Compartimos este informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en el marco del Día Mundial por los Bosques – A 21 de marzo del 2024
Este 21 de marzo, promovido por la FAO como el Día Internacional de los Bosques, el WRM publica un informe sobre la importancia de las palabras que utilizamos. El informe explora de qué manera conceptos como “bosques”, que históricamente han sido impuestos y adoptados sin considerar una diversidad de puntos de vista –en particular, de los pueblos que dependen de los bosques– contribuyen a crear políticas que no reconocen esta diversidad ni ponen freno a la deforestación.
Desde 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) promueve el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. El tema de este año es “Bosques e innovación: nuevas soluciones para un mundo mejor”.
En un video de un minuto, la FAO sugiere que materiales como los plásticos, fabricados a partir de productos químicos procedentes de combustibles fósiles, pueden ser sustituidos por “materiales sostenibles procedentes de los árboles”, que a su vez son capaces de “fijar carbono”.
Una vez más, la FAO sugiere que promover las plantaciones industriales de eucaliptos, pinos y otras especies de árboles de rápido crecimiento –plantaciones que define como bosques– puede ser una “nueva solución para un mundo mejor”. Con esta declaración, la FAO ignora -una vez más- los impactos negativos de los monocultivos de árboles, ampliamente documentados. Tampoco tiene en cuenta el fracaso como solución al caos climáticos de las plantaciones de árboles para compensar emisiones de carbono. Y menos aún, el hecho de que dichas plantaciones contribuyen a alimentar un consumo excesivo y extremadamente desequilibrado de papel, que, por supuesto, es promovido por empresas de celulosa y papel que se benefician de ello.
En este Día Internacional de los Bosques, mientras la FAO promueve viejas “soluciones” que en realidad empeoran el mundo, el WRM publica un informe titulado “¿Qué es un bosque y cuándo es un bosque? Una reflexión crítica sobre los conceptos utilizados en los procesos internacionales de políticas sobre bosques”.
Pese a que varios grupos entienden que la definición de la FAO ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para detener la pérdida de bosques, en general no se cuestiona el hecho de que estas organizaciones y movimientos sociales –y también el WRM– hagan uso del concepto de bosque en sus materiales. Un ejemplo de esto es cuántos grupos han utilizado el lema de campaña “Las plantaciones no son bosques”.
Aún se ha reflexionado muy poco sobre el hecho de que varios Pueblos Indígenas arraigados en territorios de bosque hayan decidido no traducir la palabra bosque. Muchos han decidido adoptar su propia definición, ya que la definición de la FAO es irreconciliable con sus particulares y diversas visiones y concepciones de sus espacios de vida. No consideran a un bosque como una entidad fija definida por su cubierta arbórea o su capacidad de secuestrar o almacenar carbono, sino más bien como parte de un ciclo de transformación de un territorio. Sin embargo, los procesos internacionales de políticas sobre bosques han censurado todas las definiciones indígenas de los bosques así como otras formuladas por movimientos de base. En sus salas de conferencias y en sus documentos, estas entidades internacionales no darán cabida a ninguna otra definición u otras concepciones que queden fuera de las categorías supuestamente universales de bosques, clima, biodiversidad, ecosistemas, etc.
Es importante reflexionar con sentido crítico acerca de estos conceptos en la medida en que éstos allanan el camino a las supuestas “soluciones” a la deforestación que emergen de estos procesos internacionales. Una de esas “soluciones”, nuevamente promocionada por la FAO este 21 de marzo, es la promoción de plantaciones industriales de monocultivos de árboles.
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Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el papel de las mujeres en el manejo comunitarios de los bosques – A marzo 2023
Este marco político se basa en los vínculos entre el manejo comunitario del bosques y la justicia de género. Presenta nuestra comprensión de cómo el sistema patriarcal oprime específicamente a las mujeres y exacerba formas de violencia estructural que ya se sienten en sus cuerpos y territorios. Nuestro enfoque toma elementos del ecofeminismo y de los feminismos comunitarios territoriales del Sur. Hay que reconocer a las mujeres, sus cuerpos y territorios, y crear espacios para su participación política efectiva.
«Nuestra lucha es cada vez más fuerte. A las mujeres, a los jóvenes y a las minorías sexuales se les niegan sus derechos, los que detentan el poder cuestionan nuestra existencia. Defendemos la vida y la biodiversidad. El racismo, el colonialismo y el patriarcado son sistemas de opresión que debemos combatir de manera integral».Sandra Morán, Guatemala, Marcha Mundial de las Mujeres.
Las mujeres desempeñan un papel central en las prácticas de manejo comunitario del bosque. Las mujeres tienen un conocimiento muy diversificado de los bosques, centrándose en los productos forestales relacionados con la agricultura familiar, la alimentación, la leña, la búsqueda de alimentos, la mejora de la fertilidad del suelo y las prácticas de conservación, así como en las especies utilizadas en el hogar y para la salud. Las mujeres también tienen un conocimiento especializado de los árboles y los bosques en cuanto a su diversidad de especies. Las mujeres conciben la naturaleza, la biodiversidad y el conocimiento de forma holística, dentro de un territorio que debe ser defendido y conservado por el bien de toda la humanidad.
“Enmarcar el manejo comunitario del bosque con una perspectiva feminista nos permite ver la naturaleza desde otros ángulos que también están implícitos en el cuidado de los bosques; hacerlo a través de las emociones, la sensibilidad, la práctica espiritual. Nos permite volver a vernos y reconocernos”.Theiva Lingam, Amigos de la Tierra Malasia / Sahabat Alam Malaysia.
Este marco de justicia de género y gestión comunitaria de los bosques es un documento vivo que debe seguir nutriéndose de las experiencias y los diálogos con los movimientos aliados de Amigos de la Tierra Internacional. Esto nos permitirá identificar lugares comunes que nos permitan seguir promoviendo y exigiendo la permanencia de la defensa de la vida y por ende de los bosques y la biodiversidad. También implica reconocer las perspectivas feministas afines a la visión política de Amigos de la Tierra Internacional -como las del ecofeminismo y el feminismo comunitario territorial- que nutren estos planteamientos. Esto nos permitirá desarrollarlos aún más, así como exponer las tensiones y dinámicas de poder que existen dentro del MCB, que necesitamos desmantelar como parte de la estrategia de transformación. Todo esto busca a su vez garantizar el derecho de las mujeres a la plena participación en la vida social, política y económica de sus comunidades, así como su acceso al agua, a las semillas y a las condiciones de producción y venta con autonomía y libertad, respetando los ciclos de la vida.
Compartimos este pronunciamiento vía Salva la Selva – A 15 de noviembre del 2022
“Salvemos los bosques tropicales y el pueblo de Sulawesi: Detengan la financiación y la inversión en minas y fundiciones de níquel y sus centrales eléctricas de carbón en Indonesia. Los vehículos eléctricos son una falsa solución al cambio climático”
La Cumbre del G20 se celebrará en Nusa Dua Bali. Los líderes de los países desarrollados y en vías de desarrollo se reunirán para debatir los problemas que están ocurriendo en todo el mundo, especialmente las crisis económicas que están empezando a sufrir los países de Europa y América. Estas crisis también afectarán a Indonesia y a otros países del Sur global debido a su dependencia de la inversión extranjera. Por lo tanto, uno de los intereses de los países en desarrollo en el G20 es garantizar que el capital extranjero de inversores europeos y estadounidenses no se retire de Indonesia por el aumento de los tipos de interés en los bancos europeos y estadounidenses. De hecho, el interés de Indonesia en la cumbre del G20 es convencer a los países desarrollados de que aumenten sus inversiones en Indonesia, especialmente en los sectores de la energía, el transporte y las materias primas relacionadas con la tecnología y los vehículos eléctricos.
Creemos que en esta reunión del G20, el gobierno indonesio ofrecerá a los países desarrollados el potencial de níquel presente en las selvas tropicales de Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. Además, Indonesia tiene la ambición de convertirse en un productor de primera clase de materias primas para baterías que sirvan a la producción mundial de vehículos eléctricos. El gobierno indonesio espera organizar una exposición de vehículos eléctricos tematizando la transición energética.
La Alianza de Sulawesi, una coalición de ONG de la isla de Sulawesi que trabaja por la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos, considera por tanto importante expresar las aspiraciones y la voluntad de la población de la isla de Sulawesi a los líderes mundiales en vísperas de la reunión del G20. Consideramos que esto es crucial porque las políticas del gobierno indonesio no suelen reflejar la voluntad del pueblo.
Los líderes de los países del G20 -especialmente Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Japón, China y Australia- deberían tomar nota de que el nivel de vida de los habitantes de Indonesia, especialmente los que viven alrededor de los bosques, está actualmente disminuyendo. Esto es especialmente cierto para las familias de agricultores y pescadores que viven alrededor de las minas y fundiciones de níquel y sus sucias centrales eléctricas. Antes de que las minas de níquel se extendieran por los bosques tropicales de Sulawesi, los agricultores de Morowali, Morowali Norte (Sulawesi Central), Luwu Este (Sulawesi Sur), Konawe, Konawe Norte y otros distritos del sureste de Sulawesi contaban con dos cosechas al año. Sin embargo, tras la puesta en marcha de las minas y fundiciones de níquel, las comunidades sufrieron numerosas pérdidas de cosechas porque sus arrozales estaban contaminados por los lodos de las minas y los residuos de las fundiciones. Los agricultores se vieron obligados a vender sus arrozales porque ya no eran viables.
La contaminación de ríos y mares es un impacto inevitable de la minería y la fundición de níquel. Los dirigentes de los países que promueven la movilidad eléctrica deberían saber que la destrucción en la isla de Sulawesi debida a las minas y fundiciones de níquel no es sólo un problema local en los bosques tropicales, sino que se extiende también a la costa. Cada lluvia arrastra el lodo de las minas al río Malili, en Sulawesi del Sur, tiñéndolo de rojo. El lodo llega hasta el mar, contaminando la costa, diezmando las poblaciones de peces y afectando negativamente los modos de vida de las familias de pescadores, que se ven obligadas a navegar cada vez más lejos para pescar. Lo mismo ocurre en la aldea de Lampia, en el distrito de Malili, en Sulawesi del Sur, donde el lodo de la antigua mina contamina directamente el mar. El equipo de WALHI Sulsel ha observado que la contaminación del lodo de la mina de níquel en la costa de Lampia ha llegado hasta 100 metros dentro del mar, afectando también a los manglares de la costa de Lampia. Esto ha tenido un impacto dramático en los medios de vida de las familias de pescadores de la zona.
El impacto de la minería del níquel también lo sufren las mujeres: para las mujeres de Sorowako, especialmente las del pueblo indígena karonsie, las minas y fundiciones de níquel propiedad de empresas canadienses y japonesas han destrozado sus sueños de una vida buena y autosuficiente cultivando su propia tierra. Las empresas mineras de níquel les han arrebatado sus tierras y jardines habituales sin compensación e incluso los han convertido en un campo de golf propiedad de la empresa. Ya no tienen acceso a agua limpia y se ven obligadas a consumir agua sucia del río contaminada con el lodo de las minas de níquel. El asentamiento actual ha sido vallado con una total fata de respeto a los derechos consuetudinarios sobre la tierra del pueblo Karonsie.
La expansión de las últimas explotaciones mineras de níquel en Sulawesi del Sur ha provocado desalojos y la incautación de huertos de pimienta de propiedad comunitaria, que proporcionaban a la población local unos buenos ingresos, con los que durante muchos años se mantenían las familias. El conflicto social es inevitable aquí.
En Sulawesi central y sudoriental también se dan casos de destrucción de la selva tropical que repercuten en la destrucción de las fuentes de vida de la población, especialmente de las mujeres. En el centro de Sulawesi, precisamente en los distritos de Morowali y Morowali Norte, debido a los lodos de las minas y a los residuos de las fundiciones de níquel de las empresas chinas, los pescadores de Morowali tienen que resignarse a perder sus medios de vida porque las costas y los mares, que han sido la fuente de ingresos de los pescadores, se han contaminado con los lodos de las antiguas minas de níquel y los residuos de las fundiciones de níquel. Por ello, los pescadores han decidido dejar de pescar y han optado por convertirse en obreros de la construcción y de las fábricas de fundición, cuyos ingresos son muy inferiores a los de cuando eran pescadores.
Lo peor en Sulawesi Central es que la minería y la construcción de la fundición de níquel han creado conflictos agrarios. En el distrito de Morowali Norte, los campos de arroz y los huertos de los agricultores han sido tomados a la fuerza por la empresa sin consulta ni compensación. La comunidad tiene ahora que vivir sin tierra, que es la única fuente de sustento de la comunidad, y que ha sido tomada por la fuerza para las empresas mineras y la construcción de fundiciones de níquel. Así que para nosotros, la expansión de la minería de níquel en la isla de Sulawesi es una catástrofe para la comunidad, especialmente para los agricultores y las mujeres.
Aparte del enorme impacto de las minas y fundiciones de níquel en los bosques, ríos, costas y comunidades de la isla de Sulawesi, creemos firmemente que el níquel, las baterías y los vehículos eléctricos no son una panacea para la crisis climática mundial por las siguientes razones:
1. El aumento de la producción de níquel en Indonesia, así como de baterías y vehículos eléctricos en el Norte global, contribuye directamente a la destrucción de las selvas tropicales, especialmente las de la isla de Sulawesi. Estos bosques tropicales son vitales para el medio ambiente, la vida de las personas y el clima mundial. Las selvas tropicales de la isla de Sulawesi secuestran el carbono emitido por las fábricas de Indonesia, así como por las industrias y las centrales eléctricas de combustibles fósiles del Norte global. Por lo tanto, es muy erróneo llamar a la industria de los vehículos eléctricos -cuya materia prima se obtiene de la destrucción de los bosques- respetuosa con el medio ambiente y una solución al cambio climático.
2. El 80% de la energía eléctrica que mueve las fundiciones de níquel en Sulawesi procede de centrales eléctricas de carbón. Esto es ciertamente contrario a los principios de desarrollo sostenible, de negocios respetuosos con el medio ambiente y de mitigación del cambio climático que están enunciando actualmente los líderes mundiales. El uso de la energía del carbón en las fundiciones duplica las emisiones asociadas a la producción de níquel.
3. Al aumentar la demanda de carbón, la mayor producción de níquel en Sulawesi también está acelerando la destrucción de los bosques en otras islas, especialmente en Kalimantan, el mayor centro de actividad minera del carbón en Indonesia. Mientras la producción de vehículos eléctricos implique la destrucción de selvas tropicales en Sulawesi y Kalimantan y el aumento de las emisiones de carbono, no pueden considerarse una solución al cambio climático.
4. La última consideración es el uso de energía a base de carbón para cargar los vehículos eléctricos: mientras los combustibles fósiles sean la fuente de energía más extendida en el mundo, los daños medioambientales y climáticos continuarán sin cesar. A medida que más y más personas utilicen los coches eléctricos, las minas de níquel y carbón seguirán comiéndose la selva, y se construirán cada vez más centrales eléctricas de carbón.
Por lo tanto, la inversión y la financiación en la industria del níquel en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi, desde la parte alta hasta la baja, refuerza aún más el ritmo de destrucción de la selva tropical, lo que contribuye a que el cambio climático sea cada vez más grave. Además, la vida de la población indígena y local, que actualmente es pobre, será más pobre, porque sus fuentes de subsistencia también se ven perjudicadas e incluso desaparecen.
Para salvar los bosques tropicales que quedan en Indonesia y la vida de las personas, especialmente las mujeres y el futuro de los niños de la isla de Sulawesi, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todas las comunidades, los agricultores y las familias de pescadores afectados por los daños medioambientales debidos a las industrias mineras y del níquel pedimos a los líderes de los países del G20, especialmente al Presidente de China, Xi Jinping y a los BMD, que se comprometan firmemente a poner fin a las inversiones en las minas de níquel, la construcción de fundiciones de níquel, la industria de las baterías y las centrales eléctricas de carbón asociadas en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. También exigimos que los líderes políticos y empresariales de los países del G20 dejen de promover los vehículos eléctricos como una alternativa ecológica y una solución a la crisis climática.
Sobre la base de los hechos y las condiciones reales anteriores, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todo el pueblo de la isla de Sulawesi, exigimos:
A los líderes de los países del Grupo 20, especialmente al Presidente de los Estados Unidos, China, al Primer Ministro de Canadá, Japón, Reino Unido, al Líder de la Unión Europea y al Canciller de Alemania para que dejen de apoyar las inversiones que destruyen los bosques tropicales en todo el mundo, especialmente en la isla de Sulawesi, Indonesia. Exigimos concretamente que se detenga el apoyo a las inversiones en el sector minero, especialmente en la extracción de níquel.
A las instituciones financieras internacionales para que pongan fin al apoyo financiero al sector minero, especialmente a la extracción de níquel en Indonesia. Las instituciones financieras internacionales deben cambiar su financiación hacia empresas sostenibles, especialmente las que protegen los bosques tropicales de todo el mundo.
Al gobierno indonesio, especialmente al presidente Jokowi, para que deje de emitir inmediatamente licencias de negocios mineros, especialmente licencias de negocios mineros de níquel. Además, exigimos que el presidente Jokowi revoque las licencias de minería que han destruido los bosques tropicales de la isla de Sulawesi y otras islas de Indonesia.
Por último, también hacemos un llamamiento a todas las personas del mundo para que apoyen a la Alianza y al pueblo de Sulawesi para detener la destrucción de las selvas tropicales en Indonesia, especialmente en Sulawesi. Proteger la selva tropical es la forma más poderosa de preservar la vida en nuestro planeta.
Makassar, 15 de noviembre de 2022
Alianza de Sulawesi
Sunardi, Director Ejecutivo de WALHI Central Sulawesi
Theo Runtuwene, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Norte
Muhammad Al Amin, Director Ejecutivo de WALHI South Sulawesi
Saharuddin, Director Ejecutivo de WALHI Southeast Sulawesi
Asnawi, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Occidental
Imagen: destrucción en Sulawesi por la minería de níquel
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa de uno de los pocos pulmones en la Ciudad de México – A 30 de noviembre 2021
Hace unas semanas las autoridades agrarias de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, junto con varios brigadistas cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por el paraje “Tepeyehual” que corresponde al territorio comunal de ellos mismos, fueron sorprendidos y atacados a balazos por los talamontes que se encuentran saqueando el bosque de uno de los pulmones forestales más importante de la CDMX. Lamentablemente ello no ha sido un hecho aislado, pues esta problemática de saqueo lleva ya varios años, a pesar de que la comunidad ha realizado diversas denuncias desde por lo menos el 2018, ante diferentes instancias federales y de la CDMX, quienes sólo han atendido de forma tenue y pávida esta creciente y cada vez más grave problemática que dista mucho de los grandes discursos de protección de la naturaleza que la titular de medio ambiente fue a expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26). No hay nada de cercanía entre el discurso y la realidad en un país lleno de sombras para los defensores ambientales.
Según el estudio de doctorado que lleva por nombre “Brigadas Comunitarias para la Conservación y Gestión de los Recursos Forestales en San Miguel Topilejo, Tlalpan Ciudad de México” (*), de las 10,000 Has de propiedad comunal, 6,000 Has pertenecen a Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) y Reserva Ecológica Comunitaria (REC) que han sido destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad sin manejo forestal, por estar dentro del área de veda forestal de la CDMX. Sin embargo, como lo dice el mismo estudio la principal causa que deteriora el bosque de esta comunidad es la tala clandestina (82%). Los datos son contundentes respecto a la tala ilegal: “en México se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, y en ese contexto, a tres años de este gobierno autodenominado trasformador, se le agota el tiempo y se va haciendo añejo el discurso de echarle la culpa a los gobernantes neoliberales que le antecedieron. La tala ilegal es un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de la colosal descomposición de las instituciones que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo.
En la Alcaldía de Tlalpan, la cual es la segunda con mayor superficie de suelo de conservación en la CDMX, sólo después de Milpa Alta, la política de conservación y gestión de los bosques son operados a través de un programa de brigadistas encargados de vigilar, controlar y combatir incendios forestales, así como saneamiento del bosque y reforestación. Sin embargo, en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, el saqueo está llegado también a niveles alarmantes de violencia, ya que tanto los brigadistas como las autoridades agrarias han sido amenazados de muerte por grupos delincuenciales y últimamente, como sucedió el 4 de noviembre, ya les dispararon a matar (https://desinformemonos.org/denuncian-atentado-contra-defensores-del-bosque-de-san-miguel-topilejo/). Pareciera que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra para hacer una rueda de prensa y avisar que ahora si llegará la seudopoderosa Guardia Nacional, esa misma que ahí en Topilejo literalmente no ha servido para nada
Las autoridades de Topilejo han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias de gobierno como Profepa, DGIVA, Semarnat, Sedema, Conafor, CNDH, Gobierno de la CDMX (Claudia Sheinbaum), Alcaldía de Tlalpan, CORENA, Gobierno Federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes eventualmente han mandado a grupos, en algunas ocasiones con Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para hacer recorridos, pero sin ningún plan o protocolo o concurrencia efectiva. De hecho, no ha habido ningún detenido a pesar de que a algunos funcionarios incluyendo a la guardia nacional sí les han tocado enfrentamientos. La Guardia Nacional y el Ejército se agazapan con la población de Topilejo bajo el argumento de que no tienen “órdenes” para actuar, que la orden suprema es “abrazos y no balazos” y, literalmente se han puesto por detrás de los comuneros y brigadistas cuando ha habido confrontaciones.
Esta situación no es de ahora, “En octubre de 2018 se realizó una reunión en San Miguel Topilejo a la que acudieron representantes de ejidos y comunidades de las alcaldías que cuentan con Suelo de Conservación dentro de sus territorios. En dicho evento se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes y teniendo evidencia de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente contra ellos, dejándolos en libertad”. (*) Esta falta de acción pero sobre todo de solapamiento del crimen por parte de las autoridades responsables del ambiente y de la seguridad ciudadana cada vez genera más y más descontento, porque la vulnerabilidad, el riesgo y el miedo se incrementa entre las autoridades comunitarias y los brigadistas, quienes están dispuestos a exponer hasta su vida por defender el bosque, porque tanto el gobierno de la ciudad como el federal continúan gobernado con discursos que son igual a los que realizaban sus antecesores.
El 6 de octubre las autoridades agrarias de Topilejo se presentaron ante la Semarnat en donde recibieron una nueva promesa para atender el problema. Fue la misma titular la Lic. María Luisa Albores quien nombró a Javier Lara como comisionado especial para atender el caso, prometiendo que aplicarían una “estrategia que ha funcionado en otros lados” (sic). Se agendó una reunión de continuidad y la dependencia solicitó a los comuneros toda la información del caso, misma que les fue enviada inmediatamente. No obstante, la Semarnat nunca les mencionó en qué consistía la tan efectiva estrategia, ni tampoco volvieron a saber nada de ellos, aunque vale la pena resaltar que, al margen de la ignominia de la respuesta y continuidad del trabajo, al día siguiente de la primera reunión de las autoridades de Topilejo con la Semarnat la propia secretaria titular la Lic. María Luisa Albores, pronta envió a las redes su twitter mostrando fotos del encuentro y diciendo que se había reunido con las organizaciones para resolver sus problemas, tal cual de estéril a su otrora discurso realizado en la COP26 mostrando al mundo el respeto y reconocimiento que dice tener para el resguardo que hacen los pueblos de la naturaleza. La vida real pone a cada cual en su lugar.
No es la primera vez que mencionamos que la Semarnat ha estado llevando a cabo una política dual entre el cuidado y la destrucción de la naturaleza, igual hace promoviendo en viles actos de simulación la participación de los pueblos bajo la falsa argumentación de los derechos de consulta, a la vez que también reparte a sus funcionarios en aquellos sitios en donde la población alza la voz, para mostrar que está pendiente de los procesos, cuando en realidad gana tiempo y administra los conflictos, mientras la destrucción de la naturaleza avanza y el asesinato y criminalización de las y los defensores de la naturaleza se incrementa. En el tema ambiental el señor López Obrador tiene razón: la 4T no es igual a la de sus antecesoras, porque las cifras muestran más asesinatos de defensores que nunca.
Es ofensivo ver el contenido de las páginas web de todas estas instituciones con grandes acciones en defensa de la naturaleza, líneas de atención ciudadana y hasta teléfonos para la presentación de denuncias. Todas promueven programas, leyes y piden y exigen a las comunidades corresponsabilidad para proteger los bosques, sin embargo, cuando comunidades, como San Miguel Topilejo, asumen, no de ahorita ni por mandato sino históricamente, el compromiso de proteger, conservar y restaurar los bosques, y estas le piden apoyo al gobierno para detener el saqueo, en el mejor de los casos, les toman nota para establecer un ofensivo “seguimos pendientes de su caso”.
Desde la REMA, condenamos enérgicamente la soberbia y endeble o nula respuesta de las autoridades federales, de la CDMX y de la Alcaldía de Tlalpan, quienes lo único que hacen con su inacción es fortalecer la continuidad de la impunidad el saqueo y la falta de procuración de justicia que tanto pregonan todos los días. En consecuencia, el mensaje hacia los grupos del crimen organizado es que pueden seguir actuando con total libertad, sin importar los costos sociales que ello genere, mismos que al final del día serán argumentados como confrontaciones entre grupos armados ilegales.
Hoy está más claro que nunca antes… en México defender la naturaleza puede costar la vida.
La población de Topilejo está muy cerca de sufrir un ataque de fatales consecuencias y ante esa alta probabilidad, responsabilizamos a las autoridades de la Semarnat, Profepa, Sedema, Conafor, CNDH, CORENA, Alcaldía de Tlalpan, a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, porque todos ellos, sabedores de sobra del tema, continúan gobernando entre la simulación, el desprecio hacia los pueblos que dicen amar y proteger, y la soberbia que da tener el poder y no saber cómo utilizarlo ante diversos grupos criminales.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de la Ciudad de México para se mantengan alertas y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado y la vida de las/os defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo, a pesar de que el gobierno municipal, de la CDMX y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada.
Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una gran tragedia. Al margen de ello, lo dicho en la COP26 por la Lic. María Luisa Albores es una ofensa suprema.
ORGANIZADOS PAREMOS AL MODELO EXTRACTIVO
LAS/OS DEFENSORES DEL BOSQUE DE TOPILEJO DEFIENDEN A TODA LA CIUDAD DE MÉXICO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la ecomonóa verde en la Amazonia y la resistencia de los pueblos por la vida – A 29 de junio del 2021
El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.
Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.
Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.
Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.
L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.
Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.
Colonialismo verde
Manifestación contra programas REDD en Feijó, estado de Acre. Septiembre, 2017
Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.
“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.
Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.
Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.
“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.
También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.
Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.
“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.
Mercantilización de la naturaleza
Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012
Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.
Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.
“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.
A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.
“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.
Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.
Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.
Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.
“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.
Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.
“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.
Imagen: Manifestación contra proyectos de capitalismo verde en Xapuri, estado de Acre. Brasil, 2020. – Avispa Midia
Compartimos esta nota de Pie de Pagina sobre la minería en la Biosfera del Triunfo en Chiapas y las resisitencias y luchar por defender la vida en la región- A 16 de junio del 2021
Empresas de Francia, Alemania, China, y Canadá tienen concesiones para explorar, extraer y aprovechar los recursos minerales y metales dentro los bosques de niebla de la reserva el Triunfo en Chiapas
Texto: Yessica Morales / Chiapas Paralelo
CHIAPAS.- Los bosques de niebla, como muchos otros ecosistemas y tipos de vegetación en Chiapas, están siendo amenazados por múltiples factores, pero uno dañino son los megaproyectos extractivos, dentro de ellos se encuentra la minería a cielo abierto, advirtió el biólogo Daniel Pineda Vera.
El especialista señaló que cerca del municipio de Acacoyagua, instituciones como el Servicio Geológico Mexicano y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrieron las puertas a muchas concesiones extranjeras de países como Francia, Alemania, China, y Canadá para que puedan explorar, extraer y aprovechar los recursos minerales y metales dentro de esta Reserva.
Puntualizó que, dicha situación no solo devasta de tajo la vegetación, sino que están dejando estéril el suelo, debido al uso de una diversidad de productos químicos para purificar los minerales y metales, el cual produce una gran cantidad de lixiviados (residuos líquidos) resultado de estos procesos industriales que llegan a parar a los cuerpos de agua, provocando así una grave contaminación.
Durante un conversatoio, el especialista añadió que en dicho municipio ha aumentado el número de casos de cáncer en la población, debido a la contaminación de los ríos por estos lixiviados que producen las mineras, que también afectan a la flora y fauna.
Estas concesiones mineras lejos de traer prosperidad y bienestar como suelen venderlo, están afectando todos los eslabones sociales y ecológicos que puedan existir en la zona, afortunadamente ha habido algunos esfuerzos en la zona, pero de manera eficaz y tangible no ha existido un alto para ese tipo de megaproyectos, dijo Pineda Vera.
Otra de las amenazas es la construcción de carreteras que pretenden cruzar y partir la Sierra Madre de Chiapas, como a muchas otras zonas del estado, por lo tanto ponen en juego la conectividad y salud de los ecosistemas.
Señaló que, en los bosques de niebla hay una diversidad de plantas y árboles que dominan el dosel, una mezcla entre especies tropicales de zonas templadas, donde se pueden encontrar encinos, pinos, matapalos, y una gran cantidad de especies de gran porte.
Además, estas especies pueden alcanzar hasta los 40 metros de altura, pero debido a las condiciones ambientales, la inclinación del relieve, cantidad de humedad, y calidad del suelo, harán que la altura del dosel sea variada.
Pineda Vera dijo que, la vegetación es dispersa y descontinua, pero en las grandes serranías al encontrarse en altitudes mayores a los 1500 metros sobre el nivel del mar, esta suele ser frágil.
Al mismo tiempo, la zona suele estar amenazada, debido a que ahí se realiza el cultivo tradicional del café de sombra, de gran calidad, lo que le ha dado renombre, pero debido a la presión industrial y a las “intenciones maquiavélicas” de grandes empresas como Nestlé y Starbucks, los productores en búsqueda de un bienestar económico, cambiaron su modelo de producción.
El nuevo modelo adoptado es el café de sol, implica que los productores talen el remanente de bosque que tienen estos terrenos, que a lo largo del tiempo puede provocar afectaciones, ya que no solo es un café de menor calidad, sino también hay una pérdida de cobertura vegetal, lo que da pie a enfermedades, padecimientos y plagas, que provocan que haya un abuso de agroquímicos, con el que se contaminan los suelos y el agua.
Proyectos mineros en Acacoyagua, Escuintla y Acapetagua tienen en riesgo la reserva de El Triunfo y los manglares de la Encrucijada. Cortesía: Gabriela Coutiño
“Bosque mágico”
EL biólogo explicó que la selva húmeda de montaña hoy es considerada como “el bosque más mágico del mundo”, y puede apreciarse dentro de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en esta se encuentran especies emblemáticas para la conservación y preservación de los ecosistemas naturales como el pavón, quetzal, tapir, jaguar, y por su belleza paisajista.
Pineda Vera aclaró que, existe una diferencia entre la vegetación del lado de la Sierra Madre de Chiapas, es decir, la cara de las montañas que pega hacia la Depresión Central (parte seca), y la que da hacia la costa (parte húmeda).
En la primera, la vegetación suele ser más densa, a veces chaparra y en ocasiones susceptible a la perdida de humedad, en cambio en el lado de la costa, en el especial el Soconusco suele ser rala (árboles un poco separados), cerca de las cañadas la selva es más baja, pero con mucha humedad, y se debe a que el viento pega de manera directa.
Acentuó que, el lugar es un paraíso para las aves y plantas, las especies que lo caracterizan son el pavón y quetzal, este último tiene una distribución en todas las regiones montañosas húmedas de Chiapas, aunque esto se ha ido reduciendo.
Los mayores representantes de la fauna de El Triunfo son los tapires, los ocelotes, los pavones, los jaguares y los quetzales, estos dos últimos protegidos para evitar su extinción. Cortesía: Turimexico
“Encontramos al pavón que es un ave propia de la sierra madre de Chiapas y la sierra contigua en Guatemala, encontramos otras especies que pasan desapercibidas y que son igualmente carismáticas como la clorofonia, dijo el especialista”.
En este paraíso chiapaneco el café es otra de sus maravillas y parte importante para la protección y sustento de la reserva. Cortesía: México desconocido
Agregó que, el lugar tiene las condiciones idóneas para el desarrollo de las plantas epífitas (plantas que crecen obre plantas) como las orquídeas, bromelias, helechos, plantas hemiepífitas, la cuales llegan a tener contacto con el suelo y tierra, pero de manera paulatina se vuelven epífitas o bien, pueden quedarse en la superficie, como es el caso de las aráceas, monsteras, teléfonos colgantes y filodendros.
Imagen: La Reserva de la Biosfera El Triunfo protege a 10 tipos de vegetación, de los 19 con que cuenta Chiapas. Cortesía: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Compartimos esta nota de Lado B publicada en Chiapas Paralelo sobre la autogestión de los territorios en Puebla y Tlaxcala – A 2 de junio del 2021
Más de 12 municipios de Puebla y Tlaxcala sumaron fuerzas para rescatar La Malinche, que ha sufrido grandes pérdidas por el mal manejo del Estado y por la plaga del gusano descortezador.
#AlianzadeMedios | Por Aranzazú Ayala Martínez de Lado B
El área de Atención y Participación Ciudadana de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó que, a través de Conafor, se haga una revisión jurídica respecto al derecho indígena y el respeto de la organización comunitaria, tradicional y los usos y costumbres en el bosque de la Matlalcuéyatl. Esto no solo para combatir las plagas en el área sino para el manejo del bosque, explicó en entrevista para LADO B el enlace de comunicación de los comités intercomunitarios de los pueblos de la Matlalcuéyatl.
El acuerdo se dio tras la manifestación del 27 de mayo afuera de las oficinas centrales de la Semarnat en la Ciudad de México, en la que alrededor de 20 personas del grupo “Pueblos unidos de la montaña Malinche” exigieron un plan de trabajo integral, en el cual participen quienes habitan esa zona, para rescatar la Malinche, o Matlalcueye, de la plaga del gusano descortezador y la tala ilegal.
Esto derivó en una reunión en la que también participaron la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la dirección del Parque Nacional La Malinche y la delegación de Tlaxcala de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El problema de las constancias de posesión
En La Malinche, al interior de las comunidades, cada predio tiene su dueño y es reconocido dentro de las mismas, solo que sin escrituras públicas o documentos oficiales que lo avalen. Solamente los terrenos ejidales tienen certificado parcelario, pero lo demás no tiene documentos.
Esta situación se vive en toda la montaña, pero esto es que desde los usos y costumbres la propiedad de la tierra se respeta. De ahí la importancia de que se acordara que las autoridades reconocerán la posesión de tierras desde el derecho indígena.
El enlace del Comité también explicó que usualmente las autoridades federales exigían constancias de posesión de las tierras avaladas por el municipio, sin tomar en cuenta el derecho indígena y la tenencia de la tierra por usos y costumbres.
Foto: Cortesía
Los habitantes relataron que este problema con los documentos ha representado una traba inmensa, que fue utilizada también por los municipios para obstaculizar las acciones de saneamiento.
El enlace de los comités explicó que se autorizaban supuestas acciones de saneamiento reconociendo la posesión de un terreno, pero realmente lo que se hacía era derribar arbolados sanos para presuntamente comerciar con la madera de manera ilegal.
El 30 de abril de este año el comité la “Brigada San Pedrito por la Matlalcueitl”, de la comunidad de Muñoztla, documentó y denunció a la Conafor por haber emitido una notificación de una acción de saneamiento en un área de La Malinche, donde no había árboles infectados con la plaga del descortezador. Es decir, que las autoridades dieron luz verde a que se talara madera sana, cuyo destino final desconocen los pobladores.
El trabajo conjunto entre comunidades y autoridades
Foto: Cortesía
Otro de los acuerdos fue que las comunidades presentarán un plan de trabajo el próximo 9 de junio, planteado desde la organización comunitaria. Este se afinará para hacer un saneamiento efectivo y rápido del bosque, pero también incluirá una propuesta para que los habitantes se involucren a largo plazo en el rescate de La Malinche.
La Conanp se comprometió a actualizar el programa de manejo que opera desde 2012, mediante talleres de junio a noviembre, de los cuales los habitantes pidieron formar parte para construir una solución que responda a las necesidades reales del bosque.
Desde 2019, quienes habitan los pueblos de la montaña se acercaron a las instancias federales para alertar de la presencia del gusano descortezador, que es una plaga voraz que ataca a varios bosques de la región, y pidieron que se llevaran a cabo acciones concretas para terminar con este insecto. Pero a la fecha, no han tenido ninguna respuesta concreta.
Cabe destacar que la organización para la defensa del bosque que abarca Puebla y Tlaxcala tiene al menos 15 años, con agrupaciones de ambos estados. Para los pueblos de la montaña, dicen los comités, no se habla de entidades ni división territorial, sino que se consideran como una unidad como pueblos de la Matlalcuéyatl, articulados, trabajando para una finalidad en común que es el rescate de la zona boscosa.
“Este proceso que se ha vivido de manera individual donde cada quien se ha topado siempre con el burocratismo, con la falta de atención, lo ha vivido cada comunidad desde su trabajo. Y de pronto llegan los mega incendios (de 2021) y nos unen”, dijo el enlace de los comités.
“Nos unen las mismas carencias hacia afuera de respuesta, y vemos que solamente con nuestro interés y solidaridad podemos sacar adelante esta necesidad que ahora tenemos de rescatar la montaña”.
“En el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir, en el pueblo del Quiché. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas, el despertar de la vida y el nuevo canto se siente…” Kin Lalalat.
En los últimos dos meses en el Quiché uno de los departamentos del país, la batalla por la protección de los bosques y contra la tala inmoderada de estos es una de las luchas principales de las comunidades del pueblo maya K’ich’e, del Consejo de los Pueblos K’ich’es –CPK- y de Aura Lolita Chávez Ixcaquiq.
Algo está pasando en el Instituto Nacional de Bosques (Inab) los encargados para este departamento de ésta institución realizan acciones en contra del CPK y de una de las mujeres que les representa, la batalla por los bosques es una de las luchas que se libran en este territorio, empresarios y delegados de los programas del INAB aumentan sus esfuerzos por deslegitimar y desacreditar el derecho de las comunidades para defender los bosques y el territorio, al mismo tiempo que personalizan las agresiones en contra de Lolita Chávez.
Frente a la diversidad de negocios que se generan con la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo una autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo, el de nuestros bienes naturales”.
La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca uno de los tantos temas que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos.
Aquí se mezclan y complementan viejas estructuras militares y paramilitares vinculadas a los años de mayor represión contra el pueblo K’ich’e e Ixil durante la guerra y que actualmente se entrelazan con los partidos políticos, funcionarios públicos, con la presencia de empresas nacionales y transnacionales vinculadas a los proyectos extractivos o megaproyectos, y si esto fuera poco al negocio de la tala inmoderada e ilegal de madera y las actividades que de esta se desprenden.
La problemática social en este departamento es seria, hidroeléctricas, represas, fincas, la Franja Transversal del Norte FTN, los ejecutores del Genocidio, sumado a la presencia de organizaciones criminales como los partidos políticos Partido Patriota PP y a personajes vinculados con el general Otto Pérez Molina.
Desde las comunidades y sus formas de autoridad y organización comunitaria la voz de alerta esta puesta, los señalamientos van directamente contra funcionarios del INAB y personeros de varios programas en el departamento del Quiché.
Las amenazas de muerte en contra de Lolita Chávez
El día jueves 23 de junio 2016 sobre la carretera en Santa Cruz del Quiché vieron transitar uno de esos tantos camiones que transportan grandes cantidades de árboles talados, las comunidades dieron el aviso y minutos despues el camión fue detenido para que el personal del Iban revisara la cantidad de madera en su interior. Representantes del CPK llamaron inmediatamente a varios delegados del INAB para que hicieran la cubicación de la totalidad de la madera que transportaban, por alguna razón estos delegados demoraron mucho tiempo en llegar.
Paralelamente fueron avisados los dueños del camión, esto se confirma porque un grupo de hombres armados llego desde la carretera interamericana hasta Santa Cruz del Quiché, Lolita Chávez narró que eran aproximadamente 10 y que varios de ellos iban armados. Luego en el MP se presentó el señor Oscar Montealegre proietario del camión que transportaba la madera quién presentó otra denuncia en contra de varias personas del CPK.
Lolita Chávez se encontraba en el Parque Central a la espera que los delegados del INAB se presentaran, dos hombres se acercaron a ella, uno de estos de forma violenta le gritó:
“¿Y vos quien sos para hacer lo que haces? Vas a ver que no vales nada. El otro de los sujetos estando tan solo un paso atrás del primer atacante le grito: “a esta mujer le vamos a quebrar el culo”.
Lolita inmediatamente busco auxilio, a escasos 10 metros habían varios agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, varias personas que la acompañaban al darse cuenta de las agresiones y amenazas la acuerparon, llamaron a la PNC, haciéndoles presión los agentes le pidieron a los dos hombres que se identificaran, el más viejo se negó en todo momento a presentar sus documentos.
Bajo la presión de los agentes otro de los agresores finalmente entrego su DPI y dió los datos del otro atacante, resultaron ser padre e hijo: Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes, del resto de hombres que llegaron con estos dos señores la PNC se negó a identificarlos.
Lolita ahí mismo les explico a los agentes las amenazas de muerte en su contra y de las agresiones verbales hechas por los dos sujetos, varias autoridades comunitarias tuvieron que hacer presión para que los agentes de la PNC asumieran atender el llamado de auxilio hecho por Lolita Chávez, no es la primera vez que los agentes de la PNC desatienden los llamados de Lolita Chávez.
Varios comunitarios denunciaron que desde ese día (23 de junio) varios sujetos armados anduvieron por varios lugares del Quiché amedrentando con sus armas a los comunitarios, exigiendo que vendieran sus tierras, los testimonios de varias personas señalan que los mismos sujetos que llegaron a amenazar a Lolita Chávez estuvieron presentes en una de las concentraciones organizadas por los trabajadores del INAB el día 4 de julio 2016. Una concentración organizada por el INAB para acusar y amenazar directamente a Aura Lolita Chávez de expulsarla del departamento por denunciar la tala ilegal de árboles.
¿Qué está pasando con el INAB?
Fue desde el día de la concentración organizada por esta institución el día 4 de julio, varios representantes de los Comités Municipales de Desarrollo COMUDES del departamento le avisaron a Lolita Chávez que Byron Lec y Abelardo Monjaras, están llegando para difamarla y acusarla frente a los beneficiarios de los programas del INAB, buscan a través del recurso del rumor desinformar a las personas y crear división comunitaria. Byron Lec fungía como Director regional del INAB del Quiché y Abelardo Monjaras es director subregional.
Las comunidades saben que hubo recientemente cambios en el interior del INAB del Quiché, al parecer removieron a Byron Lec del puesto y nombraron al ingeniero Carlos Castillo como director regional.
Las comunidades han denunciado varias veces que el INAB desatiende las denuncias por los casos de tala ilegal de los bosques, contrario a esto, están intentando incitar a los beneficiarios de los programas para agredir e intimidar a Lolita Chávez y a quienes forman parte del CPK.
Varios representantes de los programas del INAB son señalados de promover el traslado de beneficiarios de los programas para realizar concentraciones en el centro de Quiché, la primera la realizaron el día 4 de julio, durante esta concentración públicamente los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP, fueron vistos haciendo uso del sonido y lanzando serios señalamientos en contra de la integridad de Lolita Chávez.
¿Quién esta dando los fondos para pagar el traslado de los beneficiarios de estos programa? ¿La alimentación? ¿Alquiler de un sonido móvil?
En la concentración del 4 de julio también apareció Ana Rivera Bernal, quien dice representar a la junta directiva del PINPEP de ese departamento[1], es una de las principales detractoras del CPK por el trabajo que impulsa para detener la tala ilegal de los bosques, durante la concentración ella también emitió oponión sobre Lolita Chávez y el CPK. Rivera Bernal aparece en documentos del ministerio de educación como directora contratada, también tienen una relación laboral con la Fundación CALMECAC en 2015.
¿Qué papel está jugando el Ministerio Público?
Lolita Chávez luego de las amenazas de muerte recibidas por Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes se dirigió a denunciarlos ante la fiscalía del MP en el departamento del Quiché, de esa denuncia se abrió un expediente. Lolita Chávez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitidas desde el año 2005.
El día 11 de julio, Lolita Chávez recibió una citación de la fiscalía distrital del departamento del Quiché, en el documento el MP la convoca para el día miércoles 13 de julio para una reunión de conciliación por dos hechos distintos, uno es una denuncia que ella interpuso en el MP contra dos personas por amenazarla de muerte el día 23 de junio 2016 en el Parque Central de Quiché y el otro caso corresponde a una denuncia hecha en su contra por un trabajador del INAB y el representante legal de varias fincas que forman parte de los programas de esta institución.
La fiscalía distrital conexo dos expedientes entro del MP226-2016-2134 que contiene las denuncias MP226-2016-2184 y el MP226-2016-2207. Una de las causas penales es por amenazas de muerte recibidas en el mes de junio 2016 por los señores Francisco Par Bala y Sergio Orlando Par Reyes.
La otra causa penal que el MP conexo es una denuncia hecha en contra de Aura Lolita Chávez, Rubén Samayoa y Martín Grijalva, el documento no explica porque tipo de delito fueron señaladas, los denunciantes son Jorge Efraín Montealegre Vicente y Byron Felipe Lec De León.
Montealegre Vicente es representante legal de dos de las fincas de Juan Pu en El Rincón, Chicaman con expedientes (PO-2156 y 2157) también es representante legal una finca de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIMEL -ASODICH- en la aldea Chimel, Uspantan y finalmente aparece como propietario de dos fincas en la aldea XIX en Chajul Quiché.[2]
Lolita Chávez acudió a la fiscalía distrital pero no le entregaron una copia del expediente completo, tampoco describe porque delitos es que esta citando el MP a una primer reunión de conciliación, sin describir a que personas convocó la fiscalía distrital.
[1] Prensa Libre. Exigen la continuidad del Inab en Quiche. Oscar Figueroa. 4 de julio 2016.
En los últimos dos meses en el Quiché uno de los departamentos del país, la batalla por la protección de los bosques y contra la tala inmoderada de estos es una de las luchas principales de las comunidades del pueblo maya K’ich’e, del Consejo de los Pueblos K’ich’es –CPK- y de Aura Lolita Chávez Ixcaquiq.