Compartimos este artículo informativo de Radio Mundo Real en el marco del 5to aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021
Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, un ex funcionario público del ente estatal de energía, que luego pasó a ser presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cuya instalación sobre el río Gualcarque se oponía Berta Cáceres y toda la comunidad lenca de Río Blanco. Ese proyecto extractivista contaba con la concesión por 20 años sobre el río, un acuerdo aprobado durante la dictadura que siguió al golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.
Castillo también es un oficial de la inteligencia militar hondureña, en condición de retiro, graduado de la academia militar estadounidense de West Point. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, dos años después del asesinato de Cáceres en su hogar de La Esperanza (Intibucá); pretendía huir del país, acusado como uno de los autores intelectuales del femicidio.
El empresario cumplía desde entonces prisión preventiva y su defensa logró suspender hasta once veces las audiencias preliminares en las que el Ministerio Público y los representantes legales del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) iban a presentar unas 88 pruebas en su contra.
Finalmente, este lunes 1º de marzo, horas antes de conmemorar un nuevo aniversario del crimen contra quien fuera la coordinadora del COPINH, la Justicia de Honduras estableció que había pruebas suficientes para llevar al acusado a juicio oral y público y que esta instancia se llevará adelante del 6 al 30 de abril en un juzgado de Tegucigalpa.
SOBRAN LOS MOTIVOS
El COPINH informó que en las audiencias preliminares de proposición de pruebas, la fiscalía propuso 51 medios de pruebas entre los que se encuentran: «las extracciones de los celulares del imputado, las escuchas telefónicas, actas de allanamientos, y análisis de las comunicaciones de David Castillo con personas que ya fueron condenadas por el asesinato de Berta«, entre las que se encuentran otros militares retirados y sicarios pagos presuntamente por ejecutivos de DESA para asesinar a Cáceres.
Las acusaciones privadas (que representan a la familia Cáceres) propusieron 21 y 16 medios de prueba respectivamente, en los que se encuentran los peritajes de personas expertas sobre telecomunicaciones, redes indebidas de poder, análisis antropológicos y de género, y testimonios de testigos de los ataques de Castillo a Berta Cáceres.
Los abogados de la familia Cáceres también solicitaron que los miembros de la familia Atala vinculados con la empresa DESA se presenten como testgos «para que hablen sobre los hechos del asesinato». La Justicia determinó que Daniel Atala sea llamado como testigo calificado, pero rechazaron convocar a Jacobo Atala, Jose Eduardo Atala y Pedro Atala, que también ocupaban roles en la dirección de DESA.
Desde el COPINH criticaron que el Tribunal «rechace» los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «en los que nuestra compañera Berta Cáceres daba a conocer las amenazas y ataques vividos por parte de empleados de DESA incluido David Castillo», así como «rechazó el peritaje con perspectiva de género propuesto por la acusación privada con el que se pretendía demostrar la condición de Berta como mujer y lideresa como un agravante del crimen».
“David Castillo es una pieza clave que conecta a los autores materiales con los autores intelectuales que continúan en la impunidad. Queremos que sea un juicio con todas las garantías, porque todo lo que se haga mal será en detrimento de la búsqueda de justicia”, dijo Bertha Zúniga, hija de la defensora lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en esta entrevista con Radio Mundo Real.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en el marco del 5to Aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021
2 de marzo del 2021 “Han creído que la impunidad es eterna… Se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” Berta Cáceres
Este dos de marzo se cumplen cinco años del criminal ataque contra Berta Cáceres, defensora de los ríos, el pueblo Lenca y de la vida. Con este ataque, que irrumpió la vida de nuestra compañera y donde también se hirió a nuestro compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo del crimen; los perpetradores intelectuales y materiales no sólo buscaban robar la vida de una luchadora social querida y reconocida por su pueblo, sino que, ante todo, con ello pretendían apagar la lucha de todos ellos, del pueblo Lenca y de los pueblos y población organizada que se convocan alrededor del Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).Los perpetradores del crimen (sicarios, autores intelectuales y el Estado), pretendían sembrar el miedo y amedrentar la lucha organizada que han dado desde hace años en defensa de su territorio, pretendían acallar la organización con el uso de la violencia, de las armas. Todo para imponer un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Gualcarque, río que el pueblo Lenca ha defendido como parte de su territorio.
La empresa Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V (DESA), es la empresa que fue creada específicamente para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, proyectada sobre el Río Gualcarque. Hasta hoy, el pueblo Lenca ha imputado a nueve hombres por este crimen: cinco de ellos vinculados al ejército, y tres de ellos con la empresa promovente del proyecto. El 18 de febrero de este año se realizó la primera audiencia para la proposición de pruebas contra David Castillo, miembro de la familia Atala Zablah, propietaria mayoritaria de DESA, y sobre quien el pueblo Lenca ha documentado 88 pruebas sobre su participación en la persecución, criminalización y ataques que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres. El seguimiento de esta audiencia fue previsto originalmente para el 25 de febrero, pero por presión de la defensa del incriminado fue reprogramado para el 1 de marzo.
Como denunciamos hace un año, a Berta Cáceres, la ambientalista, madre de cuatro hijos, abuela, hija, hermana, co-fundadora y vocera del COPINH, le quitaron la vida muchos actores: no sólo los sicarios envalentonados y serviles al modelo global, sino también las instituciones económicas y políticas del estado hondureño que, por encima de la vida de su población, obedece y se alía con corporaciones globales que explotan, despojan y se enriquecen a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que, gracias a sus pueblos originarios, los tienen en abundancia. Berta fue asesinada por un modelo económico colonial que impulsa un patrón de clasificación y ordenamiento de la población y territorios, y que refuerza el racismo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y del resto de América Latina.
Berta fue asesinada por la violencia patriarcal, la cual ha oprimido históricamente la integridad de las mujeres.
Pero también, con ese acto de violencia, la vida de Berta fue sembrada. Su vida es un ejemplo para la población de su natal “La Esperanza” y continúa siendo una fuerza que acompaña al pueblo Lenca en la defensa de su territorio. Pero más aún, es un ejemplo de lucha y de claridad política para todos los pueblos indígenas y no indígenas que enfrentan el mismo modelo y que se unen en la defensa de sus territorios, de la vida.
Invitamos a los pueblos, comunidades y ciudadanos a participar en los eventos que este dos de marzo se celebraran para honrar la vida y lucha de Berta Cáceres, así como para exigir justicia frente a su asesinato. El proceso de denuncia sigue, y es necesario que como pueblos, mujeres y ciudadanos organizados, acompañemos y respaldemos la exigencia de justicia frente a los autores materiales del crimen, sino ante todo, frente a los autores intelectuales del mismo.
El pasado 2 de marzo se realizo en San Cristóbal de Las Casas un altar colectivo y una acción en el marco de la jornada #JusticiaParaBerta recordando a nuestra hermana Berta Cáceres a 5 años de su siembra.
Somos los hijos de Zapata, las hijas de Berta y de Samir, luchando por la tierra liberada, unidos combatiendo hasta el final
Porque Berta no se fue, aquí nadie se rindió, Patria grande para la liberación
Foto: Daniel Aguilar
Berta no se murió, Berta no se murió, Berta se hizo millones, se hizo millones, Berta soy Yo
Imagen: Acción #JusticiaParaBerta Área de Comunicación de Otros Mundos – Despertemos humanidad catedral Daniel Aguilar
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH en el marco del 5to Aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021
La memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, la mujer irreverente, luchadora y consciente, nos ha convocado una vez más a recordar su vida y lucha, a denunciar nuevamente que la impunidad se cierne sobre nuestro pueblo cada vez que no hay castigo para quienes cometen horrendos crímenes como del que ella fue víctima.
El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales.
Han transcurrido 1827 días, 1827 amaneceres en los que la luz de la justicia y la verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Berta Cáceres.
Las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes.
Nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala.
No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras. Cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad.
El pueblo Lenca, el pueblo hondureño y la comunidad internacional conocemos quiénes son los responsables de este crimen que ha enlutado a tantas vidas. Hace falta que el sistema de justicia responda a esta verdad.
El clamor de la madre tierra y los bienes comunes, cada vez más depredados, nos respalda en esta búsqueda de justicia, por eso nos desfalleceremos junto al rebelde pueblo Lenca.
Por lo anterior, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, junto a la familia de Berta Cáceres y el equipo legal nos pronunciamos de la manera siguiente:
— Exigimos que los miembros de la familia Atala Zablah involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación.
— Exigimos que los procesos que se están desarrollando contra David Castillo no se dilaten más y que sea sentenciado por su responsabilidad como coautor del crimen.
— Exhortamos al pueblo hondureño, en estos momentos decisivos, a mantener la fuerza en el impulso por el camino a la verdadera justicia y la democracia en la que quienes defienden nuestra vidas, territorios y soberanía no sean asesinados y ultrajados.
— Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso.
¡Berta vive, el COPINH sigue!
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia y el pueblo el pueblo hondureño sabrá hacer justicia”
-Berta Cáceres-
Dado en la Esperanza, Intibucá a los 02 días del mes de marzo de 2021
Hoy 2 de marzo se cumple 5 años del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, fundadora y coordinadora del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). A partir del 3 de marzo de 2016, la justicia hondureña procuró proteger y ocultar de la responsabilidad a los autores materiales e intelectuales del crimen. El Ministerio Público y la Fiscalía inventaron y alteraron pruebas, inventaron testigos falsos; generaron intimidación contra el COPINH y todos los testigos protegidos.
A cinco años de este repudiable hecho no ha llegado la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional que gritamos con voz firme ¡FALTANLOS ATALA!
Desde Chiapas, México nos sumamos a los gritos del mundo entero que exigimos justicia con un debido proceso. Exigimos al gobierno hondureño un debido proceso en el juicio contra David Castillo, cuyas pruebas apuntan a su participación en el crimen y que presuntamente vinculan además a la familia Atala.
Este 2 de marzo de 2021 se cumplen 5 años de caminar junto a Berta. Berta no murió, sino que se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los pueblos y movimientos en todo el mundo que claman justicia, que resisten contra el Modelo Extractivo, contra el capitalismo patriarcal, racista y depredador de los territorios, pueblos indígenas y campesinos. Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida, a lo largo y ancho de América Latina, por eso Berta se multiplico, Berta soy yo.
Compartimos con ustedes la convocatoria del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar el 5to aniversario de Berta Cáceres – A 3 de febrero de 2021
Este 2 de marzo conmemoramos 5 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, 5 años de lucha contra la impunidad e injusticias en Honduras, 5 años de enfrentarnos a grandes poderes económicos y políticos que intentan arrebatarnos la justicia que está en nuestras manos. Al mismo tiempo, son 5 años de construir lazos de solidaridad entre compañeras y compañeros de lucha, que han acompañado la exigencia de justicia, 5 años de caminar junto a Berta en la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos.
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 nos impide el encuentro y el abrazo que tanta fuerza nos da, pero sabemos que la solidaridad y la lucha por la justicia no se detiene por la distancia, que seguimos cuidándonos y acuerpadxs desde las distintas luchas en cada territorio, manteniendo la memoria viva de Berta, su legado, coraje y rebeldía.
Este 5to aniversario, como todo los años, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, seguiremos levantando nuestras voces llenas de justicia, libertad, dignidad y paz.
Únete al twitazo
Este 2 de marzo conmemoramos 5 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, 5 años de luchar contra la impunidad e injusticia en Honduras, 5 años de enfrentarnos a grandes poderes económicos y políticos que intentan arrebatarnos la justicia de nuestras manos, pero al mismo tiempo, son 5 años de construir lazos de solidaridad entre compañeras y compañeros de lucha que han acompañado la exigencia de justicia, 5 años de caminar junto a Berta en la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos.
Después de 5 años, y a pesar de la contundencia de la prueba, la justicia hondureña aún no ha procesado a la familia Atala Zablah, autores intelectuales del crimen y dueños de la empresa DESA.
Es por eso que para este 5to aniversario les invitamos a ser parte de nuestro Twitazo global por la Justicia para Berta
¿Cómo puedes participar?
Como todos los años puedes unirte a nuestro Twitazo tomándote una foto o grabando un video exigiendo justicia para Berta utilizando los siguientes mensajes:
– la justicia hondureña, sigue en deuda. A 5 años del crimen de #BertaCáceres, los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah, continúan en la impunidad. El Estado de Honduras se niega a procesarlos.
#JusticiaParaBerta #Castigo A Los Atala
– La prueba contra Daniel Atala, gerente financiero de DESA, demuestra su participación en la persecución, criminalización y ataques que culminaron en el asesinato de #BertaCáceres. Él debe ser procesado y enjuiciado. El @MPHonduras debe actuar.
#JusticiaParaBerta #CastigoALosAtala
-#5AñosJuntoABerta A 5 años de la siembra de nuestra compañera #BertaCáceres, su legado continúa acompañando las luchas en defensa de la vida, los ríos, los territorios y la libertad de los pueblos.
#JusticiaParaBerta
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Poder Judicial de Honduras: @PJdeHonduras
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Juan Orlando Hernández: @JuanOrlandoH
Gobernación, Justicia y Descentralización: @sgjd_honduras
Secretaría de Derechos Humanos de Honduras: @sedhHonduras
Hora de inicio:
10:00 am hora Honduras
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5:00 pm hora Europa
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Sigue, a través de nuestras redes sociales, las actividades en conmemoración del 5to aniversario.
Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
El lunes 23 de noviembre debió realizarse la Audiencia de Proposición de Pruebas en el juicio contra David Castillo, esta fue suspendida una vez más debido a un recurso interpuesto por la defensa. Con esto, suman ocho las suspensiones de las audiencias en este caso en los últimos tres meses. El recurso fue declarado inadmisible y se está a la espera de la convocatoria para reanudar la audiencia.
En esta etapa se presentarán las pruebas de la vinculación entre David Castillo, los autores materiales e intelectuales, familia Atala Zablah, y las responsabilidades del Estado de Honduras en este crimen. Se dará a conocer el contexto en torno al crimen, las acciones que desencadenaron en los hechos del dos de marzo de 2016.
A pesar de las múltiples maniobras dilatorias de la defensa de David Castillo, la lucha por la justicia para Berta no se detiene. Habrá juicio contra David Castillo y se deducirán sus responsabilidades y la de sus cómplices.
Hay pruebas claras en este caso, que no pueden ser desestimadas. La justicia debe actuar.
Foro Verdad, Justicia y Reparación.
A dos años de la condena de los autores materiales, y a un año de su sentencia, la Misión de Observación Calificada de la causa Berta Cáceres, convocó el pasado 2 de diciembre al Foro Internacional “Acceso a la justicia, verdad y garantías judiciales en la Causa Berta Cáceres”. En este, participaron representantes de distintas organizaciones de la Misión refiriéndose a la urgencia de justicia en los casos en torno al crimen de Berta, a la exclusión arbitraria del COPINH como acusador privado en el caso Fraude sobre el Gualcarque, además, de la importancia de la observación de estos casos hasta la investigación y juicio a la autoría intelectual.
Las y los participantes hicieron énfasis en el carácter selectivo de la justicia en Honduras, que actúa con agilidad para perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos como lo ha hecho en el caso de los defensores del río Guapinol, contra la inacción o los retrasos injustificados en casos de corrupción o de crímenes de lesa humanidad que sostienen la impunidad en Honduras. “La condena de hace dos años no significó una ruptura de la estructura de impunidad. La comunidad Lenca fue dañada y perjudicada por este crimen, el Estado tiene la obligación de reconocer los derechos de los pueblos indígenas” afirmó Joe Berra miembro de la Misión de Observación.
Este miércoles 8 de diciembre se realizó el Foro “Violaciones de Derechos humanos en Honduras y el rol de la Unión Europea” coorganizado por miembros del Parlamento Europeo, la Red Eu-LAT y Friends of the Earth Europe, en el que participaron Miriam Miranda Coordinadora general de OFRANEH –, Berta Zúniga Coordinadora general del COPINH, Gabriela Sorto defensora del agua de la comunidad del Guapinol y el doctor Juan Almendarez para dar sus testimonios respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra sus comunidades por la defensa de sus territorios.
Uno de los temas relevantes fue la denuncia por la inacción del Estado de Honduras ante la búsqueda del pueblo garífuna de sus hermanos desaparecidos de manera forzosa por hombres con vestimenta de la Policía Nacional, el pasado 18 de Julio del 2020. A su vez, la situación actual en la búsqueda de justicia por el crimen de Berta Cáceres, la dilación del proceso en el caso contra David Castillo y la falta de investigación y enjuiciamiento a los autores intelectuales, la familia Atala Zablah.
Se hizo énfasis en el rol de los bancos europeos financiadores de empresas extractivas, entre ellos el Banco de Desarrollo holandés FMO, el banco finlandés Finn Fund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que permitieron la imposición de manera ilegal e inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico, lo que terminó con muchas vidas y suscitó sistemáticos ataques contra la comunidad de Río Blanco.
El agua de los pueblos en Wall Street.
El agua, bien común y sagrado para los pueblos del mundo, comenzó a cotizar esta semana en el mercado de futuros de Wall Street. Es decir, un bien fundamental para la vida del planeta entra a la especulación del mercado financiero así como el petróleo, el trigo y otras llamadas materias primas que ya son bienes intercambiables por quienes pueden comprarlas y venderlas a su antojo.
Mientras los bancos financiadores de proyectos hidroeléctricos inyectan sus capitales para dar rienda suelta a la inversión de empresas productoras de energía, con la excusa del control de las inundaciones después del paso de los huracanes ETA y IOTA, las comunidades que viven en las riberas de la mayoría de las cuencas en Honduras se ven afectadas por las grandes sequías o inundaciones dañando sus cultivos, su fuente de alimento y su relación espiritual con el agua.
Pedro Arrojo, hoy relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, participó en la observación internacional en el primer juicio por la autoría material del crimen de Berta Cáceres, a su vez, en varias ocasiones ha exhortado al gobierno de Honduras a abrir la investigación hacia la autoría intelectual, los financiadores del asesinato por su lucha por la defensa de los ríos y la vida. “Estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público, más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua, de repente alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado” expresó el relator de la ONU ayer en El País.
“De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca” dijo Berta Cáceres en su discurso al recibir el premio ambiental Goldman, pues la defensa del agua y la vida en los territorios, fue una de las luchas más grandes y constantes que dio junto al COPINH, lucha por la cual fue asesinada.Boletin-13Descarga
Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 23 de noviembre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras – COPINH, junto a las hijas e hijo de Berta Cáceres y el equipo legal, ante el desarrollo de la audiencia de proposición de pruebas contra el señor David Castillo, co autor del asesinato de Berta Cáceres, hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La prueba que demuestra la responsabilidad del señor David Castillo como coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres es clara, contundente e irrefutable. El equipo legal brindará la prueba científica, testifical y documental que respalda esta acusación ante el tribunal de sentencia.
El señor David Castillo, gerente general del proyecto Agua Zarca y subordinado de la familia Atala Zablah, cometió actos criminales contra Berta Cáceres por su acción en defensa de la vida y los ríos del pueblo Lenca.
Instamos al Poder Judicial de Honduras a avanzar de forma rápida y expedita en el juicio del señor Castillo, el cual se ha dilatado injustificadamente por más de 2 años y 8 meses; y que se garantice el carácter público y transparente de las audiencias.
Exigimos que el Estado de Honduras capture y procese a los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres que aún se encuentran en la impunidad.
Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a brindar el acompañamiento y la observación debidos para garantizar que este crimen que ha enlutado al pueblo hondureño no quede en la impunidad.
Nos solidarizamos con las personas afectadas por los huracanes ETA e IOTA, en especial, compañeros y compañeras del Valle de Sula y la costa Norte del país.
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”-Berta Cáceres
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de noviembre del año 2020
Comunicado del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 28 de septiembre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH- a la comunidad nacional e internacional expresa lo siguiente:
David Castillo junto a la familia Atala Zablah, con el objetivo de beneficiarse económicamente, constituyeron una estructura criminal que cometió un sin número de crímenes, desde el fraude y corrupción para la supuesta generación de energía “renovable”, graves violaciones a los derechos de la comunidad de Río Blanco, hasta el asesinato de Berta Cáceres y otras agresiones que continúan en la actualidad.
El COPINH está siendo excluido ilegalmente del caso Fraude sobre el Gualcarque, contra 16 funcionarios públicos imputados de haber cometido crímenes para facilitar la operación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca en beneficio de sus dueños; la familia Atala Zablah.
El COPINH y la comunidad de Río Blanco fuimos excluidos de manera ilegal y arbitraria del caso Fraude sobre el Gualcarque por parte de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, negando el derecho de participar a las víctimas directas de los crímenes cometidos para instaurar el proyecto Agua Zarca. Se viola el derecho a la justicia, a la verdad y el debido proceso para las víctimas.
COPINH, a través de su equipo legal, interpuso un recurso de amparo, desde noviembre de 2019 para garantizar los derechos de las víctimas, sin embargo, a la fecha no hay respuesta. La continuación del juicio del caso de Fraude sin la participación directa de las víctimas constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, amparado en las leyes nacionales e internacionales.
Las comunidades y organizaciones sociales víctimas de graves crímenes tenemos el derecho a participar directamente de todos los procesos judiciales, a levantar nuestra voz y ser partícipes directas de la exigencia de justicia.
David Castillo y Carolina Castillo valiéndose de sus puestos y/o vinculación a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, utilizaron información del Estado para la instauración de la empresa DESA y el proyecto Agua Zarca. Roberto Martínez Lozano, Roberto Cardona Valle, Raúl Pineda junto a 11 funcionarios públicos de la ENEE y SERNA aprobaron los actos administrativos de manera ilegal que permitieron la instauración e imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra la comunidad lenca de Río Blanco.
Por lo anterior, el COPINH exige que:
Se permita inmediatamente la participación directa en el caso Fraude sobre el Gualcarque al COPINH y la comunidad de Río Blanco.
Se juzguen a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Berta Cáceres, la comunidad de Río Blanco y el COPINH por la imposición del proyecto Agua Zarca.
Instamos a la comunidad nacional e internacional a dar un seguimiento de cerca al caso Fraude sobre el Gualcarque, así como a los relacionados al asesinato de Berta Cáceres para exigir al Estado de Honduras que se garantice la justicia.
“Han creído que la Impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” Berta Cáceres.
Dado a los 28 días del mes de septiembre de 2020
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!Comunicado-28-09Descarga
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de septiembre de 2020
El COPINH ante la calumnia de la defensa de David Castillo aclara lo siguiente: (HERE in English)
En ningún momento integrantes del COPINH han sustraído el expediente judicial relacionado con el proceso que se sigue en contra del señor David Castillo como parte de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres.
La representación legal de las víctimas, en el ejercicio de los derechos que le otorgan las leyes hondureñas, gestionó copias del expediente judicial desde el 4 de septiembre del presente año, las cuales fueron diligenciadas por el abogado de las víctimas y la Secretaría del Tribunal.
En ese sentido, las copias se gestionaron antes de la nueva maniobra dilatoria del proceso judicial que se sigue en contra del señor David Castillo como parte integrante de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres.
El ataque contra el COPINH, contra el Tribunal de Sentencia y contra la comunidad internacional, emprendido por la abogada Ritza Antúnez y Juan Sánchez Cantillano forma parte de la estrategia de desinformación a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional, pretendiendo con ello, provocar impunidad en la causa.
En atención a dichas estrategias, el COPINH:
1. DEMANDA DEL PODER JUDICIAL que garantice, como lo establece la legislación hondureña, la máxima publicidad del juicio que se sigue en contra del Señor David Castillo como integrante de la estructura criminal que asesinó a la compañera Berta Cáceres; y, evitar cualquier manipulación de la información por la defensa de quienes integran estructuras criminales que han enlutado a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional.
2. SOLICITA A LA SOCIEDAD HONDUREÑA la observación del juicio que se sigue en contra del señor David Castillo; y, demandar que el Gobierno hondureño desmonte las estructuras criminales que han provocado tantas muertes en el país, las cuales, han quedado en la impunidad.
3. SOLICITA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL el acompañamiento a las demandas de verdad y justicia de la sociedad hondureña; y, demande al gobierno de Honduras el cese de la impunidad y que garantice a todas las personas una vida libre de violencia.
Dado en la ciudad de La Esperanza, el 10 de septiembre del 2020
