[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019

El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.

Texto: Redacción Pie de Página

El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país.

En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6) y Guerrero (cinco).

Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros.

Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Chiapas: la más peligrosa

El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.

El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.

Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.

En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río.

El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez

Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente

Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.

Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El activista era representante de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, en conflictos  por la delimitación de las tierras.

La presencia paramilitar

El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) denunció que el 3 de abril, el líder comunitario Camilo Pérez Álvarez fue “emboscado y acribillado” en un paraje perteneciente a la Sabana Copala, en Oaxaca. Esto, en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz y concordia para la región triqui.

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, cuando se dirigía a la comunidad de Cerro Grande.

El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas.

Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales.

El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran con legalidad.

Activistas y comunicadores

El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero. Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.

El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Telésforo Santiago. Foto: Archivo.

Defensores del territorio

Samir Flores. Foto: Archivo/Ana Cristina Ramos.

Uno de los asesinatos con mayor resonancia fue el de Samir Flores Soberanes, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio.

El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.

Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.

Contra buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales, el sociólogo murió a golpes.

Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Artistas urbanos

El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes plásticas.

Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC. Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.

Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El jaranero  “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.

Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.

Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias

El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá.

Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot. Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.

Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.

Ataque a activista en CDMX

El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país, contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El 1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que violan las leyes de planeación en la capital.

A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.

Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara

El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, dos hombres interceptaron y secuestraron al activista Cruz Soto y a un acompañante en la comunidad Los Llanos, en la sierra Taragumara de Chihuahua.

Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.

Imágenes: Pie de Página

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Simulación de la protección a los Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) a propósito del día internacional de los Derechos Humanos – A 18 de diciembre de 2019

Hace unos días, en el marco de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) otorgó a Epitacia Zamora Teodoro, la Condecoración “Eleanor Roosevelt”, por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Es fundamental honrar y hacer reconocimiento de aquellas valerosas personas que se han dedicado a defender la vida poniendo en riesgo la suya. Sin embargo, es lamentable que instituciones de derechos humanos, o cualquier otra, utilicen de mala fe y se apropien de las historias de mujeres y hombres honorables para cumplir con el mandato de aparentar preocupación por los derechos humanos, mientras en este país se asesina impunemente a cientos de defensoras y defensores sin que estas instituciones hayan hecho algo para impedirlo.

La CDHEC difícilmente, junto a esta condecoración, va a contar y reconocer la historia real de Epitacia Zamora Teodoro; ¿Por qué fue que esta defensora murió hace casi 5 años? ¿Qué fue lo que realmente provocó su muerte y cómo fue que la propia CDHEC (siendo Roberto Chapula de la Mora su titular)propició y abonó a la irreversible fractura comunitaria que hasta el momento perdura en la comunidad indígena de Zacualpan.

Pita como todas y todos la conocíamos fue una mujer indígena sólida,venerable, valiente, tenaz, osada que a lo largo de su vida se enfrentó al poder del estado represor que le propinó muchos golpes. Es imprescindible no olvidarlas batallas que esta gran mujer, su familia y su pueblo han vivido, luchado,ganado y también perdido por defender su territorio contra toda la fuerza del aparato Estatal y sus instituciones estatales y federales que imponen su modelo extractivo.

Pita nació en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima; tuvo 4 hijas y dos hijos, “en 1995 sufrió la muerte de uno de sus hijos tras ser golpeado por agentes policíacos del municipio de Villa de Álvarez, aunque después las autoridades argumentaron que se había suicidado en la cárcel” como lo documentó la Revista Proceso en Febrero de 2015.

Pita trabajó por 8 años como jornalera en una empresa agrícola ubicada en la comunidad Loma de Fátima, cuyo propietario era quien fue diputado local priísta José Verduzco Moreno y cuyo administrador era Mario Anguiano Moreno, quien era gobernador el año en que ella murió (2015). Precisamente por el contacto que Pita tuvo con los agroquímicos que se utilizaban en esa empresa, se le diagnosticó anemia mielodisplásica lo que provocaba que las plaquetas bajaran de manera drástica y la llevaba a pasar a veces hasta 7 meses en el hospital.

En el año 2013 la Comunidad Indígena de Zacualpan (con Pita al frente)emprendió una lucha contra la empresa minera Gabfer S.A. de C.V. que pretendía extraer oro, plata, cobre y manganeso a 800 metros del nacimiento de agua que abastece a la comunidad y a casi 300 mil personas de Colima y Villa de Álvarez. En ese mismo año se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y unos meses más tarde fue destituido el Comisariado de Bienes Comunales que apoyaba el proyecto minero. Pita y su planilla fue electa, quedando ella como Secretaria del Comisariado, y Olivia Teodoro como Tesorera. Esta era la primera vez que dos mujeres formaban parte del Comisariado en Zacualpan.

El gobierno del Estado enfurecido por esta situación desató una campaña de odio contra el CIDTZ y mandó a la policía a reprimir a la comunidad. La CDHEC por su parte actuaba como alfil del gobierno del estado y con mala fe llevaba información falsa y confundía a algunas personas de la comunidad para que se enfrentaran entre ellas, inclusive entre familiares, lo que hasta la fecha no se ha podido revertir.

La presión por parte del gobierno y la policía, las amenazas de muerte y la intimidación le provocaron a Pita una diabetes que antes no tenía y que en el momento de mayor represión en Zacualpan la llevó a un derrame cerebral que aunado a la enfermedad causada por los agroquímicos a los que fue expuesta y la pésima atención en el Hospital Regional Universitario la llevó finalmente ala muerte.

¿Qué sentido tiene hoy entregar un papel reconociendo su labor de defensora de derechos humanos cuando la misma CDHEC cierra los ojos ante la violación a los propios derechos de Epitacia Zamora Teodoro? Violentados sus derechos como indígena, como mujer, como trabajadora, como defensora, como madre,como paciente. ¿Por qué no se abre una investigación sobre el tipo de agroquímicos que usan las empresas agrícolas, que enferman a la población en Colima y que llevaron a Pita a la muerte? ¿Por qué no se busca dar seguimiento a las múltiples denuncias ante la CNDH y hasta la CIDH por el acoso y el uso excesivo de las fuerzas públicas en la Comunidad indígena de Zacualpan por el gobierno del Estado de Colima?

En 2015 el CIDTZ se integró a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería(REMA) y hoy desde aquí le decimos a Sabino Hermilo Flores Arias, titular de la CDHEC, que un papel de reconocimiento enmarcado NO BASTA, que no es suficiente para sanar y cerrar las heridas que siguen sangrando en la tierra de Epitacia Zamora Teodoro… Zacualpan.

¡PITA VIVE, LA LUCHA DE ZACUALPAN SIGUE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTAD/OS POR LA MINERÍA

Foto: AF Medios

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