5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali

Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020

Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyac Tlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.

Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín, que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.

Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.

Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.

Licencias irregulares

Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.

Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia de construcción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.

No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.

Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.

“Ha variado la disposición de las distintas autoridades, esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.

Posponen asamblea por Covid-19

En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.

Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.

Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.

Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán, indico que la única información es que hay un recurso jurídico al respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las asambleas no saben mayores datos.

“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.

Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7

Más información:

Jalisco: Denuncian ataques contra wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.

«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los responsables y justicia para las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

Al pueblo de México
A los medios de comunicación

Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.

Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco, en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad, apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que salga nos lo vamos a chingar”.

Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo.

Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.

Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos hechos.

Atentamente

Marzo de 2020

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Imagen: Alejandra Padilla / Noticias de abajo

Más información:

Otra vergüenza en Zacatecas ante el imperativo de reorientar al RENIECYT en todo el país

Incentivan a empresas mineras a registrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de marzo de 2020

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), dependiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, hace unos días se congratuló por una capacitación que proporcionó a integrantes del Clúster Minero de Zacatecas para facilitar a que accedan a recursos federales de Conacyt, a través de la promoción de su registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.

Hasta la fecha -según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)2-, existe 56 empresas relacionadas con la actividad minera registradas en el RENIECYT en 20 entidades de la república, principalmente en los estados de Coahuila (10 empresas), Sonora (8), Nuevo León (6) y Chihuahua (4), Tabasco (4) y Zacatecas (4). Sin embargo, esta base de datos no detalla cuáles de éstas han sido apoyadas y, en su caso, qué monto económico han recibido ni el motivo de dicho apoyo.

Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta acción que no sólo busca promover al sector minero, sino cínicamente, se apoya para que la poderosa industria privada minera tenga acceso a recursos públicos, sea directamente o por condonación de impuestos. La explotación minera, ícono de las actividades que más despojo han generado en la historia del país y del planeta, particularmente en su fase neoliberal, no debe ser financiada directa, ni indirectamente por las instituciones públicas, por más que pretendan disfrazar el despojo y el interés privado como “desarrollo” y “oferta de empleo”. El despojo no es de utilidad pública.

Hace un año, la actual directora del CONACYT dio a conocer y denunció las prácticas en las que se había incurrido dentro de esta entidad científica en los sexenios anteriores, justo por la asignación -a fondo perdido-, de recursos públicos a proyectos de empresas privadas. Entre 2009 y 2017, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se destinaron 7 mil 367 millones de pesos a 512 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre ellas IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto/Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México3. En ese contexto, esta reciente invitación a las empresas mineras para participar dentro del RENIECYT y beneficiarse del erario público de manera directa o indirecta, busca mantener las canonjías de la misma forma en la que se hizo en sexenios anteriores.

El RENIECYT debe orientarse al bien común de manera clara y categórica, y en particular, aquellas empresas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, cuyas actividades atentan contra el bien común y contra la integridad de las comunidades y territorios, como es el caso bien fundamentado de las empresas de megaminería tóxica, no deben de ser incorporadas a dicho registro bajo ningún concepto. De otra forma se refrenda la continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores y sin duda alguna se afirman las contradicciones entre los hechos y los dichos del actual gobierno.

El RENIECYT, como instrumento de apoyo y fomento a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación en el país, que es pagado con presupuesto público, es decir, con el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora, no puede prestarse para apoyar a un sector que viola constantemente los derechos de las comunidades, daña de manera irreversible al ambiente y la salud de la población y quebranta el marco legal nacional, además de recibir una cobertura oficial a su calidad de evasor de impuestos. Como ejemplo de ello, y a pesar de la enorme magnitud económica de los recursos que estas empresas sustraen sistemáticamente del país, durante el periodo 2010-2014 sólo el 1% de los ingresos fiscales totales en México provinieron la actividad minera4, y por lo menos 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales5 durante el 2017.

En tanto, las condiciones que favorecen este despojo no han sido modificadas de manera sustantiva por los legisladores, no a fin de que se incremente la carga fiscal a dichas empresas, sino a fin de suspender de manera categórica sus operaciones por el bien del país, de sus habitantes y de sus territorios.

Los llamados “Clúster Minero” son un ejemplo claro de los mecanismos de asociación entre el gobierno y capital privado del neoliberalismo, mecanismos de compadrazgo y complicidad donde los intereses de la población no sólo quedan fuera, sino desaparecen totalmente. Recordemos que se trata de una figura donde empresas mineras, proveedores de ésta y funcionarios públicos estatales y federales, así como de universidades y fundaciones universitarias se reúnen bajo la figura de una asociación sin fines de lucro, con el fin promover la explotación minera principalmente metálica-, en distintos estados del país, a través de la incidencia en políticas públicas y el acaparamiento de apoyos gubernamentales.

En México, existen cinco agrupaciones de este tipo, mismas que se encuentran en Estados con daños muy graves y un sinfín de actos de violencia por esta actividad: Guerrero, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Es importante destacar que el clúster minero de Zacatecas (Clusmin), integrado por siete empresas mineras (Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Capstone, FirstMajestic, Newmont/Goldcorp y Mineras Bacis), mantienen un “estrecho” vínculo con varias áreas de universidades mexicanas y extranjeras: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Instituto Lowell, Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland, Australia (SMI), el Centro Norcat en Canadá y el Instituto de Minería Sustentable del Perú (ISEM)6 lo cual, sin duda alguna, significa una pérdida de credibilidad y las coloca en claro conflicto de interés en casos del uso de la “ciencia institucionalizada” para dirimir controversias entre los desastres mineros y las comunidades que inevitablemente acarrea este tipo de extractivismo. Es decir, la ciencia no puede estar financiada para luego ser aprisionada y sometida por interés de particulares.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

Basta de falsos disfraces para la investigación y desarrollo tecnológico para encubrir actividades que se basan en el extractivismo y en el despojo de las comunidades.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA¡

¡CIENCIA, ACADEMIA Y RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NO DE QUIENES LOS DESTRUYEN!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina peñasquito – Desinformémonos

Más información:

Mina de oro y plata representa un PELIGRO para Morelos

Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020

El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente

Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero nadie ha podido parar.

Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia, con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos Gold.

Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.

De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco, patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso el descubrimiento de nuevos hallazgos.

En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.

El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.

Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero, cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.

El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a más de 560 mil habitantes.

Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.

En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto negativo social y ambiental.

Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar operaciones.

Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el mercurio.

A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?

Imagen: ADN Informa

Más información:

Jalisco y Colima: Peña Colorada y sus abusos en Manantlán

Compartimos esta fragmento de este reportaje especial publicado en Proceso – A 29 de febrero de 2020

Por Pedro Zamora Briseño

El 9 de septiembre de 2019 Paolo Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– se entrevistó en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un mes después la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó que la mina Peña Colorada –que extrae el 33% del hierro del país y de la que Roca es accionista— pudiera ocupar 155 hectáreas de terreno para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales. En medio de la tala de miles de árboles, las comunidades indígenas iniciaron las protestas debido a que no fueron consultadas.

SIERRA DE MANANTLÁN, (Proceso).– Sin consulta con las comunidades indígenas de la franja limítrofe de Colima y Jalisco y en medio de un proceso de autorización ambiental cuestionado, la minera extranjera Peña Colorada –que extrae de sus yacimientos en la región 33% del hierro que produce el país– empezó la tala para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales.

Mediante el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, con una inversión estimada de 411.6 millones de pesos y una vida útil de 27 años, la empresa busca elevar casi 10% su producción de concentrado de hierro, de 4.1 a 4.5 millones de toneladas anuales, y pretende acondicionar una nueva área para el confinamiento del material estéril residual resultante de la explotación minera en los próximos ocho años.

Nacido en 1975 como paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV –su nombre oficial– fue privatizado en 1991 y desde 2005 es propiedad, a partes iguales, de las trasnacionales Ternium y Arcelor Mittal, pertenecientes a los magnates del acero Paolo Rocca, ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, indio, respectivamente.

Ternium forma parte del Grupo Techint, invitado por la administración de Andrés Manuel López Obrador a participar en la licitación de la refinería Dos Bocas, oferta que, según algunas versiones, declinó por estimar que para construirla no era suficiente el plazo señalado por el gobierno federal.

El 9 de septiembre de 2019, Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– visitó México y se entrevistó en privado con López Obrador. Al final el mandatario publicó una fotografía y el siguiente mensaje en Twitter: “La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca, director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política, económica y social”.

El 18 de octubre siguiente, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le fue aprobado a Peña Colorada el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, que quedó sujeto a algunas medidas de mitigación ambiental, compensación y condicionantes.

Fragmento del texto publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, ya en circulación

Foto: Medio ambiente. Foto: Héctor Boix Cisneros

Más información:

Declaratoria del Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití

Compartimos la declaratoria final de Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití, reunido en Dajabón durante los días 28 y 29 de febrero del 2020>>Descargar en pdf<<

Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.

Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.

Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.

Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.

Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.

SI A LA VIDA NO A LA EMPLOTACIÓN MINERA

Firman

Plateforma haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití, SJR-Haití- Solidarite Fwontalye, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Federación de Maestros, Puerto Rico (FMPR), Mouvman Peyizan Papay (MPP), Haití Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití Comisión Ambiental de la UASD ADEM, Haití Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc. (CEFORMOMALI), Cotuí, RD Coordinadora Ambiental, Provincia Dajabón (CAPRODA), RD POHDH, Haití Asamblea Ambiental, Dajabón, RD Batay Ouvriye, Haití La Laguna Saladilla no está sola, Carbonera, RD GARR, Haití Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haití
MAELA dominicana Red Ecológica de Santiago Rodríguez, RD MODEP, Haití Amanecer Ambiental, Mao, RD CE-JILAP, Haití Grupo Ecológico Mundo Libre, RD Redac-CEPOCS, Navarrete; RD Articulación Campesina, RD Justicia Climática “Mártires Castaño”, RD Coalición Global de Bosques, SD, RD Mujeres por Miranda, La Vega, RD Mesa Ambiental de Dajabón, RD Consejo de Desarrollo de Los Miches, RD Centro de Madres “Lorenza Rodríguez”, RD
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), RD

Foto: Centro Montalvo

Guanajuato: Comunidades Afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo reciben a visitantes de Canadá

Compartimos este comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Sociambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de marzo de 2020

El CISO de Canadá visita y se solidariza con las Comunidades afectadas en su lucha contra el proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato

El pasado lunes 2 de marzo, las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold en Dolores Hidalgo, Guanajuato, recibieron la visita de una delegación del Centre International de Solidarité Ouvrière, CISO (Centro Internacional de Solidaridad Obrera) de Quebec Canadá.

La visita de la delegación del CISO, conformada por 15 mujeres y hombres, representantes de diferentes sectores sindicales de su país tales como los de Salud, Educación e Industria Metálica,entre otros, fue posible gracias a la vinculación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), quien acompaña el proceso de organización de la Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos Industrializables “Lázaro Cárdenas del Río” del Estado de Guanajuato, A.C. con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería.

La delegación del CISO pudo conocer directamente a las y los habitantes de las comunidades que se encuentran en riesgo por la amenaza que representa el proyecto minero de la Argonaut Gold, en las inmediaciones de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.

Recordamos que apenas el pasado 17 de diciembre, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto minero Cerro del Gallo; recordamos también que en los días posteriores, la canadiense Argonaut Gold, anunció que insistiría y volvería a solicitar las autorizaciones respectivas. No omitimos señalar que si el proyecto fuera autorizado y entrara en operación, afectaría una superficie de más de 20,000 hectáreas, con procedimientos altamente tóxicos ya que miles de toneladas de minerales serían tratados con grandes cantidades de cianuro de sodio por medio de la técnica de lixiviación en pila que generalmente produce graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas debido a la contaminación del aire, agua y suelo, además de extraer y contaminar 1,440 millones de metros cúbicos de agua en un territorio en el que las comunidades no la tienen en suficiente cantidad y calidad como para garantizarles su derecho humano al agua.

En la visita participamos representantes del CISO, del FAT, de la Unión Lázaro Cárdenas del Río, de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, de Acción Colectiva y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Junto a habitantes de la comunidades, realizamos un recorrido por la zona amenazada, iniciando por un diálogo con habitantes de la comunidad de El Sisote, la más directamente afectada ya que por su cercanía al Cerro del Gallo, recibiría directamente por gravedad las aguas contaminadas con cianuro de sodio; a continuación visitamos la comunidad de Santa Bárbara para encontrarnos con algunos habitantes que se encuentran en un proceso acompañado por la Fundación de Apoyo Infantil (FAI) -también integrante de la Hermandad-, para construir cisternas de ferrocemento, para la cosecha de agua de lluvia; las cisternas, con capacidad de 12,000 litros permitirán a cada familia, contar con agua potable segura, únicamente para beber y cocinar durante un año; finalmente la visita terminó con una comida sencilla pero deliciosa, en La Colmena, en la que hubo palabras de fraternidad y compromiso de los representantes de las diferentes organizaciones de alzar la voz en México y Canadá para denunciar los proyectos y empresas del modelo extractivo minero.

Cabe resaltar el enorme interés y compromiso mostrado por la delegación canadiense, cuyos integrantes tomaron nota de todas las conversaciones, para informar a sus sindicatos, su expresión de solidaridad con las y los campesinos, además de manifestar sentir vergüenza por el criminal comportamiento de las mineras originarias de su país.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA

ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Hermandad de la Cuenca de la Independencia

Más información:

El Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo le pone en bandeja de plata el territorio a las compañías mineras

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020

Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.

Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.

Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.

La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.

Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:

  1. Del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca las compañías mineras extrajeron el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional y el 6 % de la plata que circuló a nivel mundial hasta finales del siglo XX, dejando a cambio: 120 millones de toneladas de jales (desechos mineros) repletos de elementos altamente tóxicos como Sílice, Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio que contaminaron la tierra, el agua y el aire de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca; miles de mineros enfermos de silicosis quienes murieron lenta y dolorosamente sufriendo una incesante tos que les hizo escupir sus pulmones a pedazos; y, decenas de barrios mineros miserables e insalubres.
  2. Del Distrito Minero de Zimapán las compañías mineras nacionales y extranjeras han extraído millones de toneladas de Plomo, Zinc y Plata, dejando a cambio: 20 millones de metros cúbicos de jales mineros que han contaminado el aire, el suelo y especialmente los mantos acuíferos de la zona, a tal grado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zimapán después de Bangladesh es el sitio QUE MÁS REBASA LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN de Arsénico en el agua a nivel mundial; y, miles de personas enfermas de arsenicismo, leucemia y cáncer de mama.
  3. Del Distrito Minero de Molango, la compañía Minera Autlán ha extraído la mayor parte del Manganeso presente en el segundo yacimiento más grande del mundo, dejando a cambio: miles de hectáreas de selva baja deforestadas; un 50 % de la población local con altas concentraciones de Manganeso en sangre que rebasan ampliamente los límites establecidos, lo cual ha causado manganosis que es un padecimiento que daña al cerebro y al sistema nervioso central, genera problemas de movilidad, de comportamiento y retraso cognitivo; y, cientos de mineros enfermos de neumonitis mangánica.

Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.

Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.

Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):

  • Nos pronunciamos en contra del POETH elaborado por Rico Moreno y de cualquier farsa montada por el gobierno federal, estatal o municipal para que las empresas implementen el saqueo y la destrucción de los territorios del Estado de Hidalgo.
  • Llamamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses para hacer frente a este tipo de manipulaciones, sin miedo y con la convicción de que este tipo de funcionarios deben ser desterrados de la función pública y con la garantía de que si estamos organizados y ejercemos nuestros derechos no hay forma de que el saqueo se implemente.
  • Convocamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses a retomar sus propios procesos de libre determinación con relación al destino y al uso de sus territorios, así como a emprender la construcción colectiva del buen vivir que nos permita encontrar caminos armoniosos con lo que somos y queremos seguir siendo.

¡Territorios Libres de Minería Ya!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago

Más información:

Oaxaca: Pueblo zapoteco de Calpulálpam gana amparo donde se cancelan todas las concesiones mineras en su territorio

Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)

Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este mandato judicial federal.

Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce, hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.

En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la minería”.

Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.

Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época prehispánica.

La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.

En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.

Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los intereses de particulares.

Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido discriminación y racismo en la impartición de justicia.

Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.

“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.

El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen 30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.

Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.

Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las concesiones”.

“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.

Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna institución han hecho absolutamente nada”.

Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.

Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF

Más información:

Martes 18 de febrero, 6 PM, Cine-debate: “LAWQA, que el Parque vuelva a ser parque”

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“LAWQA, que el Parque vuelva a ser Parque”

Martes 18 de febrero de 2020, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Los cines-debates de Otros Mundos están de regreso, les esperemos este martes 18 de febrero, a las 6 de la tarde en Kinoki, proyectaremos este documental chileno sobre la minería en una parque reserva natural, aquí una reseña sobre el documental.

La Reserva Mundial de la Biosfera “Lauca”, es una zona de biodiversidad única en el planeta. Ubicada en el altiplano de Chile, junto a la frontera con Bolivia, está siendo contaminada por relaves mineros abandonados y destruida por la desenfrenada explotación de la industria minera del bórax que atenta contra sus recursos naturales. Un destacado pescador con mosca, Gabo Benoit, recorre estas rutas solitarias en su mountain bike, en busca de un espacio único y mágico donde practicar la pesca deportiva.

En esta ruta con destino al Parque ”Lauca”, se encuentra con enigmáticas historias sobre el abandono de este espacio, la dificultad de la vida de los últimos habitantes de la región y las maniobras políticas que han llevado al uso del altiplano Chileno como un vertedero de relaves y desechos mineros a costa de sus maravillas naturales. En este viaje, Gabo Benoit, junto a Fundación Relaves y activistas locales; reconstruyen y revelan la historia de como se llegó a esta situación, invitándonos a ser parte del mágico altiplano y de esta Reserva Mundial de la Biósfera.

Documental: Lawqa (Lauca), que el Parque vuelva a ser Parque
Duración: 32 minutos
Protagonista: Gabriel Benoit
Dirección: Raimundo Gómez
Dirección de fotografía: Franco Davico
Producido por: Patagonia – Fundación Relaves – Más Verde – Media Factor – Gabriel Benoit
Filmado por: Más Verde
Investigación: Victoria Caroca – Ladislao Palma – Javier Calvo – Juan Pablo Sanguinetti
Edición: Franco Davico – Raimundo Gómez – Franco Sanguinetti – Javier Calvo