Cómo el entrenamiento militar de EE.UU. dio poder a los asesinos de Berta Cáceres

Compartimos este articulo sobre el caso #JusticiaParaBerta – A Enero 2022

“Cuando Roberto David Castillo se graduó en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, el cadete hondureño confiaba en dejar un legado…

Castillo está seguro de ser recordado: [en 2021], el alto tribunal hondureño lo declaró culpable como coautor del asesinato en 2016 de la activista indígena Berta Cáceres, entonces una de las defensoras del medio ambiente más destacadas de América Latina…

‘Utilizó sus habilidades militares para ordenar su asesinato, y no sólo para matarla, sino para perseguirla’, dijo Brigitte Gynther, una defensora de los derechos humanos que trabajó con Cáceres”.

Lo que antecede es un breve extracto de un artículo publicado en The Guardian sobre cómo la educación de West Point, financiada por Estados Unidos, que recibió Roberto David Castillo le dio poder y le benefició. El entrenamiento militar de Estados Unidos otorga prestigio y poder a sus receptores cuando regresan a sus ejércitos de origen. Basándose en un informe de SOA Watch y otras organizaciones de derechos humanos, el artículo describe cómo, tras graduarse en West Point, Castillo se convirtió en oficial del ejército hondureño y utilizó sus cargos militares y gubernamentales para beneficiarse directamente de sus actividades empresariales.

Después de que una de sus empresas recibiera una concesión para el río Gualcarque, en circunstancias cuestionables y sin el consentimiento del Pueblo Lenca, Castillo utilizó sus habilidades militares para perfilar la oposición al proyecto y a su líder, Berta Cáceres. Castillo sabía dónde estaba Cáceres, cuándo iba a viajar, y lo que ella y el COPINH estaban planeando.

Cuando Castillo y la estructura criminal de la que formaba parte no pudieron silenciar a Cáceres, mediante la intimidación, las acusaciones penales o los sobornos, utilizó sus habilidades militares para coordinar su asesinato.

Según la información presentada en el tribunal, se coordinó con el graduado de la Escuela de las Américas (SOA por sus siglas en inglés) Douglas Bustillo, quien a su vez trabajó con el también graduado del SOA Mayor Mariano Díaz, para planificar el asesinato.

La periodista Chiara Eisner revela cómo las relaciones que Castillo adquirió durante su educación universitaria, financiada por Estados Unidos, en West Point le beneficiaron después de ser detenido por el asesinato de Berta Cáceres.

El antiguo compañero de habitación de Castillo en West Point presionó al embajador de EE.UU. en Honduras y a sus compañeros de clase que trabajaban en el Congreso y en agencias federales que “estaban dispuestos a ayudar”. Son este tipo de relaciones las que pueden contribuir y facilitar la impunidad, que a menudo se produce entre bastidores. De hecho, a pesar de que un tribunal declaró a Castillo culpable del asesinato de Cáceres, cabe destacar que aún no ha sido condenado por el asesinato.

El abogado de la familia de Cáceres ha expresado su preocupación por el hecho de que el retraso en la sentencia podría dejar la condena de Castillo vulnerable a la apelación y abrir la puerta a la impunidad. Esto no sería una sorpresa dadas las conexiones de Castillo.

Si fuera por West Point o por el gobierno de EE.UU., no se conocería el hecho de que EE.UU. proporcionó una educación militar de 4 años a Castillo. Las instituciones militares estadounidenses no revelan los nombres de los cadetes internacionales a los que entrenan, ni proporcionan ninguna supervisión pública sobre lo que hacen después aquellos a los que Estados Unidos ha dotado de una educación. La cuestión no es sólo lo que se enseña, sino el hecho de que una prestigiosa educación militar estadounidense otorga un poder y un prestigio significativos a las élites de Centroamérica y otros países, sin ninguna responsabilidad por lo que hacen con ese poder y prestigio.

Como explicaba Brigitte Gynther, de SOA Watch, en el artículo, “las figuras militares formadas en EE.UU. han causado una destrucción y una muerte inconmensurables en Centroamérica durante las últimas décadas y siguen haciéndolo en la actualidad”. 

El artículo completo, en Inglés,  “The US military trained him. Then he helped murder Berta Cáceres” de The Guardian publicado aquí…

Imagen: La notta

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Zacatecas: Afectados por minera de Carlos Slim en Mazapil sostienen que no dejarán solo al activista Roberto de la Rosa ante citatorio de un juez

Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021

  • De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
  • El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
  • Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –

Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

Imagen: ANDRÉS SÁNCHEZ – La Jornada Zacatecas

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Las Abejas de Acteal son reconocidas en su lucha por 35 Organizaciones Nacionales e Internacionales con el III Premio Mariano Abarca

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México 27 de Noviembre 2021

En el 12vo Aniversario del Asesinato del Defensor Mariano Abarcar en una emotiva ceremonia en la tierra sagrada de Actel fue entregado por la Familia Abarca el III Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para reconocer su lucha pacifica por la vida y el territorio.

El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL MARIANO ABARCA reconoce año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. Este Premio es avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales.

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es un grupo autónomo en resistencia que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos, construir su autonomía y para defender sus tierras y territorios. Desde su creación en 1992 por indígenas tsotsiles de ocho comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, su objetivo fundamental es luchar contra las injusticias

A lo largo de toda su existencia Las Abejas han dado testimonio de paz, justicia, libertad y también de denuncia y protesta. Las Abejas buscan caminos en la construcción de la soberanía alimentaria, de acceso al agua y a la justicia en medio de un contexto por demás adverso. Han frenado la exploración petrolera en una comunidad y continúan luchando por sus derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, a la comunicación, y a territorios libres de violencia. En la región de Los Altos de Chiapas son la organización que ha visibilizado el problema de las represas en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Itzantún, Chinín y Chacté.

Por su postura a favor de los derechos humanos y contra la injusticia, los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han sido perseguidos, hostigados y amenazados constantemente. A pesar de ello, no han dejado de ser, al mismo tiempo, espacio de refugio para todas aquellas familias y colectivos que sufren persecución. Su postura irrenunciable a favor de las causas más nobles, los ha hecho blanco de agresiones muy graves, la última el pasado 5 de julio de 2021 con el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex Presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, considerado un importante líder y defensor de los derechos humanos.

Con la participación de colectivos y organizaciones chiapanecas fue entregado este reconocimiento a las 24 comunicades de 3 minucipios de los Altos de Chiapas pertenecientes a la Socierdad Civil Las Abejas de Acteal. En el acto se pidio #JusticiaParaSimónPedro y #JusticiaParaMariano, así como también se recordó el legado del Defensor Chiapaneco Mariano Abarcar iniciador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria REMA. También se expreso la solidaridad internacional para Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro con la recolección de un millón 9,015 firmas en una petición para exigir a las autoridades mexicanas exclarecer el asesinado de Simón Pedro y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

En seguida les compartimos las palabras de la Sociedad Civil.

Pronunciamiento de Las Abejas de Acteal

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro Territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha- peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que sejuntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano. Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,
Atentamente
La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

>>Descargar Pronunciamiento en pdf<<

Carta enviado al Gobierno de México exigiendo #JusticiaParaSimónPedro

>>Descargar carta en pdf<<

>>Descargar petición solidaridad para Simón Pedro en pdf<<

Felicitaciones a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Este reconocimiento esta avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales enlistadas a continuación :

  • Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera.
  • Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS).
  • México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
  • Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
  • América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA).
  • Cataluña: Entrepueblos.
  • País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad.
  • Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
  • Internacional: International Rivers.

Galería de fotos de la III Entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca

Fotografías: Área de comunicación Otros Mundos

Más información:

Petición para exigir Justicia para Berta

Compartimos esta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre #JusticiaParaBerta – A 19 de noviembre 2021

El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.

A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.

El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.

Puedes firmar la petición AQUI

Petición en Ingles

On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.

Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.

COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.

You can sign the petition HERE

Más información:

Zoques de Esquipulas Guayabal, denuncian ataque armado de tsotsiles que quieren despojarlos de sus tierras

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021

Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.

Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.

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Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.

Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.

Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.

Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.

Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.

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La  Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables  acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.

Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.

Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen  las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.

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“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.

El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.

Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.

A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»

Más información:

Carta de apoyo a El Estor

Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021

Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:


Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios.
Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo  ApoyoalEstor@gmail.com

Muchas gracias

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y  se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.

La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19-  sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.

Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel-  para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC. 

La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.

Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.

Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de  persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección

 Firmantes

Imagen: Radio Temblor

Más información:

Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

Compartimos esta del Comite por los Derechos Humanos en América Latina CDHAL sobre el caso en Canadá #JusticiaParaMariano – A Noviembre 2021

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

Noticia

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s

Imagen: Justicia Para Mariano Abarca

Más información:

Examinan el papel de la Embajada Canadiense en el asesinato del líder mexicano Mariano Abarca

Compartimos este podcats producido por CDHAL y ALER sobre la próxima audiencia en Canadá sobre el caso de #JusticiaParaMariano – A 19 de octubre del 2021

El próximo 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Mariano Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas – México, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros”, son palabras de José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca.

Declaraciones del abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA), y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca; Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos; Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas; Libertad Díaz y Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Algunos de los testimonios de esta producción radial fueron obtenidos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

Producción: Christina Ayala, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL); María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER

Más información:

Buscamos una investigación de la embajada canadiense en México con audiencia de noviembre en Canadá

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el caso #JusticiaParaMariano- A 18 de octubre del 2021

Los representantes legales en Canadá de la familia de Mariano Abarca, Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería-REMA, y otros aliados mexicanos y canadienses serán escuchados por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá el 8 de noviembre de este año. Buscamos una investigación a la Embajada Canadiense por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano en las semanas y mese antes de su asesinato el 27 de noviembre del 2009 como resultado de su lobby político a favor de la minera canadiense Blackfire, aun cuando tuvo conocimiento que la empresa y sus trabajadores amenazaban su vida por estar denunciando los daños sociales y ambientales de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas.

Vamos con fuerza a esta audiencia dado que, además de nuestros abogados, la corte ha aceptado escuchar argumentos jurídicos a favor de tal investigación de Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR por sus siglas en inglés) junto con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson en Toronto. Si la Corte Federal de Apelaciones falla a favor de la familia, nuestra petición para una investigación regresará al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública (https://miningwatch.ca/node/9945).

Mariano Abarca fue fundador de nuestra red y un importante luchador ambiental en Chiapas, México. Él advirtió de manera directa a la Embajada que su vida y la seguridad de su familia y otros miembros de la comunidad corrían peligro, sin embargo, la diplomacia canadiense prefirió promover la minería en Chiapas y los intereses de la empresa Blackfire. Entre otras gestiones, las que han sido plenamente documentados (https://miningwatch.ca/node/7110), la embajada mandó una delegación al gobierno de Chiapas en octubre 2009 cuando pidió que sofocara las protestas. Seis semanas después, Mariano fue asesinado. La mina de barita de Blackfire fue suspendida pocos días después del asesinato de Mariano, dando razón a su lucha que el y muchos más en Chicomuselo había sostenido.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido una investigación seria en el caso y jamás ha sido investigado la empresa Blackfire, a pesar de que todos los sospechosos tuvieron una conexión con la empresa. Las tres personas que fueron detenidas o arrestada fueron liberadas. Por esto, además de la denuncia interpuesta en Canadá, la familia de Mariano ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros (https://miningwatch.ca/node/9834).

¿Por qué es de interés público para la familia, la REMA y las organizaciones de la sociedad civil que el Estado Canadiense abra una investigación a la Embajada?

  1. Este caso es el primer de su tipo en Canadá que busca la rendición de cuentas del estado canadiense por su apoyo incondicional a sus empresas mineras que generan despojo, destrucción ambiental, daños a la salud, violencia y asesinatos a defensores, defensoras ambientales. Necesitamos que el estado canadiense toma responsabilidad, sabiendo que el caso de Mariano Abarca no es único, que la diplomacia canadiense frecuentemente ignora los llamados de las comunidades afectadas por los daños de las empresas mineras canadienses y su imposición en los territorios. Esto contribuye al riesgo de violencia y criminalización que enfrentan las vidas y el futuro de los pueblos y las comunidades.
  2. Ante el incremento de difamación, criminalización, y asesinatos de afectad@s por la minería y otras actividades extractivistas es urgente que los estados y su diplomacia protejan las vidas de los y las defensoras ambientales, no que ofrezcan una gama de servicios a las empresas mineras para asegurar sus intereses económicos por encima de la vida de los pueblos.
  3. La familia Abarca y todas las familias de l@s asesinad@s, amenazad@s y criminalizad@s por la minería tienen derecho al acceso a la justica, a la memoria y a la verdad.

Por todo esto, esperamos con mucha anticipación la audiencia del 8 de noviembre, lo cual se llevará a cabo de forma presencial y virtual, y que es un importante momento para dar luz a los abusos y excesos, no solamente de las empresas mineras, sino también de los estados que facilitan sus intereses. 

¡Rendición de cuentas de la embajada canadiense en México por su parte de responsabilidad en el asesinato de Mariano Abarca!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Imagen: Mariano vive 2012

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A 99 días del asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro

Compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre nuestro compañero Simón Pedro – A 11 de octubre del 2021

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogadosdel Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Justicia para Simón Pedro

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México: Hostigamiento en contra de periodistas y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en Chiapas

Compartimos este comunicado de Front Line Defender, SweFor, IM Defensoras entre otros colectivos y organizaciones sobre la situación de violencia y hostigamiento a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en la frontera sur de México – A 21 de septiembre del 2021

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el reciente aumento de violencia y el persistente clima de hostilidad en contra de las personas migrantes, periodistas, y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en el sureste mexicano. Particularmente, en el estado de Chiapas y Tabasco en donde colectivos de defensa de derechos humanos, periodistas y organizaciones se han enfrentado a una nueva oleada de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde el 28 de agosto de 2021, la Guardia Nacional y el INM han llevado a cabo continuos operativos conjuntos para frenar el tránsito de personas migrantes que desean salir de Chiapas debido al retraso en la resolución de sus trámites de regularización migratoria o de refugio. De acuerdo a reportes de organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), los operativos han sido violentos y se han llevado a cabo sin protocolos adecuados que respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos quienes acompañan a las personas migrantes en la exigencia de sus derechos, han experimentado nuevas olas de hostigamientos por parte de las autoridades mexicanas.

El 28 de agosto, partió una caravana migrante de Tapachula, Chiapas junto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el camino, personas defensoras de derechos humanos e integrantes del COMDHSE se percataron que la caravana estaba siendo vigilada y seguida por personas desconocidas en vehículos con vidrios polarizados. Cerca de las seis de la tarde, elementos de la Guardia Nacional bloquearon el paso de las y los defensores periodistas y funcionarios de la CNDH impidiéndoles realizar su labor de documentación, observación y acompañamiento. El despliegue de elementos desde este día fue desproporcionado, con la presencia de aproximadamente 50 vehículos de elementos del INM, de la Guardia Nacional y del Ejército, además de vehículos con vidrios polarizado con hombres armados vestidos de civiles.

El 2 de septiembre, funcionarios del INM obstruyeron el paso de autos pertenecientes COMDHSE y de periodistas en Mapastepec, quienes estaban ahí para documentar los pasos de la caravana. El 5 de septiembre, el COMDHSE documentó un fuerte operativo conjunto llevado a cabo por elementos antimotines de la Guardia Nacional y por el INM en Huixtla . Durante el operativo que dueró más de ocho horas, se llevaron a cabo múltiples detenciones violentas y arbitrarias en las que las y los defensores también fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional, quienes utilizaron los escudos antimotines para empujarlos.

Las agresiones, hostigamiento y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos de las personas migrantes y, en particular, de integrantes del COMDHSE no son nuevas; en julio de 2021 distintas relatorías de las Naciones Unidas expresaron preocupación por los actos de hostigamiento en contra de la red de organizaciones ocurridos durante el primer semestre de Así mismo, en 2019 las organizaciones Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos investigaron y denunciaron algunos de los riesgos y amenazas a las que se enfrentan de manera continua quienes defienden los derechos de las personas migrantes, así como las consecuencias que ello tiene en dicha población.


Las organizaciones firmantes recuerdan la obligación del gobierno mexicano de garantizar la integridad personal de todas las personas que transitan el territorio mexicano. Así como su compromiso de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que transitan o residen dentro del país, incluyendo a las y los extranjeros, tal y como ha reconocido en los principios de la Ley de Migración de 2011.


Estas as organizaciones instan a las autoridades mexicanas a que reconozcan y permitan sin obstrucciones la labor de documentación y acompañamiento que realizan las personas defensoras de derechos migrantes y comunicadoras, así como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la frontera sur de México. Asimismo, hacen un llamado a que se respeten los derechos humanos de todas las personas que transitan el territorio mexicano, recordando que migrar y solicitar refugio es un derecho garantizado en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Front Line Defenders, Ibero Ciudad de México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México,

con la Observación Internacional de SweFOR México, con la Observación Internacional de Brigadas Internacionales de
Paz-México

Imagen: Los abusos habrían ocurrido en el contexto de la migración en Chiapas. Foto: Darinel Zacarías

Más información:

Conversatorio: ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?

Compartimos esta invitación para participar en el conversatorio organizado por Mining Wacht Canadá este martes 3 de octubre 2 de la tarde hora México

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«¿Tiene el gob canadiense derecho a engañar al público? ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?«

¿Qué dice el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas, México, sobre la responsabilidad del gobierno canadiense?

Se podría pensar que los servidores públicos están obligados a seguir las políticas y procedimientos ante los que los funcionarios del gobierno canadiense testifican en el Parlamento o publican en el sitio web del gobierno. Pero un fallo reciente de la Corte Federal dice que esto no es necesariamente así. Ese caso se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Apelaciones.

Con el apoyo de organizaciones mexicanas y canadienses, la familia del defensor ambiental Mariano Abarca, quien fue asesinado en 2009, busca una investigación en la Embajada de Canadá en México. Creen que el cabildeo incondicional de la Embajada en apoyo de una empresa minera canadiense puso la vida de Mariano en mayor peligro en el período previo a su asesinato.

Esta mesa redonda discutirá la práctica canadiense cuando se trata de embajadas en el extranjero y conflictos sobre las operaciones mineras canadienses, preguntando si el caso de Mariano es el patrón o una excepción. También exploraremos qué política se debe esperar que sigan los funcionarios canadienses en tales casos, y cómo se cumplen las obligaciones de derechos humanos de Canadá. Finalmente, ¿tenemos alguna forma de pedir cuentas a los funcionarios públicos cuando las cosas van mal?

Moderador: Bianca Mugyenyi, Directora, Instituto Canadiense de Política Exterior

1a hora: diplomacia económica

  • Representante de la familia Abarca de Chicomuselo, Chiapas, México
  • Charis Kamphuis, Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa
  • Jen Moore, Programa de Economía Global, Instituto de Estudios de Políticas
  • Nicholas Pope, abogado del caso, Hameed Law, Ottawa

2da hora: enfoques para la ejecución Reflexiones del panel de expertos

  • Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá
  • Representante de Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales
  • David Yazbek, abogado, Center for Freedom of Expression Reflexiones de Soledad García Muñoz, Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH

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