AMLO no puede con las mineras; Equinox Gold viola derechos humanos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo, Guerrero – A 8 de septiembre de 2020

La empresa minera canadiense Equinox Gold incumplióel contrato con la comunidad de Carrizalillo, Guerrero. Si esta empresa estafara, robara, fuera corrupta e incumpliera contratos con el gobierno federal, posiblemente AMLO ya hubiera reaccionado y hasta vinculado a proceso la estafa. Por otro lado, si el gobierno federal incumpliera a la minera, seguramente ya hubiera interpuesto demandas internacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio o los Tratados Bilaterales de Inversión que les dan la garantía a las empresas extranjeras de demandar a los gobiernos cuando ven sus intereses amenazados, como ya ha pasado y como actualmente existen demandas contrael gobierno mexicano.

Sin embargo, la empresa Equinox Gold incumplió el contrato,pero con ejidatarios. Y se siente dueño de terrenos ejidales que no le corresponden y cuyo usufructo está condicionado por un contrato que ha incumplido. Razón por la cual,de manera legítima y legal, los ejidatarios han dado por terminadoel contrato y cerrado la mina de oro Los Filos.

Los costos socialesyambientales, los producidos por la defensa legítima como es la defensa legal, los costos de la movilización y la resistencia, el resarcimiento de daños por el incumplimiento de acuerdos, lo perdido durante el proceso de defensa y cierre de la mina, Equinox Gold debe pagarlo. El mismo trato que las empresas canadienses piden en el resarcimiento de daños, y hasta en pérdidas de sus ganancias al futuro, es lo mismo a lo que ellas tienen que estar sujetas en el paíscomo mínimo.

Pese a que las consecuencias legales son claras, el gobierno de AMLO propone una conciliación que significa la rendición incondicional de las Comunidades ante el despojo, la brutal devastación y la depredación de su territorio, así mismo olvidar la destrucción que la Comunidad ha sufrido en su cultura y tejido social, los daños irreversibles a la salud y la destrucción de decenas de familias por muertes por contaminación y asesinada/os, desaparecidas/os (que ni siquiera están cuantificadxs), decenas de familias desplazadas de manera forzada.

Militares intimidando a los dueños de la tierra que deberían estar cuidando al pueblo y no a una empresa que además de llevarse millones de dólares en oro, deja la total devastación del territorio, contaminación de agua, deforestación, pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria de los pueblos. Una empresa racista que se siente dueña del lugar, que discrimina, que amenaza, intimida, se niega a cumplir contratos, criminaliza cuando su comportamiento haciala poblaciónes criminal, afectando fuentes de agua y faltando a la mayoría de los compromisos en el contrato.

El gobierno federal que dice estar a favor del medio ambiente, de los pobres, de la justicia, del agua como prioridad para la población, solo observa cómo se da el despojo de los indígenas y campesinos en el país por la devastación del modelo extractivo minero. ¿Dónde está la 4T?

¿Qué tipo de conciliación propone Sr. Presidente frente a este panorama? ¿Que nos propone a los pueblos de este país que no hemos recibido del modelo extractivo más que sufrimiento despojo, devastación y muerte?

No, no queremos sus empleos, no queremos su supuesto desarrollo, no queremos más promesas incumplidas, lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz en nuestros territorio

¡JUSTICIA Y RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO EN CONDICIONES DE RESPETOCON LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO, GUERRERO!

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA LAS EMPRESAS MINERAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen:Mina Los Filos – El Bermejal, Carrizalillo, Guerrero, Mexico | EJAtlas

Más información:

El Escaramujo 104: MINERÍA Y DEUDA, Y la lucha digna del Ejido de Carrizalillo, Guerrero

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 104 en pdf<<

Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.

El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.

Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.

Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.

El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.

Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.

Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).

Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.

Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.

En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.

Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.

Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.

Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.

Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?

En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.

A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.

Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.

Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.

Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.

Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.

Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.

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Más Escaramujos:

Guerrero: Equinox Gold empresa racista y discriminadora con el Ejido Carrizalillo

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 5 de septiembre de 2020

Hacemos un llamado de alerta ante la actual situación crítica que enfrenta nuevamente la comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, a raíz del comportamiento racista y discriminatorio que la empresa minera canadiense Equinox Gold (anteriormente Leagold Mining y antes Goldcorp, todas canadienses) ha tenido tanto con los representantes campesinos como en el cumplimiento de su convenio, que contiene la exigencia de condiciones elementales de protección ante un emplazamiento minero que desde hace ya más de diez años ha generado una grave afectación, progresiva e irreversible a su comunidad.

Debido a la ruptura en relaciones con el nuevo dueño de la mina Los Filos, el Ejido de Carrizalillo ha declarado concluido su convenio con la empresa y, en ejercicio de su derecho a la tierra y al territorio y tal como está especificado en el acuerdo, han cerrado totalmente las operaciones de la mina desde la madrugada de este jueves 3 de septiembre.

Cabe mencionar que la empresa canadiense Equinox Gold apenas tomó control de la mina Los Filos a principios de 2020, y en este breve tiempo, por sus incumplimientos y falta de capacidad para llevar una relación respetuosa con la comunidad, logró que el Ejido de Carrizalillo echara abajo el convenio que había firmado por 6 años, iniciado en 2019 La nueva propietaria canadiense de la mina no supo mantener una relación de respeto con la comunidad, terminando con la decisión de la comunidad de rescindirlo. Equinox Gold es una empresa relativamente nueva que entró a la escena en México con la compra de la mina Los Filos y con un programa muy ambicioso de despojo de oro y territorio de México y América Latina, proyecto del multi-millonario canadiense e inversionista minero, Ross Beaty, quien también es fundador de la empresa minera canadiense Pan American Silver.

Pan American Silver ha operado por dos décadas en México y es responsable del desplazamiento forzado de la comunidad de La Colorada en Zacatecas en 2017, además de operar la mina “Dolores” en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en las mismas condiciones de militarización y violencia que aplica en Carrizalillo, en el supuesto “cinturón de oro” de Guerrero.

Esta misma empresa cuenta con procedimientos de ingeniería de conflictos, coerción y presión intimidatoria, gracias a los cuales compra proyectos a pesar de existir grandes resistencias de las poblaciones locales, como es el caso de la mina “Escobal”, actualmente suspendida por la resistencia tenaz del pueblo indígena Xinka de Guatemala, y como el proyecto “Navidad” en la provincia de Chubut de Argentina, donde la movilización constante de la población ha logrado la prohibición de la actividad minera desde 2003. Es decir, no es la primera vez que los propietarios y operadores de la empresa canadiense Equinox Gold han mostrado el racismo, el desprecio y el dolo hacia las poblaciones afectadas por sus intereses económicos mezquinos.

Así, la crisis actual en Carrizalillo en Guerrero es el resultado de un largo y sistemático proceso de despojo, que ha dejado ya una severa alteración en la vida de la comunidad, incluyendo el desplazamiento forzado de la mitad de sus familias ante los niveles de violencia surgidos desde 2015. Hasta este entonces, recordamos desde la REMA que el Ejido de Carrizalillo nos daba la bienvenida para conocer de cerca la devastación de sus tierras, para conversar sobre las grandes afectaciones por la minería a sus fuentes de agua y las repercusiones terribles sobre la salud que había sufrido.

Ahora volvemos a agradecer a los ejidatarios por habernos recibido muchas veces. Estos intercambios fueron impactantes y siguen inspirando fuertes resistencias a la minería en otros partes del país. Pero, lamentablemente, el intercambio se suspendió después de que toda esta zona fuera sitiada y violentada por fuerzas del crimen organizado operando en contubernio con el Estado, generando procesos permanentes de extorsión, violencia y miedo. Es decir, los crímenes organizados se apoyan entre sí, porque la minería devastadora es también crimen organizado a partir de la violencia y de las consecuencias criminales inherentes al despojo que impone.

La situación en Carrizalillo es emblemática de lo que implica la devastación ambiental y social que la megaminería tóxica lleva a cabo en muchas comunidades del país y que el gobierno actual no ha querido atender, optando en su lugar por repetir una y otra vez que no otorgaría más concesiones mineras, mientras las empresas ya instaladas siguen generando daños impunemente y amenazando a las comunidades, que para ellos son solamente un estorbo. El modelo extractivo, actualmente tolerado e impulsado por el Estado y protegido por su Guardia Nacional, tiene en Carrizalillo y en toda la región, a consecuencia de engaños y complicidades, una muestra contundente de lo que significa la extracción de recursos a costa de la vida y del futuro de las poblaciones campesinas e Indígenas, condenadas a la pérdida de sus territorios y a su expulsión de los mismos ante la producción de conflictos, enfermedades y muerte, y ante la inseguridad y violencia que las mismas empresas generan bajo su único fin, que es el despojo.

En estos momentos, la prepotencia de la empresa Equinox Gold, aunada a la actitud permisiva y cómplice del gobierno estatal y federal, pretende doblegar la resistencia del Ejido de Carrizalillo, que a pesar de todo exige condiciones mínimas para atenuar los impactos en sus fuentes de agua y su salud, aunque sea luego de tantas afectaciones. Este proceso devastador debe llevar a la opinión pública a exigir la anulación de todas las concesiones de muerte ampliamente evidenciadas. La defensa de los territorios nacionales no se hace desde la ignorancia, la desinformación y las falsedades que las empresas imponen a los gobernantes, sino desde la verdad objetiva de los riesgos y daños evidentes, y en particular, desde el sufrimiento y la dignidad de nuestro pueblo.

Saludamos y enviamos nuestra solidaridad al Ejido de Carrizalillo por su valor y su integridad al levantar y sostener esta pelea ante la discriminación y ambición de una empresa saqueadora canadiense más y en condiciones altamente difíciles, tanto por el contexto local y regional de violencia, como por la pandemia de COVID-19 que la misma empresa ha traído a la comunidad, después de que el gobierno, irresponsablemente y bajo presión, declaró como “esencial” a la actividad minera, como si el despojo de metales como el oro fuese “esencial” para las comunidades, sin consideración alguna por la enfermedad y la devastación que iba a seguir generando.

Hay una «minería sustentable» del modelo extractivista actual dominante, es cierto: ella se sustenta, sí, pero en el despojo, el engaño, el racismo y la complicidad. ¿Cuántos muertos a corto, mediano y largo plazo, cuántas familias expulsadas y dejadas en la miseria, cuántas comunidades y territorios devastados más necesitamos para poner un alto a esta devastación múltiple? Es falso que en Canadá exista una «minería social y ambientalmente responsable». Las evidencias nacionales e internacionales están a la mano. Así como los empresarios mexicanos de esta minería devastan el territorio nacional, así los empresarios canadienses lo hacen en territorio canadiense. Creer otra cosa solo muestra una visión idealizada e ingenua del extranjero y de sus intereses.

Hacemos un llamado enérgico a la opinión pública, a los periodistas y a los movimientos sociales que pongan atención en lo que sucede en este momento de amenazas e intimidaciones en Carrizalillo y que se solidarizan con este pueblo ante los intentos de Equinox Gold de descalificar y esquivar sus justas y mínimas demandas en condiciones de respeto, seguridad y dignidad, y, segundo, a los legisladores y funcionarios que actúan ante tantas violaciones de los derechos que sigue generando la minería en todo el país, para cancelar este tipo de crimen organizado de alcance nacional.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Paro en Carrizalillo 2014

Más información:

Carta a la comunidad de Carrizalillo, Guerrero ¡Mantengan la resistencia contra la minera canadiense!

Carta de Otros Mundos en apoyo a las y los ejidatorios de Carrizalillo, Guerrero – A 3 de septiembre de 2020 >>Descargar carta en pdf<<

Compañeras y compañeros, A las familias y comunidad de Carrizalillo

No es la primera vez que tienen que soportar tanta injusticia de las empresas mineras. Primero por la empresa minera canadiense Gold Corp, luego Leagold Mining y ahora Equinox Gold. Se llevan todo el oro y otros metales y dejan la pobreza, la miseria y la contaminación en sus tierras. Muertos, desalojados y enfermos son solo algunos de los saldos que han tenido que sufrir. Mientras, las empresas mineras no cumplen con los contratos y violan derechos humanos. Los gobiernos solo ven, encubren, solapan y permiten que pisoteen a los pueblos.

La magnitud e impacto de esta mina Los Filos es descomunal. Además de su trato racista y discriminatorio de la empresa minera canadiense, ahora destruye sus fuentes de agua y provoca la muerte de trabajadores obligándolos a trabajar mientras la pandemia del COVID-19 se encontraba en su peor momento.

Pero tampoco es la primera vez que ustedes resisten con dignidad. Nos hemos enterado y los hemos seguido de cerca en toda su lucha. ¿Y saben? Esa unidad y determinación tan fuerte de ustedes es lo que nos ha enseñado la comunidad de Carrizalillo. Su dignidad, su valor y el poder que les da la razón. Esta nueva empresa Equinox Gold le apuesta al desgaste, pero no saben de lo que está hecho el pueblo de Carrizalillo.

Tienen toda la razón en su lucha y en el cierre legítimo y legal de una de las minas más atroces del país, aunque la empresa canadiense pretenda criminalizar la razón que les asiste. Son los únicos en el México que ya lo han logrado y cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad. Las empresas deben aprender a respetar al Ejido como legítimos dueños de sus territorios.

Nos han mostrado que cuando la lucha se acompaña con música, baile, fiesta y convivio en medio de la resistencia, no hay poder que pueda con la autodeterminación de los pueblos.

Hasta acá se escucharán los festejos en medio de la lucha. Animo y estamos con ustedes.

Firma

OTROS MUNDOS, A.C.

>>Descargar carta en pdf<<

Imagen: Diario Bajo Palabra

Más información:

Apoyamos el cierre de la mina Los Filos en Carrizalillo, México por parte de la comunidad

Compartimos esta acción es impulsada por Mining Watch Canada – A 4 de septiembre de 2020

>>Firma aquí<<

Antecedentes

El 3 de septiembre de 2020, el Ejido de Carrizalillo (Guerrero, México) rescindió su acuerdo recientemente negociado con Leagold (luego adquirido por Equinox Gold) por la negativa de la empresa a abordar las violaciones del acuerdo, y cerró la mina Los Filos.

Existe una seria preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad dada la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero, donde las operaciones mineras canadienses Los Filos y otras, como de la empresa minera canadiense Torex Gold, se han expandido rápidamente.

Con esta acción solicitamos a Ross Beaty, Presidenta de Equinox Gold, que se abstenga de cualquier agresión contra el ejido así como de acudir a la policía o a las autoridades para que intervengan ante los ejidatarios en el ejercicio legal de sus derechos sobre la tierra para detener la mina.

¡Respeten los derechos de la comunidad a su tierra!

Lee la carta completa aquí:

Ross Beaty
Presidente de la Junta Directiva

Le escribo* con gran preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad de Carrizalillo en Guerrero, México, tras la noticia de que ha rescindido su acuerdo con Equinox Gold y está parando legalmente la mina Los Filos, como resultado del trato racista y discriminatorio de la empresa, así como de múltiples incumplimientos del acuerdo social con su empresa. Estas violaciones incluyen el incumplimiento del compromiso de la empresa de asegurar un suministro adecuado de agua para la comunidad, dado desde hace mucho tiempo las actividades mineras en la mina Los Filos destruyeron las fuentes de agua disponibles poniendo en peligro la salud de los miembros de la comunidad.

Los riesgos para la salud de la comunidad han empeorado durante la pandemia de COVID-19, después de que la minería fuera declarada una actividad esencial en México en mayo de este año y las comunidades de Mezcala y Carrizalillo comenzaran a experimentar brotes de infección, luego de que su empresa llamara a los trabajadores a reanudar las operaciones. El Ejido de Carrizalillo señala que dos trabajadores de Los Filos han muerto e informa que la empresa ha estado presionando a los trabajadores para que se presenten a trabajar incluso antes de saber si han dado negativo para COVID-19.

El Ejido de Carrizalillo está actuando dentro de sus derechos legales para rescindir su acuerdo con la compañía y detener la mina. Los ejidatarios lo hacen pese al gran riesgo en el contexto de la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero donde las operaciones mineras canadienses como Los Filos y otras se han expandido rápidamente.

La declaración de Equinox Gold del 4 de septiembre publicada en su sitio web habla de un «bloqueo ilegal de carreteras», lo cual es un claro intento de distorsionar las acciones del Ejido y difamar a la comunidad, poniendo a los miembros de la comunidad en riesgo de violencia y criminalización:

  • Denunciamos el trato racista y discriminatorio que la empresa ha dado al Ejido de Carrizalillo, que incluye poner en grave riesgo el bienestar de la comunidad por la falta de acciones para reponer el agua contaminada y asegurar protocolos sanitarios adecuados en el contexto de la pandemia de COVID-19.
  • Pedimos que se abstengan de cualquier agresión contra el Ejido, incluyendo llamar a la policía, la Guardia Nacional u otras fuerzas o autoridades para que intervengan en un conflicto que claramente es solo entre la empresa y los ejidatarios, dado que el Ejido simplemente está ejerciendo sus derechos legales estipulados en el convenio.
  • Solicitamos se haga una declaración pública reconociendo que el Ejido es el legítimo propietario de la tierra y tiene el derecho legal de retirar su consentimiento y bloquear la mina si la minera no cumple sus acuerdos con el Ejido.
  • Finalmente, demandamos se comprometa públicamente a respetar los derechos de los ejidatarios y que se comprometa respetuosamente con ellos, dejando claro a las autoridades mexicanas, a los demás actores locales y al público que no debe haber uso de la fuerza ni violencia contra ellos.

Atentamente,

>>Carta y firma en ingles aquí<<

Imagen: Community members look on Los Filos open pit mine in Guerrero, Mexico; Photo: Christian Leyva

Más información:

Guerrero: Ejido de Carrizalillo Anula Acuerdo con Equinox Gold, Declara Cerrada la Mina “Los Filos”

Comunicado del Ejido Carrizalillo sobre la mina Los Filos a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 3 de septiembre 2020

El 03 de abril del 2019, por primera vez en la historia relacionada con la firma de convenios de arrendamiento firmados por el Ejido de Carrizalillo con las diferentes empresas mineras que han operado en nuestro territorio, dimos por concluido un largo periodo de diálogo y discusiones con el grupo de directivos y operados que fueron designados por la empresa Leagold Mining Corporation, derivando en la firma de dos convenios; el social y el de arrendamiento de tierras,por el periodo más largo que jamás hayamos firmado anteriormenteabarcando este del 2019 al 2025, en un ejercicio de confianza hacia la empresa por parte del ejido.

Durante los más de tres meses de discusiones y toma de acuerdos entre las partes, se evitó que, por primera vez, no realizáramos el cierre de las operaciones de la empresa Leagold Mining Corporation,recientemente adquirida por la empresa Equinox Gold,actual operadora de la extracción de oro del proyecto Los Filos, porque consideramos que durante la negociación hubo respeto hacia nosotros y se avanzó en la incorporación de varias cláusulas que sin duda algunanos permitían algunas mejoras que mitigarían un poco los numerosos daños a la salud y al ambiente ocasionadas por la operación minera.

Sin embargo, todo ese respeto mostrado por la empresa durante la negociación del convenio,literalmente se fue desvaneciendo y empezaron a crearse varias discrepancias por el incumplimiento del convenio y la falta de transparencia,hasta finalmente, al realizar las quejas correspondientes,la empresa empezó a tener manifestaciones de discriminación y racismo hacia nosotros y nosotras.

Estos hechos han acabado con la confianza que el ejido depositó en la empresa,que ha demostrado mediante su falta de transparencia, ética y excesiva soberbia que la salud y el poco bienestar que podemos tener viviendo en la zona de explotación minera, está muy por debajo se sus intereses no importándoles lo más mínimo. Así, pretenden que sigamos soportando la situación de despojo a la que está sometida nuestra salud y que ya no tiene reparación alguna.

Es de conocimiento público que nosotrosvivimos en una zona totalmente impactadapor las operaciones mineras que ha contaminado todas nuestras fuentes de agua limpia provocando importantes daños a la salud, como daños en la piel, deformaciones en nacimientos, cáncer, males respiratorios, entre otros, provocados por los metales pesados, que se agravan por la poca consideración de la empresa para atender este importante problema, tras ceder nuestras principales fuentes de agua a cambio de otras fuentes, obras que hasta la fecha no han cumplido ninguna de las tres empresas que han explotado nuestras tierras.Este hecho nos ha llevado a no disponer de agua limpia desde el 2010.

Esto se encadena a la actual pandemia del Covid, y el decreto como actividad esencial de la minería que el gobierno federal emitió en el mes de mayo. Antes de ello, tanto nosotros en Carrizalillo, como en la comunidad aledaña de Mezcala,no teníamos ningún caso positivo de Covid, sin embargo, al retorno de trabajadores para incorporarse a las actividades la empresa, de forma por demás irresponsable, por porte de la empresa, incumplió los protocolos sanitarios y ya para el tercer o cuarto día del retorno, había más de 21 casos positivos a Covid. Desde entonces, se ha incrementado el número de contagios y, en consecuencia, se incrementan los desaciertos de la empresa que incluso los ha llevado a presionar a los trabajadores para que se presenten a trabajar aun sin tener los resultados de confirmación del laboratorio.Por supuesto ya han fallecido trabajadores por Covid.

Cada acciónde diálogo para el cumplimiento de los acuerdosse han vuelto un desgaste que consideramos totalmente innecesario, lleno de falta de respeto y sin atención a nuestras constantes quejas hechas con los altos directivos de la empresa, de tal manera que a partir de hoy,EL EJIDO DE CARRIZALILLO DECLARA CONCLUIDO EL CONVENIO CON LA EMPRESA POR INCUMPLIMIENTO DE VARIAS DE LAS CLÁUSULAS, por lo tanto, haciendo uso de nuestro derecho especificado en el convenio, damos por terminada la relación y en consecuencia a partir de hoy,QUEDAN CERRADAS TOTALMENTE LAS OPERACIONES DE LA MINA LOS FILOS.

En el pueblo nos parece absurdo la falta de respeto, de diálogo y de respuestas a nuestras quejas por el incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos que realizamos entre las partes,lo cual derive en una acción de nuestra legalidad, fuerza y dignidad de nosotros y nosotras en el ejido.

No les permitiremos una sola muestra más,ni de racismo ni discriminación, y si esta empresa u otra que en futuro pretenda asentarse en nuestras tierras, son incapaces de resolver la actitud de sus directivos y son incapaces de cumplir los acuerdos que firman, nosotros continuaremos haciéndoles saber que su desprecio hacia nosotros no es suficiente para doblegarnos.

Hacemos un llamado a los diferentes movimientos para que estén atentos ante cualquier acto de agresión que orqueste la empresa para con nosotros y de antemano agradecemos su solidaridad y los seguiremos manteniendo informados.

Atentamente

Ejido de Carrizalillo, Municipio Eduardo Neri, Estado de Guerrero, México

Imagen: Diario El Sur

Más información:

Zacatecas: Los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería: Burnes

Compartimos este artículo publicado en La Jornada Zacatecas sobre la minería en aquel estado – A 20 de agosto de 2020

Existía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo, creando ciudades dinámicas con riqueza

■ Se dio paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala, las mineras ya no se relacionan con las regiones y no tienen efectos intersectoriales

■ En 2019 había 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras; equivale a 31.64% del territorio estatal y 70% lo controlan consorcios extranjeros

Desde tiempos de la Colonia, Zacatecas se configuró como el territorio con gran potencial minero en el que se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, y que desde entonces atrajeron la mirada de extranjeros, tanto que hasta la fecha acaba de aprobarse un proyecto más de la minera canadiense Orla Mining y su Camino Rojo, el cual ha llamado la atención por las dimensiones que rondan las 206 mil hectáreas en el municipio de Mazapil.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como una de las entidades que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, pues el 80 por ciento de su territorio es muy rico en minerales y esto ha captado al capital minero reestructurado que ha permitido que las grandes empresas se apropien de la riqueza a gran escala, pues para 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, lo que equivale al 31.64 por ciento del total del territorio estatal, siendo controlados, en un 70 por ciento, por consorcios extranjeros.

En Zacatecas, según registros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), únicamente dos empresas concentran la mitad de todas las concesiones del estado, que son Industria Peñoles y la compañía canadiense Orla Mining, que en un primer momento se especializaba en la producción de energía solar y que ahora estará a cargo del Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo, que confirmará a la entidad como el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, a pesar de la importancia que significa la entidad para la minería, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas ha señalado que dicha situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.

Y es que, de acuerdo con el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Arturo Burnes Ortiz, los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería, el cual duró cuatro siglos, y que tenía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo y mano de obra, creando ciudades dinámicas con riqueza, para dar paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala en el que las mineras ya no se relacionan con las regiones y mucho menos tienen efectos intersectoriales respecto a la materia prima que extraen.

De esta situación, ha señalado Burnes Ortiz, ha surgido lo que se conoce como las “cuatro D” relacionadas al factor extractivo que son: la Descapitalización de un recurso que es patrimonio de la nación, la Desnacionalización, puesto que la riqueza potencialmente invertible en el territorio nacional toma los caminos de la frontera y los puertos y no dinamiza sino que se desnacionaliza; el Deterioro de los términos de intercambio, es decir, cuando solamente se basa en la extracción y se exportan concentrados y materias primas sin llegar al proceso completo y por lo tanto deteriora la región; y la del Despojo, porque los posesionarios originales de la tierra son los campesinos y comuneros que han sido víctimas de una ley minera y sobre todo del “lesivo” artículo 6 que estipula que la minería es una actividad preferencial sobre todas las demás y que puede ser explotada la tierra por causa de interés público, y que los impuestos, además, son del ámbito federal dejando en una asimetría desfavorable a la comunidad.

Por tal motivo, mediante un comunicado el pasado 22 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, la REMA reprochó que aun cuando el gobierno de la Cuarta Transformación constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, muestra al mismo tiempo su “total complacencia” al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, dando muestras de que este gobierno “se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero”, el cual, según los activistas, genera daños permanentes y cancela el futuro de las próximas generaciones.

Oaxaca: Minera canadiense va por oro y cobre de los Chimalapas

Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre la minería en este estado – A 18 de agosto de 2020

Con la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre, la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, así lo revela el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental que entregó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el documento con fecha del 23 de julio de 2020, anunciado como proyecto ingresado no. 31 en la Gaceta Ecológica del 13 de agosto, se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. La información difundida por Regeneración Radio menciona que la “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038. El documento fue enviado el pasado 5 de agosto al área correspondiente dentro de la Semarnat y de iniciarse la exploración dañaría una de las reservas naturales mas importantes del país. El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz. Cabe mencionar que apenas el pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina Cruz, que permitirá arrancar el próximo año.

Selva de los Chimalapas, en riesgo por exploración minera. Más información: Empresa minera canadiense va por el oro y el cobre de la selva de los Chimalapas.

Imagen: Regeneración Radio

Más información:

Francisco Quiroga; Un vendedor del territorio mexicano

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de agosto de 2020

El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.

No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.

Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la 4T.

Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo: hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.

Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.

De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica

Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.

Qué le parece si lo invitamos a alguna mina, por ejemplo esta: https://www.proceso.com.mx/644770/guerreros-unidos-toma-la-presidencia-de-teloloapan-retiene-al-alcalde-y-bloquea-minera-de-penoles, para que sienta en carne propia, las verdaderas “buenas prácticas” de sus todopoderosas empresas mineras, responsables de la generación de violencia a partir del patrocinio de grupos armados en varios rincones de México.

Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una burla.

¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego, Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas a nivel mundial?

En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: oro y plata para pocos, miseria para todos”.

Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera.

No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.

La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una verdadera tomada de pelo a la nación.

Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales-quienes responden con hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.

25 de agosto del 2020

¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Actividad minera en México. Foto La Jornada/ archivo

Más información:

La hermandad de la industria tecnológica y la minería a cielo abierto

Compartimos este reportaje publicado en Proceso sobre la minería a cielo abierto- A 30 de junio de 2020

Por Pablo Gámez-Cersosimo*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.

“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.

A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática,  las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC,  por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].

De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.

Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.

La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.

Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.

“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.

Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell.  Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.

Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.

Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.

Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.

Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.

De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].

La esencia de los dispositivos tecnológicos

En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?

Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.

De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.

Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.

Una cadena “borrosa”

Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .

Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”.  Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.

En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.

En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.

Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.

Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .

Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].

En el caso de los  teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales  tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta,  la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.

Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los  “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.

La era de los metales avanzados

El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”.  Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.

La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.

¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.

En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica.  La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras.  El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?

Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.

La industria de la minería

Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.

Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).

Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral  aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.

¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].

Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.

Y todos necesitan de las tierras raras.

El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.

Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.

Imagen: Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx

Más información:

La “4T” y el derrame tóxico en el Río Sonora… Una herida abierta y el incumplimiento gubernamental continúa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020

El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.

Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.

El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.

La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.

Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.

Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.

Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.

La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de  la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES

Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.

ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página

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Pobladores exigen justicia a 6 años del ecocidio en Río Sonora

Compartimos esta nota publicada en El Universal sobre el desastre en el Río Sonora provocado por una mina de Grupo México que cumple 6 años – A 5 de agosto de 2020

Hermosillo.- Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del Río Sonora, afectados el 6 de agosto de 2014, cuando una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.

En el hecho se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.

Atravesaron desde Cananea por los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.

Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.

Además de dejar enfermeades, se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.

Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto con el gobierno federal, por 2 mil millones de pesos pero solo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, por decisión unilateral sin considerar a los afectados. 

En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019, así como la conclusión del programa de remediación ambiental.

Ante este ecocidio ocurrido hace 6 años, está el deseo de más de 22 mil damnificados que anhelan atención médica y agua limpia. 
 

Exigen atención al presidente López Obrador

Este aniversario coincide con la visita al sur del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que María de Jesús Maldonado Moreno hizo un llamado al mandatario y le pidió voltear al Río Sonora “que también es México”.

“A seis años del desastre ecológico más grande de México, levanto mi voz por todos los afectados  del Río Sonora, a nombre del que fue mi esposo Apolonio Fimbres, él que luchó en todos los niveles y sólo pedía justicia, por lo que por derecho nos tocaba, como una clínica para atender a los afectados por la contaminación de las aguas, también pedía agua limpia, ya que las potabilizadoras jamás fueron instaladas y un resarcimiento económico para poder salir adelante. Mientras que Grupo México se ahoga en dinero, nosotros no contamos ni con agua limpia, ni con atención a nuestra salud, prácticamente quedamos en el olvido”, reclamó. 

Por su lado, Maura Gutiérrez Pineda, de la comunidad de San Rafael de Ures, recordó que estuvo en la lucha desde el inicio e incluso participó en la toma de las instalaciones de Grupo México en Cananea de donde se derramaron los metales venenosos hacia los ríos Bacanuchi y Sonora.

“Llegaron los soldados y nos sacaron, Grupo México no nos ayudó, yo no sé el Presidente qué piensa. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, dejé mi casita para irme a luchar, nunca nos dieron nada. Estamos muy necesitados mi esposo murió, mi hijo está enfermo y aquí estoy batallando, ya no puedo trabajar me duele el cuerpo, señor Presidente”, expresó la mujer.

Reyna Castro Longoria, doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del Río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que quisiera preguntar al Presidente “¿cuál es el trabajo que han realizado los secretarios de Estado a quienes ha girado instrucciones en pro del resarcimiento y la remediación?”.

“¿Dónde quedó la promesa de un hospital en Ures?, seguimos en la lucha, la remediación es tan urgente como como la reactivación económica e implementación de programas sociales”, señaló.

“Llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”, expusieron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS). 

Además, exigieron acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades prometieron hace más de un año. “Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades”, señalaron.

Reconoce Semarnat incumplimiento a pobladores

“Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados”, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Semarnat se comprometió a trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y Grupo México.

Informó avances para dar atención a las demandas de las comunidades: “Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración”.

En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios, respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que  emita el Juez de Distrito para dar cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos. 

La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México, reveló.

Residentes de la comunidad de Bacanuchi exigieron el cierre de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, cuya capacidad es de 2 mil 40 millones de metros cúbicos (m3) para contener tóxicos; más de 8 veces de capacidad de la presa El Molinito de Hermosillo, que puede almacenar 219 millones de m3, y en este contexto, un derrame sería fatal para más de un millón de sonorenses.

Al respecto, informó que en cumplimiento al mandato de la Corte y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, el 5 de junio y 6 de septiembre del 2019, y el 25 de enero de este año. Asistieron más de 300 personas, entre las que estaban las que recibieron el amparo, población de la comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.

Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.

Foto: Amalia Escobar – Archivo El Universal

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