El Escaramujo 102: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y el Nuevo Modelo Energético

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Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta. La actividad extractiva de petróleo, gas y carbón acelera irremediablemente el Cambio Climático y los Gases Efecto Invernadero. Las afectaciones sociales y ambientales que ya se agudizan intentan ser drenadas por los supuestos esfuerzos de los gobiernos mediante compromisos que nunca se cumplen y que se postergan a las siguientes décadas cada vez que se reúnen en sus cumbres climáticas. Se insiste en modificar la Matriz Energética Mundial con Energías Renovables pero sin alterar el modelo extractivo, privado y centralizado desde la producción, la transportación, la distribución y el consumo de la energía eléctrica.

Ante tal emergencia, hay quienes desean el cambio radical y mutante, de la noche a la mañana. Otros, para lograr el cambio de la Matriz Energética proponen una “Transición” pero que cada quien entiende de diversa manera; y unos con más urgencia y otros con más paciencia. Para algunas opiniones la transición significa solo un cambio de fuente de energía aunque fueran renovables, mientras que para otros implica una “Transición Justa” con características muy específicas y que se encamine hacia la disminución de los efectos que ahora se sufren por el actual modelo energético, hacia otro paradigma y con otra forma de gestionar la energía.

Así, una Transición del actual Modelo Energético modificando la Matriz Energética y con Energías Renovable. Pero, ¿cómo y hacia dónde? Saltan en el horizonte muchos conceptos como la soberanía energética, seguridad energética, autodeterminación energética, agua y energía no son mercancía, o la energía como un derecho. Pero, la energía, ¿es un derecho o un derecho humano? Cuando hablamos de ‘energía’ ¿nos referimos a la ‘energía’, a la ‘electricidad’ o a la ‘energía eléctrica’? También se discute sobre el papel de las políticas públicas, de la democracia energética; sobre la participación, las consultas y las alternativas, aunque poco sobre el capitalismo. Estas temáticas se tornan cada vez más importantes entre los sectores académicos, ambientalistas, ONG’s, gobiernos, pero también entre los pueblos y los movimientos sociales. Pues bien, aquí abordamos una reflexión sobre estos elementos para alimentar el debate.

La energía, ¿un “derecho” o un “derecho humano”?

Y es que no es lo mismo. Cuando nos referimos a que “tengo derecho” lo usamos en el sentido de que es legítimo querer, hacer o pensar o no en algo, cuyo motor es la voluntad y lo casuístico del querer o no querer. Que se pude renunciar a ello sin que se vea condicionada la felicidad o menoscabe la existencia humana digna, independientemente de si está estipulado ese querer en alguna norma o ley. Es también cuando se dice que tenemos “derecho a decir ‘no”, porque se puede renunciar a ello.

Sin embargo, sabemos que la vida humana, como cualquier otra, no sería posible sin ‘energía’ y que por lo tanto no podemos renunciar a ella. Sin la energía solar no habría vida, alimentos, viento, movimiento, lluvia, biodiversidad, agua dulce o polinización. Todos estos elementos se interrelacionan y son condiciones para la existencia. Y la ‘electricidad’ es una forma como se manifiesta la ‘energía’. Pero ello, la ‘energía’ sí es un ‘Derecho Humano’ y un ‘Derecho de la Naturaleza’ en la medida en que sin ella no es posible la existencia misma. Porque es el principio de la vida. Pero, ¿y la ‘energía eléctrica’? ¿Es un ‘derecho’ o es un ‘derecho humano’? ¿Podemos renunciar a ella o no? ¿Determina los derechos humanos?

El primer registro del Homo Sapiens, de los “humanos”, data de hace 315 mil años. Pero es hasta algunos pocos miles de años que se se conoció la existencia de la ‘electricidad’ presente en nuestro mundo. Sin embargo, sólo hace menos de 200 años se conoció la ‘energía eléctrica’ como la conocemos hoy en día y de la cual la humanidad prescindió durante milenios. Y ahora, es imprescindible para la vida actual. La ‘energía eléctrica’ se descubre dentro del capitalismo, por ello se convierte en una mercancía y por tanto con patente. En la medida en que avanzó el sistema ha hecho que la energía eléctrica sea imprescindible. Sin ella hoy no tendríamos acceso a otros derechos humanos necesarios para existir y hacerlo de manera digna, ya que todos los derechos humanos se complementan, se interrelacionan, son progresivos y son interdependientes como la alimentación, la seguridad, el trabajo, la vivienda digna, la atención de la salud en un hospital, el acceso a la educación en unas instalaciones físicas, al agua cuando tenemos que almacenarla o extraerla, transportarla y consumirla; o para generar frío o calor artificial con el fin de protegernos de las adversidades climáticas. Para todo ello y más requerimos de la ‘energía eléctrica’.

No solo para vivir dignamente sino incluso para sobrevivir en este sistema capitalista la ‘energía eléctrica’ es indispensable. Por ello es un derecho humano, un bien público que no pueden tener un dueño ni ser una mercancía. De ahí la famosa consigna de los pueblos de que “el agua y la energía no son mercancía”, ya que no puede ser un mero “servicio” ni estar en propiedad de una persona o empresa, sino que es de toda la humanidad para que pueda existir de manera digna. Para ello se generan mecanismos, leyes e instituciones con el fin de que todas las personas y los pueblos tengan acceso, y hoy le llaman a eso ‘políticas públicas’ que alguien debe organizar, lo que en el capitalismo denominamos ‘Estado’, quien debe proteger, vigilar y velar por que esos derechos humanos y colectivos se ejerzan.

Sin embargo, no basta una cuota de energía mínima per cápita para garantizar el derecho humano a la energía eléctrica, porque el actual Modelo Extractivo ya impide el goce de otros derechos humanos. Es necesario modificar el sistema de vida porque cuando se garantiza el ejercicio de los derechos humanos también se abusa de ellos. Existen abusos, trastornos, fundamentalismos, excesos y/o enfermedades alimenticias, académicas, laborales, recreativas, religiosas, de acumulación de bienes y de viviendas, de libre opinión, sanitarias, entre otras muchas, y por supuesto de la energía eléctrica con el derroche, el abuso o usos que no ofrecen necesariamente el acceso a otros derechos humanos sino a más enfermedades sistémicas.

Pese a todo ello, podemos decir que la ‘energía’ es un ‘derecho humano existencial’ y que la ‘energía eléctrica’ es un ‘derecho humano sistémico’, porque sin ella no podemos sobrevivir en este sistema, aunque en otros sí se pudo.

La energía no debe ser un tema exclusivo ni monopólico de empresas, gobiernos, ingenieros, intelectuales o ambientes académicos, sino debería ser un concepto, reflexión y realidad apropiada por los pueblos. Porque la energía es la vida. Pero, ¿de dónde obtenemos la energía eléctrica para satisfacer las necesidades? Esto se refleja en la ‘Matriz Energética’. Otro tema será cómo la obtenemos, cómo la producimos, la manejamos, la transportamos y la consumimos. Eso lo refleja el Modelo Extractivo.

La Matriz Energética

La ‘Matriz Energética’ no es otra cosa que una radiografía de las fuentes primarias y secundarias y los porcentajes que se usan en una región determinada, en un país, continente o en el mundo. Esta puede variar con el paso del tiempo. Por ejemplo, en América Latina la energía se obtiene en un 34% del Gas Natural, el 31% el Petróleo, el 19% de la Biomasa (carbón vegetal, bagazo y leña), el 8% de la Hidroelectricidad, el 6% Solar, el 1% Geotermia, el 1% Nucleoeléctrica. Esto es en promedio, ya que en cada país la Matriz Energética cambia ya sea porque se cuenta con energía nuclear o se usa más biomasa, porque no cuenta con represas hidroeléctricas o dependen de la importación de gas o gasolina. También puede variar porque se cuenta con energía geotérmica, parques eólicos o solares; o ya sea porque se descubren nuevos yacimientos petrolíferos en su territorio, porque las fuentes no renovables se agotan, o porque no se cuentan con los recursos para comprarla a otro país. También se dan casos en los países donde existen grandes fuentes de energía renovables o no renovables, pero no se cuenta con la tecnología ni con el dinero para acceder a ella. Razones, hay muchas.

Como podemos observar, la Matriz Energética Mundial está basada principalmente en el consumo de hidrocarburos, una energía no renovable que tarde o temprano se agotará. El Calentamiento Global es ya alarmante y se acelera en la medida en que la demanda de energía y de hidrocarburos aumenta año con año pero no así las mejores condiciones para los pueblos. Los efectos del Cambio Climático están impactando fuertemente sobre los derechos humanos.

Existen desigualdades profundas entre continentes, entre los países y al interior de estos de tal manera que el consumo de energía por persona (consumo per cápita) es muy desigual, muy injusto o con pocas posibilidades de acceso en términos económicos o geográficos. Hay ciudades y regiones que cuentan con todos los servicios, otros sectores en que los altos derroches de energía son alarmantes o con un consumo enorme de energía como son la industria, la minería, los servicios turísticos, entre otros. Todo ello a costa de regiones y sectores pobres, urbanos, campesinas e indígenas con altos índices de ‘pobreza energética’.

Esta Matriz Energética refleja un Modelo Extractivo intenso, privatizado, centralizado y a gran escala, con enormes megaproyectos para genera energía a costa de la apropiación de grandes extensiones de territorios; subsidiados por el estado y entregados en manos de pocas empresas trasnacionales. Megaproyectos de energía que implican ingentes consumos de agua y energía, con altos costos al consumidor, con desplazamientos de población, pérdida biocultural y de la biodiversidad y otras afectaciones sistemáticas a los derechos humanos, y otros enormes daños socio ambientales en muchas ocasiones irreversibles.

Por ello, el nuevo discurso gira en torno a cambiar y transformar la Matriz Energética eliminando los combustibles fósiles. Pero, ¿para qué?, ¿para dónde? No hay consenso en la respuesta. Para algunos será con el objetivo de eliminar la contaminación, combatir el Cambio Climático, descarbonizar la economía y el planeta entero, para eliminar los Gases Efecto Invernadero (GEI) o combatir la pobreza energética. Para otros intereses corporativos el objetivo consiste primordialmente en seguir buscando las mejores oportunidades de inversión, de negocio, de mercado, de ganancia, aunque sea pintando de verde cualquier opción y lucrando con créditos de carbono. Pero, independientemente de ello, para cambiar y transformar esta Matriz Energética, ¿se puede hacer de un día a otro? Obviamente que no, imposible una mutación de la Matriz Energética de un momento otro. Por eso se llama ‘transición’ que significa el movimiento de un lado a otro en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, ¿existe un cambio significativo si sólo sustituimos una fuente por otra pero con el mismo Modelo Extractivo? Consideramos que tampoco.

La Transición Energética, ¿para dónde, para qué y cómo?

Pese a la crisis global sistémica que enfrentamos producto de la pandemia del COVID-19, no toda la población está consciente de la necesidad de vivir de otra forma, de no regresar a la “normalidad” que ha causado precisamente esta crisis, y menos de evitar una “nueva normalidad” que sólo pretenda pintarla de verde y mitigar sus efectos para continuar con el mismo modelo de extracción de bienes comunes naturales, renovables o no renovables; el mismo modelo de producción y consumo, o que sólo sea una adaptación de sobrevivencia sin atender las causas profundas de esta crisis.

Ciertamente es urgente y necesario modificar la Matriz Energética en todo el mundo. No podemos seguir así, no se puede continuar infinitamente extrayendo hidrocarburos a este ritmo tan acelerado, ni continuar con la carbonización del planeta. Pero nos enfrentamos a muchos retos aunque no imposibles de sortear. Las empresas trasnacionales dueñas de los hidrocarburos no querrán dejar el negocio de vender petróleo, gas, carbón y sus derivados hasta exprimirles el último dólar de su ambición. Son gigantescas empresas las que controlan las voluntades y las políticas de los gobiernos, los precios y los mercados. Las corporaciones dueñas de la tecnología que usan hidrocarburos tampoco cederán tan fácilmente. La dependencia del transporte, de la producción de alimentos, del tipo de consumo y de la generación de energía eléctrica es de tal magnitud que no podría modificar de un día para otro esta multipandemia. De nada servirá si continuamos con el mismo consumo y consumismo que alimenta el mismo modelo extractivista aunque cambie la Matriz Energética. No hay planeta que soporte esto. Incluso hay países que invirtieron muchos recursos en energías fósiles o renovables, o en infraestructura, para la supuesta demanda de energía que llegaría con las inversiones y que nunca sucedió, pero sí aumentaron los conflictos socioambientales y la deuda externa de los países.

Es obvio que requerimos de un proceso paulatino para transitar. Y la crisis ambiental la antoja más rápido que lento. Pero, ¿hacia dónde queremos transitar? Cuando no vemos el objetivo o el horizonte nos quedamos discutiendo sobre el material para construir un puente que nos lleve a otra orilla pero no sabemos a cuál, y en realidad es hacia la misma orilla, hacia más de lo mismo. Ese horizonte diferente es el nuevo paradigma, el nuevo sistema. Podremos cambiar la matriz energética, pero si es bajo el mismo modelo extractivo y para hacer y consumir de la misma manera, regresamos al mismo punto.

Para descarbonizar la vida y el planeta, eliminar la extracción de hidrocarburos, es necesario modificar los patrones de producción y los hábitos de consumo de la sociedad que es de lo más difícil de cambiar. De verdad ¿estamos dispuestos a modificar el consumo? La crisis del COVID-19 nos obligó a ello, pero no fue por virtud o voluntad propia de la humanidad.

La Transición Energética implica hablar de la transición de la Matriz Energética. Y es urgente no sólo porque se agotan los combustibles fósiles, por sus impactos socio ambientales y planetarios, por el desarrollo violento que genera, sino porque sobre todo subyace a ellos la urgente necesidad de la Transición de Sistema. Sin embargo, la Transición Energética no se reduce a una Transición Minera si sólo cambiamos de tecnología y fuente de energía. Insistimos en que no basta cambiar de fuente, aunque sea renovable, sino que es urgente cambiar de modelo para extraer, producir y consumir. Es urgente plantear un nuevo modelo de vida, un paradigma de sociedad con otra forma de sentirse integrada en la naturaleza. La solución no está en la misma lógica capitalista. La resistencia a ello lleva a crear los discursos de economía verde, a plantear el sistema actual como inevitable y solo pretender ‘humanizar’, ‘mitigar’ y ‘compensar’ el mismo modelo extractivo ya sea sobre energías renovables o no renovables.

La Transición Energética no es un fin, ni un medio, sino un proceso con características que abarquen una “Transición Justa” que implica no continuar emitiendo Gases Efecto Invernadero, eliminar los combustibles fósiles paulatinamente aunque rápido y a la par invertir en tecnologías alternativas. Una transición que incluya a la población desfavorecida en el acceso a la electricidad y que mejore las condiciones de vida, que genere procesos descentralizados y modifique el modelo extractivo en que se ha basado la explotación de los hidrocarburos. Una Transición Justa debe contemplar la justicia climática, la perspectiva de la energía como derecho humano y no como mercancía, como un recurso común y público; incluye políticas públicas que garanticen el acceso mínimo universal, que combatan la obsolescencia programada e impulse campañas con el fin de generar conciencia en la urgente necesidad de transitar en los hábitos de consumo.

La Transición Justa implica equidad, democracia, transparencia, sustentabilidad, sin conflictos socio ambientales, con una distribución equitativa de costos y beneficios, con el reconocimiento de la injusticias y las adecuadas reparaciones de los daños socio ambientales; que reduzca las asimetrías de poder en la planeación, producción, distribución y goce de la energía eléctrica. Una ‘Transición Justa’ donde el Estado apoye la creación de experiencias de generación y distribución de energía en micro, pequeñas y medianas escalas por medio de cooperativas y otras formas asociativas locales adecuadas a la población tanto urbanas como rurales, descentralizadas, locales, territorializadas, con gestión local, participación social, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera soberana y autónoma pero también solidaria con otras regiones. Con tecnologías apropiadas. Incluso el uso de biomasa a pequeña escala, del biogás doméstico y otros insumos energéticos primarios no fósiles, bien usados y con la tecnología apropiada, han demostrado que son efectivos y sustentables y revierten la estigmatización del uso de la biomasa ligada a la pobreza energética para justificar el acceso a la energía solo por medio del sistema eléctrico centralizado y corporativo.

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El Escaramujo 101:LAS REPRESAS EN OAXACA

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En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.

Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorial y geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.

Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.

Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.

Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3

En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.

En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.

  • 1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
  • 2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
  • 3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
  • 4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.

Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.

Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.

Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.

Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.

Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.

También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.

La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.

Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).

Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).

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Durante la Presidencia de Miguel Alemán, en 1949 México solicitó su primer préstamo al Banco Mundial para invertirlo en el Sistema Eléctrico Nacional. Desde entonces han transcurrido 71 años en los cuales México han solicitado un total de 334 proyectos a esta institución de Bretton Woods fundada en 1944 en el contexto de las negociaciones que dieran fin a la II Guerra Mundial.

De los 334 proyectos presentados por México al Banco Mundial a lo largo de la historia, el 33.83% de ellos que representan 113 proyectos fueron durante el Modelo Estado de Bienestar que en México abarcó 36 años desde la Presidencia de Miguel Alemán Valdés en 1946, hasta el fin del sexenio del Presidente José López Portillo en 1982.

La implementación del Modelo Neoliberal también duró 36 años a partir de la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 hasta la Presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018, período en el que se han solicitado 66.16% de los proyectos que equivalen a 221 del total.

Hace 38 años que México empezó a transitar del Modelo de Bienestar al Modelo Neoliberal ya que es a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que da inicio el proceso de implementación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En este sexenio inicia la privatización de la banca que pasaron de 62 a 18 en manos del Estado; se devalúa la moneda, se eliminan los subsidios gradualmente a los alimentos básicos como el pan, la tortilla y la leche. Privatizó las empresas públicas pasando de 1,150 a 400. Se generó una hiperinflación nunca antes vista, se agudiza la pérdida del poder adquisitivo, caen los salarios en términos reales e inició la escalada de los precios de la gasolina que aumentó hasta mil 300 por ciento.

Miguel de la Madrid se ve obligado a renegociar la deuda externa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras Instituciones Financieras, que ya rondaba los 83 mil millones de dólares y además durante su sexenio pagó otros 65 mil 250 millones de dólares (casi 7 mil 500 millones de dólares más de lo que fue el endeudamiento neto).

En el contexto de esta crisis y del descontento social, es cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se escinden del partido oficial para conformar el Frente Democrático Nacional postulando a Cárdenas para la Presidencia. Pero la transición al nuevo Modelo Neoliberal apenas iniciaba y faltaba mucho por avanzar y desmantelar el papel del Estado, por lo que se fragua el fraude electoral con la famosa “caída del sistema” en manos de Manuel Bartlett para garantizar la continuidad de las PAE.

Es Manuel Bartlett, como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien coordinó la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, y como su asesor en asuntos políticos participa en la elaboración del Primer Plan Global de Desarrollo. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett fue Secretario de Gobernación y responsable de las elecciones de 1988 en el que sale electo Carlos Salinas de Gortari gracias a la “caída del sistema” para evitar la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas nombra a Bartlett Secretario de Educación Pública y luego es electo gobernador de Puebla por el partido oficial durante los años más álgidos del conflicto zapatista (1993-1999). Hasta el 2006 llama al “voto útil” en contra del PAN y a favor de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 es Senador Plurinominal por el Partido del Trabajo y en 2018 AMLO lo nombra Director General de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Será por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador omite el sexenio de Miguel de la Madrid como parte del período neoliberal?

Durante el Modelo Neoliberal, el Presidente que más proyectos ha solicitado préstamos al Banco Mundial ha sido Felipe Calderón seguido por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. No tomamos en cuenta a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya que lleva apenas dos años de su administración.

Felipe Calderón también ha sido el Presidente que más préstamos solicitó en miles de millones de dólares durante su sexenio, seguido de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Claro, esto es en términos brutos, ya que la paridad cambiaria entre el dólar y el peso en los últimos casi 40 años ha variado enormemente. Tampoco están aquí contemplados los intereses que se han tenido que pagar por los 334 proyectos en durante los 71 años, más los que faltan con los últimos préstamos en el sexenio de AMLO.

Cabe señalar que durante los dos primeros años de su administración, Andrés Manuel López Obrador ha solicitado en préstamos al Banco Mundial 5 proyectos con casi la misma cantidad que su antecesor Enrique Peña Nieto con 18 proyectos. Sin embargo, es necesario considerar que cualquiera de los anteriores sexenios, de haber vivido una crisis como la del COVID-19 seguro su deuda hubiera sido mucho mayor. Casi todos los países del mundo se han endeudado para levantar sus economías por la crisis económica que ha generado dicha pandemia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que a partir de su sexenio (2018-2024) se da fin al período neoliberal. En algún sentido AMLO tiene razón en la medida en que los dos años que lleva su administración ha revertido muchas de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que no podemos negar. No significa bueno o malo, simplemente, lo ha hecho o está en proceso. Por ejemplo, ha evitado la privatización del sector eléctrico, petrolero y de salud que era la tendencia ya muy marcada en los últimos años.

Ha evitado más privatizaciones, regresó el subsidio a algunos sectores sensibles como a los productores de granos básicos; ha establecido nuevamente el precio de garantía, aumenta los presupuestos para programas sociales con recursos propios; revirtió la reforma educativa y pretende garantizar mejores derechos a los trabajadores y su vida sindical.

También pone candados constitucionales que eviten hasta donde sea posible la voracidad empresarial y transnacional tipificando a corrupción como delito grave, promueve el derecho a los servicios públicos y el papel del Estado en la rectoría de la vida económica del país. Promueve la revocación de mandato y la eliminación del fuero a legisladores y presidencia. Aumenta el gasto público, evita el aumento de impuestos e intenta revertir la corrupción, y elimina la condonación de impuestos a las grandes empresas mexicanas y extranjeras.

Si no fuera por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19, si no del todo, sí hubiera disminuido la deuda externa en comparación a otras administraciones.

Sin embargo, también es cierto que otros aspectos siguen la misma dinámica e inercia neoliberal difícil de contener y mucho menos revertir, como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversión con las garantías al gran capital, la deuda externa con sus condicionamientos, la presión por la eliminación de los aranceles y los megaproyectos en función de las ganancias de las grandes empresas con el pretexto de dar empleo a los pobres a costa del despojo de los territorios y de las consecuencias socio ambientales. La manipulación de las supuestas “consultas” que favorezcan y encaminen sus megaproyectos que principalmente están alojados en el Sur-Sureste del país donde mayoritariamente hay pueblos originarios y propiedad colectiva de Ejidos y Bienes Comunales. Ante ello las protestas y resistencias se levantan contra la 4T y el Canal Interocéanico, las concesiones mineras, de represas, de carreteras, de fracking, de puertos y aeropuertos, del Tren maya, las refinerías, los gasoductos, entre otros.

Son 5 Proyectos con los que AMLO ha solicitado préstamos al Banco Mundial en los dos años que lleva su administración y que suman un total de 2,130,000,000 de dólares, que equivalen más o menos a 46,000,000,000 de pesos. Entre ellos están:

  • 1) “COVID- Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
  • 2) “Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México (PROSEGHIR)” que básicamente consiste en el mantenimiento y mejoras al Sistema Cutzamala que dota de agua a la Ciudad de México.
  • 3) “Modernización de los sistemas de gestión financiera pública en México”, que se consiste básicamente en la modernización del sistema financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
  • 4) “Proyecto de Financiación de Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, que consiste en aumentar la inclusión financiera, reducir las disparidades regionales, aumentar el acceso de las personas a la financiación y a los sistemas bancarios.
  • 5) “Proyecto de Financiamiento Rural en expansión para México”, que consiste en aumentar la disponibilidad de financiamiento para la economía rural y sus Micro, Pequeña y Medianas Empresas, acceso a la banca, entre otros aspectos.

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El Escaramujo 99: MÉXICO Y SUS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En plena pandemia, en Abril de 2020 se firmó la modernización del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. Y el 1o. de Julio 2020 entra en vigor la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, llamado T-MEC. Con ello iniciará un nuevo período en que el trabajo, los precios, las mercancías, el medio ambiente, la salud, los servicios y otros aspectos de la vida cotidiana marcarán un futuro distinto para la población. Por lo pronto, hagamos un balance general de todos los TLC’s que México ha firmado para darnos cuenta del reto que implicaría un verdadero proceso de transición a un sistema justo, a una integración entre los pueblos con respeto a las asimetrías de los diversos países, a las soberanías y al medio ambiente, y romper así con el entramado de beneficios y facilidades a las grandes trasnacionales que circulan por todo el mundo por las carreteras y la infraestructura de los TLC’s.

Como hemos mencionado en El Escaramujo No. 98, existen diversas modalidades de lo que normalmente llamamos ‘Tratados de Libre Comercio’ (TLC’s), pero que todos ellos determinan la vida cotidiana de la población. Y si bien un país no puede sustituir todas las importaciones y ser 100% autosuficiente, ya que su territorio, su geografía, sus bienes comunes, su cultura o sus posibilidades técnicas y de mano de obra no le son suficientes, se ve obligado a negociar con otros para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, existen otras formas de integración, de apoyo solidario, de Economía Solidaria Internacional, en lugar de los TLC’s que sólo benefician a los países y sus empresas más ricas en una correlación de fuerza desigual, en debilidad y desventaja de los países más pobres.

Cabe señalar que el Banco Mundial ha declarado que los países con menor crisis económica por la pandemia y que crecerán más son los menos abiertos con tanto TLC; los más agrícolas ya que producen sus propios alimentos, no dependen de los precios internacionales ni de las grandes corporaciones; y los que dependen menos del sector servicios como el turismo. Sin embargo, junto con el FMI han presionado por décadas para la apertura comercial y la privatización del sector salud que ahora quieren a reforzar con más deuda de los países. Estas son las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que tanto daño han hecho al mundo y que debieran desaparecer.

Según el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en conceptos amplios, México ha realizado 298 compromisos internacionales en materia comercial de los cuales incluyen 173 “Acuerdos Interinstitucionales” y 125 “Tratados”. En todos ellos México se compromete con al menos 82 países. Sin embargo, México tiene 34 demandas de inversores extranjeros por el supuestos incumplimientos a estos ‘Tratados’. Es de los más demandados en el mundo.

De los 173 Acuerdos Interinstitucionales se entienden, por ejemplo, memorándums de entendimiento, acuerdos de implementación, declaración de intenciones, declaraciones conjuntas o acuerdos de cooperación en materia de minera, energía, cooperación técnica, encadenamientos productivos. También los hay para conformar estructuras o instituciones bilaterales, para transferencia tecnológica, de cooperación industrial, asesorías, normas, regulación comercial, consultorías, promoción económica, inversiones, turismo, financiación, formación de grupos de estudio o de expertos; en materia de telecomunicaciones, convenios comerciales, sobre pequeñas y medianas empresas, sobre el arancel o información de algún producto específico (tomate, azúcar, edulcorantes, entre otros).

Dentro de las compromisos llamados “Tratados” hay diversas modalidades entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) como tal. También los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), de Complementación Económica (ACE), de Alcance Parcial (AAP), de Integración Comercial, de Asociación Estratégica; o acuerdo de Asociación o Cooperación Económica, Comercial, Científica, Tecnológica o Técnica; acuerdos sobre agricultura, para ampliar disposiciones, sobre aranceles, sobre obstáculos al comercio, trámites para importación o hasta acuerdos interinos. Existen también Convenciones para realizar contratos de compraventa o sobre arbitraje. Los Convenios se han firmado para establecer estructuras multilaterales sobre el comercio, industria, organismos, bancos, estatutos; sobre información comercial, de colaboración económica, comercial, financiera e industrial, para el fomento de la inversión o para facilitar las importaciones. Y para todos los anteriores, existen otras firmas de Tratados denominados Protocolos Adicionales, Modificatorios, para Enmendar o Rectificar cualquier tipo de Tratados mencionados.

Por lo general, los temas en todos los ‘Tratados’ que México ha firmado incluyen su ámbito de aplicación, el programa de liberalización de aranceles o desgravación, las reglas de origen, las cláusulas de salvaguardia, el retiro de concesiones, los tratamientos diferenciales, las medidas sanitarias y fito sanitarias, los remedios comerciales así como los obstáculos técnicos al comercio. Otros temas son: contrataciones públicas, inversiones, servicios financieros y marítimos, telecomunicaciones, comercio digital; comercio fronterizo, de servicios y de bienes; entrada temporal de personas de negocios, medio ambiente, laboral, competitividad, solución de controversias, compras del sector publico, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados, comercio electrónico, transparencia, trato nacional, procedimientos aduaneros, antidumping y derechos compensatorios, prácticas desleales, cooperación bilateral, medidas de emergencia, normas técnicas, políticas de competencia y disposiciones finales.

Entre los anteriores ‘Tratados’ destacamos aquellos que son los centrales. Según la Secretaría de Economía y completando la información con el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), México ha firmado 14 TLC’s con 50 países, 32 APPRI’s con 32 países, 20 Acuerdos, 8 Convenios y 33 Tratados Bilaterales de Inversión (AII).

En la medida en que los ‘Tratados’ avanzan, los conceptos se amplían y se flexibilizan. Por ejemplo, de “expropiación directa” a “expropiación indirecta” que incluye la criminalización y judicialización contra el movimiento social que interrumpe por alguna vía la inversión extranjera. Ya no solo es la inversión en capital fijo sino es también la fusión de empresas, su compra o traspaso; las patentes avanzan hacia todo tipo de bienes tangibles e intangibles, genes, plantas, semillas o alimentos; la privatización ya no es solo de empresas sino que abarca las propiedades públicas en el sector primario secundario y terciario; por poner algunos ejemplos.

En el marco de los TLC’s, los países desarrollados miembros de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) protegen los intereses de las grandes transnacionales fitomejoradores, de las empresas semilleras y de biotecnología para que puedan patentar variedades de semillas como el arroz, el trigo, el maíz, entre otros, e incluso las plantas. Facilita el robo del conocimiento tradicional indígena y generan derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la biodiversidad. Por ejemplo, en junio de 2020 investigadores mexicanos se pronunciaron contra el proyecto de ley del Congreso para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) basada en los lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) Acta 1991, ya que México se comprometió a ello en el marco de la firma del Tratado Transpacífico (TPP11) y el T-MEC. Esto implicaría a los agricultores, campesinos e indígenas del país la prohibición de vender e intercambiar las semillas obtenidas de sus cosechas para que sean compradas a las grandes trasnacionales semilleras. Esto agudizaría la dependencia alimentaria y aumentaría la contaminación por los paquetes tecnológicos. Otro ejemplo es el caso de los Estados de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) que por años han obligado a los países en desarrollo, en el marco de los TLC’s firmados con ellos, a adoptar leyes que protejan las obtenciones vegetales en consonancia con el Convenio de la UPOV 91. Sin embargo, los Estados de la AELC no cumplen con los requisitos de la UPOV91 en sus propias leyes nacionales. Otro ejemplo es la intención del congreso mexicano para favorecer a las farmacéuticas y preservar sus patentes por más años para cumplir los compromisos de los TLC’s a costa de la población.

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales.

Las demandas Corporativas contra México

Como ya hemos mencionado, todos los Tratados conllevan la adhesión a un tribunal o mecanismo dónde disputar los conflictos que pudieran suscitarse entre los países y sus inversores. Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) o también llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son uno de ellos y ponen las bases para que las empresas demanden al Estado, y no al revés.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es también otra oportunidad para la rapiña del gran capital y enriquecerse a costa de sus consecuencias. Como los gobiernos enfrentaron estallidos sociales ante la pobreza, la falta de empleo y la desesperación social, se prevé que los bufetes de abogados de los países desarrollados, preparen demandas contra los gobiernos que han implementado medidas para enfrentar y mitigar la pandemia ya que supuestamente afectaron sus intereses. Esto implica demandar a los Estados por no garantizar las inversiones, por no dar protección y seguridad frente a las protestas sociales, por intervenir la economía con subsidios en apoyo a un sector vulnerable; por la intervención estatal en algún sector como el de salud para enfrentar el caos sanitario, por fortalecer el sistema eléctrico estatal en el caso de México, por interrumpir operación de empresas, por evitar el corte de servicios básicos privatizados por falta de pago, por beneficios fiscales otorgados generando competencia desleal, o por el mal manejo que dieron a la crisis sanitaria. Por ello, las empresas podrían demandar en el marco de los ‘Tratados’ grandes indemnizaciones y reparaciones.

Según el Informe de ISDS impactos, pese a que México tiene un alto número de demandas, sigue otorgando más derechos y protección a los inversores extranjeros. El TLC México-UE que no contaba con un capitulo de protección de inversiones, con las modernización de dicho tratado finalizado en abril de 2020 se incluye un mecanismo para blindar las privatizaciones y las inversiones en el sector energético en el cual España, por ejemplo, tiene muchas inversiones. Por otro lado, México incluyó el Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión Europea para “substituir” el tradicional sistema de ISDS. En 2018, previo al cambio del nuevo gobierno, México se convierte en el miembro 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para mandar así un mensaje de seguridad a las empresas extranjeras y atraer su inversión.

México ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina de los países más demandados con 34 demandas. El 58,8% de ellas fueron iniciadas por inversores estadounidenses. El resto son, por orden de importancia, de España, Canadá, Francia, Panamá, Argentina, Singapur y el Reino Unido. Solo existen 4 demandas de empresas mexicanaas contra otros paises (2 contra España, una contra Colombia y otra contra Estados Unidos). A pocos años de firmado el TLCAN, México recibió en 1997 la primera demanda por parte de la empresa estadounidense Metalclad que pretendía construir un basurero de residuso tóxicos en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces se han recibido en promedio una 1 demanda y media por año. Durante el Gobierno de Vicente Fox, en 2002 y 2004 se presentaron 4 demandas en cada año. Y en 2017 se recibieron 3 demandas. Tan solo durante el cambio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 hasta la fecha ya suman 5 demandas. Aproximadamente las ⅔ partes de las demandas han sido resueltas; 47% a favor del Estado y 53% a favor de las Corporaciones.

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El Escaramujo 98: LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) nos afectan directa y cotidianamente. Definen nuestro salario, las condiciones de trabajo o la comida que compramos; los precios del maíz, del frijol, del tomate, del huevo y todos los productos agropecuarios; pero también de la ropa, de los automóviles, de la gasolina o de los servicios como la energía, el acceso al agua y al transporte. Los TLC’s impactan en nuestra salud, en la educación y en las condiciones de acceso al agua. Influyen en el Cambio Climático, en los conflictos territoriales, en la violencia, los desplazamientos, la dependencia, la pobreza, el desempleo, la militarización y son causa de la migración. Definen también las leyes y los cambios a la Constitución. Y gracias a los TLC’s las Empresas Transnacionales son los beneficiarios de los rescates por sus malos negocios, corrupción y violaciones a los mismos supuestos “acuerdos”.

Los TLC’s son el mecanismo por el cual las grandes Corporaciones demandan a los gobiernos por supuestos incumplimientos y esto impacta en la pobreza, en la falta de recursos públicos que podrían ser invertidos en el gasto publico, en la salud, en la educación o en la infraestructura. Los TLC’s explican la deuda o por qué se privatiza todo, hasta los ríos, los genes, las plantas medicinales, la cultura, los museos y las zonas arqueológicas. Definen lo que bebemos y sus ingredientes: explican la intromisión de agroquímicos, de transgénicos, de otros insumos al país más baratos con la subsecuente quiebra de la economía nacional. Explican la criminalización a las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, e incluso los asesinatos. Los TLC’s definen la vida política y la vida de los políticos. Y explican por qué hay tanta movilización, resistencia y rechazo a estos tratados; tantas campañas y exigencias para que las Empresas Transnacionales tengan normativas vinculantes cuando violan los Derechos Humanos allende sus fronteras. Los TLC’s son las correas de transmisión de la acumulación de capital y de las ganancias en manos de las Empresas Trasnacionales.

Escuchamos mucho sobre los TLC’s, de las nuevas negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá o con la Unión Europea, y sin embargo poco sabemos en qué consisten y cómo es que nos afectan. Por ello, para poder leer la prensa, las noticias, un artículo de opinión, un análisis o para animar a involucrarse en los movimientos contra los TLC’s y por la defensa de las Economías Solidarias y nuevas formas de integración entre los pueblos, presentamos 17 claves para poder entender los TLC’s de una manera más sencilla y explicado para no economistas. A lo largo del documento encontraremos conceptos cuyas definiciones encontrarás más adelante.

1) ¿Qué es un TLC? Es un trato que hacen dos o más países donde se comprometen entre ellos a eliminar o rebajar los aranceles de bienes y servicios; definen las reglas del “juego” sobre cómo, de qué forma y bajo qué legislación van a competir o a beneficiarse uno de otro. Se pueden regir bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en acuerdo entre los países participantes. Es vinculante, en el sentido de que la violación al tratado tiene consecuencias legales.

Los TLC’s se promueven en la opinión pública como la condición necesaria para el “desarrollo”, la “democracia”, la “libertad”. Sin embargo, más que un “Tratado” son mecanismos de presión y resultado de la correlación de fuerzas en una relación de poder donde el país más débil termina aceptando las condiciones del país más fuerte. Débil por su enorme endeudamiento, por las asimetrías, por su flaqueza institucional, por su poca capacidad política y de negociación, por su alta dependencia, o por su alta vulnerabilidad a la corrupción. Esto no lo hace “Libre” ya que es una coerción donde el débil debe cumplir aunque el fuerte no cumpla. Se está obligado a abrir las fronteras sin la rectoría del Estado. Tampoco es un supuesto “comercio” porque no sólo se trata de mercancías (los bienes corporales muebles) sino de apropiación de bienes intangibles, de ganancia por especulación, por el control y la conformación de grandes monopolios, por demandas y enriquecimiento ilícito de las grandes Corporaciones, por la evasión de impuestos, la apropiación de territorios de forma ilegal, o por la corrupción en las licitaciones, entre otras formas. Casos, sobran, como Enron, HOL, Odebrecht, GoldCorp … y los casos de las corporaciones trasnacionales son interminables.

A todo le llamamos TLC, pero en realidad existen modalidades que es bueno conocerlos y diferenciarlos:

  • Acuerdos de Alcance Parcial (APP): Participan dos o más países y sus acuerdos son comerciales, de complementación económica o agropecuarios, de promoción del comercio, entre otros sectores específicos. Se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos. Y es que existen algunos sectores que los países desarrollados no quieren abrir a la competencia.
  • Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Los países desarrollados conceden unilateralmente cobrar menos aranceles por algunos productos a un país en vías de desarrollo. Es una exención de la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) ya que no da ese mismo trato a otro país desarrollado. No es tanto para ayudar a un país pobre, sino que es una forma en que un país recibe insumos que necesita más baratos, y al mismo tiempo genera una dependencia preferencial.
  • Tratados de Integración Comercial. Es el acuerdo entre países para reducir o eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Puede incluir aspectos sociales y de política regional, fiscal y presupuestaria, instituciones comunes o movimiento de personas. Como ejemplos tenemos a la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur o la Unión de Naciones Suramericanas. En esta integración unos países pierden más que otros.
  • Acuerdos Comerciales Preferenciales. Entre dos o más países acuerdan reducir mutuamente uno o varios aranceles, no todos.
  • Acuerdo de Asociación (AA). Es un TLC que elimina barreras a la libre circulación de bienes, servicios y de inversión entre los países; y además incluye elementos de asociación en materias del ámbito político y de cooperación. Podría ser un paso previo hacia la integración económica total como la Unión Europea.
  • Acuerdo de Complementación Económica (ACE). Se usa entre algunos países latinoamericanos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con el fin de lograr una apertura de mercados mayor a la de los Acuerdos de Alcance Parcial y menor a los TLC’s.
  • Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Es el acuerdo entre dos países para dar ‘seguridad jurídica’ a las empresas que invierten, y de violar esto solo las empresas pueden demandar a los Estados a costa de la legislación del país, de sus políticas públicas o de la violación a los derechos humanos. Suelen incluir el Trato Nacional, el Trato de Nación más Favorecida, el Trato Justo y Equitativo; Restricciones a la expropiación, a los requisitos de contenido nacional, o permitir la libre transferencia de fondos con el fin de repatriarlos, entre otras. Los TBI son terribles. Las empresas buscan demandar a un país desde otro país en el que tiene sucursales y que al mismo tiempo ha firmado un TBI con el país que quiere demandar.
  • Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Es un tratado que promueve la liberalización a escala global de todo el comercio de servicios, excepto el trasporte aéreo y los suministrados en «en ejercicio de facultades gubernamentales». Las negociaciones son fuertes ya que muchos países desarrollados no quieren liberar algunos servicios. Sin embargo, el objetivo es privatizar todos los servicios como son bancos, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros por mencionar tan solo algunos, y alargar los años de protección de la propiedad intelectual,

2) Los antecedentes. Después de 1945, la economía mundial se encontró devastada, el comercio quebrado, las vías de comercialización y su infraestructura destruidas, y el Estado con la necesidad de sustituir las importaciones y empezar a crear hasta donde le fuera posible su propias fuerzas productivas. En este contexto nace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) que funcionó entre 1947 y 1995 donde los países negociaban entre ellos el cobro de sus aranceles de bienes bajo el principio de reciprocidad: “tú me cobras tanto por vender esto en tu país, yo también”. Pero en 1994 suceden dos acontecimientos fundamentales para la economía mundial. Por un lado se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, al mismo tiempo, se da fin al GATT que se convierte en la Organización Mundial del Comercio (OMC) como un organismo internacional que regularía los aranceles y el comercio de prácticamente todos los países del mundo, ampliando el comercio de bienes al sector de servicios y los derechos de la propiedad intelectual. Fue en 1999 durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, cuando las movilizaciones sociales junto con la oposición de algunos gobiernos, se logra detener las negociaciones que pretendían incluir todo a la lógica del mercado.

Es así como los países que dominaban en las regiones de América, Europa y Asia se concentran en lograr en sus territorios la imposición de sus intereses que no fueron posibles establecer en la OMC. En Asia los ‘Tigres Asiáticos’ fortalecen su región; la Unión Europea amplia la zona euro y el control comercial; y en América, Estados Unidos intenta imponer el Área de Libre Comercio de las América (ALCA), un especie de TLCAN ampliado. Sin embargo, junto con las grandes movilizaciones continentales y los gobiernos progresistas de América Latina que se opusieron, en 2005 se da por terminado este intento. Entonces EEUU lanza otra estrategia que consistió en impulsar de manera bilateral por medio de los TLC’s los intereses que EEUU no logró vía la OMC y el ALCA. Es entonces cuando se acelera la creación de TLC’s entre los países del Norte con el Sur y, curiosamente, sin establecerse TLC’s entre los países desarrollados. De cualquier manera, los TLC’s implementaron un mecanismo que permite la reproducción automática y acelerada de sus objetivos.

América del Norte (Canadá y Estados Unidos), Europa y Asia se lanzan entonces a la búsqueda de firmas de TLC’s con los países de América Latina en búsqueda de oro, plata, petroleo, gas, agua, energía eléctrica; compras de empresas estatales y para instalar sus empresas a la región.

3) Los subsidios. Todos los gobiernos han otorgado dinero de manera directa o indirecta a algún productor con el fin de mantener el empleo en eses sector, garantizar que el producto llegue al consumidor a precio accesible o que el productor tenga alguna mínima ganancia. Algunos países subsidian a los productores de maíz, de frijol, de caña de azúcar, de aceite, entre otros muchos productos según sus necesidades y culturas. La manera de subsidiar para mantener el precio accesible al consumidor es otorgar financiamiento, pero también con exención de impuestos o con insumos baratos para la producción. Del mismo modo se otorgan subsidios a los servicios públicos como el transporte con el fin de que sea accesible a la población, o a las diversas actividades culturales, a la cuota de electricidad o del consumo de agua, todo con el fin de procurar el Bienestar de la población y el cumplimiento de los derechos humanos. Pero para el TLC esto es una “competencia desleal” y “populismo” para justificar su eliminación. Se sataniza el subsidio y se exige que sea eliminado y así se refleje el valor real del producto para competir con otros países en las mismas condiciones. Y obviamente el precio sube, los productores quiebran, la migración se agudiza y el producto queda en manos de algún monopolio. Otros subsidios se van eliminando paulatinamente hasta acordar una fecha tope en que se elimina totalmente. Una violación a esto puede implicar que la empresa extranjera exija una compensación. Sin embargo, los países más ricos son los que más subsidian a sus empresas trasnacionales, lo que les permite ofrecer precios más bajos.

4) Los aranceles. Todos los países manejan un impuesto (una cuota monetaria) que cobran por una mercancía extranjera al entrar a su territorio. También tiene la función de regular la entrada de ciertos productos que el país ya produce con el fin de que la competencia extranjera no le inunde el mercado del mismo producto o altere el precio. Así, se protege el empleo, la producción y la cadena productiva. Por ejemplo, si se produce mucho tomate para el consumo del país, se cobrarán más aranceles al tomate extranjero para alejarlo del mercado nacional. Si se requiere tomate y no se produce, se bajan los aranceles para atraer a las empresas a llegar al país a vender el producto. Se puede cobrar arancel que represente un porcentaje del valor del producto, o un arancel por un volumen determinado de productos, o por una combinación de las dos. Con el TLC ahora se le llama “barreras arancelarias” y “proteccionismo” con el fin de presionar a los países más débiles a que eliminen los aranceles o establezcan un calendario (desgravación paulatina) donde se estipula cómo lo irán bajando año con año hasta que la empresa extranjera puede entrar al país “libre de aranceles”. Con esto, la empresa extranjera tiene más ganancias y el país receptor pierde ingresos al no cobrarlos, lo que repercute en que tendrá que reducir su presupuesto a los servicios, la educación, la salud, la inversión en carreteras, entre otras cosas. Sin embargo, los países más proteccionistas son los países más ricos que sí protegen su empleo, sus industrias y sus productores al violar los TLC’s e impedir el paso de ciertos productos acordados, o aumentar los aranceles para debilitar al país competidor o cerrarle el mercado. Estos han sido los casos recientes de la guerra de cuotas arancelarias entre China y Estados Unidos.

5) Las barreras no arancelarias. Un Estado debe proteger la salud y garantizar la seguridad de la población. En principio protege a sus productores nacionales y a sus consumidores definiendo leyes, regulaciones, políticas, reglas de importación, cuotas de importación (límites a la cantidad de una mercancía que se puede introducir al país ya sea café, miel, frijol, carne, etc.), criterios de embalaje, certificados especiales, licencias de exportación, controles de calidad y normas de sanidad vegetal y animal, regulaciones ecológicas y de toxicidad o marcado de país de origen. Con el TLC esto se ve como barreras al libre comercio, a la libre competencia, o como proteccionismo ya que los gobiernos bloquean el libre tránsito. Sin embargo, cuando los países del Norte definen sus barreras no arancelarias le llaman “protección de su soberanía”.

6) Precios de garantía y Control de Precios. Los precios de garantía son los precios fijos que estipula el gobierno a ciertos productores con el fin de garantizar que continúe produciendo, como el maíz, frijol, entre otros productos estratégicos para cubrir la demanda nacional. Este precio fijo le ayuda al productor frente a las variaciones de precios en el mercado. El control de precios es el precio fijo máximo y mínimo de una mercancía o servicio, con el fin de garantizar el acceso de la población y evitar la inflación por la escasez, tales son los casos de los productos básicos como el pan, la tortilla, el azúcar, la sal, el huevo, entre otros, y en los servicios como el agua o la electricidad. Con el TLC ambos se liberan para que las empresas extranjeras puedan vender el mismo producto más caro o comprar productos agropecuarios más baratos al productor, lo que ha ocasionado el quiebre de los productores del campo, la pobreza y la migración. A estos controles les llaman “populismo”, pero cuando los países del Norte definen estos precios le llaman protección de su mercado nacional. En 1960 México estipuló precios de garantía de granos y oleaginosas y se eliminaron en 1994 con la entrada del TLCAN.

7) Las Reglas o Normas de Origen. Son los criterios que determinan si un producto es de procedencia nacional (“Hecho en…”), ya que esto determina el derecho a exportarlo o importarlo para proteger y fortalecer a su industria nacional o a sus productores. Estas reglas las puede determinar un país o fruto de una negociación entre varios. Estas normas de origen pueden determinar si hay ‘dumping’, si se solicitan medidas de compensación, la aplicación de etiquetado y marcado, qué tipo de mano de obra se puede emplear, etcétera. Muchos gobiernos impulsan campañas de consumir lo “nacional” cuando una mercancía o servicio tiene cierta cantidad de componentes producidos en el país. Con el TLC se tiende a presionar para que muchas mercancías y servicios puedan tener componentes extranjeros sin necesidad de consumir lo local.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 95: LA BANCA MULTILATERAL DEL DESPOJO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Las personas, las empresas y muchos gobiernos del mundo salen a buscar dinero prestado para rescatar sus economías y así solventar la crisis del sistema develada por el COVID-19. La deuda se dispara.

El costo de la crisis sanitaria en el mundo no tiene precedentes en los últimos 100 años. Se habla de recesión global, desaceleración, depresión o contracción económica entre otros conceptos que puedan abarcar a las millones de personas que han quedado sin empleo en todo el mundo, al hambre que recorre los países, a las empresas quebradas y a los gobiernos que se han quedado sin recursos ni siquiera para pagar el servicio de su deuda eterna.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que es la peor recesión mundial en 90 años, mientras que el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) afirma que el costo de la pandemia del coronavirus podría alcanzar los USD$8,8 billones de dólares, o casi el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, en esta crisis sin precedentes se nos quiere hacer responsable individualmente de su propagación y solución con la consigna de “Quédate en Casa”, pretendiendo ocultar las causas sistémicas y estructurales de esta catástrofe.

La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 provocará un aumento vertiginoso de la deuda por medio de los ‘recates’. Y más que ‘rescates’, es una inyección de adrenalina de concentración de capital. Para ello, los bancos juegan el papel central junto con los gobiernos. La banca es al sistema capitalista lo que las venas al cuerpo. Mueven el dinero, la especulación, la riqueza, el oxígeno que le da vida al sistema. Se inyectarán recursos para que la sociedad se autorescate con sus propios fondos públicos. Y es que la acumulación de capital no se puede entender sin la lógica de la deuda. Por ello, desde otro ángulo, el COVID-19 no pone en jaque al capitalismo, sino que más bien lo acelera, donde la banca del despojo juega un papel fundamental para la acumulación en cada vez menos manos.

El Estado Corporación siempre estará al servicio de dicha acumulación con la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) que la favorecerá ofertando préstamos, créditos o subsidios. Pero, ¿quiénes son? Esbozamos aquí una serie de claves comunes para entender el conjunto de la mal llamada Banca de “Desarrollo” como parte de las Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que han financiado proyectos de despojo a los pueblos endeudados y empobrecidos, que han implicado sistemática violación a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE), financió el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro Soto en grado de tentativa en Honduras. Por otro lado, un miembro de la familia Atala, dueño del proyecto, fue el representante de su gobierno ante el BCIE y en su tiempo dicha familia adquirió grandes sumas de créditos de este banco.

Los orígenes de la BMD

La BMD se funda a partir de la II Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Banco Mundial (BM) en 1944 en el poblado montañoso y nevado de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, país que alberga sus sedes. Por ello se le llaman las instituciones de Bretton Woods. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el andamiaje político hegemónico en el mundo, como el FMI y el BM lo son en el andamiaje financiero, donde prácticamente todos los países del mundo forman parte de estas estructuras capitalistas hegemónicas. Estas IFI’s serán la raíz y la matriz de muchos otros bancos de desarrollo regionales y subregionales, de muchas directrices económicas impuestas en el mundo y de la mano de los gobiernos quienes las operativizarán e instrumentalizarán.

Es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en que el Estado y no el mercado, levantaría la economía mundial destrozada de la posguerra; procurar el bienestar de la población y el cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, Protocolos y Convenios vinculantes en la materia, en la lógica del Modelo Estado de Bienestar. Para ello, los Estados conformarían la BMD con el fin de otorgar créditos a los países pobres y así garantizar el supuesto desarrollo, el derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, entre otros compromisos en materia de derechos humanos.

Desde entonces, más de 30 bancos multilaterales de desarrollo continentales y subregionales se crearon y con ello se generaron, en unos países más y en otros menos, en unos más rápido y en otros menos, los sistemas de salud, de educación, de comunicaciones, de producción, de electricidad y sus sistemas bancarios nacionales. Se crearon leyes soberanas y también la infraestructura como caminos, puentes, represas, puertos, tendidos eléctricos, aeropuertos, entre otros servicios públicos.

Más tarde, a partir de la década de 1970, y en el contexto de las dictaduras militares en América Latina, bajo la crisis mundial de la deuda externa, del petróleo y del patrón oro, entre otros factores, inicia la imposición de Políticas de Ajuste Estructural (PAE) del FMI y del BM a los países deudores, reflejando los intereses económicos de los países acreedores y sus empresas.

A principios del Siglo XXI, el 65% de los préstamos del BM fueron dirigidos a las PAE. Así, en la era del Modelo Neoliberal todos estos bienes y servicios construidos con fondos públicos iniciarían un proceso largo de privatización en manos de las grandes corporaciones. La BMD realizaría otro papel, la de ser correa de transmisión de las PAE, así como de trasladar más líneas de crédito baratas a las empresas. Ahora, con la crisis del COVID-19 se reclama al Estado un sistema de salud pública que el mismo FMI y el BM desmantelaron y privatizaron; y ahora ofrecen nuevos créditos para reconstruirlo. Más deuda.

El Objetivo de la BMD

Los supuestos objetivos de la BMD fueron reducir la pobreza de los países pobres miembros del banco, generar empleo y bienestar, promover la integración económica de los países miembros, mejorar la infraestructura, el comercio, la generación eléctrica, el transporte, la producción; promover la inversión privada y pública, la asistencia técnica, las reformas del estado necesarias para garantizar las inversiones privadas; promover la agricultura, la industria y lograr los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Entre los BMD hay relación y acuerdos de cooperación financiera. Sin embargo, luego de casi 80 años de la BMD los países del Sur siguen sumidos en la peor pobreza, dependencia y endeudamiento generando la concentración de la riqueza en el Norte Global.

Los miembros de la BMD

Los miembros de la BMD son los países de la región. Pero muchos aceptan miembros que no son regionales y cuyos países aportan grandes cantidades de dinero al banco para poder tener acceso preferencial a las inversiones que se hagan en los países regionales o fundadores del banco, para tener la prioridad frente a otros países no miembros en el suministro de bienes y servicios de los proyectos financiados por el banco. Este es el gran negocio de los países ricos y de los intereses de sus grandes corporaciones. Así, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, España, Chima, Italia, Israel, Holanda, Noruega, Francia, entre otros países se integran al banco regional con sus fondos públicos propios para extender sus negocios y préstamos. Sin embargo, también algunos países del Sur se suman a los bancos subregionales para incrementar los negocios, como puede ser México, Brasil, Chile, Colombia o Argentina. Así, los gobiernos han ido flexibilizando los criterios para sumar otros países sin aportar capital y ser beneficiario de inversiones como el caso de Belice, o sin ser parte de la región con el objetivo de aumentar las posibilidades de inversión, de más rentabilidad, de más injerencia en otras regiones y de mayores negocios. Todo este entramado de intereses hace que el BMD no sólo tenga sede en un país, sino también sucursales o representaciones en diversos continentes.

Todos los BMD del Sur tienen accionistas o socios del Norte por donde entran sus inversiones, sus corporaciones y sus condicionamientos a los países del Sur. Hasta la fecha, los países del Sur siguen en “vías de desarrollo” sin alcanzar el supuesto desarrollo del Norte.

Los tipos de BMD

Esta supuesta Banca de Desarrollo de carácter público puede ser internacional (multilateral) o nacional. En el caso de los bancos nacionales de desarrollo, por ejemplo, México ha conformado varios de ellos: el Banco del Bienestar, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Nacional Financiera (Nafin) o la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). También los países “desarrollados” tienen su banca de desarrollo. Algunos bancos nacionales de desarrollo invierten y prestan allende sus fronteras con el fin de ampliar sus ganancias desde otros países, prestando a gobiernos o empresas privada como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BANDES) cuyos créditos en América Latina superó a los proporcionados por el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otra modalidad de préstamos son las llamadas Agencia de Crédito para la Exportación (ACE) y las Agencias de Cooperación (AC) que, siendo fondos públicos de un país, presta, invierte o dona a gobiernos para influir en las políticas del país objetivo, o al sector privado para favorecer sus inversiones, con poca o nula transparencia en sus operaciones. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financió las modificaciones al Código Penal de Honduras que criminaliza más a los movimientos sociales y a los defensores y defensoras de los territorios en un país donde existe la resistencia incluso a los megaproyectos españoles. Por su lado, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) cofinanció el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres en Honduras.

Entre las ACE’s y las AC podemos encontrar: Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, Corporación Canadiense para el Fomento de las Exportaciones, Banco de Desarrollo Holandés, Banco Japonés de Cooperación Internacional, Banco de Exportación Importación de Japón, Oficina Federal de Suiza para la Ayuda Económica Extranjera, Programa de Ayuda Internacional de Australia, entre otros muchos.

La BMD y los gobiernos manejan también fondos especiales para algunas temáticas o sectores. Por mencionar tan solo algunos: Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo Arabe para Desarrollo Económico y Social , Fondo de Fideicomiso de Nigeria, Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo Europeo de Desarrollo, Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo de Desarrollo de Kuwait, Fondo Verde del Clima, Fondo Africano de Desarrollo, Fondo Nórdico de Desarrollo, y la Asociación Internacional de Fomento. Algunos son jurídicamente independientes y otros son manejados por algún BMD.

Los préstamos de la BMD

Las decisiones de los bancos se miden por votos. Así, tendrá más voto de decisión en el banco quien ponga más dinero. Por ejemplo, en el caso del BID, Estados Unidos pone el 30% de los recursos, es el que más aporta. De esta forma los países que más aportan definen a quién le prestan, cómo, para qué y con qué condiciones. Los que más aportan tienen prioridad sobre las ofertas de licitaciones gubernamentales o proyectos de inversión en infraestructura.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 94: RADIOGRAFÍA DE EJIDOS Y BIENES COMUNALES

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Los mayores megaproyectos del Gobierno Federal se ubican en el Sur-Sureste del país. El Corredor Transístmico hasta con 10 parques industriales, las Zonas Económicas Especiales, la Refinería Dos Bocas, la extracción petrolera, los pozos de fracking, el gasoducto a Centroamérica, el Tren Maya, las represas hidroeléctricas, la planta de geotermia; los parques eólicos, el turismo de élite, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas; los aeropuertos, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, los servicios ambientales y la privatización de material genético, los proyectos mineros y la Carretera de las Culturas que uniría la Costa de Chiapas con el Caribe. Estos megaproyectos requieren de la apropiación de gigantescas extensiones de territorios. Todos ellos en medio de mucha militarización con la Guardia Nacional, violencia del narcotráfico y de grupos armados que desplazan comunidades indígenas en la Zona Norte y Altos de Chiapas, así como oleadas de migrantes que aumentarán al finalizar el confinamiento por el COVID-19 y vuelta a la supuesta “normalidad”. También el gobierno desea impulsar mayores inversiones y atraerlas al Sur-Sureste donde presume que hay abundante agua y tierras entre otros recursos favorables para la inversión nacional y extranjera.

El Gobierno Federal no desea ahuyentar la inversión de las Corporaciones y promete respetar lo que en el marco de las leyes aprobadas anteriormente se ha otorgado, lo que agudiza las disputas territoriales. Por otro lado, la ratificación de la modernización del tratado comercial entre México y la Unión Europea que inició en 2016 y finaliza en medio de la pandemia, amenaza con más privatizaciones, mayor actividad extractivista y agudización de la pérdida de la soberanía alimentaria. Por su lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC cuyas negociaciones terminaron en 2018, entre otros acuerdos de libre comercio que el gobierno mexicano ha firmado con decenas de países, profundiza la dependencia y la pérdida de la soberanía nacional. En total, México ha firmado Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Preferenciales o Acuerdos Parciales con más de 60 países.

Por ello, la apertura de las fronteras a las Corporaciones amenaza los territorios indígenas y campesinos en el Sur-Sureste. Sin embargo, se encuentran con un gran obstáculo en el caso de Chiapas: el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales.

Los territorios en disputa

En México existen tres tipos de Propiedad: Pública, Privada y Social. La Propiedad Social incluye a los Ejidos y a los Bienes Comunales regidos por la Ley Agraria con el fin de garantizar la propiedad de la tierra a los indígenas y campesinos y evitar su concentración en pocas manos. Antes de 1992 constitucionalmente estaba prohibida la privatización de esta Propiedad Social.

El Ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica, con patrimonio propio y propietarios de tierras que se les han dotado, que han sido compradas, se les han incorporado o se han adquirido por cualquier otro título. En el caso de los Bienes Comunales es igual, pero la diferencia es que sus tierras las han obtenido mediante resolución presidencial de reconocimiento, por restitución, jurisdicción voluntaria promovida por quienes guardan el estado comunal o mediante resolución en un juicio. Ambos se dividen en tres áreas: Uso Común, Parceladas y Asentamiento humano y reserva de crecimiento. Además de los Ejidatarios/as y Comuneros/as, existen los Avecindados/as que son aquellas personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que la asamblea ya los reconoce; y los Posesionarios/as que incluyen a las personas que tiene una parcela dentro de un ejido y/o comunidad, pero no se cuenta con certificado de derechos agrarios.

La Propiedad Social, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, ocupaba el 52% del territorio nacional. Por ello el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modifica muchas leyes para hacer posible el TLCAN, entre ellos la modificación en 1992 del Artículo 27 de la Constitución que prohibía vender la Propiedad Social con el fin de privatizar la tierra y dar entrada a las inversiones extractivistas y de infraestructura en sus territorios.

Para ello se inventó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que funciona entre 1993-2006 para delimitar las tierras de Propiedad Social y desincorporarla de los Ejidos y Bienes Comunales y así dar “seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y trasnacionales. Este Programa fue implementado con mucha coerción, con engaños, con trampas y presiones de no recibir programas de gobierno si los indígenas y campesinos no delimitaban sus tierras para repartirlas y venderlas. En este proceso el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural así como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), jugaron un papel fundamental en la imposición y las divisiones comunitarias. Con el cambio de gobierno, el PROCEDE cambió de nombre en 2007 a Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y luego cambia de nombre a Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR).

Como se observa en el mapa catastral más abajo, de todo el territorio de Chiapas, el 64% es Propiedad Social. Esto significa que indígenas y campesinos, son dueños/as de la gran mayoría del territorio estatal (color verde en el mapa). El 28.25% es Propiedad Privada (color café oscuro); el 5.86% es Propiedad Pública Federal; y sólo el 0.75% es Área de Zona Urbana (color amarillo). El 0.16% son Áreas de Proceso de Actualización.

En Chiapas existe un total de 3,253 núcleos agrarios de Propiedad Social (entre Ejidos y Bienes Comunales), y suman 482,807 las personas legalmente dueños/as de estas propiedades colectivas.

Del total de los núcleos agrarios, existen 3,164 Ejidos en 114 Municipios que representan el 91.9% del total de Municipios de la entidad. Por otro lado, hay 89 Bienes Comunales en 38 Municipios que representan el 30.6% del total de los Municipios.

El total de Ejidatarios/as asciende a 344,277, de Comuneros/as 78,388, de Avecindados/as 6,370 y el total de Posesionarios es de 53,772.

En todos los 124 municipios en que se divide el territorio del estado de Chiapas hay Propiedad Colectiva. No existen proyectos mineros, de represas o cualquier otro megaproyecto donde no tenga que intervenir el Municipio y la Asamblea de los núcleos Agrarios con quien la empresa se ve obligado a negociar o confrontarse con ellos. No hay megaproyecto sin un grado de conflicto.

Existen 6 municipio de reciente creación que se formaron de otros Municipios con Propiedad Colectiva: El Parral (2011) que se desprende del Municipio de Villacorzo; Emiliano Zapata (2011) de Acala; Belisario Domínguez (2011) de Cintalapa; Mezcalapa (2011) de Tecpatán; Capitán Luis Angel Vidal (2017); Rincón Chamula San Pedro (2017) de Pueblo Nuevo y desplazados de Chamula. Solo Mezcalapa está identificada en el Registro Agrario Nacional (RAN), y los demás están aquí contabilizados en sus antiguos municipios a los que pertenecían.

Los 5 Municipios con el mayor número de Ejidos son, por orden de importancia: Ocosingo (212), Las Margaritas (168), Palenque (166), Salto de Agua (113) y la Trinitaria (103).

Los 6 Municipios que solo están compuestos por un Ejido son: Chicoasén, Metapa, Mezcalapa, Ocotepec, Santiago El Pinar y Sunuapa.

De los 38 Municipios que cuentan con Bienes Comunales, 22 de ellos tienen solo un Bien Comunal, 8 Municipios cuentan con 2 Bienes Comunales, 4 Municipios cuentan con 3 Bienes Comunales. Comitán y Ostuacán con 5 cada uno, Pijijiapan con 11 y Las Margaritas con 18 Bienes Comunales, quien encabeza la lista de más comunidades en su territorio municipal.

Solo 5 Municipios están formados por un Bien Comunal: Aldama, Chalchihuitán, Mitontic, Nicolás Ruiz y San Juan Cancuc.

Existen conflictos fuertes entre comunidades y ejidos por la delimitación de las tierras que han llegado incluso a enfrentamientos armados y población desplazada. En muchas ocasiones el padrón no está actualizado y en otras las Asambleas han perdido el rol que legalmente les corresponde. Pocos son los ejidatarios/as y comuneros/as que conocen la Ley Agraria que rige sus territorios.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 73: Ley de Seguridad Interior en México

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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La Ley de Seguridad Interior legaliza y pone los cimientos de una especie de “Dictadura” o de estado totalitario con el uso a discreción del Presidente sobre las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada o Marina y Fuerza Área), así como de las instituciones policiales de todo el país. México estará bajo la lupa de la inteligencia y el espionaje militar. Gobiernos estatales y municipales podrán quedar relegados por el Presidente y pierden su autonomía además de obligarse a financiar las acciones que realicen las instituciones de los tres niveles de gobierno, Fuerzas Armadas y policiales que el Ejecutivo defina. El Decreto Presidencial le permite al Ejecutivo un marco jurídico para usar la represión, estados de excepción y otras violaciones a los derechos humanos al margen de la Constitución, derogando toda disposición que contravenga esta Ley que otorga al Ejército demasiadas atribuciones. Este Decreto no encuentra consenso social. Sectores de todo tipo, tanto nacionales como internacionales han levantado la alerta y los peligros que conlleva esta Ley. Esta concentración de poder por encima de la Constitución, de estructuras y mecanismos democráticos de control, lleva a un exceso de autoridad y abuso de ella por parte de la figura presidencial como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que llevará inequívocamente a más violación de los derechos humanos.

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la criminalización al movimiento social, el Presidente ofrece la seguridad política, social, territorial y legal para la extracción de los recursos que se llevan a cabo y los que se avecinan en el marco de la liberalización total del comercio y de la imposición de las Zonas Económicas Especiales. Minería, gas, fracking, petróleo, monocultivos forestales y transgénicos, complejos turísticos, parques industriales, gasoductos, oleoductos, regasificadoras, puertos marítimos, aeropuertos, autopistas, represas, hipermercados, puentes y los parques eólicos son el horizonte del supuesto desarrollo y con ello del despojo de la población de su territorios rurales y urbanos. Ante ello, en el marco de la acumulación de capital, de la profundización de los tratados de libre comercio e inversiones multimillonarias en estos magaproyectos con irreversibles consecuencias sociales y ambientales, donde la protesta social acumula fuerza y movilización, esta Ley llega en el momento adecuado para la dictadura del capital. Esta acumulación llega a tal cenit que requiere el uso de las fuerzas militares y policiacas para imponerse.

Analicemos el Decreto de Ley y los elementos fundamentales

¿Quiénes fueron responsables de esta Ley?

La enorme y trascendente responsabilidad de los partidos políticos y en concreto de los diputados que la votaron en 2017 traerá enormes consecuencias para el pueblo mexicano. La Ley se aprobó con el voto de 248 personas en el Congreso mientras que 87 de ellos no asistieron. Votaron en contra 115 y 48 se abstuvieron. De los diputados que votaron a favor 183 fueron del PRI, 35 del Partido Verde Ecologista de México, 14 del PAN, 9 del Partido Encuentro Social, 9 de Nueva Alianza y 2 del PRD. Votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD; todos los 39 de Morena y 17 de Movimiento Ciudadano, y un diputado independiente. Las 48 personas que se abstuvieron todas fueron del PAN. Así, el 21 de Diciembre de 2017 el Presidente Enrique Peña Nieto publicó el Decreto de la Ley de Seguridad Interior que contiene 35 artículos. Por tanto, la izquierda partidista en el Congreso con capacidad de incidir, sigue inexistente.

¿Existe una fuerza política de izquierda capaz de revertir esta tendencia? ¿Es el escenario político-partidistaelectoral el que detendrá este capitalismo atroz?

Los conceptos claves para entender esta Ley

Para entender el contenido, esta Ley define como: (Artículo 4)

a) “Acciones de Seguridad Interior”: “Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior.”

Queda ambiguo lo que significa “identificar”, “prevenir”, “atender”, “reducir”, “contener riesgos” y “amenazas”. Si hubiera un problema de educación o salud, podríamos adivinar más o menos el tipo de políticas y acciones preventivas que definieran estos conceptos y sus acciones. Pero en el uso de la fuerza militar y policiaca, reducir y contener lo que se considere una amenaza no garantiza el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de represión que lo que menos tienen es conocimiento y formación en materia de derechos humanos.

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