El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Organización Voces Mesoamericanas con quienes platicaremos sobre las mujeres en los procesos migratorios. Acompáñanos este viernes 22 de marzo las 6:00 pm por nuestro facebook live.
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“UNA VIDA, DOS PAÍSES”
Martes 18 de abril de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis: En losúltimos cinco años un millón de Mexicanos viviendo en los EE.UU. tuvieron que regresar a México, incluyendo niños y jóvenes que nacieron y fueron criados en los EE.UU.
Una Vida, Dos Países presenta las historias de estos jóvenes transfronterizo, destacando sus experiencias viviendo entre los dos países, culturas, lenguajes, y el sistema educacional, y explorando la decisión se sus padres de regresar a su país de origen después de vivir en los EE.UU. indocumentado
Compartimos este pronunciamiento firmado por 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual a través del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria sobre la tragedia en la estación migratoria en Chihuahua – A 28 de marzo del 2023
Ciudad Juárez, Chihuahua a 28 de marzo de 2023.
Lo ocurrido el 27 de marzo por la noche en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez es responsabilidad del gobierno federal. La situación refleja la ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo, 41 personas fallecidas y más de 20 lesionadas por un incendio son el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros. Al momento, desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación; sin embargo, sabemos que estaba con sobrecapacidad.
Las autoridades continúan utilizando términos como “alojamiento” o “albergue” para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma, privar de la libertad a personas en situación de movilidad. El uso de eufemismos por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia.
Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación.
En septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, organizaciones de sociedad civil denunciamos las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación. El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo. En el caso de la organización Uno de Siete Migrando, se le restringió el ingreso durante todo 2022 a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y las personas en situación de movilidad.
Esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de comunicación. Organizaciones de la sociedad civil hemos llamado en reiteradas ocasiones a un cese al hostigamiento institucional que la población en contextos de movilidad está padeciendo en la localidad. Situación similar ocurrió en 2020 con un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en donde a la fecha, las medidas implementadas por el Estado no han generado garantías de no repetición.
Declaramos que las acciones de control migratorio y de privación de libertad violentan la dignidad y los derechos de las personas, y en conformidad con lo que dice el Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, la detención debe ser utilizada únicamente como último recurso.
Por tanto, pedimos al Gobierno Federal:
Garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas.
Adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes.
Asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas.
Investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad.
Destitución e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Exigimos al Instituto Nacional de Migración:
Responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas.
Que notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de «desconocidas».
Garantías eficaces y oportunas de no repetición.
Facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación independiente de la situación de las personas detenidas.
La no contratación de personal militar o con antecedentes en SEDENA, Marina y Guardia Nacional en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales.
Alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.
Pedimos al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados:
Legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación.
Eliminar el uso de eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración, lo cual invisibiliza la práctica de detención migratoria.
Acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
Limitar y exigir la regulación en la apertura de instalaciones de detención migratoria por parte del INM, las cuales enmarcan como estaciones migratorias, estancias provisionales u oficinas de canalización.
Solicitar la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para rendir cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales.
Exigimos al Gobierno Municipal de Juárez:
Cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo.
Renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta.
Alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad, y en su lugar, emita enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada.
Disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año.
Sostenemos que, tal como lo señaló el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, las estaciones migratorias son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad, y como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes. Desde las organizaciones firmantes, expresamos nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas.
Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos.
La política migratoria en México, mata.
FIRMAN: 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual
Compartimos este pronunciamiento de diferentes organizaciones, y colectivos sobre la tragedia ocurrida en la carretera Chiapas de Corzo – Tuxtla Gutiérrez donde se volcó un trailer donde viajaban personas migrantes- A 9 de diciembre del 2021
54 migrantes muertos en el más grave accidente registrado en Chiapas
El tráiler con 159 personas migrantes provenientes principalmente de Guatemala volcó en una curva; 54 personas murieron y 105 sobrevivieron, aunque tienen diversas heridas, algunas de gravedad. La política migratoria militarizada por parte del gobierno mexicano obliga a las personas migrantes a tomar rutas peligrosas, denuncian organizaciones
Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
Fotos: Cuartoscuro
CHIAPAS.- Gerónimo Chicof Zavala canta en su lengua materna una canción triste, mientras enseña a su esposa, a través de una videollamada telefónica, sus heridas y la de sus compañeros de viaje. Llora, igual que Elvis Quino, de 16 años, monolingüe. A su lado, Vanesa Ambrosio Juárez, de 15 años, dice que va a volver a intentar emprender de nuevo la travesía, porque en su tierra no tiene un futuro. Los tres son sobrevivientes del accidente en el que murieron 54 migrantes, los tres son campesinos originarios de El Quiché, la zona más pobre de Guatemala.
El reporte oficial de la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas indica que en el viejo tráiler de placas 444-DW-4 iban hacinadas 159 personas migrantes, el 94 por ciento de ellas originarias de Guatemala. Sólo tres eran de República Dominicana, una de Honduras y una de Ecuador.
En entrevistas, los sobrevivientes explicaron que la mayoría son del Departamento Quiché, donde siete de cada diez pobladores viven en pobreza o en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese país.
La historia de pobreza y hambre es el común denominador de quienes migran arriesgando su vida, para intentar cambiar su situación. Martín Méndez Salvador dice que desde que recuerda ha pasado hambre. Por eso ahora que tiene dos hijos, Josep Martín de tres años y Manuel Alejandro de un año, decidió vender sus pocas pertenencias para intentar llegar a Estados Unidos, y buscar trabajo; no quiere que sus crías sufran lo que él sufrió.
Pero su viaje terminó en tragedia, cuando el tráiler en el que iban tomó mal una curva. La caja de carga donde iban parados, solo sujetos de unas barras metálicas, se desprendió de la base y se impactó contra unos pilares de cemento de un puente, el vehículo volcó.
Martín, entrevistado en el hospital, dice que sintió un golpe fuerte, que se desmayó, y despertó en el hospital. De las 159 personas que iban en el vehículo, 49 murieron por el impacto de cuerpos y fierros retorcidos, cinco más fallecieron en el hospital; 105 sobrevivieron, aunque tienen diversas heridas, algunas de gravedad.
Resalta en esta tragedia que 19 son menores de edad, adolescentes que ven en la migración una vía para mejorar su futuro. “Yo vengo por un sueño, allá en Guatemala están bien duras las cosas y mi papá está enfermo”, explica Vanesa.
El accidente se registró a la altura del Puente Belisario Domínguez y Ribera Cahuaré, en la zona conurbada que comunica la capital con el municipio Chiapa de Corzo.
Según el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el chofer iba a exceso de velocidad. Al llegar a la curva perdió el control, lo que provocó que la caja del vehículo se desprendiera e impactara contra los pilares de cemento del puente.
La travesía
Para entrar a México a través de Chiapas hay tres rutas principales. Una es la de la zona costa, donde se cruza por el río Suchiate y se llega como primer punto a la ciudad de Tapachula. En este lugar, ahora mismo en encuentran miles de migrantes imposibilitados de salir, cercados por retenes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).
La segunda ruta es por la zona selva que los lleva a la ciudad de Palenque, donde el pasado 9 de noviembre una docena de migrantes fallecieron calcinados en el interior de dos vehículos en los que eran transportados. El nerviosismo de los conductores al pasar cerca del reten del INM en la zona de Playas de Catazajá los hizo chocar; explotaron los tanques de gasolina.
La tercera ruta es la más peligrosa. Pasa por la zona de sierra y montañas colindante con El Petén guatemalteco, región controlada por grupos de la delincuencia organizada, quienes en los meses recientes tienen el dominio absoluto de los caminos, establecen toques de queda y pagos por el tránsito. Ningún migrante pasa desapercibido, todos deben pagar y acordar su ruta con algún traficante.
Es por esta ruta que pasaron los migrantes del Quiché. Uno de los migrantes que pidió el anonimato dice que pasando la frontera “el coyote” subió a un grupo de unas 12 personas en unidades de transporte colectivo; llegaron al municipio de Comitán, cambiaron de vehículo a un camión más grande y llegaron a San Cristóbal de Las Casas. Ahí, relata, los metieron a una bodega donde esperaron que se juntara un grupo más grande. Cada “coyote” fue llevando a su grupo, hasta que alrededor de las dos de la tarde subieron a todos al camión de carga tipo tráiler.
En San Cristóbal de Las Casas y los municipios vecinos como San Juan Chamula y Teopisca, el tráfico de personas creció en años recientes. Casi cualquier habitante puede indicar donde hay “casas de seguridad” o bodegas donde los esconden hasta subirlos a transporte para ser trasladados.
De la frontera con el Petén al lugar donde ocurrió el accidente, hay al menos cuatro retenes de inspección policiaca-militar. El primero es el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, ubicado tres kilómetros antes de la entrada al municipio de Comitán; otro a seis kilómetros de la salida de ese municipio; en este retén hay agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional; inspeccionan todos los vehículos de carga y pasajeros que pasan por el lugar.
Un retén más está en el kilómetro 43 de la carretera Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas; y otro a sólo cuatro kilómetros antes del lugar del accidente. Por todos estos lugares pasaron los migrantes; en los dos últimos ya a bordo del tráiler.
Organizaciones responsabilizan la política migratoria militarizada
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunció que la política de contención migratoria del gobierno mexicano ha obligado a las personas migrantes a tomar rutas más peligrosas y controladas por traficantes de personas. También han denunciado la complicidad de autoridades de diferentes instituciones en este tráfico.
“La política migratoria militarizada, represiva y violenta, obliga a las personas migrantes que se desplazan por el sur de México a tomar opciones y rutas cada vez más peligrosas, que ponen en riesgo su vida e integridad. Los terribles hechos de este accidente son resultado directo de esas políticas del Estado que no garantizan los derechos fundamentales de las personas migrantes”, señalaron en un comunicado.
Apenas el pasado 9 de noviembre, 12 migrantes fallecieron calcinados en el interior de dos camionetas de transporte colectivo; hacían la ruta de Palenque-Playas de Catazajá, también en Chiapas. Otros tres de nacionalidad hondureña resultaron heridos.
El accidente de este jueves es el más grave que se ha registrado hasta el momento en donde las víctimas son personas migrantes.
Condolencias oficiales
En su cuenta de Twitter el INM señaló que “lamenta el fallecimiento de personas migrantes en el trágico accidente ocurrido en Chiapas”. Aseguró que se coordina con autoridades nacionales, estatales y municipales, para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a sus países. Además, se dará atención humanitaria a los sobrevivientes, alojamiento, alimentación y en caso de que acepten, Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. También ofreció coadyuvar en la investigación.
También en Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró: “Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas”.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei también lamentó “profundamente la tragedia ” y ofreció a las familias “toda la asistencia consular necesaria incluyendo las repatriaciones”.
Al menos 53 migrantes fallecieron y más de 50 resultaron heridos esta tarde luego de que el tráiler en el que iban ocultos volcó en el tramo carretero de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.
En lo que es considerado el más grave accidente con el mayor número de migrantes muertos, este jueves alrededor de las 16 horas, el conductor de un tráiler perdió el control de su unidad y se le desprendió la caja en la que iban ocultos más de 100 migrantes procedentes de la frontera de México con Guatemala.
El accidente ocurrió en el tramo carretero que va de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, cerca del puente Dr. Belisario Domínguez sobre el Río Grijalva, donde empieza el Cañón del Sumidero; a escasos metros había superado un retén de la policía estatal.
El Sistema Estatal de Protección Civil dijo que se brindó atención derivado del accidente automovilístico y de manera preliminar se tuvo registro de 45 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas a hospitales de diversos puntos de la región.
Atención a migrantes lesionados.
La tragedia activó la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil para traslados de lesionados. También se activó equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Protección Civil (ERI), Secretaría de Salud, Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, bomberos, Cruz Roja y Guardia Nacional.
En el lugar del accidente se registraron al menos 49 personas fallecidas y más de 50 lesionados, pero la Cruz Roja Mexicana reportaron cuatro personas más fallecidas en el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Con lo que ascendería a 53 el número de personas migrantes fallecidas.
Aún no se ha determinado las edades, ni el sexo, no los nombres y nacionalidades de los migrantes fallecidos y heridos en esta tragedia. Lo que sí se sabe es que eran más de 100 migrantes que habían pasado ya varios retenes migratorios, policiacos, estatales y federales.
El chofer del tráiler huyó de la zona donde fue el accidente, según los migrantes salieron en la madrugada de la frontera de México con Guatemala, pasaron por Comitán, cruzarían Tuxtla la capital del Estado, para tomar la autopista Ocozocoautla-Cosoleacaque, Veracruz, para llegar hasta el estado de Puebla.
Compartimos este comunicado de Front Line Defender, SweFor, IM Defensoras entre otros colectivos y organizaciones sobre la situación de violencia y hostigamiento a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en la frontera sur de México – A 21 de septiembre del 2021
Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el reciente aumento de violencia y el persistente clima de hostilidad en contra de las personas migrantes, periodistas, y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en el sureste mexicano. Particularmente, en el estado de Chiapas y Tabasco en donde colectivos de defensa de derechos humanos, periodistas y organizaciones se han enfrentado a una nueva oleada de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).
Desde el 28 de agosto de 2021, la Guardia Nacional y el INM han llevado a cabo continuos operativos conjuntos para frenar el tránsito de personas migrantes que desean salir de Chiapas debido al retraso en la resolución de sus trámites de regularización migratoria o de refugio. De acuerdo a reportes de organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), los operativos han sido violentos y se han llevado a cabo sin protocolos adecuados que respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos quienes acompañan a las personas migrantes en la exigencia de sus derechos, han experimentado nuevas olas de hostigamientos por parte de las autoridades mexicanas.
El 28 de agosto, partió una caravana migrante de Tapachula, Chiapas junto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el camino, personas defensoras de derechos humanos e integrantes del COMDHSE se percataron que la caravana estaba siendo vigilada y seguida por personas desconocidas en vehículos con vidrios polarizados. Cerca de las seis de la tarde, elementos de la Guardia Nacional bloquearon el paso de las y los defensores periodistas y funcionarios de la CNDH impidiéndoles realizar su labor de documentación, observación y acompañamiento. El despliegue de elementos desde este día fue desproporcionado, con la presencia de aproximadamente 50 vehículos de elementos del INM, de la Guardia Nacional y del Ejército, además de vehículos con vidrios polarizado con hombres armados vestidos de civiles.
El 2 de septiembre, funcionarios del INM obstruyeron el paso de autos pertenecientes COMDHSE y de periodistas en Mapastepec, quienes estaban ahí para documentar los pasos de la caravana. El 5 de septiembre, el COMDHSE documentó un fuerte operativo conjunto llevado a cabo por elementos antimotines de la Guardia Nacional y por el INM en Huixtla . Durante el operativo que dueró más de ocho horas, se llevaron a cabo múltiples detenciones violentas y arbitrarias en las que las y los defensores también fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional, quienes utilizaron los escudos antimotines para empujarlos.
Las agresiones, hostigamiento y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos de las personas migrantes y, en particular, de integrantes del COMDHSE no son nuevas; en julio de 2021 distintas relatorías de las Naciones Unidas expresaron preocupación por los actos de hostigamiento en contra de la red de organizaciones ocurridos durante el primer semestre de Así mismo, en 2019 las organizaciones Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos investigaron y denunciaron algunos de los riesgos y amenazas a las que se enfrentan de manera continua quienes defienden los derechos de las personas migrantes, así como las consecuencias que ello tiene en dicha población.
Las organizaciones firmantes recuerdan la obligación del gobierno mexicano de garantizar la integridad personal de todas las personas que transitan el territorio mexicano. Así como su compromiso de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que transitan o residen dentro del país, incluyendo a las y los extranjeros, tal y como ha reconocido en los principios de la Ley de Migración de 2011.
Estas as organizaciones instan a las autoridades mexicanas a que reconozcan y permitan sin obstrucciones la labor de documentación y acompañamiento que realizan las personas defensoras de derechos migrantes y comunicadoras, así como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la frontera sur de México. Asimismo, hacen un llamado a que se respeten los derechos humanos de todas las personas que transitan el territorio mexicano, recordando que migrar y solicitar refugio es un derecho garantizado en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de los que México es parte.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Front Line Defenders, Ibero Ciudad de México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México,
con la Observación Internacional de SweFOR México, con la Observación Internacional de Brigadas Internacionales de Paz-México
Imagen: Los abusos habrían ocurrido en el contexto de la migración en Chiapas. Foto: Darinel Zacarías
Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020
LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.
No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.
Chiapas, 18 de enero de 2020
Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.
Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.
Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.
Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.
En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.
Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:
La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.
Firmamos:
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.
Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús
