Solidaridad con Haití: Rechazamos la nueva invasión

Les compartimos esta petición de solidaridad con Haití lanzada por los Comités de solidaridad con Haití sobre la reciente invasión a este país – A 2 de octubre del 2023

Rechazamos la nueva invasión a Haití con alarma e indignación

Los Comités de Solidaridad con Haití y otras organizaciones populares abajo firmantes, de toda Latinoamérica y el Caribe, rechazamos indignados, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de autorizar el despliegue de una fuerza Multinacional armada de invasión a Haití, supuestamente para apoyar al gobierno dictatorial de ese país a combatir las bandas paramilitares y organizar elecciones.  No será una misión oficial de la ONU sino una misión organizada directamente por EE.UU. que, junto a Ecuador, presentó la resolución aprobada hoy en el primer día de la presidencia de Brasil del Consejo, con 13 votos a favor y la abstención de Rusia y China. 

Alarmados preguntamos: ¿en qué se ha transformado la ONU? Denunciamos el carácter imperialista, racista y genocida de esta “autorización” ilegal para invadir un país soberano para controlar a su pueblo y repudiamos la retórica de “solidaridad” y de “apoyo al pueblo de Haití” con la cual se busca camuflar sus macabras intenciones. 

No es “solidaridad” con el pueblo de Haití, responder al pedido inconstitucional formulado por un gobierno dictatorial, puesto en su lugar y mantenido por la misma “comunidad internacional” que ahora redobla su respaldo contrario a las legítimas demandas de un enorme abanico de organizaciones sociales, políticas y humanitarias haitianas, desconociendo una vez más la soberanía y autodeterminación del pueblo haitiano con sus demandas y propuestas para resolver esta crisis generada por la misma intervención extranjera de larga data. 

No es “apoyo”, continuar ignorando al pueblo de Haití, desconociendo sus denuncias que vinculan a Ariel Henry, actual gobierno de facto y sus «protectores internacionales», encabezados por EE.UU., con la proliferación de las bandas armadas que ahora esos mismos actores pretenden controlar a través de esta nueva invasión. Las bandas paramilitares fueron creadas por los gobiernos de Michel Martelli, Jovenel Moïse y Ariel Henry, la oligarquía haitiana y los EEUU de donde provienen las armas y municiones. Son instrumentadas políticamente para controlar el gran movimiento popular que se desarrolló en los últimos años en Haití; un movimiento nacionalista, antioligárquico, antimperialista, antiocupación, que lucha por vivir en libertad, por la recuperación de su soberanía y el respeto de todos sus derechos.

Denunciamos a los EEUU y a la ONU que se ha transformado en un instrumento directo de agresión y dominación de EEUU y la Unión Europea. A través de la ONU, EEUU impone su agenda. Haití ha estado bajo ocupación de la ONU desde el año 2004, ocupada militarmente por la MINUSTAH por 13 años, luego por fuerzas policiales -la MINUJUSTH-, hoy por una misión política llamada la BINUH, que junto al llamado “Core Group” (Grupo Central) da las directivas políticas y económicas en Haití. Integran ese grupo EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, la Unión Europea, así como los representantes de la ONU y de la OEA.

Además de la invasión en sí misma, la MINUSTAH ha sido responsable de masacres, fraudes electorales, saqueo de recursos, abusos sexuales y niñxs abandonadxs, introducción de la epidemia de cólera, y otros hechos de gravedad similar. Ni la ONU ni ninguno de los países participantes ha asumido ninguna reparación por los más de 30.000 muertos ni demás daños y damnificados. 

Repudiamos estos crímenes y el hecho de que en vez de sancionar a los responsables y asegurar la reparación de los crímenes cometidos bajo su mando, la ONU directamente entrega la organización y control de esta nueva invasión a EE.UU. quien busca imponer, tras elecciones controladas, a un nuevo gobierno de sus esbirros. La agenda prevé luego la reforma de la Constitución y consolidar un poder autocrático para  continuar el saqueo de Haití y el sometimiento de su pueblo.

El pueblo haitiano a través de sus organizaciones sociales, políticas y humanitarias se ha expresado claramente en contra de cualquier ocupación y contra cualquier elección controlada bajo ocupación. Reiteramos nuestra solidaridad con ellas, y llamamos a apoyar ampliamente sus exigencias de conformación de una Comisión internacional independiente para evaluar el impacto de las intervenciones anteriores así como del respeto a los acuerdos de Montana y demás demandas del pueblo haitiano.

BASTA DE GENOCIDIO SILENCIOSO CONTRA EL PUEBLO REBELDE DE HAITÍ!

FUERA LA OCUPACIÓN DE LA ONU Y EE.UU. a través de KENIA!

NINGUNA INVASION ARMADA! 

SOBERANÍA PARA EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN HAITIANO QUE RECLAMAN LAS ORGANIZACIONES POPULARES HAITIANAS

– América latina y el Caribe, 2 de octubre de 2023

Más información:

Informe: México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Compartimos este informe de Amnistia Internacional México sobre la criminalización a personas defensoras entre ellas; a las y los vecinos de la Colonia Maya galardonados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» – A 7 de septiembre del 2023

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

De igual manera amnistia lanzo una petición para pedir un alto a la criminalización de personas defenrosas en especial a las y los defensores de estos 4 casos documentados en el informe:

#ProtestarNoEsUnCrimen

En México, las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan graves riesgos.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades nacionales para que valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y refuercen su protección a través de mecanismos existentes. También instamos a investigar las violaciones de derechos humanos, retirar los cargos en los casos activos y proporcionar capacitación a los fiscales para abandonar los procesos penales en contra de las personas defensoras.

¡Firma la petición para exigir a las autoridades que detengan el uso indebido del sistema legal en contra de las personas que protestan para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente!

Declaración de Organizaciones y Movimientos Sociales de la América Latina sobre las elecciones en Argentina, Avance de la Ultraderecha e impactos en la integración regional

Les compartimos esta carta en Solidaridad con Argentina. Ayúdanos a recolectar firmas durante todo el mes de septiembre.

El próximo 22 de octubre, el pueblo argentino estará votando para elegir su nuevo jefe de Estado. El escenario es complejo desde el punto de vista socio-económico y político. Argentina se ve acorralada por una ilegítima deuda con el FMI que exige recortes presupuestarios y ajustes que afectan dramáticamente a los sectores populares de la población, a la vez que empobrecen a una clase media que, ante un escenario de alta inflación, e inestabilidad económica, enfrenta una recaída histórica de su poder adquisitivo.

El malestar social se ha traducido en las últimas elecciones, así como se observó en Brasil en 2019, en el apoyo de una parte de la población al candidato de ultraderecha Javier Milei, que se presenta contrario a las instituciones democráticas y que aboga por una reducción drástica del Estado y por un ideario de libre mercado al modelo empresarial. Sus propuestas de carácter ultraliberal incluyen la privatización de las empresas y servicios públicos, la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central.

Yendo a contramano de todos los debates y los retos que hemos construido junto a la comunidad internacional frente al desafío que es impuesto por la emergencia climática y socioambiental y, por ende, la necesidad de crear mecanismos de cooperación, Milei se presenta como un negacionista del cambio climático.

En caso de ser electo, ya ha anunciado la salida de Argentina del Mercosur y la ruptura de lazos comerciales con países como Brasil y China por considerarlos bajo la órbita del comunismo. Tras la incorporación de Argentina en el bloque de los BRICS, el mismo candidato apuntó que, en caso de asumir como presidente, no respaldará tal incorporación aludiendo que los países que componen el bloque atentan contra las libertades individuales, el derecho de propiedad y el libre mercado. En contraparte, propone como prioridad de su eventual gobierno, el estrechamiento de vínculos comerciales con Israel y Estados Unidos.

Vemos con preocupación el avance de posturas que plantean la ruptura definitiva del bloque MERCOSUR y proponen mecanismos de libre comercio y absoluta liberalización de los mercados en el país.

El MERCOSUR constituye para Argentina el principal espacio de integración económica regional, que permite disminuir las asimetrías entre nuestras economías y el Norte Global, fortalecer los lazos comerciales entre los países que conforman el bloque a través de mecanismos internos y fortalecer la cooperación y la solidaridad de nuestra región.

La integración de nuestros países en el MERCOSUR constituye un recorrido histórico que construye articulaciones en aspectos comerciales, productivos, sociales y políticos, a través del rol fundamental de los Estados que, a través de su unidad, promueven su autonomía y soberanía en el marco de la subordinación hemisférica que la globalización propone.

Ante el avance de la ultraderecha, llamamos a levantar las voces de unidad de los pueblos latinoamericanos por la defensa de nuestros Estados nacionales, la soberanía política de nuestros países y el resguardo de la integración regional.

Somos solidarios/as con  las organizaciones y movimientos sociales en Argentina, acompañando con  fuerza al pueblo argentino para que logren enfrentar ese avance y preservar  la democracia en el país.

Firman:

  • Amigas da Terra Brasil
  • CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil
  • FASE – Solidariedade e Educação
  • Frente Brasileira contra o Acordo UE-Mercosul e EFTA-Mercosul
  • INESC – Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos
  • ISP – Internacional dos Serviços Públicos
  • PAD – Articulação e Diálogo Internacional
  • REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos
  • Rede Jubileu Sul Brasil
  • REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
  • SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay
  • Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina
  • Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México
  • ATALC – Amigos de la Tierra América Latina y Caribe

La Maya, Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2022 se movilizan contra la imposición ilegal de una gasolinera en la Colonia Maya

Compartimos el siguiente comunicado de la Colonia Maya sobre la defensa del territorio ante la amenaza de una gasolinera en su colonia – A 27 y 25 de agosto del 2023

A los medios de comunicación
A la ciudadanía consciente y preocupada por el medio ambiente
A las personas y grupos que participan activamente en la defensa y protección de la Madre Tierra

Con indignación y preocupación denunciamos la apertura de la gasolinera 14264 ubicada en el número 25 del periférico sur. Como colonia Maya emprendimos distintas acciones para asegurar que esta estación de servicio cumplía con lo que dice la ley.
Durante varios meses tuvimos que exigir que nos dieran copia de las licencias que por Ley debe ser información pública. Todas nuestras acciones tuvieron como respuesta la omisión o dilación.
Tuvimos que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acceder al expediente.
Con el expediente en nuestro poder descubrimos irregularidades que hicimos saber a las autoridades. Para tener un espacio de diálogo, desde el 5 de junio, solicitamos una audiencia pública. A pesar de nuestras constantes denuncias y peticiones el Cabildo no ha hecho lo necesario para proteger los derechos de la ciudadanía y verificar el respeto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Estamos en espera de los resultados de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control Municipal, que se encuentra en fase de investigación.
Las y los vecinos de la Colonia Maya rechazamos y hemos denunciado la práctica frecuente de otorgar licencias de uso de suelo y construcción que violan la Carta Urbana, favoreciendo los intereses de empresarios ambiciosos. Muchas de estas licencias ilegales son obtenidas a través de tráfico de influencias o mediante el financiamiento de campañas electorales. Seguiremos luchando en contra de las licencias ilegales, y exigiendo que se respeten nuestros derechos ciudadanos.
EXIGIMOS:
1.-Al órgano interno de control municipal que agilice el expediente de la Colonia Maya por presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados. Estamos emplazando a dicha instancia de lo contrario tomaremos otras acciones.

  1. Al director de planeación y desarrollo urbano municipal entregue la documentación donde se integre el expediente de la constancia de factibilidad de uso de suelo y destino de suelo emitida el 23 de noviembre del año 2020 de manera urgente solicitada por el órgano Interno de Control municipal
  2. Al Ayuntamiento que agende de manera inmediata la audiencia solicitada por IEPC con la regidora Helena Kramsky Espinoza presidenta de La Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano donde se analice el expediente por expertos y una comisión de nuestra colonia.
  3. A la secretaria de la Función publica agilice la investigación de la denuncia presentada en meses anteriores.
  4. A los colegios de Arquitectos e ingenieros se pronuncien sobre la expedición de licencias de uso de suelo y de construcción en la ciudad.

Mesa Directiva del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia Maya
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 27 de agosto de 2023

Colonia Maya, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 25 de agosto de 2023

A la ciudadanía consciente y preocupada por el medio ambiente

A las personas y grupos que participan activamente en la defensa y proyección de la Madre Tierra

A las autoridades que han dicho representar los intereses del pueblo

Con indignación y preocupación denunciamos la apertura de la gasolinera 14264 ubicada en el número 25 del periférico sur.

Como colonia Maya emprendimos distintas acciones para asegurar que esta estación de servicio cumpliera con lo que dice la ley.

Durante varios meses tuvimos que exigir que nos dieran copia de las licencias que por Ley debe ser información pública.

Todas nuestras acciones tuvieron como respuesta la omisión o dilación.

Tuvimos que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acceder al expediente.

Con el expediente en nuestro poder, descubrimos irregularidades que hicimos saber a las autoridades. Para tener un espacio de diálogo, desde el 5 de junio de este año, solicitamos una audiencia pública. A pesar de nuestras constantes denuncias y peticiones, el Cabildo no ha hecho lo necesario para proteger los derechos de la ciudadanía y verificar el respeto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

Estamos en espera de los resultados de la denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control Municipal, que se encuentra en fase de investigación.

Las y los vecinos de la Colonia Maya rechazamos y hemos denunciado la práctica frecuente de otorgar licencias de uso de suelo y construcción que violan la Carta Urbana, favoreciendo los intereses de empresarios ambiciosos. Muchas de estas licencias ilegales son obtenidas a través de tráfico de influencias o mediante el financiamiento de campañas electorales. Seguiremos luchando en contra de las licencias ilegales, y exigiendo que se respeten nuestros derechos ciudadanos.

Pedimos a la ciudadanía lo siguiente

1. Que, mientras nosotros continuamos con las acciones que hemos acordado, se sumen a un boicot a esta gasolinera.

2. Que estén atentos y apoyen las acciones que continuaremos para asegurar el respeto a los reglamentos que las mismas autoridades han acordado.

Atentamente

Mesa Directiva del Consejo de Participación y Colaboración Vecinal de la Colonia Maya

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Periodismo de lo posible: Pódcast y relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo

Les compartimos este podcast que habla sobe la lucha por la vida ante mega proyecto una iniciativa de La Sandía DigitalQuinto Elemento LabRedes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad y Ojo de Agua Comunicación – A 14 de Agosto 2023

“Periodismo de lo posible: historias desde los territorios” es una serie de 12 pódcast realizados por periodistas de radios comunitarias y periodistas comprometidos con las luchas sociales, que narran historias de defensa del territorio.

Esta iniciativa, que busca que sean las propias comunidades quienes cuenten sus historias de lo posible, es una colección de historias que cuentan relatos desde las victorias contra el despojo y la destrucción, disputando las narrativas del terror y la desesperanza. Son narrativas de lo posible porque no se quedan en la denuncia, porque anuncian que la realidad puede ser cambiada.

La producción y selección de los temas en los pódcast fue realizada conjuntamente por las organizaciones Ojo de Agua Comunicación, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. (REDES AC), Quinto Elemento Lab y La Sandía Digital.

Por Periodismo de lo posible

Puebla: La lucha de un pueblo por existir

Desde que la comunidad de Tecoltemic se enteró de que la Secretaría de Economía había otorgado dos permisos a una empresa minera para explotar miles de hectáreas de terrenos ejidales en busca de oro y plata, construyeron un frente comunitario para frenar el proyecto de minería a cielo abierto que amenazaba sus cerros, su bosque, su agua y su vida.

[Video] Voces en resistencia IV: Medidas ante los megaproyectos extractivistas

Con mucha alegría les compartimos el cuarto capítulo de la serie Voces en Resistencia; una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este caso Rose, integrante de Amigos de la Tierra Internacional y participante de la Asamblea Anual de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería donde nos cuenta la importancia de la solidaridad internacionalista en las luchas para enfrentar el poder corporativo.

Más capítulos:

Podcast Elemental: Contra la voracidad del capitalismo con Gustavo Castro

Les compartimos el siguiente episodio del Podcats Elemental donde en entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro hablan de la defensa del medio ambiente, los mega proyectos extractivistas, las alternativas y las vida que se dan por defender la vida y una vida digna como nuestra querida #BertaCaceres

Elemental

Un pódcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Presentado y co-producido por Nicolás Ibargüen, La No Ficción y Exile Content Studio.

Gustavo Castro Soto lleva décadas luchando contra la raíz de lo que él considera los problemas más urgentes que aquejan a la humanidad y el planeta entero: el modelo actual de producción.

Buena parte de su vida ha presidido organizaciones para defender territorios mexicanos de la devastación por represas y minas. En el camino ha perdido compañeros y compañeras entrañables, pero su lucha sigue en medio de las dificultades.

En esta conversación exploramos los males del sistema capitalista, su efecto sobre el medioambiente y las alternativas sostenibles que existen.

La Red DESC lanza video animado sobre los Derechos Humanos

Compartimos el siguiente video de la Red DESC sobre los derechos humanos – A 29 de junio del 2023

Nos alegra mucho compartir nuestro flamante «Video de animación sobre los datos y los derechos humanos» con todos ustedes. Se trata de una herramienta de educación popular que analiza el papel crítico que tienen los datos en nuestras vidas y su profundo impacto sobre los derechos humanos. Refleja nuestro compromiso incondicional con avanzar la justicia de los datos y colocar a las comunidades afectadas en el centro de nuestro trabajo.

El video forma parte de un esfuerzo más amplio de cooperación entre miembros del Grupo de Trabajo de Monitoreo, incluyendo la Junta Asesora (formada por ACIJ, Pamoja, ISER, RTE, Amnesty, y Participation and the Practice of Rights), quienes desarrollaron la Posición Colectiva sobre los Datos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto con toda una gama de poderosos contenidos y recursos como parte de nuestra Iniciativa de Justicia de los Datos. Continúe leyendo para informarse acerca de los cinco principios de un enfoque de los datos basado en los derechos humanos y sobre la variedad de recursos para el trabajo de incidencia desarrollados en los últimos dos años. Agradecemos a nuestros miembros por la orientación que brindaron a nuestras actividades #Paraquelosderechoshumanoscuenten. 


Todas nuestras herramientas y recursos educativos se incluyen en este correo y también están disponibles en nuestra página web. Alentamos a todos y todas no solo a compartir nuestro vídeo, sino a explorar los demás recursos para el trabajo activo de incidencia que hemos preparado. ¡Trabajemos juntos #Paraquelosderechoshumanoscuenten!

Solidaridad con la lucha de los pueblos del Ecuador ante acusaciones de Ministro Santos Alvite

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.

En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.

La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.

La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.

Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.

ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Abril 27 de 2023

Más información:

Podcats: Mujeres y territorio

Compartimos este bella serie de podcats producido por Radio Tsinaka sobre mujeres defensoras del territorio

Escucha estos 10 capítulos de la serie «Las mujeres y el territorio». Una producción de Radio Comunitaria Tsinaka donde se reúnen las voces de mujeres del municipio de Cuetzalan para compartir la sabiduría alrededor de las prácticas cotidianas con el territorio.

Sobre la serie: Mujeres y territorio es una serie donde mujeres campesinas, artesanas, comunicadoras, defensoras del territorio, activistas por los derechos de las mujeres y amas de casa comparten su historia de vida y vínculo con el territorio desde su labor cotidiana. Desde la Sierra Norte de Puebla.

Posicionamiento urgente ante los hechos ocurridos al interior de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez

Compartimos este pronunciamiento firmado por 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual a través del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria sobre la tragedia en la estación migratoria en Chihuahua – A 28 de marzo del 2023

Ciudad Juárez, Chihuahua a 28 de marzo de 2023.

Lo ocurrido el 27 de marzo por la noche en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez es responsabilidad del gobierno federal. La situación refleja la ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo, 41 personas fallecidas y más de 20 lesionadas por un incendio son el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros. Al momento, desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación; sin embargo, sabemos que estaba con sobrecapacidad.

Ver la versión completa del comunicado

Las autoridades continúan utilizando términos como “alojamiento” o “albergue” para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma,  privar de la libertad a personas en situación de movilidad. El uso de eufemismos por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia. 

Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación.  

  • En septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, organizaciones de sociedad civil denunciamos las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación. El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y  acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo. En el caso de la organización Uno de Siete Migrando, se le restringió el ingreso durante todo 2022 a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y las personas en situación de movilidad. 


Esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de  comunicación. Organizaciones de la sociedad civil hemos llamado en reiteradas ocasiones a un cese al hostigamiento institucional que la población en contextos de movilidad está padeciendo en la localidad. Situación similar ocurrió en 2020 con un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en donde a la fecha, las medidas implementadas por el Estado no han generado garantías de no repetición.


Declaramos que las acciones de control migratorio y de privación de libertad violentan la dignidad y los derechos de las personas, y en conformidad con lo que dice el Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, la detención debe ser utilizada únicamente como  último recurso.  

Por tanto, pedimos al Gobierno Federal:

  1. Garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas.
  2. Adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes.
  3. Asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas.
  4. Investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad.
  5. Destitución  e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Exigimos al Instituto Nacional de Migración:

  1. Responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas.
  2. Que notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de «desconocidas».
  3. Garantías eficaces y oportunas de no repetición. 
  4. Facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación independiente de la situación de las personas detenidas.
  5. La no contratación de personal militar o con antecedentes en SEDENA, Marina y Guardia Nacional en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales. 
  6. Alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.

Pedimos al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados:

  1. Legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación.
  2. Eliminar el uso de eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración, lo cual invisibiliza la práctica de detención migratoria.
  3. Acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
  4. Limitar y exigir la regulación en la apertura de instalaciones de detención migratoria por parte del INM, las cuales enmarcan como estaciones migratorias, estancias provisionales u oficinas de canalización.
  5. Solicitar la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para rendir cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales.

Exigimos al Gobierno Municipal de Juárez:

  1. Cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo.
  2. Renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta. 
  3. Alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad, y en su lugar, emita enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada.
  4. Disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año. 

Sostenemos que, tal como lo señaló el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, las estaciones migratorias son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad, y como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes. Desde las organizaciones firmantes, expresamos nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas.

Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos.

La política migratoria en México, mata.

FIRMAN: 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual

Ver la versión completa del comunicado

Más información:

Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

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