Minería

Sonora: Ejidatarios de El Bajío piden resolución a sentencias contra minera Pelmont

Publicada el 13/01/2022 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en Canal Once sobre la lucha por la vida y en contra de la minería en Sonora – A 10 de enero del 2022

Fuente: María Fernanda Ruiz , Edición: David Pérez de la O

Desde la madrugada de este lunes, al menos 90 ejidatarios provenientes de el Ejido El Bajío, ubicado en Sonora, se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México, para exigir la resolución de las 67 sentencias que continúan pendientes en contra de la minera Penmont, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Baillères –dueño de El Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y GNP Seguros–.

Ejidatarios que salieron de Sonora, hacia Ciudad de México, desde el pasado viernes, se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador la resolución por el caso de El Bajío.

En entrevista con Once Noticias, Jesús Thomas, representante ejidal, señaló que las sentencias tienen 8 años y no se han ejecutado.

En ese lapso de tiempo se han suscitado distintos eventos de extrema violencia, entre los que sobresale el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, todas las personas son de El Bajío.

El presidente ejidal Jesús Thomas denunció, a Once Noticias, que otras personas del ejido han sido encarceladas injustamente y otras han sido ‘levantadas’ y torturadas. Artículos relacionados

“La no ejecución es la que nos ha llevado a padecer todo esto. Si el Tribunal [Agrario] hubiera hecho su trabajo ya no estuviéramos padeciendo todo esto. Una vez que dictan las sentencias tienen 90 días para ejecutarlas y en este caso eso no ha ocurrido”, enfatizó Thomas a Once Noticias.

Asimismo señalan que prevalece presión por parte de la minera.

“Esas avionetas las manda la compañía minera con otros guardias que eran de la Policía Federal y los guardias de la minera. Yo creo que ellos quieren ver si hay menos gente para poder entrar, porque hay rumores de que quieren volver a entrar”, comentó.

Santiago, de 49 años, recordó que la primera vez que la minera salió del ejido fue en 2013, aunque luego volvieron en 2017, pero volvieron a sacarlos. En la actualidad resguardan El Bajío, para evitar que vuelva la empresa.

“A ver si nos apoya el gobierno para que las sentencias se ejecuten a nuestro favor, porque no estamos a gusto, han amenazado a nuestros compañeros y pues todo eso es por parte de la minera”, concluyó Santiago.

Por otro lado, al conversar sobre los avances en el proceso para destinar 18 mil hectáreas, de las 21 mil que conforman El Bajío, a la figura de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), Thomas dijo que han avanzado en el proceso, pero aún continúa en las instancias.

Al respecto señaló que la semana pasada, la Comisión Binacional Arizona-Sonora para la Conservación del Berrendo realizó un conteo que anunció que fueron avistados en El Bajío 163 ejemplares de berrendos, mamífero de pezuña más veloz del mundo, que estuvo bajo alerta de extinción en 1998, en el país.

“Eso significa que tenemos la mayor concentración de berrendos. Se explica porque hace 8 años logramos sacar a la minera, eso ha impactado de forma positiva, para que el berrendo vuelva a ser visto. En Pinacate se contabilizaron 85 y en Quitovac 331”, relató el presidente ejidal.

Los ejidatarios de El Bajío presentarán también escritos al Senado y al Tribunal Superior Agrario, para solicitar que se ejecuten las sentencias, que se respete al derecho humano de acceso a la justicia, así como el esclarecimiento de los asesinatos.

Los ejidatarios, pese al frío de la ciudad, con sus enormes letreros exigen justicia y que la mina no vuelva al desierto.

La ocupación de la minera Penmont, en el Ejido se dio en 1991, comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto en este territorio: Noche Buena (2012), Dipolos-La Soledad (2010) y La Herradura (1998).

En 2011, a través de una primera sentencia se determinó que la minera debía desalojar las tierras. Hasta 2013 se llevó a cabo la desocupación.

Desde entonces, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio.

Imagen: Canal Once

Más información:

Seguimos denunciando la complicidad del Gobierno Actual con el Modelo Minero

Publicada el 11/01/2022 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el Modelo Minero Extractivista en México – A Diciembre 2021

La Secretaria Albores responsabilizó por estos desastres a “la complicidad de gobiernos pasados”1, dando eco al Presidente quien pretende distanciarse del despojo y la destrucción diciendo que no va a otorgar ninguna concesión minera durante su sexenio. La Secretaria propone que la solución sería “la adopción de las mejores prácticas en materia hídrica y en corresponsabilidad socioambiental con el Gobierno y en el sector privado, …y la sociedad civil”2. Pero, queremos aclarar que –aún sin otorgar ni una sola concesión minera– este gobierno es tan cómplice como los anteriores por la continuidad del modelo minero que sigue operando.

¿De qué “mejores prácticas” nos está hablando la Secretaria para la actividad más devastadora del planeta? No hay mejores prácticas que resuelven la codicia y agresividad del modus operandi del modelo extractivo, no existe la minería verde, sustentable, inteligente ni responsable.

La minería genera enormes impactos sobre las tierras y el territorio de los pueblos en donde se impone. Para servir los intereses de los grandes inversionistas y mercados de consumo de productos desechables, los depósitos de minerales que quedan en el mundo son cada vez de concentraciones más bajas y más dispersas bajo la tierra. Esto significa que, para extraer cada onza de oro, plata o cobre, las empresas mineras sacan muchas más toneladas de roca, una parte de la cual será molida y tratada con sustancias químicas de alta toxicidad para separar los metales de las rocas. A la vez que las empresas tumban cerros enteros para extraer los minerales, construyen otros con la roca desechada que amontonan, ahora más expuesta al aire y agua, que puede iniciar el proceso de drenaje ácido que genera contaminación por metales pesados y otras sustancias tóxicas por décadas y siglos. También construyen enormes pilas o piscinas de relaves que rompen y derramen cada vez con mayor frecuencia. En el proceso, no solamente contamina el agua y el suelo, sino también se desaparecen y desvían fuentes de agua de las que los pueblos y la biodiversidad dependen. Todo esto sin hablar de lo que sucede en el ámbito social o de salud, con los pueblos desplazados y despojados de sus tierras y formas de vida, y con una tendencia hacia el alza de violencia en estas zonas.

Hablar de supuestas “mejores prácticas” de una de las actividades más devastadoras que existe, y hablar de no otorgar más concesiones mineras cuando México ya tiene arriba de 24 mil otorgadas, es desviar la discusión y pintar de verde al gobierno mientras siguen intactas las estructuras que facilita la inversión minera y que deja en impunidad estos grandes daños a perpetuidad. La Secretaría reconoce que la minería deja pueblos enteros sin fuentes de agua y con altos índices de daños a su salud, entonces ¿por qué no hablar de castigar penalmente a los responsables por estos tremendos daños? En base de su propia experiencia en Puebla en donde empresas mineras tienen concesionada grandes extensiones de la Sierra Norte, la Secretaria sabe que la propia presencia de una concesión minera representa una amenaza a la autodeterminación y bienestar de las comunidades afectadas. Entonces, ¿por qué no hablar de extinguir las concesiones mineras que han sido otorgadas arbitrariamente en todo el país en violación de tantos derechos? ¿Por qué dejar vencer solamente las concesiones mineras en donde las empresas no están actualizadas con su pago de derechos? Y sobre todo por qué engañarnos en centrar el debate sobre el tema de las concesiones cuando desde el inicio de este sexenio, según una solicitud de información vía transparencia, la SEMARNAT ha autorizado más de 90 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos mineros. ¿De qué sirve limitar el número de concesiones si los proyectos mineros que son realmente lo que devastan el medio ambiente, el territorio y la vida de los pueblos siguen avanzado en sus fases de exploración y operación?

La respuesta es porque este gobierno es cómplice de mantener intacto el modelo minero sin mayor cambio. La influencia de los empresarios mineros mexicanos y extranjeros, representado por CAMIMEX, quedó muy claro cuando este gobierno declaró la minería “no esencial” a inicios de la pandemia de COVID-19. Pocas semanas después, ante varias gestiones del sector empresarial inclusive para pedir presión sobre el gobierno mexicano desde los Estados Unidos, se convirtió en esencial. No es casual que, durante estas gestiones, el sector minero hizo referencia a la necesidad de mantener activa la industria minera ante la entrada en vigencia del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previamente anunciado para el 1 de julio de 2020. Tal como gobiernos anteriores, este gobierno ha aceptado el marco de los Acuerdos Internacionales de Inversión –tales como el T-MEC, el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico–, y muchos otros que México ha ratificado. Estos acuerdos son la ley por encima de la ley para las empresas transnacionales con la cual pueden amenazar o demandar al gobierno por millones o miles de millones cuando sus cortes, agencias regulatorias, ejecutivo u otros órganos toman decisiones que podría afectar sus inversiones o, inclusive, sus ganancias al futuro. México ya enfrenta miles de millones en demandas de empresas mineras.

La actuación del gobierno actual resulta ser cómplice con el despojo y destrucción permanente por la minería a las vidas, aguas, tierras y territorios de muchas comunidades. El discurso de “mejores prácticas” y de no otorgar ninguna concesión minera mientras siguen operando todas las que están, es seguir legitimando la expansión minera y desviando la atención de las estructuras jurídicas, económicas y de poder que lo sigue facilitando.

BASTA A LA SIMULACIÓN Y A LA LEGITIMACIÓN DE LA MINERÍA POR SEMARNAT
NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE, SÍ A LA VIDA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Minería Mazapil, Zacatecas

Más información:

AMLO no tiene conflictos por Minería Canadiense en México, Los Pueblos de México sí

Publicada el 18/12/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los megaproyectos de minería canadiense – A 7 de diciembre del 2021

El 22 de noviembre, el presidente López Obrador dio su informe sobre su participación en la novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C., cuando invitó a México al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien dijo “no tener conflictos mineros por la industria en el país”.1 Durante la misma semana, en su mañanera desde Guanajuato, repetía ideas semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad».2 Además, pretendiódecir que México “ya no es como antes”, por estar siguiendo el ejemplo de Canadá: “Nosotros lo que estamos planteando es: bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se les pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones”.3

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le queremos decir a Justin Trudeau, que no sabemos a qué país se refiere AMLO, porque si hablamos de México nosotras/os tenemos otros datos. Y para AMLO, si el ejemplo a seguir es Canadá, nos dirige a más de lo mismo: despojo, devastación ambiental y graves afectaciones a la salud.

I. Cada concesión minera, un conflicto

Cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, además de los conflictos cotidianos y menos visibles de los pueblos que han sido desplazados a la fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud, o que se encuentran con un terrible aumento de violencia en sus comunidades y luchan para no estar completamente sometidos, o quienes asumen la eterna pelea por la justicia y la rendición de cuentas dentro de un sistema de impunidad. Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano, pero le aseguramos a Trudeau que los conflictos mineros que las empresas mineras canadienses generan en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las empresas desde el inicio. Compartimos unos ejemplos, entre muchos:

Chiapas

El día después de la mañanera de AMLO en Guanajuato, conmemoramos el duodécimo aniversari o del asesinato de Mariano Abarca (fundador de la REMA), el 27 de noviembre del 2009, por su lucha contra los impactos ambientales y sociales de la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Junto con la familia Abarca, hemos llevado este caso a Canadá para exigir una investigación de la embajada canadiense en México por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano. Sabemos por documentos obtenidos bajo la ley de transparencia en Canadá que la embajada seguía de cerca los sucesos en Chiapas y participó en defender y facilitar los negocios mineros aún sabiendo de los riesgos que corría la vida de Mariano. Seis semanas después de que representantes de la embajada canadiense se reunieron con el gobernador de Chiapas en octubre de 2009 para pedir que se resolvieran los problemas de la empresa, mencionando específicamente las protestas de la comunidad, Mariano fue brutalmente asesinado frente a su restaurante en el centro de Chicomuselo.

Este crimen sigue en impunidad y por tanto sigue el conflicto. La familia Abarca junto con Otros Mundos Chiapas, REMA, MiningWatch Canadá y otros aliados han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de autoridades mexicanas, así como la denuncia actualmente esperando la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México. Vale destacar que un juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Boswell, ad mitió en julio de 2019 la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera actuado de otra manera”. Sin embargo, hasta la fecha aún seguimos peleando por una investigación que haga justicia al asesinato de nuestro compañero.

Oaxaca

La mina San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, terminó de imponerse el día 6 de mayo del 2009 por medio de un operativo policíaco y militar que culminó con decenas de personas detenidas arbitrariamente, golpeadas y heridas de gravedad; así como con cateos ilegales en varias casas de Magdalena Ocotlán, municipio vecino a San José del Progreso. En los siguientes 5 años, fueron asesinadas 5 personas en San José del Progreso.

Años después, en 2018, esta misma mina tuvo un derrame tóxico que contaminó gravemente el río Coyote y los pozos de cientos de familias. Esto fue encubierto por la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA e IMTA quienes, a pesar de tener en su poder las pruebas de la contaminación, hoy a 3 años del desastre, están nuevamente tomando muestras, tal vez para seguir cubriendo las espaldas de la empresa minera.

Hoy en día la empresa intenta ampliar su proyecto por otros 10 años y presiona a la SEMARNAT (quien ya negó la autorización), para que le autorice su proyecto de expansión. Sin embargo, la SEMARNAT ahora echa marcha atrás, con total falta de ética y respeto para su equipo de evaluación de impacto ambiental, y declara que se hará una consulta a los pueblos para ver si quieren o no la ampliación de este proyecto, que inicialmente ellos desaprobaron. A la par, la empresa ha sacado a sus trabajadores para confrontar a las defensoras y defensores que exigen se detenga la expansión de este proyecto que ya ha demostrado causar destrucción, enfermedad y muerte entre las comunidades vecinas. La tensión y presión sobre las comunidades hace que nuevamente se genere un ambiente de violencia y división.

Zacatecas

En el año 2017, unas 46 familias de la comunidad La Colorada, Zacatecas, fueron desplazadas a la fuerza por la empresa canadiense Pan American Silver, con la ayuda del gobierno de ese estado para lograr la expansión de su mina “La Colorada” de donde extrae plata, oro, plomo y zinc desde 1998. Con este acto, las familias fueron despojadas de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además de encontrarse con violaciones sistemáticas permanentes de sus derechos. Por dos años antes, las familias resistieron su desplazamiento, durante ese tiempo denunciaron haber sido acosadas y amenazadas por parte de directivos de la empresa, y varios trabajadores fueron selectivamente despedidos. Sin embargo, actuando en contubernio con el gobierno de Zacatecas y con el apoyo de hombres armados, la empresa finalmente desalojó a las familias y con maquinarias destruyó sus viviendas.

La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas la familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan A merican Silver les dio en comodato. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros y los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, en donde las familias arriesgan su salud por su cercanía a la mina y se encuentran en una situación de control social extremo por la empresa que pone las reglas, inclusive sobre el tipo de mascota que pueden o no tener dentro de estas casas, así como para el uso de la iglesia. Desde ese entonces, habitantes de La Colorada luchan para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató y para que su comunidad sea reconocida, ya que la empresa asegura que esa comunidad nunca existió4.

Guerrero

En el “cinturón dorado” de Guerrero, operan 5 proyectos mineros, 4 de ellos canadienses circunscritos en una región de 210 localidades. En los últimos 10 años, ha habido un desplazamiento forzado de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencad ena por el poder vinculado a los grupos del crimen organizado, lo cual beneficia a la expansión minera de capital canadiense en la zona. Tan solo en Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, donde la empresa minera Equinox Gold opera la mina Los Filos, se ha documentado el desplazamiento forzado de la mitad de la comunidad en 2015, por lo menos 55 asesinadas/os hasta 2019, y la prevalencia de daños a la salud en casi toda la población por consumo de agua contaminada y exposición permanente a polvo rico en metales pesados. Por cuatro meses, a fines de 2020, el ejido de Carrizalillo realizó un paro y cerró la mina por el tratamiento racista y discriminatorio de esta empresa y por sus incumplimientos al acuerdo de cooperación social, inclusive temas relacionados con la falta de agua limpia y atención médica5. En otro triste acto de discriminación y racismo, representantes canadienses han llegado para ayudar a legitimar la expansión minera en esta zona, a la vez establecen alertas para que los turistas canadienses no visiten el territorio guerrerense por la alta incidencia de violencia; la última alerta fue emitida en octubre de este año6.

Guanajuato

La minera Argonaut Gold pretende desarrollar el proyecto minero de oro Cerro del Gallo, en el territorio rural del municipio de Dolores Hidalgo, impactando directamente a más de 20 comunidades con una población aproximada de 8,000 habitantes. Además, afectará la Cuenca de la Independencia o la Cuenca alta del río La Laja, que abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato con una población de 680,000 habitantes que dependen de un solo manto acuífero. De autorizarse el proyecto, sería la primera mina a cielo abierto en el Estado de Guanajuato. Se propone usar la técnica de lixiviación con cianuro que conlleva graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de cantidades extraordinarias de agua. Además de las 13 concesiones mineras, Argonaut Gold cuenta con 8 títulos de concesión de agua otorgados por la CONAGUA por un total de 1,440,000 m3 al año para la explotación de su proyecto, mientras que las comunidades en su entorno, no tienen acceso al agua en condiciones adecuadas.

Durante el 2020, Argonaut Gold ha intentado, por cuarto año consecutivo sin éxito gracias a la oposición popular, obtener el permiso en materia de impacto ambiental de parte de la SEMARNAT. En su proyecto, que ha sometido a la evaluación de la autoridad federal, propone, entre otros agravios «la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir y, para el caso de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia», tratando de argumentar que esta actividad es más dañina al medio ambiente que la destrucción permanente que genera la minería. Aunque SEMARNAT acaba de denegar el permiso a la empresa, nada evita que la empresa lo pueda intentar nuevamente.

Al final, estos son sólo una muestra de los conflictos que generan las empresas mineras canadienses en México, de los que el presidente parece no darse cuenta. A lo largo del país, hay resistencias y procesos de defensa territorial ante los intereses de empresas mineras canadienses, especialmente frente a los llamados “junior”, que son empresas que se especializan en la prospección, exploración y especulación, y que están muy presentes en las bolsas de valores de Canadá, más que en cualquier otro país.

Los procesos de organización popular frente al avance minero representan la mayor esperanza para poder evitar la entrada de la minería a través del ejercicio de los derechos agrarios y la auto determinación de los pueblos. Aún así, son procesos de muy larga envergadura que frecuentemente conllevan muchas amenazas y deben sostenerse para poder frenar los avances del nocivo modelo extractivista minero y su permanente voracidad por generar ganancias a cambio de la destrucción de los pueblos. Por todo esto, las comunidades afectadas le decimos al Presidente que aquí estamos: no olvidamos, ni perdonamos, y exigimos se deje de ofertar nuestros territorios y nuestras vidas a las empresas mineras que nos despojan y asesinan.

II. Seguir el ejemplo de Canadá, nos lleva a más de lo mismo

En cuanto al deseo de AMLO de que las empresas mineras canadiense operen como hacen en Canadá, debe darse cuenta de la realidad colonial y del capitalismo depredador que prevalece en el país de su amigo Trudeau. Canadá atrae empresas mineras a su país por tener la tasa de impuestos corporativos más baja del grupo de los siete países industrializados (G7) y una investigación periodística ha mostrado cómo las empresas mineras pagan mucho menos a gobiernos en Canadá que cuando operan en otras partes del mundo, inclusive México7.

En torno al supuesto “respeto al ambiente”, basta decir que en Canadá hay más de 10,000 minas abandonadas que jamás han visto un programa de remediación, y que prevalece un ambiente de impunidad por los grandes daños que genera, a perpetuidad la actividad minera. Por ejemplo, nadie ha sido castigado por el derrame más grande en Canadá de 24 mil millones de litros de desechos tóxicos en agosto del 2014, de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica.

Finalmente, es indignante y vergonzoso escuchar las declaraciones vacías de AMLO y Trudeau diciendo que van a reconciliar al Estado con los pueblos indígenas8. Para muestra un botón: el mismo día que estos dos estuvieron reunidos en Washington, D.C., en el oeste de Canadá, la policía federal detuvo a defensores indígenas, observadores y prensa por oponerse a la construcción de un gasoducto9. En octubre, Trudeau fue de vacaciones en lugar de celebrar el primer Día Nacional de la Verdad y Reconciliación para honrar a los sobrevivientes y afligirse por los miles de niñxs que murieron en las escuelas de residenciales operadas hasta 1996 como parte de la política genocida del Estado, y que han empezado a aparecer en fosas comunes10. Y este mismo gobierno continúa impulsando un modelo de despojo para seguir nutriendo las grandes ganancias de las empresas extractivistas contaminadoras, aún cuando los incendios y las inundaciones tienen todo el oeste de Canadá en un estado de emergencia11.

BASTA DE MENTIRAS Y SIMULACIONES: MÉXICO SE DESBORDA DE CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS

CANADÁ ES EJEMPLAR DE LO COLONIAL Y NEOLIBERAL

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: La Jornada Guerrero

Más información:

Guanajuato: SEMARNAT niega, por cuarta ocasión consecutiva, Autorización de Impacto Ambiental al Proyecto Minero Cerro del Gallo, en Doleres Hidalgo

Publicada el 16/12/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos comunicado de Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender Dolores Hidalgo de la devastación minera – A 4 de diciembre del 2021

El pasado mes de septiembre de 2021, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resolvió el proceso de evaluación de impacto ambiental, solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., filial de la minera canadiense Argonaut Gold, para su proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, C.I.N., publicado el pasado 2 de diciembre en el número 54 de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT.

En este día de la fiesta patronal de Santa Bárbara, una de las comunidades más grandes amenazadas por el desastre del proyecto minero a cielo abierto del Cerro del Gallo, las mujeres y hombres de las comunidades afectadas, en conjunto con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), celebramos también con mucha alegría y comunicamos a los habitantes de Dolores y del resto de la Cuenca de la Independencia que, después de una larga revisión, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la SEMARNAT, ha resuelto el siguiente:

I. Resolutivo
La SEMARNAT resolvió NEGAR la autorización en materia de impacto ambiental solicitada para el proyecto, así como archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole que no podrá realizar la ninguna obra o actividad. Sin embargo, la empresa mantiene a salvo su derecho para intentar obtener la autorización en materia de impacto ambiental, una vez más, y podría impugnarla.

II. El proyecto es INCOMPATIBLE con las políticas y programas de Ordenamiento Ecológico
Los diversos instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio, señalan que la política ambiental de la zona que sería impactada con la operación del proyecto, es de restauración y aprovechamiento sustentable y tiene como eje rector de desarrollo la agricultura y preservación de flora y fauna.

Es importante destacar que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Dolores 2018 (PMDUOET), señala que el sitio destinado al desarrollo del proyecto minero, se ubica dentro de la UGAT número DOL-078, la cual contempla una política ambiental de restauración ecológica.

En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Dolores Hidalgo, en su Opinión Técnica emitida el 23 de marzo de 2021, informó que el proyecto «Cerro del Gallo» es INCOMPATIBLE, debido a que se contrapone totalmente a la restauración ecológica, y solicita se analice el Impacto que éste proyecto tendría en las zonas de recarga pluvial y recomienda que se analice el impacto social, pues la sociedad civil y organizada se ha manifestado en contra del proyecto en repetidas ocasiones y de manera constante.

III. Blindaje del territorio
Con base en las opiniones técnicas incluidas en el documento resolutivo de la SEMARNAT, así como en base a la expresión popular manifestada el pasado 21 de noviembre en la Plaza Principal de rechazo al proyecto Cerro del Gallo y a la empresa Argonuat Gold, pero también

con base en el compromiso dado el pasado 17 de mayo por el candidato del Partido Acción Nacional, Adrian Hernández Alejandri, actual presidente municipal, a las comunidades directamente afectadas, exhortamos firmemente a las autoridades municipales a prohibir de manera definitiva el otorgamiento de permisos de uso de suelo para megaproyectos mineros, mediante un Acuerdo del Ayuntamiento para declarar al Territorio de Dolores Hidalgo como Libre de Minería, blindando al municipio, a sus bienes comunes naturales y a su gente, contra este tipo de proyectos depredadores, y que este sea el primer municipio de la Cuenca de la Independencia en blindarse.

IV. Cancelación de concesiones de agua para el proyecto Cerro del Gallo
Dado el deterioro ecológico de la región, y el abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, exhortamos a las instituciones de los tres niveles de gobierno, a impulsar y favorecer proyectos de restauración de los ecosistemas y de aprovechamiento sustentable del agua, para reactivar la economía rural en la región, con la participación de la población organizada de las comunidades campesinas.

Para ello es indispensable un cambio radical en la política de gestión del agua en todo el territorio, que no se siga favoreciendo de manera preferente a las grandes empresas de agro-exportación que continúan extrayendo grandes volúmenes de agua en esta región en la que el agua es insuficiente para el consumo humano de las comunidades; y que se revoquen las inmorales concesiones por un total de 1,440,000 metros cúbicos de agua al año, en favor de la empresa San Antón de las Minas SA de CV, filial de la canadiense Argonaut Gold.

Invitamos a todos los colectivos contrarios a la mina, al Movimiento Social, a CEDESA, a Guardianes de la Cuenca de la Independencia y a todos las personas concientes de esta amenaza, a que caminemos unidos en contra de este ipo de proyectos depredadores y por proyectos que favorezcan el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡FUERA ARGONAUT GOLD DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS EN LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA!

Imagen: ColectivoGCI

Más información:

Zacatecas: Afectados por minera de Carlos Slim en Mazapil sostienen que no dejarán solo al activista Roberto de la Rosa ante citatorio de un juez

Publicada el 14/12/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021

De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –

Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

Imagen: ANDRÉS SÁNCHEZ – La Jornada Zacatecas

Más información:

La Consulta ¿Un derecho o un Instrumento de Legitimación del Despojo?

Publicada el 08/12/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021

El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.

De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.

Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.

Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.

No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.

En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.

Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.

El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.

Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.

Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.

Diciembre 2, 2021

ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO
RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Imagen: Desinformémonos

Más información:

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

Publicada el 11/10/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

Más información:

Conversatorio: ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?

Publicada el 27/09/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta invitación para participar en el conversatorio organizado por Mining Wacht Canadá este martes 3 de octubre 2 de la tarde hora México

>>Registrate aquí<<

«¿Tiene el gob canadiense derecho a engañar al público? ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?«

¿Qué dice el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas, México, sobre la responsabilidad del gobierno canadiense?

Se podría pensar que los servidores públicos están obligados a seguir las políticas y procedimientos ante los que los funcionarios del gobierno canadiense testifican en el Parlamento o publican en el sitio web del gobierno. Pero un fallo reciente de la Corte Federal dice que esto no es necesariamente así. Ese caso se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Apelaciones.

Con el apoyo de organizaciones mexicanas y canadienses, la familia del defensor ambiental Mariano Abarca, quien fue asesinado en 2009, busca una investigación en la Embajada de Canadá en México. Creen que el cabildeo incondicional de la Embajada en apoyo de una empresa minera canadiense puso la vida de Mariano en mayor peligro en el período previo a su asesinato.

Esta mesa redonda discutirá la práctica canadiense cuando se trata de embajadas en el extranjero y conflictos sobre las operaciones mineras canadienses, preguntando si el caso de Mariano es el patrón o una excepción. También exploraremos qué política se debe esperar que sigan los funcionarios canadienses en tales casos, y cómo se cumplen las obligaciones de derechos humanos de Canadá. Finalmente, ¿tenemos alguna forma de pedir cuentas a los funcionarios públicos cuando las cosas van mal?

Moderador: Bianca Mugyenyi, Directora, Instituto Canadiense de Política Exterior

1a hora: diplomacia económica

Representante de la familia Abarca de Chicomuselo, Chiapas, México
Charis Kamphuis, Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa
Jen Moore, Programa de Economía Global, Instituto de Estudios de Políticas
Nicholas Pope, abogado del caso, Hameed Law, Ottawa

2da hora: enfoques para la ejecución Reflexiones del panel de expertos

Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá
Representante de Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales
David Yazbek, abogado, Center for Freedom of Expression Reflexiones de Soledad García Muñoz, Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH

>>Registrate aquí<<

ARGONAUT GOLD Y LA PERSISTENCIA DEL ENGAÑO “El Despojo en Contubernio con el Gobierno de Guanajuato”

Publicada el 23/09/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de septiembre del 2021

Dolores Hidalgo CIN, Gto., 20 de septiembre 2021
El gobierno del estado de Guanajuato, a través de su Secretaría de Educación, se ha sumado a la empresa canadiense Argonaut Gold, en su persistente intento de engaño a las comunidades cercanas al proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo.

El pasado 16 de septiembre se dio a conocer en algunos medios de comunicación que Monserrat Bataller Sala, delegada regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato y Lourdes Macpherson, gerente de asuntos corporativos y comunicación de Argonaut Gold México, realizaron un evento conjunto para la entrega de mochilas y útiles escolares a las y los alumnos de la telesecundaria 892 de la comunidad de San Antón de las Minas.
Previamente, 13 de julio, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con directivos de la minera Argonaut Gold para darle la bienvenida a sus proyectos en el Estado de Guanajuato, ello pese a que su proyecto aún no cuenta con los permisos necesarios para operar.
La “cara amable” del despojo

Entre las estrategias que utilizan las empresas mineras para acercarse a las comunidades, está la utilización de programas con cara social, como el que promueve “Argonaut Gold Becarios” quien, aprovechando la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación, ofrece “progreso, desarrollo y mejores oportunidades” a las y los pobladores, aunque en realidad sólo una pequeña parte lograría integrarse a la actividad económica como mano de obra barata, mientras el resto observa la destrucción de su vida comunitaria.

No extraña que, tanto la empresa como el gobierno, usen los ya conocidos estándares no vinculantes de “responsabilidad social corporativa” para hacer creer a la población que la minería es una actividad preponderante, cuando en realidad es todo lo contrario porque, de todas las actividades extractivas que están acabando con el planeta, sin duda, la minería es la que mayores daños genera. Es común que usen este marco de estándares construidos por ellas mismas para disfrazar y esconder el despojo y desplazamiento que ocasionará el extractivismo de “cara amable”. Las empresas mineras son expertas en lucrar con las necesidades que gobiernos como el de Guanajuato generan a partir de su incapacidad para plantear alternativas ambiental y culturalmente apropiadas, no sólo para las familias más vulnerables, sino para la población en general. Las empresas mineras, como Argonaut Gold, pretenden encubrir el peligro que implica la minería “de tajo a cielo abierto” e intentan incidir en la percepción de las madres de familia de las comunidades, quienes por lo regular se hacen cargo de la educación y cuidado de la niñez. Es lamentable que el gobierno de Guanajuato, quien debería ser garante de todos los derechos humanos, apoye este sistema que se sustenta en la acumulación por desposesión, respondiendo así a las exigencias del modelo patriarcal, capitalista y colonial tan acentuado en esta región del país.

No tenemos la menor duda, de llegar a operar el proyecto minero Cerro del Gallo, se generará una catástrofe socioambiental irreversible y sin precedentes en la región, tal cual la hemos visto, vivido y documentado en muchas partes de México y de Latinoamérica. Basta de políticos/as y representantes que sólo ven en las inversiones una salida a sus incapacidades como gobernantes.

El proyecto minero de Argonaut Gold, se ubica en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio en el que el agua escasea, la sobreexplotación de su acuífero subterráneo es alarmante y el equilibrio hidrológico fue roto hace décadas y, a pesar de ello hay inmensas concesiones de agua acaparadas por grandes empresas del sector agro-exportador, así como del industrial. No es casual que el severo estrés hídrico de la Cuenca nos esté llevando a extraer agua a cerca de 600 metros de profundidad, lo que implica consumir agua de forma directa e indirecta a través de alimentos, enriquecida con varios metales y metaloides entre ellos el fluoruro y el arsénico respectivamente, ambos altamente dañinos para la salud humana.

Si la mina del Cerro del Gallo empezara a operar, los daños para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial, tal como sucede en todas las comunidades en donde existe una mina. A los daños por la contaminación se suma la desaparición de fuentes de agua por agotamiento y acaparamiento por la actividad minera, ocasionando una insuficiencia de agua para el consumo humano en las comunidades.

La apertura de una mina implica una violación absoluta de todos los derechos humanos tal cual como los conocemos, empieza con el despojo y concluye con el desplazamiento forzado/involuntario de las y los habitantes ante la imposibilidad de mantener o construir una vida digna.

Ante esta amenaza, las y los habitantes de las comunidades directamente afectadas, tales como Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro El Sisote y San Marcos, han manifestado en repetidas ocasiones su rechazo tajante a la apertura de la mina Cerro del Gallo, logrando incluso que las y los candidatos a la presidencia de Dolores Hidalgo firmaran, durante la pasada campaña electoral, compromisos de no otorgar permisos de uso de suelo ni de construcción para ningún tipo de mega proyectos extractivos, incluyendo al presidente electo, Adrián Hernández Alejandri.

No a la mina Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

Fuera Argonaut Gold de nuestros territorios

—
Acción Colectiva @acolectivamx León, Guanajuato

COMPROMISO DE BLINDAJE DEL TERRITORIO. MIGUEL ÁNGEL RAYAS ORTIZ.

DOCUMENTO: COMPROMISO DE BLINDAJE DEL TERRITORIO. ADRIÁN HERNÁNDEZ

Imagen: Kz Araiza – Mas de acá

Más información:

El cinismo del Auto Elogio Minero. Más premios a la devastación de los territorios

Publicada el 08/09/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de septiembre del 2021

En septiembre de 2015, la caduca Organización de las Naciones Unidas (ONU), cooptada por grandes intereses corporativos, adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para ser alcanzados en el 2030 donde destacó la importancia del sector privado para lograrlos. Ya van seis años y quedan nueve, y no se ven los avances y mucho menos con la supuesta Responsabilidad Corporativa de las empresas mineras que son la antítesis de los supuestos ODS: 1) Fin de la Pobreza; 2) Hambre Cero; 3) Salud y Bienestar; 4) Educación de Calidad; 5) Igualdad de Género; 6) Agua Limpia y Saneamiento; 7) Energía Asequible y No Contaminante; 8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico; 9) Industria. Innovación e Infraestructura; 10) Reducción de las Desigualdades; 11) Ciudades y Comunidades Sostenibles; 12) Producción y Consumo Responsables; 13) Acción por el Clima; 14) Vida Submarina; 15) Vida de Ecosistemas Terrestres; 16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y 17) Alianzas para lograr los Objetivos.

Así, el pasado 30 de Agosto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entregó por doceava vez el premio “Premio Ética y Valores edición 2021” a la empresa minera Fresnillo plc, por sus supuestas mejores prácticas en torno a 4 de los 17 ODC: 3) Salud y Bienestar, enfocado en el tratamiento de Covid-19; 5) Igualdad de Género; 8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico; y 13) Acción por el Clima-Medio Ambiente. Además, la entrega de Concamin del Premio por Trayectoria Ética y Valores en la Industria y Premio a Práctica Destacada en Salud y Bienestar a Industrias Peñoles, son unos ejemplos del cinismo empresarial que pretende ocultar la destrucción que produce el modelo extractivo minero en los suelos de manera definitiva, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de energía y agua que además contamina, la afectación en la salud comunitaria que no se resuelve con charlas y distribución de cubre bocas durante la pandemia, la pérdida de cultivos y culturas, la pobreza, el desplazamiento, la apropiación de territorios, hasta los asesinatos de defensoras y defensores de la vida en manos de las empresas mineras.

Abonando al cinismo de su premio. No podemos olvidar que la empresa Fresnillo plc, ha perdido 67 juicios agrarios interpuestos por 67 miembros del ejido EL BAJIO en Sonora. Las sentencias estipulan que la minera debe desocupar y entregar las tierras, regresar las tierras al estado que tenían antes de la ocupación, devolver el oro que extrajo la empresa e indemnizar a las y los ejidatarios por el uso de sus tierras (https://ejidoelbajio.mx/2021/04/06/historia-legal-del-caso/). En lugar de acatar estas sentencias, la misma empresa es señalada como copartícipe del hostigamiento, asesinatos y desapariciones forzadas de integrantes del mismo ejido, quienes han sido invadidos en su territorio por la actividad minera.

La ONU además de quedar en ridículo ante estos actos de cinismo por parte de las empresas, se convierte en cómplice del despojo y la destrucción de los pueblos, pues las corporaciones se ríen, y encima se premian, por incumplir los “Objetivos de Desarrollo Sustentable”, tan cacareados por este organismo internacional.

No cesaremos de denunciar los efectos destructivos del actual modelo extractivo minero cuya actividad es la antítesis de la vida de los pueblos y la sobrevivencia de nuestro planeta. Exigimos al Gobierno Federal congruencia con su discurso y a la SEMARNAT con su misión. A la ONU le decimos que no le creemos y que no le permitimos que nos siga tratando de engañar con su falso y manipulador discurso de los derechos humanos.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: En imagen de archivo, tajo principal de Peñasquito en Mazapil, Zacatecas. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

Más información:

Las incongruencias de SEMARNAT

Publicada el 30/08/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre una de las grandes consecuencias de la minería la contaminación y uso indiscriminado de agua durante sus procesos – A 25 de agosto del 2021

Mientras el 2021 ha sido declarado como uno de los años de mayor intensidad en sequías en décadas -poniendo de manifiesto una de las expresiones ambientales relacionadas con el calentamiento global-, a nivel mundial, continúa el dictamen de una agenda “ambiental ambivalente, tenue e incluso hasta contraria a la protección de la naturaleza, tal cual sucede en México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien continúa autorizando proyectos de exploración y explotación minera, sabiendo -porque lo han hecho manifiesto-, es una de las actividades que más daños ocasiona al ambiente y a la salud, es la que genera más conflictos socio-ambientales en el país y, por si fuera poco, desaparece, contamina y usa una cantidad inmisericorde de agua durante su operación.

En mayo de este año, varios medios de comunicación dieron a conocer la más severa sequía que México ha tenido desde hace décadas. Ese mismo mes, durante una entrevista para BBC Mundo, el Dr. Jorge Zavala Hidalgo, Coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, informó que “cerca del 87.5% del territorio mexicano sufre sequía de distintas intensidades”.

En ese mismo contexto, el 11 de agosto pasado se publica, en el Diario Oficial de la Federación el; “Acuerdo de Carácter General de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa, Extrema o Excepcional en cuencas para el año 2021”, https://dof.gob.mx/nota_detalle.phpcodigo=5626309&fecha=11/08/2021 emitido por la SEMARNAT, en base a los resultados de los análisis y dictámenes realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Monitor de Sequía de México que forma parte del North American Drought Monitor.

Tan sólo en el mes de mayo, los Indicadores de Monitoreo de Sequía de CONAGUA reportaban sequía de moderada a excepcional, en 15 estados del país en un 100% de su territorio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas; mientras que San Luis Potosí y Nuevo León reportaban arriba del 96%. https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/indicadores-del-tipo-de-sequia

Según el estudio “Los Millonarios del Agua, una aproximación al acaparamiento del agua en México” de los investigadores de la UNAM, Wilfrido A. Gómez y Andrea Moctezuma, “ArcelorMittal” explota cada año en México 100.5 hectómetros cúbicos (hm³) de agua con lo que se llenarían 100 Estadios Azteca, así como la Minera Peñasquito de la empresa estadunidense/canadiense Newmont Goldcorp, explota un volumen de 50 hm³ por año en el municipio de Mazapil, Zacatecas, al igual que sucede con la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México, quien tiene concesionados 53 hm³ (equivalente a cincuenta y tres mil millones de litros) de agua por año. Se trata de solamente tres casos de aproximadamente 1,500 proyectos mineros que se encuentran en exploración, desarrollo y explotación en el país. Ese mismo estudio nos dice que “de los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados”.

En un documento del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA-SEMARNAT) que lleva por nombre “Agua y Minería” https://www.imta.gob.mx/gobmx/DOI/perspectivas/2021/b-imta-perspectivas-2021-08.pdf, nos dice que a pesar de que el 38% de los proyectos mineros se encuentran en zonas de acuíferos sobre-explotados, no se conoce con precisión el volumen de agua que usa la minería, debido a que los procesos de explotación no utilizan solamente los volúmenes concesionados por CONAGUA -a través del Registro Público de Derechos de Agua (Repda)-, ya que el marco legislativo permite el uso libre de recursos hídricos en los procesos de explotación y beneficio sin requerir concesión cuando “encuentran” mantos subterráneos durante la extracción.

Así mismo, el documento da a conocer “una estimación del uso del agua no concesionada en base a las toneladas de metal producido, la ley promedio o el porcentaje de metal contenido en los minerales y los indicadores de m³ de agua por tonelada de mineral producido, dando por resultado la desaforada y descomunal cifra de 1,128.9 hm³ de agua”. Así que, retomando el ejemplo anterior que nos dieron los investigadores de la UNAM, en el cual citan que 100 hm³ de agua es igual a llenar 100 Estadios Aztecas, no cabe duda del inmenso tamaño del despojo del cual somos objeto las y los mexicanos, a causa de la devastadora actividad minera que se desarrolla en México, tanto por empresas privadas de mexicanos como de extranjeros.

A mitad del sexenio, este mismo en el que se promulga un cambio verdadero, es indispensable hacer un alto en el camino para analizar el rumbo, las posturas políticas incongruentes, la agenda no sólo ambiental sino la productiva y de consumo capitalista, la inconsistencia e irracionalidad de la transición energética, la continuidad de un modelo de consumo preponderantemente apuntalado en los hidrocarburos, porque en buena medida son el centro de lo que estimula la instrumentación del modelo extractivo tal como lo conocemos, el cual sin duda alguna, tiene a su mejor exponente en la actividad minería. Las verdaderas causas del calentamiento global son el centro del debate y no el problema que se gesta por el uso de la irracionalidad técnica y tecnológica que, desde la permisibilidad de la política, sus políticos y las leyes, se tejen entramados que se toleran e instrumentan para si mismas.

Si este gobierno de la 4T se jacta de no ser lo mismo que sus antecesores –aunque ya va tarde-, debe comenzar por uno de los componentes más simples, pero a la vez más importantes y sensibles para la toma de decisiones: la información. Es absurdo que, a estas alturas del desarrollo cibernético, sigamos sin tener información oportuna, fidedigna y legible de parte, por ejemplo, de la institución que otorga las concesiones de agua -en este caso CONAGUA-, sobre cuánta y quiénes están sobreexplotando y/o contaminando el agua, para, en consecuencia, tomar las decisiones que lleven a la rendición de cuentas y orienten el usufructo de un recurso tan esencial como estratégico para la vida en su conjunto.

Por supuesto ofende que, la SEMARNAT, conociendo los estudios publicados por el IMTA, y que prácticamente en conjunto emiten un Acuerdo de carácter emergente por sequía severa o extrema, continúe autorizando proyectos de exploración y explotación minera, primero porque refuerza el extractivismo y legitima la actividad que más daños genera al ambiente, a la vida y a la salud de la población y, segundo, porque además refuerza lo que en REMA hemos señalado varias veces: de nada sirve que este gobierno no autorice la entrega de más y nuevas concesiones mineras, porque con las 20,071 concesiones que tenemos vigentes en la actualidad, hay de sobra para que destruyamos México. De qué sirve no entregar nuevas concesiones, si la Semarnat y Conagua continúan entregando permisos de agua o manifiestos de impacto ambiental a quienes ya poseen las concesiones para la exploración y de extracción de minerales, de tal manera que sus acciones ratifican la permisibilidad para que las empresas continúen con el uso estratosférico del agua además de permitirles contaminarla a lo largo y ancho del país.

Para ratificar lo expuesto señalamos que, durante los últimos 5 meses que abarcan los meses de mayor sequía y la publicación del citado Acuerdo, han sido autorizados 36 proyectos de exploración minera en los estados de Zacatecas, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Nayarit y Durango; así como 28 proyectos de explotación minera en Zacatecas, Coahuila, Sonora, Estado de México, Durango y Nuevo León, sin incluir los proyectos de extracción de materiales pétreos. Vale la pena resaltar que todos los Estados que recibieron permisos de exploración y explotación minera “coinciden” con los que tienen la presencia de un alto grado de estrés hídrico.

Para REMA es incongruente e incomprensible que en este gobierno tengamos una continuidad de los mismos patrones de entrega de nuestros bienes naturales, como sucedió en los gobiernos anteriores, sobre todo porque en este gobierno continúan prometiendo cambios de fondo, pero que en la realidad no vemos ni medianamente cerca. Está claro que no importa si tenemos científicos o defensores de la naturaleza en las instituciones a cargo de los temas ambientales o de los bienes naturales, porque la forma en la que se define la gobernanza continúa totalmente desfasada de la realidad que enfrentamos. Continuamos con instituciones que actúan desarticuladas o por mandatos efímeros y, sobre todo, continúa el ocultamiento o la falta de presentación o la falta de generación de información en donde se muestren los abusos y los severos daños que la minería causa a las comunidades y al ambiente, en una clara tendencia de proteger los intereses de particulares, tal cual sucede con el tan sonado caso de la contaminación al río Sonora por la poderosa e intocable empresa de Grupo México.

No es una petición, es una realidad, sin información o con información incompleta, sesgada o distorsionada el corazón del modelo extractivo seguirá intacto, en consecuencia, se diga lo que se diga, en este gobierno prevalece la continuidad del despojo y del desplazamiento forzado y lejos estamos de acabar con la corrupción, de terminar con la impunidad y de llevar a la rendición de cuentas a los saqueadores del planeta.

¡EXIGIMOS CONGRUENCIA PARA LAS INSTANCIAS QUE SUPONE DEBEN PROTEGER NUESTROS BIENES NATURALES!

¡MORATORIA QUE DETENGA LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS!

¡POR UNA SEMARNAT QUE NO ACTUE COMO VERDUGO DE LOS PUEBLOS!

¡TERRITORIO LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

Oaxaca: REMA se suma a las exigencias de la Comunidad de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Solicitando a la SEMARNAT no ceder ante la presión del Lobby que impulsa la ecocida minera canadiense Fortuna Silver Mines

Publicada el 25/08/2021 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados de la Minería REMA sobre la voracidad minera en México y la resistencia de los pueblos en la defensa de su territorio – A 21 de agosto del 2021

El pasado 22 de julio de 2021 a través de la Gaceta Ecológica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), nos enteramos de la negativa que le hace a la Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, relacionada con el permiso de ampliación del proyecto minero denominado “San José II”. No obstante, la soberbia y la impunidad con la que opera esta empresa contaminante, inició todo un procedimiento de lobby mediático en medios locales -estatales y redes sociales-, intentando manipular la opinión pública y sacando de foco lo que en realidad está conforme a su derecho al iniciar el proceso de impugnación para intentar revertir la negativa que, por el momento acota y evita la continuidad de la destrucción que ya se vive y se siente en la zona conocida de Valles Centrales, en particular lo que vive la población de Magdalena Ocotlán, pero también las secuelas que se empiezan a sentir en el municipio vecino que corresponde a San Pedro Apóstol.

No es la primera vez que observamos estas prácticas mediáticas e incluso políticas que utilizan las empresas cuando les es negado alguno de sus procedimientos e intentan por todos los medios revertir, lo que ya ha sido dictaminado. Tampoco sería la primera vez que dicha empresa muestre su capacidad política y agresiva, la cual existen antecedentes documentados en los que, con el uso del estado y de grupos armados ilegales, ha instrumentado diversas agresiones contra las y los defensores del territorio zapoteca. La Minera Canadiense Fortuna Silver Mines desde que se instaló en la región ha recurrido al uso de violencia, además de realizar actos de coacción con la cooptación de autoridades agrarias y municipales de los núcleos agrarios y municipios que circundan la zona del proyecto.

En este sentido, no podemos olvidar que, en el 2009, la Minera Fortuna Silver Mines fue la autora intelectual del desalojo violento de un plantón pacífico instalado por defensores del territorio en la entrada de “su” mina en San José del Progreso Ocotlán; 24 detenciones arbitrarias; decenas de cateos ilegales en la Comunidad de Magdalena Ocotlán y una feroz persecución de los defensores del territorio zapoteca.

Tampoco olvidamos los hechos recurrentes de violación a los derechos humanos y ambientales que, durante 12 años de operación, la Minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines se mantienen en total impunidad, haciendo totalmente la colusión con las autoridades ambientales de todos los niveles. Esta empresa tiene una larga data de: despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo, continúan incrementándose las enfermedades que antes eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado. Como ejemplo citamos que, en octubre de 2018, causó un derrame tóxico de 1´516,000 litros de jales mineros que contaminaron con metales pesados altamente tóxicos varios kilómetros de cauce del Río Coyote afectado a 7 comunidades; así como también se trasladaron los daños al Río Atoyac, por ser este en donde desemboca. Por si fuera poco, el desastre y, a pesar de disponer de las pruebas de los análisis de agua realizado por las dependencias de gobierno, CONAGUA y PROFEPA exoneraron a la ecocida Fortuna Silver Mines.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos y acompañamos la exigencia de la Comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán para que SEMARNAT se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado “San José II”, ya que una ampliación de dicho proyecto implicaría: la continuidad, el incremento y la aceleración de la destrucción del territorio con todas las consecuencias que todo mundo sabe genera la extracción minera en el mundo entero.

¡NO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ II!

¡RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO MINERO!

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Imagen: NVI Noticias

Más información: