Compartimos este comunicado de las autoridades agrarias de la comunidad Bancos de Calitique vía Radio Zapatista sobre la desaparición forzada de su lider comunitaria y su familia – A 4 de marzo del 2023
¡¡Gracias ya fueron localizados!!
Los que sucribimos, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de la comunidad Wixárica de Bancos de Calitique y todos los comuneros, hacemos el siguiente comunicado, dirigido al gobierno de México, a la Guardia Nacional, a la SEDENA, al Ejército Mexicano, a la Fiscalía General y a la policia estatal.
1. En donde EXIGIMOS que aparezca con vida el compañero comunero y líder de la comunidad Lic. Santos de la Cruz Carrillo, su esposa la Sra. Carlota Aguilar Parra, y sus dos hijos de nombre Henry de la Cruz Aguilar de tres años de edad y Paulo de la Cruz Aguilar de un año de edad.
Que fueron privados de su libertad el dia de ayer 3 de marzo del 2023, en el trayecto de la carretera de Jesús María el Nayar, Nayarit a el Pastor el Nayar, aproximadamente a las 12:00 a 13:00 horas en donde viajaban en una camioneta Tundra color gris con placas de Durango, donde se dirigían a su lugar de origen Bancos de Calitique.
2. Para EXIGIR al Estado Mexicano, la conunidad ha decidido hacer una acción cerrando la carretera de Ruiz, Zacatecas, a partir del 4 de marzo de 2023 en el punto de El Pastor el Nayar, hasta que aparezca con vida el compañero y su familia.
3. SOLICITAMOS al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, que nos ayuden a presionar la búsqueda de nuestro compañero.
4. Cerramos todas las instituciones educativas que están en nuestra comunidad de Bancos de Calitique hasta que aparezca el compañero y su familia con vida.
5. Convocamos a las comunidades hermanas, Santa María Ocotan del estado de Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlan, San Andrés Cohamiata, del estado de Jalisco, al Congreso Naciona Indígena, organizaciones no Gubernamentales y las demás comunidades indígenas de México a que se sumen a nuestra exigencia.
6. A los pocos dias de haber logrado el reconocimiento de nuestro territorio, el pasado 20 de febero de 2023, que por 55 años hemos luchado, le a sucedido esto a nuestro compañero, que es una persona que siempre ha apoyado por la lucha de Tatei Yurienaka en nuestra comunidad.
7. EXIGIMOS su libertad para quien lo tenga, es una persona trabajadora, profesionista y padre de 7 hijos que lo necesitan con vida, hermanos y familiares.
8. CANCELAMOS la fiesta de aniversario de nuestra comunidad, previamente convocada para los dias 8 al 11 de marzo 2023.
ATENTAMENTE
LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, CIVILES Y AGRARIAS DE LA COMUNIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE
Comunicado de Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra para conmemorar el 7mo aniversario del asesinato de nuestra hermana y compañero Berta Cáceres – A 2 de marzo del 2023 >>Descargar comunicado en pdf<<
Hoy 2 de marzo, recordamos a nuestra querida Berta Cáceres, una mujer que le arrebataron la vida por defender a su pueblo y el río Gualcarque. Sin embargo, su energía y alegría sigue animando nuestros corazones en las diferentes luchas por la defensa de nuestros territorios.
Recordamos que la justicia verdadera será completa cuando se enjuicie a los autores intelectuales de este vil asesinato: la familia Atala Zablah. Quienes desde su privilegiado poder buscaron frenar la digna lucha del pueblo Lenca. Por eso gritamos con voz firme ¡FALTAN LOS ATALA!
Este 2 de marzo de 2022 se cumplen 7 años de sembrar y caminar junto a Berta. Berta no murió, sino se multiplicó en la consciencia y en las luchas de los pueblos y movimientos en todo el mundo que claman justicia, que resisten contra el Modelo Extractivo, contra el capitalismo patriarcal, racista y depredador de los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos.
Berta significa y reivindica la lucha de las mujeres por defender la vida, como otras tantas que a lo largo y ancho de nuestro continente se les arrebata su vida y se les criminaliza por construir un mundo mejor para todas y todos. Lo que no saben es que sus semillas brotaron en nuestros corazones que luchan por todo América Latina. Por eso, la Justicia para Berta será también justicia para las mujeres y para los pueblos que luchan por la vida.
Les recordamos a nuestras hermanas y hermanos del COPINH y del Pueblo Lenca que nuestra voz seguirá levantada hasta que veamos libre al Río Gualcarque y que se la justicia verdadera y completa. Les abrazamos con mucho cariño.
#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala
Otros Mundos Chiapas
Desde el corazón de Otros Mundos recordamos a Berta con un altar lleno de flores, les compartimos algunas fotos
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resolucióna a favor del Salva la selva por denunciar destrucción ambiental por una empresa de palma aceitera en Indonesia – A 27 de febrero del 2023
El pasado martes (21), después de tres años de batalla legal, el conglomerado de empresas coreana-indonesia, Grupo Korindo, renunció a la demanda que interpuso contra la organización ambientalista Salva la Selva, con sede en Alemania, por señalar su responsabilidad en la destrucción de la selva tropical en Indonesia para la expansión de monocultivos de palma aceitera.
En 2019, la organización europea fue citada ante un tribunal con relación a una Carta Abierta de 2016, la cual fue dirigida a las empresas alemanas, Siemens y Nordex. En la misiva, 10 organizaciones ecologistas alertaban sobre las relaciones comerciales de las corporaciones energéticas con Grupo Korindo, acusado de la destrucción masiva de selvas tropicales y de violar los derechos de pueblos indígenas de la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte.
Una familia de la tribu Kowin Marind cuyas tierras se ven afectadas por la deforestación provocada por la empresa de plantaciones de Korindo PT Papua Agro Lestari. Foto: Mighty Earth.
Tras el fracaso de la demanda, mediante comunicado público, la organización ecologista enfatizó que Grupo Korindo, productora de aceite de palma, madera y aerogeneradores, renunció a sus exigencias y se comprometió a pagar una parte de los gastos judiciales. “Durante tres años, este pleito nos ha mantenido ocupados y nos ha robado un tiempo muy valioso”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.
Palma de aceite, motor de devastación
Kenertec, empresa indonesia fabricante de turbinas eólicas fue la autora de la demanda contra el grupo ambientalista europeo. Esta empresa, integrante del Grupo Korindo, también exigió a la organización estadounidense Mighty Earth que se retractara de declaraciones que le señalaban por el uso de excavadoras y fuego para deforestar la selva tropical. Aún más, mediante la demanda amenazó a las organizaciones para que se abstuvieran de hacer mención de la devastación ambiental en el futuro.
Mighty Earth es autora del informe Burning Paradise (Paraíso en llamas), en el cual acusa a Grupo Korindo de la destrucción de 50,000 hectáreas de selva tropical en Papúa desde 1998, así como la devastación de 30,000 hectáreas adicionales entre 2013 y 2016. Resalta que Korindo mantiene ocho concesiones en la provincia de Papúa y las islas Molucas del Norte, totalizando 160,000 hectáreas de monocultivos de palma aceitera.
Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) refiere que Grupo Korindo también es responsable por la deforestación del bosque del pueblo Kinggo para establecer plantaciones de palma aceitera. WRM destaca que la empresa hecho mano de promesas falsas para persuadir a líderes indígenas a renunciar a sus bosques. Cuando el pueblo Kinggo se percató del engaño y reclamó sus derechos colectivos, Korindo recurrió a la intimidación y amenazas.
El pueblo indígena Kinggo se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos.
“Los bosques en la isla de Papúa se han convertido en el objetivo de las inversiones del momento, después que los bosques en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi ya se hayan convertido, en gran medida, en plantaciones industriales de palma aceitera”, contextualiza WRM sobre el interés de Grupo Korindo para su expansión en la región.
La organización ambientalista destaca la lucha de Petrus Kinggo, anciano de la tribu Wambon Tekamerop, del pueblo indígena Kinggo, quien se ha involucrado en la defensa del bosque en Kali Kao Hamlet, donde han vivido durante siglos, pese a las recurrentes amenazas y agresiones de parte de Grupo Korindo.
Deforestación evidenciada
“En Indonesia, Korindo es una de las empresas responsables de gran parte de la destrucción de la selva tropical”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute, también co-directora de Salva la Selva.
En entrevista, Klute asevera que, durante años, distintas ONGs han monitoreado el avance en la deforestación de la selva causada por Grupo Korindo. La experta incluso refiere como evidencia imágenes de satélite, tanto del histórico de Google Earth, como de la NASA, las cuales “ofrecen una visión clara de la expansión de las actividades de tala”, sostiene.
Imagen satelital con fecha de noviembre 2002
Para WRM también es preocupante la actuación de organismos como el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés), una ONG certificadora con sede en Alemania, que supuestamente garantiza que los productos madereros provengan de empresas éticas y sostenibles.
Esto deriva de que, acusaciones de violaciones contra pueblos indígenas responsabilizando a Korindo, fueron investigadas por el FSC y, sin embargo, los hallazgos nunca se publicaron debido a que la empresa amenazó con actuar legalmente.
A pesar de ello, un artículo de la BBC reveló algunas conclusiones que señalan a Grupo Korindo como responsable por la destrucción de la selva. Además, señala el informe que la empresa “(…) apoyaba la violación de los derechos humanos y tradicionales en su propio beneficio”; y se estaba “beneficiando directamente de la presencia militar para obtener una ventaja económica desleal” al “ofrecer tarifas de compensación injustas a las comunidades”. Pese a que el informe recomendaba la expulsión de Korindo del organismo, esta acción fue rechazada por el consejo del FSC.
Klute refuerza estas acusaciones ya que, según su experiencia visitando Papúa entre 2007 y 2009, “Korindo ya tenía fama de violar los derechos humanos y de realizar talas excesivas”, justo en momentos donde comenzó a ampliar sus actividades en el sector de aceite de palma. Actualmente, enfatiza Klute, pese a que empresas como Wilmar han cortado relaciones comerciales con Korindo debido a su mala reputación, el aceite de palma de Korindo se destina a India y Corea del Sur, pero también al mercado mundial a través de empresas comerciales e incluso mediante el mercado de fugas.
Destaca el papel de las empresas surcoreanas, tanto como promotoras de plantaciones como compradoras de productos de aceite de palma, pues incentivan la adquisición de aceite que incumple con reglas mínimas de respeto al medioambiente y derechos humanos. Seis propietarios de plantaciones surcoreanos tienen importantes problemas de incumplimiento: Posco International, Korindo Group, Samsung C&T, Daesang Corporation, LG Corporation y JC Chemical.
Aunado a estas evidencias, otra investigación, realizada durante cinco años por Greenpeace y el grupo investigador Forensic Architecture determinaron el uso intencionado de incendios como parte del proceso de limpieza de vastas áreas de selva en las concesiones que Korindo tiene en la provincia de Papúa, Indonesia
Demandas “estratégicas”
“A nuestro parecer, se trataba de una demanda intimidatoria. Su objetivo era intimidarnos y asustar a otras organizaciones. Es bueno que Korindo fracasara con este intento”, afirma Bettina Behrend, co directora de Salva la Selva.
La organización ecologista es enfática al señalar que este caso es un ejemplo claro de la llamada SLAPP (por las siglas en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation o Demanda Estratégica en contra de la Participación Pública).
“Empresas y personas poderosas hacen un mal uso de los juzgados para limitar la participación pública y la crítica. Los SLAPP suponen una amenaza para las organizaciones y los activistas que en el marco de su trabajo exponen irregularidades, nombran a sus responsables y se comprometen con la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Tales casos constituyen de esta manera ataques de los derechos fundamentales como la libertad de opinión y reunión y en última instancia, de nuestras democracias”, sostuvo Salva la Selva en 2021, ante la apertura del proceso en el juzgado de Hamburgo, Alemania.
Tala para plantaciones de palma por parte de la empresa Korindo en la provincia de Papua, Indonesia.
“El procedimiento cumple los criterios de una demanda por intimidación (…) Entre otras cosas, el tribunal de Hamburgo había llegado a considerar la posibilidad de tener que llegar a escuchar a testigos en Indonesia. Es bueno que las ONG demandadas puedan volver a dedicarse a su trabajo real gracias al acuerdo, pero el problema fundamental planteado por este tipo de demandas sigue existiendo”, afirma Roger Mann, abogado y profesor de Derecho de Prensa en la Universidad de Gotinga, quien representó a la organización demandada.
Tras recibir la demanda, Salva la Selva ayudó a organizar un movimiento europeo contra las demandas intimidatorias y es uno de los primeros miembros de la alianza europea contra este tipo de SLAPPs, llamada CASE (Coalición contra las SLAPPs en Europa).
Deborah Lapidus, Vicepresidenta de Mighty Earth y una de las autoras de Burning Paradise, señala que, “esta denuncia es una típica sucia estrategia corporativa. A la vista de la creciente difusión sobre la destrucción masiva de las selvas tropicales y sobre el desprecio por los derechos indígenas, Korindo trata de intimidar y silenciar a ecologistas, periodistas y activistas y frenar los esfuerzos por exponer las malas prácticas. Pero es una percepción equivocada, porque eso sólo expone aún más la perversa estrategia y la negación continuada del daño causado”.
Alemania está considerada por expertos en derecho como uno de los países de la Unión Europea, en los que las leyes nacionales y las sentencias judiciales fomentan demandas por difamación sin fundamento. Un número especialmente elevado de casos SLAPP ocupan a juzgados de Italia y Malta. Allí, cuando la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada, existían 47 casos SLAPP en contra de ella.
“A raíz de esta demanda, hemos estado informando aún más intensamente sobre la destrucción de la selva tropical en la provincia de Papúa. Si Korindo quería silenciarnos, ha conseguido lo contrario. Estamos reforzando las espaldas de la gente de Indonesia para que ellos también puedan plantar cara a Korindo y defender su selva tropical frente a la empresa”, afirma la experta en Indonesia Marianne Klute.
Imagen: Maquinaria pesada apila troncos de los árboles talados que serán quemados por la empresa productora de aceite de palma, PT Papua Agro Lestari, propiedad de Korindo. Foto: Mighty Earth
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en el marco de acciones #JusticiaParaBerta en conmemoración al 7mo aniversario de la siembra de nuestra compañera, hermana y amiga Berta Cáceres tendremos un programa especial donde estaremos platicando con Bertita Zúñiga y recordando la lucha del pueblo lenca, así que acompáñanos este jueves 2 de marzo a las 6 pm.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Les compartimos la agenda de actividades para recodar a Berta orginizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Compartimos la agenda de actividades para este 7mo. Aniversario de la Siembra de nuestra compañera #BertaCáceres.
¡Juntémonos y exijamos justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y el pueblo Lenca!
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA y Acción Colectiva Socioambiental – A febrero 14 de 2023
Las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en lo que va el año, han recibido hostigamiento policiaco, allanamientos y agresiones físicas debido a su trabajo colectivo como personas defensoras de su territorio ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna, instalado en Dinamita, Durango en 2017. A pesar del desmantelamiento del proyecto químico, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, continúa sufriendo las represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.
El pasado 2 de febrero de 2023, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos Cristóbal González Estrada, integrante del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el agua, allanaron su vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años.
Las agresiones contra el defensor Cristóbal González Estrada y su familia ocurren después de las denuncias que el pasado 25 de enero el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio interpuso por el secuestro de otro de sus integrantes, Servando Delgado Rentería. Desde 2017, los integrantes del colectivo han sido víctimas de intimidación y hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas.
En 2017, 21 comunidades afectadas del municipio Gómez Palacio, Durango, conforman el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, con el ánimo de proteger su territorio ante la instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Dinamita, Durango. La planta química Chemours Laguna es un proyecto que fue desarrollado por la empresa The Chemours Company Mexicana, cuyo propósito, de acuerdo a la empresa y autoridades municipales, era “recortar los tiempos y distancias de suministro de insumos a la industria mexicana” reduciendo las importaciones de cianuro de sodio, para apoyar el crecimiento de la industria minera del oro y la plata en México. La planta pretendía producir 65.000 toneladas de cianuro de sodio anualmente.
The Chemours Company México realizó dos intentos de instalación de la planta en el estado de Guanajuato en 2016. No obstante, la movilización de la sociedad civil y la negación del permiso del uso del suelo por parte de las autoridades municipales, llevó a la empresa a presentar su propuesta en marzo de 2017, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Durango. (SEMARNAT). Dos meses después, se aprobó el proyecto y el 24 de junio de 2017, se anunció su inicio, sin el conocimiento previo de las comunidades afectadas.
En julio de 2017 se conformó el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y para agosto del mismo año, presentaron una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó el proyecto en materia impacto ambiental. Debido a la falta de respuesta de las autoridades, el 9 de marzo de 2018, el Frente y alrededor de 1.000 personas se manifestaron pacíficamente en contra de la instalación de la planta. La protesta fue reprimida por la administración local, lo cual resultó en 49 detenciones arbitrarias, que incluyeron 5 menores de edad, 10 mujeres, y 10 personas hospitalizadas. El 13 de marzo de 2018, se presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, quien ordenó la suspensión definitiva del proyecto. Dicha orden de suspensión fue revocada por un Tribunal Colegiado de Torreón, por lo que la empresa reactivo las obras de construcción de su proyecto en mayo del 2020, a pesar de que los permisos municipales habían caducado durante el período de suspensión. Ante esta situación, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio estableció dos campamentos en los accesos de la planta. Finalmente, en octubre del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó unánimemente la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna. El 10 de diciembre de 2021, la empresa The Chemours Company anunció su venta a la compañía checa especializada en la produccción de cianuro Draslovka Holding a.s. El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue siendo perseguido, hostigado y agredido por funcionarios de la administración pública local desde los incidentes de 2017. Los mismos han promovido una narrativa en la cual se han referido a las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio como detractores del desarrollo al oponerse a un proyecto que se entendía como beneficioso para la mejora de oportunidades laborales para las comunidades. Ante el desmantelamiento de la planta y la demanda de la salida total del territorio de la empresa Chemours Company, ahora Draslovka Holding a.s., La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería hace un llamado enérgico a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes legitimamente trabajan en la defensa territorial y en la denuncia de los negativos impactos ambientales de este proyecto. Al mismo tiempo demandamos un ALTO por las agresiones y hostigamiento hacía el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, y el Territorio presuntamente vinculadas a su actividad. Además, reiteramos nuestro rechazo al clima de impunidad y la falta de protección de las y los defensores del territorio y los derechos humanos en México.
¡FUERA CHEMOURS (DRASLOVKA) DE DINAMITA, DGO!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería Acción Colectiva Socioambiental
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe en solidaridad con Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), delegación de Amigos de la Tierra Ecuador – A 9 de febrero del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), organización que trabaja por la justicia ambiental, social, económica y de género, con presencia en 14 países de América Latina y en articulación con 75 países del mundo bajo la Federación Amigos de la Tierra Internacional, se declara en alerta y manifiesta su profunda preocupación y repudio por las amenazas, atentados y persecuciones sufridos por la Unión de Afectadas y Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) / Amigos de la Tierra Ecuador. La misma, es una organización social sinfines de lucro que desde hace 29 años está luchando por el acceso a la justicia y la reparación integral. UDAPT está compuesta por las Nacionalidades Siekopai, Siona, Cofanes, comunidades Kichwas, Shuar, Waorani y miles de campesinos o mestizos.
UDAPT lleva a cabo numerosas acciones en defensa de las comunidades afectadas por la contaminación y sus acciones afectan los intereses económicos de las empresas transnacionales (ETN) y del Estado ecuatoriano, por ello se ha incrementado enormemente la agresiva campaña mediática para difamar a las/os abogadas/os de UDAPT, quienes incluso han sido atacadas/os verbalmente por autoridades del Gobierno Nacional y por la Procuraduría General del Estado.
Debido a la arquitectura de la impunidad tejida por las propias ETN a nivel internacional, la organización es acusada afirmando que por su accionar el Ecuador ha perdido el arbitraje internacional con la petrolera Chevron, cuando en realidad Ecuador pierde los arbitrajes con Chevron, Perenco y otras transnacionales, por su pésima defensa técnica y por las reglas de juego del sistema arbitral.
En agosto del 2022, dos sujetos con armas de fuego en mano ingresaron a la oficina donde trabaja el abogado Pablo Fajardo y sustrajeron su computadora portátil. Pocos días después, posiblemente los mismos delincuentes enviaron una serie de mensajes con amenazas. El 26 de enero del 2023, ingresaron nuevamente a la oficina de UDAPT, abrieron una ventana y se llevaron la computadora portátil del abogado Jayro Salazar. El 27 de enero del 2023, una motocicleta con dos personas a bordo persiguió el vehículo que se movilizaba el representante de UDAPT Donald Moncayo y su familia.
La noche del día viernes 27 de enero del 2023, Jayro Salazar fue interceptado por una motocicleta donde iban dos personas con cuchillo en mano y con su rostro totalmente cubierto por un pasamontañas, uno de ellos se acercó a Jayro Salazar y le propinó una puñalada en la pierna. El sujeto, antes de subir a la moto que lo esperaba, lanzó un papel que señalaba: primera advertencia: “_deja de meterte en lo que no te importa y deja de averiguar más de lo que debes o iremos por tu familia_”.
Los hechos denunciados por UDAPT revisten una gravedad inusitada y demuestran la impunidad del poder corporativo en América Latina y el Caribe. Las luchas dignas llevadas adelante por los pueblos de Ecuador, en defensa de los territorios que habitan, son absolutamente legítimas. Responsabilizamos al gobierno Ecuatoriano por la seguridad e integridad de todos los miembros de UDAPT y las comunidades con las que trabajan.
ATALC expresa su profunda solidaridad internacionalista con UDAPT, exige una investigación urgente de los hechos y la identificación de los responsables de las agresiones, que deben ser inmediatamente sometidos a la justicia.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Desde Otros Mundos Chiapas llamamos a la sociedad civil y a otras organizaciones a solidarizarse en la busqueda de #JusticiaParaSimónPedro y hacer un llamado a través de redes sociales para que las autoridades de Chiapas realicen la diligencias correspondientes de manera correcta. Súmate utilizando el hashtag #JusticiaParaSimónPedro este próximo martes 7 de febrero a las 10 de la mañana hora México.
La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Convoca:
A los medios de comunicación nacional e internacional, y a las organizaciones no gubernamentales, a que nos acompañan en en el tribunal de enjuiciamiento de Pichucalco, Chiapas.
Para el desahogo de las pruebas para el esclarecimiento del asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López.
Este 7 de febrero A Las 10:00 A.M.
Los esperamos
Atenta mente mesa directiva de Las Abejas de Acteal.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A enero 31 de 2023
PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO VALENCIA Y RICARDO LAGUNES
FUERA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO DE NUESTRO TERRITORIO !YA!
Enero 31 de 2023
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) exigimos al gobierno federal, como al gobierno de Michoacán y al municipal de Aquila, la presentación con vida de los compañeros Antonio Valencia y Ricardo Lagunes quienes fueron desaparecidos el día 15 de enero de 2023 cuando iban hacia la capital de Colima.
El profesor Antonio Valencia y Ricardo Lagunes se encontraban realizando actividades para la defensa del territorio por las consecuencias de la extracción minera Ternium. Lamentamos que el gobierno federal continue invisibilizando las consecuencias de la extracción minera en los territorios. Además de los impactos ambientales y para la salud, las empresas generan despojo y violencia. No es suficiente que las empresas justifiquen “responsabilidad social empresarial”, ni que “operan dentro del marco de la ley”, porque la vida de las comunidades y de las personas defensoras está en peligro.
La REMA responsabilizamos directamente a la empresa Ternium por la desaparición de los compañeros Antonio Valencia y Ricardo Lagunes y por la violencia generada en el municipio de Aquila que ha desatado múltiples asesinatos y otras desapariciones, así como a los tres niveles de gobierno por la falta de justicia en el territorio
¡YA BASTA DE ENCUBRIR A EMPRESAS MINERAS! DEFENDAMOS A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ¡ANTONIO VALENCIA Y RICARDO LAGUNES PRESENTACIÓN CON VIDA YA!
Atentamente
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos este comunicado de MiningWatch Canadá, Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y Otros Mundos Chiapas– A 23 de enero 2023
(Ottawa, Chiapas | 23 de enero de 2023) La Corte Suprema de Canadá se ha negado a escuchar una apelación de la familia del defensor del medio ambiente mexicano asesinado Mariano Abarca, cerrando efectivamente la puerta en Canadá a cualquier investigación sobre el papel que la diplomacia canadiense pudo haber jugado en poner en peligro la vida de Mariano.
Mariano Abarca, un líder comunitario en la lucha contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras canadienses en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado en 2009. Creyendo que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano en mayor riesgo en las semanas y meses previos a su asesinato, su familia presentó una queja bajo la ley de denunciantes de Canadá en 2018. Ignorando más de 1000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación.
Tras una revisión judicial, un juez del tribunal federal admitió que “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. No obstante, los recursos presentados contra la decisión del Comisionado no consiguieron que se abriera una investigación, y el 12 de enero del presente año la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia.
Dado que los mecanismos de rendición de cuentas en Canadá le han fallado a la familia de Mariano Abarca, ésta ahora acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.
“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, afirma José Luis Abarca, hijo de Mariano. “Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”.
La decisión de la Corte Suprema menoscaba el derecho de acceso a la justicia de los defensores del medio ambiente, según los abogados
El asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope, afirma: “Al negar la autorización para apelar, la Corte Suprema de Canadá ha puesto fin a la posibilidad de una investigación administrativa y judicial canadiense sobre las irregularidades cometidas por funcionarios canadienses en el caso de Mariano Abarca. La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”.
Shin Imai, del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), afirma: “Este caso va más allá de una mera investigación de los actos y omisiones de funcionarios canadienses de la embajada en México. Si el recurso hubiera sido aprobado por la Corte Suprema, habría sido la primera vez que el deplorable sistema denunciantes de Canadá hubiera sido omitido al escrutinio de la más alta Corte– con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero.”
El gobierno canadiense sigue dando prioridad a las empresas en detrimento de los derechos humanos
En 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188.000 millones de dólares– activos propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense.
La profesora Charis Kamphuis, también de JCAP, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá. Ella afirma que “los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. “Lamentablemente, en el caso de Mariano Abarca, los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.
Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), ha trabajado con la familia Abarca desde antes del asesinato de Mariano. Según él, “la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es decepcionante y reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.
Antecedentes:
Cronología detallada de Blackfire Exploration, Mariano Abarca y la Embajada de Canadá
Compartimos esta noticia publicada en Educa Oaxaca sobre el asesinato de los defensores del río Guapinol en Honduras – A enero 9 de 2023
El 7 de enero del presente año se registró el asesinato de dos defensores comunitarios de Guapinol en Honduras, Aly Domínguez y Jairo Bonilla eran los líderes comunitarios de la comunidad que durante muchos años se ha mantenido en resistencia ante los proyectos mineros que intentan imponer. Sus familiares exigen justicia ante estos crímenes que se integran a una dolorosa lista de 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal.
La lucha de la comunidad de Guapinol comenzó desde 2012 un año después de que se declarara “parque nacional protegido” a la zona donde nacen dos ríos importantes para estas regiones, los ríos Guapinol y San pedro, un logro comunitario que lograron durante muchos años. Sin embargo en 2012 de manera ilegal el congreso nacional de Honduras aprobó un decreto donde reducía las hectáreas de protección de dicho parque con el fin de que la empresa minera EMCO (ahora, Inversiones Los Pinares) estableciera una minera en la zona.
Desde entonces la lucha por la defensa del territorio y el agua ha permanecido y con ella diversos ataques a personas de la comunidad y defensores, a pesar de la múltiples denuncias que se han interpuesto, la autoridades estatales no han garantizado para protección a la integridad física de las comunidades en riesgo, pero también no han accionado en contra de las mineras que continúan dañando y contaminado los ríos y el ambiente a causa de la explotación minera.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen un cese a la violencia contra esta comunidad, las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos para poder acceder a la justicia y al mismo tiempo exigen la cancelación inmediata de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.
Compartimos esta información sobre la violencia y represión a defensores de la vida en El Salvador – A 11 de enero del 2022
San Salvador, 11 ene (EFE).- Habitantes de una comunidad del central departamento de Cabañas denunciaron este miércoles la captura de dos líderes comunitarios y de otras tres personas más por supuestamente estar involucrados en delitos cometidos antes del estadillo de la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
Se trata de 2 miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), una organización no gubernamental creada en 1993, y tres habitantes de la comunidad Santa Marta (Cabañas), quienes fueron arrestados por la Policía la madrugada de hoy, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.
Las personas detenidas responden a los nombres de Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas.
Según la fuente, a estas personas “se les vincula en un caso ocurrido entre los años 1973 y 1974”, según la Fiscalía, y “se les agrega el cargo de asociaciones ilícitas”.
Los habitantes denunciaron que “toda esta situación pone en evidencia la construcción de un caso de forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad Santa Marta y a ADES”.
Señalaron que los representantes de la Fiscalía les indicaron que las capturas “no tienen nada que ver con el régimen de excepción”, por lo que piden que “se siga un proceso apegado a la ley” y que “antes de 72 horas se realice una audiencia”.
El Salvador se encuentra en régimen de excepción desde finales de marzo de 2022 y a la fecha han sido capturados más de 61.000 supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas estructuras.
Tres organizaciones humanitarias denunciaron en septiembre del año pasado al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante dicho régimen.
La comunidad Santa Marta fue una de los lugares más golpeados durante el conflicto armando interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante de casos de violaciones de derechos humanos. EFE
