Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021
Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas
“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”
En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado. Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.
En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.
Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.
No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.
Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.
Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.
Alto a la criminalización de la defensa de la vida
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de Otros Mundos a 6 años de la siembra de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres – A 2 de marzo del 2021 >>Descargar pronunciamiento en pdf<<
2 de marzo 2022 – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Despertemos humanidad ya no hay tiempo ….
Berta Cáceres
Han pasado 6 años desde el vil y cobarde asesinato de nuestra compañera y hermana Berta Cáceres, 6 años que como pueblos hermanos no hemos dejado de clamar por justicia; justicia para Berta, justicia para los pueblos, justicia para los despojados de sus tierras y territorios, justicia para todas y todos los defensores asesinados por defender la vida. Ahora, la líder espiritual de las luchas del pueblo lenca, Pascualita, reposa con Berta y con ella acompañan y alientan las resistencias de los pueblos.
A seis años de este repudiable hecho se ha empezado a caminar hacia la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca y el pueblo de Honduras, con la sentencia condenatoria al imputado David Castillo. Sin embargo, sabemos que faltan los autores intelectuales, la familia Atala Zablah, quienes desde su privilegiado poder buscaron el método para frenar la digna lucha del pueblo Lenca por la justicia plena. Nos sumamos a la comunidad internacional para gritar con voz firme:
¡FALTAN LOS ATALA!
Este 2 de marzo de 2022 se cumplen 6 años de caminar junto a Berta. Berta no murió, sino que se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los pueblos y movimientos en todo el mundo que claman justicia, que resisten contra el Modelo Extractivo, contra el capitalismo patriarcal, racista y depredador de los territorios, pueblos indígenas y campesinos. Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida a lo largo y ancho de América Latina. Por eso, Berta se multiplicó, Berta soy yo.
Otros Mundos AC
defaultdefaultdefault
Les compartimos también fotografías de la acción #JusticiaParaBerta realizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el pasado 2 de marzo del 2022
Este año conmemoraremos el 6to aniversario de la Siembre de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres con un altar colectivo este miércoles 2 de marzo a las 5 de la tarde en la plaza de la paz en San Cristóbal de Las Casas.
Leva flores y/o velas para el altar
También les invitamos a escuchar el programa de Radio El Escaramujo donde estaremos recordando a Berta y exigiendo #JusticiaParaBerta
Compartimos este comunicado del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc – A 15 de febrero 2022
A QUIEN CORRESPONDA ACCION URGENTE.
Desde el día de ayer 14 de febrero alrededor de las 17 horas el grupo conocido como “Maria Tulukes” dirigido por el C. Hugo Gómez Santiz, decidieron cerrar la carretera San Cristobal, Oxchuc y Ocosingo a la altura de las comunidades de Cholol, El pozo, Cruzton y otros puntos, que es de donde salen la mayoría de las comunidades que integran este Frente y quienes representan a la Asamblea General Comunitaria de Oxchuc.
Hoy 15 de febrero desde las 4 de la mañana en cada punto de bloqueo o barricada, se instalaron grupos pertenecientes a los “Maria Tulukes”, alrededor de las 8 de la mañana, comenzaron con los cohetes en símbolo de intimidación y no tardaron mucho en mostrarse y un personaje conocido como Luis “Chonchay”, golpeo con un grupo a las autoridades comunitarias de las comunidades de Media Luna y Cruzilja, hechos que reprobamos y lamentamos.
Alrededor de las 9 de la mañana, varios grupos lanza cohetes se dejaron ver en el arco principal del pueblo, otros a la altura de vista hermosa, otros mas a la altura de la universidad intercultural, entre otros puntos, incitando a la violencia, provocando a las personas que por derecho decidimos organizarnos en la comunidad de Zona Urbana ya que desde días anteriores se lanzo una convocatoria previa a las autoridades comunitarias y sabiendo esto el grupo de “Maria Tulukes” ha querido prohibir nuestras asambleas comunitarias.
A Hugo Gómez Santiz le exigimos que cese la violencia generada hacia nosotros como Frente Comunitario, a sus simpatizantes que cesen sus actos, al gobierno que no sea cómplice de esta situación, todos ellos ya tienen mas de una denuncia en la Fiscalía Indigena por todos los agravios cometidos con anterioridad. Ya que alrededor de las 12 horas del día al termino de nuestra Asamblea un grupo armado comenzó a atacar con armas de fuego de alto calibre a las autoridades que estaban saliendo de la escuela primaria en la comunidad de Zona Urbana, algunos fueron levantados y otros más golpeados.
Hoy el C. Hugo Gómez Santiz solo deja como muestra lo siguiente:
No permite el libre transito e intimida a quienes quieren reunirse libremente.
Sigue provocando a incitando a la violencia, mientras su discurso es de paz.
No hay respeto a la libre determinación de su parte.
No respeta la sentencia del Tribunal Electoral de Chiapas.
No tiene respeto a las autoridades comunitarias y mucho menos a la máxima autoridad que es la asamblea.
No tiene respeto por la vida.
A la sociedad en general, a las organizaciones de derechos humanos, a todos aquellos que creen en una vida pacifica pedimos que se solidaricen con este Frente Comunitario, a través de la denuncia publica en solidaridad con las comunidades que lo conformamos, hasta el momento hemos optado por la vía pacífica, sin embargo, vemos la necesidad de organizarnos frente a tanta violencia y sin el cobijo de las autoridades estatales y correspondientes.
Por la pacificación y libertad del pueblo de Oxchuc !!Viva la Libre determinación del pueblo Oxchuc!!!
Firma
Frente Comunitario Por La Defensa De La Libre Determinación de Oxchuc
Imagen: En imagen de archivo, el municipio de Oxchuc en Chiapas. Foto Cuartoscuro
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaGuapinol – A 9 de febrero del 2022
El día de hoy los jueces Ricardo Rodriguez Barahona, Henry Geovanny Duarte Zaldívar y Franklin Marvin Araliz Santos han demostrado su confabulación con la empresa “Los Pinares” del señor Lenir Pérez uno de los más grandes empresarios empobrecedores de Honduras al condenar injusta e ilegalmente a 6 de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro.
COPINH como parte de las organizaciones que hacen lucha territorial y que aboga por los derechos de las comunidades ha seguido de cerca el juicio contra los defensores del agua y la vida y es claro que los testigos pagados y confabulados con la empresa “Los Pinares” mintieron y al margen de sus mentiras no lograban identificar a las personas que acusaban puesto que ni siquiera lograban ver su rostro.
Este fallo sin pruebas reafirma que este tribunal, la fiscalía que impulsa el proceso se han confabulado con los intereses representados por el señor Lenir Pérez que es parte de una estructura que lleva años propiciando la persecución y criminalización de los compañeros y compañeras que defienden los ríos San Pedro y Guapinol para materializar por la fuerza un proyecto que fue concesionado de manera irregular.
Ante esto el COPINH:
Exige que se sea cancelada la concesión Minera otorgada a la empresa de Lenir Pérez y sea clausurada la empresa misma.
Exige que sean procesados inmediatamente los testigos falsos y pagados por la empresa “Los Pinares” e investigados por actos de corrupción y prevaricato los jueces del tribunal de sentencia de Tocoa, Colón.
Hace un llamado a las organizaciones de lucha territorial para juntarnos y detener de una vez por todas la persecución legal de quienes luchamos por nuestros territorios y por el bien común.
Brindamos nuestra solidaridad con familiares de los compañeros condenados y con las organizaciones del Aguán que han sostenido con gran esfuerzo y sacrificio la demanda de Libertad y Justicia para los compañeros.
Reiteramos nuestro llamamiento al Estado de Honduras y al nuevo gobierno de declarar en fraude de Ley las concesiones dadas en el marco del Golpe de Estado que vulneran la seguridad social y los intereses comunes.
Seguiremos luchando para reivindicar los derechos comunes y territoriales frente a la voracidad empresarial que amenaza nuestros territorios.
Nos descansaremos hasta que nuestros compañeros José Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, y Profirio Sorto Cedillo sean liberados.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días de febrero de 2022.
“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”
Compartimos esta invitación de Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH rumbo al 6to aniversario de nuestra hermana y compañera Berta – 7 de febrero 2022
Hay momentos significativamente especiales en la vida de las personas, para nosotros como organización lo es recordar la lucha, pensamiento y legado a la humanidad de nuestra compañera Berta Cáceres.
El 2 marzo de este año se cumple el sexto aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos en la conmemoración a su vida, su lucha y a su causa por la justicia para el pueblo hondureño.
Nos juntamos para ser una gran voz que sigue demandando y construyendo el camino de la justicia; 71 meses luchando en camino de verdad y justicia que son parte de un esfuerzo colectivo y mundial que no ha bajado los brazos en denunciar este crimen de Estado, este femicidio político, este asesinato perpetrado por el extractivismo violador de los derechos de los pueblos. 6 años, caminando desde distintas trincheras exigiendo Justicia Para Berta, luchando contra un modelo destructor de la naturaleza, que atenta contra los pueblos y la vida.
Durante los próximos días le estaremos haciendo llegar la agenda programada para esta tan especial actividad.
Conocimos a Berta luchando por la naturaleza, los territorios ancestrales, los derechos de las mujeres y tejiendo redes de solidaridad alrededor del mundo. ¡Juntémonos y arreciemos la esperanza!
Compartimos este articulo sobre el caso #JusticiaParaBerta – A Enero 2022
“Cuando Roberto David Castillo se graduó en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, el cadete hondureño confiaba en dejar un legado…
Castillo está seguro de ser recordado: [en 2021], el alto tribunal hondureño lo declaró culpable como coautor del asesinato en 2016 de la activista indígena Berta Cáceres, entonces una de las defensoras del medio ambiente más destacadas de América Latina…
‘Utilizó sus habilidades militares para ordenar su asesinato, y no sólo para matarla, sino para perseguirla’, dijo Brigitte Gynther, una defensora de los derechos humanos que trabajó con Cáceres”.
Lo que antecede es un breve extracto de un artículo publicado en The Guardian sobre cómo la educación de West Point, financiada por Estados Unidos, que recibió Roberto David Castillo le dio poder y le benefició. El entrenamiento militar de Estados Unidos otorga prestigio y poder a sus receptores cuando regresan a sus ejércitos de origen. Basándose en un informe de SOA Watch y otras organizaciones de derechos humanos, el artículo describe cómo, tras graduarse en West Point, Castillo se convirtió en oficial del ejército hondureño y utilizó sus cargos militares y gubernamentales para beneficiarse directamente de sus actividades empresariales.
Después de que una de sus empresas recibiera una concesión para el río Gualcarque, en circunstancias cuestionables y sin el consentimiento del Pueblo Lenca, Castillo utilizó sus habilidades militares para perfilar la oposición al proyecto y a su líder, Berta Cáceres. Castillo sabía dónde estaba Cáceres, cuándo iba a viajar, y lo que ella y el COPINH estaban planeando.
Cuando Castillo y la estructura criminal de la que formaba parte no pudieron silenciar a Cáceres, mediante la intimidación, las acusaciones penales o los sobornos, utilizó sus habilidades militares para coordinar su asesinato.
Según la información presentada en el tribunal, se coordinó con el graduado de la Escuela de las Américas (SOA por sus siglas en inglés) Douglas Bustillo, quien a su vez trabajó con el también graduado del SOA Mayor Mariano Díaz, para planificar el asesinato.
La periodista Chiara Eisner revela cómo las relaciones que Castillo adquirió durante su educación universitaria, financiada por Estados Unidos, en West Point le beneficiaron después de ser detenido por el asesinato de Berta Cáceres.
El antiguo compañero de habitación de Castillo en West Point presionó al embajador de EE.UU. en Honduras y a sus compañeros de clase que trabajaban en el Congreso y en agencias federales que “estaban dispuestos a ayudar”. Son este tipo de relaciones las que pueden contribuir y facilitar la impunidad, que a menudo se produce entre bastidores. De hecho, a pesar de que un tribunal declaró a Castillo culpable del asesinato de Cáceres, cabe destacar que aún no ha sido condenado por el asesinato.
El abogado de la familia de Cáceres ha expresado su preocupación por el hecho de que el retraso en la sentencia podría dejar la condena de Castillo vulnerable a la apelación y abrir la puerta a la impunidad. Esto no sería una sorpresa dadas las conexiones de Castillo.
Si fuera por West Point o por el gobierno de EE.UU., no se conocería el hecho de que EE.UU. proporcionó una educación militar de 4 años a Castillo. Las instituciones militares estadounidenses no revelan los nombres de los cadetes internacionales a los que entrenan, ni proporcionan ninguna supervisión pública sobre lo que hacen después aquellos a los que Estados Unidos ha dotado de una educación. La cuestión no es sólo lo que se enseña, sino el hecho de que una prestigiosa educación militar estadounidense otorga un poder y un prestigio significativos a las élites de Centroamérica y otros países, sin ninguna responsabilidad por lo que hacen con ese poder y prestigio.
Como explicaba Brigitte Gynther, de SOA Watch, en el artículo, “las figuras militares formadas en EE.UU. han causado una destrucción y una muerte inconmensurables en Centroamérica durante las últimas décadas y siguen haciéndolo en la actualidad”.
El artículo completo, en Inglés, “The US military trained him. Then he helped murder Berta Cáceres” de The Guardian publicado aquí…
Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021
De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido
Por: ALEJANDRA FÉLIX •
Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –
Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.
Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México 27 de Noviembre 2021
En el 12vo Aniversario del Asesinato del Defensor Mariano Abarcar en una emotiva ceremonia en la tierra sagrada de Actel fue entregado por la Familia Abarca el III Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para reconocer su lucha pacifica por la vida y el territorio.
El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL MARIANO ABARCA reconoce año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. Este Premio es avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales.
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es un grupo autónomo en resistencia que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos, construir su autonomía y para defender sus tierras y territorios. Desde su creación en 1992 por indígenas tsotsiles de ocho comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, su objetivo fundamental es luchar contra las injusticias
A lo largo de toda su existencia Las Abejas han dado testimonio de paz, justicia, libertad y también de denuncia y protesta. Las Abejas buscan caminos en la construcción de la soberanía alimentaria, de acceso al agua y a la justicia en medio de un contexto por demás adverso. Han frenado la exploración petrolera en una comunidad y continúan luchando por sus derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, a la comunicación, y a territorios libres de violencia. En la región de Los Altos de Chiapas son la organización que ha visibilizado el problema de las represas en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Itzantún, Chinín y Chacté.
Por su postura a favor de los derechos humanos y contra la injusticia, los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han sido perseguidos, hostigados y amenazados constantemente. A pesar de ello, no han dejado de ser, al mismo tiempo, espacio de refugio para todas aquellas familias y colectivos que sufren persecución. Su postura irrenunciable a favor de las causas más nobles, los ha hecho blanco de agresiones muy graves, la última el pasado 5 de julio de 2021 con el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex Presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, considerado un importante líder y defensor de los derechos humanos.
Con la participación de colectivos y organizaciones chiapanecas fue entregado este reconocimiento a las 24 comunicades de 3 minucipios de los Altos de Chiapas pertenecientes a la Socierdad Civil Las Abejas de Acteal. En el acto se pidio #JusticiaParaSimónPedro y #JusticiaParaMariano, así como también se recordó el legado del Defensor Chiapaneco Mariano Abarcar iniciador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria REMA. También se expreso la solidaridad internacional para Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro con la recolección de un millón 9,015 firmas en una petición para exigir a las autoridades mexicanas exclarecer el asesinado de Simón Pedro y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
En seguida les compartimos las palabras de la Sociedad Civil.
Pronunciamiento de Las Abejas de Acteal
Hermanas y hermanos:
Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.
Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro Territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.
Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha- peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.
Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que sejuntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano. Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.
Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.
Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.
¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, Atentamente La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Felicitaciones a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Este reconocimiento esta avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales enlistadas a continuación :
Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera.
Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS).
México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA).
Cataluña: Entrepueblos.
País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad.
Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
Internacional: International Rivers.
Galería de fotos de la III Entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca
Compartimos esta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre #JusticiaParaBerta – A 19 de noviembre 2021
El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.
A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.
El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.
On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.
Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.
COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021
Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.
Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fisain.mandujano%2Fvideos%2F1346780235771879%2F&show_text=false&width=560&t=0 Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.
Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.
Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.
Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.
Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.
La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.
Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.
Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.
“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.
El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.
Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.
A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»
Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021
Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:
Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios. Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo ApoyoalEstor@gmail.com
Muchas gracias
Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.
La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19- sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.
Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel- para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC.
La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.
Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.
Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección
