El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en el marco de acciones #JusticiaParaBerta en conmemoración al 7mo aniversario de la siembra de nuestra compañera, hermana y amiga Berta Cáceres tendremos un programa especial donde estaremos platicando con Bertita Zúñiga y recordando la lucha del pueblo lenca, así que acompáñanos este jueves 2 de marzo a las 6 pm.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Les compartimos la agenda de actividades para recodar a Berta orginizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Compartimos la agenda de actividades para este 7mo. Aniversario de la Siembra de nuestra compañera #BertaCáceres.
¡Juntémonos y exijamos justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y el pueblo Lenca!
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA y Acción Colectiva Socioambiental – A febrero 14 de 2023
Las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en lo que va el año, han recibido hostigamiento policiaco, allanamientos y agresiones físicas debido a su trabajo colectivo como personas defensoras de su territorio ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna, instalado en Dinamita, Durango en 2017. A pesar del desmantelamiento del proyecto químico, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, continúa sufriendo las represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.
El pasado 2 de febrero de 2023, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos Cristóbal González Estrada, integrante del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el agua, allanaron su vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años.
Las agresiones contra el defensor Cristóbal González Estrada y su familia ocurren después de las denuncias que el pasado 25 de enero el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio interpuso por el secuestro de otro de sus integrantes, Servando Delgado Rentería. Desde 2017, los integrantes del colectivo han sido víctimas de intimidación y hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas.
En 2017, 21 comunidades afectadas del municipio Gómez Palacio, Durango, conforman el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, con el ánimo de proteger su territorio ante la instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Dinamita, Durango. La planta química Chemours Laguna es un proyecto que fue desarrollado por la empresa The Chemours Company Mexicana, cuyo propósito, de acuerdo a la empresa y autoridades municipales, era «recortar los tiempos y distancias de suministro de insumos a la industria mexicana» reduciendo las importaciones de cianuro de sodio, para apoyar el crecimiento de la industria minera del oro y la plata en México. La planta pretendía producir 65.000 toneladas de cianuro de sodio anualmente.
The Chemours Company México realizó dos intentos de instalación de la planta en el estado de Guanajuato en 2016. No obstante, la movilización de la sociedad civil y la negación del permiso del uso del suelo por parte de las autoridades municipales, llevó a la empresa a presentar su propuesta en marzo de 2017, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Durango. (SEMARNAT). Dos meses después, se aprobó el proyecto y el 24 de junio de 2017, se anunció su inicio, sin el conocimiento previo de las comunidades afectadas.
En julio de 2017 se conformó el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y para agosto del mismo año, presentaron una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó el proyecto en materia impacto ambiental. Debido a la falta de respuesta de las autoridades, el 9 de marzo de 2018, el Frente y alrededor de 1.000 personas se manifestaron pacíficamente en contra de la instalación de la planta. La protesta fue reprimida por la administración local, lo cual resultó en 49 detenciones arbitrarias, que incluyeron 5 menores de edad, 10 mujeres, y 10 personas hospitalizadas. El 13 de marzo de 2018, se presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, quien ordenó la suspensión definitiva del proyecto. Dicha orden de suspensión fue revocada por un Tribunal Colegiado de Torreón, por lo que la empresa reactivo las obras de construcción de su proyecto en mayo del 2020, a pesar de que los permisos municipales habían caducado durante el período de suspensión. Ante esta situación, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio estableció dos campamentos en los accesos de la planta. Finalmente, en octubre del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó unánimemente la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna. El 10 de diciembre de 2021, la empresa The Chemours Company anunció su venta a la compañía checa especializada en la produccción de cianuro Draslovka Holding a.s. El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue siendo perseguido, hostigado y agredido por funcionarios de la administración pública local desde los incidentes de 2017. Los mismos han promovido una narrativa en la cual se han referido a las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio como detractores del desarrollo al oponerse a un proyecto que se entendía como beneficioso para la mejora de oportunidades laborales para las comunidades. Ante el desmantelamiento de la planta y la demanda de la salida total del territorio de la empresa Chemours Company, ahora Draslovka Holding a.s., La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería hace un llamado enérgico a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes legitimamente trabajan en la defensa territorial y en la denuncia de los negativos impactos ambientales de este proyecto. Al mismo tiempo demandamos un ALTO por las agresiones y hostigamiento hacía el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, y el Territorio presuntamente vinculadas a su actividad. Además, reiteramos nuestro rechazo al clima de impunidad y la falta de protección de las y los defensores del territorio y los derechos humanos en México.
¡FUERA CHEMOURS (DRASLOVKA) DE DINAMITA, DGO!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería Acción Colectiva Socioambiental
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe en solidaridad con Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), delegación de Amigos de la Tierra Ecuador – A 9 de febrero del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), organización que trabaja por la justicia ambiental, social, económica y de género, con presencia en 14 países de América Latina y en articulación con 75 países del mundo bajo la Federación Amigos de la Tierra Internacional, se declara en alerta y manifiesta su profunda preocupación y repudio por las amenazas, atentados y persecuciones sufridos por la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) / Amigos de la Tierra Ecuador. La misma, es una organización social sinfines de lucro que desde hace 29 años está luchando por el acceso a la justicia y la reparación integral. UDAPT está compuesta por las Nacionalidades Siekopai, Siona, Cofanes, comunidades Kichwas, Shuar, Waorani y miles de campesinos o mestizos.
UDAPT lleva a cabo numerosas acciones en defensa de las comunidades afectadas por la contaminación y sus acciones afectan los intereses económicos de las empresas transnacionales (ETN) y del Estado ecuatoriano, por ello se ha incrementado enormemente la agresiva campaña mediática para difamar a las/os abogadas/os de UDAPT, quienes incluso han sido atacadas/os verbalmente por autoridades del Gobierno Nacional y por la Procuraduría General del Estado.
Debido a la arquitectura de la impunidad tejida por las propias ETN a nivel internacional, la organización es acusada afirmando que por su accionar el Ecuador ha perdido el arbitraje internacional con la petrolera Chevron, cuando en realidad Ecuador pierde los arbitrajes con Chevron, Perenco y otras transnacionales, por su pésima defensa técnica y por las reglas de juego del sistema arbitral.
En agosto del 2022, dos sujetos con armas de fuego en mano ingresaron a la oficina donde trabaja el abogado Pablo Fajardo y sustrajeron su computadora portátil. Pocos días después, posiblemente los mismos delincuentes enviaron una serie de mensajes con amenazas. El 26 de enero del 2023, ingresaron nuevamente a la oficina de UDAPT, abrieron una ventana y se llevaron la computadora portátil del abogado Jayro Salazar. El 27 de enero del 2023, una motocicleta con dos personas a bordo persiguió el vehículo que se movilizaba el representante de UDAPT Donald Moncayo y su familia.
La noche del día viernes 27 de enero del 2023, Jayro Salazar fue interceptado por una motocicleta donde iban dos personas con cuchillo en mano y con su rostro totalmente cubierto por un pasamontañas, uno de ellos se acercó a Jayro Salazar y le propinó una puñalada en la pierna. El sujeto, antes de subir a la moto que lo esperaba, lanzó un papel que señalaba: primera advertencia: “_deja de meterte en lo que no te importa y deja de averiguar más de lo que debes o iremos por tu familia_”.
Los hechos denunciados por UDAPT revisten una gravedad inusitada y demuestran la impunidad del poder corporativo en América Latina y el Caribe. Las luchas dignas llevadas adelante por los pueblos de Ecuador, en defensa de los territorios que habitan, son absolutamente legítimas. Responsabilizamos al gobierno Ecuatoriano por la seguridad e integridad de todos los miembros de UDAPT y las comunidades con las que trabajan.
ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con UDAPT, exige una investigación urgente de los hechos y la identificación de los responsables de las agresiones, que deben ser inmediatamente sometidos a la justicia.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Desde Otros Mundos Chiapas llamamos a la sociedad civil y a otras organizaciones a solidarizarse en la busqueda de #JusticiaParaSimónPedro y hacer un llamado a través de redes sociales para que las autoridades de Chiapas realicen la diligencias correspondientes de manera correcta. Súmate utilizando el hashtag #JusticiaParaSimónPedro este próximo martes 7 de febrero a las 10 de la mañana hora México.
La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Convoca:
A los medios de comunicación nacional e internacional, y a las organizaciones no gubernamentales, a que nos acompañan en en el tribunal de enjuiciamiento de Pichucalco, Chiapas.
Para el desahogo de las pruebas para el esclarecimiento del asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López.
Este 7 de febrero A Las 10:00 A.M.
Los esperamos
Atenta mente mesa directiva de Las Abejas de Acteal.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A enero 31 de 2023
PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO VALENCIA Y RICARDO LAGUNES
FUERA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO DE NUESTRO TERRITORIO !YA!
Enero 31 de 2023
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) exigimos al gobierno federal, como al gobierno de Michoacán y al municipal de Aquila, la presentación con vida de los compañeros Antonio Valencia y Ricardo Lagunes quienes fueron desaparecidos el día 15 de enero de 2023 cuando iban hacia la capital de Colima.
El profesor Antonio Valencia y Ricardo Lagunes se encontraban realizando actividades para la defensa del territorio por las consecuencias de la extracción minera Ternium. Lamentamos que el gobierno federal continue invisibilizando las consecuencias de la extracción minera en los territorios. Además de los impactos ambientales y para la salud, las empresas generan despojo y violencia. No es suficiente que las empresas justifiquen «responsabilidad social empresarial», ni que «operan dentro del marco de la ley», porque la vida de las comunidades y de las personas defensoras está en peligro.
La REMA responsabilizamos directamente a la empresa Ternium por la desaparición de los compañeros Antonio Valencia y Ricardo Lagunes y por la violencia generada en el municipio de Aquila que ha desatado múltiples asesinatos y otras desapariciones, así como a los tres niveles de gobierno por la falta de justicia en el territorio
¡YA BASTA DE ENCUBRIR A EMPRESAS MINERAS! DEFENDAMOS A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ¡ANTONIO VALENCIA Y RICARDO LAGUNES PRESENTACIÓN CON VIDA YA!
Atentamente
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos este comunicado de MiningWatch Canadá, Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y Otros Mundos Chiapas– A 23 de enero 2023
(Ottawa, Chiapas | 23 de enero de 2023) La Corte Suprema de Canadá se ha negado a escuchar una apelación de la familia del defensor del medio ambiente mexicano asesinado Mariano Abarca, cerrando efectivamente la puerta en Canadá a cualquier investigación sobre el papel que la diplomacia canadiense pudo haber jugado en poner en peligro la vida de Mariano.
Mariano Abarca, un líder comunitario en la lucha contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras canadienses en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado en 2009. Creyendo que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano en mayor riesgo en las semanas y meses previos a su asesinato, su familia presentó una queja bajo la ley de denunciantes de Canadá en 2018. Ignorando más de 1000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación.
Tras una revisión judicial, un juez del tribunal federal admitió que “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. No obstante, los recursos presentados contra la decisión del Comisionado no consiguieron que se abriera una investigación, y el 12 de enero del presente año la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia.
Dado que los mecanismos de rendición de cuentas en Canadá le han fallado a la familia de Mariano Abarca, ésta ahora acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.
«Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá», afirma José Luis Abarca, hijo de Mariano. «Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas».
La decisión de la Corte Suprema menoscaba el derecho de acceso a la justicia de los defensores del medio ambiente, según los abogados
El asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope, afirma: «Al negar la autorización para apelar, la Corte Suprema de Canadá ha puesto fin a la posibilidad de una investigación administrativa y judicial canadiense sobre las irregularidades cometidas por funcionarios canadienses en el caso de Mariano Abarca. La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta».
Shin Imai, del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), afirma: «Este caso va más allá de una mera investigación de los actos y omisiones de funcionarios canadienses de la embajada en México. Si el recurso hubiera sido aprobado por la Corte Suprema, habría sido la primera vez que el deplorable sistema denunciantes de Canadá hubiera sido omitido al escrutinio de la más alta Corte– con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero.»
El gobierno canadiense sigue dando prioridad a las empresas en detrimento de los derechos humanos
En 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188.000 millones de dólares– activos propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense.
La profesora Charis Kamphuis, también de JCAP, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá. Ella afirma que «los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados». «Lamentablemente, en el caso de Mariano Abarca, los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses».
Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), ha trabajado con la familia Abarca desde antes del asesinato de Mariano. Según él, «la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es decepcionante y reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes».
Antecedentes:
Cronología detallada de Blackfire Exploration, Mariano Abarca y la Embajada de Canadá
Compartimos esta noticia publicada en Educa Oaxaca sobre el asesinato de los defensores del río Guapinol en Honduras – A enero 9 de 2023
El 7 de enero del presente año se registró el asesinato de dos defensores comunitarios de Guapinol en Honduras, Aly Domínguez y Jairo Bonilla eran los líderes comunitarios de la comunidad que durante muchos años se ha mantenido en resistencia ante los proyectos mineros que intentan imponer. Sus familiares exigen justicia ante estos crímenes que se integran a una dolorosa lista de 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal.
La lucha de la comunidad de Guapinol comenzó desde 2012 un año después de que se declarara “parque nacional protegido” a la zona donde nacen dos ríos importantes para estas regiones, los ríos Guapinol y San pedro, un logro comunitario que lograron durante muchos años. Sin embargo en 2012 de manera ilegal el congreso nacional de Honduras aprobó un decreto donde reducía las hectáreas de protección de dicho parque con el fin de que la empresa minera EMCO (ahora, Inversiones Los Pinares) estableciera una minera en la zona.
Desde entonces la lucha por la defensa del territorio y el agua ha permanecido y con ella diversos ataques a personas de la comunidad y defensores, a pesar de la múltiples denuncias que se han interpuesto, la autoridades estatales no han garantizado para protección a la integridad física de las comunidades en riesgo, pero también no han accionado en contra de las mineras que continúan dañando y contaminado los ríos y el ambiente a causa de la explotación minera.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen un cese a la violencia contra esta comunidad, las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos para poder acceder a la justicia y al mismo tiempo exigen la cancelación inmediata de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
Compartimos esta información sobre la violencia y represión a defensores de la vida en El Salvador – A 11 de enero del 2022
San Salvador, 11 ene (EFE).- Habitantes de una comunidad del central departamento de Cabañas denunciaron este miércoles la captura de dos líderes comunitarios y de otras tres personas más por supuestamente estar involucrados en delitos cometidos antes del estadillo de la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
Se trata de 2 miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), una organización no gubernamental creada en 1993, y tres habitantes de la comunidad Santa Marta (Cabañas), quienes fueron arrestados por la Policía la madrugada de hoy, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.
Las personas detenidas responden a los nombres de Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas.
Según la fuente, a estas personas «se les vincula en un caso ocurrido entre los años 1973 y 1974», según la Fiscalía, y «se les agrega el cargo de asociaciones ilícitas».
Los habitantes denunciaron que «toda esta situación pone en evidencia la construcción de un caso de forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a ADES».
Señalaron que los representantes de la Fiscalía les indicaron que las capturas «no tienen nada que ver con el régimen de excepción», por lo que piden que «se siga un proceso apegado a la ley» y que «antes de 72 horas se realice una audiencia».
El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde finales de marzo de 2022 y a la fecha han sido capturados más de 61.000 supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas estructuras.
Tres organizaciones humanitarias denunciaron en septiembre del año pasado al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante dicho régimen.
La comunidad Santa Marta fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armando interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante de casos de violaciones de derechos humanos. EFE
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los derechos humanos
A los Medios libres y alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Al Pueblo de San Pedro Chenalhó
Hermanas y hermanos:
Recordamos que el sagrado agua es vital para nuestra vida humana y la de otros seres vivientes en esta tierra. Que es un regalo de la Vida y el uso, así como el acceso al agua es un derecho humano contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Mexicana y que los tres niveles de gobierno es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de este derecho humano. Pero ya suman seis familias de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que les han quitado el agua y energía eléctrica.
En sentido de lo anterior denunciamos con indignación que el día de ayer 15 de diciembre, en un lapso de tres horas (entre las 5pm- 8.30pm), la familia Pérez Pérez integrada por Pedro Pérez Pérez, Guadalupe Pérez Días madre de familia, quienes comparten servicio de agua y luz eléctrica con su hijo Jaime Pérez Pérez y su esposa Flor de María Jiménez Hernández junto con sus dos hijos menores de edad; miembros de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, les fue cortado el servicio de agua y energía eléctrica. El corte de los servicios fue realizado por los partidistas acompañados de su agente y patronatos de la comunidad Campo Los Toros. Esta violencia y violación a los derechos humanos cometidos en contra de la familia se debe a que le compartía el uso de electricidad a Juvencio Pérez Solís, miembro de la familia quien ya vive en otro hogar y que le habían cortado los mismos servicios junto a 4 familias más desde el 8 de febrero del 2021.
Como recordarán, el pasado 10 de noviembre del 2022, realizamos una conferencia de prensa1 en frente de la presidencia municipal de Chenalhó, para denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos2 de nuestros compañeros y compañeras de la Organización de las comunidades Bach’en, Campo Los Toros, colonia Puebla y Nuevo Yibeljoj, que tanto el ayuntamiento de Chenalhó, presidido por el C. Abraham Cruz Gómez y sus agentes municipales de las respectivas comunidades en mención, no han tenido voluntad política y sensibilidad humana para resolver dichos conflictos de manera seria y transparente.
Desde nuestro espíritu y convicción política de la No Violencia, le exigimos a las autoridades municipales restablecer todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras al agua y luz eléctrica, en un lapso de 11 días después de dicha conferencia. Sin embargo, el presidente de Chenalhó decidió mantenerse callado y haciendo caso omiso de una intervención realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de fecha 14 de noviembre del presente, dirigido al: Gobernador de Chiapas, a la Secretaria general de gobierno del estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al citado munícipe. Y hasta el 1 de diciembre el alcalde de Chenalhó mandó un mensaje vía whatsapp diciendo:
“Directiva buenos, Buenas tarde, seraque me puede marcar cuando puedas porque kiero desirte algo sobre los asuntos pendiente”. Obviamente, no le marcamos porque decidimos que después del 10 de noviembre cualquier comunicación respecto a los conflictos, debe tener seriedad.
A lo que el día 3 de diciembre enviamos una carta formal al alcalde municipal, exigiéndole que lo que queremos es el restablecimiento del agua y luz eléctrica de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los toros.
Y hasta el 10 de diciembre, el presidente de Chenalhó y el síndico municipal C. Juan Erasto Rodríguez Pérez, nos mandan una invitación escrita para asistir a una plática en la comunidad Bach’en para el día 20 de diciembre de este año, según para “dar seguimiento a la problemática” de la comunidad Bach’en.
A lo que el 15 de diciembre, les respondimos dicha invitación mediante un escrito y entregado a una de las secretarias del presidente municipal, en donde rechazamos caer en juegos, e insistirles si de verdad tienen voluntad de resolver dicho problema, es demostrando con la reconexión del agua y electricidad de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los Toros.
Y grande fue nuestra sorpresa e indignación, mientras estábamos entregando la carta en la presidencia de Chenalhó para exigir la reconexión del agua y electricidad de las comunidades de Bach’en y Campo Los Toros; el agente y patronato de agua y luz de Campo Los Toros, llegaron a la casa de nuestro compañero Pedro Pérez Pérez para desmantelarle los servicios de agua y luz eléctrica.
Es indignante que después de la Masacre de Acteal y como respuesta a nuestras exigencias de justicia y respeto a la construcción de nuestra autonomía, el Estado mexicano ha creado con la impunidad de que en las comunidades y autoridades comunitarias afiliadas al municipio de Chenalhó, nos castiguen de manera absurda; cortándonos el servicio de agua y luz eléctrica, porque saben que son necesidades básicas y así creen lograr nuestra renuncia a nuestra lucha y resistencia como organización.
Ante todo lo anterior, por la burla y humillación del agente y patronato de agua y de luz eléctrica de la comunidad Campo Los Toros, nuestros compañeros han tomado la decisión de darles una última oportunidad hasta el día domingo 18 del presente para que reconsideren y remienden sus errores, reconectando los servicios de agua y luz eléctrica de las 6 familias afectadas y violentadas por los supuestos usos y costumbres y acuerdos comunitarios y que 4 de ellas se les ha privado del derecho humano del agua desde hace 23 meses.
Pero, si no hay respuesta favorable a nuestra exigencia dentro de 2 días, nuestros compañeros realizarán ellos mismos la reconexión del agua y electricidad, el día 19 de diciembre, ya que es su derecho, porque no han faltado en los trabajos de mantenimiento de dichos servicios en cuestión. Y responsabilizamos a las autoridades competentes de nuestra seguridad e integridad física y psicológica durante ese día.
Al respecto, hermanas y hermanos de organizaciones y pueblos hermanos; a los medios de comunicación y al público en general; les pedimos estar atentos este día lunes 19 de diciembre, y si los partidistas de la comunidad Campo Los Toros cometen algún acto violento hacia la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras durante y después del trabajo de reconexión del agua y electricidad; reiteramos que los responsables inmediatos serán el presidente Abraham Cruz Gómez, el síndico municipal Juan Erasto Rodríguez Pérez y el agente y patronatos de agua y de luz de la comunidad mencionada.
Esta es la situación de derechos humanos y el trato que nos dan los partidistas y el ayuntamiento de Chenalhó, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Masacre de Acteal y de la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Petición:
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a lo largo de sus casi 30 años de caminar han enfrentado diversas agresiones, hostigamientos y violencia a familias pertenecientes a la organizaciones en sus 25 comunidades. Este año no fue la excepción.
Ahora familias en la comunidad Campo los Toros sufren del corte de servicios públicos como energía eléctrica y el agua potable por parte del Ayuntamiento del Municipio de Chenalhó, encabezo por el señor Abraham Cruz Gómez
Por eso pedimos alto al hostigamiento y violación de derechos humanos a estas familia y todas las familiar que integran a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Así mismo exigimos que restablezcan de inmediato los servicios básico y esenciales para estas familias.
Comunicado de IM-Defensoras en el marco del Día Internacional de las mujeres Defensoras – A 29 de noviembre del 2022
Este año, en México, fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, veintiuna mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega, mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución. En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales racistas y corruptos no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude el país.
En toda la región, desde los poderes opresores pero también desde nuestros entornos cercanos, se nos sigue discriminando, acusando de ser “malas mujeres”, agrediendo sexualmente, negando nuestro derecho a organizarnos y a alzar la voz.
Estos son tan solo algunos apuntes sobre el contexto en el que hoy en día las defensoras mesoamericanas de derechos humanos desarrollamos nuestra labor. Seguramente las cosas no han cambiado mucho de cómo eran hace ya casi trece años, cuando defensoras de diversos movimientos sociales de Mesoamérica y otros países nos reunimos en Oaxaca, México, para compartir nuestra preocupación e impotencia ante la violencia que tocaba nuestros cuerpos y vidas. De ahí nació un pacto para protegernos y cuidarnos juntas al que llamamos Protección Integral Feminista (PIF).
La PIF es la manera en la que nos acompañamos entre defensoras y comunidades cuando somos agredidas; la manera de hacer análisis de riesgo con una mirada feminista que atienda a todas las dimensiones del contexto; de construir espacios de acogida; de documentar las violencias, denunciarlas y buscar justicia; también es la manera de sanar y cuidarnos colectivamente y de fortalecer nuestras capacidades para protegernos. Construirla y llevarla a la práctica no ha sido fácil, ha sido y sigue siendo un proceso plagado de retos y aprendizajes, con sus logros y desafíos, encuentros y desencuentros, dolores y pequeñas victorias.
Hoy, casi trece años después, nuestra región sigue siendo el lugar violento y hostil que era, incluso puede que más; las políticas capitalistas, racistas y patriarcales que desde hace siglos buscan subyugar y expropiar nuestras vidas siguen tan vigentes o más que antes. La crisis climática, la sindemia por COVID-19, el auge de la extrema derecha y los fundamentalismos religiosos, el poder de las empresas y grupos mafiosos y el autoritarismo cada vez más desacomplejado de algunos Estados dan testimonio de ello.
Ante la violencia de tales poderes, instancias internacionales, entidades supraestatales, mecanismos estatales y otras instituciones se han demostrado, cuando menos, impotentes. Es más, nuestro Registro de Agresiones constata como en toda la región, los Estados – sí, esos que en teoría deberían protegernos – son nuestros principales agresores a través de la acción de policías, militares, instituciones y autoridades de diferente nivel. Esto no ha hecho sino reafirmar nuestra convicción de que la mejor protección es la que nos damos entre nosotras, en comunidad, desde nuestros territorios y desde el enfoque de la Protección Integral Feminista. Nuestras vidas no pueden depender de instituciones incapaces o cómplices. Por ello hemos creado redes de protección entre y para defensoras de diferentes movimientos sociales para cuidar nuestras vidas, nuestras organizaciones y comunidades y, así, seguir luchando juntas por el futuro de la red de la vida.
Hoy, en el marco del Día Internacional de las Defensoras, desde la IM-Defensoras reconocemos y saludamos las luchas de todas nuestras compañeras, denunciamos todas las violencias que buscan acallarnos y nos reafirmamos en el pacto de cuidarnos juntas.
En este día de las defensoras, también les invitamos a conocer cómo hemos enfrentado la violencia y cómo hemos venido construyendo la Protección Integral Feminista, anunciándoles nuestra próxima publicación, “El pacto de cuidarnos”, que presentaremos públicamente el próximo 9 de diciembre de 2022, a las 10 am horas de Mesoamérica, a través de nuestro canal de Youtube.
Compartimos esta nota publicada por Avispa Midia sobre – A 7 de noviembre del 2022
El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.
En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.
Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.
Financiamiento de violencia
Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.
Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.
Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.
Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.
Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.
En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.
En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.
Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.
Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.
Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.
Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH
