Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

Compartimos esta del Comite por los Derechos Humanos en América Latina CDHAL sobre el caso en Canadá #JusticiaParaMariano – A Noviembre 2021

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

Noticia

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s

Imagen: Justicia Para Mariano Abarca

Más información:

Examinan el papel de la Embajada Canadiense en el asesinato del líder mexicano Mariano Abarca

Compartimos este podcats producido por CDHAL y ALER sobre la próxima audiencia en Canadá sobre el caso de #JusticiaParaMariano – A 19 de octubre del 2021

El próximo 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Mariano Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas – México, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros”, son palabras de José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca.

Declaraciones del abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA), y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca; Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos; Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas; Libertad Díaz y Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Algunos de los testimonios de esta producción radial fueron obtenidos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

Producción: Christina Ayala, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL); María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER

Más información:

Buscamos una investigación de la embajada canadiense en México con audiencia de noviembre en Canadá

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el caso #JusticiaParaMariano- A 18 de octubre del 2021

Los representantes legales en Canadá de la familia de Mariano Abarca, Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería-REMA, y otros aliados mexicanos y canadienses serán escuchados por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá el 8 de noviembre de este año. Buscamos una investigación a la Embajada Canadiense por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano en las semanas y mese antes de su asesinato el 27 de noviembre del 2009 como resultado de su lobby político a favor de la minera canadiense Blackfire, aun cuando tuvo conocimiento que la empresa y sus trabajadores amenazaban su vida por estar denunciando los daños sociales y ambientales de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas.

Vamos con fuerza a esta audiencia dado que, además de nuestros abogados, la corte ha aceptado escuchar argumentos jurídicos a favor de tal investigación de Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR por sus siglas en inglés) junto con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson en Toronto. Si la Corte Federal de Apelaciones falla a favor de la familia, nuestra petición para una investigación regresará al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública (https://miningwatch.ca/node/9945).

Mariano Abarca fue fundador de nuestra red y un importante luchador ambiental en Chiapas, México. Él advirtió de manera directa a la Embajada que su vida y la seguridad de su familia y otros miembros de la comunidad corrían peligro, sin embargo, la diplomacia canadiense prefirió promover la minería en Chiapas y los intereses de la empresa Blackfire. Entre otras gestiones, las que han sido plenamente documentados (https://miningwatch.ca/node/7110), la embajada mandó una delegación al gobierno de Chiapas en octubre 2009 cuando pidió que sofocara las protestas. Seis semanas después, Mariano fue asesinado. La mina de barita de Blackfire fue suspendida pocos días después del asesinato de Mariano, dando razón a su lucha que el y muchos más en Chicomuselo había sostenido.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido una investigación seria en el caso y jamás ha sido investigado la empresa Blackfire, a pesar de que todos los sospechosos tuvieron una conexión con la empresa. Las tres personas que fueron detenidas o arrestada fueron liberadas. Por esto, además de la denuncia interpuesta en Canadá, la familia de Mariano ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros (https://miningwatch.ca/node/9834).

¿Por qué es de interés público para la familia, la REMA y las organizaciones de la sociedad civil que el Estado Canadiense abra una investigación a la Embajada?

  1. Este caso es el primer de su tipo en Canadá que busca la rendición de cuentas del estado canadiense por su apoyo incondicional a sus empresas mineras que generan despojo, destrucción ambiental, daños a la salud, violencia y asesinatos a defensores, defensoras ambientales. Necesitamos que el estado canadiense toma responsabilidad, sabiendo que el caso de Mariano Abarca no es único, que la diplomacia canadiense frecuentemente ignora los llamados de las comunidades afectadas por los daños de las empresas mineras canadienses y su imposición en los territorios. Esto contribuye al riesgo de violencia y criminalización que enfrentan las vidas y el futuro de los pueblos y las comunidades.
  2. Ante el incremento de difamación, criminalización, y asesinatos de afectad@s por la minería y otras actividades extractivistas es urgente que los estados y su diplomacia protejan las vidas de los y las defensoras ambientales, no que ofrezcan una gama de servicios a las empresas mineras para asegurar sus intereses económicos por encima de la vida de los pueblos.
  3. La familia Abarca y todas las familias de l@s asesinad@s, amenazad@s y criminalizad@s por la minería tienen derecho al acceso a la justica, a la memoria y a la verdad.

Por todo esto, esperamos con mucha anticipación la audiencia del 8 de noviembre, lo cual se llevará a cabo de forma presencial y virtual, y que es un importante momento para dar luz a los abusos y excesos, no solamente de las empresas mineras, sino también de los estados que facilitan sus intereses. 

¡Rendición de cuentas de la embajada canadiense en México por su parte de responsabilidad en el asesinato de Mariano Abarca!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Imagen: Mariano vive 2012

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A 99 días del asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro

Compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre nuestro compañero Simón Pedro – A 11 de octubre del 2021

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogadosdel Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Justicia para Simón Pedro

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México: Hostigamiento en contra de periodistas y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en Chiapas

Compartimos este comunicado de Front Line Defender, SweFor, IM Defensoras entre otros colectivos y organizaciones sobre la situación de violencia y hostigamiento a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en la frontera sur de México – A 21 de septiembre del 2021

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el reciente aumento de violencia y el persistente clima de hostilidad en contra de las personas migrantes, periodistas, y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en el sureste mexicano. Particularmente, en el estado de Chiapas y Tabasco en donde colectivos de defensa de derechos humanos, periodistas y organizaciones se han enfrentado a una nueva oleada de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde el 28 de agosto de 2021, la Guardia Nacional y el INM han llevado a cabo continuos operativos conjuntos para frenar el tránsito de personas migrantes que desean salir de Chiapas debido al retraso en la resolución de sus trámites de regularización migratoria o de refugio. De acuerdo a reportes de organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), los operativos han sido violentos y se han llevado a cabo sin protocolos adecuados que respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos quienes acompañan a las personas migrantes en la exigencia de sus derechos, han experimentado nuevas olas de hostigamientos por parte de las autoridades mexicanas.

El 28 de agosto, partió una caravana migrante de Tapachula, Chiapas junto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el camino, personas defensoras de derechos humanos e integrantes del COMDHSE se percataron que la caravana estaba siendo vigilada y seguida por personas desconocidas en vehículos con vidrios polarizados. Cerca de las seis de la tarde, elementos de la Guardia Nacional bloquearon el paso de las y los defensores periodistas y funcionarios de la CNDH impidiéndoles realizar su labor de documentación, observación y acompañamiento. El despliegue de elementos desde este día fue desproporcionado, con la presencia de aproximadamente 50 vehículos de elementos del INM, de la Guardia Nacional y del Ejército, además de vehículos con vidrios polarizado con hombres armados vestidos de civiles.

El 2 de septiembre, funcionarios del INM obstruyeron el paso de autos pertenecientes COMDHSE y de periodistas en Mapastepec, quienes estaban ahí para documentar los pasos de la caravana. El 5 de septiembre, el COMDHSE documentó un fuerte operativo conjunto llevado a cabo por elementos antimotines de la Guardia Nacional y por el INM en Huixtla . Durante el operativo que dueró más de ocho horas, se llevaron a cabo múltiples detenciones violentas y arbitrarias en las que las y los defensores también fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional, quienes utilizaron los escudos antimotines para empujarlos.

Las agresiones, hostigamiento y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos de las personas migrantes y, en particular, de integrantes del COMDHSE no son nuevas; en julio de 2021 distintas relatorías de las Naciones Unidas expresaron preocupación por los actos de hostigamiento en contra de la red de organizaciones ocurridos durante el primer semestre de Así mismo, en 2019 las organizaciones Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos investigaron y denunciaron algunos de los riesgos y amenazas a las que se enfrentan de manera continua quienes defienden los derechos de las personas migrantes, así como las consecuencias que ello tiene en dicha población.


Las organizaciones firmantes recuerdan la obligación del gobierno mexicano de garantizar la integridad personal de todas las personas que transitan el territorio mexicano. Así como su compromiso de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que transitan o residen dentro del país, incluyendo a las y los extranjeros, tal y como ha reconocido en los principios de la Ley de Migración de 2011.


Estas as organizaciones instan a las autoridades mexicanas a que reconozcan y permitan sin obstrucciones la labor de documentación y acompañamiento que realizan las personas defensoras de derechos migrantes y comunicadoras, así como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la frontera sur de México. Asimismo, hacen un llamado a que se respeten los derechos humanos de todas las personas que transitan el territorio mexicano, recordando que migrar y solicitar refugio es un derecho garantizado en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Front Line Defenders, Ibero Ciudad de México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México,

con la Observación Internacional de SweFOR México, con la Observación Internacional de Brigadas Internacionales de
Paz-México

Imagen: Los abusos habrían ocurrido en el contexto de la migración en Chiapas. Foto: Darinel Zacarías

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Conversatorio: ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?

Compartimos esta invitación para participar en el conversatorio organizado por Mining Wacht Canadá este martes 3 de octubre 2 de la tarde hora México

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¿Tiene el gob canadiense derecho a engañar al público? ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?

¿Qué dice el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas, México, sobre la responsabilidad del gobierno canadiense?

Se podría pensar que los servidores públicos están obligados a seguir las políticas y procedimientos ante los que los funcionarios del gobierno canadiense testifican en el Parlamento o publican en el sitio web del gobierno. Pero un fallo reciente de la Corte Federal dice que esto no es necesariamente así. Ese caso se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Apelaciones.

Con el apoyo de organizaciones mexicanas y canadienses, la familia del defensor ambiental Mariano Abarca, quien fue asesinado en 2009, busca una investigación en la Embajada de Canadá en México. Creen que el cabildeo incondicional de la Embajada en apoyo de una empresa minera canadiense puso la vida de Mariano en mayor peligro en el período previo a su asesinato.

Esta mesa redonda discutirá la práctica canadiense cuando se trata de embajadas en el extranjero y conflictos sobre las operaciones mineras canadienses, preguntando si el caso de Mariano es el patrón o una excepción. También exploraremos qué política se debe esperar que sigan los funcionarios canadienses en tales casos, y cómo se cumplen las obligaciones de derechos humanos de Canadá. Finalmente, ¿tenemos alguna forma de pedir cuentas a los funcionarios públicos cuando las cosas van mal?

Moderador: Bianca Mugyenyi, Directora, Instituto Canadiense de Política Exterior

1a hora: diplomacia económica

  • Representante de la familia Abarca de Chicomuselo, Chiapas, México
  • Charis Kamphuis, Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa
  • Jen Moore, Programa de Economía Global, Instituto de Estudios de Políticas
  • Nicholas Pope, abogado del caso, Hameed Law, Ottawa

2da hora: enfoques para la ejecución Reflexiones del panel de expertos

  • Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá
  • Representante de Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales
  • David Yazbek, abogado, Center for Freedom of Expression Reflexiones de Soledad García Muñoz, Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH

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Video: La palabra de Simón Pedro, compañero de Las Abejas de Acteal

Compartimos este video realizado por Xun Sero donde presentan palabras de Simón Pedro, compañero de Las Abejas de Acteal asesinado el 5 de julio de este año.

El 5 de julio de 2021, 2 sicarios asesinan a Simón Pedro Pérez en el mercado público de Simojovel, Chiapas, México. El asesinato fue cometido frente a su hijo menor de edad.

Simón Pedro era padre, esposo, hijo y hermano. En vida fue defensor de derechos humanos, catequista e integrante de La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

En 2020 fue presidente de la Mesa Directiva de su Organización.

El 31 de diciembre de 2020, Simón nos concedió una entrevista para compartirnos qué es La Mesa Directiva de Las Abejas y qué implica ser de La Mesa Directiva. Ese día entregaba el cargo a los nuevos representantes de la Mesa Directiva.

“Simón le fue arrebatada la vida por buscar activamente la paz frente al clima de violencia generalizada que vivimos en los Altos de Chiapas. Nuestro hermano Simón Pedro representa la tercera generación de defensores de los derechos humanos en su familia y siempre participó en los movimientos para defender a la Madre Tierra en contra de los megaproyectos que amenazan a nuestros pueblos, y que han afectado a otros campesinos e indígenas en nuestro país y de otras partes del mundo. También buscó siempre el bien de su pueblo luchando en la organización, viendo por los desplazados y exigiendo justicia para los Mártires de Acteal y para todos los perseguidos por el mal gobierno. Siempre intentó proteger y ver por los que están sufriendo”. Palabras de la Organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. 22 de julio de 2021.

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Miriam Miranda, activista indígena hondureña: “El presidente está impulsando un genocidio contra el pueblo garífuna”

Compartimos esta nota publicada en El Diario sobre la represión y violencia hacia el Pueblo Garifuna en Honduras- A 8 de agosto del 2021

Miranda se ha convertido en una de las caras visibles de la búsqueda de cuatro jóvenes afroindígenas de la comunidad garífuna desaparecidos hace un año. La activista denuncia que el Gobierno de Juan Orlando Hernández no asume su responsabilidad

Ayelén Oliva 8 de agosto de 2021 21:36h

3 @ayelenoliva

Miriam Miranda lleva toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y ambientales en Honduras. En especial, a aquellos vinculados a los pueblos indígenas. Desde la ciudad de La Ceiba, en conversación con elDiario.es, denuncia que en su país la defensa de la tierra sigue siendo motivo de persecución y criminalización. Pero también de desapariciones forzadas y asesinatos.

Tal es el caso de Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo Róchez y Sneider Centeno. Un grupo de jóvenes afroindígenas de la comunidad garífuna que, el 18 de julio del año pasado, en lo que parecía un operativo policial, fueron secuestrados en Triunfo de la Cruz, en la costa norte de Honduras, una de la zonas con mayor biodiversidad del país.

Hace un año que no se sabe dónde están y Miranda se ha convertido en una de las caras visibles de esta búsqueda. “El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el secuestro y la desaparición forzada”.

El caso de la desaparición forzada de los jóvenes de Triunfo de la Cruz se entiende solo en un país atravesado por la persecución a los líderes sociales. El caso más conocido es el de Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016.

El mes pasado, una histórica sentencia declaró culpable a Roberto David Castillo, directivo de una hidroeléctrica. Para Miranda, la decisión de la Justicia marca un avance en el esclarecimiento de la causa, pero dice que todavía falta mucho camino por recorrer.

¿Tiene expectativas con la investigación por el asesinato de Berta Cáceres?

Por supuesto me llena de esperanza. Pero me preocupa mucho que no lleguen a juicio los verdaderos culpables, aquellos que dieron la orden de asesinar a Berta. En un país como este siempre se buscan chivos expiatorios. Está claro que David Castillo formó parte de esa estructura, pero si no se lleva a juicio a los verdaderos culpables que son los dueños, sería un mal precedente.

¿Por qué cree que se puede frenar la causa?

En este país existe un Estado fallido donde los grupos de poder económico tienen el control y pueden cambiar, de la noche a la mañana, algunas resoluciones. Y eso es lo que nos preocupa. Si no se fortalece el Estado de derecho, vamos a seguir en la misma situación.

Tanto usted como Berta son mujeres que han encarado la defensa de los derechos humanos en Honduras, ¿qué papel juega el género en estas causas?

Recuerdo una vez, cuando me estaba golpeando la policia en la calle, me decían: “tú no tienes que estar en la calle tienes que estar cocinando, atendiendo a tu marido y a tus hijos”. Existe un riesgo mayor inminente para las mujeres. Pero las luchas en América Latina tienen voz y cara de mujer. Hay que reconocer que las mujeres estamos impulsando y sosteniendo procesos para garantizar la perpetuidad y salvar a la humanidad.

Ya pasaron más de un año exigiendo la aparición de los cuatro jóvenes desaparecidos de su comunidad, ¿cuál es la respuesta del presidente Juan Orlando Hernández?

Durante los primeros días del secuestro hizo una campaña basada en la narrativa de que los jóvenes eran parte del crimen organizado, que eran narcotraficantes. Intentó convertir a las víctimas en victimarios. Una estrategia que se les cayó porque no la pueden sostener. El Gobierno dice que no hay prueba de que fuera la Dirección Policial de Investigaciones, sino que fue la lucha entre narcotraficantes. El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad en el secuestro y la desaparición forzada, pero hay una comunidad completa que fue testigo. Vio que estaban vestidos de policía y cómo fue el operativo. Eso no lo puede negar.

¿Es la primera vez que tienen un caso de desaparición forzada dentro de su comunidad?

Es la primera vez, sí. Pero tenemos antecedentes de asesinatos de líderes, criminalización y judicialización.

¿Cuál es la reacción del órganos públicos competentes a las peticiones internacionales de esclarecimiento del caso?

El Estado estaba obligado a presentar información ante el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 y al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pero no hay ninguna respuesta que muestre que se está investigando.

¿Este caso lo entiende en el marco de una problemática general de persecución a líderes sociales en su país?

Sin duda. Los informes de los organismos de derechos humanos han demostrado que Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras. No solamente es la desaparición. En lo que va de este año, tenemos 33 personas de una comunidad con órdenes de captura y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.

Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras de derechos humanos. Y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.

¿En qué se apoyan para avanzar con las detenciones?

El Gobierno ha venido aprobando leyes para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos como sucedió con la reforma del código procesal penal en el cual utilizan la figura legal para el control de las maras y pandillas en las ciudades para judicializar a las defensoras. El argumento es que si tú estás defendiendo la tierra, estás a su vez atacando a terceros privados y obligándolos a desplazarse. Nos acusan de usurpación. Juan Orlando Hernández está impulsando un genocidio contra el pueblo garífuna. Nos están desplazando y obligando a irnos del país cuando nosotros tenemos derecho a vivir aquí.

¿Qué espera que cambie en su país en un futuro inmediato?

Espero que cambie la correlación de fuerzas para restaurar el Estado de derecho en este país, si no es muy poco lo que podemos hacer. Espero que pueda surgir algún inicio de que el Estado va a cumplir la sentencia condenatoria de Triunfo de la Cruz. Espero encontrar a nuestros hermanos vivos, así como se los llevaron. Y saber quién dio la orden de la desaparición.

Pueblos Indígenas en Honduras

Este lunes, como cada 9 de agosto, se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas. En Honduras, según un informe publicado por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen nueve comunidades originarias, varias de ellas de origen afrohondureños. En total represental el 7.25% de la población del país.

Los defensores de derechos humanos y ambientales denuncian que desde el 2017, año posterior al asesinato de Berta, se identifica un incremento sustancial de agresiones contra defensoras de tierra y territorio y que no cuentan con políticas especiales ni legislación específica para proteger a estas personas.

Los garífunas son un grupo étnico afroindígena ubicado en la costa atlántica, en 41 comunidades, pero también se encuentra en Belice, Guatemala y Nicaragua. Además, existen una gran cantidad de garífunas que fueron desplazados de sus tierras.

Imagen: Miriam Miranda

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En Acteal, denuncian irregularidades en esclarecimiento del asesinato de Simón Pedro

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre las irregularidades en el proceso jurídico del asesinato del defensor Simón Pedro – A 2 de agosto del 2021

A casi un mes del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denuncia la lentitud de las autoridades estatales en el proceso de investigación del crimen.

“Va muy lento como de por sí así es el modo del sistema de justicia del mal gobierno en México. Cuando se trata de un caso de un indígena que es pobre, que es defensor de derechos humanos y de la vida y sobre todo si lucha contra el sistema de mal gobierno y de ricos y poderosos”, enfatiza la organización indígena tzotzil mediante comunicado.

La denuncia fue realizada por Las Abejas durante el marco de una jornada de ayuno y oración por la la paz y la justicia en la zona de Los Altos de Chiapas, región que desde hace años registra un incremento en la violencia armada, lo cual ha derivado en desplazamiento forzado de miles de personas.

En el documento, la organización que aglutina a comunidades tzotziles de tres municipios en la región de Los Altos, remarca la lentitud del sistema de justicia, representado por el actuar de la fiscalía de Chiapas.

También, señalan irregularidades graves, tales como la solicitada por el abogado del presunto asesino, Hugo Rolando “N”, quien solicitó la exhumación del cuerpo de Pérez López para “confirmar” que murió a causa de las heridas por los impactos de arma de fuego.

La organización lamentó la situación que, “ante la presión del sistema de justicia del mal gobierno mexicano”, tuvieron que aceptar los familiares de Simón Pedro, pues de lo contrario las autoridades dejarían en libertad al presunto asesino.

“La fiscalía de Chiapas, permite cuando le conviene, en este caso al abogado del autor material del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro pedir pruebas absurdas para nuestro modo y cultura tsotsil, por ejemplo; dicha defensa del asesino, argumenta que Simón Pedro se murió de alguna enfermedad grave que padecía antes de ser herido de las balas o porque no le dieron primeros auxilios, a pesar de ahora sabemos y aclaramos que el compañero y hermanos Simón Pedro recibió por lo menos dos disparos de arma de fuego en la cabeza y que el agresor le disparó por la espalda y que lo estuvo siguiendo y vigilando durante el día, antes de dispararle”, puntualiza el documento.

Ante esta situación, Las Abejas de Acteal recordaron “el error vergonzoso como en el Caso de la Masacre de Acteal”, puesto que, en dicho crimen de Estado, aún impune a casi 24 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a todos los autores materiales.

Indígenas tzotziles dedicaron una jornada de oración y ayuno los últimos días de julio. Foto de Las Abejas de Acteal

“Ante esta situación, exigimos a los administradores del sistema de justicia del mal gobierno mexicano que hagan justicia de verdad y no simulada por el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro”, demandaron Las Abejas.

Desde la Casa de la Memoria y Esperanza en Acteal, la organización tzotzil solicitó solidaridad para exigir justicia y para que, además de dictar sentencia condenatoria para el presunto autor material, también se inicie la investigación para encontrar al autor o autores intelectuales, pues argumentan, el asesinato de Pérez López se debió a su labor en la defensa de derechos humanos.

“Lo dejamos bien claro, que si el sistema de justicia del mal gobierno no cumple con su obligación de aplicar la justicia, solo sembrarán más injusticia y permitirle a los criminales a seguir matándonos como animales”, denuncian Las Abejas.

Foto de Las Abejas de Acteal

Además, señalaron que mantendrán sus labores de acompañamiento y refugio a las familias desplazadas que aún se encuentran en los diferentes campamentos de la región.

Por último, Las Abejas rechazaron la criminalización de Marcelo Pérez, párroco que acompaña la defensa de los derechos humanos, no solo en el conflicto suscitado en Pantelhó, sino también en otros puntos de Chiapas, muchos de los cuales registran actividad de grupos civiles armados contra la población mayoritariamente indígena.

Imagen: Abejas de Acteal

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Solidaridad con Olga Velázquez del Comité Ambientalista del Valle de Siria, Honduras

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de julio del 2021

La REMA expresa su profunda preocupación por el bienestar y la seguridad de la compañera Olga Velázquez del Comité Ambientalista del Valle de Siria en la municipalidad de Cedros, departamento de Francisco Morazán, Honduras, ante el acto de intimidación e intromisión de forma violenta a su domicilio, que sufrió por la noche del 28 de julio en su casa.

Olga Velázquez es una defensora del medioambiente y de la salud de los pueblos en la municipalidad de Cedros y miembro del Comité Ambientalista del Valle de Siria que ha llevado a cabo una lucha histórica en contra de los daños a la salud generados por la extracción de oro de la mina San Martín propiedad de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora fusionada con la empresa minera estadounidense Newmont), la cual operó en Valle de Siria del año 2000 al 2008.

En 2012, la REMA participó junto con el Comité Ambientalista del Valle de Siria en el Tribunal Popular Internacional de Salud en donde se demostró la documentación de los severos daños a la salud de la población que vive en el entorno de la extracción minera, evento en el cual se hizo un fuerte señalamiento, en especial, a las operaciones de la empresa Goldcorp, la cual operó y genero los mismos daños tanto en Honduras, como en Guatemala y México. Este intercambio de experiencias fue fundamental para informar a los pueblos de los tres países que participaron, de tal manera que facilitó el análisis sobre la similitud de los resultados sobre los daños que vive la población no importando la región, la zona o el país en donde se encuentre. Desde entonces, ese bagaje de daños ha sido compartido en muchos pueblos de México, lo cual ha ayudado a fortalecer muchos procesos de resistencia.

Actualmente, la lucha por la vida ante la megaminería en el Valle de Siria vuelve a levantarse por la reactivación de una mina de barita en la aldea Montañita en la municipalidad de Cedros, por lo tanto, derivado del contexto anterior y de la importancia del trabajo del Comité Ambientalista Valle de Siria y en especial de la compañera Olga Velázquez, no tenemos duda que nuevamente está siendo hostigada por su reconocido papel y liderazgo en defensa de la naturaleza y de la vida.

Cabe mencionar que durante la tarde-noche del miércoles 28 de julio, hombres vestidos de policía, pero sin identificaciones que lo confirmaran, irrumpieron sin ninguna justificación a la casa de la defensora. La defensora informó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que a eso de las 8:00 PM aproximadamente, cinco hombres vestidos con uniformes de la Policía Preventiva llegaron a su casa y, abusivamente tres de ellos ingresaron a la misma, dos al patio y uno entró hasta el corredor. Según señaló la defensora, le hizo raro que llegaron preguntando dónde quedaba la Iglesia Católica.

Además, señaló que no se transportaban en una patrulla policial como es debido, sino que ellos andaban en un carro Hilux, color gris, con placas 04919 y vidrios polarizados. La defensora dijo al COFADEH que, días antes un carro similar, se estacionó frente a su casa y con ellos andaba una patrulla.

Condenamos este acto de intimidación y persecución a Olga Velázquez y exigimos que las autoridades nacionales e internacionales le brinden la protección necesaria a la defensora. Estaremos pendientes ante la lucha en contra de la minera en el Valle de Siria y por la seguridad de la compañera, tal como para seguir denunciando estos recurrentes amenazas y ataques a quienes optan por la vida y la salud de los pueblos ante el modelo minero de muerte.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Confidencial HN

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Claudia Sheinbaum reprime a defensoras y defensores de Xochimilco

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la reciente represión a las y los defensores del humedal en Xochimilco – A 27 de julio del 2021

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos la violenta represión de la que fueron victimas las y los defensores del territorio de Xochimilco el viernes pasado en la CDMX, por un escuadrón de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que golpearon y maltrataron a las y los defensores.

Esto sucedió mientras la Coordinadora de Pueblos y Barrios de Xochimilco se manifestaban pacíficamente frente al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, para exigir que el Tribunal resuelva dos recursos de revisión que están pendientes para los pueblos de Xochimilco, a causa de la pretensión de construir de forma ilegal el puente vehicular de Cuemanco que afectará gravemente el humedal.

Las y los chinamperos han venido denunciando desde hace más de un año el daño irreparable que traerá el puente para su actividad y para las especies endémicas y migratorias de la zona lacustre. Asimismo, han denunciado que esto traerá graves consecuencias para el abastecimiento de agua a corto plazo.

Desde la REMA exigimos al Décimo Tribunal Colegiado que resuelva los recursos de revisión interpuestos por los pueblos de Xochimilco. Exigimos igualmente a Claudia Sheinbaum un alto total a la represión a las y los defensores del territorio en la CDMX.

¡BASTA DE REPRIMIR A LOS PUEBLOS POR DEFENDER SU TERRITORIO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Cuartoscuro

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Petición Alto a la muerte y desplazamiento en comunidades indígenas de Chiapas

Compartimos esta petición de Salva la selva para exigir justicia para Simón Pedro y seguridad para su familia y demás integrantes de las Abejas de Acteal – A 27 de julio del 2021

Petición para firmar y difundir

Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva:

>>Firma aquí<<

Ser defensor de la naturaleza y los derechos humanos expuso a Simón Pedro Pérez López al peligro. El 5 de julio, un individuo se le acercó en motocicleta y lo asesinó de un disparo en la cabeza. Sucedió en  en Chiapas, México, concretamente en Simojovel, cuando se encontraba en el mercado con su hijo.

Simón Pedro era defensor de los derechos humanos, y acompañaba a comunidades indígenas Tsotsiles y Tseltales que denuncian proyectos extractivos y la violencia estructural y continuada en la región de los Altos de Chiapas. La situación de emergencia y peligro en la zona persiste para varias comunidades.

El contexto es complejo. Muchas personas se han visto obligadas a desplazarse por la violencia que existe en la región, y por la acción del crimen organizado. De ello se benefician las empresas extractivas que buscan un acceso al territorio para llevar a cabo sus proyectos.

Por favor, solidarízate y firma la petición exigiendo justicia para Simón Pedro, seguridad para sus familiares y personas allegadas y la actuación del Estado mexicano para llevar a cabo la prevención integral de la violencia contra las personas y comunidades indígenas en el estado de Chiapas.

>>Firma aquí<<

Muchas gracias como siempre. Un saludo cordial,

Guadalupe Rodríguez

Fondo defensoras y defensores

Las defensoras y defensores de la selva se activan rápidamente cuando la selva está en peligro. Por eso, necesitamos fondos para prestarles nuestro apoyo directo. Por favor, ayúdanos con una donación para que podamos seguir salvando las selvas y apoyando a sus defensoras y defensores.

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