Oaxaca: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina

Compartimos este comunicado de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. y Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Oaxaca – A 24 de enero de 2021

Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

Imagen:

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Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico

Compartimos esta nota publicada en Ángulo 7 sobre la represión a quienes defienden la vida en la sierra norte de Puebla – A 14 de enero de 2021

Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, hicieron un recuento de diversas irregularidades como hostigamiento y criminalización, además de consultas simuladas para realizar el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la firma Deselec 1 Comexhidro.

Así consta en el documento denominado Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan. El caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, elaborado por Itzel Silva Monroy, experta en defensa de derechos humanos y colaboradora del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).

Dicho documento recordó que fue en 2009 cuando los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán otorgaron a Deselec 1 las licencias municipales de cambio de uso de suelo, construcción y movimiento de tierras y posteriormente en los años siguientes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE)Semarnat delegación Puebla, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología (INAH) le han ido otorgando permisos para continuar en su proyecto.

Criticó que el Estado mexicano también incumplió con su obligación internacional de efectuar un estudio de impacto social, ambiental y de derechos, previo al otorgamiento de los permisos que dan lugar al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Puntualizó que se otorgaron los permisos sin haber analizado los posibles impactos sociales y de derechos sobre las comunidades involucradas, y para el caso de los impactos ambientales.

Consulta pública fue simulada

Añadió que la Secretaría de Energía (Sener) organizó una supuesta consulta indígena, con base en la cual, tanto el Estado mexicano como la empresa, afirman que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 fue consentido.

Sin  embargo,  un  conjunto  de  irregularidades  son  las  que  caracterizaron  el  supuesto  proceso,  resaltando  ya  sólo  el  hecho  de  haber  sido  realizado  seis  años  después  del  otorgamiento de la primera licencia.

Finalmente, a  pesar  del  conflicto  social  que  este proyecto  había  detonado,  la  Sener  consideró  concluido el procedimiento de consulta respecto de las siete comunidades indígenas y determinó que fue consentido por los pobladores, aunque por ejemplo, en la comunidad de San Felipe Tepatlán, las autoridades alegan que no se pudo llevar a cabo la fase consultiva debido a que “fue viciada con la participación de comunidades fuera de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.

Irregularidades en juicio de amparo

Ante  el  cúmulo  de  violaciones  a  sus  derechos,  las  comunidades  totonacas  de  San  Mateo  Tlacotepec,  Altica  y  San  Felipe  Tepatlán,  con  el  acompañamiento  legal  del  Consejo  Tiyat  Tlali  y  de  Fundar,  presentaron,  el  4  de  abril  de  2016,  demanda  de  amparo en contra de las autoridades que otorgaron los permisos para el PHP1. Se trata del juicio 598/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa  y  de  Trabajo  y  de  Juicios  Federales  en  el  estado  de  Puebla.

Este documento señaló que a lo largo de estos años de juicio acontecieron irregularidades y que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, que nunca comparecieron al juzgado a confirmar su deseo de renunciar al juicio.

Además de la existencia de firmas en ciertos documentos que no fueron reconocidas por sus titulares o el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.

También se han dado situaciones  de  descalificación,  hostigamiento  y  criminalización,  no  sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes que forman parte de los Comités de Defensa del río Ajajalpan, del Consejo Tiyat Tlali y Fundar.

Revocar o no sentencia de 2019

Recientemente el Consejo Tiyat Tlali y Fundar lanzaron a través de la plataforma Change.org la petición dirigida para Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Distrito Consejo de la Judicatura Federal, de la cancelación de los permisos existentes dados a Deselec, pues rechazan la construcción de esta hidroeléctrica.

Este 14 de enero de 2021, el Primer Tribunal Colegiado decidirá si revoca o no la sentencia de octubre de 2019, cuando se negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.

Cabe mencionar que enero de 2020, el ayuntamiento de Ahuacatlán señaló que los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 son ilegales por lo que ya le fueron revocados a la empresa Deselec 1 Comexhidro, y cuya instalación daría electricidad a Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.

Imagen: Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico. Foto: Especial – Ángulo 7

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Presa Zapotillo no se desmantela, le dan 300 mdp en 2021; CONAGUA insiste en inundar

Compartimos esta nota publicada en el diario Perimetral sobre la presa Zapotillo – A 11 de septiembre de 2020

Por Jade Ramírez

Temacapulin, Jalisco 10 de agosto 2020.- “Estamos muy contentos porque el presidente de la República nos ha instruido de que no habrá más presupuesto para la presa del Zapotillo dado que ha pedido a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco que se sienten a trabajar alternativas con los pueblos, con los productores, con la ciudadanía en en general”, así resonó la voz de Gabriel Espinoza, vocero de los afectados ambientales por la presa Zapotillo, la noche del 13 de agosto de 2019 en Palacio Nacional.

Salían de reunión con Andrés Manuel López Obrador quien se convirtió en el primer presidente de México en recibir una lucha longeva como es la de Temacapuli y Acasico contra la presa El Zapotillo; antes se sentó con los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Diego Sihue de Guanajuato con quienes acordó: no destinarle más recursos al megaproyecto del trasvase del río Verde y trabajar en conjunto “las alternativas. Eso no pasó.

Al revisar el proyecto de Egresos de la Federación para 2021 se lee en la página 128 que a la presa El Zapotillo se le destinarán 300 millones de pesos “con la cual se podrá continuar con la construcción de un proyecto que incluye el sistema de captación, conducción, potabilización y distribución de hasta 3.8 m3/s de agua potable en su primera etapa”, cita el párrafo que se encuentra en el apartado Infraestructura Hidroagrícola, agua potable y saneamiento, dentro del apartado 1.2.3.1 titulado “prioridades de inversión 2021” donde encabeza la lista el Tren Maya.

En agosto del año pasado explica Claudia Gómez, el presidente fue claro con los dos grandes grupos alrededor del conflicto socio-ambiental entre Jalisco y Guanajuato: no se desmantela la represa, pero no se incrementa la altura. No se derriba la obra ni se opta por la iniciativa de pozos profundos, pero también se pretende “salvar” a los pueblos.

¿Ese recurso para qué se usa? pues básicamente para obras de mantenimiento aunque había el compromiso saliendo de la renión con el presidente de que no se iban a etiquetar recursos para la presa mientras no se resolviera el conflicto. Nos pidieron en una reunión con el presidente y después la secretaria de la presidencia y Conagua que necesitaban ese recurso para evitar accidentes o el derrame de una ladera con un deslave, esos conductos se podrían tapar y producir un llenado prematuro de la presa; las comunidades aceptaron esas obras de mantenimiento para evitar un accidente.

CONAGUA insiste en 105 metros de altura en la cortina e inundar los pueblos

La información a la que se ha acercado Perimetral, es que la Comisión Nacional del Agua es la dependencia que insiste en incrementar la altura de la cortina de 80 metros a 105 metros de altura como lo exigen los gobernadores de ambos estados; la idea es captar agua del río Verde para acumular el mayor flujo de agua, aunque no existe Medición de Impacto Ambiental aprobada por la SEMARNAT para ello.

Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 resolvió una controversia constitucional que mantiene detenida la obra a una altura de 80 metros. Es importante recordar que a 105 metros de altura, los tres poblados desaparecerían.

Gómez Godoy, asesora legal de los pueblos en oposición al megaproyecto pone luces en cuidar cómo se usan los 300 millones de pesos, tomando en cuenta que para terminar la presa al proyecto ejecutivo se requieren 3 mil millones.

Sí lo que vamos a solicitar es monitorear ese recurso en qué se va. Esos 300 millones es lo que se gastan como en 10 días y sabemos que el proyecto no está cancelado, está latente. No se han podido iniciar las mesas de negociación por la pandemia y porque estamos esperando la entrega de información. Nosotros creemos que es momento de dejar de apostar a los grades proyectos de desarrollo, de obra hidraúlica y apostar por soluciones pequeñas que puedan resolver los conflctos que hay y las necesidades en las ciudades: es momento de repensar qué tipo de almacenamiento de agua y generación de energía necesitamos.

Lo que llama la atención en la narración del proyecto que envía el presidente López Obrador a discutir entre diputados, es que el discurso se mantiene completamente alejado del concepto de gestión integral del agua y sigue siendo extractivista como acaparador de recursos naturales; el gobierno federal y la Cuarta Transformación no rompen con el modelo de desarrollo basado en la depredación, pues justifica que el proyecto “beneficiará a 1.4 millones de habitantes en León, Guanajuato y forma parte de la reactivación económica del país al generar muchos empleos”. Un argumento escuchado durante 13 años a la CONAGUA.

En un año no se eligieron alternativas a la millonaria represa

Lo que parecía claro en septiembre de 2019 no se logró. Al no realizarse las reuniones de trabajo para definir alternativas de una gestión integral del agua que permitiera asomar la posibilidad de desmantelar el megaproyecto transexenal, a los 70 mil millones de pesos erogados hasta 2020, se le suman 300 más para el próximo año.

Lo que hubo fueron reuniones en la Cd de México y un foro en Guadalajara donde desfilaron opiniones de académicos sobre cómo administran el agua en Estados Unidos y una propuesta de crear una red de pozos profundos para sostener la necesidad de abastecimiento de agua.

Se trató de mesas de trabajo de sociedad civil y el movimiento antirrepresas, pero no asistieron los gobernadores o la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros de quien se cuestiona si es aliada de la gestión integral del agua y los pueblos o de los empresarios.

Aunque se ha pretendido retomar los diálogos y mesas de trabajo, por la pandemia se ha sugerido por la vía virtual, pero para Temacapulin eso resulta imposible. De nuevo está sin telefonía celular y a decir de la abogada, en el contexto rural las cosas se manejan diferente.

Por décimo tercer año consecutivo, la presa El Zapotillo es un megaproyecto del que han quedado documentados los daños en dos sexenios, pero al que se le siguen destinando recursos y definitivamente, no se va a desmantelar la represa, entrará en algún momento en operación y Jalisco va a tener que resolver de otra forma, cómo alimenta las demandas de agua para Guadalajara y la zona de los Altos de Jalisco, la agrícola, líder productora de huevo y en clara aceleración de desertificación.

A los 300 millones de pesos para la presa Zapotillo sin uso, aparecerán otros rubros como millones para terminar la construcción del centro de reubicación en Acasico, regularizar los predios ilegales a donde desplazaron familias de Palmarejo, e inyección financiera, de nuevo, para el Acueducto Zapotillo-León que ni siquiera ha iniciado su construcción, por estar también, impugnado y congelado jurídicamente.

Guanajuato sin saneamiento

Gustavo Lozano de Acción Colectiva, agrupación que inició un litigio contra la industria curtidora en León en la contraloría del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable porque 259 millones de litros diarios en “La capital de los negocios”, no son tratados , califica que el gobierno federal etiquete más dinero en 2021 a la represa, como de innecesario.

Nos parece un gasto innecesario en un contexto en el que las inversiones se deben cuidar mucho y el Sistema de Agua Potable de la ciudad de León contribuye a la contaminación a la cuenca del río Turbio, que es la ruta por la cual el SAPAL debería regresar aguas limpias al estado de Jalisco cuando llegara a recibir agua del Zapotillo; esto significa que ni León está listo para, de llegarse a concluir el proyecto y operar, cumplir con la parte que le corresponde a León respecto de Jalisco.

Justo en la tabla de asignación de recursos por sector, subsector y fuentes de financiamiento, los más de 3 mil millones de pesos en infraestructura hidroagrícola, salen de la captación fiscal.

A la presa Zapotillo lo respaldan las bancadas de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional por los beneficios que representa para los dos gobernadores que heredaron de otros panistas, la conclusión del proyecto.

Difícilmente habrá contrapeso o negativa entre los diputados para excluir 300 millones de pesos del proyecto de egresos que el presidente López Obrador a través de su operadora del agua, Blanca Jiménez, le destina al megaproyecto en 2021.

Imagen: Carlos Domínguez

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Video: COPUDEVER – 13 años resguardando al río Verde

Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020

El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.

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CFE obligada a pagar 200 millones de dólares, por no garantizar construción de hidroeléctrica Chicoasén II

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.

El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.

Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.

Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».

Imagen: Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo

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El COPINH sobre desvinculación del BCIE al proyecto Agua Zarca

Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de abril de 2020

El COPINH sobre la desvinculación del BCIE al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, comunica lo siguiente:

La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.

El BCIE, sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento sino que vendió el mismo a un consorcio suizo. Lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres.

El COPINH rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la Consulta Previa cuando su “desvinculación” viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco, la muerte de por lo menos 6 compañeros y compañeras de esa comunidad y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional.

El COPINH exige que el BCIE realmente respete el derecho de consulta y no continúe financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, que afecta a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios

El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto, sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.

A más de 4 años de su muerte, Berta Cáceres sigue obteniendo victorias.

¡Berta Vive y vive!

Dado en La Esperanza a los 20 días del mes de abril del 2020

Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.

Imagen: COPINH

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[Video] Aguas para la vida, no para la muerte

El pasado 14 de marzo conmemoramos el Día Mundial en Defensa de los Ríos y en contra de las represas en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”. Elaboramos el siguiente video que compartimos con ustedes:

El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte

Les compartimos un poema dedicado a este hermoso río, símbolo de fuerza, dador de vida, albergue de rica fauna acuática. Muchas personas sobreviven con el producto de la pesca, además sus frescas aguas es deleite de bañistas y sobre todo es agua que pobladores de la cabecera municipal y muchas comunicades se abastecen de este vital líquido para cubrir sus necesidades en el hogar.

Desafortunadamente está destinado a que sis aguas se contamiene con la actividad minera, e ahí la lucha para que esta mortal actividad no se active nuevamente.

Cacaluta

Autor: Prof. Luis Rojas Nomura, Acacoyagua Chiapas, Febrero 2017

Tu origen en las refulgentes e intrépidas montañas, Que vierten día y noche el fluido milagroso, Alentando vidas de los mundos que recorres, Preservando el hoy y la dicha del mañana.

En las profundas cañadas que es tu suelo, Mismo que acaricias con tu húmedo andar, Que a tu paso cantas y llevas esperanzas, Hasta llegar feliz al alejado mar.

“Cacaluta” es tu nombre de singular cariño: Eres río, eres agua, eres lágrima del gran creador, Eres fuerte, eres vida, eres ángel de bondad, Eres mago, eres lluvia y nube de amoroso llanto.

Serpenteando corres entre llanos y cascadas, Frondosas sombras que árboles prodigan, Hacen que tus corrientes bullangueras, Den el toque gentil de mis recuerdos.

Desde lo lejos vienes acariciando tu inerte lecho, Que sienten tu frescura y tenues mimos, Quiénes como aves o pasajero viento, Arrullan el suave adiós que nunca vuelve.

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Comunidades de Oaxaca denuncian nuevo intento de construir presa en el Río Verde

Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020

Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.

En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20 de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, promovido por la empresa ENERSI.

La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.

El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el 08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.

La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.

El proyecto  hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.

A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180 metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.

Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura, resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de AMLO.

El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.

Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.

Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca

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En solidaridad: 14 de marzo y las luchas de las afectadas y los afectados por represas

Compartimos el comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) a propósito del día mundial en defensa de los ríos – A 13 de marzo de 2020

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- manifiesta su solidaridad con las organizaciones, procesos y comunidades que integran el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica –MAR- y con todos los pueblos que luchan por el cuidado de la vida y la defensa de los derechos, contra la impunidad de las empresas transnacionales que en su afán de lucro con la construcción de grandes represas han despojado y afectado criminalmente a familias y comunidades del continente y del mundo.

Este 14 de marzo nos sumamos a las movilizaciones que el MAR desarrolla en diversos países y reconocemos la importancia de este día de acción para la exigencia de reparación a todas las familias y víctimas de la acción criminal de las empresas. También así exigimos políticas gubernamentales adecuadas para enfrentar estas injusticias y para acabar con la impunidad que garantiza a las transnacionales la continuidad de su destructiva actuación.

En el marco de esta acción colectiva recordamos a los pueblos de Mariana y Brumadinho, y a las compañeras/os que han sido asesinadas/os y criminalizadas/os como consecuencia de sus justas luchas. Su legado acompaña nuestro accionar en la búsqueda de la soberanía de los pueblos, la justicia y la defensa de los territorios y derechos.

Asimismo, y en correlación directa, llamamos a los movimientos sociales a continuar la lucha por la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos –Tratado Vinculante- que ponga fin a la impunidad y aporte a la búsqueda de la justicia.

Hacemos también un llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con la justa lucha de las/os afectados por represas y a expresar esa solidaridad en la movilización continua en apoyo a las víctimas y afectadas/os por el modelo energético en manos del poder corporativo transnacional.

Con el Movimiento de Afectados/as por Represas decimos en una sola voz:

¡Agua y Energía no son mercancías! ¡Aguas para la Vida, no para la muerte!

Firma

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – Marzo 13 de 2020

Imagen: Movimiento de Afectados/as por Represas -MAR.

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[Fotos] Día mundial en Defensa de los Ríos y en Contra de las Represas

Les compartimos algunas fotos de la acción mundial en contra de las represas y por los ríos libres que conmemoramos en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con algunos integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio»

El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte

Lee el comunicado Día mundial de acción en defensa de los ríos y en contra de las represas,14 de marzo.

Día mundial de acción en defensa de los ríos y en contra de las represas,14 de marzo

Comunicado de la Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala integrada por diferentes movimientos, colectivo y organizaciones – A 14 de marzo de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<

Ante los evidentes acontecimientos en nuestras diferentes comunidades y pueblos, por la imposición de proyectos hidroeléctricos que responden a la política energética y el modelo energético implementado en México y Guatemala, para saciar los intereses de un modelo económico depredador demandante de energía; ante la invasión y despojo de los territorios, criminalizando a los pueblos que defendemos la vida y la madre tierra.

Las y los defensores de la tierra y la naturaleza; líderes y lideresas comunitarias de los territorios de Chiapas y Guatemala, unidas y unidos por las cuencas del Usumacinta y El Grijalva, exigimos la cancelación total de los proyectos hidroeléctricos concesionados a empresas nacionales y extranjeras. Porque es a través de la construcción de estos proyectos que los gobiernos, las bancas financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas pretenden imponernos su desarrollo. Un desarrollo que impone un modelo de vida que nos señala a nosotros, los pueblos mesoamericanos como “subdesarrollados”, como un estorbo, discriminando así nuestras decisiones acerca de nuestro territorio con el fin de generar ganancias económicas para las empresas y las familias oligarcas implicadas, pero no para los pueblos.

Por lo que rechazamos rotundamente los proyectos hidroeléctricos, que son producto de la ambición empresarial, ocasionando en nuestros pueblos división, represión, despojo y el aumento de la violencia, en especial hacia las mujeres.

Además, los proyectos hidroeléctricos que promueven los gobiernos y las empresas son proyectos que obedecen a un modelo energético capitalista, que abastece de energía a la producción industrial (minería, industria cementera, industria papelera, entre otras), además se genera a través de la explotación y extracción de nuestros ríos y montaña,destruyendo nuestros ríos y nuestros ecosistemas y provocando contaminación, enfermedades y muerte en nuestros territorios. Las organizaciones, movimientos y luchas de afectados y afectadas por represas sabemos que la energía que se produce no es para el consumo energético que prioriza las necesidades comunitarias sino para la industria, por lo que no queremos su llamada energía renovable o limpia. ¡Queremos energía para los pueblos y no para las empresas!

Este 14 de marzo, las organizaciones y resistencias que hacemos parte de la Escuela de Justicia Energética de Chiapas y Guatemala: Exigimos el respeto de nuestros derechos y de nuestra autodeterminación como pueblos originarios. Como pueblos ancestrales, comunidades rurales y campesinas, somos protectoras y guardianas de nuestra naturaleza y ejercemos nuestro derecho a decir !No a las hidroeléctricas! Sí a disfrutar con paz, tranquilidad y armonía nuestros bienes comunes y de la madre tierra.
Como pueblos hermanados, somos hilos de unidad entre México y Guatemala en defensa del territorio; buscaremos siempre en esta unidad fortalecernos para la defensa se nuestros ríos, con valentía y de pie. Para que nuestros pueblos y ríos sean siempre libres.

¡Pueblos y comunidades unidos contra los proyectos de muerte!
¡El agua es nuestra, las represas la secuestra!
¡La vida es agua, la represa es muerte!
¡Mujeres, agua y energía no son mercancía!

Escuela de Justicia Energética Binacional México-Guatemala
Consejo del Pueblo Maya -CPO-; Frente Petenero de Afectados por Represas; Asociación de Comunidades en Resistencia de Ixcan y la Zona Reina; Frente Metropolitano por la vida y el Territorio; Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio; Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio; Frente Cívico Tonalteco; Frente Popular en Defensa del Soconusco; La Voz del Pueblo; Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.; Otros Mundos A.C.; Comunidades de base en resistencia

Imagen: Ofrenda al Río Cacaluta por parte del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Aacacoyagua, Chiapas. 14 de marzo 2020 Crédito: Área de comunicación Otros Mundos

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Jalisco: Invierte el gobierno federal $500 millones en la presa El Zapotillo

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la presa el Zapotillo – A 17 de febrero 2020

Niega Conagua desacato a la SCJN – No se elevará la cortina sin aval de los habitantes, asegura

Por Juan Carlos G. Partida Corresponsal

Guadalajara, Jal., El gobierno federal realiza obras con una inversión de al menos 500 millones de pesos, las cuales considera urgentes para proteger y dar mantenimiento a la presa El Zapotillo, a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las autoridades ejerzan cualquier acto de autoridad que viole los derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comunidades amenazadas con ser desplazadas por la inundación que provocaría el embalse.

A partir de una visita de inspección que realizaron el pasado 14 de febrero, habitantes de la región, a quienes se les permitió por vez primera el acceso a los trabajos, cuyo proyecto fue anunciado hace casi 15 años, señalaron que con las labores en la presa la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en efecto pretende cuidar el embalse, pero se ha desestimado la protección a los lugareños y a sus poblados.

La obra sigue avanzando y la amenaza sobre los derechos de las comunidades está ahí, porque todas las obras que se hacen son para proteger la presa. Nos queda muy claro a nosotros como comunidades que Conagua lo que está protegiendo es la infraestructura de esta obra hidráulica, reprochó Gabriel Espinoza, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Trabajos urgentes: Conagua

Las labores que se efectúan son urgentes, indicó José Luis Acosta, director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, quien estuvo a cargo de responder dudas que le plantearon los visitantes, entre quienes se hallaron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhj), así como activistas del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), y del Colectivo de Abogados y Especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

Los trabajos implican edificar un tanque de amortiguamiento cuyo costo se calcula en 300 millones de pesos, con el que se busca evitar un derrame catastrófico en caso de que ocurriera en el río Verde una avenida de agua tan fuerte que superara los 80 metros de altura de la presa.

También se han construido represas aguas arriba de la cortina de El Zapotillo para retener troncos o maleza que pudieran obstruir el canal de desvío, el cual está a punto de ser concluido y forma parte de elementos provisionales necesarios para permitir que fluya el agua del Verde en tanto se decide el destino final del embalse.

De igual manera, se refuerzan las laderas con concreto para evitar derrumbes de tierra y rocas sobre la presa. Una caída de material ocurrió durante la visita de inspección en una de las áreas sin reforzar, que no dejó daños mayores pero obstruyó un camino durante unos minutos, hasta que llegó maquinaria para reabrir la ruta.

Acosta aseguró que la Conagua ha respetado la sentencia de la SCJN. No rebasamos la elevación (de) 80 (metros) y se cancelaron todos los conceptos de obra que estaban hacia arriba, y lo único que se hizo fueron la obras necesarias para brindar la seguridad física, porque la inversión federal que se ha hecho es muy grande.

El funcionario calculó que una vez realizadas estas labores se requerirá que el gobierno federal se encargue del mantenimiento del embalse, que costará unos 40 millones de pesos anuales.

En lo que se resuelve de fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo monitoreo ambiental, la instrumentación sísmica, de inclinómetros, la vigilancia, el mantenimiento de caminos. Son cosas elementales pero que se tienen que hacer, afirmó.

En su resolución de la controversia constitucional 93/2012, la SCJN determinó anular un convenio suscrito en 2007, que permitía que la presa fuera construida con una cortina de 105 metros y evitar cualquier acto de autoridad que pudiera afectar intereses de ciudadanos y habitantes de Jalisco respecto a la dotación de agua que corresponde al estado.

La impresión de los pobladores de que la edificación continúa, si bien no se aumenta el tamaño de la presa, fue compartida por la Cedhj y por el Imdec.

Prevalece la incertidumbre que implica aspectos técnicos para saber si las obras que se están realizando entran en el rubro de acciones de protección para la población. No se tiene un estudio ni acciones de protección civil ante una eventualidad. El riesgo no sería solamente para las poblaciones aguas abajo, sino para Acasico, Palmarejo y Temacapulín, porque el embalse crecería, dijo Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Cedhj.

Si bien el ombudsman ponderó la apertura del gobierno federal para dejar entrar a la presa por primera vez a los pobladores de las comunidades que podrían ser perjudicados por el embalse, recordó que sobre la presa pesan dos recomendaciones de la Cedhj, porque desde que comenzó a edificarse se violaron derechos humanos.

La obra nació sin garantizar el derecho a la consulta, sin tomar una serie de medidas para mitigar depreciación de inmuebles, falta de servicios públicos, hostigamiento de autoridades y desplazamiento de personas. Pese a que hay dos recomendaciones en lo sustancial no se avanzó, al contrario, los tres gobiernos involucrados no han entrado al fondo del asunto, agregó.

María González Valencia, del Imdec, señaló que durante la inspección se constató un fuerte impacto y deterioro ambiental de la cuenca, pero en particular una inversión que no cesa para mantenimiento, pero no para salvaguarda de la seguridad de las personas y las comunidades.

Javier Claussen, especialista en presas y académico del Iteso, quien coordinó a un grupo de estudiantes durante la visita, consideró que los trabajos del gobierno federal claramente determinan que se decidió dejar la cortina del embalse a 80 metros de altura y no hay visos de que pudiera ser derrumbada, como demandan las comunidades.

Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la Presidencia de la República, quien fue enviado para estar a cargo de la inspección, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claros dos principios sobre El Zapotillo: la presa no aumentará de tamaño sin la aprobación de las comunidades que serán afectadas, pero tampoco será destruida para no desperdiciar la multimillonaria inversión que se ha hecho en ella.

Quienes hablaron escasamente, mostrando sentimientos encontrados por estar en la cresta del dique, fueron dos pobladores de Temacapulín, María Abigaíl Ramos y Alfonso Íñiguez, quienes desde casi 15 años atrás, cuando se anunció el proyecto, cambiaron sus tranquilas vidas por el activismo en defensa de su tierra, de sus casas, de sus descendientes y de sus muertos.

Imagen: En la presa El Zapotillo, en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua realiza obras de mantenimiento a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la amenaza que representaría para las comunidades aledañas.Foto Arturo Campos Cedillo

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