Compartimos esta entrevista realizada por Julio Martínez de El Asombrario sobre las y los defensores de la vida asesinados en México – A 16 de mayo del 2022
Según Reporteros Sin Fronteras, en lo que llevamos de 2022 once periodistas han sido asesinados en México. Unas cifras que se unen a los ataques sufridos por los activistas ambientales durante 2021, que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha datado en 25 homicidios, siete más que en 2020. Ante unas informaciones tan alarmantes, desde ‘El Asombrario’ hemos querido entrevistar a Gustavo Castro, un ambientalista con décadas de lucha ecologista a sus espaldas. De hecho, fue el único testigo de la muerte en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres. Durante la conversación, Castro ha analizado las causas de estas agresiones en América Latina, al mismo tiempo que ha recordado la figura de su compañera Bertita, como así la conocía.
¿Cómo calificaría la situación de los defensores ambientales en México y en Centroamérica?
Estamos en un punto muy complicado. Desde 2021 se vienen registrando los mayores índices de asesinatos a activistas y a periodistas. Una situación que no sólo se está produciendo en México, sino en toda América Latina. Entre las causas se encuentra la aceleración del extractivismo [de materias primas] en la región. Una circunstancia que ha generado la resistencia de los movimientos ecologistas y la consiguiente persecución de sus integrantes. En el caso mexicano, el actual presidente –Andrés Manuel López Obrador– ha impulsado grandes megaproyectos que están conllevando unos impactos ambientales y sociales descomunales. Por tanto, la reacción de las organizaciones ambientales no se ha hecho esperar. Y no únicamente con protestas. También con acciones jurídicas en contra de dichas decisiones. Un descontento que la administración actual [la de López Obrador] ha criminalizado, con el fin de evitar que sus megaproyectos se detengan…
Entre las mencionadas obras públicas, ¿se encontraría el ‘Tren Maya’ que se está construyendo en la Península de Yucatán?
Así es. Se trata de una de las propuestas de mayor dimensión. El gobierno se encuentra promoviendo más de 1.500 kilómetros de tren, que van a afectar a gran parte de la selva maya. De hecho, el proyecto ya estaría impactando sobre la deforestación, el uso del agua o la extracción de la energía. Incluso se estaría aprovechando este plan para estimular otras iniciativas poco sostenibles, como pistas de fórmula 1 o complejos hoteleros. Todo ello, además, en una zona muy rica en lo arqueológico, en lo ambiental y en lo cultural.
Por otro lado, la presencia de compañías mineras canadienses en México, ¿cómo estaría afectando a esta situación?
Estas sociedades son las principales inversoras del sector extractivo mexicano. Unas actividades mineras que han generado mucha criminalización y persecución. Precisamente, ahora estamos demandando explicaciones al gobierno de Canadá por el asesinato de Mariano Abarca [el 27 de noviembre de 2009] a manos de una de estas compañías. Sin embargo, el ejecutivo canadiense no acepta que la empresa participase –aunque fuera por omisión– en el homicidio.
¿Qué medidas se podrían tomar para transitar de un modelo extractivo a otro con un mayor peso de las renovables?
El problema de fondo no es el bien natural. Es la forma de extraerlo. De hecho, existen dos alternativas. Por un lado, la descentralizada, donde las comunidades consiguen fuerza energética directamente del entorno, con un impacto ambiental casi nulo y donde tienen el control de la totalidad de la producción y distribución. Y por otro, está el modelo centralizado, en el que hay una sola empresa que emplea y controla una gran extensión de territorios para generar energía y distribuirla a una gran cantidad de clientes. En consecuencia, necesitamos una transición desde la fórmula centralizada a la descentralizada. Y, con este fin, hay que implementar mecanismos para que en los municipios se generen distintas opciones de obtención energética.
Regresando al problema de la persecución de los activistas ambientales en México, hemos hablado de las causas relacionadas con la política extractivita, de la responsabilidad de las compañías transnacionales o de los grandes megaproyectos. Pero ¿qué papel tiene la corrupción en estos ataques? ¿Y el crimen organizado?
Acaba de tocar dos puntos que son fundamentales. En primer lugar, la corrupción. La ciudadanía suele darse cuenta cuando los gobiernos no hacen las cosas bien, pero ¿quiénes son los que ofrecen el dinero para corromper a las instituciones públicas? Normalmente, las grandes empresas transnacionales, que impulsan el cabildeo entre los diputados para conseguir la aprobación de leyes que beneficien sus intereses, para obtener los mejores precios o para hacerse con las concesiones más rentables. Y luchar contra esto es una tarea titánica, sobre todo cuando las corporaciones han asaltado el Estado y han tomado el control del poder ejecutivo. Se acaba produciendo una fusión entre el dominio económico y el estatal…
En cuanto al crimen organizado, se ha desarrollado de forma tan acelerada que ya se vislumbra una fusión entre el narcotráfico y las autoridades políticas y empresariales. De esta forma, nos podemos encontrar con narcoestados. Una circunstancia terrible que estamos observando tanto en México como en toda América Latina. En este contexto, la violencia se agudiza muchísimo más, ya que los cárteles ostentan el poder de los territorios y de la policía. Entonces, la persecución a los defensores ambientales se multiplica.
¿Qué lugares de México se pueden considerar ‘narcoestados’?
La pregunta se ha de formular al revés. ¿Cuáles no lo son? Estamos en un país donde hay 100.000 desaparecidos; donde el narco está utilizando drones para lanzar bombas contra el Ejército; donde existe un crimen organizando que, en definitiva, trae de cabeza al gobierno federal. Una presencia de los cárteles que nunca pensábamos que fuera a llegar a Chiapas [Gustavo Castro vive en este Estado mexicano del sur, que nunca ha tenido una gran presencia del crimen organizado]. Por eso, estamos sorprendidos de cómo en los dos últimos años –desde el inicio de pandemia– los indicadores de violencia también se han incrementado en esta zona. Se ha observado un aumento de las fosas comunes, de los desaparecidos, de los enfrentamientos armados entre los narcos…
¿Por qué se está produciendo este avance en emplazamientos que, hasta no hace tanto, no sufrían este problema?
Hay que tener cuenta que México cuenta con una relevante frontera terrestre con Estados Unidos, el lugar del mundo con mayor consumo de droga. Por tanto, todos los estupefacientes han de pasar por nuestro país. Sin embargo, y por diferentes circunstancias –como el tratado de libre comercio o la edificación del muro que separa ambas naciones–, el narco decidió que también quería fomentar el consumo nacional mexicano. Y, para facilitar el acceso a las mercancías, decidió estimular la siembra de los estupefacientes aquí, en nuestro país. Tras ello, el siguiente paso que dio fue el de la ampliación de sus negocios, a través de extorsiones, secuestros, lavado de dinero, tráfico de migrantes, de órganos, de niños y de armas… Un fortalecimiento de su presencia que se ha visto ayudado por la pandemia, ya que durante la misma no hubo control del espacio –ni ciudadano ni gubernamental–. Con la llegada de la Covid19 nadie salió a la calle, por lo que el crimen organizado se movilizó más fácilmente.
¿Se está normalizando la violencia?
Yo creo que sí. Hay tanta información sobre asesinatos y desaparecidos que la ciudadanía ya no se escandaliza ante estos hechos. Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a que cada día se produzcan decenas de homicidios, feminicidios… En este contexto, la pregunta para los defensores ambientales o para los periodistas es: ¿cómo nos vamos a proteger? No vemos que las administraciones estén respondiendo ni que tengan la capacidad para ello. No pueden hacer nada en contra del narco. El crimen organizado se encuentra sumamente armado…
¿Qué tal funciona el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? Se trata de una fórmula implementada por el gobierno mexicano para la salvaguarda de aquellos ciudadanos que, por su labor profesional o activista, han sufrido –o sufren– el hostigamiento de diferentes grupos.
Es un recurso muy criticado y muy débil. Asimismo, tampoco se constituye como un elemento disuasorio de los ataques. Los asesinatos y las amenazas continúan. No es capaz de evitar la violencia. De hecho, se encuentra rebasado, por lo que hay que plantearse otras fórmulas.
¿Qué medidas se tendrían que adoptar para proteger a defensores ambientales, a informadores y a otros sectores amenazados en México?
Se debe apostar, en primer lugar, por un incremento de la formación en protocolos de protección en las comunidades, en los colectivos y en los propios activistas. La gente debe abrazar mecanismos de seguridad y cuidado a nivel personal, familiar, colectivo y organizativo. Es algo indispensable que se está incentivando cada vez más.
Por otro lado, se encuentra la solidaridad internacional. Cuando alguna violencia se posiciona a nivel de todo el país, entra este recurso. Lamentablemente, dicha posibilidad se emplea cuando ya ha sucedido el mal y no existe otra alternativa. Además, somos conscientes de que dicha opción también es muy difícil de implementar, ya que los afectados han de tener los contactos necesarios fuera del territorio para poder beneficiarse de esta posibilidad.
No quiero terminar esta conversación sin preguntarle por Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016. ¿Cómo está viviendo su ausencia?
Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno de Honduras acelere la publicación de la sentencia en contra de David Castillo [ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., ex oficial de inteligencia del Ejército hondureño y considerado coautor del crimen]. Esperamos que el fallo sea de al menos 30 años de prisión. Y a partir de este punto, queremos que el juicio siga avanzando y se diluciden las responsabilidades de los posibles autores intelectuales del asesinato de Berta. Entre estos últimos se encontraría la familia Atala, una de las más importantes de Honduras. En cualquier caso, Bertita [Cáceres], a través de su legado y figura, sigue estando presente en los movimientos, en las organizaciones y en las conmemoraciones de cada 2 de marzo. Se ha convertido en un icono y en una bandera de lucha y esperanza por un mundo mejor.
Como último testigo de Berta Cáceres con vida, ¿qué reclama para que se eviten este tipo de crímenes?
Los gobiernos deben detener la corrupción y la venta de nuestros países a intereses espurios cuya acción, en el fondo, implica el despojo total a los campesinos y a los pueblos indígenas. En este sentido, si los sectores afectados se sienten dañados, acabarán reaccionando. No en vano, la gente siempre va a proteger su casa, su territorio y, en definitiva, su forma de vida.
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