Diplomáticos canadienses priorizan la minería a expensas de los derechos humanos, dicen expertos legales a la ONU

Compartimos esta nota de Mining Watch Canadá sobre las empresas mineras y sus violanciones a los derechos humanos – A 5 de abril de 2023

OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH). 

La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.

El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios. 

«Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales», afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. «El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia».

El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento. 

«Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores», dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. «Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.» 

JCAP hace las siguientes recomendaciones al grupo de trabajo en su escrito: 

  1. Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
  2. Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
  3. Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.

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Contactos para medios de comunicación: 

  • Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
  • Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264

Imagen: Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel vía Chiapas Paralelo

En los Medios:

Eustacio Alcalá Díaz, otro asesinado más víctima del modelo extractivo minero

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 de abril del 2023

Secuestrado el 01 de abril del presente cuando transportaba a 3 monjas provenientes de Aquila hacia su comunidad, Eustacio Alcalá Díaz, representante legal y férreo defensor de su territorio, de Huizontla, Municipio de Chinicuila, en el Estado de Michoacán, fue encontrado sin vida este 4 de abril. La Comunidad indígena nahua decidió en Asamblea emprender acciones legales en defensa de su territorio en contra de la explotación minera desde 2018.

El 21 de enero de 2022 la Comunidad nahua ganó un amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que reconoce la violación a los derechos colectivos de San Juan Huizontla y declara la suspensión de los títulos de concesión minera a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Precisamente el 15 de enero de 2023 el líder comunal Antonio Díaz y el abogado Rafael Lagunes, quienes habían denunciado una posible “explosión de violencia por enfrentamiento entre comuneros y derramamiento de sangre” responsabilizando a la empresa Ternium de “meter las manos para dividir a la comunidad y sacar tajada”; desaparecieron en Aquila Michoacán después de estar en una Asamblea Comunal y hasta la fecha no se ha dado con su paradero.

No es ninguna casualidad que estas empresas mineras, como la mayoría, a lo largo y ancho del país estén siguiendo la misma estrategia de violencia contra las y los defensores del territorio que se oponen a sus proyectos de muerte, pues este es el modus operandi del modelo extractivo minero a nivel mundial que nos han impuesto para sembrar proyectos que a todas luces violentan los derechos de los pueblos, mientras los gobiernos en turno deliberadamente cierran los ojos dando un claro mensaje a las empresas de que tienen el permiso de delinquir, devastar y saquear con total impunidad.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos totalmente el asesinato del compañero Eustacio Alcalá, nos solidarizamos con la familia y la Comunidad de Huizontla, y exigimos a los tres órdenes de gobierno se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables, así como un alto total a la violencia en contra de las y los defensores del territorio.

¡ALTO TOTAL A LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRO PAÍS!

¡YA BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS Y LA INACCIÓN DEL GOBIERNO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Ecuador es denunciado ante la CIDH por sus intromisiones en el caso Chevron

Compartimos este pronunciamiento de la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de TexacoUDAPT vía Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el caso Chevron en Ecuador – A 23 de marzo del 2023

Este lunes 20 de marzo de 2023, las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron (Texaco) en el Ecuador recurrieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Gobierno de Ecuador obstaculiza y pone en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Lago Agrio, 21 de marzo de 2023. Han pasado más de 30 años desde que inició el juicio contra Chevron y 11 años desde que se ejecutorió la sentencia en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Sin embargo, pese a existir cuatro sentencias que encuentran a Chevron culpable del daño causado, la reparación no llega a los pueblos victimas del crimen de la petrolera. Las/os afectadas/os por las operaciones de Chevron responsabilizan al Gobierno de Ecuador por haber interferido en este juicio privado para evitar que puedan ejecutar la sentencia. Son tres los elementos que señalan.

Primero, el ex Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, envió oficios mediante valija diplomática a las Cortes de Canadá y Argentina, en donde se encontraban pendientes sendos procesos de ejecución de la sentencia contra Chevron. Como consecuencia de la interferencia del Procurador, los procesos fueron descartados. El caso fue particularmente grave en Canadá, donde estaba pendiente una decisión final de la Corte Suprema que permitiría la ejecución completa de la sentencia, pero luego de la intervención de Salvador, el caso fue archivado. Adicionalmente, el Ex Procurador General del Estado emitió una serie de declaraciones públicas, en las que parecía ser defensor de los intereses de Chevron y no del Estado ecuatoriano.

En segundo lugar, el Gobierno de Ecuador ha emprendido una campaña de persecución en contra de las/os pobladoras/es ecuatorianas/os, con la clara intención de favorecer a la multinacional. Por pedido expreso del ex Procurador del Estado, Íñigo Salvador, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 inició indagaciones contra las/os pobladoras/es amazónicas/os por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano, dictó sentencia a favor de las/os amazónicas/os por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez.

Y tercero, desde el 2017 el Gobierno de Ecuador ha fallado en su obligación de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de la soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa. Los actos realizados por la defensa del Gobierno demuestran desidia y hasta negligencia.

En 2018 el Estado ecuatoriano planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto de ese mismo año. Aunque la justicia holandesa todavía no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad planteado por la Procuraduría del Estado, el Gobierno de Ecuador actualmente ya se encuentra ejecutando el laudo como si estuviera vigente. Justamente, es por su cumplimiento que el Gobierno de Ecuador se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal.

Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente, y que para el Gobierno de Ecuador es más importante el cumplimiento de un laudo arbitral y la satisfacción de los accionistas de Chevron, que los derechos de sus ciudadanas/os. La intervención del Gobierno de Ecuador con la intención de evitar que las comunidades puedan ejecutar una sentencia emitida por su propio poder judicial, es contraria a las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador en materia de Derechos Humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes en el caso Aguinda Vs Chevron, afirmó que es lamentable que el Gobierno del Ecuador, con la Procuraduría General del Estado, se pongan al servicio de la transnacional y pretendan desconocer una sentencia ejecutoriada del sistema judicial ecuatoriano. La sentencia que beneficia a los pueblos y a la naturaleza se basa en instrumentos jurídicos de Derechos Humanos. El Laudo arbitral que beneficia a Chevron, contra Ecuador, se basa en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Este es un caso en el cual se refleja una grave disputa entre el sistema de protección del derecho económico de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de muchos gobiernos, que se ponen en contra de su propia población como es el caso de Ecuador. Ese sistema está en contra del sistema de derechos humanos que protege a los pueblos humildes de Latinoamérica. En el fondo es un abuso del derecho de las trasnancionales, que someten a los gobiernos de países pequeños en todo el mundo. Por lo tanto, este problema no es solo del Ecuador, es un problema que afecta a la humanidad, sentenció Fajardo. En ninguna parte del mundo, el dinero puede valer más que la vida de miles de campesinos e indígenas.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, alertó sobre las interferencias del ex Procurador Iñigo Salvador. Señaló que sus actos llevaron al Estado ecuatoriano a inmiscuirse en un juicio entre privados. Resulta un acto de traición que nuestro Procurador del Estado obstaculice una sentencia en favor de ciudadanos de Ecuador, que ha sido analizada y ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Nacional y la Corte Constitucional.

Las acciones del Procurador, dijo Lidia Aguinda, una de las demandantes, traerán graves consecuencias al Estado ecuatoriano, pues está atentando contra los derechos que debe proteger de los ecuatorianos, contraviniendo así su mandato constitucional. Enfatizó que sus actos son una clara violación de la independencia judicial y mancillan la soberanía del Ecuador en favor de Chevron. Con referencia al presupuesto general del Estado, que dispone 2 mil millones de dólares para pagarle a Chevron, añadió: “Parece que el Gobierno de Ecuador está más preocupado por satisfacer a las exigencias de Chevron que las necesidades de la población ecuatoriana”.

Por su parte Elias Piaguaje, Presidente de la Nacionalidad Siekopai, afirmó que hemos luchado 30 años buscando justicia y reparación. Nos hemos envejecido en esta batalla, pero seguiremos luchando hasta lograr que se repare nuestra Amazonía. No podemos dejar un legado de muerte y destrucción a nuestras futuras generaciones.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado a los pueblos de Latinoamérica a unirse y levantarse en casos como estos. No se puede permitir que nuestros gobiernos den seguridad jurídica a las empresas transnacionales, y desmantelen todo el sistema de protección de nuestros derechos humanos de la Naturaleza, cuando somos agredidos por esas corporaciones. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno del Ecuador a respetar la sentencia de la Corte Constitucional del país y a no intervenir en favor de Chevron. Por ahora confiamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos proteja de las interferencias indebidas del Gobierno de Ecuador, le ordene reparar los derechos vulnerados, y prevenga futuras intervenciones violatorias de los derechos de las/os pobladoras/es amazónicas/os.

Contactos
Donald Moncayo +593 99 397 7808
Pablo Fajardo +593 99 397 7811

Honduras: Los culpables de la corrupción que asesinó a Berta Cáceres deben ser condenados

Compartimos el siguiente comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de marzo del 2023

El COPINH, ante la culminación del Juicio en el caso del Fraude Sobre el Río Gualcarque hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Tras culminar el proceso de juicio iniciado en agosto de 2022, y haber evacuado decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias, se ha demostrado sin lugar a duda la responsabilidad penal de las 6 personas imputadas en los delitos de Fraude, Violación de Deberes de los Funcionarios, Falsificación de Documento, Uso de Documento Falso y Usurpación de Funciones. 

En el juicio se demostró que todos los delitos se realizaron en una articulación criminal y corrupta de funcionarios del Estado para beneficiar a la empresa DESA creada por David Castillo y posteriormente de la familia Atala Zablah, en violación de los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Se estableció claramente que la constitución de dicha empresa y sus actuaciones fueron abiertamente corruptas con el objetivo de obtener millonarios financiamientos internacionales.

Los actos de corrupción fueron realizados entre los años 2009 y 2012 para otorgar ilegalmente la concesión del Río Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) en fraude al Estado de Honduras y la comunidad Lenca, por parte de Roberto David Castillo Mejía, asistente de la gerencia de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, Gerente de la ENEE, Carolina Castillo Argueta, asistente de la gerencia de la ENEE, Raúl Pineda Pineda, alcalde de San Francisco de Ojuera, Luis Espinoza Mejía, director de recursos hídricos de SERNA y José Carbajal Flores, jefe de hidrología de SERNA.

Se ha comprobado en juicio que David Castillo, urdió y articuló, en el marco del Golpe de Estado de 2009, una estructura criminal para obtener beneficios del Estado de Honduras en un contrato con la ENEE que implicaría un perjuicio de por lo menos 174 millones de lempiras entre 2014 y 2021.

Reiteramos que estos actos de corrupción fueron el origen de la violencia en la comunidad de Río Blanco y del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Este caso es emblemático y su decisión tendrá implicaciones al tratarse de  un caso inédito en Honduras. Es la primera vez que las víctimas, a través del COPINH y el Consejo Indígena de Río Blanco, pudieron constituirse como parte en un proceso de corrupción por la afectación de sus derechos humanos y ejercieron sus derechos en el proceso. 

Este juicio está procesando a los funcionarios públicos que fueron parte del fraude, sin embargo queda pendiente el juzgamiento de quienes se beneficiaron de esta corrupción: la familia Atala Zablah. Por todo lo anterior el COPINH demanda:

1. Que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, presidido por Nilser Jasmín Ramírez Carvajal, declare culpable de los delitos a todas las personas acusadas.

2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe en la investigación y enjuiciamiento de todas las demás personas involucradas en los delitos de corrupción de la empresa de los Atala Zablah que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

3. Reiteramos al Estado de Honduras la urgencia de cancelar de manera responsable e inmediata la ilegal, violenta y corrupta concesión sobre el sagrado río Gualcarque.

“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 23 días del mes de marzo de 2023


“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Imagen: COPINH

Más información:

Suspenden nuevamente inicio de juicio por asesinato del defensor Simón Pedro

Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre la busqueda de #JusticiaParaSimónPedro ante su asesinato en el año 2021 – A 10 de marzo del 2023

“La continuación de la audiencia de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro ha sido nuevamente suspendida debido a que el acusado no fue trasladado y tampoco se encontraba su abogada defensora”, acusala la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

En su pronunciamiento de hoy, Las Abejas denuncian el cinismo y la corrupción del sistema de justicia que debería procurar justicia para Simón Pedro Pérez López, maya tsotsil, integrante de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y Catequista de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, asesinado en 2020.

“Es una vergüenza que ya van dos veces las mentiras de los que se dicen ser jueces, la de suspender a su antojo las audiencias. (…) Nos hacen perder tiempo, nos desgastan porque saben que no tenemos dinero”, sentencian.

Al respecto, la Organización Civil las Abejas de Acteal, en un escrito denunció que el pasado 10 de marzo se presentaron en el penal de la ciudad de Pichucalco, para continuar con la audiencia de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro, sin embargo fue suspendida siendo postergada para el jueves 16 de marzo a las 12:30 horas.

Sin embargo, reiteran que no desistirán porque “nuestra Organización y el país entero merecen Verdad y Justicia en cada caso de asesinato de un Defensor de la Vida y los Derechos Humanos como fue nuestro compañero y hermano Simón Pedro”.

Simón Pedro Pérez López fue asesinado el 5 de julio de 2021 en el mercado de Simojovel, Chiapas. Un hombre le disparó a la cabeza desde una motocicleta. El expresidente de Las Abejas invitaba a denunciar la violencia que afecta la región de Los Altos de Chiapas.

“Les pedimos a todas las organizaciones de derechos humanos que se sumen a nuestras exigencias, se mantengan pendientes de este juicio, repliquen nuestra palabra, no permitamos que nos sigan tratando como objetos, no nos dejen solas y solos, no dejemos solos a la familia de Simón Pedro”, concluyeron.

Imagen: Abejas de Acteal

Más información:

Repudio al asesinato de Eduardo Mendúa en Ecuador

Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el asesinato de Eduardo Mendúa integrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- A 27 de febrero del 2023

Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) denuncia y repudia el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y perteneciente a la nacionalidad Kofán de Sucumbíos; el crimen fue perpetrado el 26 de febrero.

Lamentablemente, este no es un caso aislado. Desde hace 7 meses Eduardo y la CONAIE denunciaban la escalada de violencia y ruptura de tejido social de la comunidad Durero y del territorio Ai Kofán. Recientemente, el 12 de enero, se denunciaron enfrentamientos entre comunidades como resultado de la intención de la empresa Petroecuador de instalar plataformas y pozos petroleros. Además de los conflictos resultado de las operaciones extractivas en el Ecuador, se escalan procesos de criminalización hacia los movimientos indígenas y sociales que denuncian las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, y que se mantienen en resistencia en defensa de sus territorios y autodeterminación.

Nos sumamos a las demandas de los Pueblos Indígenas y organizaciones sociales ecuatorianas para que el gobierno de Guillermo Lasso:

• Garantice la plena realización de los derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos de las y los Campesinos, y haga efectivas las sentencias judiciales que lo obligan a protegerlos y no perseguirlos.

• Garantice la integridad y seguridad de los pueblos indígenas y campesinos de Sucumbíos, y en general de los pueblos del Ecuador.

• Abra una investigación para de forma urgente encontrar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen y de todas las amenazas previas recibidas por compañeras/os de diferentes organizaciones y movimientos sociales.

• Lleven a cabo una moratoria permanente a la explotación petrolera en los territorios de los pueblos originarios y campesinos.

Llamamos a la comunidad internacional a denunciar el asesinato de Eduardo Mendúa y a mantenernos en alerta permanente y solidaridad activa con su familia, con la CONAIE, y con la comunidad Kofán. Pedimos a las organizaciones y movimientos sociales de diferentes partes del mundo seguir en lucha contra la injusticia que se perpetúa por la impunidad de la que gozan los perpetradores de estos brutales crímenes hacia nuestros pueblos.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Febrero 27 de 2023

Imagen: CONAIE

Comunidad Wixárica de Bancos de Calitique, Mezquital, Durango denuncia desaparición forzada

Compartimos este comunicado de las autoridades agrarias de la comunidad Bancos de Calitique vía Radio Zapatista sobre la desaparición forzada de su lider comunitaria y su familia – A 4 de marzo del 2023

¡¡Gracias ya fueron localizados!!

Los que sucribimos, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de la comunidad Wixárica de Bancos de Calitique y todos los comuneros, hacemos el siguiente comunicado, dirigido al gobierno de México, a la Guardia Nacional, a la SEDENA, al Ejército Mexicano, a la Fiscalía General y a la policia estatal.

1. En donde EXIGIMOS que aparezca con vida el compañero comunero y líder de la comunidad Lic. Santos de la Cruz Carrillo, su esposa la Sra. Carlota Aguilar Parra, y sus dos hijos de nombre Henry de la Cruz Aguilar de tres años de edad y Paulo de la Cruz Aguilar de un año de edad.

Que fueron privados de su libertad el dia de ayer 3 de marzo del 2023, en el trayecto de la carretera de Jesús María el Nayar, Nayarit a el Pastor el Nayar, aproximadamente a las 12:00 a 13:00 horas en donde viajaban en una camioneta Tundra color gris con placas de Durango, donde se dirigían a su lugar de origen Bancos de Calitique.

2. Para EXIGIR al Estado Mexicano, la conunidad ha decidido hacer una acción cerrando la carretera de Ruiz, Zacatecas, a partir del 4 de marzo de 2023 en el punto de El Pastor el Nayar, hasta que aparezca con vida el compañero y su familia.

3. SOLICITAMOS al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, que nos ayuden a presionar la búsqueda de nuestro compañero.

4. Cerramos todas las instituciones educativas que están en nuestra comunidad de Bancos de Calitique hasta que aparezca el compañero y su familia con vida.

5. Convocamos a las comunidades hermanas, Santa María Ocotan del estado de Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlan, San Andrés Cohamiata, del estado de Jalisco, al Congreso Naciona Indígena, organizaciones no Gubernamentales y las demás comunidades indígenas de México a que se sumen a nuestra exigencia.

6. A los pocos dias de haber logrado el reconocimiento de nuestro territorio, el pasado 20 de febero de 2023, que por 55 años hemos luchado, le a sucedido esto a nuestro compañero, que es una persona que siempre ha apoyado por la lucha de Tatei Yurienaka en nuestra comunidad.

7. EXIGIMOS su libertad para quien lo tenga, es una persona trabajadora, profesionista y padre de 7 hijos que lo necesitan con vida, hermanos y familiares.

8. CANCELAMOS la fiesta de aniversario de nuestra comunidad, previamente convocada para los dias 8 al 11 de marzo 2023.


ATENTAMENTE

LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, CIVILES Y AGRARIAS DE LA COMUNIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE

Berta Cáceres, a 7 años de su siembra, sus semillas florecen en los corazones que resisten

Comunicado de Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra para conmemorar el 7mo aniversario del asesinato de nuestra hermana y compañero Berta Cáceres – A 2 de marzo del 2023 >>Descargar comunicado en pdf<<

Hoy 2 de marzo, recordamos a nuestra querida Berta Cáceres, una mujer que le arrebataron la vida por defender a su pueblo y el río Gualcarque. Sin embargo, su energía y alegría sigue animando nuestros corazones en las diferentes luchas por la defensa de nuestros territorios.

Recordamos que la justicia verdadera será completa cuando se enjuicie a los autores intelectuales de este vil asesinato: la familia Atala Zablah. Quienes desde su privilegiado poder buscaron frenar la digna lucha del pueblo Lenca. Por eso gritamos con voz firme ¡FALTAN LOS ATALA!

Este 2 de marzo de 2022 se cumplen 7 años de sembrar y caminar junto a Berta. Berta no murió, sino se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los pueblos y movimientos en todo el mundo que claman justicia, que resisten contra el Modelo Extractivo, contra el capitalismo patriarcal, racista y depredador de los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos.

Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida, como otras tantas que a lo largo y ancho de nuestro continente se les arrebata su vida y se les criminaliza por construir un mundo mejor para todas y todos. Lo que no saben es que sus semillas brotaron en nuestros corazones que luchan por todo América Latina. Por eso, la Justicia para Berta será también justicia para las mujeres y para los pueblos que luchan por la vida.

Les recordamos a nuestras hermanas y hermanos del COPINH y del Pueblo Lenca que nuestra voz seguirá levantada hasta que veamos libre al Río Gualcarque y que se la justicia verdadera y completa. Les abrazamos con mucho cariño.

#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala

Otros Mundos Chiapas

Desde el corazón de Otros Mundos recordamos a Berta con un altar lleno de flores, les compartimos algunas fotos

>>Descargar comunicado en pdf<<

En la prensa:

Trasnacional de aceite de palma pierde demanda contra ecologistas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resolucióna a favor del Salva la selva por denunciar destrucción ambiental por una empresa de palma aceitera en Indonesia – A 27 de febrero del 2023

El pasado martes (21), después de tres años de batalla legal, el conglomerado de empresas coreana-indonesia, Grupo Korindo, renunció a la demanda que interpuso contra la organización ambientalista Salva la Selva, con sede en Alemania, por señalar su responsabilidad en la destrucción de la selva tropical en Indonesia para la expansión de monocultivos de palma aceitera.

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En 2019, la organización europea fue citada ante un tribunal con relación a una Carta Abierta de 2016, la cual fue dirigida a las empresas alemanas, Siemens y Nordex. En la misiva, 10 organizaciones ecologistas alertaban sobre las relaciones comerciales de las corporaciones energéticas con Grupo Korindo, acusado de la destrucción masiva de selvas tropicales y de violar los derechos de pueblos indígenas de la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte.

Una familia de la tribu Kowin Marind cuyas tierras se ven afectadas por la deforestación provocada por la empresa de plantaciones de Korindo PT Papua Agro Lestari. Foto: Mighty Earth.

Tras el fracaso de la demanda, mediante comunicado público, la organización ecologista enfatizó que Grupo Korindo, productora de aceite de palma, madera y aerogeneradores, renunció a sus exigencias y se comprometió a pagar una parte de los gastos judiciales. “Durante tres años, este pleito nos ha mantenido ocupados y nos ha robado un tiempo muy valioso”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

Palma de aceite, motor de devastación

Kenertec, empresa indonesia fabricante de turbinas eólicas fue la autora de la demanda contra el grupo ambientalista europeo. Esta empresa, integrante del Grupo Korindo, también exigió a la organización estadounidense Mighty Earth que se retractara de declaraciones que le señalaban por el uso de excavadoras y fuego para deforestar la selva tropical. Aún más, mediante la demanda amenazó a las organizaciones para que se abstuvieran de hacer mención de la devastación ambiental en el futuro.

Mighty Earth es autora del informe Burning Paradise (Paraíso en llamas), en el cual acusa a Grupo Korindo de la destrucción de 50,000 hectáreas de selva tropical en Papúa desde 1998, así como la devastación de 30,000 hectáreas adicionales entre 2013 y 2016. Resalta que Korindo mantiene ocho concesiones en la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte, totalizando 160,000 hectáreas de monocultivos de palma aceitera.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) refiere que Grupo Korindo también es responsable por la deforestación del bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. WRM destaca que la empresa hecho mano de promesas falsas para persuadir a líderes indígenas a renunciar a sus bosques. Cuando el pueblo Kinggo se percató del engaño y reclamó sus derechos colectivos, Korindo recurrió a la intimidación y amenazas.

El pueblo indígena Kinggo se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos.

“Los bosques en la isla de Papúa se han convertido en el objetivo de las inversiones del momento, después que los bosques en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi ya se hayan convertido, en gran medida, en plantaciones industriales de palma aceitera”, contextualiza WRM sobre el interés de Grupo Korindo para su expansión en la región.

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La organización ambientalista destaca la lucha de Petrus Kinggo, anciano de la tribu Wambon Tekamerop, del pueblo indígena Kinggo, quien se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos, pese a las recurrentes amenazas y agresiones de parte de Grupo Korindo.

Deforestación evidenciada

“En Indonesia, Korindo es una de las empresas responsables de gran parte de la destrucción de la selva tropical”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute, también co-directora de Salva la Selva.

En entrevista, Klute asevera que, durante años, distintas ONGs han monitoreado el avance en la deforestación de la selva causada por Grupo Korindo. La experta incluso refiere como evidencia imágenes de satélite, tanto del histórico de Google Earth, como de la NASA, las cuales “ofrecen una visión clara de la expansión de las actividades de tala”, sostiene.

Imagen satelital con fecha de noviembre 2002

Para WRM también es preocupante la actuación de organismos como el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés), una ONG certificadora con sede en Alemania, que supuestamente garantiza que los productos madereros provengan de empresas éticas y sostenibles.

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Esto deriva de que, acusaciones de violaciones contra pueblos indígenas responsabilizando a Korindo, fueron investigadas por el FSC y, sin embargo, los hallazgos nunca se publicaron debido a que la empresa amenazó con actuar legalmente.

A pesar de ello, un artículo de la BBC reveló algunas conclusiones que señalan a Grupo Korindo como responsable por la destrucción de la selva. Además, señala el informe que la empresa “(…) apoyaba la violación de los derechos humanos y tradicionales en su propio beneficio”; y se estaba “beneficiando directamente de la presencia militar para obtener una ventaja económica desleal” al “ofrecer tarifas de compensación injustas a las comunidades”. Pese a que el informe recomendaba la expulsión de Korindo del organismo, esta acción fue rechazada por el consejo del FSC.

Klute refuerza estas acusaciones ya que, según su experiencia visitando Papúa entre 2007 y 2009, “Korindo ya tenía fama de violar los derechos humanos y de realizar talas excesivas”, justo en momentos donde comenzó a ampliar sus actividades en el sector de aceite de palma. Actualmente, enfatiza Klute, pese a que empresas como Wilmar han cortado relaciones comerciales con Korindo debido a su mala reputación, el aceite de palma de Korindo se destina a India y Corea del Sur, pero también al mercado mundial a través de empresas comerciales e incluso mediante el mercado de fugas.

Destaca el papel de las empresas surcoreanas, tanto como promotoras de plantaciones como compradoras de productos de aceite de palma, pues incentivan la adquisición de aceite que incumple con reglas mínimas de respeto al medioambiente y derechos humanos. Seis propietarios de plantaciones surcoreanos tienen importantes problemas de incumplimiento: Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation y JC Chemical.

Aunado a estas evidencias, otra investigación, realizada durante cinco años por Greenpeace y el grupo investigador Forensic Architecture determinaron el uso intencionado de incendios como parte del proceso de limpieza de vastas áreas de selva en las concesiones que Korindo tiene en la provincia de Papúa, Indonesia

Demandas “estratégicas”

“A nuestro parecer, se trataba de una demanda intimidatoria. Su objetivo era intimidarnos y asustar a otras organizaciones. Es bueno que Korindo fracasara con este intento”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.

La organización ecologista es enfática al señalar que este caso es un ejemplo claro de la llamada SLAPP (por las siglas en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation o Demanda Estratégica en contra de la Participación Pública).

“Empresas y personas poderosas hacen un mal uso de los juzgados para limitar la participación pública y la crítica. Los SLAPP suponen una amenaza para las organizaciones y los activistas que en el marco de su trabajo exponen irregularidades, nombran a sus responsables y se comprometen con la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Tales casos constituyen de esta manera ataques de los derechos fundamentales como la libertad de opinión y reunión y en última instancia, de nuestras democracias”, sostuvo Salva la Selva en 2021, ante la apertura del proceso en el juzgado de Hamburgo, Alemania.

Tala para plantaciones de palma por parte de la empresa Korindo en la provincia de Papua, Indonesia.

“El procedimiento cumple los criterios de una demanda por intimidación (…) Entre otras cosas, el tribunal de Hamburgo había llegado a considerar la posibilidad de tener que llegar a escuchar a testigos en Indonesia. Es bueno que las ONG demandadas puedan volver a dedicarse a su trabajo real gracias al acuerdo, pero el problema fundamental planteado por este tipo de demandas sigue existiendo”, afirma Roger Mann, abogado y profesor de Derecho de Prensa en la Universidad de Gotinga, quien representó a la organización demandada.

Tras recibir la demanda, Salva la Selva ayudó a organizar un movimiento europeo contra las demandas intimidatorias y es uno de los primeros miembros de la alianza europea contra este tipo de SLAPPs, llamada CASE (Coalición contra las SLAPPs en Europa).

Deborah Lapidus, Vicepresidenta de Mighty Earth y una de las autoras de Burning Paradise, señala que, “esta denuncia es una típica sucia estrategia corporativa. A la vista de la creciente difusión sobre la destrucción masiva de las selvas tropicales y sobre el desprecio por los derechos indígenas, Korindo trata de intimidar y silenciar a ecologistas, periodistas y activistas y frenar los esfuerzos por exponer las malas prácticas. Pero es una percepción equivocada, porque eso sólo expone aún más la perversa estrategia y la negación continuada del daño causado”.

Alemania está considerada por expertos en derecho como uno de los países de la Unión Europea, en los que las leyes nacionales y las sentencias judiciales fomentan demandas por difamación sin fundamento. Un número especialmente elevado de casos SLAPP ocupan a juzgados de Italia y Malta. Allí, cuando la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada, existían 47 casos SLAPP en contra de ella.

“A raíz de esta demanda, hemos estado informando aún más intensamente sobre la destrucción de la selva tropical en la provincia de Papúa. Si Korindo quería silenciarnos, ha conseguido lo contrario. Estamos reforzando las espaldas de la gente de Indonesia para que ellos también puedan plantar cara a Korindo y defender su selva tropical frente a la empresa”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute.

Imagen: Maquinaria pesada apila troncos de los árboles talados que serán quemados por la empresa productora de aceite de palma, PT Papua Agro Lestari, propiedad de Korindo. Foto: Mighty Earth

El Escaramujo en la Radio jueves 2 de marzo 5 pm- 7 años de la siembra de Berta Cáceres

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en el marco de acciones #JusticiaParaBerta en conmemoración al 7mo aniversario de la siembra de nuestra compañera, hermana y amiga Berta Cáceres tendremos un programa especial donde estaremos platicando con Bertita Zúñiga y recordando la lucha del pueblo lenca, así que acompáñanos este jueves 2 de marzo a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Conmemoración del 7mo aniversario de la siembra de Berta Cáceres

Les compartimos la agenda de actividades para recodar a Berta orginizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH

Compartimos la agenda de actividades para este 7mo. Aniversario de la Siembra de nuestra compañera #BertaCáceres.

¡Juntémonos y exijamos justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y el pueblo Lenca!

02 de marzo

Centro de encuentros y amistad Utopía, Intibucá. “¡Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan, los pueblos saben hacer justicia!” #BertaVive#BertaSeMultiplicó#JusticiaParaBerta#COPINH

BASTA DE VIOLENCIA contra el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA y Acción Colectiva Socioambiental – A febrero 14 de 2023

Las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en lo que va el año, han recibido hostigamiento policiaco, allanamientos y agresiones físicas debido a su trabajo colectivo como personas defensoras de su territorio ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna, instalado en Dinamita, Durango en 2017. A pesar del desmantelamiento del proyecto químico, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, continúa sufriendo las represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.

El pasado 2 de febrero de 2023, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos Cristóbal González Estrada, integrante del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el agua, allanaron su vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años.

Las agresiones contra el defensor Cristóbal González Estrada y su familia ocurren después de las denuncias que el pasado 25 de enero el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio interpuso por el secuestro de otro de sus integrantes, Servando Delgado Rentería. Desde 2017, los integrantes del colectivo han sido víctimas de intimidación y hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas.

En 2017, 21 comunidades afectadas del municipio Gómez Palacio, Durango, conforman el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, con el ánimo de proteger su territorio ante la instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Dinamita, Durango. La planta química Chemours Laguna es un proyecto que fue desarrollado por la empresa The Chemours Company Mexicana, cuyo propósito, de acuerdo a la empresa y autoridades municipales, era «recortar los tiempos y distancias de suministro de insumos a la industria mexicana» reduciendo las importaciones de cianuro de sodio, para apoyar el crecimiento de la industria minera del oro y la plata en México. La planta pretendía producir 65.000 toneladas de cianuro de sodio anualmente.

The Chemours Company México realizó dos intentos de instalación de la planta en el estado de Guanajuato en 2016. No obstante, la movilización de la sociedad civil y la negación del permiso del uso del suelo por parte de las autoridades municipales, llevó a la empresa a presentar su propuesta en marzo de 2017, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Durango. (SEMARNAT). Dos meses después, se aprobó el proyecto y el 24 de junio de 2017, se anunció su inicio, sin el conocimiento previo de las comunidades afectadas.

En julio de 2017 se conformó el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y para agosto del mismo año, presentaron una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó el proyecto en materia impacto ambiental. Debido a la falta de respuesta de las autoridades, el 9 de marzo de 2018, el Frente y alrededor de 1.000 personas se manifestaron pacíficamente en contra de la instalación de la planta. La protesta fue reprimida por la administración local, lo cual resultó en 49 detenciones arbitrarias, que incluyeron 5 menores de edad, 10 mujeres, y 10 personas hospitalizadas.
El 13 de marzo de 2018, se presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, quien ordenó la suspensión definitiva del proyecto. Dicha orden de suspensión fue revocada por un Tribunal Colegiado de Torreón, por lo que la empresa reactivo las obras de construcción de su proyecto en mayo del 2020, a pesar de que los permisos municipales habían caducado durante el período de suspensión. Ante esta situación, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio estableció dos campamentos en los accesos de la planta.
Finalmente, en octubre del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó unánimemente la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna. El 10 de diciembre de 2021, la empresa The Chemours Company anunció su venta a la compañía checa especializada en la produccción de cianuro Draslovka Holding a.s.
El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue siendo perseguido, hostigado y agredido por funcionarios de la administración pública local desde los incidentes de 2017. Los mismos han promovido una narrativa en la cual se han referido a las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio como detractores del desarrollo al oponerse a un proyecto que se entendía como beneficioso para la mejora de oportunidades laborales para las comunidades.
Ante el desmantelamiento de la planta y la demanda de la salida total del territorio de la empresa Chemours Company, ahora Draslovka Holding a.s., La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería hace un llamado enérgico a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes legitimamente trabajan en la defensa territorial y en la denuncia de los negativos impactos ambientales de este proyecto. Al mismo tiempo demandamos un ALTO por las agresiones y hostigamiento hacía el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, y el Territorio presuntamente vinculadas a su actividad. Además, reiteramos nuestro rechazo al clima de impunidad y la falta de protección de las y los defensores del territorio y los derechos humanos en México.

¡FUERA CHEMOURS (DRASLOVKA) DE DINAMITA, DGO!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Acción Colectiva Socioambiental

Imagen : Rolando Riestra

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