Les compartimos con mucha alegría el primer capítulo de nuestra serie de videos: Voces en resistencia.
Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas. En este primer capítulo, participantes de la Primer Escuela Ejidal nos cuentan porque es importante defender el territorio.
Próximamente más capítulos.
San Cristóbal de Las Casas, Chi. 22/05/2020|Les compartimos con mucha alegría que hemos llegado a las 25 mil firmas en la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de revocación de la concesión de aprovechamiento del agua para Femsa Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas.
El pasado lunes 4 de mayo se lanzo en la petición a través de la plataforma change.org a partir de la petición a CONAGUA para revocar la concesión a la refresquera que hiciera el sindico municipal del ayuntamiento Miguel Ángel de Los Santos. Diferentes organizaciones y movimientos nos pronunciamos a favor de esta petición y argumentamos el daño que ha causado a lo largo de 20 años de funcionamiento en el Valle de Jovel.
Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.
>>Ve la infografía al respecto aquí<<
Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.
Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
La población de San Cristóbal a expresado su apoyo a esta iniciativa, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua
Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Infografía La otra pandemia Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
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En Prensa:
A casi 20 días de lanzar una petición por la plataforma Change, donde se le pide a CONAGUA revocar la concesión de aprovechamiento de agua a Femsa Coca-Cola en Chiapas, se han logrando recaudar veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta y cinco firmas.
Les compartimos esta infografía sobre el consumo y extracción de agua que hace la refresquera en San Cristóbal de Las Casas desde hace 20 años.
>>Descarga la infografía aquí<<
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Diferentes colectivos y organizaciones nos hemos pronunciado en contra de esta planta que aparte de extraer grandes cantidades de agua, sus productos dañan mucho la salud de sus consumidores; contienen grandes cantidades de azúcar, causando obesidad, diabetes, malnutrición, descalificación de huesos y dientes, entre otros daños y enfermedades. Ve esta infografía al respecto.
Información sobre producción: Coca Cola reducirá la cantidad de agua que utiliza en su producción, Coca Cola promete restituir los 200 litros de agua que usa por cada uno de la gaseosa
>>Descarga la infografía aquí<<
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En Prensa:
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre los humedales de Montaña en San Cristóbal de Las Casas- A 12 de mayo de 2020
Por Elio Enríquez
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades del sector ambiental de los tres niveles de gobierno y representantes del poder legislativo federal acordaron delimitar los humedales de La Kisst y María Eugenia y ubicar señalización en sitios clave, en los que se indique su importancia y las consecuencias legales que implican su invasión y relleno, para evitar que continúe su destrucción.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que lo anterior fue acordado en una reunión virtual con defensores de la sociedad civil de San Cristóbal, con el fin de “dar seguimiento a la problemática que enfrentan en la ciudad debido a la invasión y relleno de humedales de alta montaña de La Kisst y María Eugenia, ecosistemas que juegan un papel fundamental por los servicios ambientales que prestan”.
Destacó que éstos humedales “son áreas naturales protegidas por decretos estatales de 2008 y 2011, considerados en la Lista Internacional de Sitios Ramsar (zonas de reserva por su importancia internacional) desde 2012. Su superficie original era de 232 hectáreas y se ha visto reducida a 156”.
En un comunicado, la Semarnat agregó que también se convino realizar “en el menor tiempo posible una reunión con el Fiscal General del Estado y con el delegado en Chiapas de la Fiscalía General de la República”, para analizar los relacionado con varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Señaló que de igual forma se acordó establecer “una ruta crítica que buscará sumar a autoridades que no estuvieron presentes e integrarlas al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil”.
Recordó que “desde septiembre de 2019, autoridades municipales de San Cristóbal han sostenido reuniones con la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para sumar esfuerzos y tratar de resolver esta situación que se presenta desde hace más de 12 años”.
En ese contexto, abundó la dependencia, “se conformó la Mesa de Atención Interinstitucional de los Humedales de Montaña de San Cristóbal de las Casas, mediante la cual se han levantado denuncias, órdenes de demolición y clausura de accesos, acciones que lamentablemente han sido violentadas”.
Precisó que en el encuentro virtual participaron representantes de la Semarnat, de la Conanp, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas y, por parte del Legislativo, la diputada federal Martha Dekker, del partido Morena.
Por parte de la sociedad civil estuvieron representantes de las colonias del norte y sur de la ciudad, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca Jovel, del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C., de La Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel, Educreando A.C. y Cecropia.
Imagen: Humadal de La Kisst
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Actualización de la petición a 15 de mayo de 2020, se han recabado veinte mil quinientas ochenta y seis firmas pidiendo a CONAGUA retirar la concesión de aprovechamiento de agua a FEMSA-Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chi. 8/05/2020| En solo tres días la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revocar la concesión de aprovechamiento de agua para la empresa FEMSA en Chiapas alcanzó las diez mil setecientas firmas. Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.
Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.
Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
La población de San Cristóbal a expresado porque firma y apoya la petición, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua
Diversas organizaciones y colectivos se han pronunciado a favor de revocar la concesión a dicha empresa: «sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad».
Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
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Pronunciamiento de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya – A 5 de mayo de 2019
Entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a la compañía inmuebles del Golfo S.A. de C.V. para la fabricación de la bebida conocida como Coca-Cola, permitieron que esta fábrica extranjera durante ese lapso DIEZ MIL MILLONEZ de litros de agua; un volumen equivalente a diez veces el cupo del Estadios Azteca. Las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar.
Cuando CONAGUA entregó la concesión a la fábrica de la empresa Femsa-Coca-Cola en 1995, el municipio tenía 116,729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185,917, es decir, entre un 25 y 30%, tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable.
A pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de CONAGUA, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta de Femsa-Coca Cola sea sostenible. En contraste, una gran cantidad de viviendas e incluso hospitales enfrentan graves insuficiencias del líquido. Esta situación, fácilmente constatable para cualquiera, permite afirmar que el agua que se destina al uso industrial de la mencionada empresa pone en riesgo el abastecimiento de agua para la población actual y futura de San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, los impactos en la salud de la población debido al alto consumo de refrescos, que hace que el estado de Chiapas ocupe el primer lugar a nivel nacional en diabetes, sobrepeso, obesidad y desnutrición, deben de ser asumidos como una prioridad del gobierno en sus tres niveles. También es importante considerar que en el momento en el que CONAGUA otorgó estas concesiones de agua, no se hacía ninguna proyección sobre los efectos del cambio climático y la importante reducción de las zonas de recarga de agua, fenómenos que afectarán substantivamente la disponibilidad de este líquido en un futuro cada vez más próximo.
Los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica de Femsa-Coca-Cola, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad; así como la de hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto jurídicos como administrativos, para proteger la vida y sus derechos, y con ello, la sostenibilidad de la misma.
Por lo anterior, vimos con agrado que el C. Lic. Miguel Ángel de Los Santos Cruz, síndico del gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, asuma con responsabilidad su función de defensor del pueblo y respaldamos la solicitud a la CONAGUA para revocar la concesión de aprovechamiento de agua. Cabe mencionar que esta petición recoge el sentir de miles de habitantes de barrios y colonias, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que han exigido que se adopte esta misma medida durante muchos años.
De ahí que recibamos con profunda preocupación la negativa de la CONAGUA a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población. Es por ello que pedimos de manera contundente que el Ayuntamiento en su conjunto respalde esta solicitud a la vez que exigimos a la CONAGUA que reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua a cualquiera de las figuras jurídicas que utilice Femsa-Coca-Cola.
#YoProtejoElAgua #AguaSi #CocaColaNo
Firman
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud – CCESC Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya
Imagen: Colectivo Tragameluz septiembre 2019
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Ayúdanos a defender el agua en San Cristóbal de Las Casas, a proteger nuestros humedales de montaña, al popoye; pez endémico de la región y a todo ser vivo en el Valle de Jovel. Por el agua es un derecho y es de todas y todos #YoProtejoElAgua.
Durante más de 20 años esta empresa refresquera Coca cola a extraído 1.3 millones de litros al día y explotado los mantos acuíferos de San Cristóbal de Las Casas. Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel.
Aunado a esto dicho bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y a la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
Durante el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19 la empresa a seguido laborando a pesar de ser una industria NO esencial, por lo que pedimos a la Comisión Nacional del Agua la revocación de la concesión de aprovechamiento de agua en San Cristóbal de Las Casas.
¡AGUA SÍ, COCA COLA NO! #YoProtejoElAgua
Imagen: Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el agua en Chihuahua – A 24 de marzo de 2020
El pasado domingo 19 de abril, integrantes de la familia LeBarón entraron de manera ilegal a terrenos del Ejido Constitución, municipio de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua; con el fin de conectar la electricidad para la operación de 12 pozos de los cuales pretenden extraer agua para abastecer al rancho “La Mojinia”. Cuando lxs ejidatarixs trataron de detenerlos, fueron agredidos dejando a dos jóvenes de la comunidad ejidal lesionados.
Desde hace muchos años los ejidos Constitución, Benito Juárez y Flores Magón, todos del mismo Municipio, han denunciado ante distintas instituciones, la ilegalidad en la que opera la familia LeBarón en la zona, así como las afectaciones que las comunidades están teniendo por la perforación de pozos, que ésta familia ha hecho, sin contar con los permisos correspondientes.
La escasez de agua en viviendas y escuelas ha llevado a lxs ejidatarixs a acudir a la Conagua, Semarnat, Profepa, PGR, entre otras instancias, para que se abra una investigación sobre las irregularidades en que han incurrido miembros de la familia LeBarón, quienes aseguran tener documentos de la concesión de un pozo de agua y que de acuerdo a las comunidades ejidales ese documento es un traspaso que se hizo de forma ilegal.
La familia LeBarón tiene interpuestos dos amparos (280/82018 y 294/2018 radicados, en el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, respectivamente); por la negativa de la Conagua de otorgarles permiso para abrir más pozos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitió una resolución donde los recursos de reclamación de Joel LeBarón son infundados.
El día 22 de abril del presente la Conagua lanza un comunicado en relación a los acontecimientos del domingo 19. El comunicado claramente dice “Esta Comisión no ha autorizado la perforación de pozos nuevos en beneficio de Joel LeBarón ni de sus familiares, particularmente en el predio denominado Rancho La Mojina”. https://www.gob.mx/conagua/prensa/la-conagua-no-ha-autorizado-la-perforacion-depozos-nuevos-en-el-rancho-la-mojina-en-chihuahua-240802?idiom=es
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Ing. Antonio Luna Mendoza declaró ante la prensa el 22 del presente que; “Julián LeBarón no cuenta con el permiso definitivo, ni autorización para que terceros instalen la red eléctrica de los pozos en La Mojina.”
El compañero Joaquín Solórzano, representante de el Barzón y miembro de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), en una entrevista con Carmen Aristegui señala que en el supuesto de que el pozo que está operando en el predio “la Mojina” fuera legal, sólo podría regar 19 hectáreas y no las 300 hectáreas que los LeBarón tienen sembradas de nogales, además de que estos cultivos son ilegales pues no cuentan con la autorización de cambio de uso de suelo por parte de la Semarnat.
Así mismo recordó que a causa de este mismo conflicto han sido asesinadxs lxs compañerxs Manuelita Solís, Ismael Solorio, Alberto Almeida, Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.
Desde la REMA exigimos al Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que se resuelvan ya los amparos 280/82018 y 294/2018, basándose en el principio pro-persona, para que este conflicto sea resuelto y la familia LeBarón deje de seguir operando con total impunidad.
¡BASTA DE ARREBATAR EL AGUA A LOS PUEBLOS!
¡BASTA DE SEGUIR VIOLENTANDO A LAS Y LOS DEFENSORES DEL AGUA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
Imagen: La Jornada
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Compartimos esta nota publicada en La Jornada y de la Campaña Sin Maíz No Hay Pais sobre la inictativa #MAÍZYA para la defensa del maíz nativo – A 25 de marzo de 2020
El Senado aprobó anoche la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados y remitió la minuta al Ejecutivo federal, para su promulgación entre expresiones de júbilo de Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera, autoras de esa iniciativa encaminada a preservar ese alimento, “que es también la esencia de nuestra cultura”, frente a los intereses de poderosas corporaciones trasnacionales.
Es la segunda ocasión en que esa reforma pasó por el Senado, la primera en septiembre del año pasado, cuando se aprobó la iniciativa y anoche, al allanarse esa cámara a las modificaciones realizadas por la colegisladora, las que, a juicio de las comisiones dictaminadoras “no modifican la naturaleza” ni el espíritu de la propuesta original que es establecer mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante y declarar a esta actividad como mecanismo cultural.
Casi al final de la sesión con la que cerró actividades el Senado -para cumplir con las medidas gubernamentales de prevención del Covid-19, la senadora Jesusa Rodríguez subió a tribuna para expresar su jubilo ante la aprobación de es nueva ley. Citó el poema “Patria y superficie del maíz”, de López Velarde y resalto que el maíz es más que un alimento, “es también la esencia nuestra cultura”.
«¿Qué sería de los pueblos si maíz?”. Como amanecer sin sol, como paisaje sin distancia, como árbol sin raíz… como dormir sin descansar, como viajar sin asombro, Así estaríamos, como como muñecos de lodo, de paja, de madera, sin sangre sin carne”
En igual tono poético, la senadora Jesusa Rodríguez resaltó: “Sin maíz qué fuera de nosotros, qué fuera de las esperanzas, qué fuera de fuera de la vida sin la gracia primera. sin la dulce sonrisa de mazorca, qué fuera de los campos sin rastrojo, de la noche sin el día que fuera de la gente sin sus huesos, qué fuera de un un país, que es el nuestro que vive del maíz y en él se inventa”
«¿Qué fuera del pasado y del futuro, qué fuera del presente si no fuera el maíz nuestro sustento, nuestro amor. Nada seríamos ya porque somos maíz no somos otra cosa”.
La senadora, actriz y activista resaltó que “triunfó la causa y México”, porque el país es esa planta, crece en ella y se levanta porque “México y el maíz son uno solo”.
Por su parte, la senadora Rivera señaló: “festejamos, estamos orgullosas de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida en defensa de nuestro país, porque le arrebatamos a intereses perversos la posibilidad de poder crear propiedad intelectual sobre las variedades vegetales del maíz “
Detalló que son más de 2 millones de 64 razas y de más de 1000 años de evolución y domesticación del maíz.
Mostró “uno de los morales más maravillosos de Cacaxtla, en Tlaxcala, “donde vemos una milpa qué lugar de mazorcas da de esos, porque es la simbología de nuestro pueblo. Es la esencia del pueblo de México”.
La senadora de Morena resaltó que no son un grupo de locos poetas, sino un grupo que lucha por el maíz “contra monopolios agroalimentarios poderosos, ambiciosos calumniadores, a quienes hoy se les acabó la posibilidad de hacerse del maíz.
“¡¡Sin maíz no hay país y milpa tampoco!!”, concluyó.
Senado de la República Boletines 24 Marzo 2020 22:48
Por unanimidad, con 79 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y lo particular la minuta devuelta por la Cámara de Senadores que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Con este ordenamiento se declara a la producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Se establece su protección y la obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Mexicana.
También, se establecen mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación Constante.
Se incluye la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión en la materia, y se disponen procedimientos y mecanismos para la identificación de áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción, a fin de establecer las medidas necesarias para garantizar y fomentar su subsistencia.
“Logramos crear una ley de salvaguarda que reconoce al maíz como un derecho humano a la cultura y un derecho humano a extensión del derecho a la salud de este país”, dijo la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, una de las promotoras de la legislación.
Destacó el orgullo de quienes han trabajado en la defensa del maíz, al arrebatar de “intereses mezquinos y perversos” la posibilidad de crear propiedad intelectual sobre las más de 64 razas, resultado de más de siete mil años de evolución y domesticación del alimento.
En tribuna, la senadora de Morena y también promotora de la Ley, Jesusa Rodríguez Ramírez, manifestó que el maíz es el alimento y base de la salud de la población. La mayoría de las enfermedades, indicó, son causa de la mala alimentación. “Representa el fundamento de una buena alimentación y la esencia de nuestra cultura”.
Después de haber sido devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, la Ley fue aprobada en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre la exigencia que la refresquera salga de San Cristóbal en marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua – A 5 de Febrero de 2020
Por Andrés Domínguez
Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, afirmó que la empresa FEMSA-Coca Cola ha visitado diversos municipios en los últimos meses con la intención de identificar afluentes de agua; materia prima para la producción de refrescos embotellados.
En el marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua, la ambientalista comentó que ese esfuerzo busca garantizar el derecho humano al agua bajo principios de equidad y sustentabilidad, por ello, esta lucha se ve clara en San Cristóbal con el control del vital líquido de la empresa, así como en otros sitios que requieren grandes cantidades para minería, agroindustria, empresas lecheras, cerveceras y refresqueras.
“Esta iniciativa de alguna manera demuestra esperanza, hay muchos colectivos, pueblos y organizaciones que buscan acercarse al agua y no permitir que sea CONAGUA, sino la federación quien detalle los procesos de aprovechamiento. Se está dejando a la gente sin agua” explicó.
En este contexto, Rosa Rojas afirmó que FEMSA-Coca Cola mantiene un permiso de extracción de un pozo profundo hasta el 2030. Sobre el aprovechamiento, Otros Mundos, ha señalado que la empresa extrae 1.3 millones de litros al día de San Cristóbal de las Casas.
En diciembre pasado, Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México se pronunciaron en contra de otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas, así como no organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos. Sin embargo, la propia empresa desmintió tal intención.
“Coca Cola gestionó un permiso para perforar, pero la idea era saber si el acuífero tenia agua, eso fue lo que nos dijeron vía solicitudes de transparencia. Si se autorizó la perforación, pero era solo para ver los niveles” ahondó sobre este punto la activista.
Además, Rosa Rosa comentó que en los últimos dos o tres años, la empresa ha buscado otros sitios para encontrar mantos acuíferos, tal es el hecho de la Laguna de la Candelaria, en San Cristóbal de las Casas.
“Es una laguna sagrada, varias comunidades, incluso Huixtán y Tenejapa se abastecen de ella, llegó la empresa pero la gente se organizó” mencionó.
Hace unas semanas, por el municipio de Marqués de Comillas, en el corazón de la Selva Lacandona, se documentó que la empresa realizó el mismo sondeo, sin embargo, los pobladores no le permitieron la entrada.
Por último, la activista reconoció que si bien la demanda por la salida de la empresa no es de todo el municipio de San Cristóbal, ya que existe una fuerte demanda por el consumo e interés que se trastocan. “Somos grupos sensibles, buscamos se le retire la concesión por el daño que implica la extracción” finalizó.
Fotos: Un grupo de San Cristóbal de las Casas se manifestó a las afueras del Senado de la República para exigir la salida de la empresa. 4 de febrero 2020
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Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre las aguas residuales de algunas grandes empresas en México – A noviembre 2019
Por Dulce Olvera, SinEmbargo. noviembre 14, 2019 12:05am
Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.
“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un valor profundo”.
En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.
El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.
La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.
“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la misiva del Alcalde.
Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano exclusivamente para los municipios.
En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.
Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.
Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.
“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.
DESCARGAS SIN PERMISO
Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.
Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.
“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.
Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola (su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.
Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.
También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.
https://infogram.com/empresas-sin-permiso-para-descargar-aguas-residuales-1h8j4xdl1kv86mv“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”.
La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.
“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.
“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.
“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.
En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.
Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos, incluyendo el industrial.
“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo”, dijo Burns.
CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO
Coca-Cola FEMSA informa
En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:
Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para realizar esta actividad.
Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los estándares y normas establecidos por autoridades ambientales, municipales, estatales, federales e internacionales.
Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y compromisos de conservación y preservación ambiental.
Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso, tratamiento y descarga del recurso nacional.
Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.
Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y colaboración, para un entendimiento mutuo.
CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO
RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA
Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única excepción es si descargan en un sistema municipal.
Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona física o moral, lo cual se representa en el mapa.
En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión sin el número de permiso que dicen tener.
La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.
“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena Burns, investigadora de Agua para Todos.
Compartimos el siguiente pronunciamiento de Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México – A 6 de diciembre de 2019
Somos guardianes y guardianas de la vida y los territorios provenientes de 11 estados de México. Les queremos alertar sobre el impulso de grandes obras de infraestructura y proyectos extractivos que nos impiden vivir en paz en nuestras ciudades y comunidades.
Nuestras luchas trascienden los sexenios y se enfrentan desde hace tres décadas a la continuidad de la política socio-económica neoliberal implementada por el Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras. Y hoy, a un año de la toma de protesta del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos toca hacer el triste recuento de las batallas que tuvimos que librar desde el inicio de la « cuarta transformación » para defender nuestros derechos humanos y los bienes comunes naturales con los cuales convivimos.
De los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 nos afectan directamente en nuestros territorios. Entre ellos tres de los más mediatizados por la nueva administración: el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía en el estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.
El presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de México ya que se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la Cuenca del Valle de México, misma que abastece a los capitalinos.
El Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, se pretende imponer por medio de simuladas consultas que no cumplen con los parámetros mínimos del derecho a la consulta previa, libre e informada. Los pueblos ya han desconocido estas prácticas que violentan sus tiempos, formas y espacios de toma de decisiones. Pretende convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias. Pondría en riesgo la soberanía nacional al transformar este territorio en un nodo de tránsito de mercancías del capitalismo global.
En el centro del país, el gobierno mexicano intenta imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM) desde 2011. Implica la construcción de un acueducto que despojaría a los y las morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto. Este último pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl. Cualquier erupción de este volcán activo sería desastrosa para la población. Hemos enfrentado diversos ataques por resistir al PIM, entre los cuales el asesinato de Samir Flores, que se mantiene impune. En los últimos días, recibimos amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, y el abogado del Frente de Pueblos. Juan Carlos Flores Solís ha sido intimidado y señalado por su defensa.
Las tierras morelenses están también en la mira de la industria minera. La empresa Álamos Gold pretende iniciar la explotación del proyecto «Esperanza », también llamado « Proyecto Jumil » en el surponiente del estado, a pesar de que su Manifestación de Impacto Ambiental fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y por afectar la zona arqueológica de Xochicalco. Se trata de un proyecto de extracción de oro y plata altamente tóxico, con impactos a la salud de las comunidades locales, a su patrimonio y al medio ambiente. Logramos frenar este proyecto en el año 2013 y hoy reiteramos nuestra determinación a no dejarlo avanzar.
La minería canadiense nos afecta también en la Sierra Norte de Puebla, en particular en Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto. El « Proyecto Ixtaca » acabaría con el agua de las comunidades del municipio al consumir 5.5 millones de litros de agua al día, y tendría graves impactos en 29 municipios de la cuenca del Río Apulco. Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada y las concesiones han sido declaradas ilegales. Pero gracias al amparo legal interpuesto por los y las defensores, la Semarnat suspendió el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental y el proyecto no ha podido avanzar.
En la zona del golfo de México en Veracruz, la empresa Azucar Minerals, creada como una extensión de la misma Almaden, quiere explotar el proyecto de extracción de cobre y oro “El Cobre”. Otra compañía basada en Vancouver llamada Candelaria Mining quiere reactivar el proyecto “Caballo Blanco”. Ambos están ubicados a proximidad de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.
En Chihuahua, en la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas sin garantizar el derecho del pueblo a sus tierras ancestrales y a la consulta: tres a particulares y la cuarta a la minera Evrim S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Evrim Resources Corp. Resistir a proyectos de muerte en esta región donde reina una violencia extrema tiene un costo: el compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.
El extractivismo minero nos afecta a todas y a todos a nivel nacional ya que es una de las actividades que más agua consume. En Zacatecas, el gobierno pretende construir la presa Milpillaspara acaparar el agua del río Atenco y abastecer en agua a mineras y a la cervecera Grupo Modelo de forma directa o indirecta. Desde 2018, el gobierno estatal ha desplegado una estrategia de división, corrupción e intimidación en contra del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco para imponer este proyecto.
Otra cervecera que el estado privilegia por encima del derecho humano al agua es la Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Un acuerdo firmado en 2015 con la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la compañía obtener el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable por año. Si bien el presidente afirmó en septiembre que la empresa no debería instalarse en esta zona árido-desértica, la construcción de su nueva planta de 400 hectáreas no ha parado y ya lleva el 45% de avance.
En el estado de Chiapas, el agua está siendo acaparada por la empresa Coca-Cola, que extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios a través de los dos pozos de su planta ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Ahora busca abrir un tercer pozo y para limpiar su imagen, intentó construir un humedal artificial para tratar aguas residuales dentro de un área protegida, en complicidad con el ayuntamiento. Pero gracias a la lucha de la población local, el proyecto no ha podido avanzar.
La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México. En el frente de esta batalla están también los pequeños productores y las pequeñas productoras de Michoacán que día a día trabajan la tierra para protegerla ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria. Ante el acaparamiento de nuestras tierras, la tala de nuestros bosques y el desplazamiento de nuestras comunidades, son ellos y ellas quienes resguardan el tejido comunitario, y detienen el cambio de uso de suelo y el robo de agua de nuestras comunidades.
Por todo lo anterior y lo que falta, hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones públicas y sociedad en general a construir y defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosquesy montañas. ¡Organicémonos de manera conjunta frente a la violencia, la injusticia y por la vida! Urge deshacer los mecanismos que permiten desde hace décadas que los gobiernos y las empresas destruyan nuestros bienes comunes naturales y pisoteen nuestros derechos. Le exigimos al gobierno respetar nuestro derecho a la libre autodeterminación para decidir sobre el tipo de desarrollo sustentable y colectivo que queremos en nuestros territorios.
En particular exigimos:
FIRMAMOS:
ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT);
ASAMBLEA DE RESISTENCIA DE AMILCINGO;
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO;
COLECTIVO TIOKÓ MONTAÑA DE GUERRERO;
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE MEXICALI;
CONSEJO TIYAT TLALLI;
COORDINACIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COLONIAS DE XOCHIMILCO;
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA;
FRENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA;
LA ASAMBLEA VERACRUZANA DE INICIATIVAS EN DEFENSA DEL AMBIENTE (LAVIDA);
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO;
MOVIMIENTO MORELENSE EN CONTRA DE LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES;
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DEL BOSQUE Y CUENCAS DE AGUA DE TANCÍTARO;
NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR (NCCP);
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS;
OTROS MUNDOS CHIAPAS;
PLATAFORMA VECINAL Y OBSERVATORIO DE LA COLONIA JUÁREZ 06600;
RADIO COMUNITARIA AMILZINKO;
RED EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA SIERRA TARAHUMARA;
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA);
RESISTENCIA CIVIL DE BAJA CALIFORNIA;
UNIÓN DE COMUNIDADES Y EJIDOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, DEL AGUA Y DE LA VIDA (ATCOLHUA);
UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN
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