Carta abierta al Presidente de la República y a la Opinión Pública

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2021

El día 8 de marzo del 2021 la comunidad indígena de Cicacalco, le envió una carta de petición a la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta petición la realizaron sobre el ofrecimiento que el propio Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, hizo el 28 de febrero de forma pública durante la visita que realizó al municipio de Tlaltenango, Zacatecas, del cual Cicacalco forma parte (https://www.facebook.com/100055310100164/videos/pcb.228114032375599/228113762375626)

Desde entonces, las y los integrantes de Cicacalco han realizado varios esfuerzos para establecer contacto, con la ilusión de que la instrucción presidencial se lleve a cabo. Sin embargo, después de un largo mes sin que la representación de SEMARNAT haya tomado la llamada o por lo menos respondieran a su carta, finalmente, de forma inverosímil e indígnate, el pasado viernes 26 de marzo accedieron a responderles, diciéndoles que recibirían a una representación de la comunidad indígena en la ciudad de México, y llevarían a cabo la reunión un día antes del inicio de la semana santa, sin tomar en cuenta ni la instrucción presidencial, ni tampoco lo complejo e irresponsable que fue invitarlos a viajar hasta la ciudad en pleno proceso de pandemia.

Al Presidente de México y a la opinión pública queremos externarles de forma firme, nuestra queja en contra del proceder de la secretaria María Luisa Albores, primero por no atender las instrucciones presidenciales, segundo por ser omisa a la solicitud manifiesta por la comunidad, y tercero por abandonar, como todos los gobiernos anteriores, los llamados de la población que se encuentra en las trincheras y como aliado de la SEMARNAT defendiendo el medio ambiente. Sobra decir la descortesía que tiene la Secretaria de Medio Ambiente para dirigir una institución que no cumple con los compromisos políticos más elementales que la 4T se ha planteado para terminar con el burocratismo de este país.

La comunidad mantiene su intención irrestricta de que la secretaria Albores vaya a su comunidad para que cumpla con la instrucción presidencial y de esa forma escuche las razones y vea los por qué familias enteras llevan 8 meses acampando y cerrando de forma ininterrumpida, un basurero que es una vergüenza de irregularidades, tanto de las autoridades municipales, como de los propios encargados de SEMARNAT en el estado de Zacatecas, entre otras autoridades gubernamentales que protegen a quienes realizaron ese basurero.

REMA exige la presencia inmediata de la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de que establezca un diálogo respetuoso con la comunidad indígena de Cicacalco, de tal manera que logren construir una agenda de trabajo continuo que les permita acabar con este conflicto y puedan regresar a sus casas a vivir normalmente.

No sobra decir que hacemos responsables a las autoridades de Zacatecas de cualquier acto de agresión en contra de la población de Cicacalco, a quienes el sistema persigue por el delito de luchar por la defensa del territorio.

Así mismo responsabilizamos a las autoridades municipales de Tlaltenango y a la propia SEMARNAT de los daños a la salud y al medio ambiente que ese foco de infección (tiradero a cielo abierto) pueda causar a la población, los animales y al territorio de Cicacalco.

REMA felicita el gran esfuerzo de las mujeres y hombres de la comunidad indígena de Cicacalco y les agradecemos por defender la naturaleza, por pelear por su autonomía y por no dejarse pisotear por las autoridades gubernamentales del orden municipal, estatal y federal.

ATENTAMENTE
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Diario NTR Zacatecas

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COPINH 28 Años de Lucha Ejemplar

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el aniversario de COPINH – A 5 de abril de 2021

Hace unos días el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cumplió 28 años de su fundación en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. Fue en 1993 un año después de que se cumplieron 500 años de la invasión europea y comienzo del genocidio en América Latina. En esos años se realizaba en todo el continente la «Campaña de los 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular», como lo contó Berta Cáceres (en sus conversaciones con Claudia Karol), quien fuera Coordinadora General de este movimiento.

«El Pueblo Lenca tiene una historia de resistencia, lucha y rebeldía por mantener su cultura y cosmovisión. El COPINH ha luchado porque se reconozca el derecho a las prácticas culturales de los pueblos indígenas ».

Con Berta a la cabeza,  este movimiento social indígena, ha luchado de manera continua, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, así como contra el modelo extractivo que amenaza con despojar y devastar sus comunidades y territorios. Desde su fundación han logrado el cierre de 36 aserraderos industriales, en su lucha contra la privatización del agua han detenido más de 10 megaproyectos hidroeléctricos, entre ellos el proyecto de la empresa privada Desarrollos Energéticos S.A (DESA) en el Río Gualcarque, por el que el 2 de marzo de 2016 Berta fue cobardemente asesinada.

A lo largo de los años el COPINH se ha enfrentado a la criminalización del movimiento indígena negro, al sabotaje de sus radios comunitarias, al hostigamiento, persecusiones, campañas de desprestigio, encarcelamientos, robo de cosechas, amenazas de muerte, a golpes y tortura de sus miembros, al militarismo y paramilitarismo (escuadrones de la muerte) a asesinatos, además del de Berta, el de Juan Manuel Flores en marzo de 2010, el de Margarita Murillo, aliada natural de COPINH el 27 de agosto de 2014, Tomás García el 15 de julio de 2013 y 22 compañeras y compañeros más.

Desde este día 6 hasta el 30 de abril de 2021 habrá juicio oral y público contra Roberto David Castillo, subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgenernte de DESA, detenido en 2018, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y pieza clave que vincula a otros autores intelectuales como la familia Atala Zablah.

Desde la REMA enviamos un fraterno abrazo al COPINH por su aniversario y por su incansable lucha por la defensa de su territorio.

Exigimos que se detenga ya la impunidad y la colusión del sistema de justicia con las empresas extractivas en Honduras. Exigimos justicia para el COPINH, para Berta y para todas las y los asesinados y sus familiares.

¡QUE SIGA CORRIENDO EL RÍO GUALCARQUE!

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA!

¡VIVA EL COPINH!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: COPINH

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El Escaramujo en la Radio Martes 6 de abril 6pm – Honduras: Entre la resistencia y la dictadura

En nuestra emisión mensual de abril del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, seguiremos platicando sobre Honduras y los diferentes procesos de resistencia y lucha que hay dentro del país, acompáñanos este martes 6 de abril a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 6 de abril a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos como herramienta para avanzar en los derechos colectivos

Compartimos este Manual de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre los derechos colectivos y campesinos – A diciembre de 2020

Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva, muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.

Esta publicación es una actualización de la nota informativa “Derechos Colectivos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, redactada por Andrea Nuila y publicada por FIAN Internacional en marzo de 2018. Fue actualizada y adaptada para Amigos de la Tierra por Analía Penchaszadeh, en octubre de 2020.Aunque una parte importante del texto proviene de la publicación original, esta actualización de 2020 es exclusivamente la opinión de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional. La publicación original se puede encontrar en ‹https://fian.org/files/files/droits_collectifs_ESP_web.pdf›.

Campesinos, campesinas, indígenas, pescadores y nómadas han manifestado a través de la historia que el reconocimiento de sus derechos humanos, bajo las configuraciones exclusivas del derecho subjetivo individual, ignora el carácter imprescindible que desempeñan las relaciones comunitarias en la determinación del manejo y uso de los patrimonios comunes, en la protección de los derechos de las y los miembros de la comunidad y en la conservación de la subjetividad e identidad del individuo y del grupo al que este pertenece. Amigos de la Tierra Internacional coincide con esta reivindicación y plantea el reconocimiento de los derechos colectivos como un elemento esencial de los paradigmas y las iniciativas positivas tales como la Agroecología y el Manejo Comunitario de Bosques.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (la Declaración o UNDROP, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, es el resultado de décadas de lucha e incidencia de campesinas y campesinos, y es un instrumento de derechos humanos trascendental en el reconocimiento de los derechos colectivos. Los derechos colectivos protegidos en la Declaración incluyen el ejercicio colectivo del derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la biodiversidad y a un medio ambiente limpio, el derecho a la autodeterminación y el respeto de las prácticas y formas ancestrales y tradicionales de rendición de cuentas y justicia. La Declaración fortalece la arquitectura internacional de derechos humanos y desacredita los mitos de que el derecho internacional de derechos humanos no puede abarcar los derechos colectivos. La Declaración puede ser una herramienta valiosa para avanzar en los derechos colectivos desde lo local hasta lo internacional; también puede apoyar la inclusión de los derechos colectivos en el Tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, que a su vez será un instrumento complementario y poderoso para garantizar el respeto de los derechos humanos para todos y todas.

>>Ve el manual aquí<<

Introducción

Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional1 hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva,2 muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales.

1.1 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES

A lo largo de los años, La Vía Campesina —el movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo— ha documentado las violaciones de los derechos de los campesinos. Entre ellas: desalojos forzosos; ocupación y apropiación de territorios campesinos; especulación financiera con la tierra, los recursos naturales y los productos agrícolas; leyes sobre semillas que amenazan la biodiversidad y las semillas campesinas; envenenamiento por agrotóxicos; criminalización y encarcelamiento de dirigentes campesinos; ataques violentos durante las manifestaciones.3

Desde 2012, la organización Global Witness ha llamado la atención sobre los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, definidas como “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente”. Global Witness registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, “convirtiéndose en el año con el mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas del clima. […] Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.4

Como explica Aleyda Aragón, de La Vía Campesina en América Latina: “la violencia con la que se nos expulsa y se nos discrimina no es inocua, es necesaria y es parte integrante de la política elitista que favorece a las grandes empresas agroalimentarias, mineras internacionales o a grandes latifundistas de la oligarquía local”.5

Amigos de la Tierra Internacional (ATI) reclama la protección de las y los defensores de los territorios y de los derechos colectivos de los pueblos, es decir, las mujeres y los hombres que defienden los lugares que han construido colectiva e históricamente. Entre otras, ATI ha destacado las acciones de defensa ambiental de las campesinas y campesinos en Paraguay, que se resisten a la expansión de las plantaciones de monocultivos; las comunidades de Guatemala, que promueven la agricultura campesina y la soberanía alimentaria como alternativa a la minería; los Pueblos Indígenas de Panamá, que se resisten a las concesiones mineras en sus territorios ancestrales; y las comunidades rurales en Rumania, que rechazan la exploración de las reservas de gas de esquisto en su territorio.6 Situando los conceptos de los derechos humanos dentro de los conflictos cotidianos por el territorio y la naturaleza, ATI además cuestiona las contradicciones y las fuerzas que existen en las sociedades que hacen invisibles las violaciones de los derechos de los pueblos, como el conflicto de clase, el patriarcado, el sexismo, el racismo, la exclusión y discriminación social y el neocolonialismo.7

1.2 EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ES ESENCIAL EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES

El marco de ATI de 2018 sobre los defensores de los territorios y los derechos de los pueblos8informa el posicionamiento frente a la comunidad internacional de derechos humanos y se basa en una larga trayectoria para lograr el reconocimiento de los derechos ambientales, tal como se definieron en 2004:

Los derechos ambientales significan acceso a los recursos naturales no degradados que permiten la supervivencia, entre ellos la tierra, la vivienda, los alimentos, el agua y el aire. También incluyen derechos más estrictamente ecológicos, entre ellos, el derecho de una especie determinada de escarabajo a sobrevivir, o el derecho de un individuo a disfrutar de un paisaje intacto. Para Amigos de la Tierra, los derechos ambientales incluyen derechos políticos como el derecho de los pueblos indígenas y otras colectividades, el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, la libertad de opinión y expresión, y el derecho a oponer resistencia y decirles no a proyectos de desarrollo indeseados. También creemos en el derecho a reclamar indemnización cuando estos derechos han sido violados, incluidos los derechos de los refugiados climáticos y otros pueblos desplazados por la destrucción del medio ambiente, el derecho a reclamar la deuda ecológica, y el derecho a la justicia ambiental… Los derechos ambientales son derechos humanos, ya que los medios de vida de los pueblos, su salud y, a veces, su propia existencia dependen de la calidad del medio ambiente circundante y de su acceso a él, así como del reconocimiento de sus derechos a la información, la participación, la seguridad y la reparación.9

El reconocimiento de los derechos colectivos es un elemento esencial del marco de los derechos ambientales, dado que las violaciones se viven de forma colectiva,10 pero también porque los derechos colectivos son un prerrequisito para construir el mundo que queremos. El Manejo Comunitario de Bosques y la Agroecología son estrategias que aportan a la protección ambiental y los medios de vida sustentables de las comunidades locales, y su éxito depende del reconocimiento del derecho colectivo al control y acceso a los bienes comunes.11

Tal como se plantea en la publicación Manejo Comunitario de Bosques y Agroecología, el control del territorio es una condición esencial, por lo que se deben “generar condiciones en las cuales los pueblos o comunidades locales puedan tomar decisiones independientes y luego ponerlas en práctica”.12 Un territorio y una comunidad se entienden no solo como un espacio geográfico o un grupo de personas que viven juntas, sino como una relación dinámica entre grupos de personas con una identidad colectiva, y la naturaleza y la conexión espiritual que existe en ese espacio.

Dentro de este contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.

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Imagen: Amigos de la Tierra Internacional

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Exigimos protección y garantía al trabajo de Jaqueline Campbell Dávila

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de marzo de 2021

Durante la noche del pasado 2 de febrero, la casa de la defensora de derechos humanos Jaqueline Campbell Dávila fue allanada. Fue evidente que no se trato de un robo común, sino de un acto de intimidación una clara amenazada para quien desde hace más de 20 años ha realizado un trabajo incansable como defensora de los derechos humanos frente a las graves situaciones de violencia hacia las mujeres, los migrantes, las personas encarceladas, la comunidad LGBT, además de estar involucrada también en procesos de defensa del territorio con la Diócesis del Satillo siendo parte de equipo del Obispo Fray Raúl Vera.

El día 14 de febrero Jaqueline fue nuevamente agredida, despojándosele de toda su información digital, para desconocer y así, pretender anular su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos.

Esos don graves hechos no son casos aislados, ya que ocasiones anteriores Jackie ha sido victima de acoso, hostigamiento e intimidaciones, entre ellas la ocurrida en diciembre del 2020, a la que le sucedieron irrupciones en la oficina del Obispo Raúl Vera.

Jackie y el equipo de Raúl Vera han sido siempre muy cercanos y solidarios con los pueblos y procesos de resistencia tanto de REMA, como de muchos otros procesos contra los proyectos de ocasionan despojo y violaciones a sus derechos. En este contexto, siempre nos han acompañado en distintos foros, eventos y procesos relacionados con la defensa del territorio frente al modelo extractivo. De muchos eventos, recordamos con aprecio y cariño la presencia de Jackie durante el acto de cabildo para declarar al municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí Territorio Libre de Minería. La solidaridad y el trabajo conjunto con el equipo de Don Raúl Vera han sido fundamentales en el proceso en contra de la instalación de la planta de cianuro de Chemours en el estado de Durango.

Exigimos a las autoridades del Gobiernos del Estado de Coahuila, a su Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación, garantizar la protección de nuestra querida compañera Jaquieline Campbell Dávila, asi. Exigimos que cese el hostigamiento y las agresiones referidas, que se investigue y se castigue a los responsables, y se garantice la continuidad al relevante trabajo en pro de los derechos humanos que Jackie realiza.

¡Apoyo total y solidaridad con nuestra compañera Jaquieline Campbell!

Basta de criminalizar y a las y los defensores de derechos humanos y del territorio

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: CIMACFoto: Camelia Muñoz Alvarado

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#8M ¡Vivan las mujeres que luchan y defienden la vida digna!

Pronunciamento de Otros Mundos Chiapas en el marco del Día Internacional de la Mujer – A 8 de marzo de 2021 >>Descargar comunicado en pdf<<

Hoy 8 de marzo reivindicamos la lucha de las mujeres a lo largo de la historia por la igualdad y el respecto a nuestros derechos. El 2020 fue un año complejo por la epidemia de la Covid-19, nos vimos obligadas a resguardarnos en casa, pero miles de mujeres no estaban seguras en casa, las llamadas de emergencia a 911 aumentaron en 23%, es decir cada hora 68 mujeres llamaban pidiendo ayuda, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Nos pronunciamos en contra de este incremento de la violencia hacia las mujeres, en un país feminicida donde no podemos salir libres y sin miedo a la calle, en un país donde nos acosan, nos desaparecen y diariamente matan a 10 mujeres, un país que protege más a los agresores que a las víctimas.

Un país donde no se dimensiona el feminicidio como tal. Un país donde un violador pretende ser gobernador. Un país donde nos matan por salir a estudiar, como el caso de Mariana Dávila en Chiapas o por salir a trabajar como el caso de Ana Gómez asesinada en Cancún, por mencionar algunos casos. Un país donde pareciera que no existe la justicia a los casos de violencia. Es preocupante que las mujeres seamos vistas como un objeto, que se puede violar, utilizar, desechar y tirar. Nos pronunciamos en contra de este sistema por omisión y complicidad al permitir que violentadores y asesinos de mujeres no sean juzgados por la ley o que sean liberados más pronto que alguien que robo un alimento o medicamento.

También queremos recordar a todas las mujeres defensoras que resisten al modelo extractivo y sus proyectos de muerte en todo el mundo:  represas, minería, pozos petroleros, extracción de gas, privatización de los sistemas de agua, monocultivos y al robo de la diversidad de los bienes comunes naturales por la economía verde o la imposición de proyectos a gran escala de energía renovables. Recordamos a las mujeres en defensa de su cuerpo, su tierra, su territorio y la vida. También nos pronunciamos por la violencia y represión a nuestras manifestaciones cuanto exigimos justicia por el feminicidio de una compañera más.

Hoy nos invade, también, el recuerdo de nuestra compañera hondureña Berta Cáceres, a 5 años de su asesinato por defender el pueblo indígena lenca y el río Gualcarque del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en su país. Berta, al igual que muchas compañeras indígenas, afrodescendientes y campesinas, fue víctima de la implementación de los proyectos que solo buscan despojo y muerte en los territorios. Rendimos homenaje a todas las compañeras asesinadas por proteger la vida ante los proyectos de despojo, y a las que siguen hoy en pie de lucha, a pesar del machismo, la criminalización, el hostigamiento, las amenazas, el acoso y la violencia sexual que sufrimos por ser mujeres rebeldes, anticapitalistas y en clara oposición al patriarcado.

Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a defender su territorio, su agua, ríos, montañas, salud, vida, cuerpos y los de su familia. Las mujeres somos parte medular en la defensa de la tierra y el territorio. Nuestras palabras y nuestros gritos en contra de los megaproyectos y a favor de una vida digna deben ser tomados en cuenta por las asambleas comunitarias, por nuestras organizaciones y por los gobiernos. Las mujeres tenemos el derecho de estar en el frente de las luchas y necesitamos de todas y todos los involucrados para desarrollar nuestro trabajo político efectivamente.

Seguimos exigiendo justicia para todas nuestras compañeras víctimas de esta campaña de muerte en nuestra región, entre las cuales estan: Berta Cáceres y Lesbia Janeth Urquía Urquía del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); Bety Cariño del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) de Oaxaca, México; Laura Leonor Vázquez Pineda, del Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores en Guatemala; Emilsen Manyoma de Colombia de la red Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) en Colombia; Nilce Magalhães Souza del Movimiento contra las represas en Brasil (MAB). Por mencionar algunas.

Exigimos y reclamamos que las autoridades y el sistema de justicia presten odios y den atención a nuestras demandas de justicia, de esclarecimiento y castigo a los feminicidios, de seguridad y libre manifestación.

Celebramos que a pesar de todo y aún en pandemia nos organizamos, nos encontramos y seguimos resistiendo en todos los frentes: nuestras luchas contra la violencia patriarcal, en sus formas más evidentes hasta las más “sutiles”, abarca nuestros espacios personales, familiares, organizativos, políticos y digitales.

Este día también sirve para recordar esa alegría y esa diversidad que nos convoca en nuestros diferentes espacios de defensa de la tierra y el territorio en los que nos sabemos unidas y fortalecidas. Como dice Vivir Quintana en su bella canción de lucha: Nos sembraron miedo, nos crecieron alas, por eso:

¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado y a proyectos de muerte!

¡Ya basta de asesinar a las defensoras y defensores de la vida en México y América latina!

¡Fuera el patriarcado y los proyectos de muerte de nuestros territorios! ¡Mujeres, Agua y Energía no son Mercancía!

#JusticiaParaMariana #JusticiaParaAna #JusticiaParaTodas #NiUnaMás

Otros Mundos A.C.

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Área de Comunicación Otros Mundos

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La Red-DESC lanza una serie de cómic sobre captura corporativa

Compartimos el primer capitulo de una serie de comics que lanza la Red Desc para hablar sobre la captura corporativa – A 16 de febrero de 2021

Los miembros y las miembras del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, especialmente quienes forman parte y colaboran con el Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, han trabajado colectivamente con el estudio de arte Zago Brothers(link is external) en la serie de cómics en línea El poder del 99% para detener la captura corporativa, para poner en evidencia el fenómeno global generalizado de cómo las empresas están capturando las instituciones gubernamentales y los procesos de toma de decisiones, incluso en espacios internacionales como las Naciones Unidas.

Esta serie de cómic se lanzará el 22 de febrero de 2021, coincidiendo con la apertura de la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

“La captura corporativa de la toma de decisiones del gobierno nos afecta a todas las personas en todos los países del mundo de manera similar: resulta en la privatización y políticas públicas que priorizan las ganancias sobre las personas. Esta serie de cómic nos ayuda a identificar y denunciar colectivamente no solo la captura corporativa en curso, sino también algunas de las corporaciones globales que están detrás de la manipulación de nuestros sistemas en un país tras otro”, dijo Shayda Nacify, directora sénior de programas de Corporate Accountability y miembros del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa de la Red-DESC.

El primer episodio, titulado “El poder del 99% para detener la captura corporativa de las Naciones Unidas”, será lanzado junto con un documento de antecedentes con varios ejemplos para ilustrar la captura de los organismos de la ONU y otras instituciones multilaterales. Los siguientes episodios abordarán otros temas que se ven afectados por la captura corporativa, como nuestros sistemas de atención sanitaria, el derecho a un medio ambiente saludable, el impacto de la deuda externa en una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, y la captura en zonas afectadas por el conflicto.

La serie es parte de una estrategia de incidencia más amplia que los miembros y las miembras de la Red-DESC llevan desarrollando colectivamente durante los últimos 15 años. La Red-DESC ha jugado un papel fundamental a la hora de movilizar la incidencia mundial por un tratado internacional jurídicamente vinculante para fortalecer la rendición de cuentas empresarial por los abusos y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, los miembros y las miembras de la Red han denunciado repetidamente que el proceso del tratado, que actualmente está en fase de negociación en la ONU, está “amenazado por la captura corporativa”, a menudo mediante la inclusión de grupos de presión y asociaciones empresariales como asesores oficiales del proceso, como la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales (USCIB), permitiéndoles ejercer influencia en un tratado vinculante que está destinado a asegurar su rendición de cuentas.

El mensaje de esta serie de cómic es muy claro: si nosotros y nosotras –el 99%– trabajamos de manera colectiva, podremos acabar con la captura corporativa y construir una nueva normalidad.


Eventos y recursos relacionados para detener la captura corporativa (#StopCorporateCapture)

Justicia para Miguel Vázquez Martínez, guardián de los ríos de Veracruz

Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre el asesinado del defensor Miguel Vázquez – A 15 de febrero de 2021

Después de 100 días sin conocer su paradero, los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, fueron localizados en una fosa clandestina. Personas cercanas a la familia confirmaron que la ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con el secuestro del activista, cuyos testimonios llevaron a las autoridades a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.

Organizaciones ambientalistas denunciaron “retraso injustificado” en las investigaciones del secuestro de férreo opositor a la instalación de proyectos extractivos como las mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. Durante las protestas ciudadanas para luchar por su pronta aparición, diversas organizaciones ambientales señalaron que en la región se han registrado asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y localización de fosas clandestinas.

Ante este “clima de violencia extrema”, las organizaciones manifiestan que “no puede haber transformación posible ni construcción de paz en el Estado cuando los cimientos son la sangre de nuestros familiares”, advierte La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y organizaciones aliadas. Y la Alianza Mexicana contra el Fracking escribe en su cuenta de Twitter: “Nos llena de rabia que el compañero defensor ambiental Miguel Vázquez Martínez fue encontrado sin vida después de semanas de su desaparición. Acompañamos las demandas de justicia y alto a los proyectos que dañan el ambiente. Nuestro pésame para su familia”.

Leer el comunicado: Es devuelto sin vida el ambientalista y defensor del territorio Miguel Vázquez Martínez

Imagen: Izquierda Diario Mx

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Empresa de palma aceitera y madera Korindo pretende silenciar a ecologistas, da comienzo juicio

Compartimos este comunicado de Salva La Selva sobre un proceso de demando en su contra por defender la vida – A 29 de enero de 2021

Comenzó el juicio contra „Rettet den Regenwald“ Ante el juzgado distrital de Hamburgo, comenzó el 22-1-2021 el proceso contra la asociación Rettet den Regenwald (Salva la Selva). La empresa indonesia Kenertec denunció a la organización después de que esta la señalara por la destrucción de selva tropical en Papua, en una carta dirigida a Siemens y Nordex. En concreto, se trataba de la quema de restos de madera después de la tala de la selva para establecer nuevas plantaciones de palma.

El demandante en Hamburgo es la empresa Kenertec, una productora de aerogeneradores. Sin embargo, los ecologistas no están culpando a dicha empresa de destruir la selva, sino a un socio comercial: el grupo Korindo. En el informe Burning Paradise, de la organización Migthy Earth y muchos otros estudios e informes, se critica a Korindo por la destrucción de la selva y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia indonesia de Papua y en las Molucas septentrionales. Recientemente, la británica BBC también informó sobre el caso.

„Ya el primer día de juicio se reveló que la estrategia de Kenertec y Korindo no funciona – las empresas imaginaron que sería muy fácil arrastrar a los ecologistas ante los tribunales“ declaró Bettina Behrend, co-directora de Rettet den Regenwald e.V.

Kenertec denunció también al Center for International Policy CIP (Centro para Política Internacional) de los Estados Unidos, una de las organizaciones que apoya con fondos a Mighty Earth. Señaló además a los abogados de Kenertec, que no pueden denunciar a CIP sólo por la financiación. El tribunal llegó a cuestionar incluso si Kenertec está legitimada para hacer la demanda.

„El tribunal hizo saber Kenertec, que en vista de la cantidad de vídeos, fotos, imágenes de satélite, estudios y declaraciones de testigos que han presentado Rettet den Regenwald e.V. y CIP, no basta simplemente con negar los incendios provocados“, dice el abogado experto en medios de comunicación, el Dr. Roger Mann, que representa a los ecologistas.

Como se esperaba, el tribunal sugirió un acuerdo extrajudicial entre los ecologistas y Kenertec. „Lo vamos a analizar muy exhaustivamente. En definitiva, Korindo determina los hechos en Papua – sin tener en cuenta a las personas ni al medio ambiente“, continúa Bettina Behrend.

En la reanudación del juicio se tratará de llevar al Juzgado de Hamburgo la realidad de Papua.
„Aprovecharemos la vista judicial para despertar a la opinión pública y exponer todavía más a la luz la destrucción de la selva tropical“, explica Mariane Klute, co-directora y experta en Indonesia de Rettet den Regenwald e.V. (Salva la Selva).

Se espera que el tribunal decida sobre el caso en los próximos dos meses.

México: Alto impacto de derechos vulnerados por industria energética

Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021

Al menos 105 comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.

Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.

Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.

En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.

Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Derechos violados

De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.

Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.

En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.

Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.

Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.

También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.

Imagen: Servindi

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Comité Cerezo: 14 defensores fueron ejecutados de manera extrajudicial en 2020

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.

Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.

Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).

En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.

A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.

Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).

De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.

En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.

Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso  entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.

Solidaridad Internacionalista con el pueblo colombiano y repudio a la violencia sistemática en su contra

Compartimos esta información de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – 15 de diciembre de 2020

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo colombiano y exige el cese de la violencia sistemática contra los movimientos, organizaciones y procesos populares, y contra todos aquellos sujetos políticos que defienden los derechos de los pueblos, sus derechos humanos y los territorios. Así mismo, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio a los diferentes tipos de violencia y asesinatos selectivos que han convertido al país suramericano en un escenario en el que se impone y perpetúa una arquitectura de la impunidad.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha sido testigo de la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos populares en Colombia. No obstante en repetidas ocasiones hemos denunciado nacional e internacionalmente la violencia sistemática, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en este país andino, y hacemos un llamado urgente para redoblar esfuerzos de articulación y organización internacionalista en apoyo al pueblo colombiano.

Hasta noviembre de 2020 hemos sido alertados/as del asesinato de más de 280 personas en 73 masacres en Colombia. Esta lamentable escalada de violencia se ha exacerbado durante el modelo de confinamiento y las formas de control y represión declaradas por el gobierno de derecha de Iván Duque durante la crisis global de la salud, producto de la pandemia de Covid 19. Es de amplia preocupación que estos hechos de violencia evidencian sistematicidad contra organizaciones y comunidades de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes, niños y niñas.

El 29 de abril la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo lanzó un llamamiento a la comunidad internacional que fue respaldado y suscrito por más de 200 organizaciones de Colombia y de diversas partes del mundo. La Jornada Continental denunció el asesinato, hasta esa fecha, de 95 líderes y lideresas y de más de un centenar de desmovilizados de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y exigió garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos por parte de los líderes y las lideresas de las organizaciones campesinas, indígenas y comunidades negras. Infortunadamente, no se obtuvo respuesta efectiva por parte del gobierno colombiano, y, como se desprende de los hechos que nuevamente denunciamos, tampoco se generó ningún tipo de prevención ni estrategia de seguridad que salvaguardara la vida de las personas que posteriormente fueron asesinadas.

Durante el presente año, Colombia ha retornado a uno de los peores momentos de su historia con la perpetración de masacres en territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. Territorios con poca presencia estatal, y que comparten características como cultivos de uso ilícito, control de grupos armados paramilitares, desarrollo de actividades extractivas ilegales, y existencia de procesos de organización social y popular para enfrentar la ausencia estatal y la violencia. A partir de agosto hubo asesinatos de más de 24 jóvenes de 15 a 26 años en diversos lugares del país, tanto urbanos como rurales. Adicionalmente, organizaciones y medios de comunicación en el transcurso del año han denunciado la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en varios casos de violencia física y sexual contra niñas y mujeres.

Por si fuera poco, como consecuencia del asesinato de un ciudadano en Bogotá en probado abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se llevaron a cabo numerosas movilizaciones el 9 de septiembre, en las que se registró la masacre de 13 personas más, y un sinnúmero de acciones represivas y violentas por parte de la misma institución. Varias organizaciones han denunciado que estos asesinatos fueron el resultado de las acciones de la Policía y de civiles armados por la misma fuerza pública. Actualmente esos hechos están bajo investigación.

La violencia atroz se ha agudizado mes a mes, sin que el gobierno reconozca la sistematicidad del fenómeno e implemente medidas urgentes para evitarlo, como correspondería cabalmente en el Estado Social de Derecho, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y por el respeto a la memoria de las víctimas. En el mismo sentido, se observa una casi nula voluntad por parte del gobierno Duque para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC-EP, lo que amenaza con hacer trizas el mandato de construir la paz y la justicia social tan anheladas por el pueblo colombiano.

Como organizaciones en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que en Colombia cada día cobra la vida de más hombres y mujeres dignos/as que trabajan por la defensa de los derechos y territorios. Nos sumamos al llamado de las organizaciones nacionales colombianas e invitamos a los movimientos y organizaciones populares de todo el mundo a reforzar la solidaridad internacionalista y las exigencias de:

  • Investigar y esclarecer estos hechos de violencia, bajo la estricta vigilancia de organismos internacionales con independencia del gobierno de Iván Duque.
  • Prevenir la continuidad de estos hechos con la participación efectiva de las víctimas y afectados/as y con la veeduría de organizaciones internacionales de derechos humanos, para definir estrategias concertadas de protección territorial, y de acuerdo a realidades locales de la población en riesgo y vulnerabilidades existentes.
  • Implementar de manera total e íntegra los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP.
  • Cumplir el deber constitucional de proteger niñas, niños y jóvenes, buscando su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, cumplir el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño y Derechos de las Mujeres.
  • Garantizar el cese inmediato de las acciones violentas contra los pueblos, sus organizaciones y movimientos por parte de miembros de instituciones del Estado y el paramilitarismo.

Finalmente, hacemos una vez más un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares colombianos, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la consolidación de la paz y la vida digna.

Imagen: Contagio Radio

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