Compartimos esta nota de La Jornada sobre la minería submarina – A 13 de septiembre del 2022
Ciudad de México. En la zona Clarion Clipperton, entre Hawai y México, se realizará una explotación minera submarina, por lo que Hidden Gem, la embarcación más grande del mundo dedicada específicamente a la extracción minera del fondo marino, prepara su primera operación desde el puerto de Manzanillo, advirtieron las organizaciones Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Recordaron que la semana pasada, la compañía minera The Metals Company (TMC), subsidiaria de Nauru Oceans Resources Incorporated (NORI), obtuvo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) el permiso para realizar la explotación minera exploratoria que consiste en un pilotaje de colecta de nódulos polimetálicos, es decir, rocas que contienen metales en esa región del océano Pacífico.
Este es “otro paso de la estrategia de TMC para abrirle camino a la minería en aguas profundas. La solicitud de NORI a la ISA de un contrato de explotación en julio de 2021 ha resultado en una carrera para finalizar y adoptar regulaciones mineras en julio de 2023, lo cual dejaría a los océanos del mundo expuestos a la destrucción causada por las actividades mineras a gran escala”, advirtieron.
Ornela Garelli, campañista de océanos de Greenpeace México, dijo que mientras “ya estamos lidiando con múltiples crisis que están erosionando la salud del océano, incluyendo su capacidad para actuar como un aliado crítico en la lucha contra el cambio climático”. Ahora “en lugar de proteger el océano como patrimonio común de la humanidad, lo está entregando a intereses corporativos como TMC, que a pesar de estar registrada en la Comisión de Valores y Bolsa han demostrado un desprecio despiadado por el impacto irreversible que esta industria supone para los servicios que proporcionan los océanos”.
Durante las negociaciones ante la ISA, la delegación de México se ha mostrado dispuesta a avanzar hacia la aprobación del Código Minero, aunque se ha mostrado cautelosa al reconocer la importancia de contar con información científica suficiente que respalde la compensación o indemnización que debe hacerse al medio ambiente marino en caso de que la actividad minera comience.
“México debe asumir un papel de liderazgo para prohibir la minería oceánica en aguas internacionales y formar un frente común junto con los países de América Latina y el Caribe para exigir que se prohíban definitivamente este tipo de prácticas destructivas que pueden causar daños permanentes”, dijo Alex Olivera, científico principal y representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
Las organizaciones señalaron que un informe reciente del New York Times “muestra que TMC, uno de los más fervientes defensores de la minería oceánica y sus predecesores, cultivó una relación de 15 años con la ISA, la cual ha aprovechado para obtener una ventaja competitiva en sus ambiciones extractivas. Esto presumiblemente incluye un acceso preferencial a la información que le permitió ganar el control de algunas de las extensiones más valiosas del fondo marino para la posterior explotación minera”.
Agregaron que “también tuvieron un acceso sin precedentes a los delegados internacionales mientras se debatían los puntos del orden del día, incluida la petición de la empresa de que la autoridad aprobara un plan para probar el equipo minero. La ISA ha asignado aproximadamente 200 mil millas cuadradas de fondo marino -más grande que el tamaño de California- a los países en desarrollo para realizar trabajos de exploración en zonas reservadas, y casi la mitad de ese espacio está ahora bajo el control efectivo de TMC”.
Imagen: Activistas de Greenpeace desplegaron una pancarta en contra de la “minería del mar profundo” en el barco minero ‘Hidden Gem’, en el puerto de Waslhaven en Rotterdam, Holanda, el año pasado. Foto tomada de greenpeacemexico via La Jornada
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el litio en México – A 13 de septiembre del 2022
La falsa solución a la crisis energética del capitalismo se encamina a la profundización del Modelo Extractivo, cargando, como siempre, los costos de despojo, desigualdad y destrucción de la supuesta transición a una “economía de energía verde y limpia” a los territorios y pueblos donde se encuentran el litio y los minerales estratégicos que lo acompañan (cobalto, niquel, grafito, aluminio, hierro, fósforo, cobre entre otros); así como a la profundización de una crisis hídrica que desde hace años ya azota a este país.
Los hidrocarburos ahora serán reemplazados por la minería y, en especial, por el litio principalmente para la fabricación de baterías para “vehículos sustentables”. El control por este mineral modifica el mapa geopolítico para las naciones y las trasnacionales que dominan el mercado y la tecnología que requieren de este mineral. China, EU y los Estados miembros de la UE están imponiendo un falso discurso de preocupación global por el calentamiento global, y bajo la lógica de una necesidad de reducción de CO2, imponen un nuevo modelo de “mercado verde” que sigue despojando territorios y apropiándose de la vida de los pueblos para alimentar la voracidad de las empresas y del gran capital, bajo el puro estilo y lógica perversa colonialista.
Lejos de contrarrestar este Modelo Extractivo y buscar verdaderas soluciones virando hacia otros paradigmas de energía y estrategias al combate del Calentamiento Global, el gobierno mexicano pretende posicionarse en el control de la llave que abre las puertas del territorio a la explotación intensiva del litio en México, en el marco de controlar las ganancias que conllevará, ya que las consecuencias sociales y ambientales serán igual independientemente de la empresa que explote intensivamente este mineral.
Para ello, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) que será coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), dirigido por el hijo del actual Superdelegado del gobierno federal en Sonora, una vez que termine sus estudios, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía auténtica, operativa y de gestión. Según la Sener: “El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.
El discurso de la “utilidad pública del litio”, el “interés y la seguridad nacional”, serán la clave para la persecución, criminalización, judicialización o estigmatización de quienes defiendan el territorio, los derechos colectivos de los pueblos, para quien se oponga a la explotación del litio a lo largo del territorio nacional.
Aunque el gobierno está lejos de tener una idea real de los yacimientos de litio en el país, más allá del proyecto de Sonora Lithium que sigue en manos de la empresa china Ganfeng, el gobierno federal ve ahora en este mineral el reemplazo del ingreso de divisas petroleras toda vez que el litio, entre 2014 y 2018, su precio se disparó hasta en un 156%, desde los 7 mil dólares hasta llegar al máximo histórico de los 17 mil dólares. La fiebre de la prospección, exploración y explotación del litio en México pondrá bajo amenaza a los pueblos y territorios en el país, que serán estigmatizados de ir en contra del desarrollo “verde”, del interés nacional y de atentar contra la paz y la seguridad del país.
Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita cuerpos de élite y fuerzas de seguridad especializada que le ayuden a imponer estos proyectos, por lo que es alarmante el nombramiento recientemente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el Coordinador de LitioMx donde estará ubicada la sede de la paraestatal, y quien en 2020 fuera el encargado de la creación de la policía minera con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas del sector, mientras era titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana del 2018 al 2020.
En aquel momento, toda la primera generación de 118 efectivos de policía minera fue desplegada a la mina de oro Herradura de la empresa Fresnillo plc en Sonora, una de las entidades donde las afectaciones sociales y ambientales han causado mayores conflictos mineros.
Tal es el caso de los justos reclamos de los pobladores del Ejido El Bajío para la implementación de 67 sentencias agrarias favorables quedeclararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras delos ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial deFresnillo plc). Estas sentencias dictadas en 2014 ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido y regresar todo el oro extraído de manera ilegal del ejido.Sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como asesinatos, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada, además han denunciado el hostigamiento constante por parte de la policía federal, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, actual cónsul de México en Barcelona, además de la misma policía minera.
Así también sigue en impunidad el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea del Grupo México que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dejando sin agua limpia a miles y lo cual sigue generando fuertes daños a la salud de las comunidades afectadas a lo largo de los cuerpos de agua afectados.
Es así que el fervor actual por el litio en el país y el nombramiento de este personaje totalmente aliado de las empresas mineras nos deja claro que la política de la 4T va encaminada a seguir favoreciendo el avance de la minería en México, y con ello la violación a los derechos de los pueblos y el despojo de sus territorios dando continuidad al modelo extractivo de muerte.
POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos este comunicado del Frente Popular en Defensa del Sonocusco 20 de junio – A 5 de septiembre del 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<
El 03 de septiembre se celebró en Acacoyagua, Chiapas el “Foro por la Defensa de los Ríos y la Madre Tierra” con el objetivo de hacer pública la entrega del acta de sesión de cabildo abierto “Acacoyagua Libre de Minería” y visibilizar los riesgos a la salud, al medio ambiente, a la alimentación y a la paz que provocan los proyectos extractivos en la región.
La Regidora Rubí Antonio, en representación del presidente Municipal Ismael Díaz Bravo, expresó que la decisión se llevó a cabo en sesión de cabildo abierto, lo cual representa la firme decisión del H. Ayuntamiento de no otorgar ningún permiso municipal para la actividad minera. El acta fue entregada en presencia de representantes de ejidos, bienes comunales, barrios y de rancherías del municipio, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos de la región Costa de Chiapas. Es la tercera vez que el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) solicitamos y logramos incidir en que el Ayuntamiento declare su compromiso de no otorgar permiso de uso de suelo a las empresas mineras u otras alrededor de la minería.
La defensa de los ríos y arroyos de Madre Vieja, Cacaluta, Zapatero 1, Zapatero 2, Pital, Jalapa, Zampapalo, Río Grande, Cangrejo, Cintalapa, Jalapa, Cresta de Gallo y Chicol son el motivo principal de nuestra resistencia a los proyectos mineros y extractivos que amenazan al municipio de Acacoyagua; por lo que pronunciamos nuestra preocupación por el “Corredor Transístmico” proyectado en la parte de la región Costa de Chiapas para generar polos logísticos y de comercio que beneficiarían zonas industriales y para las cuales se planean proyectos energéticos, como el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala, infraestructura para carreteras y tren, explotación de bienes naturales para materia prima;así como explotación de mano de obra. Nos preocupa que al llegar estos proyectos a nuestra región la militarización se acentúe y se vuelvan más violentos nuestros territorios.
En está ocasión fue para nosotras y nosotros muy grato recibir la presencia de Juan Pérez y Crescencia López, padre y madre de nuestro querido compañero de lucha “Simón Pedro”, asesinado en 2021; también de José Luis Abarca, hijo y representantes del Premio por la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”. Agradecemos su participación y refrendamos nuestro compromiso por la paz, por los territorios libres de violencia, por la dignidad y la justicia.
Para más información: Transmisión en vivo por Facebook en @frentesoconusco
¡Ríos y pueblos libres de proyectos extractivos! ¡Vida sí, mina no! ¡Acacoyagua, libre de minería!
Atentamente. Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) Otros Mundos A.C. Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA/ Chiapas
Organizaciones testigas de la “Declaratoria de Territorio Libre de Minería” Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” A.C. Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” A.C. Las Abejas de Acteal La Voz del Pueblo “Premio por la Defensa Ambiental Mariano Abarca”
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el reciente desatre minero en México en donde 11 mineros quedaron atrapados en una mina de carbón en Coahuila -A 5 de agosto del 2021
El colapso de una mina de carbón el pasado 3 de agosto en Las Conchas Sabinas en el Estado de Coahuila es uno más de los múltiples desastres previsibles, que no accidentes, como suelen llamarlo las autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas terribles tragedias son resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad en la que operan las empresas mineras en la zona carbonífera de Coahuila con la complicidad del gobierno de la 4T y gobiernos anteriores, que han hecho oídos sordos a las advertencias que por 16 años lleva gritando la organización Familia Pasta de Conchos.
Nuevamente, el Gobierno (en todos sus niveles) que, por omisión, permitió la explotación laboral, las condiciones laborales esclavizantes, la dañina insalubridad y la devastación ambiental en las minas de Sabinas; se convirtió en un criminal cómplice de aquellos empresarios que dieron la orden a los mineros de bajar al interior de la mina para seguir extrayendo Carbón, pese a que existían claras evidencias de que la mina se podía inundar porque la excavación presentaba infiltraciones de agua ya que los trabajadores estaban maniobrando muy cerca de un cuerpo de agua.
Una muestra de la impunidad imperante es que no obstante que desde la tragedia de Pasta de Conchos hasta la fecha han sucedido decenas y decenas de accidentes y muertes en las minas de México; no hay un solo responsable tras las rejas.
Mientras los trabajadores son explotados brutalmente por las compañías mineras para obtener millonarias ganancias, los gobiernos (en especial el Federal) se asocian con las compañías mineras para que la CFE, dirigido por Manuel Bartlett, tenga carbón manchado de sudor y sangre.
Hoy en México no hay quien rescate a los trabajadores del modelo minero extractivista y depredador que en cínica complicidad con el Gobierno de la 4T y las criminales compañías mineras fomentan y potencian la devastación y la muerte.
Las y los integrantes de la REMA enviamos un abrazo solidario y fraterno a los familiares de los 10 trabajadores mineros que lamentablemente se encuentran atrapados en mina de carbón el Pinabete ubicada en la Comunidad de Las Conchas Sabinas Estado de Coahuila; deseamos de todo corazón que sus familiares pronto sean rescatados sanos y salvos; al mismo tiempo esperamos que los mineros que lograron escapar del colapso e inundación del pozo de la mina recuperen muy pronto su salud. Así mismo exigimos justicia para todas las familias de los mineros muertos en Coahuila y castigo a las mineras asesinas responsables.
¡NO A LA MINERÍA!
¡SÍ A LA VIDA!
¡ALTO A LA IMPUNIDAD DE LAS MINERAS!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería REMA
Imagen: Colapsa mina en Coahuila; reportan al menos 7 atrapados / Foto: Guardia Nacional
Compartimos esta nota de Infobae sobre la reciente tragedia minera en México- A 3 de agosto del 2021
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la STPS, a la CNPC y al Ejército arribar al lugar para las labores de rescate: “Esperamos encontrarlos a salvo”, escribió
3 de Agosto de 2022
Elementos de emergencia y familiares de los mineros esperan en la zona (Foto: GN)
Al menos nueve mineros quedaron atrapados este miércoles dentro de un pozo de carbón conocido como “Las Conchas”, ubicado en la comunidad Las Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila.
De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 13:30 horas los trabajadores se encontraron con un río subterráneo mientras cavaban, lo que ocasionó que el pozo se inundara. Y es que el pozo está ubicada a pocos metros del Río Sabinas del cual al parecer se filtró el agua.
Fue uno de los mineros que laboraban en la zona del percance, el que dio a conocer lo sucedido después de que consiguiera salir sano y salvo por una escapatoria que cruzaba una mina vieja.
Al lugar ya arribaron brigadistas, así como elementos del Ejército y familiares de los trabajadores.
Elemento de emergencia y familiares de los trabajadores permanecen en el lugar (Foto: Twitter/CamachoCesarC)
El trabajador fue llevado de emergencia a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nueva Rosita, para recibir atención médica.
Cabe mencionar que, el pozo cuenta con casi 60 metros de profundidad y el agua alcanza al menos los 30 metros de altura, por lo que se desconoce el estado de salud de los demás trabajadores.
Al momento solo se han confirmado la identidad de siete de los posibles mineros:
A las 16:38 horas, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó a través de su cuenta de Twitter que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, su titular Laura Velázquez Alzúa, se dirige a la comunidad Las Agujitas para supervisar las acciones de rescate de los mineros.
Por su parte, a las 17:26 horas el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, lamentó la noticia en su cuenta de Twitter, donde aseguró que atenderá el rescate de los mineros.
Entrada al pozo “Las Conchas” (Foto: Twitter)
“He dado instrucciones al secretario de gobierno, a la secretaria del trabajo y le he pedido al fiscal su presencia de manera inmediata priorizando el rescate de las personas atrapadas y posteriormente dar fe de los hechos […] En el lugar ya se encuentran autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estaré atento y dando apoyo para el rescate de los mineros”
Finalmente, señaló que en el transcurso de la tarde, de manera coordinada con el gobierno federal, se ampliará la información.
A las 17:38 horas, el presidente López Obrador confirmó en la misma plataforma digital el número de victimas y confirmó que en el lugar ya se encuentran 92 elementos de la Secretaría de Defensa (Sedena) aplicando el Plan DN-III.
(Foto: Twitter)
“De último momento, me informa el subsecretario de la Defensa Nacional, general Agustín Radilla, que ya se aplica el plan DN-III y están en el lugar 92 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con especialistas y cuatro binomios caninos”
“Esperemos encontrarlos a salvo”, agregó AMLO.
Cabe recordar que apenas hace un año ocurrió un incidente similar en una mina del poblado Rancherías, donde siete perdieron la vida a causa de una inundación.
Imagen: Elementos de emergencia y familiares de los mineros esperan en la zona (Foto: GN) Vía Infobae
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el Encuentro Experiencias sobre la minería en México donde participamos junto con más integrantes de la REMA en territorio Zoque – A 18 de julio del 2022
Texto y fotos: Mikeas Sánchez
Con un ritual zoque y ofrendas a San Francisco de Asís, a la virgen María y al dueño del cerro Atzyiki, dio inicio el Encuentro “Experiencias sobre la minería en México”, realizado el 9 de julio en la Ribera Buenos Aires, municipio de Chapultenango, Chiapas. Ante un altar ataviado de flores endémicas de las tierras húmedas, así como de frutas, verduras y aves de corral, el mayordomo zoque agradeció por el agua y los alimentos que, generosamente brinda la tierra y pidió protección para el territorio zoque, amenazado por la minería.
Durante el encuentro participaron integrantes de la REMA (Red Mexicana de afectadas/dos por la Minería) y de comunidades del ejido Chapultenango y de Francisco León. Éste importante intercambio de experiencias se llevó a cabo entre organizaciones provenientes de los estados de Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Chiapas. La REMA surgió en el año 2008 a través de un proceso de organización que se denominó Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas, quienes a lo largo de estos años han realizado diversas actividades en todo el país; desde intercambios de experiencia, marchas, foros, hasta detener algunas mineras.
La idea de realizar un encuentro sobre minería en la Ribera Buenas Aires, una pequeña comunidad enclavada entre montañas y territorios hídricos que, nutren los caudales del río Grijalva, fue con la intención de reforzar la lucha que por más de 50 años están enfrentado los habitantes de esa comunidad en contra de la minería. El principal objetivo delencuentro fue reconocer que ciertamente la mina se instala en un determinado ejido, pero se contamina todo el territorio y los daños son incuantificables e irreversibles, porque ¿quién podría revivir un río?
La única fuerza aquí es el pueblo: encuentro “experiencias sobre la minería en México”. Foto: Mikeas Sánchez
A continuación, algunos fragmentos de las intervenciones de los participantes:
Queremos terminar con ese discurso de que la minería es segura, existen casos en donde la minera arrasa con los pueblos, evidenciar el vergonzoso discurso que traen las empresas sobre la minería verde. Es totalmente falso, no hay minería verde. Por ejemplo, del Río Balsas se dice que es minería sustentable, pero todos los lixiviados desembocaron en el río y los peces se murieron y ya no podemos tomar el agua. Bios Iguana/RIZOMA, Puebla.
Una de las primeras veces que llegamos a Carrizalillo, nos dijeron que no nos laváramos los dientes o manos con el agua de la comunidad. Tienen que comprar bidones de agua para usar. La empresa no les otorga ese servicio, por lo cual la empresa no absorbe el gasto. En esta región no existe agua limpia. –Otros mundos, Chiapas–
25 ejidos del territorio zoque se encuentran amenazados en cuanto a la presencia de concesiones mineras vigentes que, representan 12 mil hectáreas. Es necesario que los ejidos de la región se organicen, porque las mineras normalmente no terminan operando en todo el territorio, y a veces sólo les basta con una pequeña zona para ir comenzando y desde ahí avanzando hacia otras regiones. –Geocomunes–
La única fuerza aquí es el pueblo: encuentro “experiencias sobre la minería en México”. Foto: Mikeas Sánchez
Tenemos que estar convencidos que estas tierras fueron ganadas con la sangre de nuestros abuelos y abuelas y tenemos que dejar algo digno para las generaciones futuras. Tenemos que interiorizar estos temas en nosotros mismos, y convencernos y empezar a difundir estos temas en otras comunidades. Si nosotros decidimos tenemos el derecho agrario que nos ampara para decidir que realizar en nuestro territorio. –Bios Iguana/RIZOMA, Puebla–
En nuestro territorio, que se llama La Libertad y el nombre de la mina se llama Cristina. Anteriormente la gente iba al río y sacaba peces para autoconsumo, con la contaminación y los desechos empezó a desaparecer la fauna acuática. El río quedó deshabitado, hubo muchas enfermedades que aparecieron en nuestra región, como cáncer, aborto de animales, personas ciegas, las consecuencias de la minería son fatales. –Frente Popular en Defensa del Soconusco–
El 7 de octubre en 2018, se presentó una lluvia atípica, su pileta de agua se llenó, se derramaron más de 1 millón de litros de lodos en el arroyo Coyote que pasa por 6 comunidades, antes de unirse al río Atoyac. Al siguiente día el arroyo olía mal y empezaron a aparecer peces muertos, durante muchos meses las comunidades terminaron comprando agua purificada para su uso, pero eso es incosteable, al final las personas terminaron volviendo a tomar agua del arroyo. Se presentaron enfermedades en la piel de las personas, como escamas, debido al polvo de contaminación que existe por la mina. -Articulación por la vida en contra de la Minería en el Valle de Ocotlán, Oaxaca–
Las mujeres tuvieron mucha participación, fueron quienes principalmente no quisieron que la minera entrara. Las mujeres empezaron a llamar a los comuneros para que no vendieran o aceptarán las concesiones de la minería. -Comité Ixtepecano, Oaxaca–
Al finalizar el encuentro, los visitantes agradecieron la hospitalidad de los pobladores y pidieron a los niños y jóvenes asistentes que se mantuvieran fuertes en la lucha, tal como lo han hecho sus padres y abuelos a largo de 50 años de resistencia. Por su parte, los defensores de la Ribera Buenos Aires pidieron a la REMA ser integrados a su red, con lo cual se suman al esfuerzo que se realiza en todo México para prevenir y combatir la destrucción que deja la minería. La única fuerza aquí es el pueblo, concluyeron.
La única fuerza aquí es el pueblo: encuentro “experiencias sobre la minería en México”. Foto: Mikeas Sánchez
Presentación del Informe Global de la Coalición contra la Pandemia Minera
Cuándo: Viernes, 10 de junio de 2022, a las 7:00 am (Tegucigalpa/Guatemala) | 8:00 am (Ciudad de México/Panamá/Bogotá/Lima) | 9:00 am (Bolivia/Santiago)
Con interpretación simultánea a español / inglés / francés
Más de dos años después de que la OMS declarara la pandemia global de COVID-19, comunidades de todo el mundo siguen enfrentándose a los efectos combinados del extractivismo y el virus.
El viernes 10 de junio de 2022, a las 7:00am (Tegucigalpa/Guatemala) | 8:00am (Ciudad de México/Panamá/Bogotá/Lima) | 9:00am (Bolivia/Santiago) , acompáñanos en la presentación de los informes que documentan estos impactos y destacan cómo comunidades afectadas por la minería continúan proponiendo modelos para una recuperación verdaderamente justa, tanto de la pandemia de la minería como de la de COVID-19.
Los coordinadores de los comités de investigación de la Coalición en África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte participarán en una mesa redonda sobre el proceso de investigación, algunas de las principales dinámicas que han documentado y algunas de las acciones de solidaridad que organizan las comunidades afectadas en primera línea.
La Coalición contra la Pandemia Minera trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos mineros relacionados con la pandemia de COVID-19. Trabajamos en coalición, basándonos en el consenso y llevando a cabo una investigación colectiva y activismo en la intersección entre el extractivismo minero y la pandemia de COVID-19.
Acerca de este informe Este informe se basa en estudios de caso realizados en nueve países de América Latina: México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Para la realización de este informe se contó con la participación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de algunos miembros de la coalición y contribuciones de diversas organizaciones en cada uno de los 9 países. Se realizaron entrevistas con organizaciones locales y nacionales, personas de comunidades afectadas, sesiones internas e investigación de escritorio.
Contribuciones Argentina: Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría-Chacay Oeste, Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina de Esquel y Asamblea en defensa del territorio de Puerto Madryn Brasil: Movimiento de Afectados/das por Represas (MAB) Chile: Coordinadora Putaendo Resiste Colombia: Fuerza de Mujeres Wayuú (Jakeline Romero Epiayu) Ecuador: Pueblo Shuar Arutam (PSHA), Amazon Watch, Lluviacomunicación y Witness Honduras: Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Juan Antonio López) México: Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA); Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de junio’, Chiapas; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Comunidades Unidas de Zimapán y la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTYBE) de Epazoyucan, Hidalgo; Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán, Oaxaca; Ejido El Bajío, Sonora Panamá: Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC) Perú: Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) (Vito Yuganson Calderón Villanueva), Asociación de Mujeres defensoras del Territorio y la Cultura K ́ana (Elsa Merma Ccahua)
Compilación del Informe Leny Olivera Rojas, TerraJusta Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Comité Regional de la Coalición contra la Pandemia Minera Aldo Orellana López & Leny Olivera Rojas, TerraJusta Ennedith López & Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Jamie Kneen & Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva
Revisión del informe Aldo Orellana López, TerraJusta Ennedith López, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá
Traducción del español al inglés Thomas Mc Donagh
Corrección de Estilo Adriana Montes Sánchez (Español) Maddy Ryle (Inglés
Resumen ejecutivo
Dos años después de la pandemia mundial a causa del COVID-19, las comunidades afectadas por proyectos mineros, en gran parte de América Latina, han estado viviendo múltiples crisis cada vez más profundas y una aceleración de la violencia, vinculada con la extracción de recursos.
La industria minera ha recibido el apoyo directo e indirecto de los gobiernos, para mantener e incluso ampliar sus operaciones, mientras que las comunidades deben asumir, de manera simultánea, las limitaciones sociales, y los impactos sanitarios y económicos, como consecuencia del virus; así como la militarización, violencia y los daños ambientales directos, que genera la minería en sus territorios. Sin embargo, incluso frente a amenazas graves, las y los defensores del ambiente y del territorio persisten. De hecho, la defensa de la tierra de las comunidades y la ayuda mutua, han sido fundamentales para mantener a las personas lo más seguras posible durante este tiempo de crisis y para reforzar la importancia de proteger el agua, la soberanía alimentaria y el autogobierno.
Las relaciones asimétricas de poder económico y político, entre las empresas mineras y las comunidades locales, que son a la vez racistas, patriarcales, coloniales e imperialistas, se han profundizado durante la pandemia. La pandemia ha ejercido nuevas presiones sobre las comunidades afectadas por los proyectos mineros y, al mismo tiempo, ha creado oportunidades para que las empresas mineras y los gobiernos, continúen violando sus derechos. Esto ha puesto a las comunidades, muchas de ellas comunidades indígenas, en mayor riesgo de sufrir daños graves a largo plazo, para que un pequeño puñado de inver – sores adinerados pueda enriquecerse aún más.
El resultado de la pandemia, desde la perspectiva de las personas afectadas por la minería, parece estar hecho a la medida de los intereses de las empresas mineras. En general, las empresas mineras han podido aprovechar la pandemia como una ventana de oportunidad para impulsar proyectos a los que se oponen las comunidades locales. Las actividades mineras solo tuvieron breves pausas en sus operaciones y en cambio, fueron rápidamente declaradas esenciales para la reactivación económica, y se les permitió continuar operando; lo que generó un incremento progresivo en sus ganancias, a medida que se disparaba el precio de los metales.
En una serie de casos, también encontramos que las empresas utilizaron su influencia política e incluso la amenaza de demandas de arbitraje, para argumentar que la extracción de recursos es necesaria o inevitable para la reactivación económica posterior al COVID-19, lo que implica dividir a las comunidades y marginar a los defensores de la tierra que se oponen a estas narrativas. La llamada transición energética solo sirvió como una justificación más para sostener o expandir las actividades mineras. Varios estados cómplices, sin necesidad de mucha presión de parte de las empresas, desregularon aún más éstas actividades y/o crearon planes para estimular su crecimiento, mientras que los daños existentes en territorios y población, siguen en la impunidad.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida en el Ejido El Bajio en Sonora ante la devastación minera – A 20 de mayo del 2022
El día de ayer, miembros del Ejido El Bajío junto con organizaciones aliadas de Londres, presentaron una carta ante la Embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.1 En ella, El Bajío exige la ejecución de las 67 sentencias agrarias a favor del ejido, en su lucha contra la mina de oro Soledad-Dipolos propiedad de la empresa minera PENMONT que operó en su territorio de forma ilegal por más de diez años. Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), nos sumamos a las exigencias del ejido El Bajío para que se cumpla el estado de derecho y se llegue a la justicia y rendición de cuentas ante una de las empresas mineras más poderosas de México.
La empresa PENMONT pertenece al conglomerado de empresas de Fresnillo PLC, la cual, es propiedad en un 75% de Industrias Peñoles cuyo dueño es la familia Baillères. Fresnillo PLC celebró este 17 de mayo su reunión anual de accionistas en Londres, lugar en donde cotiza dentro de la bolsa de valores desde el 2008. Una delegación de ejidatarios del ejido El Bajío, logró entrar a dicha reunión y presentar una serie de demandas y exigencias, que en ningún momento la empresa ha admitido frente a sus accionistas, tal como se evidencia en sus propios informes.
Las demandas y exigencias del ejido se centraron en recalcar la secrecía de la empresa ante sus accionistas sobre las 67 demandas interpuestas por el ejido en el 2013 y las cuales cuentan con sentencias firmes desde el 2014 emitidas por el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. En las sentencias se ordena a la empresa a: abandonar la mina Soledad-Dipolos ubicada dentro del territorio del cual es propietario el ejido El Bajío; devolver al ejido todo el oro extraído durante la ocupación ilegal de las tierras; pagar las rentas a los ejidatarios por la ocupación ilícita de sus tierras; restituir las tierras a su estado natural y remediar el daño al medioambiente descontaminando las tierras afectadas. Asimismo, hay una nueva sentencia dictada en enero de 2022, por el mismo tribunal que declara nulo un título de propiedad otorgado a la Minera PENMONT por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), condenando “a la parte demandada al respeto irrestricto de la propiedad social del ejido El Bajío y se le solicita, que en un futuro se abstenga de realizar actos que perturben la posesión jurídica y material que el ejido mantiene dentro del territorio”, tal como el ejido le relata en su carta a la embajadora de México entregada el día 19 de mayo.2
Desde la emisión de las sentencias del 2014, el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de PENMONT. El punto máximo de la violencia ha sido el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz (y la desaparición de su cuerpo), la desaparición de Noemí López Gutiérrez en el 2018, y el asesinato de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en abril de 2021, quienes además de ser asesinados fueron usados como amenazas, al dejar un cartel con el nombre de trece ejidatarios sobre sus cuerpos.
En su carta a la embajadora, el ejido solicita que “usted, como nuestra representante y defensora del medio ambiente, cuente con esta información y pueda generar acciones que conlleven al cumplimiento de la justicia, a la conservación de nuestro medio ambiente y a la defensa de la vida de todas y todos los mexicanos en nuestro país.” Sin embargo, una relación familiar de la diplomática con un alto ejecutivo de la empresa Fresnillo PLC pone en duda la posibilidad de una respuesta consecuente.
Influencia minera en la embajada de México en el Reino Unido
La Mtra. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena fue nombrada como Embajadora de México en el Reino Unido el 23 de abril de 2021, es hija del ahora fallecido, Patrocinio González Garrido, ex gobernador de Chiapas y ex secretario de Gobernación bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Inexplicablemente, ocupó de forma efímera el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre del 2018 a mayo del 2019.3
Consideramos que este cargo fue ocupado de forma inexplicable, ya que la ahora embajadora, tiene relaciones familiares en los sectores energéticos, turísticos y mineros del país, mostrando un claro conflicto de intereses, tal como tenía en torno a decisiones importantes con respecto al Tren Maya, cuando fue cuestionada por su relación familiar con David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.4 En el sector minero, destaca que uno de los primos hermanos de la embajadora, es Carlos Ortiz Mena, abogado de Fresnillo PLC desde 2001 y quien logró la incorporación de la empresa en la bolsa de valores de Londres, en 2008; año desde el que dirige la sección jurídica de toda la misma. Es decir, Carlos Ortiz Mena es quien dirige a su equipo frente las sentencias que ha logrado el ejido El Bajío y, en consecuencia, quien decide lo que se informa a sus accionistas al respecto.
Ante la evidente relación y conflicto de interés existente entre la Embajadora y su primo el Lic. Carlos Ortiz Mena, REMA exige a la embajadora que responda como le corresponde, defender los intereses de las y los mexicanos y no de su primo hermano. Específicamente, exigimos que atienda las demandas y exigencias del ejido El Bajío ayudando a visibilizar la grave situación de violencia que esta empresa ejerce contra la población del ejido, misma que actúa en total impunidad con el gobierno mexicano.
Otros diplomáticos mexicanos con fuerte influencia minera
Para concluir, queremos decir que la 4T, realmente se ha esmerado en colocar en cargos diplomáticos a verdaderos creyentes y promoventes mineros mexicanos en el extranjero, ya que la ex Secretaria de Medio Ambiente no es el único caso en esta administración.
Está también el reciente nombramiento de la ex Gobernadora de Sonora, la Lic. Claudia Pavlovich Arellano como Cónsul de México en Barcelona, cuyo tío, Rafael Pavlovich Durazo, fue uno de los principales operadores de la misma operación minera dentro del ejido El Bajío desde el 2015 al 2018. Pavlovich Durazo es causante del inicio de las primeras manifestaciones de criminalización y violencia en contra del ejido. Vale mencionar que el mismo día de ayer una representante de las más de 120 familias de las niñas y niños de la guardería ABC de Hermosillo estuvo en España para exigir la destitución de la ex gobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul mediante una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ayuntamiento de Barcelona, por haber encubierto a los responsables del incendio en el que murieron 49 niños y muchos más sufrieron daños irreversibles.5
De la misma manera la 4T premió al ex Subsecretario de Minas Francisco Quiroga nombrándolo como Embajador de México en Alemania. Antes de llegar a la política con la inauguración de la administración de López Obrador, el Sr. Quiroga fue empresario en la industria del acero y trabajaba con varias empresas, entre ellas el Grupo Villacero y ArcelorMittal.6 Ahora, llama la atención que representa los intereses de México en uno de los países más dominantes en el sector automotriz y una de las principales potencias en la industria del acero.
En REMA tenemos una larga historia de aprendizajes que nos hacen cuestionar la objetividad del cuerpo diplomático, no sólo de México, sino de varias naciones. En el caso de la embajada canadiense, por ejemplo, a quien hemos denunciado durante años por su constante apoyo a las empresas mineras canadienses en México, frente el caso del asesinato de Mariano Abarca, uno de los fundadores de REMA, por lo cual exigimos una investigación en Canadá.7 Esta embajada hizo trabajo diplomático e injerencista al servicio de los intereses de la empresa Blackfire en Chicomuselo, Chiapas, aun conociendo los riesgos que corría la vida de Mariano durante las semanas y meses antes de su asesinato ocurrido en noviembre del 2009. Por esto, y por los obvios problemas de conflicto de interés, cuestionamos la abierta participación de empresarios y personas vinculadas a empresarios en puestos diplomáticos.
La representación de nuestro país en manos de estas/os dudosas/os personajes, lo único que logra es la reproducción del modelo extractivo minero que estamos padeciendo las comunidades, mismo que ha generado tanta destrucción y pérdida de vidas en las comunidades y los territorios, tal como ahora lo demuestra con tanta claridad la situación en que se encuentra el ejido El Bajío, en Sonora.
¡Basta de la diplomacia minera mexicana!
¡Justicia y rendición de cuentas para el ejido El Bajío!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Imagen: Ejido El Bajio protestas frente a Palacio Nacional – enero 2022 – El bajio
Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
>>Informe aquí abajo<<
Informe REMA: La Lucha por lo Esencial
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 entidades de la República.
Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando. Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.
A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3
Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.
La minería no es una salida a la crisis, es su profundización
¡Territorios libres de minería! Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Informe: La lucha por lo esencial
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Protesta El Bajio en CDMX
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), http://www.remamx.org/ Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos. Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez. Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/ Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe. Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas. Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/. Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva, https://www.salvalaselva.org/ México, Mayo 202
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los dos amparos ganados en la lucha contra la minería y por la vida en Colima – A 11 de mayo del 2022
La Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima, hace unos días volvió a atinar un duro golpe al modelo extractivo minero, al ganar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Colima, y dejar sin efecto dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía había otorgado (una de ellas desde 1995) para la extracción de minerales dentro de su territorio.
La lucha de Zacualpan comenzó en 2013 cuando el empresario minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez, de la empresa Gabfer, S.A. de C.V. y la entonces Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, se acercaron a la Comunidad de Zacualpan, uno a comprar y la otra a presionar, al comisariado comunal representado por Carlos Guzmán Teodoro con el fin de que él convenciera a los comuneros para que otorgaran el permiso para la explotación de oro, plata y manganeso de los lotes Heliotropo y Tigrilla con número de concesión 201872 y 227572. La oferta era de 15 a 17 mil pesos por voto y la promesa de poner una farmacia en la Comunidad.
Nunca pensaron que esa comunidad indígena les fuera a dar tantos dolores de cabeza y que tantas/os funcionarios iban a ver afectados sus intereses y algunas/os otras/otros iban a ser incluso destituidos de su cargo. En 2013 se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y, por esta organización, fue que en 2014 el primer funcionario cayó. Se trató de de Carlos Guzmán Teodoro, que fue destituido por la fuerza de la Asamblea Comunal, autoridad máxima, que nombró un nuevo comisariado y que por primera vez en la historia de Zacualpan contaba con dos mujeres, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Arandas, secretaria y tesorera respectivamente. En esa misma Asamblea se decidió declarar a Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”.
Ante esto, el gobierno del estado de Colima se negó a reconocer al nuevo comisariado. La Comunidad, en respuesta, paró las bombas de agua que distribuyen agua a Colima y Villa de Álvarez. Esto era una acción también simbólica, pues se sabía que el manantial que Zacualpan había cuidado por generaciones, sería uno de los primeros en contaminarse con la operación de una mina. Rogelio Rueda, en ese momento Secretario de Gobierno, reprimió de manera brutal a las y los indígenas que se encontraban exigiendo ser atendidas/os. Con más de 200 granaderos y una tanqueta obligó, violentamente, al contingente a retirarse del sitio. Esto sería la causa de que el funcionario perdiera su candidatura a gobernador, más adelante.
Por otro lado, Díaz Rivera, la Delegada de la Procuraduría Agraria, asesoró a Carlos Guzmán para que interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, juicio que resolvió el Magistrado Antonio Luis Betancourt, el 3 de julio de 2014. No sólo no le dio el triunfo a Carlos Guzmán reconociendo al nuevo comisariado sino que, por primera vez en México, se reconocía a un Territorio Libre de Minería por un Tribunal Agrario. Esto, por supuesto también le costó a este Magistrado su destitución y por muchos años ese Distrito estuvo sin nombramiento.
Por su lado, Díaz Rivera insistía en que el nuevo comisariado no era legítimo y su soberbia la llevó a extralimitarse en sus funciones y comenzó a cometer incontables violaciones a los derechos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, llegando al extremo de usar un helicóptero del gobierno del Estado para poder llegar a la Comunidad y realizar una Asamblea en 9 minutos, donde pretendía destituir al nuevo comisariado ya ratificado por el Tribunal Unitario Agrario.
Este cúmulo de acciones violentas e ilegales contra la comunidad indígena de Zacualpan llevaron a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y a Bios Iguana A.C., que habían estado apoyando desde un principio a la Comunidad Indígena, a organizar una Misión de Observación donde participaron más de 20 organizaciones nacionales e internacionales en marzo de 2015, unos días después de que la principal líder indígena de Zacualpan, la muy querida Epitacia Zamora Teodoro, muriera a causa de presiones y amenazas que agravaron su salud. En esos meses fueron interpuestas denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria en contra de María Elena Díaz Rivera por intimidación y abuso de autoridad.
La REMA, en ese mismo mes de marzo de 2015, junto con otras organizaciones nacionales y como parte de una estrategia nacional para lograr la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apoyó a la Comunidad Indígena de Zacualpan para interponer un amparo contra las concesiones mineras que se habían otorgado en su territorio.
A principios de 2016 finalmente fue destituida la Delegada de la Procuraduría Agraria, Maria Elena Díaz Rivera, por orden del Órgano Interno de Control de la misma Procuraduría Agraria.
Cuántas angustias, violencia física, violencia psicológica, división, criminalización, estigmatización, acoso policiaco, amenazas de muerte, cuánta sangre corrió, cuántas familias divididas, cuantas tristezas, cuanto acoso tuvieron que soportar mujeres y hombres de la Comunidad Indígena de Zacualpan hasta que ahora, finalmente, a 7 años de interpuesto ese amparo, el Juez Federal, Jorge Damián González Villaseñor, Titular del Juzgado Segundo Distrito le da la razón a la Comunidad indígena y deja sin efecto esas concesiones.
Desde la REMA le decimos a la Comunidad Indígena de Zacualpan y al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, miembro de la REMA, que recibimos con gran alegría la noticia de este triunfo, que no es más que de ustedes. Que las y los vemos como un gran ejemplo de lucha y tenacidad, que nos alienta a seguir en este camino. Que su lucha también nos ha fortalecido y nos ha enseñado senderos nuevos que hemos compartido con otras luchas, para que no cometan los mismos errores, para que estén claras/os de que la lucha es larga pero con fuerza firmeza y tenacidad se logra ganar a este modelo extractivo que nos carcome la vida.
Elemento de emergencia y familiares de los trabajadores permanecen en el lugar (Foto: Twitter/CamachoCesarC)
(Captura de pantalla: Twitter)
Entrada al pozo “Las Conchas” (Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)
