A casi 20 días de lanzar una petición por la plataforma Change, donde se le pide a CONAGUA revocar la concesión de aprovechamiento de agua a Femsa Coca-Cola en Chiapas, se han logrando recaudar veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta y cinco firmas.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Diferentes colectivos y organizaciones nos hemos pronunciado en contra de esta planta que aparte de extraer grandes cantidades de agua, sus productos dañan mucho la salud de sus consumidores; contienen grandes cantidades de azúcar, causando obesidad, diabetes, malnutrición, descalificación de huesos y dientes, entre otros daños y enfermedades. Ve esta infografía al respecto.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre los humedales de Montaña en San Cristóbal de Las Casas- A 12 de mayo de 2020
Por Elio Enríquez
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades del sector ambiental de los tres niveles de gobierno y representantes del poder legislativo federal acordaron delimitar los humedales de La Kisst y María Eugenia y ubicar señalización en sitios clave, en los que se indique su importancia y las consecuencias legales que implican su invasión y relleno, para evitar que continúe su destrucción.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que lo anterior fue acordado en una reunión virtual con defensores de la sociedad civil de San Cristóbal, con el fin de “dar seguimiento a la problemática que enfrentan en la ciudad debido a la invasión y relleno de humedales de alta montaña de La Kisst y María Eugenia, ecosistemas que juegan un papel fundamental por los servicios ambientales que prestan”.
Destacó que éstos humedales “son áreas naturales protegidas por decretos estatales de 2008 y 2011, considerados en la Lista Internacional de Sitios Ramsar (zonas de reserva por su importancia internacional) desde 2012. Su superficie original era de 232 hectáreas y se ha visto reducida a 156”.
En un comunicado, la Semarnat agregó que también se convino realizar “en el menor tiempo posible una reunión con el Fiscal General del Estado y con el delegado en Chiapas de la Fiscalía General de la República”, para analizar los relacionado con varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Señaló que de igual forma se acordó establecer “una ruta crítica que buscará sumar a autoridades que no estuvieron presentes e integrarlas al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil”.
Recordó que “desde septiembre de 2019, autoridades municipales de San Cristóbal han sostenido reuniones con la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para sumar esfuerzos y tratar de resolver esta situación que se presenta desde hace más de 12 años”.
En ese contexto, abundó la dependencia, “se conformó la Mesa de Atención Interinstitucional de los Humedales de Montaña de San Cristóbal de las Casas, mediante la cual se han levantado denuncias, órdenes de demolición y clausura de accesos, acciones que lamentablemente han sido violentadas”.
Precisó que en el encuentro virtual participaron representantes de la Semarnat, de la Conanp, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas y, por parte del Legislativo, la diputada federal Martha Dekker, del partido Morena.
Por parte de la sociedad civil estuvieron representantes de las colonias del norte y sur de la ciudad, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca Jovel, del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C., de La Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel, Educreando A.C. y Cecropia.
Actualización de la petición a 15 de mayo de 2020, se han recabado veinte mil quinientas ochenta y seis firmas pidiendo a CONAGUA retirar la concesión de aprovechamiento de agua a FEMSA-Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chi. 8/05/2020| En solo tres días la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revocar la concesión de aprovechamiento de agua para la empresa FEMSA en Chiapas alcanzó las diez mil setecientas firmas. Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.
Ilustración por Colectivo Alter-Navitas
Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.
Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
La población de San Cristóbal a expresado porque firma y apoya la petición, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua
Diversas organizaciones y colectivos se han pronunciado a favor de revocar la concesión a dicha empresa: «sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad».
Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
Pronunciamiento de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya – A 5 de mayo de 2019
Entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a la compañía inmuebles del Golfo S.A. de C.V. para la fabricación de la bebida conocida como Coca-Cola, permitieron que esta fábrica extranjera durante ese lapso DIEZ MIL MILLONEZ de litros de agua; un volumen equivalente a diez veces el cupo del Estadios Azteca. Las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar.
Cuando CONAGUA entregó la concesión a la fábrica de la empresa Femsa-Coca-Cola en 1995, el municipio tenía 116,729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185,917, es decir, entre un 25 y 30%, tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable. A pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de CONAGUA, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta de Femsa-Coca Cola sea sostenible. En contraste, una gran cantidad de viviendas e incluso hospitales enfrentan graves insuficiencias del líquido. Esta situación, fácilmente constatable para cualquiera, permite afirmar que el agua que se destina al uso industrial de la mencionada empresa pone en riesgo el abastecimiento de agua para la población actual y futura de San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, los impactos en la salud de la población debido al alto consumo de refrescos, que hace que el estado de Chiapas ocupe el primer lugar a nivel nacional en diabetes, sobrepeso, obesidad y desnutrición, deben de ser asumidos como una prioridad del gobierno en sus tres niveles. También es importante considerar que en el momento en el que CONAGUA otorgó estas concesiones de agua, no se hacía ninguna proyección sobre los efectos del cambio climático y la importante reducción de las zonas de recarga de agua, fenómenos que afectarán substantivamente la disponibilidad de este líquido en un futuro cada vez más próximo.
Los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica de Femsa-Coca-Cola, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad; así como la de hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto jurídicos como administrativos, para proteger la vida y sus derechos, y con ello, la sostenibilidad de la misma.
Por lo anterior, vimos con agrado que el C. Lic. Miguel Ángel de Los Santos Cruz, síndico del gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, asuma con responsabilidad su función de defensor del pueblo y respaldamos la solicitud a la CONAGUA para revocar la concesión de aprovechamiento de agua. Cabe mencionar que esta petición recoge el sentir de miles de habitantes de barrios y colonias, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que han exigido que se adopte esta misma medida durante muchos años.
De ahí que recibamos con profunda preocupación la negativa de la CONAGUA a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población. Es por ello que pedimos de manera contundente que el Ayuntamiento en su conjunto respalde esta solicitud a la vez que exigimos a la CONAGUA que reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua a cualquiera de las figuras jurídicas que utilice Femsa-Coca-Cola.
#YoProtejoElAgua #AguaSi #CocaColaNo
Firman
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud – CCESC Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya
Revocar la concesión de aprovechamiento del agua a Coca cola FEMSA en Chiapas
Ayúdanos a defender el agua en San Cristóbal de Las Casas, a proteger nuestros humedales de montaña, al popoye; pez endémico de la región y a todo ser vivo en el Valle de Jovel. Por el agua es un derecho y es de todas y todos #YoProtejoElAgua.
Durante más de 20 años esta empresa refresquera Coca cola a extraído 1.3 millones de litros al día y explotado los mantos acuíferos de San Cristóbal de Las Casas. Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel.
Aunado a esto dicho bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y a la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
Durante el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19 la empresa a seguido laborando a pesar de ser una industria NO esencial, por lo que pedimos a la Comisión Nacional del Agua la revocación de la concesión de aprovechamiento de agua en San Cristóbal de Las Casas.
¡AGUA SÍ, COCA COLA NO! #YoProtejoElAgua
Imagen: Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el agua en Chihuahua – A 24 de marzo de 2020
El pasado domingo 19 de abril, integrantes de la familia LeBarón entraron de manera ilegal a terrenos del Ejido Constitución, municipio de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua; con el fin de conectar la electricidad para la operación de 12 pozos de los cuales pretenden extraer agua para abastecer al rancho “La Mojinia”. Cuando lxs ejidatarixs trataron de detenerlos, fueron agredidos dejando a dos jóvenes de la comunidad ejidal lesionados.
Desde hace muchos años los ejidos Constitución, Benito Juárez y Flores Magón, todos del mismo Municipio, han denunciado ante distintas instituciones, la ilegalidad en la que opera la familia LeBarón en la zona, así como las afectaciones que las comunidades están teniendo por la perforación de pozos, que ésta familia ha hecho, sin contar con los permisos correspondientes.
La escasez de agua en viviendas y escuelas ha llevado a lxs ejidatarixs a acudir a la Conagua, Semarnat, Profepa, PGR, entre otras instancias, para que se abra una investigación sobre las irregularidades en que han incurrido miembros de la familia LeBarón, quienes aseguran tener documentos de la concesión de un pozo de agua y que de acuerdo a las comunidades ejidales ese documento es un traspaso que se hizo de forma ilegal.
La familia LeBarón tiene interpuestos dos amparos (280/82018 y 294/2018 radicados, en el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, respectivamente); por la negativa de la Conagua de otorgarles permiso para abrir más pozos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitió una resolución donde los recursos de reclamación de Joel LeBarón son infundados.
El día 22 de abril del presente la Conagua lanza un comunicado en relación a los acontecimientos del domingo 19. El comunicado claramente dice “Esta Comisión no ha autorizado la perforación de pozos nuevos en beneficio de Joel LeBarón ni de sus familiares, particularmente en el predio denominado Rancho La Mojina”. https://www.gob.mx/conagua/prensa/la-conagua-no-ha-autorizado-la-perforacion-depozos-nuevos-en-el-rancho-la-mojina-en-chihuahua-240802?idiom=es
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Ing. Antonio Luna Mendoza declaró ante la prensa el 22 del presente que; “Julián LeBarón no cuenta con el permiso definitivo, ni autorización para que terceros instalen la red eléctrica de los pozos en La Mojina.”
El compañero Joaquín Solórzano, representante de el Barzón y miembro de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), en una entrevista con Carmen Aristegui señala que en el supuesto de que el pozo que está operando en el predio “la Mojina” fuera legal, sólo podría regar 19 hectáreas y no las 300 hectáreas que los LeBarón tienen sembradas de nogales, además de que estos cultivos son ilegales pues no cuentan con la autorización de cambio de uso de suelo por parte de la Semarnat.
Así mismo recordó que a causa de este mismo conflicto han sido asesinadxs lxs compañerxs Manuelita Solís, Ismael Solorio, Alberto Almeida, Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.
Desde la REMA exigimos al Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que se resuelvan ya los amparos 280/82018 y 294/2018, basándose en el principio pro-persona, para que este conflicto sea resuelto y la familia LeBarón deje de seguir operando con total impunidad.
¡BASTA DE ARREBATAREL AGUA A LOS PUEBLOS! ¡BASTA DE SEGUIR VIOLENTANDO A LAS Y LOSDEFENSORES DELAGUA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOSPOR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos esta nota publicada en La Jornada y de la Campaña Sin Maíz No Hay Pais sobre la inictativa #MAÍZYA para la defensa del maíz nativo – A 25 de marzo de 2020
El Senado aprobó anoche la Ley Federal para el
Fomento y Protección del Maíz Nativo, con las modificaciones que realizó
la Cámara de Diputados y remitió la minuta al Ejecutivo federal, para
su promulgación entre expresiones de júbilo de Jesusa Rodríguez y Ana
Lilia Rivera, autoras de esa iniciativa encaminada a preservar ese
alimento, “que es también la esencia de nuestra cultura”, frente a los
intereses de poderosas corporaciones trasnacionales.
Es la segunda ocasión en que esa reforma pasó por el
Senado, la primera en septiembre del año pasado, cuando se aprobó la
iniciativa y anoche, al allanarse esa cámara a las modificaciones
realizadas por la colegisladora, las que, a juicio de las comisiones
dictaminadoras “no modifican la naturaleza” ni el espíritu de la
propuesta original que es establecer mecanismos institucionales para la
protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante y
declarar a esta actividad como mecanismo cultural.
Casi al final de la sesión con la que cerró
actividades el Senado -para cumplir con las medidas gubernamentales de
prevención del Covid-19, la senadora Jesusa Rodríguez subió a tribuna
para expresar su jubilo ante la aprobación de es nueva ley. Citó el
poema “Patria y superficie del maíz”, de López Velarde y resalto que el
maíz es más que un alimento, “es también la esencia nuestra cultura”.
«¿Qué sería de los pueblos si maíz?”. Como amanecer
sin sol, como paisaje sin distancia, como árbol sin raíz… como dormir
sin descansar, como viajar sin asombro, Así estaríamos, como como
muñecos de lodo, de paja, de madera, sin sangre sin carne”
En igual tono poético, la senadora Jesusa Rodríguez
resaltó: “Sin maíz qué fuera de nosotros, qué fuera de las esperanzas,
qué fuera de fuera de la vida sin la gracia primera. sin la dulce
sonrisa de mazorca, qué fuera de los campos sin rastrojo, de la noche
sin el día que fuera de la gente sin sus huesos, qué fuera de un un
país, que es el nuestro que vive del maíz y en él se inventa”
«¿Qué fuera del pasado y del futuro, qué fuera del
presente si no fuera el maíz nuestro sustento, nuestro amor. Nada
seríamos ya porque somos maíz no somos otra cosa”.
La senadora, actriz y activista resaltó que “triunfó
la causa y México”, porque el país es esa planta, crece en ella y se
levanta porque “México y el maíz son uno solo”.
Por su parte, la senadora Rivera señaló: “festejamos,
estamos orgullosas de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida
en defensa de nuestro país, porque le arrebatamos a intereses perversos
la posibilidad de poder crear propiedad intelectual sobre las variedades
vegetales del maíz “
Detalló que son más de 2 millones de 64 razas y de más de 1000 años de evolución y domesticación del maíz.
Mostró “uno de los morales más maravillosos de
Cacaxtla, en Tlaxcala, “donde vemos una milpa qué lugar de mazorcas da
de esos, porque es la simbología de nuestro pueblo. Es la esencia del
pueblo de México”.
La senadora de Morena resaltó que no son un grupo de
locos poetas, sino un grupo que lucha por el maíz “contra monopolios
agroalimentarios poderosos, ambiciosos calumniadores, a quienes hoy se
les acabó la posibilidad de hacerse del maíz.
“¡¡Sin maíz no hay país y milpa tampoco!!”, concluyó.
Unánime aprobación del Senado para crear Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo
Senado de la República Boletines 24 Marzo 2020 22:48
Se protege a la producción, comercialización y consumo de este alimento como una obligación del Estado.
Por unanimidad, con 79 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó, en
lo general y lo particular la minuta devuelta por la Cámara de Senadores
que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo,
con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad.
Con este ordenamiento se declara a la producción, comercialización y
consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como
manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales.
Se establece su protección y la obligación del Estado para garantizar
el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad,
como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución
Mexicana.
También, se establecen mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación Constante.
Se incluye la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un
órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión
en la materia, y se disponen procedimientos y mecanismos para la
identificación de áreas geográficas en las que se practiquen sistemas
tradicionales de producción, a fin de establecer las medidas necesarias
para garantizar y fomentar su subsistencia.
“Logramos crear una ley de salvaguarda que reconoce al maíz como un
derecho humano a la cultura y un derecho humano a extensión del derecho a
la salud de este país”, dijo la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera, de
Morena, una de las promotoras de la legislación.
Destacó el orgullo de quienes han trabajado en la defensa del maíz,
al arrebatar de “intereses mezquinos y perversos” la posibilidad de
crear propiedad intelectual sobre las más de 64 razas, resultado de más
de siete mil años de evolución y domesticación del alimento.
En tribuna, la senadora de Morena y también promotora de la Ley,
Jesusa Rodríguez Ramírez, manifestó que el maíz es el alimento y base de
la salud de la población. La mayoría de las enfermedades, indicó, son
causa de la mala alimentación. “Representa el fundamento de una buena
alimentación y la esencia de nuestra cultura”.
Después de haber sido devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, la Ley fue aprobada en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre la exigencia que la refresquera salga de San Cristóbal en marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua – A 5 de Febrero de 2020
Por Andrés Domínguez
Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el
Territorio, afirmó que la empresa FEMSA-Coca Cola ha visitado diversos
municipios en los últimos meses con la intención de identificar
afluentes de agua; materia prima para la producción de refrescos
embotellados.
En el marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa
de Ley Ciudadana del Agua, la ambientalista comentó que ese esfuerzo
busca garantizar el derecho humano al agua bajo principios de equidad y
sustentabilidad, por ello, esta lucha se ve clara en San Cristóbal con
el control del vital líquido de la empresa, así como en otros sitios que
requieren grandes cantidades para minería, agroindustria, empresas
lecheras, cerveceras y refresqueras.
“Esta iniciativa de alguna manera demuestra esperanza, hay muchos colectivos, pueblos y organizaciones que buscan acercarse al agua y no permitir que sea CONAGUA, sino la federación quien detalle los procesos de aprovechamiento. Se está dejando a la gente sin agua” explicó.
En este contexto, Rosa Rojas afirmó que FEMSA-Coca Cola mantiene un
permiso de extracción de un pozo profundo hasta el 2030. Sobre el
aprovechamiento, Otros Mundos, ha señalado que la empresa extrae 1.3 millones de litros al día de San Cristóbal de las Casas.
En diciembre pasado, Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México
se pronunciaron en contra de otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho
de explotar un tercer pozo en Chiapas, así como no organizar consultas
simuladas y manipuladas sobre megaproyectos. Sin embargo, la propia empresa desmintió tal intención.
“Coca Cola gestionó un permiso para perforar, pero la
idea era saber si el acuífero tenia agua, eso fue lo que nos dijeron vía
solicitudes de transparencia. Si se autorizó la perforación, pero era
solo para ver los niveles” ahondó sobre este punto la activista.
Además, Rosa Rosa comentó que en los últimos dos o tres años, la
empresa ha buscado otros sitios para encontrar mantos acuíferos, tal es
el hecho de la Laguna de la Candelaria, en San Cristóbal de las Casas.
“Es una laguna sagrada, varias comunidades, incluso
Huixtán y Tenejapa se abastecen de ella, llegó la empresa pero la gente
se organizó” mencionó.
Hace unas semanas, por el municipio de Marqués de Comillas, en el
corazón de la Selva Lacandona, se documentó que la empresa realizó el
mismo sondeo, sin embargo, los pobladores no le permitieron la entrada.
Por último, la activista reconoció que si bien la demanda por la salida de la empresa no es de todo el municipio de San Cristóbal, ya que existe una fuerte demanda por el consumo e interés que se trastocan. “Somos grupos sensibles, buscamos se le retire la concesión por el daño que implica la extracción” finalizó.
Fotos: Un grupo de San Cristóbal de las Casas se manifestó a las afueras del Senado de la República para exigir la salida de la empresa. 4 de febrero 2020
N.
del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con
una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la
reportera.
Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de
descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5
mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos,
higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.
Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos
fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la
Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos
del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.
Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla,
cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la
tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residualessin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.
“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua
les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no
deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”,
expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por
pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después
de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su
propio sistema de agua es de un valor profundo”.
En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el
Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de
más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación
de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de
Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.
El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20
pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los
cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos
trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el
derecho al pozo.
La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó
registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la
Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz
Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.
“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración
del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que
el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la
Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos,
bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la
misiva del Alcalde.
Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del
Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están
trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de
Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano
exclusivamente para los municipios.
En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo
que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano,
en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.
Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no
ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más
que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.
Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil
concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la
fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.
“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país
tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de
Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la
disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son
objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha
tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y
los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.
DESCARGAS SIN PERMISO
Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos
industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no
se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley
Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el
Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se
evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del
poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.
Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para
uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las
de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.
“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en
parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión,
entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los
derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns,
de la Coordinadora Agua para Todos.
Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y
globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y
acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería
Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez,
Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter
& Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola
(su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle
(Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.
Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.
También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.
“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los
ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el
colapso por el manejo de las aguas superficiales y las
subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua
admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente
contaminadas”.
La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga,
si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al
suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las
personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos,
cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de
agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación.
“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino
que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar
derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con
datos de la Auditoría Superior de la Federación.
“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de
drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las
descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la
Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades.
Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin
tratamiento”, aseguró Burns.
“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y
las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque
están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”,
reiteró.
En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario
más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de
Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como
las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères,
la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga
luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para
Todos y Conagua.
Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo
hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil
concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos
usos, incluyendo el industrial.
“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de
aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el
punto de toma o del pozo”, dijo Burns.
CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO
Coca-Cola FEMSA informa
En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera
titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso
de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:
Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes
necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los
permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para
realizar esta actividad.
Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los
estándares y normas establecidos por autoridades ambientales,
municipales, estatales, federales e internacionales.
Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y
Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y
compromisos de conservación y preservación ambiental.
Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la
CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso,
tratamiento y descarga del recurso nacional.
Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.
Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los
cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y
colaboración, para un entendimiento mutuo.
CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO
RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA
Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua
(Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de
descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única
excepción es si descargan en un sistema municipal.
Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las
concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló
los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona
física o moral, lo cual se representa en el mapa.
En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios
Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y
Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión
sin el número de permiso que dicen tener.
La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.
“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de
descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de
concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga
bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca
demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la
contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena
Burns, investigadora de Agua para Todos.
Compartimos el siguiente pronunciamiento de Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México – A 6 de diciembre de 2019
Somos guardianes y guardianas de la vida y los territorios provenientes de 11 estados de México. Les queremos alertar sobre el impulso de grandes obras de infraestructura y proyectos extractivos que nos impiden vivir en paz en nuestras ciudades y comunidades.
Nuestras luchas trascienden los sexenios y se enfrentan desde hace tres décadas a la continuidad de la política socio-económica neoliberal implementada por el Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras. Y hoy, a un año de la toma de protesta del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos toca hacer el triste recuento de las batallas que tuvimos que librar desde el inicio de la « cuarta transformación » para defender nuestros derechos humanos y los bienes comunes naturales con los cuales convivimos.
De los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 nos afectan directamente en nuestros territorios. Entre ellos tres de los más mediatizados por la nueva administración: el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía en el estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.
El presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de México ya que se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la Cuenca del Valle de México, misma que abastece a los capitalinos.
Conferencia de prensa Cdmx
El Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, se pretende imponer por medio de simuladas consultas que no cumplen con los parámetros mínimos del derecho a la consulta previa, libre e informada. Los pueblos ya han desconocido estas prácticas que violentan sus tiempos, formas y espacios de toma de decisiones. Pretende convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias. Pondría en riesgo la soberanía nacional al transformar este territorio en un nodo de tránsito de mercancías del capitalismo global.
En el centro del país, el gobierno mexicano intenta imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM) desde 2011. Implica la construcción de un acueducto que despojaría a los y las morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto. Este último pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl. Cualquier erupción de este volcán activo sería desastrosa para la población. Hemos enfrentado diversos ataques por resistir al PIM, entre los cuales el asesinato de Samir Flores, que se mantiene impune. En los últimos días, recibimos amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, y el abogado del Frente de Pueblos. Juan Carlos Flores Solís ha sido intimidado y señalado por su defensa.
Las tierras morelenses están también en la mira de la industria minera. La empresa Álamos Gold pretende iniciar la explotación del proyecto «Esperanza », también llamado « Proyecto Jumil » en el surponiente del estado, a pesar de que su Manifestación de Impacto Ambiental fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y por afectar la zona arqueológica de Xochicalco. Se trata de un proyecto de extracción de oro y plata altamente tóxico, con impactos a la salud de las comunidades locales, a su patrimonio y al medio ambiente. Logramos frenar este proyecto en el año 2013 y hoy reiteramos nuestra determinación a no dejarlo avanzar.
La minería canadiense nos afecta también en la Sierra Norte de Puebla, en particular en Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto. El « Proyecto Ixtaca » acabaría con el agua de las comunidades del municipio al consumir 5.5 millones de litros de agua al día, y tendría graves impactos en 29 municipios de la cuenca del Río Apulco. Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada y las concesiones han sido declaradas ilegales. Pero gracias al amparo legal interpuesto por los y las defensores, la Semarnat suspendió el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental y el proyecto no ha podido avanzar.
En la zona del golfo de México en Veracruz, la empresa Azucar Minerals, creada como una extensión de la misma Almaden, quiere explotar el proyecto de extracción de cobre y oro “El Cobre”. Otra compañía basada en Vancouver llamada Candelaria Mining quiere reactivar el proyecto “Caballo Blanco”. Ambos están ubicados a proximidad de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.
En Chihuahua, en la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas sin garantizar el derecho del pueblo a sus tierras ancestrales y a la consulta: tres a particulares y la cuarta a la minera Evrim S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Evrim Resources Corp. Resistir a proyectos de muerte en esta región donde reina una violencia extrema tiene un costo: el compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.
El extractivismo minero nos afecta a todas y a todos a nivel nacional ya que es una de las actividades que más agua consume. En Zacatecas, el gobierno pretende construir la presa Milpillaspara acaparar el agua del río Atenco y abastecer en agua a mineras y a la cervecera Grupo Modelo de forma directa o indirecta. Desde 2018, el gobierno estatal ha desplegado una estrategia de división, corrupción e intimidación en contra del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco para imponer este proyecto.
Otra cervecera que el estado privilegia por encima del derecho humano al agua es la Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Un acuerdo firmado en 2015 con la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la compañía obtener el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable por año. Si bien el presidente afirmó en septiembre que la empresa no debería instalarse en esta zona árido-desértica, la construcción de su nueva planta de 400 hectáreas no ha parado y ya lleva el 45% de avance.
En el estado de Chiapas, el agua está siendo acaparada por la empresa Coca-Cola, que extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios a través de los dos pozos de su planta ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Ahora busca abrir un tercer pozo y para limpiar su imagen, intentó construir un humedal artificial para tratar aguas residuales dentro de un área protegida, en complicidad con el ayuntamiento. Pero gracias a la lucha de la población local, el proyecto no ha podido avanzar.
La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México. En el frente de esta batalla están también los pequeños productores y las pequeñas productoras de Michoacán que día a día trabajan la tierra para protegerla ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria. Ante el acaparamiento de nuestras tierras, la tala de nuestros bosques y el desplazamiento de nuestras comunidades, son ellos y ellas quienes resguardan el tejido comunitario, y detienen el cambio de uso de suelo y el robo de agua de nuestras comunidades.
Por todo lo anterior y lo que falta, hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones públicas y sociedad en general a construir y defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosquesy montañas. ¡Organicémonos de manera conjunta frente a la violencia, la injusticia y por la vida! Urge deshacer los mecanismos que permiten desde hace décadas que los gobiernos y las empresas destruyan nuestros bienes comunes naturales y pisoteen nuestros derechos. Le exigimos al gobierno respetar nuestro derecho a la libre autodeterminación para decidir sobre el tipo de desarrollo sustentable y colectivo que queremos en nuestros territorios.
En particular exigimos:
Procurar justicia para los compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua y todos los defensores y las defensoras de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México;
Respetar el derecho a la autodeterminación de los más 20 pueblos originarios que integramos el Frente de pueblos originarios en Defensa del Agua en Santa Lucía;
Cancelar el Corredor Interoceánico, proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec y respeto a la libre autodeterminación de sus pueblos originarios;
Cancelar el Proyecto Integral Morelos;
Cancelar todas las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua;
Declarar los territorios de Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua libres de Minería;
Respetar la autonomía de los ejidos de Zacatecasque ya han dicho “NO” a la Presa Milpillas;
No otorgar a la cervecera Constellations Brands el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable al año en Mexicali;
No otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas;
No organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos;
FIRMAMOS: ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT); ASAMBLEA DE RESISTENCIA DE AMILCINGO; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO; COLECTIVO TIOKÓ MONTAÑA DE GUERRERO; COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE MEXICALI; CONSEJO TIYAT TLALLI; COORDINACIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COLONIAS DE XOCHIMILCO; FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA; FRENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA; LA ASAMBLEA VERACRUZANA DE INICIATIVAS EN DEFENSA DEL AMBIENTE (LAVIDA); MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO; MOVIMIENTO MORELENSE EN CONTRA DE LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES; MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DEL BOSQUE Y CUENCAS DE AGUA DE TANCÍTARO; NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR (NCCP); OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS; OTROS MUNDOS CHIAPAS; PLATAFORMA VECINAL Y OBSERVATORIO DE LA COLONIA JUÁREZ 06600; RADIO COMUNITARIA AMILZINKO; RED EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA SIERRA TARAHUMARA; RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA); RESISTENCIA CIVIL DE BAJA CALIFORNIA; UNIÓN DE COMUNIDADES Y EJIDOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, DEL AGUA Y DE LA VIDA (ATCOLHUA); UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN
Compartimos el comunicado resultado de la visita de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en San Cristóbal de Las Casas y del Foro Problemática del Agua en el Valle de Jovel – A 13 de noviembre de 2019>>Descargar comunicado en pdf<<
2ª. MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 2 de octubre de 2019 al 8 de marzo de 2020
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 13 de noviembre de 2019
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SENADO DE LA REPÚBLICA. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CÁMARA DE DIPUTADOS, H. CONGRESO DE LA UNIÓN. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 2018-2021 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SEGUNDA MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Los que suscribimos, compartimos una MIRADA de nuestra realidad, misma que se centra en el incremento del PROBLEMA AMBIENTAL que atenta contra la tranquilidad, salud, seguridad, orden, habitabilidad y sana convivencia entre los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.
Entre las causas más relevantes destacan:
Violación al Estado de Derecho;
Violación a los Derechos Humanos;
Ausencia de Justicia;
Ausencia de Mecanismos de Control para frenar o revertir el deterioro a un Medio Ambiente Sano;
Violación de la legislación por las propias autoridades locales (anteriores y actuales)
Simulación y/o discriminación de la Participación Ciudadana en el diseño de nuevas Políticas Públicas;
Ausencia de Mecanismos de Participación Autónomos ciudadanizados para vigilar, supervisar y evaluar la eficiente aplicación de la Ley por autoridades de los tres órdenes de gobierno;
Falta de respuesta oportuna, de forma premeditada y dolosa por parte de autoridades, a peticiones ciudadanas que solicitan atención; entre otras causas.
Inicio de la gira de la Marcha Mundial en la Plazuela de Cuxtitali
Visita a la Colonia 14 de sept
Delegación de la Marcha en los bancos de Arena en Salsipuedes
Visita al Humedal María Eugenia
Visita a la Colonia 14 de sept
Sus efectos han ocasionado:
Destrucción de la Cuenca del Valle de Jovel, deforestación de zonas de valor ambiental y contaminación de ríos por la falta de control de actividades en el territorio y un crecimiento urbano desordenado, no planeado, no diseñado, no construido y no administrado de forma responsable;
Alto grado de contaminación del agua que consumimos los habitantes, que atenta contra la salud pública;
Ausencia de un plan orientado a la Gestión Integral del Agua por parte de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, SAPAM, que garantice el Derecho al Agua y a su Saneamiento;
Invasiones, venta ilegal de terrenos e incremento de asentamientos humanos y construcciones irregulares en zonas de valor ambiental, como Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Conservación Ecológica, Humedales, Áreas Federales de ríos y arroyos, Zonas Forestales, etc., situación que pone en riesgo la tranquilidad y la paz de quienes protegen estos espacios, ya que hay riesgo de confrontaciones al grado de poner en riesgo la vida humana;
Letargo y ausencia de institucionalización de procesos de planeación local;
Instrumentos de planeación, reglamentos y procesos NO ACTUALIZADOS a favor del orden del territorio y el desarrollo urbano;
Deterioro a la salud, incremento de riesgo y vulnerabilidad de espacios que habita la población,
Violación al nivel de vida adecuado de la ciudadanía y a su integridad.
Criminalización de ambientalistas.
Por lo anterior, reconocemos y damos la más cordial bienvenida a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, la cual nos permite sumarnos a su MISIÓN, que considera principalmente:
Denunciar la peligrosa situación mundial de conflictos crecientes, destacando las que viven vastas zonas del planeta y muchas poblaciones se ven postergadas por falta de alimentos y agua;
Crear Conciencia de que únicamente a través de la “Paz” y la “No Violencia” es como la especie humana abrirá su futuro.
Mayor Visibilidad a las acciones positivas que personas, colectivos y pueblos están desarrollando en numerosos lugares en la dirección de aplicar los derechos humanos, la no discriminación, la colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión.
Dar voz a las Nuevas Generaciones que quieren tomar el relevo, mediante la instalación de una cultura de la NO VIOLENCIA en el imaginario colectivo, la educación, la política y en la sociedad.
Mediante el recorrido a diversas zonas de San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este miércoles 13 de noviembre de 2019, con la delegación de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, tuvo como objetivo que la ciudadanía amplíe su visión de nuestra realidad, la cual desea se difunda a nivel mundial, promoviendo además la importancia de seguir participando activamente en proyectos y movimientos sociales orientados a las acciones que valoren los beneficios de defender el medio ambiente y oponernos a la criminalización de quienes somos ambientalistas.
Además tiene el objetivo de comprender la importancia de nuestras luchas y que todas son importantes para contribuir a la construcción de PAZ y evitar la Violencia.
Desafortunadamente, debemos reconocer que desde el fin de mes de octubre, hemos tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación, quién nos señalaba que la Secretaría de Gobierno y autoridades del Estado de Chiapas, nos aseguraba que podíamos realizar el recorrido previsto para la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, sin embargo en la tarde de ayer, la Lic. Angélica Domínguez, Delegada de Gobierno, nos informó que NO HAY CONDICIONES para entrar a la reserva ecológica Quemvo Cuxtitali, y no podían ofrecernos seguridad, NO ES SEGURO, así nos dijo.
Denunciamos la ausencia de autoridad, omisión, incompetencia y falta de gobernabilidad, al no otorgar una respuesta clara y legible a la problemática ambiental y la debilidad del estado de derecho, situación expuesta y evidenciada este día, misma que hoy nos limita ingresar a la reserva ecológica, así como denunciar que el gobierno de cualquier orden y de cualquier poder, no establece una acción efectiva que establezca la solución a nuestras demandas.
Nuestra Denuncia Social se centra con la ATENCIÓN INMEDIATA a las PROBLEMÁTICAS comunes:
Garantizar el Estado de Derecho en San Cristóbal de Las Casas;
Vigilar, frenar y actuar en contra de toda acción ilegal o irregular, que altere las características bióticas en zonas de valor ambiental;
Evaluar, gestionar, atender de forma prioritaria y proyectar y/o programar correcciones, a toda alteración, violación y ocupación ilegal sobre los cauces naturales de los ríos y áreas federales hechas en los últimos 30 años;
Detener de forma inmediata y con mecanismos transparentes de control georeferenciado, toda acción de crecimiento de la ciudad en zonas no aptas para el desarrollo urbano. (zonas bajas en riesgo de inundación, zonas altas de difícil acceso, costosas para poder dotar de infraestructura y servicios básicos);
Garantizar la obligatoriedad de contar con procesos actualizados para controlar y frenar todas las acciones urbanas ilegales en un período no mayor a 3 meses, (deforestación y tala de zonas boscosas, venta de lotes, urbanización y edificación);
Garantizar la atención de forma responsable, en un período de no mayor a 3 meses, las obligaciones y facultades del gobierno municipal, respecto a la aplicación de las políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, lo anterior, debido a que en más de un año de gestión no se tiene una acción realizada en contra del cambio climático a nivel local;
Garantía de atención a las denuncias ciudadanas, garantía de investigaciones efectivas y autónomas, así como el deslinde de responsabilidades en contra de toda las autoridades locales implicadas en el pasado y en la actualidad, responsables, corresponsables e involucradas en el fomento al crecimiento urbano ilegal e irregular, que hayan participado con autorizaciones oficiales que violentaron el marco legal y a los instrumentos de planeación urbana vigente, actuaron en contra del interés público y aportaron al deterioro de nuestro medio ambiente;
Garantía de atención en un período no mayor a 3 meses, para diseñar reglamentos y procesos municipales necesarios para operar y gestionar el Programa de Ordenamiento Ecológico vigente, que permita promover la Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable del Territorio.
Garantizar que en un período no mayor a 1 año, se garantice el diseño de nuevos disposiciones reglamentarias e instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, que no han atendido, a pesar de que las autoridades locales ya violaron el plazo legal establecido, al haber dejado agotar por omisión, los períodos establecidos en los artículos TERCERO y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los nuevos reglamentos deben integrar políticas públicas que fomenten la participación ciudadana, integren criterios alternativos de edificación y urbanización, establezcan parámetros bioclimáticos locales para obra pública y privada, reconozca criterios de infiltración del agua pluvial al subsuelo y fomente la inclusión de toda alternativa sostenible que sea más amigable con nuestro entorno natural y disminuya las alteraciones a nuestro clima.
Gestionar a nivel municipal y fortalecer la legislación estatal, para dar preferencia y prioridad a inversiones públicas para el desarrollo de proyectos a favor de restauración ambiental, demolición de edificaciones construidas de forma ilegal en zonas no aptas para el desarrollo urbano y restauración de todo tipo de daños ocasionados al territorio y medio ambiente, así como, desarrollar programas parciales para el mejoramiento urbano sostenible que garanticen la vinculación con su entorno natural, por encima de inversiones aisladas de obra pública que solamente pavimenta calles sin áreas verdes y carentes de un proyecto de diseño urbano avalado;
Garantizar la penalización en contra de todo acto que fomente, permita, colabore, y financié la creación y operación de grupos de choque protegidos por instituciones y dependencias de gobierno, con fines de cambios de uso de suelo, los cuales se asocian a golpes, agresiones con armas de fuego y amenazas de muerte en contra de ambientalistas.
Actuar en contra de toda denuncia ciudadana y fortalecer la legislación en contra de toda autoridad que actúe de forma dolosa en contra de la ciudadanía, la nueva legislación debe fomentar obligaciones a las autoridades a favor de la No Discriminación de la Ciudadanía en el diseño de políticas públicas, lo anterior por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Deslindar responsabilidad a las autoridades que por omisión permitan el incremento de la posibilidad de riesgos como derrumbes, deslaves, inundaciones, pérdida de superficie permeable para recarga de mantos acuíferos, alteración del clima, entre otras afectaciones locales, ocasionada por la deforestación y el crecimiento urbano irresponsable.
Dentro de las DEMANDAS particulares destacan:
Protección, Conservación y/o Restauración a Zonas de humedales y Áreas Naturales Protegidas;
Dejar sin efecto autorizaciones municipales de cambios de usos de suelo, que no hayan contado con un proceso de consulta pública y hayan omitido procesos federales para revertir usos forestales;
Cierre total o clausura de los predios que albergan actividades de industria extractiva de arena y grava sin autorización alguna;
Restauración ambiental de toda zona impactada por las últimas décadas de los diversos bancos de materiales y mejoramiento urbano de las áreas habitacionales inmediatas, que garanticen una zona de amortiguamiento seguro y restaurado.
Por lo anterior, reconocemos la CREACIÓN DE CONCIENCIA y la necesidad de fortalecer e incrementar la CULTURA CIUDADANA RESPONSABLE, mediante la realización de asambleas en nuestros barrios, colonias y comunidades para iniciar con la concientización de la gente, haciendo todo el esfuerzo posible para hacer análisis de la situación que estamos viviendo, mediante el registro en video, fotografías, etc., que refleje el deterioro de nuestro entorno, así como promover alternativas posibles a realizar en nuestro entorno vital.
Nos preocupa la FALTA DE ESTADO DE DERECHO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y la falta de condiciones de seguridad de la ciudadanía y especialmente de ambientalistas y luchadores sociales, nos preocupa la situación de violencia y la ausencia de paz y armonía en nuestra sociedad, por la falta de atención a las problemáticas expuestas en el presente documento.
Compartimos esta carta abierta de varias organizaciones brasileñas en respuesta las declaraciones del Bolsonaro en la ONU publicada a través del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) – a 26 de septiembre de 2019
Manaus/Amazonas, Brasil, 24 de septiembre de 2019
La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) con el apoyo de sus bases territoriales en los estados amazónicos de Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, representando a más de 180 pueblos, más de 430 mil comunidades indígenas, más de 300 organizaciones indígenas y sus más de 430 territorios, viene a público manifestar su RECHAZO contra las declaraciones hechas por el Presidente de Brasil, Sr. Jair Messias Bolsonaro, en la reunión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2019.
Los ataques racistas y genocidas han afectado directamente a los pueblos indígenas, sus organizaciones sociales representativas y sus lideresas y líderes tradicionales reconocidos a nivel local, nacional e internacional, como Sônia Guajajara, representante de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), y el jefe Raoni Kaiapó, reconocido por sus cincuenta años de acción en favor de los pueblos indígenas. Apoyamos la nominación del Chef Raoni Kaiapó para el Premio Nobel de la Paz, porque él nos representa.
Afirmamos que la mujer indígena que acompaña al presidente Bolsonaro, Isani Kalapalo, NO representa a los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña. El discurso de Jair Bolsonaro en la ONU muestra claramente cómo sus tergiversaciones aumentan cada vez más la violencia, los asesinatos, los impactos ambientales, como en el caso de los incendios. Su discurso legitima las acciones de los invasores y enemigos históricos de los pueblos y territorios indígenas, que intentan a toda costa expulsar a nuestros pueblos e invadir nuestras tierras.
Se reconoce en todo el mundo que la riqueza natural y cultural de los territorios indígenas es responsable del equilibrio ambiental de todo el planeta, y que las áreas urbanas tienen un impacto negativo en la vida de las personas. La declaración de Bolsonaro sobre los pueblos indígenas es falsa. Presenta datos inexistentes e inexactos que demuestran las características de este gobierno considerado por todos los pueblos amazónicos y de todo Brasil como una amenaza para toda la sociedad. El gobierno de Bolsonaro no puede aniquilar ni negociar la riqueza de los pueblos indígenas, ya que eso impacta directamente la vida de miles de pueblos indígenas en Brasil.
Por eso, demandamos el derecho al buen vivir, la unidad de pensamiento y el respeto de la visión y del modo de vida específico de los pueblos indígenas de Brasil. El rol fundamental del representante del país es gobernar para la inclusión de todos y todas que viven allí, con la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales y sagrados de la vida y el territorio.
Exigimos que se respete la declaración del más alto tribunal de las Naciones Unidas y rechazamos las amenazas y los actos concretos contra la vida de los pueblos indígenas brasileños. Exigimos las penalidades y sanciones aplicables al gobierno brasileño por amenazar la vida de la humanidad y los pueblos indígenas de Brasil y la Amazonía. ¡UNIRSE PARA ORGANIZARSE, FORTALECER PARA CONQUISTAR!
Organizaciones firmantes:
COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA – COIAB CONSELHO INDIGENA DE RORAIMA – CIR ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DA TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS – APITSM ASSOCIAÇÃO DO POVO INDIGENA WAIWAI – APIW FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO RIO NEGRO – FOIRN ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO ALTO MADEIRA – OPIAM FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E COMUNIDADES INDÍGENAS DO MÉDIO RIO PURUS – FOCIMP ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DE RONDÔNIA, NOROESTE MATO GROSSO E SUL DO AMAZONAS – OPIROMA FEDERAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DE MATO GROSSO- FEPOIMT FEDERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO PARÁ – FEPIPA COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E ARTICULAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS DO MARANHÃO – COAPIMA ARTICULAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO AMAPÁ E NORTE DO PARÁ – APOIANP ASSOCIAÇÃO INDIGENA KAXUYANA TUNAYANA KAHYANA – AIKATUK ASSOCIAÇÃO INDIGENA PUSURU – AIP MUNDURUKU ASSOCIAÇÃO DAS GUERREIRAS INDÍGENAS DE RONDÔNIA – AGIR ORGANIZAÇÃO INDÍGENA ORO’WARI DE GUAJARA MIRIM RONDÔNIA ASSOCIAÇÃO DO POVO INDIGENA KARITIANA AKOT PYTIM ADNIPA-APK POVO AMANAYÉ ARARAND`EWAR – PARÁ CONSELHO GERAL DA TRIBO SATERÉ-MAWÉ – CGTSM ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS WAIANA APALAI – APIWA CONSELHOS DAS ALDEIAS WAJÃPI – APIMA ASSOCIAÇÃO INDÍGENA XAVANTE NOROTSU’RA – ASIXNOR POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DO ACRE
