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Guatemala: La lucha contra los señores del Xibalbá: despojos por la industria extractiva y defensa del territorio en El Estor, Izabal

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Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021

Por Carmen Reina*

Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021.  Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.

Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.

El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra

La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios.  Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:

Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980.  Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías.  En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.

Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra.  En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.

En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.

Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.

Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor

Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.

Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]

Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.

Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]

A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.

La extracción de níquel en El Estor

La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno.  Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto  de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones.  Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.

Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.

En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado  de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos  minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.

Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas

Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.

La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.

El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos

Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente.  Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).

Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.

El amañamiento de la consulta

Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso.  En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]

La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta.  Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.

Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchi´ de El Estor

Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres.  La resistencia se desarticuló con el terror militar.

Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.

En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos.  Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.

Reflexiones finales

Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá.  Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.

El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.

Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.

Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!

[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.

[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.

[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades  Q´eqchi´  de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.

[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021

*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.

Imagen: Prensa Comunitaria

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Celebrando 10 años de lucha y resistencia ¡La Puya Presente!

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Compartimos este pronunciamiento publicado en Protection International donde somos firmantes sobre la resistencia en Guatemala ante la devastación minera – A Marzo 2022

A las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

Queremos extender nuestro reconocimiento este 2 de marzo por los 10 años de valiente resistencia pacífica en defensa del agua, la vida, la salud comunitaria y en contra de la minería y del proyecto minero Progreso VII Derivada, de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

Recordamos que el 2 de marzo de 2012, con un plantón frente a la entrada del sitio minero, inició la Resistencia Pacífica La Puya, un movimiento que se mantiene hasta la actualidad. Durante esta década, han sufrido intimidaciones, la criminalización de varias personas de la resistencia, el intento de asesinato de una de sus integrantes y un desalojo violento en mayo de 2014. Asimismo, a lo largo de este tiempo, han emprendido varias acciones legales, logrando en noviembre de 2015 que la Corte Suprema de Justicia, suspendiera las actividades de la mina y posteriormente, en junio de 2020, que la Corte de Constitucionalidad confirmara la suspensión de la operación del proyecto minero hasta la realización de una consulta comunitaria.

Ha sido un largo camino de lucha con notables dificultades, pero también con victorias importantes. Frente a la violencia ejercida por parte del Estado y de la empresa, la Resistencia Pacífica La Puya ha tenido como aliados su fe y la convicción de que lo que están defendiendo es su riqueza más preciada: el ambiente, el agua y en consecuencia su vida, la de sus hijos, nietos y futuras generaciones.

Manifestamos nuestro reconocimiento, admiración y solidaridad por estos 10 años de legítima lucha. La Puya se ha constituido en un ejemplo de resistencia pacífica a nivel nacional e internacional gracias a su compromiso con la no violencia, y su sostenido esfuerzo de investigación y formación para ejercer con argumentos sólidos la defensa de su territorio y el ambiente.

Los desafíos que ha enfrentado la Resistencia Pacífica La Puya no han sido pocos a lo largo de su historia. Debió enfrentarse a los actos irregulares denunciados oportunamente, como la falsificación del permiso de construcción municipal, con base en los que la empresa logró la aprobacion de su proyecto. Pese a ser conocedores de la ausencia de consulta con la comunidad por parte del Estado, la empresa mantuvo su intención de continuar con el proyecto, violentando con esto, los derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Asimismo, los actores involucrados en este proyecto han ignorado los graves impactos ambientales que se ocasionarían en el territorio, el cual ya presenta escasez de agua. Además, según estudios del propio Ministerio de Salud, el agua tiene altos índices de arsénico, que con la explotación minera se verían peligrosamente aumentados poniendo en riesgo la vida de la población. Aun conociendo esta situación y sin importar las consecuencias ambientales y humanas, KCA puso en marcha su proyecto de oro por dos años usando la agresión, intimidación y represión policial de la que ha sido víctima La Resistencia Pacífica.

Actualmente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cursa una demanda millonaria (400 millones de dólares) en contra del Estado guatemalteco presentada por la empresa KCA, bajo los terminos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos con América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR). Con esta acción, la empresa no hace más que evidenciar su voracidad económica, en un primer momento, despojando a la poblacion del agua y de su territorio y ahora, con intenciones de estafar fondos millonarios al
Estado guatemalteco.

Hoy más que nunca está vigente la demanda de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para hacer respetar sus vidas y su decisión de tener un territorio libre de la explotación minera y de que nunca más se pongan los intereses particulares de empresas transnacionales por encima del bienestar de las comunidades y la naturaleza.

¡Que vivan las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc!
¡Que viva la Resistencia Pacífica de la Puya!

Zacatecas: Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.

Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.

Alto a la criminalización de la defensa de la vida

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Para seguimiento del caso:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)

SinEmbargo.mx

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016)

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Sol de Zacatecas

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Honduras, territorio libre de minería

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema – A 4 de marzo del 2022

El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.

En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa también que «Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano» y que “Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones».

Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual construye sobre este largo proceso de lucha.

Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe “Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa y mantener su poder en la región. Es importante mencionar que, desde el Golpe de Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que,por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.

Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y promover cambios estructurales.

TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA


RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)

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La muerte de Alberto Bailleres y sus crímenes impunes

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de febrero 2022

Este 2 de febrero pasado murió Alberto Baillères uno de los criminales magnates que más se enriqueció en este país a costa del despojo, la salud y la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Dueño de Industrias Peñoles (Torreón, Coahuila) y Minera Fresnillo (7 yacimientos en operación, 3 proyectos en desarrollo y 4 en exploración en México), Alberto Baillères logró hacer una fortuna (según la lista Forbes de 2021) de diez millones ochocientos mil dólares.

La mayoría de los medios de comunicación dan cuenta de los “brillantes logros del hombre de negocios” y el “reconocimiento a su contribución en la promoción de la salud e impulso al desarrollo económico”, al recibir la Medalla Belisario Domínguez en 2015. Sin embargo, no se dice lo que realmente le costó a este país tener a su “Rey Midas Mexicano” y sobre todo no se explica su “gran contribución a la promoción de la salud”.

Desde 1988 el Pediatra José Manuel Velasco, demostró que muchos de sus pacientes tenían más de 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL), los pacientes eran niños que vivían cerca de la Industria Peñoles en Torreón, Coahuila. De acuerdo con los estudios de J.F. Rosen. «Effects of Low Levels of Lead Exposure», Science 256 (April 17, 1992) pg. 294; y «Health Effects of Lead at Low Exposure Levels», American Journal of Diseases of Children 146 (1992), pp. 1278-1281; se encontró que una concentración de 7 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL) causa daños irreversibles en el sistema neurológico de los infantes. El plomo en la sangre de los niños puede provocar que un niño que hubiese podido desarrollar habilidades promedio, quédese discapacitado de por vida.

En 1995, un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Dartmouth (New Hampshire, Estados Unidos) tomó muestras de polvo en diversos puntos de la ciudad de Torreón para analizar los niveles de tres metales pesados. Este estudio se determinó que, en las muestras de polvo, tomadas en las cercanías a las Industrias Peñoles, había niveles de plomo que iban desde 787 hasta 13.231 partes por millón. Para el arsénico se encontraron concentraciones en el polvo de 50 y 788 partes por millón. De igual forma encontraron que el polvo de los alrededores de Peñoles tenía niveles de cadmio entre 11 y 1.497 partes por millón, cuando el nivel máximo para plomo debe ser de 500 partes por millón; para arsénico debe ser 65 partes por millón y para cadmio debe ser 20 partes por millón. El cadmio, el material más tóxico de los tres, encontraron que Torreón “tiene los niveles más elevados jamás encontrados en la literatura científica”.

En 2001 el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, a petición del gobierno mexicano, encontró que unos once mil niños eran víctimas de envenenamiento por plomo, tal como señala el artículo A 10 años nadie conoce la verdad del daño causado por Peñoles en Torreón, publicado el 15 de septiembre de 2011 en el diario La Jornada, a partir reportaje del semanario británico Economist, es lamentable que La Jornada recientemente olvidara ese reportaje y sólo alabe al criminal.

A lo largo de los años, se han se han continuado realizando estudios que siguen demostrando la gravedad del asunto, algunos de estos estudios han sido truncados despliegue del crimen organizado que no ha permitido realizar las visitas. El problema nunca se ha solucionado y mucho menos se ha castigado a los responsables.

El gobierno mexicano y sus instituciones de “salud” y “protección ambiental”, por más de 30 años, han sabido, y hoy saben, lo que las Industrias Peñoles han causado a la población de Torreón, pero al intocable Alberto Baillères, has sido protegido por los presidentes, ya sean del PRI, del PAN y de MORENA. Los distintos gobiernos no solo lo han protegido, también le han otorgado reconocimientos que desvían la atención de sus crímenes, tal como lo describe la revista Proceso en su artículo “Baillères: El Estado lo creó, el Estado lo premia”.

Peñoles llegó en 1996 despojando parte del territorio del ejido El Bajío ubicado en el municipio de Caborca, Sonora. Peñoles inició la extensión de la mina Herradura, que en 1997 llega a ocupar ilegalmente hasta 400 hectáreas del Ejido. Entre 2009-2011, bajo la operación de minera Penmont filial de grupo Fresnillo PLC, también de manera ilegal, se construye la mina Soledad- Dipolos. En 2017 Rosario Robles Berlanga, siendo Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, extiende un título de propiedad a favor de Minera Penmont S de RL, sobre el predio “El Bajío”.

A lo largo de 26 años ejidatarias y ejidatarios de El Bajío han venido sufriendo desalojo; allanamiento por parte de la policía estatal y la Guardia Nacional con armas largas; criminalización (detenciones arbitrarias, encarcelamiento, demandas penales por despojo); secuestros; torturas; amenazas de muerte y el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez en el 2018 y de José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en el 2021.

Después de presentar 67 juicios, en 2014 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28 a cargo del entonces magistrado Manuel Loya Valverde, emitió una sentencia a favor del ejido El Bajío en donde se dictamina que la mina tiene que pagar la renta de la tierra, devolver el oro extraído ilegalmente y resarcir los daños ambientales. A partir de ese momento la violencia se intensifica para las y los ejidatarios, ocho ejidatarios son levantados por efectivos del ejército y retenidos por 24 horas de manera ilegal. En esta detención les piden 100 mil pesos para liberar a cada ejidatario, liberan a 4 y los otros 4 son acusados de robo y portación ilegal de armas de fuego (armas sembradas por el ejército a los ejidatarios detenidos). Dos de ellos no hablaban español y los mandaron al penal de alta seguridad del Rincón, en Nayarit. El magistrado Loya Valverde ya no es ratificado por el senado para seguir en el TUA por su fallo.

Hasta el momento no se ha cumplido la sentencia. Toda esta falta de cumplimiento al estado de derecho
ha sido apoyada por gobiernos federales de varios sexenios, senadores y por gobiernos estatales de
Sonora, principalmente, por el de la exgobernadora Claudia Pavlovich.

En 2015 Andrés López Obrador, rechazaba rotundamente que se le otorgara a Alberto Baillères la medalla Belisario Domínguez, en ese momento dijo: “Baillères se ha hecho millonario al amparo de la mafia del poder”. El día de su muerte dijo: “Convivíamos, me invitaba a comer a su casa y hablábamos de la situación del país… En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación…” Con lo que se confirma que entró al círculo de la mafia del poder.

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS CRIMINALES DE CUELLO BLANCO!

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Alberto Bailléres (Peñoles), Caros Sim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (AMHSA) – Diario Noreste

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Oaxaca: SEMARNAT incumple mandato de protección ambiental y Principio Precautorio, poniendo en deliberado riesgo a comunicades de los Valles de Ocotlan

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida contra la minería canadiense en Los Valles Centrales de Oaxaca- A 26 de enero del 2022

El 6 de Julio de 202 la SEMARNAT, después de una evaluación de impacto ambiental de llevó más de 9 meses, negó la autorización de ampliación, a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. empresa sudsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., proyecto que lleva por nombre «San José II», que fue notificada a la empresa el 10 de noviembre del mismo año. Sin embargo, por las presiones que la empresa ejerció sobre la SEMARNAT y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador un mes más tarde, la Secretaria de la SEMARNAT, María Luisa Albores da marcha atrás y autoriza el proyecto en diciembre, dejando a los pueblos y la protección ambiental de Valle de Ocotlán, Oaxaca, en total indefensión frente a una empresa que ahora tiene licencia para contaminar por otros 12 años.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto «San José II», resulta ser la manifestación de 81 obras que la empresa minera Cuzcatlán ya realizó, sin contar con las autorizaciones correspondientes y que actualmente se encuentran en operación:

  • Obras ejecutadas sin previa autorización en materia ambiental.
  • Obras con autorización, pero ejecutadas en sitios diferentes y superficies diferentes a las establecidas.
  • Infraestructura que no se ajusta a las superficies manifestadas en la MIA autorizada en 2009.

Lo anterior fue detectado por una inspección de vigilancia de la Profepa (de acuerdo al Acto No. PFPA/26.3/2C.27.5/002-17) que puso algunas sanciones y amonestaciones administrativas, pero no obligó a la empresa a cerrar, sino le pidió la elaboración de una MIA para la regularización de todas las obras.

El Resolutivo que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT emite el 6 de julio sobre este proyecto (debidamente fundada y motivada, según el mismo documento lo establece) determina: «La promovente no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una certeza científica absoluta que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto…» «… que el proyecto no cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 13 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del RLGEEPAMEIA, ya que la información presentada, en materia de impacto ambiental no permite a esta autoridad tener certeza o exactitud científica de los impactos y riesgos ambientales que implica el proyecto, vulnerando el derecho humano de las comunidades de su zona de influencia a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° Párrafo 5° de la CPEUM…» Esto entre muchas otras justificaciones que impiden autorizar el proyecto hace seis meses.

El documento también habla de la importancia de la Prevención, Equidad Intergeneracional, del Principio Precautorio, del Principio de Progresividad, el Principio de No Regresión, Responsabilidad y Congruencia; además cita varias tesis de jurisprudencia que apoyan la observación y la aplicación obligatoria de dichos principios.

Después de haber visto la nota de que en diciembre pasado la SEMARNAT da marcha atrás y autoriza el proyecto, nos preguntamos ¿Bajo qué argumentos se autoriza el proyecto en el lapso de un mes? ?Será que los fundamentos y motivos en los que se basó la DGIRA de la propia SEMARNAT para negar el proyecto, a la Secretaria no le fueron suficientes y verdaderos? ¿Cuáles son sus fundamentos y motivos para autorizar un proyecto que ya había sido negado? ¿De qué sirve tener una Dirección de Impactos y Riesgos Ambientales si los proyectos se van a autorizar de acuerdo a las presiones de los promoventes?

Con esta decisión, la Secretaria María Luisa Albores incumple el mandato para el que fue contratada, que es el cuidado y proyección ambiental en este país. Acepta la burla de la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, que incumple y violenta perversamente los lineamientos que le fueron impuestos, a sabiendas de que no va a pasar nada. Acepta que las empresas mineras hacen su voluntad e imponen sus leyes y reglas frente a los gobiernos. Deja en total indefensión a las comunidades del Valle del Ocotlán, que desde hace muchos años están sufriendo los impactos, contaminación, violencia, vejaciones, despojo y devastación de sus territorios por esta empresa minera. Reconoce con esta acción que el haber «atendido» a las y los afectados fue simplemente una simulación para ganar tiempo y lucirse ante la opinión pública.

Así mismo María Luisa Albores incumple su obligación como funcionaria pública, aplicando el Principio de Regresión y pasando por alto los Art. 1° párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Art 28, 30 y 35 de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), Art 45 del Reglamento de la LEGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA), El Principio (Precaución) de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, así como todos los enlistados en la página 81 del Resolutivo de la DGIRA de la propia SEMARNAT No. SGPA/DGIRA/DG/03305, del 06 de julio del 2021.

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería damos nuestro total respaldo a los Municipios de San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir y todos sus ejidos y comunidades que siguen luchando para declarar sus territorios libre de minería y exigiendo que las autoridades responsabilicen a las empresas mineras por los daños que generan a su agua, sus tierras y su salud. Por otro lado, responsabilizamos directamente a María Luisa Albores, a Andrés Manuel López Obrador y a la empresa minera Fortuna Silvers Mines Inc. y a su filial Compañía Minera Cuzcutlán de las afectaciones a la salud y al ambiente que sufran las comunidades a las que la mismo María Luisa Albores, en respuesta a las presiones de la empresa, está imponiendo un proyecto devastador.

¡FUERA MINERA CUZCATLÁN DE VALLES CENTRALES!

¡ALTO A LA SOBERBIA DE LAS MINERAS!

¡RESPETO A LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Ilustrativa de la Web

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Comunicado del Pueblo Creyente a 11 años de la Pascua de jTatic Samuel Ruíz

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Les compartimos el comunicado del Pueblo Creyente – A 25 de enero del 2022

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil

A las diferentes creencias religiosas

A los tres niveles de gobierno

A  los medios de comunicación

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“… Mantener una constante práctica de análisis de la realidad, con sus luces y sombras, que nos permitan un mejor entendimiento y sensibilidad de la problemática social que se vive, de los esfuerzos que se hacen para construir una alternativa y tener una claridad de conciencia para actuar responsablemente ante los engaños del sistema dominante”. (Carta Pastoral ¡Caminemos Juntos a la luz del Señor! #54).

El año pasado por la situación de la pandemia por Covid-19 no pudimos celebrar nuestra peregrinación de la manera acostumbrada cada año. Hoy nuevamente como Pueblo Creyente peregrinamos este día, celebrando los 11 años de la Pascua de Jtatic Samuel Ruíz García, profeta del pueblo que sufre y que entregó su vida de manera generosa a esta diócesis; y los 2 años de haber sembrado la Carta Pastoral de nuestro obispo Rodrigo Aguilar: ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!

La pandemia ha traído como consecuencias en nuestro país el alza de precio de la canasta básica, del gas L.P., de la gasolina y otros servicios indispensables. Subió el precio del pasaje a las comunidades lo cual aumenta el precio de los productos del campo. También se ha visto en los pueblos y ciudades el aumento de comercios ambulantes y bazares de ropa americana. Existe desempleo y falta de oportunidades para progresar. Nuevas variantes del covid-19 han surgido. Y la posibilidad de una nueva crisis económica mundial está a la puerta.

Como Pueblo Creyente nos unimos, en este día, para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Lo cual trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos como: la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robos de carros y motos, asesinatos. Así como supuestos problemas agrarios en Ejidos y Rancherías, o entre pueblos, como el caso más conocido de Santa Marta y Aldama. También la amenaza y asesinato a líderes sociales y comunicadores sociales, así como amenazas a Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

En el asesinato del hermano catequista y compañero Simón Pedro todavía no se ve la acción de la justicia.

Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas-niños, hombres y mujeres, de diferentes edades. Y por el miedo a represalias y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no denuncia. También se provoca la lucha de poderes de organizaciones, manipuladas por partidos políticos, caciquismo y empresariado. Un sistema neoliberal que busca el control del territorio y los recursos, a toda costa, con tal de obtener la máxima ganancia. Seguimos observando la tala inmoderada de árboles y el tráfico de los mismos, sin que las autoridades correspondientes hagan algo.

Como Pueblo Creyente denunciamos y rechazamos la corrupción política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de migrantes y la militarización de los pueblos.

Queremos justicia, que actúe el gobierno y no pasa nada, pero si nosotros nos comprometemos podemos hacer algo.

Ante la situación que se vive la Sociedad Civil organizada ya está haciendo algo. Las mujeres han logrado prevalecer y organizarse en las comunidades, lo cual hace visible la importancia de su protagonismo en la historia. Nosotras y nosotros nos unimos también a esta lucha en la construcción del Buen Vivir.

Ha aumentado el flujo de migrantes de distintos países y sobre todo de Haítí, en diferentes rutas de nuestro estado de Chiapas. Estos últimos tienen problemas para comunicarse porque muchos no entienden ni hablan el español.

Algunas y algunos migrantes son empleados en negocios, también como barrenderos y peones.

Todo este éxodo migratorio hace que la Pastoral de Movilidad Humana redoble sus esfuerzos en el apoyo solidario a estas hermanas y hermanos. Pero a la vez existen también amenazas e intimidaciones contra personal que colabora en las casas de migrantes coordinados por Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

Por otra parte nos enteramos con tristeza, coraje e indignación de la muerte de 58 migrantes, en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, provocado por llevar ocultos en un tráiler a más de 100 migrantes. Con lo cual se evidencia la otra cara del crimen organizado.

La Arquidiócesis de Tuxtla en su comunicado decía: “Un lamentable hecho como este, no hace sino mostrarnos, una vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra. Además, pone en evidencia la corrupción que aún prevalece en torno al tema migratorio. ¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas condiciones inhumanas, poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho y establezcan los mecanismos para que situaciones como estas no se repitan. Es momento para que se establezcan condiciones para la tan anhelada “migración segura, ordenada y regular”, que tanto se necesita en medio de esta crisis humanitaria.

La sangre de estos hermanos clama al Cielo; la corrupción institucionalizada clama al Cielo; la indiferencia ante el dolor de los migrantes clama al Cielo”.

Otro aspecto que afectó a nuestras comunidades en 2021 es el covid-19,  y a finales del año enfermedades como tos y gripe que se parecen al covid, a veces se puede controlar y a veces no. No se sana con medicinas o jarabes.

Como Pueblo Creyente hemos mantenido nuestra convicción del respeto a la Madre Tierra y la defensa de Tierra y Territorio. Cada vez se nos dificulta hacer conciencia de esto en  nuestras comunidades pero seguiremos firmes en hacerlo.

También continuamos construyendo alternativas de Acuerdos Comunitarios que den vida a nuestros pueblos y que no nos dejemos absorber por la “globalidad de la indiferencia” como nos dice el Papa Francisco (cf. Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2016).

Como Pueblo Creyente nos comprometemos a corresponsabilizarnos en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Por lo cual también procuraremos de manera urgente articularnos más entre áreas, instancias, grupos y organizaciones, en la búsqueda del Bien Común.

Hacemos un llamado a todas las personas, sin importar su credo religioso, a reconocer  la importancia de la vida comunitaria, que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, comprometernos y organizarnos para la defensa de la vida en nuestros pueblos, buscando recuperar nuestros valores y el camino de fe que Dios nos señala para vivir en un mundo de hermanos y hermanas. Y abrirnos en la búsqueda de caminos de esperanza junto con los pueblos de otros países.

Pedimos sabiduría al Corazón del Cielo y Corazón de la Madre Tierra para saber cómo acompañar los procesos de los pueblos y que surjan profetisas y profetas, individuales y colectivos, que acompañen al pueblo en las diferentes dimensiones que abarcan al ser humano. Y ser un signo de esperanza de esta transformación que Dios quiere para la humanidad “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia” (2Pe 3,13).

Buscaremos alternativas para caminar como Iglesia Diocesana en la exigencia de la sinodalidad a la que nos está empujando el Ch´ul Espíritu.

Como Pueblo Creyente seguimos decididos y decididas a seguir construyendo una alternativa ante la violencia e inseguridad.

Como Pueblo Creyente Invitamos a todos los pueblos a construir juntas-juntos la justicia y la esperanza.

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”

Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 25 de enero de 2022.

Imagen: SERAPAZ México y Diócesis de San Cristóbal

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Sonora: Ejidatarios de El Bajío piden resolución a sentencias contra minera Pelmont

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Compartimos esta nota publicada en Canal Once sobre la lucha por la vida y en contra de la minería en Sonora – A 10 de enero del 2022

Fuente: María Fernanda Ruiz , Edición: David Pérez de la O

Desde la madrugada de este lunes, al menos 90 ejidatarios provenientes de el Ejido El Bajío, ubicado en Sonora, se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México, para exigir la resolución de las 67 sentencias que continúan pendientes en contra de la minera Penmont, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Baillères –dueño de El Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y GNP Seguros–.

Ejidatarios que salieron de Sonora, hacia Ciudad de México, desde el pasado viernes, se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador la resolución por el caso de El Bajío.

En entrevista con Once Noticias, Jesús Thomas, representante ejidal, señaló que las sentencias tienen 8 años y no se han ejecutado.

En ese lapso de tiempo se han suscitado distintos eventos de extrema violencia, entre los que sobresale el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, todas las personas son de El Bajío.

El presidente ejidal Jesús Thomas denunció, a Once Noticias, que otras personas del ejido han sido encarceladas injustamente y otras han sido ‘levantadas’ y torturadas. Artículos relacionados

“La no ejecución es la que nos ha llevado a padecer todo esto. Si el Tribunal [Agrario] hubiera hecho su trabajo ya no estuviéramos padeciendo todo esto. Una vez que dictan las sentencias tienen 90 días para ejecutarlas y en este caso eso no ha ocurrido”, enfatizó Thomas a Once Noticias.

Asimismo señalan que prevalece presión por parte de la minera.

“Esas avionetas las manda la compañía minera con otros guardias que eran de la Policía Federal y los guardias de la minera. Yo creo que ellos quieren ver si hay menos gente para poder entrar, porque hay rumores de que quieren volver a entrar”, comentó.

Santiago, de 49 años, recordó que la primera vez que la minera salió del ejido fue en 2013, aunque luego volvieron en 2017, pero volvieron a sacarlos. En la actualidad resguardan El Bajío, para evitar que vuelva la empresa.

“A ver si nos apoya el gobierno para que las sentencias se ejecuten a nuestro favor, porque no estamos a gusto, han amenazado a nuestros compañeros y pues todo eso es por parte de la minera”, concluyó Santiago.

Por otro lado, al conversar sobre los avances en el proceso para destinar 18 mil hectáreas, de las 21 mil que conforman El Bajío, a la figura de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), Thomas dijo que han avanzado en el proceso, pero aún continúa en las instancias.

Al respecto señaló que la semana pasada, la Comisión Binacional Arizona-Sonora para la Conservación del Berrendo realizó un conteo que anunció que fueron avistados en El Bajío 163 ejemplares de berrendos, mamífero de pezuña más veloz del mundo, que estuvo bajo alerta de extinción en 1998, en el país.

“Eso significa que tenemos la mayor concentración de berrendos. Se explica porque hace 8 años logramos sacar a la minera, eso ha impactado de forma positiva, para que el berrendo vuelva a ser visto. En Pinacate se contabilizaron 85 y en Quitovac 331”, relató el presidente ejidal.

Los ejidatarios de El Bajío presentarán también escritos al Senado y al Tribunal Superior Agrario, para solicitar que se ejecuten las sentencias, que se respete al derecho humano de acceso a la justicia,  así como el esclarecimiento de los asesinatos.

Los ejidatarios, pese al frío de la ciudad, con sus enormes letreros exigen justicia y que la mina no vuelva al desierto.

La ocupación de la minera Penmont, en el Ejido se dio en 1991, comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto en este territorio: Noche Buena (2012), Dipolos-La Soledad (2010) y La Herradura (1998).

En 2011, a través de una primera sentencia se determinó que la minera debía desalojar las tierras. Hasta 2013 se llevó a cabo la desocupación.

Desde entonces, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio.

Imagen: Canal Once

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Seguimos denunciando la complicidad del Gobierno Actual con el Modelo Minero

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el Modelo Minero Extractivista en México – A Diciembre 2021

La Secretaria Albores responsabilizó por estos desastres a “la complicidad de gobiernos pasados”1, dando eco al Presidente quien pretende distanciarse del despojo y la destrucción diciendo que no va a otorgar ninguna concesión minera durante su sexenio. La Secretaria propone que la solución sería “la adopción de las mejores prácticas en materia hídrica y en corresponsabilidad socioambiental con el Gobierno y en el sector privado, …y la sociedad civil”2. Pero, queremos aclarar que –aún sin otorgar ni una sola concesión minera– este gobierno es tan cómplice como los anteriores por la continuidad del modelo minero que sigue operando.

¿De qué “mejores prácticas” nos está hablando la Secretaria para la actividad más devastadora del planeta? No hay mejores prácticas que resuelven la codicia y agresividad del modus operandi del modelo extractivo, no existe la minería verde, sustentable, inteligente ni responsable.

La minería genera enormes impactos sobre las tierras y el territorio de los pueblos en donde se impone. Para servir los intereses de los grandes inversionistas y mercados de consumo de productos desechables, los depósitos de minerales que quedan en el mundo son cada vez de concentraciones más bajas y más dispersas bajo la tierra. Esto significa que, para extraer cada onza de oro, plata o cobre, las empresas mineras sacan muchas más toneladas de roca, una parte de la cual será molida y tratada con sustancias químicas de alta toxicidad para separar los metales de las rocas. A la vez que las empresas tumban cerros enteros para extraer los minerales, construyen otros con la roca desechada que amontonan, ahora más expuesta al aire y agua, que puede iniciar el proceso de drenaje ácido que genera contaminación por metales pesados y otras sustancias tóxicas por décadas y siglos. También construyen enormes pilas o piscinas de relaves que rompen y derramen cada vez con mayor frecuencia. En el proceso, no solamente contamina el agua y el suelo, sino también se desaparecen y desvían fuentes de agua de las que los pueblos y la biodiversidad dependen. Todo esto sin hablar de lo que sucede en el ámbito social o de salud, con los pueblos desplazados y despojados de sus tierras y formas de vida, y con una tendencia hacia el alza de violencia en estas zonas.

Hablar de supuestas “mejores prácticas” de una de las actividades más devastadoras que existe, y hablar de no otorgar más concesiones mineras cuando México ya tiene arriba de 24 mil otorgadas, es desviar la discusión y pintar de verde al gobierno mientras siguen intactas las estructuras que facilita la inversión minera y que deja en impunidad estos grandes daños a perpetuidad. La Secretaría reconoce que la minería deja pueblos enteros sin fuentes de agua y con altos índices de daños a su salud, entonces ¿por qué no hablar de castigar penalmente a los responsables por estos tremendos daños? En base de su propia experiencia en Puebla en donde empresas mineras tienen concesionada grandes extensiones de la Sierra Norte, la Secretaria sabe que la propia presencia de una concesión minera representa una amenaza a la autodeterminación y bienestar de las comunidades afectadas. Entonces, ¿por qué no hablar de extinguir las concesiones mineras que han sido otorgadas arbitrariamente en todo el país en violación de tantos derechos? ¿Por qué dejar vencer solamente las concesiones mineras en donde las empresas no están actualizadas con su pago de derechos? Y sobre todo por qué engañarnos en centrar el debate sobre el tema de las concesiones cuando desde el inicio de este sexenio, según una solicitud de información vía transparencia, la SEMARNAT ha autorizado más de 90 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos mineros. ¿De qué sirve limitar el número de concesiones si los proyectos mineros que son realmente lo que devastan el medio ambiente, el territorio y la vida de los pueblos siguen avanzado en sus fases de exploración y operación?

La respuesta es porque este gobierno es cómplice de mantener intacto el modelo minero sin mayor cambio. La influencia de los empresarios mineros mexicanos y extranjeros, representado por CAMIMEX, quedó muy claro cuando este gobierno declaró la minería “no esencial” a inicios de la pandemia de COVID-19. Pocas semanas después, ante varias gestiones del sector empresarial inclusive para pedir presión sobre el gobierno mexicano desde los Estados Unidos, se convirtió en esencial. No es casual que, durante estas gestiones, el sector minero hizo referencia a la necesidad de mantener activa la industria minera ante la entrada en vigencia del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previamente anunciado para el 1 de julio de 2020. Tal como gobiernos anteriores, este gobierno ha aceptado el marco de los Acuerdos Internacionales de Inversión –tales como el T-MEC, el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico–, y muchos otros que México ha ratificado. Estos acuerdos son la ley por encima de la ley para las empresas transnacionales con la cual pueden amenazar o demandar al gobierno por millones o miles de millones cuando sus cortes, agencias regulatorias, ejecutivo u otros órganos toman decisiones que podría afectar sus inversiones o, inclusive, sus ganancias al futuro. México ya enfrenta miles de millones en demandas de empresas mineras.

La actuación del gobierno actual resulta ser cómplice con el despojo y destrucción permanente por la minería a las vidas, aguas, tierras y territorios de muchas comunidades. El discurso de “mejores prácticas” y de no otorgar ninguna concesión minera mientras siguen operando todas las que están, es seguir legitimando la expansión minera y desviando la atención de las estructuras jurídicas, económicas y de poder que lo sigue facilitando.

BASTA A LA SIMULACIÓN Y A LA LEGITIMACIÓN DE LA MINERÍA POR SEMARNAT
NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE, SÍ A LA VIDA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Minería Mazapil, Zacatecas

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AMLO no tiene conflictos por Minería Canadiense en México, Los Pueblos de México sí

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los megaproyectos de minería canadiense – A 7 de diciembre del 2021

El 22 de noviembre, el presidente López Obrador dio su informe sobre su participación en la novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C., cuando invitó a México al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien dijo “no tener conflictos mineros por la industria en el país”.1 Durante la misma semana, en su mañanera desde Guanajuato, repetía ideas semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad».2 Además, pretendiódecir que México “ya no es como antes”, por estar siguiendo el ejemplo de Canadá: “Nosotros lo que estamos planteando es: bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se les pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones”.3

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le queremos decir a Justin Trudeau, que no sabemos a qué país se refiere AMLO, porque si hablamos de México nosotras/os tenemos otros datos. Y para AMLO, si el ejemplo a seguir es Canadá, nos dirige a más de lo mismo: despojo, devastación ambiental y graves afectaciones a la salud.

I. Cada concesión minera, un conflicto

Cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, además de los conflictos cotidianos y menos visibles de los pueblos que han sido desplazados a la fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud, o que se encuentran con un terrible aumento de violencia en sus comunidades y luchan para no estar completamente sometidos, o quienes asumen la eterna pelea por la justicia y la rendición de cuentas dentro de un sistema de impunidad. Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano, pero le aseguramos a Trudeau que los conflictos mineros que las empresas mineras canadienses generan en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las empresas desde el inicio. Compartimos unos ejemplos, entre muchos:

Chiapas

El día después de la mañanera de AMLO en Guanajuato, conmemoramos el duodécimo aniversari o del asesinato de Mariano Abarca (fundador de la REMA), el 27 de noviembre del 2009, por su lucha contra los impactos ambientales y sociales de la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Junto con la familia Abarca, hemos llevado este caso a Canadá para exigir una investigación de la embajada canadiense en México por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano. Sabemos por documentos obtenidos bajo la ley de transparencia en Canadá que la embajada seguía de cerca los sucesos en Chiapas y participó en defender y facilitar los negocios mineros aún sabiendo de los riesgos que corría la vida de Mariano. Seis semanas después de que representantes de la embajada canadiense se reunieron con el gobernador de Chiapas en octubre de 2009 para pedir que se resolvieran los problemas de la empresa, mencionando específicamente las protestas de la comunidad, Mariano fue brutalmente asesinado frente a su restaurante en el centro de Chicomuselo.

Este crimen sigue en impunidad y por tanto sigue el conflicto. La familia Abarca junto con Otros Mundos Chiapas, REMA, MiningWatch Canadá y otros aliados han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de autoridades mexicanas, así como la denuncia actualmente esperando la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México. Vale destacar que un juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Boswell, ad mitió en julio de 2019 la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera actuado de otra manera”. Sin embargo, hasta la fecha aún seguimos peleando por una investigación que haga justicia al asesinato de nuestro compañero.

Oaxaca

La mina San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, terminó de imponerse el día 6 de mayo del 2009 por medio de un operativo policíaco y militar que culminó con decenas de personas detenidas arbitrariamente, golpeadas y heridas de gravedad; así como con cateos ilegales en varias casas de Magdalena Ocotlán, municipio vecino a San José del Progreso. En los siguientes 5 años, fueron asesinadas 5 personas en San José del Progreso.

Años después, en 2018, esta misma mina tuvo un derrame tóxico que contaminó gravemente el río Coyote y los pozos de cientos de familias. Esto fue encubierto por la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA e IMTA quienes, a pesar de tener en su poder las pruebas de la contaminación, hoy a 3 años del desastre, están nuevamente tomando muestras, tal vez para seguir cubriendo las espaldas de la empresa minera.

Hoy en día la empresa intenta ampliar su proyecto por otros 10 años y presiona a la SEMARNAT (quien ya negó la autorización), para que le autorice su proyecto de expansión. Sin embargo, la SEMARNAT ahora echa marcha atrás, con total falta de ética y respeto para su equipo de evaluación de impacto ambiental, y declara que se hará una consulta a los pueblos para ver si quieren o no la ampliación de este proyecto, que inicialmente ellos desaprobaron. A la par, la empresa ha sacado a sus trabajadores para confrontar a las defensoras y defensores que exigen se detenga la expansión de este proyecto que ya ha demostrado causar destrucción, enfermedad y muerte entre las comunidades vecinas. La tensión y presión sobre las comunidades hace que nuevamente se genere un ambiente de violencia y división.

Zacatecas

En el año 2017, unas 46 familias de la comunidad La Colorada, Zacatecas, fueron desplazadas a la fuerza por la empresa canadiense Pan American Silver, con la ayuda del gobierno de ese estado para lograr la expansión de su mina “La Colorada” de donde extrae plata, oro, plomo y zinc desde 1998. Con este acto, las familias fueron despojadas de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además de encontrarse con violaciones sistemáticas permanentes de sus derechos. Por dos años antes, las familias resistieron su desplazamiento, durante ese tiempo denunciaron haber sido acosadas y amenazadas por parte de directivos de la empresa, y varios trabajadores fueron selectivamente despedidos. Sin embargo, actuando en contubernio con el gobierno de Zacatecas y con el apoyo de hombres armados, la empresa finalmente desalojó a las familias y con maquinarias destruyó sus viviendas.

La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas la familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan A merican Silver les dio en comodato. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros y los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, en donde las familias arriesgan su salud por su cercanía a la mina y se encuentran en una situación de control social extremo por la empresa que pone las reglas, inclusive sobre el tipo de mascota que pueden o no tener dentro de estas casas, así como para el uso de la iglesia. Desde ese entonces, habitantes de La Colorada luchan para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató y para que su comunidad sea reconocida, ya que la empresa asegura que esa comunidad nunca existió4.

Guerrero

En el “cinturón dorado” de Guerrero, operan 5 proyectos mineros, 4 de ellos canadienses circunscritos en una región de 210 localidades. En los últimos 10 años, ha habido un desplazamiento forzado de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencad ena por el poder vinculado a los grupos del crimen organizado, lo cual beneficia a la expansión minera de capital canadiense en la zona. Tan solo en Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, donde la empresa minera Equinox Gold opera la mina Los Filos, se ha documentado el desplazamiento forzado de la mitad de la comunidad en 2015, por lo menos 55 asesinadas/os hasta 2019, y la prevalencia de daños a la salud en casi toda la población por consumo de agua contaminada y exposición permanente a polvo rico en metales pesados. Por cuatro meses, a fines de 2020, el ejido de Carrizalillo realizó un paro y cerró la mina por el tratamiento racista y discriminatorio de esta empresa y por sus incumplimientos al acuerdo de cooperación social, inclusive temas relacionados con la falta de agua limpia y atención médica5. En otro triste acto de discriminación y racismo, representantes canadienses han llegado para ayudar a legitimar la expansión minera en esta zona, a la vez establecen alertas para que los turistas canadienses no visiten el territorio guerrerense por la alta incidencia de violencia; la última alerta fue emitida en octubre de este año6.

Guanajuato

La minera Argonaut Gold pretende desarrollar el proyecto minero de oro Cerro del Gallo, en el territorio rural del municipio de Dolores Hidalgo, impactando directamente a más de 20 comunidades con una población aproximada de 8,000 habitantes. Además, afectará la Cuenca de la Independencia o la Cuenca alta del río La Laja, que abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato con una población de 680,000 habitantes que dependen de un solo manto acuífero. De autorizarse el proyecto, sería la primera mina a cielo abierto en el Estado de Guanajuato. Se propone usar la técnica de lixiviación con cianuro que conlleva graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de cantidades extraordinarias de agua. Además de las 13 concesiones mineras, Argonaut Gold cuenta con 8 títulos de concesión de agua otorgados por la CONAGUA por un total de 1,440,000 m3 al año para la explotación de su proyecto, mientras que las comunidades en su entorno, no tienen acceso al agua en condiciones adecuadas.

Durante el 2020, Argonaut Gold ha intentado, por cuarto año consecutivo sin éxito gracias a la oposición popular, obtener el permiso en materia de impacto ambiental de parte de la SEMARNAT. En su proyecto, que ha sometido a la evaluación de la autoridad federal, propone, entre otros agravios «la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir y, para el caso de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia», tratando de argumentar que esta actividad es más dañina al medio ambiente que la destrucción permanente que genera la minería. Aunque SEMARNAT acaba de denegar el permiso a la empresa, nada evita que la empresa lo pueda intentar nuevamente.

Al final, estos son sólo una muestra de los conflictos que generan las empresas mineras canadienses en México, de los que el presidente parece no darse cuenta. A lo largo del país, hay resistencias y procesos de defensa territorial ante los intereses de empresas mineras canadienses, especialmente frente a los llamados “junior”, que son empresas que se especializan en la prospección, exploración y especulación, y que están muy presentes en las bolsas de valores de Canadá, más que en cualquier otro país.

Los procesos de organización popular frente al avance minero representan la mayor esperanza para poder evitar la entrada de la minería a través del ejercicio de los derechos agrarios y la auto determinación de los pueblos. Aún así, son procesos de muy larga envergadura que frecuentemente conllevan muchas amenazas y deben sostenerse para poder frenar los avances del nocivo modelo extractivista minero y su permanente voracidad por generar ganancias a cambio de la destrucción de los pueblos. Por todo esto, las comunidades afectadas le decimos al Presidente que aquí estamos: no olvidamos, ni perdonamos, y exigimos se deje de ofertar nuestros territorios y nuestras vidas a las empresas mineras que nos despojan y asesinan.

II. Seguir el ejemplo de Canadá, nos lleva a más de lo mismo

En cuanto al deseo de AMLO de que las empresas mineras canadiense operen como hacen en Canadá, debe darse cuenta de la realidad colonial y del capitalismo depredador que prevalece en el país de su amigo Trudeau. Canadá atrae empresas mineras a su país por tener la tasa de impuestos corporativos más baja del grupo de los siete países industrializados (G7) y una investigación periodística ha mostrado cómo las empresas mineras pagan mucho menos a gobiernos en Canadá que cuando operan en otras partes del mundo, inclusive México7.

En torno al supuesto “respeto al ambiente”, basta decir que en Canadá hay más de 10,000 minas abandonadas que jamás han visto un programa de remediación, y que prevalece un ambiente de impunidad por los grandes daños que genera, a perpetuidad la actividad minera. Por ejemplo, nadie ha sido castigado por el derrame más grande en Canadá de 24 mil millones de litros de desechos tóxicos en agosto del 2014, de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica.

Finalmente, es indignante y vergonzoso escuchar las declaraciones vacías de AMLO y Trudeau diciendo que van a reconciliar al Estado con los pueblos indígenas8. Para muestra un botón: el mismo día que estos dos estuvieron reunidos en Washington, D.C., en el oeste de Canadá, la policía federal detuvo a defensores indígenas, observadores y prensa por oponerse a la construcción de un gasoducto9. En octubre, Trudeau fue de vacaciones en lugar de celebrar el primer Día Nacional de la Verdad y Reconciliación para honrar a los sobrevivientes y afligirse por los miles de niñxs que murieron en las escuelas de residenciales operadas hasta 1996 como parte de la política genocida del Estado, y que han empezado a aparecer en fosas comunes10. Y este mismo gobierno continúa impulsando un modelo de despojo para seguir nutriendo las grandes ganancias de las empresas extractivistas contaminadoras, aún cuando los incendios y las inundaciones tienen todo el oeste de Canadá en un estado de emergencia11.

BASTA DE MENTIRAS Y SIMULACIONES: MÉXICO SE DESBORDA DE CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS

CANADÁ ES EJEMPLAR DE LO COLONIAL Y NEOLIBERAL

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: La Jornada Guerrero

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Guanajuato: SEMARNAT niega, por cuarta ocasión consecutiva, Autorización de Impacto Ambiental al Proyecto Minero Cerro del Gallo, en Doleres Hidalgo

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Compartimos comunicado de Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender Dolores Hidalgo de la devastación minera – A 4 de diciembre del 2021

El pasado mes de septiembre de 2021, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resolvió el proceso de evaluación de impacto ambiental, solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., filial de la minera canadiense Argonaut Gold, para su proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, C.I.N., publicado el pasado 2 de diciembre en el número 54 de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT.

En este día de la fiesta patronal de Santa Bárbara, una de las comunidades más grandes amenazadas por el desastre del proyecto minero a cielo abierto del Cerro del Gallo, las mujeres y hombres de las comunidades afectadas, en conjunto con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), celebramos también con mucha alegría y comunicamos a los habitantes de Dolores y del resto de la Cuenca de la Independencia que, después de una larga revisión, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la SEMARNAT, ha resuelto el siguiente:

I. Resolutivo
La SEMARNAT resolvió NEGAR la autorización en materia de impacto ambiental solicitada para el proyecto, así como archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole que no podrá realizar la ninguna obra o actividad. Sin embargo, la empresa mantiene a salvo su derecho para intentar obtener la autorización en materia de impacto ambiental, una vez más, y podría impugnarla.

II. El proyecto es INCOMPATIBLE con las políticas y programas de Ordenamiento Ecológico
Los diversos instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio, señalan que la política ambiental de la zona que sería impactada con la operación del proyecto, es de restauración y aprovechamiento sustentable y tiene como eje rector de desarrollo la agricultura y preservación de flora y fauna.

Es importante destacar que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Dolores 2018 (PMDUOET), señala que el sitio destinado al desarrollo del proyecto minero, se ubica dentro de la UGAT número DOL-078, la cual contempla una política ambiental de restauración ecológica.

En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Dolores Hidalgo, en su Opinión Técnica emitida el 23 de marzo de 2021, informó que el proyecto «Cerro del Gallo» es INCOMPATIBLE, debido a que se contrapone totalmente a la restauración ecológica, y solicita se analice el Impacto que éste proyecto tendría en las zonas de recarga pluvial y recomienda que se analice el impacto social, pues la sociedad civil y organizada se ha manifestado en contra del proyecto en repetidas ocasiones y de manera constante.

III. Blindaje del territorio
Con base en las opiniones técnicas incluidas en el documento resolutivo de la SEMARNAT, así como en base a la expresión popular manifestada el pasado 21 de noviembre en la Plaza Principal de rechazo al proyecto Cerro del Gallo y a la empresa Argonuat Gold, pero también

con base en el compromiso dado el pasado 17 de mayo por el candidato del Partido Acción Nacional, Adrian Hernández Alejandri, actual presidente municipal, a las comunidades directamente afectadas, exhortamos firmemente a las autoridades municipales a prohibir de manera definitiva el otorgamiento de permisos de uso de suelo para megaproyectos mineros, mediante un Acuerdo del Ayuntamiento para declarar al Territorio de Dolores Hidalgo como Libre de Minería, blindando al municipio, a sus bienes comunes naturales y a su gente, contra este tipo de proyectos depredadores, y que este sea el primer municipio de la Cuenca de la Independencia en blindarse.

IV. Cancelación de concesiones de agua para el proyecto Cerro del Gallo
Dado el deterioro ecológico de la región, y el abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, exhortamos a las instituciones de los tres niveles de gobierno, a impulsar y favorecer proyectos de restauración de los ecosistemas y de aprovechamiento sustentable del agua, para reactivar la economía rural en la región, con la participación de la población organizada de las comunidades campesinas.

Para ello es indispensable un cambio radical en la política de gestión del agua en todo el territorio, que no se siga favoreciendo de manera preferente a las grandes empresas de agro-exportación que continúan extrayendo grandes volúmenes de agua en esta región en la que el agua es insuficiente para el consumo humano de las comunidades; y que se revoquen las inmorales concesiones por un total de 1,440,000 metros cúbicos de agua al año, en favor de la empresa San Antón de las Minas SA de CV, filial de la canadiense Argonaut Gold.

Invitamos a todos los colectivos contrarios a la mina, al Movimiento Social, a CEDESA, a Guardianes de la Cuenca de la Independencia y a todos las personas concientes de esta amenaza, a que caminemos unidos en contra de este ipo de proyectos depredadores y por proyectos que favorezcan el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡FUERA ARGONAUT GOLD DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS EN LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA!

Imagen: ColectivoGCI

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Zacatecas: Afectados por minera de Carlos Slim en Mazapil sostienen que no dejarán solo al activista Roberto de la Rosa ante citatorio de un juez

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Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021

  • De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
  • El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
  • Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –

Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

Imagen: ANDRÉS SÁNCHEZ – La Jornada Zacatecas

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