Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo) 

’SE LO BUSCARON…ES MÁS, ¡SE LO MERECEN POR ROJOS!”
La Guerra Sucia en México. Breve análisis crítico

Ana Cristina Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
25 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

INTRODUCCIÓN
Silencio… cámara… ¡acción!

María vivía con su madre en una casa de huéspedes de su propiedad. La joven de 19 años era miembro de una organización clandestina que, desde el adoctrinamiento político y la vía armada, luchaba en contra del régimen. En su vida legal, María era estudiante de economía en la universidad pero en sus ratos libres se dedicaba al trabajo de base con obreros de las colonias pobres de la ciudad, a los que, además, alfabetizaba. Un día, la policía secreta llegó a casa de María y, ante la impotencia y gritos de su madre, la secuestró para llevarla a una cárcel clandestina. Eran los primeros días de abril de 1976…

Alicia nació en el norte, donde estudiaba en el Tecnológico. A través de su hermana mayor, compañera de un guerrillero, entró en contacto con la orga en 1973. Tres años más tarde, conoció a un compañero de armas, Enrique, que sería su pareja sentimental. De esa unión nació una niña. Enrique murió en un enfrentamiento con la policía antes del nacimiento de su hija. Alicia decidió llevar a la bebita con sus abuelos para que se hicieran cargo de ella porque, en ese momento, menos que nunca, podía dejar la clandestinidad. Y no lo hizo.
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De inmediato me vendaron los ojos, me llevaron a una casa donde se me desnudó y se me empezó a golpear en todo el cuerpo, principalmente con golpes de karate en la garganta y en la nuca; después me mojaron y empezaron a darme toques eléctricos con una picana [barra electrificada] en el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua… Después de esto me hicieron comer dos tazas de excremento, luego me tendieron en el suelo y […] me ponía una pistola en la sien jalando el gatillo…
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Con los ojos vendados, la llevaron al garaje, una de las tantas cárceles clandestinas que la policía secreta tenía en varios puntos de la ciudad. De inmediato le retiraron la venda y le tomaron sus datos: nombre verdadero, edad, profesión, nombre de guerra… Como se negó a darlo, le pusieron ‘La Maestrita’, por aquello de sus clases de alfabetización a los obreros. Era una comunista de mierda, la muy puta. Pero ya cantaría pronto. Luego, la venda otra vez. María no estaba autorizada a quitársela en presencia de sus carceleros. Y a partir de entonces, la traería prácticamente todo el día. Después de registrar sus datos, la llevaron a un cuarto donde había una plancha de metal, como las que se ven en las morgues, y un tubo que, a través de unos cables, estaba conectado a un aparato parecido a una radio. María supo en sus pechos, sus genitales, sus labios, que ese tuvo se llama picana. Mientras la torturaban, afuera del cuarto se escuchaba música a todo volumen. La misma canción siempre que Félix la llevaba a sus sesiones con la picana.
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Roberto y Sebas habían coordinado los secuestros. Ninguna de las dos acciones salió bien. De hecho, resultaron un desastre. El empresario de Monterrey murió desangrado, al parecer, por el disparo de uno de sus escoltas. El de Guadalajara no corrió con mejor fortuna. La suerte estaba echada. Cero tolerancia, ninguna negociación con los delincuentes, con terroristas. Era necesario que escarmentaran. De eso se encargarían los muchachos de Don Miguel. Roberto y Sebas fueron detenidos. Unos días después, sus cuerpos aparecieron con evidentes signos de tortura. El de Sebas fue encontrado en Guadalajara, con hematomas múltiples, los huesos rotos, clavos de viga en las rodillas y en los hombros, la quijada destrozada y la masa encefálica expuesta. El de Roberto apareció en Monterrey, en condiciones muy similares. Como un bonus de los torturadores para las familias de los secuestrados, Sebas fue abandonado muy cerca de la casa del empresario muerto; y Roberto, arrojado a unos metros de la casa del empresario regio.
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María tenía una complexión frágil, parecía una adolescente. Era, sin embargo, más fuerte de lo que podría pensarse. ¡Cómo resistía la condenada! Félix tenía experiencia, sabía usar la picana muy bien, seguía la tabla de regulación eléctrica según peso y edad que, pegada en la pared, indicaba la carga exacta de acuerdo al caso. Pero el otro fulano era un incompetente. Y un animal. Un día por poco y mata a María. Y eso no le convenía al capitán. Antes tenían que sacarle más información a La Maestrita. Hubo que llamar al médico. Después de unas maniobras de reanimación, el doc logró que María ‘regresara’. La sesión podía continuar, concedió el médico. Pero el capitán no se iba a arriesgar. Llamó a Félix para que la reanudara. María hubiese preferido morir…
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… casi todos los que estuvimos detenidos tenemos una marca en el tabique de la nariz. Así quedas de la venda que nunca te sacan y se va jodiendo porque te mojan, te meten la cabeza en los excusados y luego se seca, se llaga y se infecta. Uno aguantaba pero hay un momento, compa, cuando lo que quieres es morirte. Y te mueres un chingo de veces y regresas a lo mismo y te vuelves a morir poco a poquito. Y les dices que te maten y nomás se ríen… María es un personaje ficticio de la multipremiada película de Mario Bechis, Garage Olimpo, que recrea los secuestros, cautiverio y torturas en una cárcel clandestina, y el final atroz en los llamados ‘vuelos de la muerte’ que sufrieron decenas de miles de argentinos durante la dictadura militar en ese país.1 La trama del film, empero, no es en absoluto ficción. Se trata de la recreación cinematográfica de un terrible episodio de la historia reciente del Cono Sur. El resto de los testimonios son experiencias reales que vivieron numerosos jóvenes mexicanos que, en la década de los setenta y parte de los años ochenta, decidieron optar por el cambio político a través de la vía armada.

Alicia de los Ríos Merino Susan fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, al igual que el padre de su hija, Enrique Pérez Mora El Tenebras. Ideada por el sinaloense Raúl Ramos Zavala2 y su grupo Los Procesos, la Liga fue fundada el 15 de marzo de 1973 por el ex alumno de los jesuitas en Monterrey, Ignacio Salas Obregón, Oseas; Ignacio Olivares Torre, Sebas; Salvador Corral, Roberto,3 y David Jiménez Sarmiento, Chano, entre otros.4 La orga, la resortera, la Dos- Tres, la O, la LC, la Veintitrés, como también se conoció a esta agrupación, fue el grupo de guerrilla urbana más importante de la década de los setenta en México. También el más brutalmente reprimido por la Dirección Federal de Seguridad (DFS),5 dirigida entonces por el General Luis de la Barreda y operada por el tristemente célebre Miguel Nazar Haro.

Los testimonios en primera persona corresponden a otros dos miembros de la Liga: Pedro Cassian Olvera y Jesús morales, respectivamente. Los dos fueron detenidos y torturados por Nazar Haro6 en alguna de las muchas cárceles clandestinas que la DFS y el Ejército mexicano establecieron en puntos estratégicos para detener, torturar, y en muchos casos desaparecer, a los guerrilleros. Son numerosos los testimonios que señalan la participación directa de Nazar Haro en los interrogatorios y las sesiones de tortura a las que fueron sometidos guerrilleros y no guerrilleros por igual.7

Muchos años después, el 18 de febrero de 2004, Nazar Haro fue detenido para enfrentar un proceso judicial en su contra por el delito de desaparición forzada de Jesús Ibarra Piedra el 19 de abril de 1975 en la ciudad de Monterrey.8 Por ello fue remitido al penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León. Su estancia en dicha cárcel fue, en realidad, virtual. Aquejado por la diabetes y otros padecimientos, el ex policía pasó más tiempo atendiéndose en una clínica privada que en su celda. Los costos hospitalarios así como la comida gourmet que le era enviada a diario desde los mejores restaurantes de Monterrey al penal o a la clínica fueron cubiertos por importantes empresarios de la ciudad. Una atención para agradecer a Don Miguel el haberles permitido vengarse de los rojos.9 Favor con favor se paga, dicen…

La estancia no sólo fue cómoda sino también corta pues al tener más de 70 años al momento de su
detención, Nazar Haro pudo gozar de los beneficios de la prisión domiciliaria. Fue absuelto en 2006. Murió en la comodidad de su hogar en 2012.

-¿Torturó usted?
-Pues si me enseñan a torturar, puede que aprenda…
-¿Asesinó?
-Fíjese que nunca he matado ni a una mosca y menos a un ser humano…
Entrevista de Raymundo Riva-Palacio a Miguel Nazar Haro10

MÉXICO ¿MÁGICO?

Por las buenas no se puede…

Los párrafos anteriores y el siguiente análisis del contexto guerrillero del México de los setenta no pretenden, de ninguna manera, hacer una apología de la violencia ni de los delitos en los que incurrieron las diversas organizaciones armadas durante aquellos terribles años. No buscan siquiera justificar tales acciones. Lo que se intenta es comprender las razones por las que para un número importante de mexicanos, en su gran mayoría jóvenes, los caminos de la lucha legal quedaron definitivamente cancelados, sobre todo a raíz de dos sucesos trágicos en los que el sistema demostró, una vez más, su cerrazón ante las demandas legítimas de amplios sectores de la sociedad: el 2 de octubre de 1968 y el Halconazo del 10 de junio de 1971. En estos dos episodios, el Estado mexicano no sólo mostró su peor rostro sino que lo volvió precisamente en contra del sector más prometedor del país: los jóvenes.11

Así, mientras Luis Echeverría daba la bienvenida a notables miembros de las izquierdas latinoamericanas exiliadas en México después de los golpes de Estado en sus respectivos países,12 los agentes de la DFS y miembros del Ejército mexicano se dedicaban a borrar del mapa a tantos subversivos mexicanos como fuera posible. La Brigada Blanca se hizo cargo de la guerrilla urbana mientras que los militares hicieron lo propio preferentemente en zonas rurales. El número de detenidos-desaparecidos es, y lo será quizá para siempre, indeterminado. Se calcula una cifra de alrededor de mil quinientas personas. Sin embargo, si en las ciudades es difícil precisar la cantidad de personas desaparecidas, en las zonas rurales es prácticamente imposible saberlo porque muchas de las víctimas de desaparición forzada no tuvieron siquiera acta de nacimiento. ¿Cómo probar que alguien desapareció si no se tiene prueba documental alguna de su existencia?

La lucha era, a todas luces, desigual. Pero a pesar de todo, había que continuar…
Los laberintos de la soledad

La formación, desarrollo, sobrevivencia y extinción de los diversos movimientos armados que
proliferaron después de 1968 fueron verdaderamente dramáticas. Primero, las dificultades para
articularse en una sola organización capaz de enfrentar al Estado y todas sus herramientas de
aniquilamiento, superando todos los obstáculos imaginables: desde la confrontación entre
individuos y grupos por diferencias ideológicas y estratégicas, hasta la violenta persecución de la
que fueron objeto todos. Luego, la creación de la estructura directiva,13 por un lado, y la definición
y formación de cuadros (entre quiénes trabajar, en dónde, cómo, para qué), por el otro.14 Después,
las diversas formas para hacerse de recursos. La mayor parte de las organizaciones recurrieron a
las llamadas expropiaciones, es decir, asaltos a bancos y empresas importantes, así como el robo
de armas, automóviles y otras herramientas útiles a la causa a las corporaciones policiacas como
los secuestros de políticos, empresarios e incluso diplomáticos. Hubo organizaciones, como las
Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), que estratégicamente apostaban a la guerra popular
prolongada, en vez de ataques frontales múltiples contra el Estado. Asimismo, no recurrieron a las
expropiaciones para obtener recursos.

Las dos últimas fases, la sobrevivencia y la extinción, fueron desde luego las más cruentas. No sólo se trataba de lidiar con el enemigo externo, no siempre tan visible como los guerrilleros habrían deseado. Las batallas se dieron también al interior de las organizaciones, lo mismo por discrepancias político-ideológicas que por traiciones y delaciones (sacadas, las más de las veces, bajo tortura). Por lo menos dos organizaciones importantes contaron con grupos internos de ajuste de cuentas el PDLP de Lucio Cabañas, con su Brigada de Ajusticiamiento; y la Brigada Roja, de la Liga. Los resultados fueron catastróficos, principalmente para la Liga, porque mermaron la confianza interna de los guerrilleros y alimentaron confrontaciones que debilitaron notablemente a las organizaciones.

Otro problema fue la incapacidad para elegir entre las dos opciones más socorridas por los grupos guerrilleros de todo el mundo: el llamado foquismo, que seguía en gran medida los lineamientos de Ernesto Che Guevara,15 y la guerra popular prolongada, que implicaba un trabajo de largo plazo, principalmente con bases estudiantiles, obreras y campesinas. En el caso de México, las diferencias en este sentido al interior y entre organizaciones hicieron prácticamente imposible la articulación de diversos grupos guerrilleros para enfrentar al enemigo común, el Estado. Asimismo, existía una incomprensión de origen entre las guerrillas urbanas y las rurales. Los guerrilleros urbanos estaban convencidos de que debían enseñar a los campesinos a pensar y luego, a actuar; había, pues, que adoctrinarlos. Para Lucio Cabañas y otros dirigentes rurales, no iban a ser los comunistas de la ciudad quienes iban a decir a las comunidades campesinas qué hacer y cómo. Nada tenían que aprender los unos de los otros, creyeron ambos, y en esta trinchera de orgullo, se les fueron muchas oportunidades de, si no unificar ideologías, por lo menos conjuntar esfuerzos.

Al responder a contextos y necesidades sociales diferentes, la incapacidad para ceder y negociar se hizo cada vez más grande e impidió a guerrilleros urbanos y grupos armados rurales complementarse. En lugar de buscar los lugares comunes, se enfatizaron las diferencias y sobre ellas se construyó un muro infranqueable contra el que nadie pudo.16

Ahora bien, en un país en donde, a pesar de los signos evidentes de crisis política, la sociedad en general mantenía un índice de confianza en el gobierno medianamente aceptable, resultaba verdaderamente difícil lograr que la opinión pública, mal informada y altamente prejuiciada, distinguiera al guerrillero del delincuente común. Más de un sector compró íntegra la versión del gobierno que, en el mejor de los casos, hablaba de jóvenes desorientados y manipulados por fuerzas oscuras. En un contexto de guerra fría donde el enemigo era el comunismo (aunque la mayoría no tuviera la menor idea de lo que realmente era), la sociedad permanecía, en términos generales, en una especie de letargo informativo del que estaba poco deseosa de salir.

También resultaba complicado, y en muchos casos inútil, el trabajo con las bases campesinas y obreras. La mayoría prefería seguir la lucha por la vía legal, a pesar de las amargas experiencias vividas. Pocos eran, pues, los que se arriesgaban a escuchar a los guerrilleros, menos aún los que se decidían a seguirlos. En este sentido, en un primer momento las organizaciones hicieron un cálculo demasiado optimista.17 Creyeron que, ante las circunstancias críticas del país, la cerrazón política del Estado, la represión y falta de democracia, las clases populares se incorporarían a la lucha y se levantarían en armas a la primera señal. Craso y costoso error. Jamás pudo articularse una movilización a gran escala que pusiera realmente en riesgo al Estado (aunque éste respondió como si el peligro fuera inminente).

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En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.

Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.
Otros Mundos, A.C.

ABREVIATURAS

• CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
• CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
• CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
• CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
• CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
• CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
• LA: Ley Agraria.
• LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
• LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
• PA: Procuraduría Agraria.
• PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
• PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
• RAN: Registro Agrario Nacional.
• RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
• RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
• RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
• RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
• SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
• SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• TA: Tribunal Agrario.
• TSA: Tribunal Superior Agrario.
• TUA: Tribunal Unitario Agrario

A

Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera.
Actor: persona que presenta una demanda.
Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha.
Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE.
Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”.
Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria.
Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad.
Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.
Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera.
Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria.
Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa.

Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social.
Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado.
Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas.
Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras.
Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión.
Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).
Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema.
Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado ode actores privados.
Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje.
Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA.
Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas.
Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas.
Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos.
Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo.
Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.
Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.

B

Baldío: tierras que no tienen dueño.
Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad.
Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros.
Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos.
Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.

C

Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan ante ellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción.
Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería.
Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.
Capacidad jurídica: condición necesaria de una persona para ser sujeta a derechos y obligaciones.
Carta poder: cuando una persona le da poder a otra de representarla, de realizar ciertas actividades o trámites mediante un documento que lo acredita.
Carpeta Agraria: expediente ubicado en el RAN donde se narra cómo se creó el Ejido o Bien Comunal, quiénes lo fundaron, quiénes han sido los órganos agrarios, qué cambios o modificaciones se han tenido. Contiene todos los datos importantes de un ejido o comunidad, como el padrón de ejidatarios o comuneros.
Causa: lo que origina algo. Lo que hace que surja un problema o conflicto.
Causa de utilidad pública: es un requisito de las expropiaciones. Son las acciones que realizan las autoridades, como el presidente de México, gobernador de los estados o de los municipios, para decir que una acción que realizarán (aprovechamiento de recursos naturales, materiales o sociales) será para el beneficio de la colectividad.
Catastro: inventario que se tiene sobre las tierras rústicas que hay en México para ayudar en la identificación de sus titulares, poseedores o los que tienen el uso y disfrute.
CEDH (Comisión Estatal de los Derechos Humanos): institución del gobierno del estado de Chiapas que está encargada de vigilar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en Chiapas. En caso de que haya afectaciones a los derechos de las personas cometidas por autoridades, la CEDH tiene la facultad de investigar y buscar que se reparen los daños a los derechos humanos.
Centro de población: áreas de asentamiento humano donde vive la población del ejido o comunidad y que cuenta con muchas viviendas y servicios públicos como luz, drenaje, agua potable o parques.
Certificado de Derechos Agrarios: documento que entrega el RAN en la que menciona que una persona es ejidataria y que pertenece a un ejido, que tiene parcelas, un solar y que le corresponde algo de tierras en las áreas de uso común. Señala cómo obtuvo la calidad de ejidataria. Estos son los que aún tienen aquellos ejidatarias, ejidatarios, comuneras, comuneros que no entraron a los programas de certificación de las tierras.
Cerril: terrenos que son pedregosos, con pendiente, accidentados y desigual.
Certificado Parcelario: documento que otorga el RAN donde consta que una persona ejidataria o comunera es titular de una parcela con medidas exactas y sus colindancias, aprobado previamente en Asamblea. Surgió con los programas de delimitación de las tierras como el PROCEDE, FANAR, y RRAJA-FANAR.
Cesión de Derechos Agrarios: cuando una persona ejidataria o comunera renuncia en vida y decide entregarle sus derechos agrarios a otra persona. Puede ser su hija, hijo, esposa, hermano o cualquier persona que se convierte en la nueva persona ejidataria o comunera. No es herencia ya que ésta se realiza cuando se ha fallecido.
Citatorio: documento elaborado por una autoridad en la que busca que una persona o varias personas acudan a sus oficinas o tribunales para llevar a cabo una audiencia, para informarles sobre un acuerdo, etcétera.
Cláusula: parte de un contrato o convenio donde se mencionan las obligaciones y derechos de las personas que lo firman.
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos): institución del gobierno federal con autonomía para vigilar, promover, garantizar, investigar y buscar la reparación de las violaciones a derechos humanos que cometan autoridades en contra de las personas.
Colectivo: grupo de personas que trabajan para un mismo fin.
Comisariado ejidal/o comunal: órgano de representación del ejido o comunidad cuya labor principal es convocar a las Asambleas, resolver problemas de tenencia de las tierras como las colindancias en los núcleos agrarios, gestionar o realizar trámites ante el RAN como los certificados de ejidatarios o actualizar el reglamento interno. El comisariado ejidal o comunal se integra por un Presidente, Secretario y Tesorero. Su máxima autoridad es la Asamblea.
Comunera /o: persona mayor de edad, o menor de edad si ya tiene familia a su cargo, que es titular de derechos agrarios, cuenta con su certificado de derechos agrarios o certificado parcelario y certificado de uso común.
Comunidad: extensión de territorio donde viven las personas y comparten sus costumbres, un mismo idioma y tradiciones, enfocadas a las actividades de la tierra (agricultura, ganadería y pesca) principalmente para autoconsumo y mantenimiento por lo que se les ha entregado un reconocimiento.
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua): dependencia de gobierno que tiene como función vigilar, conservar, administrar y gestionar las aguas Nacionales.
Concesión: decisión de las autoridades federal, estatal y municipal, en la que otorga a una persona particular o empresas el derecho para extraer, explotar, aprovechar, usar o lucrar con bienes comunes naturales en el suelo o subsuelo (agua, minería, petróleo, gas, etcétera), así como con en el sector servicios.
Conciliación: forma para solucionar los problemas entre las partes en conflicto para legar a un acuerdo y resolver las diferencias. Las partes se reúnen ante una autoridad como el comisariado, ante el agente
auxiliar municipal o juez rural, o ante la PA.
Conservación: mantener las cosas como están.
Consejo de Vigilancia: persona ejidataria o comunera con derecho vigente, elegida mediante la Asamblea para vigilar que el Comisariado haga bien su trabajo, se cumpla con el Reglamento y la LA. Puede convocar a la Asamblea cuando no lo haga el comisariado.
Constancia de vigencia de derechos: documento que se solicita en el RAN por un costo determinado, donde se verifica si una persona ejidataria o comunera tiene vigente sus derechos como tal, si se ha perdido por alguna razón, si ha cedido su derecho o haya vendido sus tierras.
Constitución de un Ejido o Bien Comunal: la LA señala que para crear un nuevo Ejido o Bien Comunal, se necesita que 20 personas aporten sus tierras, y hagan su propuesta de Reglamento interno, que consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el RAN.
Contrato: documento elaborado por dos o más personas en las que se obligan a algo. Puede contener al mismo tiempo derechos de las personas que lo firman.

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presume con orgullo que en su administración no se han otorgado concesiones mineras, mientras que en los pasados gobiernos neoliberales se otorgaron alrededor de 120 millones de hectáreas que equivalen al 60% del territorio nacional.1 Sin embargo, los mensajes al sector minero por parte de las distintas instancias de gobierno son muy contradictorios. Y las cifras y los mensaje van y vienen.

Por su lado, la Secretaria de Economía manifiesta su preocupación durante la XXXIV Convención Internacional de Minería por el desplome en la inversión minera y la parálisis en la exploración que espera se reactive. Según la Cámara Minera de México (Camimex) en su II Informe de Sustentabilidad, asegura que según la Secretaría de Economía, México cuenta actualmente con 24,066 concesiones mineras que abarcan 16.83 millones de hectáreas y equivalen al 8.59% del territorio nacional.2 Según la Camimex, desde 2014 al 2021 la inversión en exploración minera cayó un 60%, de 856 millones de dólares a sólo 399 millones. Para este sector empresarial los proyectos mineros no deben entrar en consulta con las comunidades en la etapa previa a la Exploración minera3. Les preocupa que el gobierno no otorgue más concesiones mineras, que haya desaparecido la Subsecretaría de Minas, disuelto el Fondo Minero y que no abra el litio a las inversiones privadas, uno de los metales que más ganancia dejarán con la supuesta transición energética4, que también podría llamarse la especulación energética.

En el mes de noviembre de 2021, AMLO afirmó a el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el país no tiene conflictos con las empresas mineras canadienses, que se han resuelto los conflictos y que solo está pendiente un conflicto en Tayoltita, Durango, que ha tratado de evadir impuestos.5 Este es el caso de la canadiense First Majestic Silver que es dueña de 3 minas de oro y plata, y 4 en mantenimiento, y se encuentra en proceso arbitral dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El SAT congeló su cuenta bancaria y la controversia ronda los 223.1 millones de dólares (4 mil 531 millones de pesos). En 2019 el SAT revaluó el pago fiscal para los años 2010 a 2012 por 242.2 millones de dólares (4 mil 919 millones de pesos), incluyendo intereses, inflación y multas, y que este año emitió otra revaluación para 2013 por 134.1 millones de dólares (2 mil 723 millones de pesos).6

Sin embargo, el territorio nacional está plagado de conflictos socioambientales que la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) ha documentado ampliamente. El rompimiento de la presa de jales de la minera Grupo México sobre el rio en Sonora fue de dimensiones sociales y ambientales gigantescas. Pero se pueden desplegar más conflictos por el país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Inventario homologado preliminar de presas de jales en el país7 donde se da cuenta de las 585 presas de jales que son los embalses donde las mineras depositan los residuos sólidos y líquidos de la actividad minera, llena de metales pesados. Las presas de jales de las minas de oro representan el 53.9%, le siguen la plata con el 16.46%, cobre con el 17%, hierro y plomo con 6% cada una, entre otras.

En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la vigilancia ambiental en las actividades económicas del país, y para lo cual de septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizaron 79 visitas de inspección a instalaciones mineras e impusieron cinco clausuras totales por incumplimiento de la normatividad ambiental. Por otro lado destacó que para fomentar el sector se destinaron alrededor de 180.8 millones de pesos en créditos para empresas mineras entre septiembre del año pasado a junio de 2021, cerrando con una cartera vigente de mil 175.8 millones de pesos, 12.8% más a lo que estaba registrado en el noveno mes de 2020. De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera realizó 4 sesiones de Comités de Desarrollo Regional para las zonas mineras en Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima. El Fondo aprobó 49 proyectos de inversión en infraestructura física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo; los recursos canalizados ascendieron a 257 millones de pesos.8

En marzo de 2021, en el marco de la convención virtual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, la ministra canadiense de la Pequeña Empresa, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional, se reunió con la Secretaría de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo, para discutir el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Canadá y México, particularmente en los sectores de la minería y la energía, mantener un ambiente de negocios estable y predecible para las empresas canadienses que operan en México, particularmente en el sector minero, con el fin de mantener la confianza de los inversionistas.

Algunos analistas advierten que el sector minero, la mal llamada “industria minera” ya que es una actividad primaria extractiva, va a la baja y su tendencia seguirá en la medida en que en la presente administración no se otorguen nuevas concesiones y que, si en el 2010 México se encontraba en el puesto 20 de los países atractivos para la Inversión Extranjera Directa en este sector, ha pasado ahora al lugar 42.9

LOS PROYECTOS MINEROS DE CAPITAL EXTRANJERO

Pese a toda la danza de números y declaraciones contradictoreias, lo que aquí haremos es un análisis en función del documento oficial de la Secretaria de Economía sobre las concesiones actuales otorgadas a las empresas extranjeras del sector minero al primer semestre del presente año.

Hasta el mes de julio de 2021, en México existía un total de 453 proyectos mineros operados por empresas de capital extranjero10 en 23 estados del país, que representan el 72% de las entidades del país donde se encuentran las mineras extranjeras. Sobresalen los territorios del norte de México con cinco entidades con más concesiones en manos de las mineras extranjeras en los estados de Sonora (116), Chihuahua (51), Durango (46), Zacatecas (37) y Sinaloa (35). (Ver Cuadro No.1)

De todos estos proyectos mineros, 316 se encuentran en la Fase de Exploración que representan el 69.7% del total, 44 en Desarrollo que representan el 9.7%, 84 en Producción que representan el 18.5% y solo 9 en Cierre el 1.9%. (Ver Cuadro No.2)

Para la Camimex las cifras son distintas ya que en su informe anual 2021 afirma que en el país existen 1,190 proyectos mineros con capital extranjero, y que 6 de cada 10 se encuentran en estado de «postergación» que suman 754. Este sector empresarial reporta 307 concesiones en 26 estados del país en etapa de exploración, 78 en producción, 43 en desarrollo y ocho cerrados. Confirman que la cifra de proyectos mineros que han sido aplazados creció 44% respecto a 2019.11

Según la Secretaría de Economía, el origen de las inversiones provienen de 16 países. La inmensa mayoría provienen de Canadá con las tres cuartas partes del total de las empresas que intervienen, seguida de Estados Unidos, China y Australia.

De los 453 proyectos mineros, 87 de ellos que representan el 19.2% del total se realizan en “alianzas estratégicas” entre dos o más empresas mexicanas o de otros países, por lo que suman alrededor de 533 inversiones de capitales provenientes de estos 16 países involucradas en los 453 proyectos (Ver lista oficial de la Secretaria de Economía más abajo en los indicados con relleno azul). De las 533 inversiones mineras, la mayoría provienen de Canadá con 398 que equivalen al 74.6% del total. Le sigue Estados Unidos y luego China (Ver Cuadro No. 3) quien por cierto tiene inversiones en los grandes puertos del país como los puertos de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.12

La extracción de minerales de las empresas extranjeras son principalmente de oro y plata, pero también de cobre, cobalto, litio, zinc, hierro, titanio, plomo, antimonio, manganeso, bario, mármol, boro, molibdeno, níquel, entre otros. Llama la atención una mina canadiense que explora uranio en Sonora.

Para Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería de los Estados y titular de la Dirección de Minería, de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, espera que la extracción de Litio se abra a la inversión privada y con apoyo del Fondo Minero13, con lo que pretenden compensar los daños socio ambientales.

Por lo pronto, según Secretaria de Economía en la fuente citada, existen 19 concesiones de Litio en 5 estados, de los cuales solo una está en la Etapa de Desarrollo y 18 en Exploración: Baja California con una canadiense en la Etapa de Exploración; en Coahuila y en San Luis Potosí 3 concesiones canadienses cada estado en Exploración; en Sonora 5 concesiones, 4 en Exploración entre inversiones de China-Uk e Italia, y solo una en Desarrollo de la alianza China-UK. Por último, en Zacatecas 7 concesiones de Litio, 4 canadienses en exploración y 3 en alianza estratégica entre Australia y México también en Exploración. Cabe señalar que el 79% de las concesiones de Litio son canadienses. (Ver último Cuadro de la relación de concesiones de la Secretaría de Economía).14

Existen mineras extranjeras canadienses y americanas que ya buscan yacimientos de litio en el estado de San Luis Potosí, según el el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Arturo Segoviano García.15 Esta es una advertencia importante para la población rural del estado que se verá enfrascado en disputas, divisiones, ofertas de compras de tierras, etc.

De los 16 países de donde provienen las inversiones mineras de capital extranjero, con 10 de ellos México tiene Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)16 que protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones extranjeras pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales. Estos países son: China, Australia, Italia, Reino Unido, Corea, Argentina, Francia, España, India y Suiza. Si a ello le sumamos los candados legales y geopolíticos que impone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), países con quienes México mantiene relaciones comerciales tan dependientes, se explica el por qué AMLO nunca eliminará una concesión minera so pena de multimillonarias demandas, y esperará a que vayan terminando su vigencia en caso de que sea coherente con su discurso. La lucha y la defensa de los territorios será entonces tarea prioritaria de los pueblos.

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Chiapas ha albergado en el Poder Ejecutivo desde militares, políticos, familias ricas sumamente racistas, hacendados, profesionistas insignes y hasta masones, aunque no todos han sido oriundos de Chiapas, pero prácticamente todos han sido la correa de transmisión de las políticas federales en turno a lo largo de la historia llena de violencia desde todos los aspectos, desde la depredación y extracción de los Bienes Comunes Naturales hasta los Culturales, una deforestación acelerada, el olvido de los pueblos indígenas sumidos la pobreza en medio de la disputa por sus territorios, despojándolos de sus conocimientos, saberes, mano de obra, entre otras muchas formas de despojo y de epistemicidio.1 La cárcel, los asesinatos, la represión, la explotación y la esclavitud también han sido los saldos contra los pueblos originarios algunos de ellos sublevados.

Chiapas ha sido gobernado por 351 períodos de Gobernadores desde 1528, fecha en que se funda la Provincia de Chiapas y Diego de Mazariegos se convierte en el primer Teniente Gobernador luego de la invasión española en estos territorios. Desde 1528 hasta el 14 de Septiembre de 1824 en que se crea el Estado Libre y Soberano de Chiapas, pasaron 122 Gobernadores a lo largo de 296 años, esto es, un promedio de 2.4 por año. En el período de la Colonia, estos gobiernos se identificaron de la siguiente forma: 80 ‘Alcaldes Mayor’, 19 ‘Tenientes Gobernador’, 19 ‘Gobernadores Intendente’, 3 ‘Alcaldías Mayor’: Ciudad Real de Chiapa, de Ciudad Real y de Tuxtla; y una ‘Intendencia’ de Ciudad Real de Chiapa.2 (Ver Tabla 4).

Esto viene a colación, porque entre los años 1824 y 2021, desde la creación del Estado de Chiapas a la fecha, se han registrado 229 Gobernadores en el lapso de 197 años, o sea un promedio de 0.8 por año. De todos ellos, 116 han sido designados como ‘Gobernador Interino’ durante todas las etapas convulsas de la entidad, que representan la mitad de todos los períodos de gobierno que han pasado en 197 años. Y es que muchos de estos Gobernadores Interinos esperaban el regreso del Gobernador en turno. A estos le siguen los 73 asignados como ‘Gobernador Constitucional’ que equivalen al 31.8% del total; 21 como ‘Gobernador Provisional’, 10 como ‘Gobernador Encargado’, 8 como ‘Gobernador Sustituto’ y sólo un ‘Gobernador Asignado’ (Pantaleón Domínguez). Al menos 14 de todos ellos han sido militares. (Ver Tabla 1)

Algunos de estos Gobernadores son los mismos, y pasan de Constitucional a Interino, de Interino a Provisional o de Constitucional a Encargado. Otros han sido Gobernadores Constitucionales o Interinos en múltiples ocasiones. Por ello, los 229 periodos de Gobernadores han sido ocupados por 144 personas distintas. (Ver Tabla 1 y 2)

No es posible aquí recorrer el largo camino de los gobiernos en Chiapas, por ello nos concentraremos en los últimos sexenios con el fin de hacer un esbozo muy general que caracterice en grandes pinceladas, desde la perspectiva del crimen organizado, los momentos y el contexto que abonaron al arribo de lo que hoy se vive en Chiapas, una violencia no vista y que, para muchos, no tiene regreso. Distinguimos, a manera de hipótesis, 5 Etapas, que no son puras sino que identifica énfasis o la tendencia mayor en cada una. Esta es una perspectiva.

1) Tráfico: Antes del año 2000 Chiapas era más identificado como territorio de tráfico de la droga por su obligado paso proveniente de Centroamérica y Sudamérica hacia el mercado estadounidense, el más grande del mundo. La violencia de desataba más en los estados del norte del país donde los cárteles se disputaban los pasos fronterizos a Estados Unidos. La presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la militarización desatada luego de 1994 mantuvo de alguna forma un control del territorio chiapaneco al paso de los 5 Gobernadores en el lapso de esos 6 años controlados desde la Federación, bajo la Presidencia de Ernesto Zedillo para administrar el conflicto armado que arrastraba ya conflictos agrarios por el deslinde de tierras y las políticas de remunicipalización de Gobernador Sustituto Roberto Albores Guillén (1998-2000).

La entidad estuvo marcada por un estrategia de guerra contrainsurgente, con un aumento vertiginoso de la presencia militar y policíaca vinculada con la aparición de diversos grupos armados caracterizados como “paramilitares” que respondían a esta estrategia como lo fueron “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Máscara Roja”, “Los Machetes”, “Lo Aguilares”, “Los Puñales”, entre otros grupos de filiación priísta o con “guardias blancas” de grandes ganaderos y terratenientes cuyas tierras fueron recuperadas por diversos grupos indígenas. Todo ello culminó con la Masacre de Acteal y de El Bosque, entre otras acciones violentas contra Flores Magón en Taniperla, 10 de Abril en Altamirano, Tierra y Libertas en Amparo Aguatinta, Navil en Tenejapa y Nicolás Ruiz.3

Ya sea por la presencia internacional que se atrajo tras el conflicto, por la presencia de tantos puntos y cuarteles militares en la entidad4, por la recuperación de tierras tomadas a familias de caciques, o porque el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva y se regía en parte por las Asambleas ejidales y comunales, o por medio de otros mecanismos de gobernanza comunitarios, se mantenía el control de los territorios o al menos era más observado. Todo ello impedía el arraigo del crimen organizado en el estado aunque no el tráfico y el consumo de droga más vinculado a las fuerzas militares y policíacas, aunque poco a poco fuera creciendo la demanda. El gobierno estatal como correa de transmisión de las políticas federales tenía el reto de poner todas las condiciones para pacificar la entidad e inaugurar el Plan Puebla Panamá que se avecinaba luego de la “pacificación” de los conflictos armados en Centroamérica, con el fin de abrir los territorios a las inversiones trasnacionales y generar las condiciones sociales, políticas y económicas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) iniciado en 1994.

2) Consumo: A partir del sexenio del Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y de Vicente Fox (2000-2006) la migración se dispara y el muro en la frontera norte se fortalece para impedir que arriben los pobres que genera el TLC al suelo norteamericano y el trasiego de droga encuentra más dificultades para vender en el país del norte. El envío de remesas irá creciendo hasta el día de hoy desplazando los ingresos petroleros, de la Banca Multilateral de Desarrollo, de las inversiones extranjeras, del turismo, del sector automotriz o de la minería. La población empieza a huir del país. El crimen organizado ve entonces la oportunidad de profundizar no solo la disputa de las rutas, sino convertir a Chiapas en un territorio de consumo. Las condiciones empiezan a darse.

La presencia de los puntos de distribución de la droga en centros escolares, bares y otros espacios se fortalece en el contexto de la crisis del campo y de los jóvenes sin empleo. Sin embargo, el EZLN mantenía cierto control sobre algunos territorios en la entidad fortaleciendo los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, insistiendo en que sus territorios están libres de tráfico, consumo y siembra de droga. Mientras el crimen organizado empieza a afianzarse y estacionarse en los territorios del norte hacia el sur del país, el Ejecutivo Federal preparaba nuevos tratados de libre comercio con Asia.

Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera senador por el PRI desde 1994 al 2000 y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) llega a la gubernatura por una coalición amplia de partidos y se convierte en el primer gobierno de alternancia luego de 70 años del partido oficial. Se dispuso a poner el tapete a las inversiones construyendo el Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la súper carretera y el Puente Chiapas, entre otras obras. El EZLN se disputaba el control de sus territorios y los diversos grupos armados locales seguían evolucionando hasta que en noviembre del 2006, el denominado grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de policías estatales, fueron responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias desplazadas de la comunidad de Viejo Velasco en la Selva Lacandona.

3) Siembra: En el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), conocido como cocainómano5, y en el contexto de la guerra del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y la feroz violencia desatada por ello en el país, Chiapas todavía se mantenía lejano de los escenarios violentos de los estados del norte y centro ligados al crimen organizado. Ambos gobiernos presuntamente ligados con el narco, han sido uno de los peores escenarios para Chiapas y para el país.

En este sexenio el Tratado de Libre Comercio empieza a hacer sentir sus efectos negativos en el campo por medio de la baja en la producción agropecuaria debido a las importaciones de maíz, frijol, entre otros productos del campo, subsidiados desde Estados Unidos y Canadá. Europa empieza a entrar en el terreno de las inversiones en parques eólicos, represas y carreteras. En este sexenio el gobernador impulsa la Palma de Aceite a costa de la soberanía alimentaria de las comunidades hasta llegar hoy a las más de 70 mil has sembradas. Esta situación en el campo será el caldo de cultivo para el arraigo en los territorios del crimen organizado.

Se profundiza la crisis en los Ejidos y Bienes Comunales. El original Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) que fue cambiando de nombre, facilitó el debilitamiento del tejido comunitario y de las Asambleas como formas de control sobre los territorios. Otros mecanismos de gobernanza también se debilitan y se anuncian concesiones mineras que prenden la alerta en el estado y surgen nuevos conflictos territoriales que terminan con el asesinato de Mariano Abarca en 2009 por los empleados de la empresa minera canadiense Blackfire.

Los jóvenes no ven futuro en el campo, no hay precios favorable de los productos, no desean trabajar la tierra y además no son beneficiados en la distribución de tierras con el PROCEDE. La migración aumenta y los que regresan con otra visión y bajo los ecos del consumo de la droga increpan y retan a las autoridades comunitarias, desafían las costumbres y las estructuras de gobernanza locales al punto que en algunas regiones prohíben el regreso de este tipo de jóvenes que han perdido el camino. Este contexto favorece a que el crimen organizado de un paso más hacia siembra de droga en la entidad donde por conveniencia económica, por sobrevivencia o por extorsión, como en otras entidades del país, en diversas regiones se profundiza esta actividad que requerirá de ayudas, alianzas, jóvenes “halcones”, vigilantes, control, infiltración o cooptación de estructuras policíacas y municipales que se arraigan en los territorios de la entidad. Comitán fue un ejemplo de ello durante el paso de Eduardo Ramírez Aguilar en la presidencia municipal y que más tarde fuera diputado federal, Secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, diputado del Congreso estatal, y Senador de la República y que desde hace rato busca la gubernatura del estado de Chiapas.

4) Nuevos negocios: Durante el periodo de Manuel Velasco Coello y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sumada la anterior crisis y ya en profundidad durante este sexenio, se suma la corrupción galopante en todo el andamiaje gubernamental. Por otro lado, se experimenta la división de las organizaciones y de los movimientos sociales, el debilitamiento de agendas comunes, la creciente impunidad, la violencia y los feminicidios ligados al crimen organizado. Se anuncian nuevos megaproyectos que amenazan los territorios, más concesiones mineras, represas, pozos petroleros, súper carreteras, Zonas Económicas Especiales, mercados de carbono, ampliación del Puerto Chiapas, entre otros que toma a los ejidatarios y comuneros, organizaciones indígenas y campesinas en total descobijo y desarticulación. No hay actor en la entidad que impulse o encabece agendas capaces de generar alianzas. La pulverización de los territorios y su control empieza a implosionar. El país anuncia ya los años más violentos de su historia.

En Chiapas, la impunidad se profundiza mientras que la violencia sigue en aumento y cada vez más la vinculada con el crimen organizado en diversas cabeceras municipales que evidencia su presencia como en Comitán, Comalapa, Pueblo Nuevo, Chamula, Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, entre otros. El narcotráfico hinca así sus dientes en las estructuras municipales y territoriales.

Este es el caldo de cultivo para otros indicadores más preocupantes, el de los nuevos negocios para el crimen organizado. La corrupción, la impunidad, la violencia y la que desata el mismo consumo de la droga, el desempleo, el control del narco-territorio geográfico, político y social, permite girar el interés hacia otros beneficios económicos locales como el tráfico de autos robados, de migrantes, de trata de personas y en especial de niños y niñas, los cobro de piso, la etnopornografía, las invasiones de tierras por parte de grupos contratados para la especulación de bienes raíces, las extorsiones, los robos, entre otros. En otros estados el crimen organizado tiene anclado sus intereses en los puertos, aeropuertos o en el sector minero por lo que el gobierno federal dispone una policía minera para cuidar los intereses de las grandes empresas mineras en el norte del país.

5) Crimen des-organizado: En el actual período del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los indicadores de la violencia se evidencian como nunca y sin control, con muertos y miles de desplazados en un escenario favorecido por un año de total permisividad e impunidad para que el crimen organizado se afianzara durante la pandemia del 2020. En este año la inmovilización de la vida cotidiana, del movimiento social, del transporte, de la ausencia de la población por los caminos, las calles y las veredas, del abandono del campo y de toda actividad física y presencial por los territorios, del cierre de todas las oficinas gubernamentales, de la despolitización de la sociedad civil causada por los programas de Bienestar del gobierno que desestructura la organización, en un ambiente político sumamente polarizado, favoreció que el crimen organizado se cimentara profundamente en los territorios mientras el EZLN viaja por Europa y se evidencia la pérdida del control sobre muchos territorios. Este contexto también le favoreció al gobierno federal para el avance de sus megaproyectos en el Sur-Sureste del país donde radican las principales obras del actual sexenio como el Tren Maya, el Canal Interoceánico del istmo de Tehuantepec, la Refinería Dos Bocas, represas, pozos petroleros, gasoductos, súper carreteras, entre otros.

Así, arribamos al actual etapa del crimen des-organizado, que se caracteriza por la erupción y visibilización de diversos grupos armados en Chiapas. De los existentes podemos observar varios tipos que van desde el EZLN, los grupos paramilitares y autóctonos de la década de los 90’s que han ido evolucionando y otros más, el crimen organizado y las guardias comunitarias. Además del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuya presencia se despliega por todo el territorio estatal sugiriendo inhibir por sí solo la fermentación del narco-estado. Algunos de los grupos armados y sus acciones de violencia estallan con más virulencia en Aldama, Chenalhó, Chamula, Chalchihuitán, Oxchuc, Mitontic, Altamirano, Simojovel, Pantelhó, Pueblo Nuevo, Comalapa, Carranza, Chilón, San Andrés, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, entre otros. Sobre todo en el contexto de los procesos electorales se hace patente la lucha por el control de los territorios políticos y de las estructuras municipales.

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