Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.
En este tercer capítulo, les compartimos el testimonio de una participante a la Escuela Popular Ejidal y comunal donde nos cuenta algunas de las amenazas que enfrenta el territorio zoque.
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Compartimos esta carta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 2 de agosto del 2021
Solicitud de incorporación del COPINH y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión Del Río Gualcarque en Honduras
Sala de lo Constitucional.
Corte Suprema de Justicia de Honduras.
En fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. Esto debido a la decisión de excluirles como víctimas, por parte de la corte de apelaciones en fecha 28 de agosto de 2019, del proceso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” que se desarrolla en el circuito anti corrupción.
El caso de Fraude Sobre el Gualcarque desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Redes de Corrupción, UFERCO, en contra de funcionarios públicos por suponerlos responsables de delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a desarrollarse sobre el Río Gualcarque de la comunidad indígena Lenca, es reconocido nacional e internacionalmente debido a sus implicaciones en materia de corrupción, respeto de derechos de las comunidades indígenas así como en temas de empresas y derechos humanos.
La comunidad Lenca de Río Blanco junto al COPINH han denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de corrupción con los que pretendidamente se autorizaron permisos y licencias para la operación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, fueron el origen de una serie de acciones de violencia, estatal y no estatal, que han sufrido durante más de 10 años. Dentro de estos actos violentos se han denunciado la vulneración al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras y asesinatos, incluyendo los asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres.
Reconocemos que la norma interna hondureña en el código procesal penal en su artículo 17.3 establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, así como lo reconocen los instrumentos internacionales de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la asamblea general de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Lo anterior ha sido ampliamente expuesto en los tres Amicus Curiae incorporados en el proceso por parte de las organizaciones expertas internacionales de Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. https://n9.cl/d5vk9
Hemos tenido conocimiento de la convocatoria para el inicio del juicio para la fecha del 17 de agosto del presente año, lo cual implica un corto periodo de tiempo para la incorporación de las víctimas en el proceso. El inicio del juicio de Fraude sin la resolución del recurso de amparo interpuesto por la organización del COPINH significa la pérdida del derecho y pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos.
Las organizaciones abajo firmantes, por lo anterior, exhortamos a esta honorable sala de lo constitucional a:
1. Resolver de manera expedita y en el marco de la legalidad la acción de amparo interpuesta por la organización del COPINH del pueblo indígena Lenca antes del inicio del juicio del caso Fraude Sobre el Gualcarque.
2. Tener en consideración para la resolución los instrumentos internacionales en materia de corrupción y derechos humanos, así como de pueblos indígenas.
3. Tener en consideración los amicus curiae introducidos por las organizaciones expertas internacionales Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación Para el Debido Proceso, DPLF y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH.
Cordialmente.
Imagen: Río Gualcarque – COPINH
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En el marco del Taller por la Defensa de los Territorio les compartimos esta invitación para participar en el foro: Colapso Ambiental: Expresiones y Perspectivas este jueves 5 de agoto a las 4:30.
Participaran integrantes de la REMA, ALAMES MÉXICO, entro otros.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de julio del 2021
La REMA expresa su profunda preocupación por el bienestar y la seguridad de la compañera Olga Velázquez del Comité Ambientalista del Valle de Siria en la municipalidad de Cedros, departamento de Francisco Morazán, Honduras, ante el acto de intimidación e intromisión de forma violenta a su domicilio, que sufrió por la noche del 28 de julio en su casa.
Olga Velázquez es una defensora del medioambiente y de la salud de los pueblos en la municipalidad de Cedros y miembro del Comité Ambientalista del Valle de Siria que ha llevado a cabo una lucha histórica en contra de los daños a la salud generados por la extracción de oro de la mina San Martín propiedad de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora fusionada con la empresa minera estadounidense Newmont), la cual operó en Valle de Siria del año 2000 al 2008.
En 2012, la REMA participó junto con el Comité Ambientalista del Valle de Siria en el Tribunal Popular Internacional de Salud en donde se demostró la documentación de los severos daños a la salud de la población que vive en el entorno de la extracción minera, evento en el cual se hizo un fuerte señalamiento, en especial, a las operaciones de la empresa Goldcorp, la cual operó y genero los mismos daños tanto en Honduras, como en Guatemala y México. Este intercambio de experiencias fue fundamental para informar a los pueblos de los tres países que participaron, de tal manera que facilitó el análisis sobre la similitud de los resultados sobre los daños que vive la población no importando la región, la zona o el país en donde se encuentre. Desde entonces, ese bagaje de daños ha sido compartido en muchos pueblos de México, lo cual ha ayudado a fortalecer muchos procesos de resistencia.
Actualmente, la lucha por la vida ante la megaminería en el Valle de Siria vuelve a levantarse por la reactivación de una mina de barita en la aldea Montañita en la municipalidad de Cedros, por lo tanto, derivado del contexto anterior y de la importancia del trabajo del Comité Ambientalista Valle de Siria y en especial de la compañera Olga Velázquez, no tenemos duda que nuevamente está siendo hostigada por su reconocido papel y liderazgo en defensa de la naturaleza y de la vida.
Cabe mencionar que durante la tarde-noche del miércoles 28 de julio, hombres vestidos de policía, pero sin identificaciones que lo confirmaran, irrumpieron sin ninguna justificación a la casa de la defensora. La defensora informó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que a eso de las 8:00 PM aproximadamente, cinco hombres vestidos con uniformes de la Policía Preventiva llegaron a su casa y, abusivamente tres de ellos ingresaron a la misma, dos al patio y uno entró hasta el corredor. Según señaló la defensora, le hizo raro que llegaron preguntando dónde quedaba la Iglesia Católica.
Además, señaló que no se transportaban en una patrulla policial como es debido, sino que ellos andaban en un carro Hilux, color gris, con placas 04919 y vidrios polarizados. La defensora dijo al COFADEH que, días antes un carro similar, se estacionó frente a su casa y con ellos andaba una patrulla.
Condenamos este acto de intimidación y persecución a Olga Velázquez y exigimos que las autoridades nacionales e internacionales le brinden la protección necesaria a la defensora. Estaremos pendientes ante la lucha en contra de la minera en el Valle de Siria y por la seguridad de la compañera, tal como para seguir denunciando estos recurrentes amenazas y ataques a quienes optan por la vida y la salud de los pueblos ante el modelo minero de muerte.
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Confidencial HN
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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la reciente represión a las y los defensores del humedal en Xochimilco – A 27 de julio del 2021
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos la violenta represión de la que fueron victimas las y los defensores del territorio de Xochimilco el viernes pasado en la CDMX, por un escuadrón de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que golpearon y maltrataron a las y los defensores.
Esto sucedió mientras la Coordinadora de Pueblos y Barrios de Xochimilco se manifestaban pacíficamente frente al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, para exigir que el Tribunal resuelva dos recursos de revisión que están pendientes para los pueblos de Xochimilco, a causa de la pretensión de construir de forma ilegal el puente vehicular de Cuemanco que afectará gravemente el humedal.
Las y los chinamperos han venido denunciando desde hace más de un año el daño irreparable que traerá el puente para su actividad y para las especies endémicas y migratorias de la zona lacustre. Asimismo, han denunciado que esto traerá graves consecuencias para el abastecimiento de agua a corto plazo.
Desde la REMA exigimos al Décimo Tribunal Colegiado que resuelva los recursos de revisión interpuestos por los pueblos de Xochimilco. Exigimos igualmente a Claudia Sheinbaum un alto total a la represión a las y los defensores del territorio en la CDMX.
¡BASTA DE REPRIMIR A LOS PUEBLOS POR DEFENDER SU TERRITORIO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Cuartoscuro
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Compartimos esta petición de Salva la selva para exigir justicia para Simón Pedro y seguridad para su familia y demás integrantes de las Abejas de Acteal – A 27 de julio del 2021
Petición para firmar y difundir
Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva:
Ser defensor de la naturaleza y los derechos humanos expuso a Simón Pedro Pérez López al peligro. El 5 de julio, un individuo se le acercó en motocicleta y lo asesinó de un disparo en la cabeza. Sucedió en en Chiapas, México, concretamente en Simojovel, cuando se encontraba en el mercado con su hijo.
Simón Pedro era defensor de los derechos humanos, y acompañaba a comunidades indígenas Tsotsiles y Tseltales que denuncian proyectos extractivos y la violencia estructural y continuada en la región de los Altos de Chiapas. La situación de emergencia y peligro en la zona persiste para varias comunidades.
El contexto es complejo. Muchas personas se han visto obligadas a desplazarse por la violencia que existe en la región, y por la acción del crimen organizado. De ello se benefician las empresas extractivas que buscan un acceso al territorio para llevar a cabo sus proyectos.
Por favor, solidarízate y firma la petición exigiendo justicia para Simón Pedro, seguridad para sus familiares y personas allegadas y la actuación del Estado mexicano para llevar a cabo la prevención integral de la violencia contra las personas y comunidades indígenas en el estado de Chiapas.
Muchas gracias como siempre. Un saludo cordial,
Guadalupe Rodríguez
Las defensoras y defensores de la selva se activan rápidamente cuando la selva está en peligro. Por eso, necesitamos fondos para prestarles nuestro apoyo directo. Por favor, ayúdanos con una donación para que podamos seguir salvando las selvas y apoyando a sus defensoras y defensores.
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En nuestra emisión mensual de agosto del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la situación tan complicada y difícil por la que esta pasando Haití y la resistencia de su pueblo en la búsqueda de una vida digna, así que acompáñanos este martes 3 de agosto a las 6 pm.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 3 de agosto a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
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Compartimos este comunicado de la Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el pueblo Haití – A 21 de julio del 2021
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.
Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:
• La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020.
• La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres.
• Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
• Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración.
• Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.
A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.
Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.
Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.
La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.
Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Julio de 2021
Imagen: ATALC
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Compartimos esta entrevista de Código Sur a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los retos de cuidar el medio ambiente – A 16 de julio del 2021
El Estado de Chiapas, al sur de México, se caracteriza por su espíritu rebelde. Desde la insurrección del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, Chiapas se posicionó como un punto de referencia a nivel global para quienes estudiaban los efectos de la globalización y las alternativas al sistema neoliberal dominante.
Pero más allá de la pobreza y la desigualdad que inspira el espíritu rebelde de este Estado, Chiapas es una de las regiones más ricas en recursos naturales de todo México. Desde minerales preciados – como el oro y la plata – hasta gas natural y petróleo, la región se ha convertido en el blanco de empresas extractivistas transnacionales, especialmente desde la aprobación del NAFTA.
Es en ese contexto en que la organización Otros Mundos, una asociación civil sin fines de lucro que lucha, desde el 2006, por preservar la naturaleza y apoyar a las comunidades locales afectadas por las dinámicas de explotación en la región.
En este proceso, Otros Mundos se ha sumado a la infraestructura de Código Sur para mejorar los procesos de uso de tecnologías de la organización. Conversamos con Gustavo Castro, fundador y director de Otros Mundos, sobre el rol de la tecnología en su lucha por preservar el medio ambiente en Chiapas.
Código Sur: Desde hace un tiempo, Otros Mundos ha alertado sobre los ataques de grupos paramilitares contra diferentes organizaciones sociales, más recientemente contra CDH Fray Bartolomé de las Casa (Frayba). Estas organizaciones criminales, ¿estarían interviniendo las comunicaciones de los movimientos sociales? Y de ser así, ante la inacción del Estado, ¿qué medidas están tomando para contrarrestar esta amenaza?
Gustavo Castro: Desde hace años los diversos grupos armados han agudizado su violencia en diferentes partes del estado. En Aldama, Chenalhó, Ocosingo, Carranza, Pantelhó, entre otros municipios. Los conflictos por tierras, por el control político, económico, social, territorial. Aunque su capacidad organizativa y la impunidad con la que operan es alta, no consideramos que tengan la capacidad técnica ni financiera para intervenir comunicaciones de los movimientos. Sin embargo, en la medida en que haya grupos armados vinculados con el crimen organizado, es posible que sí tengan éstos últimos dicha capacidad.
CS: Otros Mundos ha lanzado la Escuela Ejidal y Comunal, como parte de sus esfuerzos de formación a personas que luchan por defender el medio ambiente. ¿Cómo se implementan tecnologías seguras y libres en estos procesos formativos y en la articulación con las comunidades para dar seguimiento a los aprendizajes colectivos generados en la escuela?
GC: Este es un punto muy débil en el movimiento. No solo para los participantes en la Escuela Popular Ejidal y Comunal, sino en la Escuela de Justicia Energética y otros procesos y redes sociales locales. Las personas en las comunidades, a lo mucho, cuentan con la herramienta de Whatsapp. No conocen Telegram o Signal, no se conocen otras vías de comunicación, no se conoce el Zoom u otras herramientas. No hay cobertura de internet, en algunos casos las personas utilizan las redes de WiFi públicas de las presidencias municipales, que son redes abiertas e inseguras, porque no hay otra opción. Quienes tienen celular suelen tener equipos básicos, o no cuentan con información necesaria para darle mantenimiento, para ampliar la memoria de los dispositivos. No cuentan con una computadora para bajar sus archivos fotos etc. y simplemente llega un punto en que se saturan sus teléfonos. “No tengo espacio para más,” nos dicen, y claro, mucho menos tendrán espacio para bajar otra aplicación como el Signal, por ejemplo.
CS: Sabemos que Otros Mundos, como organización que promueve la protección del medio ambiente, enfrenta amenazas constantes. ¿Qué medidas de seguridad han tomado como organización para fortalecer su portal digital y sus comunicaciones?
GC: Sumarnos a Código Sur. Usamos Signal para las comunicaciones, usamos respaldos en discos duros seguros. Algunos de nosotros usamos software libre, no todos ya que algunas herramientas de diseño, y de comunicación, a veces resultan incompatibles con otros equipos.
CS: ¿Cómo concibe Otros Mundos la relación entre la protección del medio ambiente y la utilización de software libre?
GC: El principal beneficio del software libre para el medio ambiente es no requiere de compras de programas o equipos de mantenimiento. Esto permite reducir el consumo comercial de software, que a su vez conlleva a una reducción en el consumo de otros insumos conexos al software privativo, que a su vez requieren una actividad extractiva intensa de energía, agua, minería, papel, combustibles fósiles, etc. El software libre desincentiva esta demanda a largo plazo. Por otra parte, también permite extender la vida útil de los dispositivos o hardware; muchos equipos pasan a ser considerados obsoletos al no soportar nuevas actualizaciones de software privativo, cuando en realidad continúan siendo funcionales. El software libre permite aprovechar esos equipos y reducir la basura electrónica.
Imagen: Amigos de la Tierra España
Compartimos esta nota de La Jornada Ecológica en su emisión del julio donde entrevistaron a nuestro compañero Agustín Vázquez sobre los biodigestores – Julio 2021
En Los Altos de Chiapas, así como en otras comunidades rurales, el principal combustible para la cocina es la leña, la cual expone a las familias, en especial a las mujeres, a la inhalación de humos tóxicos y dañinos para la salud. Cuando no hay leña, se recurre a los tanques de gas licuado de petróleo (LP), un hidrocarburo derivado del proceso de refinación de petróleo que es muy costoso para la economía familiar.
Ante ello, los biodigestores que producen biogás representan una alternativa viable y económica de producción de energía limpia y renovable para comunidades rurales y semirurales que están bus-cando alternativas encamina-das a la autogestión y autosuficiencia energética.
Instalar un biodigestor permite sustituir el uso de gas LP por biogás para cocinar, lo que brinda muchos beneficios, incluyendo reducir las emisiones de gas metano a la atmósfera, mejorar la economía familiar, reducir el pesa-do trabajo de cortar y acarrear leña para la cocina, disminuir la exposición de la familia a los humos provenientes de la quema de leña y contar con un fertilizante natural de excelente calidad para la producción agrícola.
Además, resuelve el tema de los malos olores y el manejo de las descargas residuales que puedan resultar de la crianza de vacas, cerdos o borregos, así como de los desechos humanos.
Un biodigestor es un con-tenedor cerrado hermética-mente que, a través del aprovechamiento de estiércoles y desperdicios orgánicos por colonias de bacterias, genera un proceso anaeróbico de oxidación a partir del cual se produce un gas (metano) que es combustible y un líquido (biol) mejorador de suelos.
La asociación civil Otros Mundos Chiapas desarrolló el programa Autosuficiencia energética con biodigestores, a través del cual instalarán 20 biodigestores en la región de Los Altos de Chiapas, en acuerdo con las familias campesinas indígenas de la región. A sus bondades ambientales se añade el hecho de que es un proyecto que impacta de forma directa en la economía y en la salud familiar.
José Agustín Vázquez Álvarez, promotor comunitario y técnico certificado, colabora con Otros Mundos en la instalación de los biodigestores; ya antes había instalado este tipo de contenedores en diversas regiones de la península de Yucatán.
“El biodigestor funciona utilizando los desechos de los animales y las descargas de residuos sólidos urbanos, productos que en algún momento se tienen que manejar. Un proyecto de este tipo en una región como Los Altos es muy útil porque hay mucha dificultad para la obtención de leña, además de que el humo emitido durante la quema daña la salud. Es una zona en la que hay mucho enfisema pulmonar justamente por la exposición a los humos de la cocina de leña”, explica Agustín.
Actualmente, ya instalaron cinco biodigestores en esta región y ahora dan acompañamiento a las familias en su uso y manejo. Con este proyecto buscan impulsar la creación de una red de usuarios de biodigestores en la región.
Agustín agrega otros beneficios a los ya mencionados: al instalar los biodigestores, ya no se necesitan instalar fosas sépticas y el fertilizante es muy nutritivo para la milpa y las hortalizas que producen las familias, además de que no degrada el suelo, como sucede con los fertilizantes químicos.
“El biodigestor se adapta muy bien a las condiciones de una familia. Para instalar-lo, hay que tener dos vaquitas o cinco cerditos; también se puede utilizar con estiércol humano”.
Además señaló: “Hay que darle su cuidado, el biodigestor empieza a formar parte de la familia… Esto le genera un cambio de actitud a la familia. La instalación de biodigestores es un proceso len-to que requiere de la observación de resultados y de cierta labor de convencimiento. Las familias son complejas y desplazar el uso de la leña no es fácil pues el fuego, además, tiene un significado cultural. Hay familias que no tienen problema para hacerlo, hay otras que tienen temor. Las familias que aceptan instalar el biodigestor no dejan la leña por completo, sino que combinan su uso con el biogás”.
Para las mujeres, la instalación del biodigestor implica reducir la carga laboral de salir a buscar la leña para el fuego, además de reducir su exposición al material particulado emitido por estufas pobremente ventiladas.
Alermo López y Melisa Presas viven en Comitán, Chiapas; tienen una hectárea de tierra, dos vacas y cuatro ovejas. En su casa viven cinco personas y hace un mes que instalaron su biodigestor.
“Llevamos 20 días de tener gas. El primer día que abrimos la estufa fue sorprendente. Balam, nuestro hijo de 11 años, vio todo el trabajo de instalación. Y cuando abrimos el gas, su reacción fue inolvidable. “¡Wowwww! Esto es increíble, es ciencia”, dijo. Es un regalo atreverse a hacer cosas distintas. Ya también tenemos un panel solar. Estamos agradecidos, sigue el asombro, pero ahora estamos aprendiendo el manejo.
Ahora también usamos las descargas humanas. Aquí en Comitán ya se contaminó todo un lago de Montebello, por la falta drenaje. El biodigestor es una solución. Soñamos que otro mundo es posible y que podemos construirlo colectivamente”, dice Alermo acerca de qué ha pasado en la vida familiar con la llegada del biodigestor.
Melisa añade: “Ahora los desechos son muy valorados. Podemos cocinar y sostener la vida, además el fertilizante es muy útil para nuestra huerta. La gente de alrededor se asombra, nos pregunta, viene a verlo. Agustín nos había dicho que tendríamos cuatro horas de gas al día, pero en realidad lo hemos usado diario y nunca se ha terminado. Hemos cocinado ahí todos los tiempos de comida, es suficiente para lo que se cocina. Nosotros gastamos 500 pesos de gas LP cada tres meses, entonces ahí nos ahorraremos unos 2 mil pesos al año; si a eso le agregas el gasto en leña, que es de mil pesos al año, el ahorro será de unos 3 mil pesos anuales”.
El fertilizante que se produce en el biodigestor, conocido como biol, mejora mucho las cosechas. Melisa y Alermo planean comenzar a sembrar nopales y pitahayas utilizando el biol que produce su biodigestor. El biodigestor requiere mantenimiento y eso genera cambios en la dinámica familiar y también en la valoración de los residuos. Si bien en las ciudades sería difícil instalar biodigestores, lo cierto es que esta ecotecnia puede instalarse incluso en zonas semiurbanas y usarse de manera cotidiana.
El biodigestor se puede adaptar a distintas condiciones del clima. En la experiencia de Agustín, ha funcionado muy bien en península de Yucatán, a nivel del mar y con altas temperaturas, pero también en Los Altos, a pesar del clima frío y de estar a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.
El reto hoy, señala Agustín, es ampliar el programa, incluso con apoyo gubernamental, pues se trata de una solución de bajo costo que mejora la calidad de la vida de la gente, la empodera energéticamente, ayuda en la regeneración del suelo y evita la contaminación de los cuerpos de agua.
Además, los residuos orgánicos pasan de ser un pasivo ambiental del que no se puede disponer adecuadamente, por la infraestructura inexistente en ciertas regiones, a ser revalorizados como un activo sostén de los medios de vida de las familias.
Más información:
Compartimos esta información de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 19 de julio del 2021
Las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas lanzan una contramovilización mundial contra los actos previos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, del 25 al 28 de julio de 2021.
Roma (Italia). 19 de julio de 2021.
Más de 300 organizaciones mundiales de productoras y productores de alimentos a pequeña escala de la sociedad civil, personas que trabajan en el ámbito de la investigación y pueblos indígenas se reunirán en un evento híbrido (del 25 al 28 de julio) para protestar contra los actos previos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. La Contramovilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos es la más reciente de las manifestaciones de rechazo a la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios, incluida la petición de boicot formulada por una coalición científica.
La Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre sostiene que la Cumbre desvía la atención de los verdaderos problemas a los que se enfrenta el planeta en la encrucijada actual. La Cumbre es fruto de una asociación entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial (formado por las 1 000 empresas más importantes del mundo) y está desproporcionadamente influenciada por el sector agro-alimentario industrial, además de carecer de mecanismos de transparencia y responsabilidad. La Cumbre está desviando la energía, la masa crítica y los recursos financieros necesarios para apoyar soluciones ya existentes y cuyo potencial para abordar las múltiples crisis del hambre, el clima y la salud ya está demostrado.
Los sistemas alimentarios globalizados e industrializados están fallando a la mayoría de las personas, y la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que empeorar la situación. Según el informe de la ONU El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el número de personas que padecen subalimentación crónica en el mundo ha aumentado a 811 millones, mientras que casi un tercio de la población mundial no tiene acceso a una alimentación adecuada. El Sur Global todavía se tambalea a causa de la Covid-19, lo que deja al descubierto las arraigadas asimetrías estructurales de poder, la fragilidad y la injusticia en que se basa el sistema alimentario predominante.
En la protesta participan más de 380 millones de personas que forman parte de los movimientos transnacionales de personas campesinas y agricultoras, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas dedicadas al pastoreo, personas sin tierra, migrantes, pescadoras y pescadores, personas que se dedican a trabajos agrícolas y alimentarios, integrantes del sector de los consumidores y habitantes de núcleos urbanos que sufren inseguridad alimentaria. Estas personas exigen una transformación radical de los sistemas alimentarios corporativos hacia un sistema alimentario justo, inclusivo y que sea verdaderamente sostenible. Asimismo, exigen una mayor participación en los modelos de gobernanza alimentaria democrática existentes, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CSA) y su Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN). La Cumbre amenaza con socavar el CSA, que es la principal plataforma intergubernamental inclusiva de formulación de políticas internacionales. Al tratarse de un órgano que, de manera excepcional, prioriza un enfoque basado en los derechos humanos, el CSA proporciona un espacio para que las personas más afectadas puedan dar su opinión. Sin embargo, el sistema multilateral de las Naciones Unidas está siendo secuestrado por los intereses corporativos con el fin de legitimar un sistema alimentario aún más perjudicial, impulsado por la tecnología y sumido en la crisis.
Esta contramovilización refleja la preocupación por la dirección tomada por la Cumbre. Pese a que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios afirma que es una “Cumbre de los pueblos” y una Cumbre de “soluciones”, en realidad facilita una mayor concentración empresarial, fomenta cadenas de valor globalizadas insostenibles y promueve la influencia de la agroindustria en las instituciones públicas.
Entre las falsas soluciones promovidas por la Cumbre se incluyen soluciones “positivas para la naturaleza”, planes voluntarios de sostenibilidad empresarial, organismos genéticamente modificados (OGM) y biotecnología, agricultura regenerativa e intensificación sostenible de la agricultura. No se trata de soluciones sostenibles, ni asequibles para los productores de alimentos en pequeña escala, y tampoco sirven al bien público. La Cumbre es un intento de los agentes corporativos de normalizar los apaños tecnológicos rápidos y perjudiciales, que no abordan las injusticias estructurales como el acaparamiento de tierras, territorios y recursos, la pérdida de biodiversidad y creciente la desigualdad económica.
La contramovilización paralela presentará las realidades de las personas que producen alimentos en pequeña escala y, en general, de las personas trabajadoras, así como sus visiones para una transformación de los sistemas alimentarios basada en los derechos humanos y en la agroecología. Se destacará la importancia de la soberanía alimentaria, la agricultura sostenible en pequeña escala, los conocimientos tradicionales, los derechos a los recursos naturales y los derechos de las personas trabajadoras, los pueblos indígenas, las mujeres y las generaciones futuras. Los debates se centrarán en soluciones reales: normas vinculantes en respuesta al abuso empresarial, el fin del uso de los plaguicidas y la promoción de la agroecología como ciencia, práctica y movimiento.
El programa incluirá las siguientes actividades:
– FIN-
Se proporcionarán más detalles durante una rueda de prensa virtual que tendrá lugar el 22 de julio de 2021 a las 13:30, hora central europea de verano (CEST), seguida de un turno de preguntas y respuestas. Si desea participar, puede inscribirse aquí.
Contactos para los medios de comunicación: Marion Girard | Oficial de comunicaciones del Mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas (MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA)
marion.girard.cisneros[at]csm4cfs.org
Recursos
Compartimos este reportaje publicado en El Ciudadano sobre la minería y los mega proyectos en la Sierra Norte de Puebla – A 3 de julio del 2021
Por Kara Castillo
El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV.
El Colegio de Postgraduados – Campus Puebla ha documentado que el «Proyecto de Muerte» Ixtaca constituye uno de los conflictos socioambientales y minería a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, México.
A pesar de que Puebla no es productor de oro y plata, en 2015 el gobierno concesionó alrededor de 169 mil 320 hectáreas en 103 títulos mineros, donde los principales minerales para explotar según el Sistema de Administración Minera (SIAM) serán oro (18 por ciento), plata (18 por ciento), zinc (16 por ciento), cobre (15 por ciento) y plomo (13 por ciento) (SIAM, 2016).
En la Sierra Norte de Puebla se realizan actividades de exploración del proyecto minero de oro, plata y cobre. El proyecto Ixtaca está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, SA de CV, empresa mexicana subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals. Esta empresa, descubrió en el 2010 que en la zona había mineralización de oro y plata en el subsuelo, con una ley de dos gramos de oro por tonelada equivalente.
Para el año 2012, bajo el amparo de los títulos 241003 y 241004 adjudicados a la empresa Minera Gavilán S.A. de C.V., con vigencia hasta el año 2062 y prorrogables otros 50 años, se concesionaron 55 mil 885 hectáreas (SIAM, 2016), que corresponden al 97.5 por ciento del área autorizada para la minería en la Sierra Norte de Puebla.
Para el 2013, en la exploración se habían realizado aproximadamente 400 barrenos, calculando 1.35 millones de onzas probadas de oro equivalente, 2.18 millones de onzas indicadas y 717 mil onzas inferidas, lo cual lleva a formular un plan de explotación de la mina de 14 años para el proyecto Ixtaca (publicado en la página web de Almaden Minerals).
En diciembre de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca de Minera Gorrión, filial de la empresa canadiense Almaden Minerals, según un comunicado de la empresa a inversionistas.
Las y los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y las organizaciones que durante nuestros años de resistencia al conocer el rechazo de la MIA celebraron la decisión de la Secretaría y aunque reconocieron este acto como un pequeño triunfo para las comunidades reconocen que el proyecto sigue vigente y que esto no pone fin a las pretensiones de Almaden Minerals de imponer un proyecto de muerte en el territorio.
Defensores del Territorio afirman que la resistencia crece, más pobladores están tomando consciencia de la dimensión del proyecto minero y se han sumado al rechazo.
“Por más de una década, las comunidades organizadas de Ixtacamaxtitlán hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de Almaden Minerals y hemos luchado para desmantelar las mentiras de la minera. Esta lucha se intensificó en los últimos dos años, cuando la empresa manifestó sus intenciones de iniciar la explotación de la mina. Tras la Reunión Pública de Información, realizada el 25 de junio de 2019, como parte del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, comunidades, académicos y defensores de derechos humanos manifestamos a la Semarnat en 17 ponencias los motivos científicos, técnicos y sociales por los que el proyecto minero en Ixtacamaxtitlán es inviable, dadas las graves e irreversibles consecuencias que tendría para el medio ambiente, para toda la cuenca del río Tecolutla y para todo el sistema agroforestal del que depende la vida de las comunidades originarias de la región. Defensores del territorio
“El 22 de octubre de 2019, más de 40 comunidades organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua entregamos a la Semarnat actas de asamblea con tres mil 500 firmas, en las que en un ejercicio de autodeterminación hicimos de conocimiento a la autoridad ambiental que rechazamos el proyecto minero y negamos nuestro consentimiento para su realización», dice el comunicado emitido por las organizaciones que defienden el territorio.
En dicho escrito, las organizaciones defensoras del territorio manifiestan: “Almaden Minerals ha violado los derechos de las comunidades desde que inició la exploración en Ixtacamaxtitlán y continúa mintiendo a sus inversionistas y al público. En su comunicado, en el que la empresa manifiesta su decepción con la decisión de la Semarnat, cita un documento de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora INPI, diciendo que ‘tras analizar el caso, se consideraba que no era necesaria la consulta (a las comunidades) ya que los datos analizados indicaban la ausencia de población indígena en el área del proyecto’, lo cual fue desmentido por el mismo Instituto, que señaló que tanto en el municipio de Ixtacamaxtitlán como en el área de influencia del Proyecto Minero Ixtaca existe población indígena y que, por tanto, el Estado mexicano se encuentra obligado a cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
“La empresa también señala en su comunicado que ha cumplido con la Evaluación de Impacto Social; sin embargo, este supuesto estudio, pagado por la empresa, nunca se hizo público y nunca fue entregado a las comunidades. Todos los demás argumentos mencionados en su comunicado para convencer a los inversionistas y al público del supuesto proyecto ‘responsable con el medio ambiente` han sido ampliamente rechazados por las comunidades con argumentos científicos, técnicos y con un enfoque en derechos humanos.
“Recalcamos que ni Almaden Minerals, ni sus filiales u otras empresas mineras han tenido o tendrán el permiso de las comunidades para explotar los bienes naturales de su territorio. Si Almaden Minerals insiste en su proyecto de muerte, las comunidades estaremos en pie de lucha para evitarlo”.
Imagen: El ciudadano
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