Pronunciamiento del Encuentro Mesoamericano contra la Palma Aceitera – A 6 de octubre de 2021 >>Descargar en comunicado en pdf<<
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.
Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras, y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.
Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas, la violencia física y sexual.
Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite, son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma, no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.
Denunciamos la contaminación y perdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México
Exigimos justicia para las comunidades del rio Guapinol y para los asesinatos pepetrados en el Bajo Aguan en Honduras
Denunciamos la contaminación del rio la pasión por parte de la empres REPSA en guatemala
Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma, y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna
Barranquilla de San Javier, judicializados por la empres Energy y Palma/La Fabril en Ecuador.
¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES! POR TERRITORIOS LIBRES DE MONOCULTIVOS DE PALMA DE ACEITE
Atentamente:
RED MESOAMERICANA FRENTE A LA PALMA ACEITERA
Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Guatemala: Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos) México: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Otros Mundos AC/Chiapas Organización Yashalum Santiago Aposte A.C Ejido Acambak Zoques por la Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE) Defensoras de Nasakobajk Centro de Lengua y Cultura Zoque Mujeres, Organización y Territorios MOOTS CAL Naturaleza y Esperanza por un Territorio Digno El Puente ES Ecuador: Acción Ecológica Internacional: Salva la Selva Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA)
Comunicado del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 21 de septiembre del 2021
¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!
El 21 de Septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, comunidades, movimientos, organizaciones y redes celebran el coraje y la fuerza detrás de cada lucha.
Compartamos las historias de resistencia y exijamos colectivamente el fin de la expansión de esta devastadora industria.
El modelo de plantación a gran escala no se puede desvincular de las historias de colonialismo, capitalismo, patriarcado y racismo. Este modelo intensivo y violento se basa en gran medida en crímenes. Crímenes como el robo de tierras y de medios de vida, la criminalización ilegal, agresión y acoso sexual, violaciones de los derechos humanos, opresión sobre las mujeres, explotación laboral, devastación ambiental y contaminación.
Quienes están detrás de la imposición de este modelo en el Sur, a menudo, han tratado de borrar los pasados y presentes violentos de sus actividades con una propaganda que suene atractiva. Sin embargo, las afirmaciones de ‘sustentable’, ‘cero emisiones netas’ o ‘carbono neutral’ esconden innumerables historias de despojos y opresiones que han generado y sostenido ganancias para unos pocos. Historias que en gran medida han sido silenciadas y marginadas por la fuerza del dinero y del poder.
Pero estas historias también conllevan otras, poderosas y fuertes, de resistencia de las comunidades. Sus luchas contra los monocultivos industriales de árboles son luchas por sus tierras y bosques, sus comunidades y sus espacios de vida nutridos con sus propias historias, conocimientos y entendimientos.
Desde 2004, el 21 de septiembre marca el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Es un día en que las comunidades, los movimientos, organizaciones y redes celebran el coraje y la fuerza detrás de cada lucha. Los invitamos a reconocer las innumerables historias de resistencia y a unirse a su reclamo de poner fin a la expansión de estas devastadoras plantaciones industriales de árboles.
¡Amplifiquemos las voces de resistencia contra las plantaciones industriales de árboles!
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la ecomonóa verde en la Amazonia y la resistencia de los pueblos por la vida – A 29 de junio del 2021
El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.
Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.
Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.
Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.
L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.
Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.
Colonialismo verde
Manifestación contra programas REDD en Feijó, estado de Acre. Septiembre, 2017
Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.
“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.
Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.
Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.
“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.
También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.
Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.
“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.
Mercantilización de la naturaleza
Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012
Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.
Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.
“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.
A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.
“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.
Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.
Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.
Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.
“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.
Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.
“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.
Imagen: Manifestación contra proyectos de capitalismo verde en Xapuri, estado de Acre. Brasil, 2020. – Avispa Midia
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021
Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.
Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.
Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.
Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.
“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.
Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.
Corrupción
Sembrando Vidarealiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.
De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.
“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.
“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).
Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.
En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.
La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.
Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.
Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.
Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.
Comunicado de la Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina RECOMA – A 21 de septiembre de 2020
Este 21 de septiembre no es uno más. Nos encuentra con la crisis del COVID 19 en todo el mundo. Una pandemia que nos obliga a reflexionar sobre los dramáticos impactos que la pérdida de biodiversidad y el daño al funcionamiento de los ecosistemas está generando al planeta y a las sociedades que formamos parte de él.
Existe pleno reconocimiento a nivel global de que las pandemias que vivimos son el resultado de la agresión a la naturaleza. No sólo el COVID 19 vinculado al tráfico de especies y destrucción de áreas naturales, sino también otras como el Dengue que al calor del cambio climático se expande por Nuestra América.
Sin embargo, el confinamiento de media humanidad, la pérdida de empleos, las dramáticas experiencias de quiebra de sistemas de salud y el costo en vidas, aún en países y ciudades ricas, no están siendo suficientes para detener a las corporaciones extractivistas o cambiar su modelo de ganancias. Los líderes del mundo continúan colocando sus esperanzas de reactivación económica post pandemia en los mismos modelos económicos que nos han llevado a esta crisis del COVID, crisis climática y crisis de biodiversidad.
En este contexto, las empresas del sector de las plantaciones son parte sustancial del problema. Cientos de miles de hectáreas, de humedales, bosques, selvas, sabanas y pastizales han sido transformadas en monocultivos de árboles, sean estos de Palma, Pinos, Eucaliptus, Cítricos, Álamos, Aguacate u otros, el modelo es el mismo. Los monocultivos de árboles destruyen la diversidad de hábitats y nichos ecológicos existentes en los ecosistemas naturales, afectan los servicios ecosistémicos, modificando las condiciones higrológicas, la disponibilidad de agua, la oferta de polinización, y las inconmensurables características que contienen los ambientes diversos, incluidas las personas que en ellos habitan.
El despojo a las comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, y otras comunidades tradicionales, es una constante que no se ha detenido en tiempos de pandemia, inclusive se ha agravado. No ha habido confinamiento para la destrucción ambiental colocando en un enorme riesgo sanitario a los pueblos que viven en los bosques y áreas naturales. En casi todos los países la situación de los y las defensorxs del ambiente ha empeorado, al perderse las mínimas libertades civiles en el derecho de reunión y protesta. Los asesinatos continuaron durante las cuarentenas en Honduras y Colombia.
Por ello, en este día de lucha contra los Monocultivos de Arboles, nos volvemos a manifestar y replantear, que las plantaciones industriales son parte del problema y ante la magnitud de la crisis global no podemos permitir que se sigan discutiendo falsas soluciones. Los monocultivos de árboles deben estar fuera de las discusiones sobre captación de carbono para disminuir la crisis climática, fuera de las discusiones de restauración de ambientes, fuera de las discusiones de desarrollo sustentable. Con monocultivos de árboles no tendremos biodiversidad ni ecosistemas sanos, y nadie estará sano en ecosistemas enfermos sin biodiversidad.
¡BASTA DE MONOCULTIVOS INDUSTRIALES DE ÁRBOLES! ¡BASTA DE FALSAS SOLUCIONES! ¡NADIE TENDRÁ SALUD EN ECOSISTEMAS ENFERMOS!
Firma
Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina. – RECOMA
En una conmemoración más por el Día Internacional de Lucha Contra Los Monocultivos les invitamos a participar en el conversatorio este 21 de septiembre a las 15 hrs hora México
Tendremos transmisión en vivo por FaceBook Live de la Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles RECOMA
Les compartimos la siguiente infográfia al respecto:
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020
Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.
México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya,
denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades
desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia
para plantar soya transgénica en sus territorios.
“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire
contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy
fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la
activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más
afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.
Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la
apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la
deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los
grandes productores de soya.
Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades
Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel
en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por
la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.
El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba
la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al
señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las
desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de
las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales,
cuando no las matan directamente.
Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona
Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el
glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron
efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de
México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los
indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en
sus territorios.
Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el
proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian
los indígenas.
“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se
sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas,
según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a
Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio
de 2018 por 63 mil millones de dólares.
El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que
el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica,
que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de
pocos meses”.
El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con
apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja
en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que
conduzca a la prohibición.
Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
