Compartimos con ustedes la convocatoria del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar el 5to aniversario de Berta Cáceres – A 3 de febrero de 2021
Este 2 de marzo conmemoramos 5 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, 5 años de lucha contra la impunidad e injusticias en Honduras, 5 años de enfrentarnos a grandes poderes económicos y políticos que intentan arrebatarnos la justicia que está en nuestras manos. Al mismo tiempo, son 5 años de construir lazos de solidaridad entre compañeras y compañeros de lucha, que han acompañado la exigencia de justicia, 5 años de caminar junto a Berta en la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos.
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 nos impide el encuentro y el abrazo que tanta fuerza nos da, pero sabemos que la solidaridad y la lucha por la justicia no se detiene por la distancia, que seguimos cuidándonos y acuerpadxs desde las distintas luchas en cada territorio, manteniendo la memoria viva de Berta, su legado, coraje y rebeldía.
Este 5to aniversario, como todo los años, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, seguiremos levantando nuestras voces llenas de justicia, libertad, dignidad y paz.
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Este 2 de marzo conmemoramos 5 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, 5 años de luchar contra la impunidad e injusticia en Honduras, 5 años de enfrentarnos a grandes poderes económicos y políticos que intentan arrebatarnos la justicia de nuestras manos, pero al mismo tiempo, son 5 años de construir lazos de solidaridad entre compañeras y compañeros de lucha que han acompañado la exigencia de justicia, 5 años de caminar junto a Berta en la construcción de procesos emancipatorios y de autonomía para los pueblos.
Después de 5 años, y a pesar de la contundencia de la prueba, la justicia hondureña aún no ha procesado a la familia Atala Zablah, autores intelectuales del crimen y dueños de la empresa DESA.
Es por eso que para este 5to aniversario les invitamos a ser parte de nuestro Twitazo global por la Justicia para Berta
¿Cómo puedes participar?
Como todos los años puedes unirte a nuestro Twitazo tomándote una foto o grabando un video exigiendo justicia para Berta utilizando los siguientes mensajes:
– la justicia hondureña, sigue en deuda. A 5 años del crimen de #BertaCáceres, los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah, continúan en la impunidad. El Estado de Honduras se niega a procesarlos.
#JusticiaParaBerta #Castigo A Los Atala
– La prueba contra Daniel Atala, gerente financiero de DESA, demuestra su participación en la persecución, criminalización y ataques que culminaron en el asesinato de #BertaCáceres. Él debe ser procesado y enjuiciado. El @MPHonduras debe actuar.
#JusticiaParaBerta #CastigoALosAtala
-#5AñosJuntoABerta A 5 años de la siembra de nuestra compañera #BertaCáceres, su legado continúa acompañando las luchas en defensa de la vida, los ríos, los territorios y la libertad de los pueblos.
#JusticiaParaBerta
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Poder Judicial de Honduras: @PJdeHonduras
Ministerio Público de Honduras: @MP_Honduras
Juan Orlando Hernández: @JuanOrlandoH
Gobernación, Justicia y Descentralización: @sgjd_honduras
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Sigue, a través de nuestras redes sociales, las actividades en conmemoración del 5to aniversario.
Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
El lunes 23 de noviembre debió realizarse la Audiencia de Proposición de Pruebas en el juicio contra David Castillo, esta fue suspendida una vez más debido a un recurso interpuesto por la defensa. Con esto, suman ocho las suspensiones de las audiencias en este caso en los últimos tres meses. El recurso fue declarado inadmisible y se está a la espera de la convocatoria para reanudar la audiencia.
En esta etapa se presentarán las pruebas de la vinculación entre David Castillo, los autores materiales e intelectuales, familia Atala Zablah, y las responsabilidades del Estado de Honduras en este crimen. Se dará a conocer el contexto en torno al crimen, las acciones que desencadenaron en los hechos del dos de marzo de 2016.
A pesar de las múltiples maniobras dilatorias de la defensa de David Castillo, la lucha por la justicia para Berta no se detiene. Habrá juicio contra David Castillo y se deducirán sus responsabilidades y la de sus cómplices.
Hay pruebas claras en este caso, que no pueden ser desestimadas. La justicia debe actuar.
Foro Verdad, Justicia y Reparación.
A dos años de la condena de los autores materiales, y a un año de su sentencia, la Misión de Observación Calificada de la causa Berta Cáceres, convocó el pasado 2 de diciembre al Foro Internacional “Acceso a la justicia, verdad y garantías judiciales en la Causa Berta Cáceres”. En este, participaron representantes de distintas organizaciones de la Misión refiriéndose a la urgencia de justicia en los casos en torno al crimen de Berta, a la exclusión arbitraria del COPINH como acusador privado en el caso Fraude sobre el Gualcarque, además, de la importancia de la observación de estos casos hasta la investigación y juicio a la autoría intelectual.
Las y los participantes hicieron énfasis en el carácter selectivo de la justicia en Honduras, que actúa con agilidad para perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos como lo ha hecho en el caso de los defensores del río Guapinol, contra la inacción o los retrasos injustificados en casos de corrupción o de crímenes de lesa humanidad que sostienen la impunidad en Honduras. “La condena de hace dos años no significó una ruptura de la estructura de impunidad. La comunidad Lenca fue dañada y perjudicada por este crimen, el Estado tiene la obligación de reconocer los derechos de los pueblos indígenas” afirmó Joe Berra miembro de la Misión de Observación.
Este miércoles 8 de diciembre se realizó el Foro “Violaciones de Derechos humanos en Honduras y el rol de la Unión Europea” coorganizado por miembros del Parlamento Europeo, la Red Eu-LAT y Friends of the Earth Europe, en el que participaron Miriam Miranda Coordinadora general de OFRANEH –, Berta Zúniga Coordinadora general del COPINH, Gabriela Sorto defensora del agua de la comunidad del Guapinol y el doctor Juan Almendarez para dar sus testimonios respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra sus comunidades por la defensa de sus territorios.
Uno de los temas relevantes fue la denuncia por la inacción del Estado de Honduras ante la búsqueda del pueblo garífuna de sus hermanos desaparecidos de manera forzosa por hombres con vestimenta de la Policía Nacional, el pasado 18 de Julio del 2020. A su vez, la situación actual en la búsqueda de justicia por el crimen de Berta Cáceres, la dilación del proceso en el caso contra David Castillo y la falta de investigación y enjuiciamiento a los autores intelectuales, la familia Atala Zablah.
Se hizo énfasis en el rol de los bancos europeos financiadores de empresas extractivas, entre ellos el Banco de Desarrollo holandés FMO, el banco finlandés Finn Fund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que permitieron la imposición de manera ilegal e inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico, lo que terminó con muchas vidas y suscitó sistemáticos ataques contra la comunidad de Río Blanco.
El agua de los pueblos en Wall Street.
El agua, bien común y sagrado para los pueblos del mundo, comenzó a cotizar esta semana en el mercado de futuros de Wall Street. Es decir, un bien fundamental para la vida del planeta entra a la especulación del mercado financiero así como el petróleo, el trigo y otras llamadas materias primas que ya son bienes intercambiables por quienes pueden comprarlas y venderlas a su antojo.
Mientras los bancos financiadores de proyectos hidroeléctricos inyectan sus capitales para dar rienda suelta a la inversión de empresas productoras de energía, con la excusa del control de las inundaciones después del paso de los huracanes ETA y IOTA, las comunidades que viven en las riberas de la mayoría de las cuencas en Honduras se ven afectadas por las grandes sequías o inundaciones dañando sus cultivos, su fuente de alimento y su relación espiritual con el agua.
Pedro Arrojo, hoy relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, participó en la observación internacional en el primer juicio por la autoría material del crimen de Berta Cáceres, a su vez, en varias ocasiones ha exhortado al gobierno de Honduras a abrir la investigación hacia la autoría intelectual, los financiadores del asesinato por su lucha por la defensa de los ríos y la vida. “Estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público, más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua, de repente alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado” expresó el relator de la ONU ayer en El País.
“De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca” dijo Berta Cáceres en su discurso al recibir el premio ambiental Goldman, pues la defensa del agua y la vida en los territorios, fue una de las luchas más grandes y constantes que dio junto al COPINH, lucha por la cual fue asesinada.Boletin-13Descarga
Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 23 de noviembre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras – COPINH, junto a las hijas e hijo de Berta Cáceres y el equipo legal, ante el desarrollo de la audiencia de proposición de pruebas contra el señor David Castillo, co autor del asesinato de Berta Cáceres, hacemos del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La prueba que demuestra la responsabilidad del señor David Castillo como coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres es clara, contundente e irrefutable. El equipo legal brindará la prueba científica, testifical y documental que respalda esta acusación ante el tribunal de sentencia.
El señor David Castillo, gerente general del proyecto Agua Zarca y subordinado de la familia Atala Zablah, cometió actos criminales contra Berta Cáceres por su acción en defensa de la vida y los ríos del pueblo Lenca.
Instamos al Poder Judicial de Honduras a avanzar de forma rápida y expedita en el juicio del señor Castillo, el cual se ha dilatado injustificadamente por más de 2 años y 8 meses; y que se garantice el carácter público y transparente de las audiencias.
Exigimos que el Estado de Honduras capture y procese a los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres que aún se encuentran en la impunidad.
Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a brindar el acompañamiento y la observación debidos para garantizar que este crimen que ha enlutado al pueblo hondureño no quede en la impunidad.
Nos solidarizamos con las personas afectadas por los huracanes ETA e IOTA, en especial, compañeros y compañeras del Valle de Sula y la costa Norte del país.
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”-Berta Cáceres
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de noviembre del año 2020
Comunicado del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 28 de septiembre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH- a la comunidad nacional e internacional expresa lo siguiente:
David Castillo junto a la familia Atala Zablah, con el objetivo de beneficiarse económicamente, constituyeron una estructura criminal que cometió un sin número de crímenes, desde el fraude y corrupción para la supuesta generación de energía “renovable”, graves violaciones a los derechos de la comunidad de Río Blanco, hasta el asesinato de Berta Cáceres y otras agresiones que continúan en la actualidad.
El COPINH está siendo excluido ilegalmente del caso Fraude sobre el Gualcarque, contra 16 funcionarios públicos imputados de haber cometido crímenes para facilitar la operación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca en beneficio de sus dueños; la familia Atala Zablah.
El COPINH y la comunidad de Río Blanco fuimos excluidos de manera ilegal y arbitraria del caso Fraude sobre el Gualcarque por parte de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, negando el derecho de participar a las víctimas directas de los crímenes cometidos para instaurar el proyecto Agua Zarca. Se viola el derecho a la justicia, a la verdad y el debido proceso para las víctimas.
COPINH, a través de su equipo legal, interpuso un recurso de amparo, desde noviembre de 2019 para garantizar los derechos de las víctimas, sin embargo, a la fecha no hay respuesta. La continuación del juicio del caso de Fraude sin la participación directa de las víctimas constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, amparado en las leyes nacionales e internacionales.
Las comunidades y organizaciones sociales víctimas de graves crímenes tenemos el derecho a participar directamente de todos los procesos judiciales, a levantar nuestra voz y ser partícipes directas de la exigencia de justicia.
David Castillo y Carolina Castillo valiéndose de sus puestos y/o vinculación a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, utilizaron información del Estado para la instauración de la empresa DESA y el proyecto Agua Zarca. Roberto Martínez Lozano, Roberto Cardona Valle, Raúl Pineda junto a 11 funcionarios públicos de la ENEE y SERNA aprobaron los actos administrativos de manera ilegal que permitieron la instauración e imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra la comunidad lenca de Río Blanco.
Por lo anterior, el COPINH exige que:
Se permita inmediatamente la participación directa en el caso Fraude sobre el Gualcarque al COPINH y la comunidad de Río Blanco.
Se juzguen a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Berta Cáceres, la comunidad de Río Blanco y el COPINH por la imposición del proyecto Agua Zarca.
Instamos a la comunidad nacional e internacional a dar un seguimiento de cerca al caso Fraude sobre el Gualcarque, así como a los relacionados al asesinato de Berta Cáceres para exigir al Estado de Honduras que se garantice la justicia.
“Han creído que la Impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” Berta Cáceres.
Dado a los 28 días del mes de septiembre de 2020
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!Comunicado-28-09Descarga
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de septiembre de 2020
El COPINH ante la calumnia de la defensa de David Castillo aclara lo siguiente: (HERE in English)
En ningún momento integrantes del COPINH han sustraído el expediente judicial relacionado con el proceso que se sigue en contra del señor David Castillo como parte de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres.
La representación legal de las víctimas, en el ejercicio de los derechos que le otorgan las leyes hondureñas, gestionó copias del expediente judicial desde el 4 de septiembre del presente año, las cuales fueron diligenciadas por el abogado de las víctimas y la Secretaría del Tribunal.
En ese sentido, las copias se gestionaron antes de la nueva maniobra dilatoria del proceso judicial que se sigue en contra del señor David Castillo como parte integrante de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres.
El ataque contra el COPINH, contra el Tribunal de Sentencia y contra la comunidad internacional, emprendido por la abogada Ritza Antúnez y Juan Sánchez Cantillano forma parte de la estrategia de desinformación a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional, pretendiendo con ello, provocar impunidad en la causa.
En atención a dichas estrategias, el COPINH:
1. DEMANDA DEL PODER JUDICIAL que garantice, como lo establece la legislación hondureña, la máxima publicidad del juicio que se sigue en contra del Señor David Castillo como integrante de la estructura criminal que asesinó a la compañera Berta Cáceres; y, evitar cualquier manipulación de la información por la defensa de quienes integran estructuras criminales que han enlutado a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional.
2. SOLICITA A LA SOCIEDAD HONDUREÑA la observación del juicio que se sigue en contra del señor David Castillo; y, demandar que el Gobierno hondureño desmonte las estructuras criminales que han provocado tantas muertes en el país, las cuales, han quedado en la impunidad.
3. SOLICITA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL el acompañamiento a las demandas de verdad y justicia de la sociedad hondureña; y, demande al gobierno de Honduras el cese de la impunidad y que garantice a todas las personas una vida libre de violencia.
Dado en la ciudad de La Esperanza, el 10 de septiembre del 2020
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 7 de septiembre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, junto al equipo legal de la causa Berta Cáceres, a la prensa nacional e internacional.
Este día la defensa del señor David Castillo ha presentado una recusación contra el Tribunal de Sentencia que conoce el caso por el asesinato de Berta Cáceres, una maniobra dilatoria más en el proceso que se desarrolla por la representación del co-autor del crimen.
Desde el COPINH y la familia Cáceres hacemos de conocimiento público lo siguiente:
1. Expresamos nuestro rechazo ante las maniobras dilatorias que a lo largo del proceso ha venido desarrollando la defensa y familia del señor David Castillo, su objetivo es obstaculizar y negar la justicia y la verdad a las víctimas.
2. Consideramos que David Castillo como integrante de una red criminal que planeó, coordinó y ejecutó el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, debe ser condenado de manera firme, con todas las garantías del proceso y aplicándole todo el peso de la ley.
3. El equipo legal, el COPINH y la Familia Cáceres demandamos al Poder Judicial la remoción de todos los obstáculos dilatorios que está promoviendo la defensa y realizar el juicio oral y público de forma pronta para garantizar a las víctimas y la sociedad el derecho a la verdad, la justicia y medidas de no repetición, en un plazo razonable. La razón y la verdad nos asisten.
Dado a los 7 días del mes de septiembre de 2020.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia, libertad, dignidad y paz”
Tras suspender a lo largo de un año y medio las sucesivas audiencias preliminares fijadas para evaluar la apertura del juicio contra David Castillo, la Justicia hondureña anunció el 26 de agosto que se realice un juicio oral y público contra este hombre, oficial militar de inteligencia, entrenado en West Point, conocido también como empresario emprendedor vinculado a la familia Atala Zablah -grupo empresario que integra el directorio del proyecto extractivista hidroeléctrico en Río Blanco, proyecto que enfrentaba la ambientalista hondureña Berta Cáceres-.
La decisión de llevar a juicio oral y público a Castillo se tomó sobre el límite de la prisión preventiva, que vencía este 2 de septiembre. Castillo fue detenido en marzo de 2018, dos años después del femicidio cometido en La Esperanza, hogar de Cáceres.
“Queremos que sea un juicio con todas las garantías, porque todo lo que se haga mal será en detrimento de la búsqueda de justicia”, dijo Bertha Zúniga, hija de la defensora lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Por el crimen fueron condenados siete hombres como autores materiales. El juicio a Castillo, que fue detenido y cumple prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2018, se esperaba con ansias, ya que es el único presunto autor intelectual detenido hasta ahora.
“David Castillo es una pieza clave que conecta a los autores materiales con los autores intelectuales que continúan en la impunidad”, dijo Bertha Zúniga en esta entrevista con Radio Mundo Real.
Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público -que integró la Junta interventora de la empresa nacional de energía eléctrica-, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro.
Entre las pruebas que vinculan a Castillo en el asesinato de Cáceres, los representantes legales de la familia Cáceres han presentado dos series chats en Whatsapp, detalló Zúniga. Uno de los chats se denomina “Seguridad PHAZ” (por las siglas del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), donde Castillo hace referencias a acciones de “ataque y neutralización” para “acabar con la lucha del COPINH”, ya que la organización lucha desde entonces contra la instalación de una represa en el Río Blanco. El otro chat entre Castillo y Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA, juzgado y condenado como uno de los autores materiales del femicidio, que amenazó muchas veces a Berta Cáceres.
También han presentado comunicaciones de Castillo con funcionarios del Estado y con integrantes de la familia Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras. “Por eso nosotras planteamos que se trata de una estructura criminal para acabar con la oposición que representaba COPINH para el proyecto [Agua Zarca] y para el sistema económico de nuestro país”, dijo Zúniga.
Castillo tenía una relación muy cercana con Daniel Atala, gerente financiero de la empresa a cargo de Agua Zarca. Y antes del 2 de marzo de 2016, cuando la defensora del pueblo lenca fue asesinada en su hogar de La Esperanza, Intibucá, el militar/empresario se había comunicado varias veces con Berta Cáceres “como parte de sus labores de inteligencia”, no con amenazas -como hicieron algunos de los autores materiales condenados- sino ofreciéndole proyectos al COPINH “para disuadir la lucha”, agregó Bertita.
La hija de Cáceres considera que, si existiera voluntad política, se podría alcanzar a los máximos responsables del crimen contra su madre, es decir, a la familia Atala Zablah.
Llegar a este juicio no ha sido fácil
Así como el primer juicio por el crimen de Berta Cáceres tuvo múltiples dilaciones e incluso el tribunal retiró la representación legal de la familia Cáceres, del COPINH y de Gustavo Castro -integrante de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México, cuyo intento de homicidio también se juzgaba en ese proceso-, en la audiencia preliminar por este segundo juicio oral y público por el asesinato de la defensora lenca, las hijas de Berta fueron “expulsadas” de la audiencia virtual preliminar y tampoco permitieron que estén presentes integrantes de la misión de observadores/as internacionales que monitorea la causa judicial.
Ante estos nuevos actos de cercenamiento de la participación de la familia, del COPINH y de veedores internacionales, Zúniga insistió en RMR sobre la necesidad de que la comunidad internacional esté lo más atenta y presente que pueda en este nuevo proceso para garantizar que el caso no quede impune.
El proceso oral y público debería comenzar en un plazo máximo de tres meses, considerando el contexto de pandemia, más posibles apelaciones y suspensiones del proceso judicial. La defensa de Castillo apuesta a dilaciones, denunció Zúniga.
“Para nosotras ha sido un alivio [que se anuncie el comienzo del juicio]. Estábamos muy preocupadas de que se venciera el plazo de la prisión preventiva y de que el proceso se pueda exponer al incumplimiento de garantías para las víctimas”. De todas maneras, Bertha advierte que se ha llegado a esta instancia con mucho esfuerzo y se mantienen alertas ante posibles irregularidades o cambios de último momento, como ocurrió con el juez a cargo que fue cambiado dos días antes de la reciente audiencia preliminar.
“Hay muchas presiones que se están realizando a nivel de los medios de comunicación y en el sistema de justicia, pero confiamos absolutamente en la prueba que existe, que es contundente”, concluyó la integrante del COPINH.
¿Quién es David Castillo?
Es investigado como uno de los autores intelectuales del femicidio de Berta Cáceres. Cumple prisión preventiva desde marzo de 2018, y por eso era importante que la audiencia preliminar se cumpliera cuanto antes, ante el vencimiento de la prisión preventiva.
Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que David Castillo, siendo gerente general de DESA, participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, «presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato», indica el informe.
“Mantuvo muchas comunicaciones con mi mamá. Sabíamos de su peligrosidad, pero no era el típico matón”, dijo Bertha Zúniga a RMR. Desde el COPINH han comunicado: “La evidencia que vincula a Castillo es clara. Es el vínculo entre los autores intelectuales y la estructura criminal que ejecutó el crimen. El juicio revelará la participación de la familia Atala en el crimen”.
En ocasión de la presentación de ese informe, la familia Cáceres había iniciado un proceso judicial en Estados Unidos para demandar los «detalles financieros» sobre la compra de una casa en Texas a nombre de David Castillo valuada en 1.6 millones de dólares. La denuncia era «para averiguar si esta compra guardaba alguna relación con algún pago (que puede haber recibido) por asesinar (u ordenar el asesinato)» de Berta Cáceres.
Consultamos a Zúniga al respecto y nos confirmó que huboavances en esta denuncia, a pesar de que “han habido bastante maniobras por los abogados de Castillo, seguramente pagados por Atala Zablah, para obstaculizar el proceso”.
“Creemos que si nuestro equipo legal puede acceder a esas informaciones puede permitirnos conocer las maniobras previas y posteriores al crimen de mi madre y saber si ese dinero tuvo algo que ver con un pago o recompensa por haber diligenciado el crimen”.
La decisión del auto de apertura a juicio contra David Castillo es un paso en la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición del COPINH, la familia de Berta Cáceres y el pueblo Lenca.
La impunidad se cierne sobre la búsqueda de justicia, grandes poderes económicos y políticos buscan mantener en silencio la verdad del crimen contra Berta Cáceres y ocultar a los autores intelectuales y así los crímenes contra el pueblo Lenca.
David Castillo, cumplió el rol de enlace entre el grupo sicarial y los autores intelectuales, la familia Atala Zablah, responsables determinadores del crimen contra Berta Cáceres, de los ataques al COPINH y a la comunidad de Río Blanco.
Es necesario que se juzgue y castigue a David Castillo como co autor del crimen contra Berta Cáceres y se avance inmediatamente en el juzgamiento de todos los autores intelectuales. El Ministerio Público cuenta con toda la prueba necesaria para esto.
Agradecemos el acompañamiento y observación permanente del pueblo organizado y organizaciones nacionales e internacionales que han sido la única garantía para arrancar algo de justicia en este caso, en un país en donde reina la corrupción y la impunidad.
¡Berta vive, el COPINH sigue!
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia y el pueblo hondureño sabrá hacer justicia”
Comunicado de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la audiencia preliminar a David Castillo del Caso Justicia Para Berta Cáceres – A 22 de Agosto de 2020
COPINH sobre audiencia preliminar.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, junto a las hijas e hijo de Berta Cáceres hacemos del conocimiento público lo siguiente acerca de la audiencia preliminar desarrollada en el proceso contra David Castillo, el único ejecutivo de DESA procesado por el asesinato de Berta Cáceres.
Rechazamos la falta de transparencia y del principio de publicidad, es decir de que los procesos judiciales sean de conocimiento público, al negar la transmisión en vivo y la participación de observación internacional y de DDHH. Esto a petición de la defensa de Castillo y aprobado por el Juez Irías. De nuevo preguntamos si están tan seguros de la inocencia del señor Castillo ¿por qué quieren ocultar la información de las audiencias?
Rechazamos la forma en que las víctimas fueron expulsadas arbitrariamente por el juez Carlos Irías, violando los derechos básicos de verdad y justicia. La abogada Ritza Atunez, sin ningún argumento legal, manifestó su desacuerdo con la presencia de las víctimas en la audiencia, en particular señalando a Laura Zúniga. Sin ningún aviso, el juez determinó sacar a todas las víctimas de la sala virtual.
Instamos al Poder Judicial para que clarifique si el motivo de la separación de la jueza Lisseth Vallecillo tiene que ver con actos de corrupción o indebidos por parte de la jueza Vallecillo en beneficio de David Castillo. Estos, derivados de influencias indebidas propiciadas por el retraso del proceso judicial.
El COPINH y el equipo legal de la causa Berta Cáceres seguiremos defendiendo el debido proceso, violentado en numerosas ocasiones por la defensa de David Castillo con dilaciones indebidas como lo demuestra el año y cuatro meses de retraso en la etapa intermedia debido a sus maniobras dilatorias, por lo que la audiencia fue reprogramada en 4 ocasiones. La Corte de Apelaciones ha incumplido de igual manera los plazos estipulados.
Rechazamos las irregularidades en el proceso que buscan asegurar la impunidad de los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence y familiares. Así como rechazamos la conducta grosera de la defensa legal de David Castillo que intenta mancillar el honor de una persona asesinada como Berta Cáceres y de su familia.
El juez Carlos Irías tiene 3 días para resolver si el proceso avanza a juicio oral y público o no.
Conforme a derecho, David Castillo debe ser llevado a juicio oral y público, y sentenciado como co-autor del asesinato de Berta Cáceres. La evidencia de sus propias comunicaciones así lo demuestra.
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” -Berta Cáceres.
Dado a los 21 días del mes de agosto de 2020.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia, libertad, dignidad y paz”
Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuidad de impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público.
El proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, Jose Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah.
En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicaciones GPS, escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente.
La defensa de David Castillo busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública.
El cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
En términos probatorios todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita.
Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañanera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, complices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre lo acontencido recientemente en Honduras con las comunidades garífunas – A 16 de agosto de 2020
Amigos de la Tierra Internacional expresa su preocupación, indignación y repudio ante el secuestro en Honduras de Alberth Snaider Centeno Tomas -presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz-, Milton Joel Martínez Alvarez, Suami Aparicio Mejía y Albert Sentana Thomas.
Los compañeros, de la comunidad de Triunfo de la Cruz, ciudad de Tela, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fueron sustraídos de sus hogares el 18 de julio por parte de hombres fuertemente armados que vestían prendas de la policía nacional y chalecos con la insignia del Departamento de la Policía de Investigación (DPI).
Desde ese entonces y pese a las reiteradas denuncias que han elevado organizaciones y movimientos nacionales e internacionales, las autoridades hondureñas no han entregado ninguna respuesta efectiva acerca de las investigaciones que se adelantan para dar con el paradero de las cuatro personas secuestradas.
Como es conocido al interior y afuera del país mesoamericano, la comunidad indígena garífuna de Honduras sufre agresiones sistemáticas desde hace varios años, ejercidas por compañías bananeras y de cultivo de palma aceitera, entre otras, y más recientemente por los usurpadores de tierras para emprendimientos habitacionales y turísticos. El ejercicio democrático y legítimo de defensa del territorio realizado por OFRANEH y su permanente denuncia de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, ha convertido a los integrantes de la organización en blanco de diversos ataques. Han sido reiteradas las situaciones en las que han sufrido amenazas, persecuciones, asesinatos, y acciones repudiables como la que hoy denunciamos, el secuestro de quienes se oponen al modelo neoliberal de privatización y mercantilización de los territorios y de los bienes naturales, que permiten la subsistencia comunitaria.
De acuerdo a las informaciones que hemos recopilado y analizado en las últimas semanas, con el apoyo de los pueblos en resistencia y las organizaciones que hacen seguimiento a los derechos humanos en Honduras, el complejo hotelero INDURA, ubicado en la costa norte hondureña, y el parque nacional PUNTA IZOPO, en el municipio de Tela, han sido denunciados por habitantes de la zona por usurpar tierras y expulsar pobladores locales. Asimismo, se ha advertido sobre posesión ilegal de tierras por parte de las empresas desarrolladoras inmobiliarias MACERICA e IDETRISA.
En ninguno de los proyectos que estas empresas desarrollan fueron consultados los pueblos garífunas, lo que es obligatorio para cumplir con el Derecho a Consentimiento libre, previo e informado que tienen los pueblos indígenas en el mundo, establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ratificado por Honduras en 1995.
Las agresiones se incrementaron notablemente desde 2015, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la devolución de tierras y reparación de daños a la comunidad de Triunfo de la Cruz. La demanda ante la Corte IDH fue presentada en 2003, admitida el 14 de marzo de 2006, y el 8 de octubre de 2015 la Corte IDH emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado de Honduras por todos estos actos de violación de los derechos territoriales y colectivos de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En esa sentencia se establecen las responsabilidades del Estado y su obligación de garantizar los derechos a la comunidad, reparar los daños ocasionados y asegurar los mecanismos adecuados para evitar la repetición de esos hechos. Sin embargo, a la fecha, casi cinco años después, la sentencia no se cumple, la comunidad es aún violentada, y el año pasado fueron asesinadas 17 personas, 11 hombres y 6 mujeres.
Desde hace varios años y en el pasado reciente, nuestra red regional de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha denunciado la brutal violencia que soportan las organizaciones, movimientos y comunidades del hermano país mesoamericano. ATALC ha recopilado información, documentado denuncias, y dejado constancia ética e histórica de la nefasta situación a la que se ha llevado al pueblo garífuna, sin que haya acciones contundentes de parte del Estado hondureño y los gobiernos de turno para atender ese contexto. Ante la agudización de la criminalización contra ese pueblo originario y la combinación de todas las estrategias de despojo comunitario y violación de sus derechos, Amigos de la Tierra Internacional reitera el repudio y la denuncia del secuestro de los luchadores de la comunidad Garífuna. Asimismo, denunciamos todos los crímenes de lesa humanidad contra las/os lideresas/líderes comunitarias/os, sujetos políticos en resistencia al modelo de exterminio y en defensa de sus territorios ancestrales, hombres y mujeres fundamentales en la dignificación de la vida de la clase popular.
Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más mujeres y hombres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Mientras, el neoliberalismo despoja territorios para favorecer a las corporaciones transnacionales que, en estos momentos, lucran de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.
Adicionalmente, ante la impunidad reinante en Honduras que a través de esta declaración estamos denunciando, nos sumamos a las organizaciones sociales de ese país para hacer un llamado a la solidaridad internacionalista y exigir al gobierno nacional:
La inmediata aparición con vida de los cuatro Garifunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz secuestrados, entre ellos el Presidente del Patronato de la comunidad e integrante de la OFRANEH.
La detención inmediata de la violencia sistemática y ocasional contra el pueblo garífuna.
El cumplimiento urgente de la sentencia de la Corte IDH en la que se ordenó al Estado, entre otros actores, a sanear, titular y demarcar 2840 hectáreas que corresponden al territorio ancestral, y además devolver a la comunidad de Triunfo de la Cruz, ya que es la dueña legítima, 22 hectáreas de tierras en manos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Tela, así como 98 hectáreas que se encuentran ilegalmente en posesión de las empresas MACERICA e IDETRISA, que ejecutan los proyectos habitacionales Marbella y Playa Escondida.
Convocamos a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con OFRANEH y con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la aparición con vida de los compañeros secuestrados y hasta que cese la violencia sistemática y cualquier ataque contra nuestros pueblos.
Enviaremos estas demandas en una carta al Gobierno de Honduras. Necesitamos su apoyo y solidaridad para que nuestras voces sean escuchadas. Por favor, firmen la carta antes del viernes 21 de agosto de 2020. Reuniremos firmas para enviar la carta antes del 24 de agosto.
