[PDF] ¡Que no te lleve el Tren! Regiones indígenas en contra del Tren Maya

Les compartimos esta publicación sobre el proyecto del Tren Maya y algunos de los muchos impactos que tendrá a nivel económico, social y ambiental – 7 de junio de 2020

Cuaderno 1 Km.0: desigualdad, despojos y violencias. Contexto social y territorial, antecedentes y escenarios en la Zona Selva-Norte y Palenque, Chiapas

Escrito por Giovanna Gasparello

El Cuaderno 1, Km.0: desigualdad, despojos y violencia, expone el contexto social actual en la región Norte de Chiapas, en el municipio de Palenque,  y en la colonia Pakal Na, que sería el principio del Tren Maya y dónde se construiría la primera estación y nuevo centro urbano. La situación actual en cuanto a servicios públicos, derechos fundamentales, inseguridad y violencia, genera interrogantes relativas a la viabilidad y pertinencia del proyecto turístico y de infraestructura.

Asimismo, antecedentes recientes relativos a proyectos de infraestructura, turismo y urbanización dirigida en Chiapas muestran la presencia de contradicciones insoslayables que podrían volver a estallar de avanzar con la construcción del Tren Maya.

Dicha discusión se articula a partir de evidencias de obras o proyectos que, en tiempos anteriores, se han impulsado o llevado a cabo en la misma región o en el estado con objetivos análogos a los que propone el Tren Maya (Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul, Ciudades Rurales Sustentables y autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque), que, en todos los casos, han sido la causa de graves conflictos sociales. La descripción de estas evidencias permite señalar tendencias y probables escenarios sociales, entre los que se destaca el incremento de la violencia y la conflictividad ligada a megaproyectos, en particular por el despojo de tierras y la transformación obligada de modos y medios de vida.

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Petición: Tren Maya arrasará la selva en México

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Fonatur admite que Tren Maya no tiene evaluación ambiental

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el Tren Maya – A 8 de junio de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que ha operado para evitar que los cuatro tramos del Tren Maya adjudicados hasta la fecha sea sometidos a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito para cualquier obra de infraestructura desde hace 32 años.

En una “nota aclaratoria” publicada hoy, Fonatur menciona que para los primeros tres tramos consiguió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención para realizar la MIA, bajo el argumento de que se trata de un “mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento” de la vía de tren actual.

Y añadió que, como esta vía fue construida antes de 1988, no está sujeta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que obliga a realizar las evaluaciones ambientales para los proyectos de infraestructura.

En otras palabras: para evitar la revisión ambiental, el Fonatur equiparó la construcción del Tren Maya a un simple mantenimiento de la vía existente, “a fin de cumplir con estándares internacionales en temas de servicio ferroviario, medio ambiente y seguridad”, pese a que el megaproyecto plantea duplicar las vías, aumentar significativamente el número de trenes y talar la vegetación a 20 metros alrededor de las líneas.

Sobre el cuarto tramo, otorgado de manera directa a la empresa ICA, el Fonatur argumenta que se trata de un “mantenimiento carretero”, contemplado “dentro del título de concesión que opera actualmente la empresa ‘Consorcio del Mayab’, S.A. de C.V.’”; esta obra –que unirá Izamal a Cancún– plantea abrir la carretera existente para que el Tren Maya pueda pasar entre los carriles, una operación de 27 mil millones de pesos que difícilmente puede entenderse como “mantenimiento” de carretera.

El Fonatur emitió su “nota aclaratoria” con la intención de “combatir la desinformación” que, según la dependencia, salió en la columna de trascendidos Templo Mayor publicada ayer en el diario Reforma; en ella se planteó que la Semarnat había emitido una exención que permitió el arranque de las obras del Tren Maya sin que se hiciera una evaluación de impacto ambiental, lo que, según el contenido de la misma nota aclaratoria, resultó exacto.

Desde un principio, el Fonatur se negó a realizar una MIA para el proyecto integral del Tren Maya, y prefirió fragmentarlo en los siete tramos; en varias ocasiones, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director de la dependencia, declaró que no sería necesario un estudio de impacto ambiental, dado que el Tren Maya seguiría los derechos de vía de la antigua vía de ferrocarril y la concesión carretera de ICA. Aparte, el político ha reiterado que la prioridad del Tren Maya se enfoca en sus beneficios sociales, que “compensan el impacto ambiental”.

A pregunta expresa de Proceso, en marzo pasado, Jiménez Pons reconoció que el Fonatur no cuenta con la MIA para los “polos de desarrollo” –las ciudades nuevas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones del Tren Maya–, pues señaló que aún estaban en “proceso de socialización con los socios, que son las comunidades”.

“Es importante señalar que las obras y actividades iniciadas (…) están previstas y expresamente señaladas en la asignación ferroviaria y en el título de concesión carretera, respectivamente”, aseguró el Fonatur, y subrayó: “Actualmente se realizan los estudios ambientales para todas aquellas obras que, por temas de diseño y operación segura, se encuentran fuera de los actuales derechos de vía ferroviarios y carreteros”.

Quedan tres tramos que el Fonatur aún no ha adjudicado formalmente: el número 5, correspondiente al tramo de Cancún a Tulum, y 6 y 7, que serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y unirán a Tulum y Escárcega, pasando por Calakmul, con 270 kilómetros de vía nueva en medio de la selva.

La negativa del gobierno federal para evaluar los posibles impactos negativos del Tren Maya sobre el medio ambiente es uno de los motivos que un grupo de 159 organizaciones de la sociedad civil y 85 personalidades destacó el pasado martes 2 en un documento de rechazo al megaproyecto.

Imagen: Plan Tren Maya, Proceso

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Sembrando Vida sirve al despojo igual que el Tren Maya y Corredor Transístmico, señala investigación

Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre algunos de los proyectos más grandes de esta administración – A 7 de mayo de 2020

“Triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”: CECCAM.

El programa Sembrando Vida, junto con el Corredor Transístmico y el Tren Maya, “pueden ser considerados una triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”, señala una investigación sobre los impactos de dicho programa y megaproyectos.

El documento de 40 cuartillas, elaborado por Daniel Sandoval Vázquez y presentado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), señala que estos proyectos están estrechamente ligados entre sí.

Sobre el Tren Maya y el Corredor Transístmico destaca que posibilitarán las inversiones y ganancias en corto plazo pero que significan “arrebatar la posesión efectiva de la tierra a las poblaciones originarias” y “privarlas de la capacidad de decidir sobre cualquier uso futuro de los recursos en general”.

Además, prosigue, mediante el desarrollo urbano e industrial a gran escala y la explotación de la población se le separará de su labor creativa ligada a la tierra.

En tanto, el programa Sembrando Vida incide en la decisión de las personas para aceptar las disposiciones oficiales, señala. Con testimonios de distintas localidades se ha comprobado que el programa enajena a los pueblos su capacidad de ejercer el libre consentimiento.

Al relacionar cartográficamente los sitios donde se implementa Sembrando Vida y los nuevos trazos del Tren Maya, se ha documentado el “uso faccioso” del programa para que la población ceda sus tierras, expone.

“Visto de manera conjunta, con el diseño de estos proyectos se trata sí de un reordenamiento del territorio, pero que tiene la misión principal de refuncionalizar y someter las formas y contenidos de la vida social tradicional pertenecientes a los pueblos originarios”, plantea.

El documento concluye al destacar las exigencias hechas por las comunidades al Estado y sus instituciones para que sea desde los pueblos quienes diseñen y hagan valer otro tipo de proyectos.

“Se ha propuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que el gobierno no llegue con sus soluciones previamente elaboradas, sino que apoye para que los colectivos fundamenten y determinen lo que es necesario hacer en sus regiones”, apunta.

Imagen: La Cooperacha

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El Tren Maya privatizará los ejidos

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el tren maya- A 10 de mayo de 2020

Los ejidos donde Fonatur creará infraestructura relativa al Tren Maya deberán cambiar su régimen de propiedad social a privada. La investigadora Violeta Núñez Rodríguez alerta que esto podría tratarse de un «despojo elegante». Fonatur, en cambio, asegura que es innovación

Texto: Ricardo Hernández

Los ejidos donde se crearán polos de desarrollo relativos al Tren Maya cambiarán su régimen de propiedad social a privada. Así lo advirtió Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si los ejidatarios ceden sus tierras a un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), deberán privatizarlas, pues la Ley de la Reforma Agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales, como el gobierno mexicano propone.

Ello podría conducir al despojo y venta de ejidos, y va en contrasentido a lo prometido por la actual administración federal: impedir la comercialización de propiedad social, afirma Núñez.

La «letra chiquita» del proyecto

El planteamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es que ejidatarios y empresarios formen una sociedad, donde los primeros aportarán la tierra y los segundos, la infraestructura.

Los bienes ingresarán a un fideicomiso y se colocarán certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Una vez ahí, dichos certificados podrán ser adquiridos por inversionistas. Finalmente, los socios recibirán recursos provenientes, tanto de la venta de certificados, como de parte del propio Fideicomiso. Pero estos recursos no serán en la misma proporción. Dependerá de las acciones que cada uno tenga en la sociedad.

“Una vez que las tierras han sido ingresadas al Fideicomiso no hay vuelta atrás”, dijo en entrevista telefónica la docente adscrita al Departamento de Producción Económica.

Y es que, de acuerdo con la Ley del Mercados de Valores, las Fibras son irrevocables.

Solo pasados cuatro años de finalizarse la construcción de los inmuebles en los polos de desarrollo, los ejidatarios podrán enajenarlos. O bien, tendrían que comprar las acciones de sus socios los empresarios para recuperar la propiedad.

En cualquier caso, lo que fue propiedad comunal quedará como propiedad privada, y la puerta quedará abierta al desarrollo urbano. La vocación agrícola se perderá. Así lo comenta la profesora de tiempo completo.

La inequidad entre socios será manifiesta. Los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad y, consecuentemente, con mayores retribuciones.

Además, la Fibra es de renta variable. Es decir, depende de la confianza de los inversionistas en México y en la oferta y la demanda. Esto no les garantiza a los comuneros una ganancia, comenta la docente.

“Las Fibras podrían significar un proceso de ‘despojo elegante’. [Esto] debido a que, además de que los ejidatarios nunca podrán recuperar su tierra si lo quisieran, porque sobre ella estarán los proyectos inmobiliarios, tampoco, tienen garantizada la rentabilidad. Quizá en un futuro no les quedaría más opción que vender las acciones que reciban por sus tierras”, remató.

La versión de Fonatur

Consultado al respecto, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, confirmó que es necesario privatizar los ejidos, a fin de bursatilizarlos. La Ley de la Reforma Agraria no contempla el modelo de fideicomiso.

El objetivo es, defendió Jiménez Pons, empoderar a los ejidatarios mediante un beneficio económico que luego podrán reinvertir en su comunidad.

“Los beneficios podrán invertirlos en el resto de su territorio; que se conviertan –ya dentro de sus normas, sus culturas y sus formas de organización que ellos determinen– en recursos para seguir invirtiendo.

«A nosotros no nos interesa que [los ejidatarios] sólo sean parte del esquema del turismo; sino que tengan recursos para reinvertir la plusvalía en el resto de los ejidos. Este empoderamiento es la base fundamental de justicia del proyecto”, dijo por teléfono.

La gran ventaja, añadió, es que los terrenos que ofrezcan aumentarán su valor; obtendrán una mayor plusvalía.

Además, detalló el funcionario, hay candados para resguardar las tierras comunales. Los ejidatarios no podrán vender más del 50 por ciento de su propiedad; y en los polos de desarrollo sólo se permitirá desarrollar el 30 por ciento. En el resto se conservará la vegetación.

Avanzar en el proyecto del Tren Maya y financiar los polos de desarrollo mediante la Fibra es para Jiménez Pons una necesidad. Su propósito es desarrollar el sureste con orden y bajo reglas claras. Según el funcionario, la falta de reglas alentó un desarrollo desordenado en otros lugares.

“Te voy a poner un ejemplo del desastre que ha significado el desarrollo en la Península. En el ejido de Tulum, que son 23 mil hectáreas, ya vendieron el 70 por ciento. Sin ningún plan de desarrollo, sin ninguna lógica ni nada. Es un caos terrible”, afirmó.

Urbanizar con límites, reglas, esquemas y con la participación de ejidatarios, sostiene, beneficiará a la región.

Finalmente, anunció que están por firmar los compromisos para avanzar en las Fibras con ejidatarios de Cobá, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Palenque e Izamal.

«Innovación» financiera

Humberto Calzada, analista financiero de Rankia México y Latinoamérica, asegura que México estaría innovando en materia financiera. En todo el planeta, dice, no hay precedentes de bursatilización de tierras comunales.

«Si se da este proceso, estaríamos frente a un evento de innovación financiero y único a nivel mundial. Yo no he conocido otro modelo en el que se privatice la propiedad comunal. Sería un precedente», dijo.

Humberto Calzada, analista financiero.

Imagen: Archivo / Lucía Vergara

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[Infografía] ¿Cómo impactan Tren Maya, Corredor Transístmico y Sembrado Vida en los territorios?

Les compartimos esta infográfia publicada en Educa Oaxaca hecha por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) sobre el impacto de algunos de lo más grandes proyectos extractivistas en México – A 7 de mayo de 2020

En esta nueva investigación, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) se propuso describir y analizar de forma integral la relación entre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transísmico, además del programa Sembrando Vida y sus impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas.

El objetivo principal de la investigación, realizada por Daniel Sandoval Vázquez, es hacer un aporte a la visibilización de los impactos que tendrían, específicamente al interior de los territorios, recursos y formas de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas de la región Sur-Sureste de México: “En el presente trabajo abordamos tres casos particulares en nuestro país, donde se ejerce el intento de subordinar los usos comunitarios del territorio y las relaciones sociales que en ellos se fundan. (…) El objetivo que guarda esta revisión es precisar que en medio de la discusión sobre la aplicación de estos tres megaproyectos, aun con las buenas intenciones con las que dice manejarse el gobierno actual, persisten los conflictos asociados a la influencia del capital para transformar la vida de los pueblos, pasando por encima de los usos comunitarios del territorio y los recursos”.

Descargar la investigación TREN MAYA, SEMBRANDO VIDA Y CORREDOR TRANSÍSTMICO: impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas (pdf, 43 pág.) y cartel. Contexto: Ganan licitación de Tren Maya los corruptos de siempre y 150 organizaciones y comunidades exigen cancelación del Corredor Interoceánico

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Juez federal otorga suspensión de obras del Tren Maya en municipios de Chiapas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el proyecto del Tren Maya – A 8 de mayo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y defensores del territorio anunciaron que una juez federal otorogó la suspensión de las obras del megaproyecto del Tren Maya en los municipios en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, luego de que comunidades del publo maya ch’ol se ampararan contra las decisiones administrativas del gobierno federal para continuar con la construcción del megaproyecto a pesar de la pandemia de coronavirus.

La organización Indignación y los habitantes de los municipios beneficiados explicaron que, con la suspensión, la juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo el contexto de la pandemia «podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como al agua, el medioambiente, recursos naturales, etc».

Los defensores indicaron que, a pesar de que la suspensión es provisional y que la definitiva se resolverá el próximo 14 de mayo, la decisión de la juez «permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado Tren Maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo», por lo que llamaron a la juez a considerar las afectaciones por el megaproyecto y ratificar su resolución.

A continuación el comunicado completo:

Abstenerse de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado “Tren Maya”, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas determinó el  Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, al conceder la suspensión a un grupo de personas pertenecientes al pueblp Maya Ch’ol de esas comunidades que se ampararon frente a diversos actos administrativos del ejecutivo federal, que determinaban la continuación de las actividades correspondientes al tren maya a pesar de la pandemia derivada del virus Covid-19 que se vive en el país.

El día 07 de mayo, diversas personas pertenecientes al Pueblo Maya Ch´ol asentadas en los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por la emisión tanto del acuerdo del día 06 de abril, emitido por el Secretario de Salud, como del Decreto del 23 de abril, firmado por el Presidente de la República, mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado “tren maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19.

Entre otras cosas, los quejosos señalaban que la continuación del proyecto del tren maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida. Además los habitantes de esas comunidades argumentaron que mantener los trabajos del tren maya en época de pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto.

Al resolver sobre la admisión del amparo y la suspensión, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó que era procedente otorgar la suspensión pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas.

La misma juez señaló que:

Esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias para la contención del multicitado virus, esto es, cumplir resguardo domiciliario corresponsable y sana distancia, al permitir a los pobladores y no pobladores la realización de actividades distintas a las esenciales de alimentación, atención médica, seguridad, movilidad interna, servicios funerarios, servicios públicos indispensables (agua, alcantarillado, luz).

Máxime que de continuar con el proyecto denominado “Tren Maya”, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores Maya Ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad.

En ese sentido, la Juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del tren maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medioambiente, recursos naturales etc.

Si bien la suspensión decretada por la Juez es provisional, puesto que la definitiva se resolverá en audiencia del día 14 de mayo, consideramos que la misma permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado tren maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo. En esa tesitura, resulta fundamental que el día 14 de mayo dicha Juez ratifique esa suspensión para no dejar en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto del tren maya. Además es importante considerar que al momento de resolver la suspensión definitiva aún nos encontraremos en la tercera fase de la pandemia con lo cual aumenta el riesgo a la salud, por tanto es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el COVID-19. En ese mismo sentido, esta nueva suspensión es un llamado más al ejecutivo federal sobre lo arbitrario de un proyecto que es impulsado a toda costa sin brindar información, ni mucho menos garantizar la participación de las comunidades indígenas afectadas.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua

Imagen: Desinformémonos

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Inician obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya: Fonatur

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 4 de mayo de 2020

Ciudad de México. Las obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, comenzaron este fin de semana con un número reducido de trabajadores debido a la pandemia de Covid-19, confirmó el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

“Sí empezaron pero lentamente y con pocos trabajadores”, señaló el funcionario.

Durante el fin de semana, máquinas de construcción como palas cargadoras, excavadoras y retroexcavadoras (conocidas como manos de chango) fueron movilizadas a unos 8 kilómetros de Palenque, Chiapas. Las máquinas operaban a los costados de las antiguas vías férreas del entonces Tren Chiapas-Mayab.

Los trabajadores habilitan como campamentos a las antiguas estaciones e instalaciones de ese tren, hoy en desuso, señaló Jiménez Pons. Hubo reuniones de las direcciones técnicas de Mota Engil México Sapi, la empresa que encabezó el consorcio ganador de la licitación internacional para ese tramo, con los equipos de supervisión del proyecto, el cual es considerado el más importante de infraestructura del gobierno mexicano.

La licitación internacional para el tramo 1 del Tren Maya fue adjudicada al consorcio integrado por la portuguesa Mota Engil México Sapi y la estatal China Communications Construction Company, junto con otras tres compañías mexicanas: Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh.

La construcción del primer tramo tendrá una longitud de 227 kilómetros.

El Tren Maya, que tendría una longitud superior a los mil 460 kilómetros y atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tendrá una vocación de transporte de pasajeros, turístico y de carga.

Imagen: Este fin de semana iniciaron las obras de construcción del primer tramo del Tren Maya. Foto cortesía Fonatur

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Con Covid-19: Tren Maya va

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020

Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.

Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.

Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.

Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).

Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?

El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.

*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI

Imagen: Noticias Veracruz

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Slim y paraestatales chinas, entre los 15 consorcios interesados en segundo tramo del Tren Maya

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el proyecto del Tren Maya en el sureste del país – A 14 de abril de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quince consorcios, prácticamente idénticos a los compiten por el contrato multimillonario del primer tramo del Tren Maya, enviaron hoy sus propuestas para construir el segundo tramo del megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador; para esta ruta, que unirá Escárcega y Calkiní, en Campeche, las cotizaciones oscilan entre 16 mil millones de pesos y 21 mil 800 millones de pesos.

En esta segunda ronda, empresas paraestatales de China participan en cinco propuestas, entre ellas una con GIA+A, una empresa dirigida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Carlos Slim Helú –a través de su constructora Cicsa– mantuvo su alianza con la española FCC, con una propuesta de 18 mil 553 millones de pesos; Carlos Hank Rhon –y La Peninsular– siguió en consorcio con Carmargo y Cydssa con una oferta de 20 mil 403 millones de pesos; mientras que ICA guardó su alianza con Grupo Indisa.

Esta vez, en lugar de irse sola, la española Sacyr formó una alianza con la empresa Impulsora de Soluciones en Infraestructura, una empresa de Invecture Group, vinculada con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y dirigida por Julio Belmont Garibay, uno de los principales operadores del dueño de Grupo Salinas; su propuesta se elevó a 21 mil 22 millones de pesos.

A pesar de que el gobierno federal decretó el congelamiento de la mayor parte de las actividades económicas del país en respuesta a la pandemia de covid-19, exentó la aplicación del decreto a las obras relacionadas con los megaproyectos que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas.

Si bien el modelo de financiamiento del Tren Maya cambió en varias ocasiones desde la elección de 2018, hasta la fecha la información oficial plantea que el gobierno federal aportará el 100% de los cerca de 150 mil millones de pesos que costaría el proyecto.

Al igual que en las propuestas del primer tramo, la más económica –por 16 mil 49 millones de pesos– fue presentada por el consorcio encabezado por la empresa tabasqueña Grupo Vázquez del Sur y la española Rubau, mientras que la más onerosa fue entregada por Caabsa, de los hermanos Amodio, empresarios vinculados con el Grupo Villar Mir, dueño de la polémica empresa OHL.

En lugar de aliarse con Pinfra –de David Peñaloza Alanís–, como lo hicieron en el primer tramo, las españolas Caltia y Copasa formaron un consorcio con Prodemex, del magnate Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Empresarial Ángeles; juntos presentaron una propuesta por 18 mil 157 millones de pesos; mientras que la constructora ibérica Azvi pactó con la empresa Gami Ingeniería.

A diferencia del tramo uno, Omega, de Jorge Miguel Melgarejo Haddad, no envió propuesta; por lo contrario, Grupo Constructor ZEA –de los hermanos Zecua Muñoz, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron contratos multimillonarios– mandó una propuesta con una paraestatal china.

Para este tramo, la portuguesa Mota-Engil envió una nueva propuesta en consorcio con la China Communications Construction Company –por 19 mil 425 millones de pesos–; Nexumrail y Emartrons enviaron una cotización por 19 mil 575 millones de pesos–, mientras que Grupo Cemza, de la familia Zavala Solis, envió una propuesta por un costo de 16 mil 382 millones de pesos.

Imagen: La consulta sobre el Tren Maya. Foto: Alejandro Saldívar

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Tren Maya: funcionarios simuladores y jueces que no ven

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el Tren Maya – A 17 de marzo 2020

Por Magdalena Gómez E

El proyecto llamado Tren Maya es un vivo retrato de la injusticiabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. A la simulación de consulta ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, ajena a los estándares internacionales como señaló la oficina en México de representación de Naciones Unidas; ahora el Poder Ejecutivo ha decretado una fase de seguimiento con las autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas. El objeto de esa llamada fase es revisar los acuerdos tomados cuando libremente aprobaron el Tren Maya, es decir, las peticiones planteadas que consisten en apoyos oficiales diversos.

Pero no queda ahí la auténtica operación de Estado. Ante el amparo que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren, Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de denunciarse. Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad a su consulta.

No sólo eso, reproduce el discurso oficial respecto a los indígenas, no a los pueblos, lo sabemos, a los indígenas que reciben apoyos individualizados y miente ante el Poder Judicial señalando que son entidades de derecho público cuando la contrarreforma indígena de 2001 los ubicó como entidades de interés público y a la fecha la Constitución no se ha reformado. Si recordamos que el Poder Legislativo en la creación del Instituto de Pueblos Indígenas mencionó que lo son de derecho público. ¿Pretendió reformar la Constitución a través de una ley? Todo se vale. Reiteró que se trata de un reordenamiento territorial sin abordar la implicación en términos del mercado de tierras sustentando el proyecto en que las vías del tren ya existen. Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores. Ello a partir de la facultad de modificar la suspensión que la jueza primera de distrito con sede en Campeche había otorgado respecto al proyecto en cuestión. Es decir que el área de influencia del proyecto o el impacto no atañe a la integridad territorial de los pueblos indígenas, sino que aplicó el criterio jurídico tradicional de amparar sólo a quien promueve . Las autoridades de Fonatur se dieron por satisfechas, ya que en virtud de tal determinación la jueza asumió ese criterio en la audiencia incidental del pasado 4 de marzo y si bien concedió suspensión definitiva lo hizo sólo para el área de influencia acotada a Calakmul.

Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el patrón de despojo que viene de tiempo atrás. En los días previos afloró un escándalo en el Registro Agrario Nacional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de un informe sobre mercado de tierras y prácticas corruptas que derivó en la remoción de su delegado en Yucatán. Se aplicó control de daños y sólo los medios locales filtraron datos del informe. Justamente es un telón de fondo no casual, no de ahora, en la trayectoria de tratamiento oficial en la península, frente a los ejidos a partir de la contrarreforma salinista al 27 constitucional. Hay juicios en curso derivados de esas prácticas que involucran a otras dependencias.

¿Cómo y de dónde saldrán las tierras que requieren los polos de desarrollo previstos para el llamado Tren Maya? Fonatur en días recientes aplicó un blindaje al reservar información respecto del proyecto llamado Tren Maya reservándola por cinco años, en un contexto en que un día se habla de recursos sólo del gobierno y otro de inversión privada. Lo contrario de transparencia es oscuridad y esa es la apuesta oficial hoy, mientras otras comunidades buscarán el amparo de la justicia federal, como un pie en la resistencia.

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Jueza ratifica suspensión de Tren Maya en Calakmul

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el proceso de resistencia del pueblo maya en calakmul ante el Tren Maya – A 4 de marzo de 2020

Un juzgado de Campeche ratificó la suspensión del Tren Maya pero la acotó a la zona de Calakmul, pese a que el amparo abarca la totalidad del proyecto. La orden judicial deja inconformes a las comunidades que interpusieron el amparo. Queda pendiente una audiencia constitucional, definitoria, para final de mes

Texto: Daliri Oropeza

La jueza primera de Distrito Grisell Rodríguez Febles del estado de Campeche ordenó suspender de forma definitiva los trabajos del Tren Maya en el territorio de Calakmul, tras un juicio de amparo interpuesto por los pueblo Maya y ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx).

La suspensión, sin embargo, deja un sabor amargo entre las comunidades, de acuerdo con la abogada del Cripx, Elisa Cruz Rueda. Si bien es una buena noticia para Calakmul, no obedece a la demanda que hace el Consejo sobre la totalidad del proyecto del Tren Maya.

Las comunidades representadas por Cripx se ampararon por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya en diciembre del 2019. Y la demanda fue impuesta por los cuatro estados que abarca la península: Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche.

La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo interpusieron una queja ante el mismo juzgado en contra de la suspensión provisional, ordenada el pasado 29 de enero.

En ese sentido, explica la abogada, la orden de la jueza resulta un éxito para las comunidades que interpusieron el amparo. Pero les preocupa que la decisión no abarca todo el territorio afectado por el proyecto del Tren Maya, sino sólo Calakmul.

La abogada señala que están satisfechos pero no conformes.

“No estamos conformes con los límites que se le pone. Es para decir que en un territorio se aplican los derechos y en otro no. Se viola la universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos”, explica la abogada en entrevista telefónica.

Falta audiencia constitucional

El juicio tiene varias etapas. Este 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia incidental. Tenía como efecto confirmar la suspensión o negarla. Derivado de la orden de la jueza, los trabajos referentes al proyecto del Tren Maya deben detenerse por completo, hasta que se realice la audiencia constitucional, definitoria, programada a final de marzo.

Cruz Rueda advierte que esta orden puede sentar un precedente peligroso.

“Van a decir ‘a estos mexicanos se le cumplen sus derechos y a estos no’. Sienta un mal precedente”.

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil obtuvo un amparo el 29 de enero ante este juzgado primero. Gracias a ello se suspendió la construcción de cualquier estación, vía, ejecución, licitación del Tren Maya en esta zona. Ahora obtiene la suspensión definitiva.

“Para eso es la audiencia incidental, para conservar el estado de las cosas y que no se violente la materia física del amparo”, recalca Cruz Rueda.

“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, detalló en aquel momento Romel González fundador del Cripx, “la consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”.

Foto: Heriberto Paredes

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[Nota] Fonatur pide 1,000 hectáreas a ejido de Bacalar para el Tren Maya

Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019

El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Por Jesús Vázquez

Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.

“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.

El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.

“Lo último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan. Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a llegar el tren”, detalló.

Desde entonces, no ha habido más acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6 hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.

“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.

En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya, pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en torno a la estación ferroviaria, aseguró.

El esquema de incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.

Este modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”, considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado la mano para participar, refirió.