Categoría: Defensa de los derechos colectivos

COVID-19: Las empresas mineras ponen a los trabajadores y a las comunidades en el mayor riesgo

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Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020

Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades.  Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:

  1. Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
  2. Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
  3. Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
  4. Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
  5. Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
  6. Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
  7. Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
  8. Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
  9. El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
  10. La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.

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¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

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Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

  • Servicios de salud disponibles
  • Condiciones de trabajo que sean seguras
  • Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
  • Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

  1. Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
  2. Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
  3. Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
  4. Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
  5. Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
  6. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
  7. Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
  8. Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
  9. Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
  10. Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

Firma

Comité Cerezo México

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Feminicidios aumentan y Estado propone modificar leyes, la polémica por recategorizar el delito

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Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelosobre la reciente ola de violencia hacia las mujeres – A 16 de febrero de 2020

Por Andrés Domínguez

«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez.
Foto: Roberto Ortiz

*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.

*El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.

Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante del homicidio, significaría una salida errónea.

La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan como un retroceso.

No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la institución no tiene tal intención.

A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.

“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar las capacidades” añadió Villa.

La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es firmante.

“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó Villa.

Panorama

Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1)
Foto: Roberto Ortiz

Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.

En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo registró 20.

En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con 55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.

Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.

Llamado

En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas.
Foto: Francisco López Velásquez (16)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.

“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.

Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores.

“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del  contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres,  niega de iure y de facto el  acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.

¿Qué es un feminicidio?

Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)

De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”

Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las mujeres.

Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres…”

Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o adaptando el ya reconocido a nivel federal.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. – A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
  6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
  7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas

Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida

El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia feminicida durante los últimos 4 años.

El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5 homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por caso fortuito.

Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.

La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.

Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas

Activistas y organizaciones del país condenan agresión hacia familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

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Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo y no sumamos a las exigencias de cese al hostigamiento hacia el comité de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la caravana de búsqueda de los 43 en su paso por Tuxtla Gutiérrez- A 16 de febrero de 2020

A más de 5 años del crimen de Iguala, vemos con preocupación que lejos de presentar resultados claros al reclamo general por los 43, sea la violencia de Estado la única que se imponga.

Organizaciones y activistas de todo el país exigieron un cese al hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43 y repudiaron la violencia hecha por el Gobierno del Estado.

Denunciaron que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo de verdad y justicia.

Por lo que demandaron al gobierno federal y estatal que garanticen el libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y de los estudiantes.

Marcha de Padres de las 43 en Tuxtla Gutierrez 16 de febrero del 2020

También hicieron responsable al gobierno estatal y federal de la integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los familiares de los 43.

Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

Organizaciones: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, , Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII Oaxaca, CNTE-SNTE, Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Oscar Arnulfo Romero”, Comunidad Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex, Consejo Supremo Indígena en resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), La Colectiva Diversa, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Unidad Proletaria Pedregal de San Nicolás A.C. UPPESAN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Búsqueda y Rescate Fundación ‘A’, Mujeres para el Diálogo, Colectivo Solecito Veracruz, Colectivo Solecito Córdoba, Colectivo Solecito Cardel, Colectivo Solecito Xalapa, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Movimiento en Defensa de la Madre Tierra y La Vida -Nuevo León, COMCAUSA, Colectivo Tierra y Libertad (Mich) , Frente contra la Militarización ( Cd. Juárez. Chih), Red de mujeres que luchan en León, NIMA Centro de derechos humanos de niñas niños y adolescentes en Guanajuato, Colectivo Colibrí.

A título individual: Raúl Vera López (Presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de la Casas-Chiapas), Javier Sicilia Zardain, María Herrera Magdaleno, Araceli Rodríguez Nava, Juan Carlos Trujillo Herrera, Félix Hernández Gamundi, Jorge González de León, Magdiel Sánchez Quiroz, Rosa María Garza Marcué, Johan Gordillo García, Gabriela Hernández, Hildelisa Preciado, Norberto Pérez, Leticia Gutiérrez, Ma. Elena López, Dalia Ruiz,Martín Hernández,Carmen Mendoza, Mariana Gómez, Norma Garduño, José Luis Mariño, Maricarmen Montes, Alfonso Lejia Salas, Elizabeth Alejandre, Lourdes del Villar, Angeles González, Marisa Rodríguez, Graciela Tapia, Bertha Vallejo, Virginia Bahena, Leonor Aída Concha, Rosa Barranco, Romeo Cartagena, Julieta Mellano, Carolina Avilés Junco, Alfonso Ávalos Barajas, Salvador Rosas Octaviano, Mayra Zamaniego, Iván Martínez Zazueta, José Morales Vázquez, María de la Paz Quintanilla, Juan Aguado Franco, Sergio López Zunun, María de los Ángeles García Alfaro, Fernanda Tomasini, Alfredo Velázquez Lara, Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, Alfonso Anaya, Claudia Sandoval, Cristina Steffen, María Teresa Cervantes, Jacinta Contreras,Héctor Capistran Díaz, Leticia Palma, Walter Martínez, Rosalía Castro Toss, Fernanda Barragán González Luna, Donovan Mendoz Villarreal, Fabiola Sánchez Quiroz, Carlos Adrian Cisneros González, Jessica Alcázar Romero,Nancy Orzoco Cruz, Daniel Orozco Rangel, Juana Vera Vera, Ricardo Jiménez Torres, Enrique Tellez Pacheco, María de Jesús Severo Romero, Carlos Olivares Valencia, Fernanda Severo Guzmán, Itzel Grijalba Pérez, Rafael Ramos Eusebio, Jose Guillermo Garcia Alfaro, Greysi Estefani Utrilla Arguello, Eloisa Alfaro Morales, Cesar Luis Garcia Alfaro, Carlita del Rosario Aguilar Jimenes, lino Vasconcelos Díaz, Angel Garcia Trujillo, Kaisia Martínez Mercado, Celia Edith Sedeño Omaña, David García Victoria.

CNDH, Sanchez Cordero y Encinas condena agresión del Gobierno de Chiapas contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

*Exhortó al gobierno federal, estatal y municipal a eliminar estas prácticas de represión que atentan contra el derecho a la libre manifestación y son evidencia de una política violatoria de derechos humanos.

*Por los actos violentos, fueron heridos dos madres de familia de los 43, 4 estudiantes y 1 policía.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos de violencia en contra de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno de Chiapas a escasos metros de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”.

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Chiapas esta mañana, como parte del recorrido que realizan por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la ca

En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas intoxicadas.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

Al mismo tiempo, la Secretaria de Gobernación y Ex-Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, desde su red social condenó el hecho:

Asimismo, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación condenó los hechos.

Ante ello, el organismo solicitó medidas cautelares para los alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”, a los familiares de los 43 Normalistas de Ayotzinapa y a integrantes del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”.

La CNDH aclaró que si bien es de competencia estatal, asumió el compromiso de revisar las circunstancias de los hechos ocurridos la mañana de este domingo 16 y en el que resultaron heridos varios integrantes de la Caravana

Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen métodos violentos y de represión, por lo que acciones represivas como las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los familiares y organizaciones que forman parte de la denominada “Caravana Sur en Busca de los 43”, merecen un atento llamado a detener cualquier estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los manifestantes, mencionó la CNDH en un comunicado.

El Organismo nacional informó que ha iniciado una queja de oficio; sin embargo, la CNDH estará cercana en la investigación de los lamentables hechos en los que resultaron heridas varias personas integrantes de la Caravana.

CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas.
Foto: E.NR. «Mactumatzá»

Llega nuevo éxodo centroamericano a frontera sur de México, la falta de claridad de autoridades migratorias genera tensión e incertidumbre

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Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020

LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.

  • No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
  • Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
  • Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.

Chiapas, 18 de enero de 2020

Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.

Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.

Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.

Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.

En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.

Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:

  • La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
  • La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
  • La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
  • El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
  • El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
  • Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
  • Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.

Firmamos:

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.

Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús

Imagen: Un grupo de migrantes forcejeó brevemente con los militares mexicanos en el paso del puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con Guatemala© AFP Isaac GUZMAN

Más información:

[AUDIOS] «Luchas por el territorio: Voces de mujeres en resistencias»

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Compartimos la serie de podcats «Luchas por el territorio : Voces de mujeres en resistencia» realizada por el Comité por el Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) 

Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de Podcast «Luchas por el territorio : Voces de mujeres en resistencia». Voces de mujeres defensoras, guardianas de los recursos, indígenas, campesinas, se entrelazan para desvelar la verdadera cara de los megaproyectos extractivos, así como para evidenciar cosmovisiones distintas y tejer solidaridad y fuerza.

Para construir esta serie de Podcast, se recolectaron testimonios durante el encuentro internacional “Mujeres en resistencia frente al extractivismo”, cual tuvo lugar el el territorio llamado Canadá en abril del 2018 y donde se reunieron 40 mujeres indígenas, campesinas, defensoras de la vida y del territorio de diferentes partes del mundo. En este encuentro, ellas intercambiaron experiencias y estrategias frente a la destrucción del medioambiente y de culturas ancestrales por parte de empresas de extracción de recursos naturales. Cada episodio profundizará un aspecto de la lucha contra los megaproyectos.

Episodio 4: La epidemia extractiva

>>Escuchar el episodio 4<<

En este cuarto episodio, las mujeres siguen examinando los impactos de los megaproyectos y explican cómo las empresas, explotando la naturaleza, contaminan también los seres humanos y los modos de vida, así como desgarran el tejido social de los pueblos. 

Episodio 3: Cicatrices de la Madre Tierra

>>Escuchar el episodio 3<<

En este episodio, las mujeres recorren las cicatrices de la Madre Tierra para dar a conocer los impactos de los megaproyectos sobre el agua, la tierra, los árboles y los animales. 

Episodio 2: Raíces de la indignación

>>Escuchar el episodio 2<<

En este episodio, mujeres indígenas, campesinas, defensoras de la vida y del territorio de diferentes partes del mundo, nos cuentan como empezaron a comprometerse en las luchas para la defensa de la Madre Tierra.

Episodio 1: Introducción

 >>Escucha el episodio 1<<

En este primer episodio de la serie se podrán descubrir las luchas y los relatos de mujeres defensoras de la vida y del territorio.

Esta serie es una producción del CDHAL y del Proyecto Acompañamiento Quebec-Guatemala (PAQG). Con la ayuda de Solidarité Laurentides Amérique centrale y gracias al financiamiento de ministère des Relations internationale et de la Francophonie du Québec, Fondation Lush, Fondation Solstice, Desarrollo y Paz, Syndicat des Métallos, Congrégation Notre-Dame. 

Vista la web de CDHAL 

Más información: 

[VIDEO] «Mesoamericanas»: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

[VIDEOS] Rexistir: Tejiendo Cuerpos Territorios

[VIDEO] Justicia Ambiental y Lucha Antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo

FE DE ERRATA – Declaración de la 2da. Asamblea general de Mujeres de COPINH

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Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 9 de mayo de 2019 

Reunidas mujeres de las comunidades de Río Blanco, La Jarcia, Santa Elena, Pueblo Viejo, El Guachipilín, La Cuchilla, Nueva Esperanza (Comayagua), El Achiotal y La Esperanza, en la Casa de Sanación y Justicia de las Mujeres los días 6, 7 y 8 de mayo, hemos concluido lo siguiente:

 

Que la justicia para las mujeres genera más cohesión y fortaleza a nivel de las comunidades y de la organización. Frente a la violencia, violaciones sexuales, acoso generalizado y los asesinatos de mujeres originados por proyectos extractivos o presencia de la armas que son símbolo del poder patriarcal nos esforzaremos por romper con la impunidad. Esto es lo que pasa en el caso de la hermana Berta Cáceres, crimen que nos duele y del que entendemos que mientras no haya justicia para ella no habrá justicia para todas nosotras. Exigimos que caigan los autores intelectuales.

Que en la construcción de la autonomía comunitaria, de la que tanto hemos debatido a nivel de nuestra organización, durante años, esperamos que sea impulsada por nuestros proyectos de autonomía económica que en algunas comunidades, todavía muy pocas, ya han comenzado.

Que más comunidades queremos impulsar procesos autónomos de salud como lo han realizado las comunidades de La Cuchilla, La Jarcia, Las Mesitas y El Guachipilín. Por ende nos comprometemos a fortalecer la unidad interna de las mujeres a nivel de cada una de nuestras comunidades.

Que en medio de la desesperanza en nuestro país a las mujeres nos toca liderar procesos de la tierra como lo hace la compañera Rosalina Domínguez en Río Blanco que ha sido apoyada por hombres y mujeres de la comunidad, sin embargo otras y otros se han sentido amenazados por su trabajo, para lo que pedimos la solidaridad.

Que seguimos diciendo que las mujeres de COPINH vamos a mantenernos firmes en no retroceder en nuestro principio de no tolerar agresiones, acoso y maltratos a nivel de nuestra organización, especialmente de líderes de COPINH tal como nos lo enseñó la compañera Berta Cáceres.

 

Que hemos hablado sobre la esperanza internacional que se mueve en el mundo con la lucha de las mujeres de todos los lares y que desde esta pequeña Asamblea hemos escuchado de los movimientos “Ni Una Menos” para que no sigan asesinando a las mujeres y de las iniciativas de soberanía de los cuerpos que son una esperanza para toda la humanidad y para nosotras como parte del pueblo Lenca.

Se ha constituido en esta asamblea el nuevo Consejo General de Mujeres para echar a andar nuestros proyectos en acompañamiento a la coordinación de mujeres, de la coordinación de salud y de la coordinación de comunicación que serán electas en nuestra Asamblea General de los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019. Este Consejo ha quedado acompañado de las compañeras: Yéssica, Catalina, Rosadalia y Rosalina.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 8 días del mes de mayo de 2019.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Foto: Asamblea de mujeres, COPINH,  >>Ver más fotos y vídeo<< 

Más información: 

#14M Mujeres, Agua y Energía No son Mercancía 

#8M ¡Vivan las mujeres que defienden su territorio, agua, vida, cuerpos y familia! 

A 3 años de su siembra: La Justicia para Berta Cáceres es la justicia para las mujeres, movimientos y pueblos

Las consultas «buenas» no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) – A 1 de abril de 2019 >>Descargar el comunicado en pdf<<

LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS”

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes (comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía. 

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

  • Las consultas no son previas, sino pre elaboradas. Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.
  • Las consultas no son libres, sino forzadas. La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no. Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.
  • Las consultas no son informadas, sino manipuladas. El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.
  • Las consultas son vinculantes cuando les conviene. Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el «consentimiento vinculante». La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado. Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.
  • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas. Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción -como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.

Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo. Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO DE LOS PUEBLOS

¡NO A LAS CONSULTAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

>>Descargar el comunicado en pdf<<

Más información: 

Consulta fallida y reactivación de Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec

#8M ¡Vivan las mujeres que defienden su territorio, agua, vida, cuerpos y familia!

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Comunicado de Otros Mundos, Chiapas – A 8 de Marzo de 2019  >>Descargar el comunicado en pdf<<

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

8 de marzo de 2019

Hoy, 8 de marzo 2019, celebramos el Día Internacional de la Mujer. En este día de reivindicación y de lucha, queremos recordar a todas las mujeres defensoras que resisten al modelo extractivo y sus proyectos de muerte en todo el mundo: a las represas, a la minería, a los pozos petroleros, a la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica o fracking, a la privatización de los sistemas de agua, a los monocultivos y al robo de la diversidad de los bienes comunes naturales por la economía verde o la imposición de proyectos a gran escala de energía renovables . Recordamos a las mujeres en defensa de su cuerpo, su tierra, su territorio y la vida.

Hoy nos invade, también, el recuerdo de nuestra compañera hondureña Berta Cáceres, asesinada hace tres años y seis días por defender el pueblo indígena lenca y el río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su país. Berta, al igual que muchas compañeras indígenas, afrodescendientes y campesinas, fue víctima de la implementación de los proyectos que solo buscan despojo y muerte en los territorios. 

Rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la vida ante los proyectos de despojo, y a las que siguen hoy en pie de lucha, a pesar del machismo, de la criminalización, del hostigamiento, de las amenazas, del acoso y la violencia sexual que sufrimos por ser mujeres rebeldes, anticapitalistas y en clara oposición al patriarcado. Por ser mujeres que salen de los esquemas de genero impuestos por considerarlos caducos y que luchamos contra el heteropatriarcado, que se intenta imponer como única forma de relacionarnos y de control de nuestras afectividades.

Rechazamos toda forma de violencia que sufrimos las mujeres defensoras en México: desde el 2012 a la fecha, 49 mujeres defensoras han sido asesinadas en el país y, entre el año 2016 y 2017, fueron asesinadas 8 mujeres defensoras y se registraron alrededor de 810 agresiones en contra nuestra, según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en Chiapas, cada día en las calles el machismo mata, viola, pega, insulta y acosa, en lo que va del año 2019 se han registrado 18 muertes violentas de mujeres, de las cuales solamente 6 fueron calificadas como feminicidios y ninguna de estas muertes han tenido justicia ni se han esclarecido. Además de ser alarmante el grado de impunidad con el que el Estado Chiapaneco responde ante los casos de feminicidio al conceder amparos y dejar en libertad a perpetradores de feminicidios.

Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Las mujeres somos parte medular en la defensa de la tierra y el territorio. Nuestras palabras y nuestros gritos en contra de los megaproyectos y a favor de una vida digna deben ser tomados en cuenta por las asambleas comunitarias, por nuestras organizaciones y por los gobiernos. Las mujeres tenemos el derecho de estar en el frente de las luchas y necesitamos de todas los involucrados para desarrollar nuestro trabajo político efectivamente.

Exigimos el inmediato cese de la criminalización de las compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), quienes junto con sus compañeros están siendo víctimas de una campaña de difamación por parte de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. por mantener dos campamentos contra la minería en Acacoyagua, en la zona Costa de Chiapas. Eso a través de mentiras divulgadas en notas y volantes por medios y habitantes cooptados por la minera.

Exigimos el inmediato cese del hostigamiento a las compañeras de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en el municipio de Chenalhó, Chiapas, con quienes marchamos hoy contra la militarización de su territorio. Son víctimas de hostigamiento por parte de paramilitares excarcelados y miembros del Ejército mexicano y de la violencia que se sufre en ese municipio.

En nuestro país, como en muchos de América latina, las defensoras somos blancos de las balas del gobierno y de las empresas: el año 2017 fue el más violento en el mundo entero se registraron 207 muertes, 125 defensoras y defensores ambientalistas fueron asesinados en el continente según Global Witness, y la situación no parece mejorar. La impunidad en la que quedan esos asesinatos es aún más automática y aceptada socialmente cuando la víctima es mujer: en muchos casos, la investigación, cuando existe una, sigue la hipótesis de un crimen pasional, en lugar de un crimen político o corporativo.

Seguimos exigiendo justicia para todas nuestras compañeras víctimas de esta campaña de muerte en nuestra región, entre las cuales estan: Berta Cáceres y Lesbia Janeth Urquía Urquía del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Bety Cariño del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) de Oaxaca, México; Laura Leonor Vázquez Pineda, del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores en Guatemala; Emilsen Manyoma de Colombia de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) en Colombia; Nilce Magalhães Souza del Movimiento contra las represas en Brasil (MAB). Por mencionar algunas.

Celebramos que a pesar de todo esto nos organizamos, nos encontramos y seguimos resistiendo en todos los frentes: nuestras luchas contra la violencia patriarcal, en sus formas más evidentes hasta las más “sutiles”, abarca nuestros espacios personales, familiares, organizativos y políticos.

Este día también sirve para recordar esa alegría y esa diversidad que nos convoca en nuestros diferentes espacios de defensa de la tierra y el territorio en los que nos sabemos unidas y fortalecidas.

¡Cese de la criminalización de las compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco!

¡Ya basta de asesinar a las defensoras y defensores de la vida en México y América latina!

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado y a proyectos de muerte!

¡Fuera el patriarcado y los proyectos de muerte de nuestros territorios!

¡Mujeres, Agua y Energía no son Mercancía!

>>Descargar el comunicado en pdf<<
Foto: Marcha 8M en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Marzo 2019

Más información:

INFOGRAFÍA / Berta Cáceres: cronología de un feminicidio político 

[Artículo] Huachicoleo científico

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Artículo de La Jornada – febrero 2019

Les compartimos el siguiente artículo escrito por Silvia Ribeiro, publicado en enero en La Jornada 

Huachicoleo científico

Silvia Ribeiro *

La Jornada 2 febrero 2019

El 15 de enero pasado, la nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, alertó que esa institución había entregado en el sexenio anterior alrededor de 50 mil millones de pesos en subsidios, beneficios fiscales y otras prebendas a empresas privadas, muchas de ellas enormes trasnacionales.

Varias de las mayores compañías globales, como Monsanto y otras de transgénicos; enormes farmacéuticas, como Bayer y Sanofi-Aventis; trasnacionales químicas, como Dow Chemicals; automotrices, como Ford y General Motors, y empresas mundiales de electrónica, como Intel, IBM y Samsung, han estado chupando recursos públicos mediante «proyectos de investigación». 

A ese inexplicable subsidio directo se agrega que, en muchos casos, los proyectos son con participación de universidades e instituciones públicas de investigación, lo cual lejos de ser un beneficio para éstas, facilita la influencia indebida de las trasnacionales en los programas de investigación y es un aporte adicional para las empresas, que aprovechan la infraestructura y la formación pública y trabajo de investigadores, docentes y estudiantes.

El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt entregó entre 2009 y 2017 unos 24 mil 448 millones de pesos a fondo perdido, de los cuales 7 mil 367 millones fueron para 512 grandes empresas (Arturo Sánchez y Laura Poy, La Jornada, 18/01/19). De éstos, la mayoría son solamente de interés para las propias empresas. Incluso, les pagan costos de actividades que necesariamente debían hacer para entrar al mercado, como análisis clínicos de medicamentos o evaluación de eventos transgénicos.

El caso de las trasnacionales de agronegocios y de alimentación industrial es particularmente indignante, porque son subsidios a las más grandes semilleras globales, sobre todo para trabajar con maíz. Así, México, centro de origen de ese grano, subsidió con dinero público a trasnacionales semilleras y de veneno, mismas que se han apropiado del mercado y contaminan maíces nativos y campos.

De 2009 a 2017, Monsanto, PHI México (propiedad de DuPont), Dow Agrosciences, la división agrícola de Bayer y la semillera Harris Moran recibieron juntas 50 millones 526 mil 107 pesos. Los proyectos incluyeron principalmente desarrollar nuevos eventos de maíz, herbicidas para malezas resistentes en maíz y trabajos en sorgo y otros cultivos. Dow recibió más de un millón de pesos a fondo perdido para evaluar sus primeros eventos biotecnológicos. En resumen, fondos públicos para lucrar produciendo transgénicos, híbridos y agrotóxicos para maíz, todas actividades contrarias a los intereses de los campesinos que crearon ese grano y en desmedro de las actividades que deberían hacer instituciones públicas, como el Inifap, para promover mejor producción con semillas nacionales, etcétera.

En el mismo periodo, el PEI entregó también 5 millones 268 mil 500 pesos a Barcel/Bimbo; 42 millones 702 mil 635 pesos a Gamesa, y 5 millones 779 mil 508 pesos a Sabritas. Las dos últimas, propiedad de PepsiCo.

Además, se entregaron directamente a PepsiCo 4 millones 228 mil 240 pesos. Es decir, más de 57 millones de pesos a PepsiCo, una de las mayores productoras globales de bebidas y comida chatarra. Igualmente, se dieron 50 millones 379 mil 947 pesos a Conagra, otra trasnacional de matriz estadunidense, gigante de la comida industrializada.

También se entregaron subsidios a trasnacionales de origen mexicano. Entre otras, a Bachoco y Minsa, que recibieron juntas 9 millones 142 mil 374 pesos; Agroindustrias Unidas de México (codueña de Granjas Carroll) recibió 15 millones 215 mil 751 pesos, y Agromod, empresa de Alfonso Romo, obtuvo 31 millones 969 mil 906 pesos.

Es también absurdo el caso de las trasnacionales farmacéuticas. El PEI entregó decenas de millones de pesos a las mayores trasnacionales farmacéuticas del mundo, como Merck, Novartis, Sanofi, Bayer, Boheringer Ingelheim. La industria farmacéutica trasnacional tiene el mayor porcentaje de retorno de ganancias de todos los rubros industriales y es conocida por su falta de innovación, que remplaza con supuestos nuevos productos que son apenas copias modificadas de los anteriores para prolongar la vida de sus patentes e impedir el acceso a medicamentos a bajo costo.

Al contrario del difundido mito de que la innovación tecnológica proviene del sector privado y por eso es necesario apoyarlo, la historia muestra lo contrario. Todas las grandes innovaciones de las últimas décadas han sido desarrolladas por instituciones públicas. Por ejemplo, Internet, el GPS, las pantallas táctiles, el sistema HTLM y los asistentes de computación dirigidos por voz, sin los cuales no tendríamos teléfonos inteligentes ni muchos otros aparatos que hoy son la base de las grandes plataformas digitales y de comunicación. Igual sucede con otros rubros, incluyendo la biotecnología y la nanotecnología (Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State, 2011).

Las trasnacionales han tomado estas innovaciones y las han privatizado para su lucro, con patentes y en mercados oligopólicos, creando dependencia. Al contrario del mito, inhibiendo la innovación. Por todo ello es esencial que el Conacyt elimine ese programa y se replantee, en su lugar, qué acciones e investigaciones apoyar, que sean de necesidad y beneficio para la mayoría de la población del país.

* Investigadora del Grupo ETC

Foto: Maíz Transgenico Créditos: Biodiversidad América Latina 

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[INFORME] Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas

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Informe publicado por Sursiendo, Comunicación digital en enero de 2019

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 El día de hoy Sursiendo da a conocer su primer Informe Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas.

En el presente Informe se aborda el proceso de diagnóstico, hallazgos y aprendizajes resultados del acompañamiento de Sursiendo en seguridad digital desde el enfoque de la autodefensa digital y los autocuidados junto a 8 organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chiapas.

Diagnóstico tuvo el objetivo de conocer las necesidades de las organizaciones en seguridad digital con relación a sus labores de defensoría de los derechos humanos. Para con él, posteriormente, desarrollar herramientas y prácticas colectivas graduales de autocuidados digitales.

En un contexto donde Internet visto y pensado como territorio está sujeto a disputas actuales visibles y discutidas como los modelos de extracción de valor de nuestras comunicaciones casi exclusivamente guiados por el valor de mercado, la industria de la vigilancia, y el crecimiento de las facultades de vigilancia de los gobiernos.

El proceso de diagnóstico echa mano de un conjunto de metodologías participativas como la educación popular y herramientas de investigación-accion (IAP), informa-acción, y del manual Diagnósticos en seguridad digital para organizaciones defensoras de derechos humanos y del territorio, desarrollado por Técnicas Rudas.

Un trabajo que valora el aprendizaje desde las propias experiencias de uso de quienes acompañan. Sin perder de vista el papel y la importancia de la generación de los acuerdos colectivos al interior de las organizaciones que se acompañan.

Una publicación que indudablemente representa una contribución al oficio de la pedagogía del aprendizaje mutuo de la seguridad digital en dos dimensiones, la reflexión política tecnológica y su acción. 

 Ø  Presentación:

Este es el informe sobre uno de los caminos recorridos durante 2018 como Sursiendo, donde hemos convivido con lo local y lo digital, en un proyecto-proceso de investigación con organizaciones sociales de Chiapas para realizar un diagnóstico sobre seguridad digital.

Según un estudio de Lori Lewis y Chadd Callahan (Desjardins, 2018), con datos de mayo de 2018, en una hora se envían más de 10.000 millones de emails, se descargan 22 millones de aplicaciones o se realizan 222 millones de consultas en buscadores. En México, más del 65% de la población está conectada, según datos de Internet World Stats (2018).

Hoy en día Internet es fundamental para entender cómo funcionan nuestras sociedades, ya que está presente en casi todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales de México y del mundo. Estar en línea es muy importante para gran parte de la población. También para el trabajo de defensa de derechos humanos.

Más allá de las cifras pensamos que debemos fijarnos más en los quiénes, los cómos y los qués. Cómo usamos y nos relacionamos a través de Internet, y a través de qué dispositivos y programas. Qué ponemos en riesgo al estar en línea.

Nos gusta pensar Internet como un territorio, «como el espacio vivido, sentido y parte integrante de su cotidianidad», según lo define Arturo Escobar (2010); el territorio es el escenario de las relaciones sociales, por eso vemos Internet como una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción, de su ‘habitarlo’. Pero ese territorio, como muchos otros, está amenazado por el neoliberalismo, a través de la vigilancia y el control, la criminalización y el despojo, la comercialización de datos personales y la falta de ética. Internet es un territorio en disputa.

Así, durante todo el año 2018 nos propusimos realizar una investigación sobre una parte de esta disputa: la seguridad digital en organizaciones sociales de Chiapas, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación de este tema en la región.

En México, la situación de la seguridad digital atraviesa momentos de amenaza a organizaciones, activistas sociales y defensoras de derechos humanos, como hemos visto con el despliegue de la vigilancia de Estado y los casos de utilización de software de espionaje Galileo, de la empresa Hacking Team, o Pegasus, de NSO Group, además de criminalización y censura. Tanto instituciones públicas como corporaciones tecnológicas ponen en riesgo la seguridad en el trabajo de defensoría y acompañamiento a procesos colectivos, que también se ve afectada por el crimen organizado.

Nos planteamos hacer un proceso de diagnóstico basado en metodologías de la educación popular y dinámicas participativas con talleres, encuestas, entrevistas y fichas de información en la red, yendo a sus contextos, conociendo sus espacios; para pasar a analizar toda esa información y posteriormente hacer una devolución que sirviese para mejorar las prácticas que se tienen en los entornos digitales, y así tener una base firme para realizar un acompañamiento de largo plazo.

Pero ¿qué es la seguridad digital? En algunos casos es definida como la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras; o también se puede definir como las prácticas y las herramientas que utilizamos las y los usuarios para proteger aparatos, información e interacciones digitales.

Mucho de eso hay, pero desde Sursiendo preferimos ver la ‘seguridad digital’ como las prácticas de autodefensa y autocuidados digitales, como las formas de mejorar nuestra ‘vida digital’ en un (largo) camino hacia la soberanía tecnológica. O como también describen algunas de las personas de las organizaciones participantes: “una serie de hábitos, herramientas que uno utiliza en su cotidiano para poder proteger la información” o “la posibilidad de moverme por el ciberespacio sin que eso me pusiera en un riesgo no elegido. Ni a mí, ni a las personas que me rodean, ni en el trabajo”.

Consideramos que la ‘seguridad’ como concepto es en sí mismo engañoso y ha desembocado en el estado de vigilancia en el que cual estamos actualmente. No hay manera posible de estar ‘seguras y seguros’ al 100%, pero sí podemos tomar medidas para cuidar nuestras acciones digitales y así cuidar también nuestro trabajo de defensoría y activismos.

Sin embargo, y debido a que el concepto de ‘seguridad digital’ ha adquirido una utilización más generalizada para hablar de este tema, lo nombraremos de este modo a lo largo de todo el informe.

Este proceso de diagnóstico ha sido realizado con ocho organizaciones de Chiapas que trabajan distintos ámbitos, como los derechos humanos, migraciones, derechos de las mujeres, defensa de la tierra y el territorio, acompañamiento a comunidades en resistencia o con propuestas alternativas al modelo extractivo de “desarrollo”. Por guardar la confidencialidad y proteger sus procesos no se mencionan sus nombres en este informe.

En las siguientes páginas hacemos un resumen de qué ha pasado con la seguridad digital en México y en Chiapas, cuáles han sido los hallazgos de la investigación y qué necesidades y retos se plantean.

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[VIDEO] «Mesoamericanas»: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

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Este documental, dirigido por Alma Laura Hernández Arévalo, pone el foco sobre el trabajo y el contexto que enfrentan las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica, a partir del testimonio de compañeras como Francisca Ramírez (Nicaragua), Miriam Miranda (Honduras), Sonia Sánchez (El Salvador), Trinidad Ramírez (México) o Cesia Juárez, Guadalupe Marcos y Ana Karen Juarez (Guatemala).

Más información:

Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

El Manifiesto de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

Los Perfiles de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

[INFORME] Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística