puya Presente!

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Compartimos este pronunciamiento publicado en Protection International donde somos firmantes sobre la resistencia en Guatemala ante la devastación minera – A Marzo 2022

A las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

Queremos extender nuestro reconocimiento este 2 de marzo por los 10 años de valiente resistencia pacífica en defensa del agua, la vida, la salud comunitaria y en contra de la minería y del proyecto minero Progreso VII Derivada, de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

Recordamos que el 2 de marzo de 2012, con un plantón frente a la entrada del sitio minero, inició la Resistencia Pacífica La Puya, un movimiento que se mantiene hasta la actualidad. Durante esta década, han sufrido intimidaciones, la criminalización de varias personas de la resistencia, el intento de asesinato de una de sus integrantes y un desalojo violento en mayo de 2014. Asimismo, a lo largo de este tiempo, han emprendido varias acciones legales, logrando en noviembre de 2015 que la Corte Suprema de Justicia, suspendiera las actividades de la mina y posteriormente, en junio de 2020, que la Corte de Constitucionalidad confirmara la suspensión de la operación del proyecto minero hasta la realización de una consulta comunitaria.

Ha sido un largo camino de lucha con notables dificultades, pero también con victorias importantes. Frente a la violencia ejercida por parte del Estado y de la empresa, la Resistencia Pacífica La Puya ha tenido como aliados su fe y la convicción de que lo que están defendiendo es su riqueza más preciada: el ambiente, el agua y en consecuencia su vida, la de sus hijos, nietos y futuras generaciones.

Manifestamos nuestro reconocimiento, admiración y solidaridad por estos 10 años de legítima lucha. La Puya se ha constituido en un ejemplo de resistencia pacífica a nivel nacional e internacional gracias a su compromiso con la no violencia, y su sostenido esfuerzo de investigación y formación para ejercer con argumentos sólidos la defensa de su territorio y el ambiente.

Los desafíos que ha enfrentado la Resistencia Pacífica La Puya no han sido pocos a lo largo de su historia. Debió enfrentarse a los actos irregulares denunciados oportunamente, como la falsificación del permiso de construcción municipal, con base en los que la empresa logró la aprobacion de su proyecto. Pese a ser conocedores de la ausencia de consulta con la comunidad por parte del Estado, la empresa mantuvo su intención de continuar con el proyecto, violentando con esto, los derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Asimismo, los actores involucrados en este proyecto han ignorado los graves impactos ambientales que se ocasionarían en el territorio, el cual ya presenta escasez de agua. Además, según estudios del propio Ministerio de Salud, el agua tiene altos índices de arsénico, que con la explotación minera se verían peligrosamente aumentados poniendo en riesgo la vida de la población. Aun conociendo esta situación y sin importar las consecuencias ambientales y humanas, KCA puso en marcha su proyecto de oro por dos años usando la agresión, intimidación y represión policial de la que ha sido víctima La Resistencia Pacífica.

Actualmente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cursa una demanda millonaria (400 millones de dólares) en contra del Estado guatemalteco presentada por la empresa KCA, bajo los terminos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos con América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR). Con esta acción, la empresa no hace más que evidenciar su voracidad económica, en un primer momento, despojando a la poblacion del agua y de su territorio y ahora, con intenciones de estafar fondos millonarios al
Estado guatemalteco.

Hoy más que nunca está vigente la demanda de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para hacer respetar sus vidas y su decisión de tener un territorio libre de la explotación minera y de que nunca más se pongan los intereses particulares de empresas transnacionales por encima del bienestar de las comunidades y la naturaleza.

¡Que vivan las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc!
¡Que viva la Resistencia Pacífica de la Puya!

Zacatecas: Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.

Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.

Alto a la criminalización de la defensa de la vida

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Para seguimiento del caso:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)

SinEmbargo.mx

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016)

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Sol de Zacatecas

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Honduras, territorio libre de minería

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema – A 4 de marzo del 2022

El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.

En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa también que “Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano” y que “Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones”.

Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual construye sobre este largo proceso de lucha.

Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe “Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa y mantener su poder en la región. Es importante mencionar que, desde el Golpe de Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que,por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.

Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y promover cambios estructurales.

TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA


RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)

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La muerte de Alberto Bailleres y sus crímenes impunes

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de febrero 2022

Este 2 de febrero pasado murió Alberto Baillères uno de los criminales magnates que más se enriqueció en este país a costa del despojo, la salud y la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Dueño de Industrias Peñoles (Torreón, Coahuila) y Minera Fresnillo (7 yacimientos en operación, 3 proyectos en desarrollo y 4 en exploración en México), Alberto Baillères logró hacer una fortuna (según la lista Forbes de 2021) de diez millones ochocientos mil dólares.

La mayoría de los medios de comunicación dan cuenta de los “brillantes logros del hombre de negocios” y el “reconocimiento a su contribución en la promoción de la salud e impulso al desarrollo económico”, al recibir la Medalla Belisario Domínguez en 2015. Sin embargo, no se dice lo que realmente le costó a este país tener a su “Rey Midas Mexicano” y sobre todo no se explica su “gran contribución a la promoción de la salud”.

Desde 1988 el Pediatra José Manuel Velasco, demostró que muchos de sus pacientes tenían más de 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL), los pacientes eran niños que vivían cerca de la Industria Peñoles en Torreón, Coahuila. De acuerdo con los estudios de J.F. Rosen. “Effects of Low Levels of Lead Exposure”, Science 256 (April 17, 1992) pg. 294; y “Health Effects of Lead at Low Exposure Levels”, American Journal of Diseases of Children 146 (1992), pp. 1278-1281; se encontró que una concentración de 7 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL) causa daños irreversibles en el sistema neurológico de los infantes. El plomo en la sangre de los niños puede provocar que un niño que hubiese podido desarrollar habilidades promedio, quédese discapacitado de por vida.

En 1995, un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Dartmouth (New Hampshire, Estados Unidos) tomó muestras de polvo en diversos puntos de la ciudad de Torreón para analizar los niveles de tres metales pesados. Este estudio se determinó que, en las muestras de polvo, tomadas en las cercanías a las Industrias Peñoles, había niveles de plomo que iban desde 787 hasta 13.231 partes por millón. Para el arsénico se encontraron concentraciones en el polvo de 50 y 788 partes por millón. De igual forma encontraron que el polvo de los alrededores de Peñoles tenía niveles de cadmio entre 11 y 1.497 partes por millón, cuando el nivel máximo para plomo debe ser de 500 partes por millón; para arsénico debe ser 65 partes por millón y para cadmio debe ser 20 partes por millón. El cadmio, el material más tóxico de los tres, encontraron que Torreón “tiene los niveles más elevados jamás encontrados en la literatura científica”.

En 2001 el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, a petición del gobierno mexicano, encontró que unos once mil niños eran víctimas de envenenamiento por plomo, tal como señala el artículo A 10 años nadie conoce la verdad del daño causado por Peñoles en Torreón, publicado el 15 de septiembre de 2011 en el diario La Jornada, a partir reportaje del semanario británico Economist, es lamentable que La Jornada recientemente olvidara ese reportaje y sólo alabe al criminal.

A lo largo de los años, se han se han continuado realizando estudios que siguen demostrando la gravedad del asunto, algunos de estos estudios han sido truncados despliegue del crimen organizado que no ha permitido realizar las visitas. El problema nunca se ha solucionado y mucho menos se ha castigado a los responsables.

El gobierno mexicano y sus instituciones de “salud” y “protección ambiental”, por más de 30 años, han sabido, y hoy saben, lo que las Industrias Peñoles han causado a la población de Torreón, pero al intocable Alberto Baillères, has sido protegido por los presidentes, ya sean del PRI, del PAN y de MORENA. Los distintos gobiernos no solo lo han protegido, también le han otorgado reconocimientos que desvían la atención de sus crímenes, tal como lo describe la revista Proceso en su artículo “Baillères: El Estado lo creó, el Estado lo premia”.

Peñoles llegó en 1996 despojando parte del territorio del ejido El Bajío ubicado en el municipio de Caborca, Sonora. Peñoles inició la extensión de la mina Herradura, que en 1997 llega a ocupar ilegalmente hasta 400 hectáreas del Ejido. Entre 2009-2011, bajo la operación de minera Penmont filial de grupo Fresnillo PLC, también de manera ilegal, se construye la mina Soledad- Dipolos. En 2017 Rosario Robles Berlanga, siendo Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, extiende un título de propiedad a favor de Minera Penmont S de RL, sobre el predio “El Bajío”.

A lo largo de 26 años ejidatarias y ejidatarios de El Bajío han venido sufriendo desalojo; allanamiento por parte de la policía estatal y la Guardia Nacional con armas largas; criminalización (detenciones arbitrarias, encarcelamiento, demandas penales por despojo); secuestros; torturas; amenazas de muerte y el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez en el 2018 y de José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en el 2021.

Después de presentar 67 juicios, en 2014 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28 a cargo del entonces magistrado Manuel Loya Valverde, emitió una sentencia a favor del ejido El Bajío en donde se dictamina que la mina tiene que pagar la renta de la tierra, devolver el oro extraído ilegalmente y resarcir los daños ambientales. A partir de ese momento la violencia se intensifica para las y los ejidatarios, ocho ejidatarios son levantados por efectivos del ejército y retenidos por 24 horas de manera ilegal. En esta detención les piden 100 mil pesos para liberar a cada ejidatario, liberan a 4 y los otros 4 son acusados de robo y portación ilegal de armas de fuego (armas sembradas por el ejército a los ejidatarios detenidos). Dos de ellos no hablaban español y los mandaron al penal de alta seguridad del Rincón, en Nayarit. El magistrado Loya Valverde ya no es ratificado por el senado para seguir en el TUA por su fallo.

Hasta el momento no se ha cumplido la sentencia. Toda esta falta de cumplimiento al estado de derecho
ha sido apoyada por gobiernos federales de varios sexenios, senadores y por gobiernos estatales de
Sonora, principalmente, por el de la exgobernadora Claudia Pavlovich.

En 2015 Andrés López Obrador, rechazaba rotundamente que se le otorgara a Alberto Baillères la medalla Belisario Domínguez, en ese momento dijo: “Baillères se ha hecho millonario al amparo de la mafia del poder”. El día de su muerte dijo: “Convivíamos, me invitaba a comer a su casa y hablábamos de la situación del país… En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación…” Con lo que se confirma que entró al círculo de la mafia del poder.

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS CRIMINALES DE CUELLO BLANCO!

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Alberto Bailléres (Peñoles), Caros Sim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (AMHSA) – Diario Noreste

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Oaxaca: SEMARNAT incumple mandato de protección ambiental y Principio Precautorio, poniendo en deliberado riesgo a comunicades de los Valles de Ocotlan

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida contra la minería canadiense en Los Valles Centrales de Oaxaca- A 26 de enero del 2022

El 6 de Julio de 202 la SEMARNAT, después de una evaluación de impacto ambiental de llevó más de 9 meses, negó la autorización de ampliación, a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. empresa sudsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., proyecto que lleva por nombre “San José II”, que fue notificada a la empresa el 10 de noviembre del mismo año. Sin embargo, por las presiones que la empresa ejerció sobre la SEMARNAT y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador un mes más tarde, la Secretaria de la SEMARNAT, María Luisa Albores da marcha atrás y autoriza el proyecto en diciembre, dejando a los pueblos y la protección ambiental de Valle de Ocotlán, Oaxaca, en total indefensión frente a una empresa que ahora tiene licencia para contaminar por otros 12 años.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, resulta ser la manifestación de 81 obras que la empresa minera Cuzcatlán ya realizó, sin contar con las autorizaciones correspondientes y que actualmente se encuentran en operación:

  • Obras ejecutadas sin previa autorización en materia ambiental.
  • Obras con autorización, pero ejecutadas en sitios diferentes y superficies diferentes a las establecidas.
  • Infraestructura que no se ajusta a las superficies manifestadas en la MIA autorizada en 2009.

Lo anterior fue detectado por una inspección de vigilancia de la Profepa (de acuerdo al Acto No. PFPA/26.3/2C.27.5/002-17) que puso algunas sanciones y amonestaciones administrativas, pero no obligó a la empresa a cerrar, sino le pidió la elaboración de una MIA para la regularización de todas las obras.

El Resolutivo que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT emite el 6 de julio sobre este proyecto (debidamente fundada y motivada, según el mismo documento lo establece) determina: “La promovente no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una certeza científica absoluta que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto…” “… que el proyecto no cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 13 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del RLGEEPAMEIA, ya que la información presentada, en materia de impacto ambiental no permite a esta autoridad tener certeza o exactitud científica de los impactos y riesgos ambientales que implica el proyecto, vulnerando el derecho humano de las comunidades de su zona de influencia a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° Párrafo 5° de la CPEUM…” Esto entre muchas otras justificaciones que impiden autorizar el proyecto hace seis meses.

El documento también habla de la importancia de la Prevención, Equidad Intergeneracional, del Principio Precautorio, del Principio de Progresividad, el Principio de No Regresión, Responsabilidad y Congruencia; además cita varias tesis de jurisprudencia que apoyan la observación y la aplicación obligatoria de dichos principios.

Después de haber visto la nota de que en diciembre pasado la SEMARNAT da marcha atrás y autoriza el proyecto, nos preguntamos ¿Bajo qué argumentos se autoriza el proyecto en el lapso de un mes? ?Será que los fundamentos y motivos en los que se basó la DGIRA de la propia SEMARNAT para negar el proyecto, a la Secretaria no le fueron suficientes y verdaderos? ¿Cuáles son sus fundamentos y motivos para autorizar un proyecto que ya había sido negado? ¿De qué sirve tener una Dirección de Impactos y Riesgos Ambientales si los proyectos se van a autorizar de acuerdo a las presiones de los promoventes?

Con esta decisión, la Secretaria María Luisa Albores incumple el mandato para el que fue contratada, que es el cuidado y proyección ambiental en este país. Acepta la burla de la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, que incumple y violenta perversamente los lineamientos que le fueron impuestos, a sabiendas de que no va a pasar nada. Acepta que las empresas mineras hacen su voluntad e imponen sus leyes y reglas frente a los gobiernos. Deja en total indefensión a las comunidades del Valle del Ocotlán, que desde hace muchos años están sufriendo los impactos, contaminación, violencia, vejaciones, despojo y devastación de sus territorios por esta empresa minera. Reconoce con esta acción que el haber “atendido” a las y los afectados fue simplemente una simulación para ganar tiempo y lucirse ante la opinión pública.

Así mismo María Luisa Albores incumple su obligación como funcionaria pública, aplicando el Principio de Regresión y pasando por alto los Art. 1° párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Art 28, 30 y 35 de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), Art 45 del Reglamento de la LEGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA), El Principio (Precaución) de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, así como todos los enlistados en la página 81 del Resolutivo de la DGIRA de la propia SEMARNAT No. SGPA/DGIRA/DG/03305, del 06 de julio del 2021.

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería damos nuestro total respaldo a los Municipios de San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir y todos sus ejidos y comunidades que siguen luchando para declarar sus territorios libre de minería y exigiendo que las autoridades responsabilicen a las empresas mineras por los daños que generan a su agua, sus tierras y su salud. Por otro lado, responsabilizamos directamente a María Luisa Albores, a Andrés Manuel López Obrador y a la empresa minera Fortuna Silvers Mines Inc. y a su filial Compañía Minera Cuzcutlán de las afectaciones a la salud y al ambiente que sufran las comunidades a las que la mismo María Luisa Albores, en respuesta a las presiones de la empresa, está imponiendo un proyecto devastador.

¡FUERA MINERA CUZCATLÁN DE VALLES CENTRALES!

¡ALTO A LA SOBERBIA DE LAS MINERAS!

¡RESPETO A LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Ilustrativa de la Web

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Comunicado del Pueblo Creyente a 11 años de la Pascua de jTatic Samuel Ruíz

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Les compartimos el comunicado del Pueblo Creyente – A 25 de enero del 2022

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil

A las diferentes creencias religiosas

A los tres niveles de gobierno

A  los medios de comunicación

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“… Mantener una constante práctica de análisis de la realidad, con sus luces y sombras, que nos permitan un mejor entendimiento y sensibilidad de la problemática social que se vive, de los esfuerzos que se hacen para construir una alternativa y tener una claridad de conciencia para actuar responsablemente ante los engaños del sistema dominante”. (Carta Pastoral ¡Caminemos Juntos a la luz del Señor! #54).

El año pasado por la situación de la pandemia por Covid-19 no pudimos celebrar nuestra peregrinación de la manera acostumbrada cada año. Hoy nuevamente como Pueblo Creyente peregrinamos este día, celebrando los 11 años de la Pascua de Jtatic Samuel Ruíz García, profeta del pueblo que sufre y que entregó su vida de manera generosa a esta diócesis; y los 2 años de haber sembrado la Carta Pastoral de nuestro obispo Rodrigo Aguilar: ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!

La pandemia ha traído como consecuencias en nuestro país el alza de precio de la canasta básica, del gas L.P., de la gasolina y otros servicios indispensables. Subió el precio del pasaje a las comunidades lo cual aumenta el precio de los productos del campo. También se ha visto en los pueblos y ciudades el aumento de comercios ambulantes y bazares de ropa americana. Existe desempleo y falta de oportunidades para progresar. Nuevas variantes del covid-19 han surgido. Y la posibilidad de una nueva crisis económica mundial está a la puerta.

Como Pueblo Creyente nos unimos, en este día, para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Lo cual trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos como: la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robos de carros y motos, asesinatos. Así como supuestos problemas agrarios en Ejidos y Rancherías, o entre pueblos, como el caso más conocido de Santa Marta y Aldama. También la amenaza y asesinato a líderes sociales y comunicadores sociales, así como amenazas a Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

En el asesinato del hermano catequista y compañero Simón Pedro todavía no se ve la acción de la justicia.

Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas-niños, hombres y mujeres, de diferentes edades. Y por el miedo a represalias y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no denuncia. También se provoca la lucha de poderes de organizaciones, manipuladas por partidos políticos, caciquismo y empresariado. Un sistema neoliberal que busca el control del territorio y los recursos, a toda costa, con tal de obtener la máxima ganancia. Seguimos observando la tala inmoderada de árboles y el tráfico de los mismos, sin que las autoridades correspondientes hagan algo.

Como Pueblo Creyente denunciamos y rechazamos la corrupción política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de migrantes y la militarización de los pueblos.

Queremos justicia, que actúe el gobierno y no pasa nada, pero si nosotros nos comprometemos podemos hacer algo.

Ante la situación que se vive la Sociedad Civil organizada ya está haciendo algo. Las mujeres han logrado prevalecer y organizarse en las comunidades, lo cual hace visible la importancia de su protagonismo en la historia. Nosotras y nosotros nos unimos también a esta lucha en la construcción del Buen Vivir.

Ha aumentado el flujo de migrantes de distintos países y sobre todo de Haítí, en diferentes rutas de nuestro estado de Chiapas. Estos últimos tienen problemas para comunicarse porque muchos no entienden ni hablan el español.

Algunas y algunos migrantes son empleados en negocios, también como barrenderos y peones.

Todo este éxodo migratorio hace que la Pastoral de Movilidad Humana redoble sus esfuerzos en el apoyo solidario a estas hermanas y hermanos. Pero a la vez existen también amenazas e intimidaciones contra personal que colabora en las casas de migrantes coordinados por Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

Por otra parte nos enteramos con tristeza, coraje e indignación de la muerte de 58 migrantes, en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, provocado por llevar ocultos en un tráiler a más de 100 migrantes. Con lo cual se evidencia la otra cara del crimen organizado.

La Arquidiócesis de Tuxtla en su comunicado decía: “Un lamentable hecho como este, no hace sino mostrarnos, una vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra. Además, pone en evidencia la corrupción que aún prevalece en torno al tema migratorio. ¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas condiciones inhumanas, poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho y establezcan los mecanismos para que situaciones como estas no se repitan. Es momento para que se establezcan condiciones para la tan anhelada “migración segura, ordenada y regular”, que tanto se necesita en medio de esta crisis humanitaria.

La sangre de estos hermanos clama al Cielo; la corrupción institucionalizada clama al Cielo; la indiferencia ante el dolor de los migrantes clama al Cielo”.

Otro aspecto que afectó a nuestras comunidades en 2021 es el covid-19,  y a finales del año enfermedades como tos y gripe que se parecen al covid, a veces se puede controlar y a veces no. No se sana con medicinas o jarabes.

Como Pueblo Creyente hemos mantenido nuestra convicción del respeto a la Madre Tierra y la defensa de Tierra y Territorio. Cada vez se nos dificulta hacer conciencia de esto en  nuestras comunidades pero seguiremos firmes en hacerlo.

También continuamos construyendo alternativas de Acuerdos Comunitarios que den vida a nuestros pueblos y que no nos dejemos absorber por la “globalidad de la indiferencia” como nos dice el Papa Francisco (cf. Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2016).

Como Pueblo Creyente nos comprometemos a corresponsabilizarnos en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Por lo cual también procuraremos de manera urgente articularnos más entre áreas, instancias, grupos y organizaciones, en la búsqueda del Bien Común.

Hacemos un llamado a todas las personas, sin importar su credo religioso, a reconocer  la importancia de la vida comunitaria, que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, comprometernos y organizarnos para la defensa de la vida en nuestros pueblos, buscando recuperar nuestros valores y el camino de fe que Dios nos señala para vivir en un mundo de hermanos y hermanas. Y abrirnos en la búsqueda de caminos de esperanza junto con los pueblos de otros países.

Pedimos sabiduría al Corazón del Cielo y Corazón de la Madre Tierra para saber cómo acompañar los procesos de los pueblos y que surjan profetisas y profetas, individuales y colectivos, que acompañen al pueblo en las diferentes dimensiones que abarcan al ser humano. Y ser un signo de esperanza de esta transformación que Dios quiere para la humanidad “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia” (2Pe 3,13).

Buscaremos alternativas para caminar como Iglesia Diocesana en la exigencia de la sinodalidad a la que nos está empujando el Ch´ul Espíritu.

Como Pueblo Creyente seguimos decididos y decididas a seguir construyendo una alternativa ante la violencia e inseguridad.

Como Pueblo Creyente Invitamos a todos los pueblos a construir juntas-juntos la justicia y la esperanza.

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”

Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 25 de enero de 2022.

Imagen: SERAPAZ México y Diócesis de San Cristóbal

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