Guanajuato: SEMARNAT niega, por cuarta ocasión consecutiva, Autorización de Impacto Ambiental al Proyecto Minero Cerro del Gallo, en Doleres Hidalgo

Compartimos comunicado de Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender Dolores Hidalgo de la devastación minera – A 4 de diciembre del 2021

El pasado mes de septiembre de 2021, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resolvió el proceso de evaluación de impacto ambiental, solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., filial de la minera canadiense Argonaut Gold, para su proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, C.I.N., publicado el pasado 2 de diciembre en el número 54 de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT.

En este día de la fiesta patronal de Santa Bárbara, una de las comunidades más grandes amenazadas por el desastre del proyecto minero a cielo abierto del Cerro del Gallo, las mujeres y hombres de las comunidades afectadas, en conjunto con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), celebramos también con mucha alegría y comunicamos a los habitantes de Dolores y del resto de la Cuenca de la Independencia que, después de una larga revisión, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la SEMARNAT, ha resuelto el siguiente:

I. Resolutivo
La SEMARNAT resolvió NEGAR la autorización en materia de impacto ambiental solicitada para el proyecto, así como archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole que no podrá realizar la ninguna obra o actividad. Sin embargo, la empresa mantiene a salvo su derecho para intentar obtener la autorización en materia de impacto ambiental, una vez más, y podría impugnarla.

II. El proyecto es INCOMPATIBLE con las políticas y programas de Ordenamiento Ecológico
Los diversos instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio, señalan que la política ambiental de la zona que sería impactada con la operación del proyecto, es de restauración y aprovechamiento sustentable y tiene como eje rector de desarrollo la agricultura y preservación de flora y fauna.

Es importante destacar que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Dolores 2018 (PMDUOET), señala que el sitio destinado al desarrollo del proyecto minero, se ubica dentro de la UGAT número DOL-078, la cual contempla una política ambiental de restauración ecológica.

En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Dolores Hidalgo, en su Opinión Técnica emitida el 23 de marzo de 2021, informó que el proyecto “Cerro del Gallo” es INCOMPATIBLE, debido a que se contrapone totalmente a la restauración ecológica, y solicita se analice el Impacto que éste proyecto tendría en las zonas de recarga pluvial y recomienda que se analice el impacto social, pues la sociedad civil y organizada se ha manifestado en contra del proyecto en repetidas ocasiones y de manera constante.

III. Blindaje del territorio
Con base en las opiniones técnicas incluidas en el documento resolutivo de la SEMARNAT, así como en base a la expresión popular manifestada el pasado 21 de noviembre en la Plaza Principal de rechazo al proyecto Cerro del Gallo y a la empresa Argonuat Gold, pero también

con base en el compromiso dado el pasado 17 de mayo por el candidato del Partido Acción Nacional, Adrian Hernández Alejandri, actual presidente municipal, a las comunidades directamente afectadas, exhortamos firmemente a las autoridades municipales a prohibir de manera definitiva el otorgamiento de permisos de uso de suelo para megaproyectos mineros, mediante un Acuerdo del Ayuntamiento para declarar al Territorio de Dolores Hidalgo como Libre de Minería, blindando al municipio, a sus bienes comunes naturales y a su gente, contra este tipo de proyectos depredadores, y que este sea el primer municipio de la Cuenca de la Independencia en blindarse.

IV. Cancelación de concesiones de agua para el proyecto Cerro del Gallo
Dado el deterioro ecológico de la región, y el abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, exhortamos a las instituciones de los tres niveles de gobierno, a impulsar y favorecer proyectos de restauración de los ecosistemas y de aprovechamiento sustentable del agua, para reactivar la economía rural en la región, con la participación de la población organizada de las comunidades campesinas.

Para ello es indispensable un cambio radical en la política de gestión del agua en todo el territorio, que no se siga favoreciendo de manera preferente a las grandes empresas de agro-exportación que continúan extrayendo grandes volúmenes de agua en esta región en la que el agua es insuficiente para el consumo humano de las comunidades; y que se revoquen las inmorales concesiones por un total de 1,440,000 metros cúbicos de agua al año, en favor de la empresa San Antón de las Minas SA de CV, filial de la canadiense Argonaut Gold.

Invitamos a todos los colectivos contrarios a la mina, al Movimiento Social, a CEDESA, a Guardianes de la Cuenca de la Independencia y a todos las personas concientes de esta amenaza, a que caminemos unidos en contra de este ipo de proyectos depredadores y por proyectos que favorezcan el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡FUERA ARGONAUT GOLD DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS EN LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA!

Imagen: ColectivoGCI

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Zacatecas: Afectados por minera de Carlos Slim en Mazapil sostienen que no dejarán solo al activista Roberto de la Rosa ante citatorio de un juez

Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021

  • De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
  • El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
  • Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –

Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

Imagen: ANDRÉS SÁNCHEZ – La Jornada Zacatecas

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La Consulta ¿Un derecho o un Instrumento de Legitimación del Despojo?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021

El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.

De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.

Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.

Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.

No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.

En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.

Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.

El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.

Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.

Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.

Diciembre 2, 2021

ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO
RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Imagen: Desinformémonos

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Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

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Conversatorio: ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?

Compartimos esta invitación para participar en el conversatorio organizado por Mining Wacht Canadá este martes 3 de octubre 2 de la tarde hora México

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¿Tiene el gob canadiense derecho a engañar al público? ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en México sobre la rendición de cuentas en Canadá?

¿Qué dice el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas, México, sobre la responsabilidad del gobierno canadiense?

Se podría pensar que los servidores públicos están obligados a seguir las políticas y procedimientos ante los que los funcionarios del gobierno canadiense testifican en el Parlamento o publican en el sitio web del gobierno. Pero un fallo reciente de la Corte Federal dice que esto no es necesariamente así. Ese caso se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Apelaciones.

Con el apoyo de organizaciones mexicanas y canadienses, la familia del defensor ambiental Mariano Abarca, quien fue asesinado en 2009, busca una investigación en la Embajada de Canadá en México. Creen que el cabildeo incondicional de la Embajada en apoyo de una empresa minera canadiense puso la vida de Mariano en mayor peligro en el período previo a su asesinato.

Esta mesa redonda discutirá la práctica canadiense cuando se trata de embajadas en el extranjero y conflictos sobre las operaciones mineras canadienses, preguntando si el caso de Mariano es el patrón o una excepción. También exploraremos qué política se debe esperar que sigan los funcionarios canadienses en tales casos, y cómo se cumplen las obligaciones de derechos humanos de Canadá. Finalmente, ¿tenemos alguna forma de pedir cuentas a los funcionarios públicos cuando las cosas van mal?

Moderador: Bianca Mugyenyi, Directora, Instituto Canadiense de Política Exterior

1a hora: diplomacia económica

  • Representante de la familia Abarca de Chicomuselo, Chiapas, México
  • Charis Kamphuis, Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa
  • Jen Moore, Programa de Economía Global, Instituto de Estudios de Políticas
  • Nicholas Pope, abogado del caso, Hameed Law, Ottawa

2da hora: enfoques para la ejecución Reflexiones del panel de expertos

  • Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá
  • Representante de Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales
  • David Yazbek, abogado, Center for Freedom of Expression Reflexiones de Soledad García Muñoz, Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH

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ARGONAUT GOLD Y LA PERSISTENCIA DEL ENGAÑO “El Despojo en Contubernio con el Gobierno de Guanajuato”

Comunicado de Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de septiembre del 2021

Dolores Hidalgo CIN, Gto., 20 de septiembre 2021
El gobierno del estado de Guanajuato, a través de su Secretaría de Educación, se ha sumado a la empresa canadiense Argonaut Gold, en su persistente intento de engaño a las comunidades cercanas al proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo.

El pasado 16 de septiembre se dio a conocer en algunos medios de comunicación que Monserrat Bataller Sala, delegada regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato y Lourdes Macpherson, gerente de asuntos corporativos y comunicación de Argonaut Gold México, realizaron un evento conjunto para la entrega de mochilas y útiles escolares a las y los alumnos de la telesecundaria 892 de la comunidad de San Antón de las Minas.
Previamente, 13 de julio, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con directivos de la minera Argonaut Gold para darle la bienvenida a sus proyectos en el Estado de Guanajuato, ello pese a que su proyecto aún no cuenta con los permisos necesarios para operar.
La “cara amable” del despojo

Entre las estrategias que utilizan las empresas mineras para acercarse a las comunidades, está la utilización de programas con cara social, como el que promueve “Argonaut Gold Becarios” quien, aprovechando la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación, ofrece “progreso, desarrollo y mejores oportunidades” a las y los pobladores, aunque en realidad sólo una pequeña parte lograría integrarse a la actividad económica como mano de obra barata, mientras el resto observa la destrucción de su vida comunitaria.

No extraña que, tanto la empresa como el gobierno, usen los ya conocidos estándares no vinculantes de “responsabilidad social corporativa” para hacer creer a la población que la minería es una actividad preponderante, cuando en realidad es todo lo contrario porque, de todas las actividades extractivas que están acabando con el planeta, sin duda, la minería es la que mayores daños genera. Es común que usen este marco de estándares construidos por ellas mismas para disfrazar y esconder el despojo y desplazamiento que ocasionará el extractivismo de “cara amable”. Las empresas mineras son expertas en lucrar con las necesidades que gobiernos como el de Guanajuato generan a partir de su incapacidad para plantear alternativas ambiental y culturalmente apropiadas, no sólo para las familias más vulnerables, sino para la población en general. Las empresas mineras, como Argonaut Gold, pretenden encubrir el peligro que implica la minería “de tajo a cielo abierto” e intentan incidir en la percepción de las madres de familia de las comunidades, quienes por lo regular se hacen cargo de la educación y cuidado de la niñez. Es lamentable que el gobierno de Guanajuato, quien debería ser garante de todos los derechos humanos, apoye este sistema que se sustenta en la acumulación por desposesión, respondiendo así a las exigencias del modelo patriarcal, capitalista y colonial tan acentuado en esta región del país.

No tenemos la menor duda, de llegar a operar el proyecto minero Cerro del Gallo, se generará una catástrofe socioambiental irreversible y sin precedentes en la región, tal cual la hemos visto, vivido y documentado en muchas partes de México y de Latinoamérica. Basta de políticos/as y representantes que sólo ven en las inversiones una salida a sus incapacidades como gobernantes.

El proyecto minero de Argonaut Gold, se ubica en el Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio en el que el agua escasea, la sobreexplotación de su acuífero subterráneo es alarmante y el equilibrio hidrológico fue roto hace décadas y, a pesar de ello hay inmensas concesiones de agua acaparadas por grandes empresas del sector agro-exportador, así como del industrial. No es casual que el severo estrés hídrico de la Cuenca nos esté llevando a extraer agua a cerca de 600 metros de profundidad, lo que implica consumir agua de forma directa e indirecta a través de alimentos, enriquecida con varios metales y metaloides entre ellos el fluoruro y el arsénico respectivamente, ambos altamente dañinos para la salud humana.

Si la mina del Cerro del Gallo empezara a operar, los daños para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial, tal como sucede en todas las comunidades en donde existe una mina. A los daños por la contaminación se suma la desaparición de fuentes de agua por agotamiento y acaparamiento por la actividad minera, ocasionando una insuficiencia de agua para el consumo humano en las comunidades.

La apertura de una mina implica una violación absoluta de todos los derechos humanos tal cual como los conocemos, empieza con el despojo y concluye con el desplazamiento forzado/involuntario de las y los habitantes ante la imposibilidad de mantener o construir una vida digna.

Ante esta amenaza, las y los habitantes de las comunidades directamente afectadas, tales como Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro El Sisote y San Marcos, han manifestado en repetidas ocasiones su rechazo tajante a la apertura de la mina Cerro del Gallo, logrando incluso que las y los candidatos a la presidencia de Dolores Hidalgo firmaran, durante la pasada campaña electoral, compromisos de no otorgar permisos de uso de suelo ni de construcción para ningún tipo de mega proyectos extractivos, incluyendo al presidente electo, Adrián Hernández Alejandri.

No a la mina Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

Fuera Argonaut Gold de nuestros territorios


Acción Colectiva @acolectivamx León, Guanajuato

COMPROMISO DE BLINDAJE DEL TERRITORIO. MIGUEL ÁNGEL RAYAS ORTIZ.

DOCUMENTO: COMPROMISO DE BLINDAJE DEL TERRITORIO. ADRIÁN HERNÁNDEZ

Imagen: Kz Araiza – Mas de acá

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El cinismo del Auto Elogio Minero. Más premios a la devastación de los territorios

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de septiembre del 2021

En septiembre de 2015, la caduca Organización de las Naciones Unidas (ONU), cooptada por grandes intereses corporativos, adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para ser alcanzados en el 2030 donde destacó la importancia del sector privado para lograrlos. Ya van seis años y quedan nueve, y no se ven los avances y mucho menos con la supuesta Responsabilidad Corporativa de las empresas mineras que son la antítesis de los supuestos ODS:  1) Fin de la Pobreza; 2) Hambre Cero; 3) Salud y Bienestar; 4) Educación de Calidad; 5) Igualdad de Género; 6) Agua Limpia y Saneamiento; 7) Energía Asequible y No Contaminante; 8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico; 9) Industria. Innovación e Infraestructura; 10) Reducción de las Desigualdades; 11) Ciudades y Comunidades Sostenibles; 12) Producción y Consumo Responsables; 13) Acción por el Clima; 14) Vida Submarina; 15) Vida de Ecosistemas Terrestres; 16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y 17) Alianzas para lograr los Objetivos.

Así, el pasado 30 de Agosto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entregó por doceava vez el premio “Premio Ética y Valores edición 2021” a la empresa minera Fresnillo plc, por sus supuestas mejores prácticas en torno a 4 de los 17 ODC: 3) Salud y Bienestar, enfocado en el tratamiento de Covid-19; 5) Igualdad de Género; 8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico; y 13)  Acción por el Clima-Medio Ambiente. Además, la entrega de Concamin del Premio por Trayectoria Ética y Valores en la Industria y Premio a Práctica Destacada en Salud y Bienestar a Industrias Peñoles,  son unos ejemplos del cinismo empresarial que pretende ocultar la destrucción que produce el modelo extractivo minero en los suelos de manera definitiva, la pérdida de biodiversidad, el uso excesivo de energía y agua que además contamina, la afectación en la salud comunitaria que no se resuelve con charlas y distribución de cubre bocas durante la pandemia, la pérdida de cultivos y culturas, la pobreza, el desplazamiento, la apropiación de territorios, hasta los asesinatos de defensoras y defensores de la vida en manos de las empresas mineras.

Abonando al cinismo de su premio. No podemos olvidar que la empresa Fresnillo plc, ha perdido 67 juicios agrarios interpuestos por 67 miembros del ejido EL BAJIO en Sonora. Las sentencias estipulan que la minera debe desocupar y entregar las tierras, regresar las tierras al estado que tenían antes de la ocupación, devolver el oro que extrajo la empresa e indemnizar a las y los ejidatarios por el uso de sus tierras (https://ejidoelbajio.mx/2021/04/06/historia-legal-del-caso/). En lugar de acatar estas sentencias, la misma empresa es señalada como copartícipe del hostigamiento, asesinatos y desapariciones forzadas de integrantes del mismo ejido, quienes han sido invadidos en su territorio por la actividad minera.

La ONU además de quedar en ridículo ante estos actos de cinismo por parte de las empresas, se convierte en cómplice del despojo y la destrucción de los pueblos, pues las corporaciones se ríen, y encima se premian, por incumplir los “Objetivos de Desarrollo Sustentable”, tan cacareados por este organismo internacional.

No cesaremos de denunciar los efectos destructivos del actual modelo extractivo minero cuya actividad es la antítesis de la vida de los pueblos y la sobrevivencia de nuestro planeta. Exigimos al Gobierno Federal congruencia con su discurso y a la SEMARNAT con su misión. A la ONU le decimos que no le creemos y que no le permitimos que nos siga tratando de engañar con su falso y manipulador discurso de los derechos humanos.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: En imagen de archivo, tajo principal de Peñasquito en Mazapil, Zacatecas. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

Más información:

Las incongruencias de SEMARNAT

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre una de las grandes consecuencias de la minería la contaminación y uso indiscriminado de agua durante sus procesos – A 25 de agosto del 2021

Mientras el 2021 ha sido declarado como uno de los años de mayor intensidad en sequías en décadas -poniendo de manifiesto una de las expresiones ambientales relacionadas con el calentamiento global-, a nivel mundial, continúa el dictamen de una agenda “ambiental ambivalente, tenue e incluso hasta contraria a la protección de la naturaleza, tal cual sucede en México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien continúa autorizando proyectos de exploración y explotación minera, sabiendo -porque lo han hecho manifiesto-, es una de las actividades que más daños ocasiona al ambiente y a la salud, es la que genera más conflictos socio-ambientales en el país y, por si fuera poco, desaparece, contamina y usa una cantidad inmisericorde de agua durante su operación.

En mayo de este año, varios medios de comunicación dieron a conocer la más severa sequía que México ha tenido desde hace décadas. Ese mismo mes, durante una entrevista para BBC Mundo, el Dr. Jorge Zavala Hidalgo, Coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, informó que “cerca del 87.5% del territorio mexicano sufre sequía de distintas intensidades”.

En ese mismo contexto, el 11 de agosto pasado se publica, en el Diario Oficial de la Federación el; “Acuerdo de Carácter General de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa, Extrema o Excepcional en cuencas para el año 2021”, https://dof.gob.mx/nota_detalle.phpcodigo=5626309&fecha=11/08/2021 emitido por la SEMARNAT, en base a los resultados de los análisis y dictámenes realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Monitor de Sequía de México que forma parte del North American Drought Monitor.

Tan sólo en el mes de mayo, los Indicadores de Monitoreo de Sequía de CONAGUA reportaban sequía de moderada a excepcional, en 15 estados del país en un 100% de su territorio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas; mientras que San Luis Potosí y Nuevo León reportaban arriba del 96%. https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/indicadores-del-tipo-de-sequia

Según el estudio “Los Millonarios del Agua, una aproximación al acaparamiento del agua en México” de los investigadores de la UNAM, Wilfrido A. Gómez y Andrea Moctezuma, “ArcelorMittal” explota cada año en México 100.5 hectómetros cúbicos (hm3) de agua con lo que se llenarían 100 Estadios Azteca, así como la Minera Peñasquito de la empresa estadunidense/canadiense Newmont Goldcorp, explota un volumen de 50 hm³ por año en el municipio de Mazapil, Zacatecas, al igual que sucede con la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México, quien tiene concesionados 53 hm³ (equivalente a cincuenta y tres mil millones de litros) de agua por año. Se trata de solamente tres casos de aproximadamente 1,500 proyectos mineros que se encuentran en exploración, desarrollo y explotación en el país. Ese mismo estudio nos dice que “de los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados”.

En un documento del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA-SEMARNAT) que lleva por nombre “Agua y Minería” https://www.imta.gob.mx/gobmx/DOI/perspectivas/2021/b-imta-perspectivas-2021-08.pdf, nos dice que a pesar de que el 38% de los proyectos mineros se encuentran en zonas de acuíferos sobre-explotados, no se conoce con precisión el volumen de agua que usa la minería, debido a que los procesos de explotación no utilizan solamente los volúmenes concesionados por CONAGUA -a través del Registro Público de Derechos de Agua (Repda)-, ya que el marco legislativo permite el uso libre de recursos hídricos en los procesos de explotación y beneficio sin requerir concesión cuando “encuentran” mantos subterráneos durante la extracción.

Así mismo, el documento da a conocer “una estimación del uso del agua no concesionada en base a las toneladas de metal producido, la ley promedio o el porcentaje de metal contenido en los minerales y los indicadores de m³ de agua por tonelada de mineral producido, dando por resultado la desaforada y descomunal cifra de 1,128.9 hm³ de agua”. Así que, retomando el ejemplo anterior que nos dieron los investigadores de la UNAM, en el cual citan que 100 hm³ de agua es igual a llenar 100 Estadios Aztecas, no cabe duda del inmenso tamaño del despojo del cual somos objeto las y los mexicanos, a causa de la devastadora actividad minera que se desarrolla en México, tanto por empresas privadas de mexicanos como de extranjeros.

A mitad del sexenio, este mismo en el que se promulga un cambio verdadero, es indispensable hacer un alto en el camino para analizar el rumbo, las posturas políticas incongruentes, la agenda no sólo ambiental sino la productiva y de consumo capitalista, la inconsistencia e irracionalidad de la transición energética, la continuidad de un modelo de consumo preponderantemente apuntalado en los hidrocarburos, porque en buena medida son el centro de lo que estimula la instrumentación del modelo extractivo tal como lo conocemos, el cual sin duda alguna, tiene a su mejor exponente en la actividad minería. Las verdaderas causas del calentamiento global son el centro del debate y no el problema que se gesta por el uso de la irracionalidad técnica y tecnológica que, desde la permisibilidad de la política, sus políticos y las leyes, se tejen entramados que se toleran e instrumentan para si mismas.

Si este gobierno de la 4T se jacta de no ser lo mismo que sus antecesores –aunque ya va tarde-, debe comenzar por uno de los componentes más simples, pero a la vez más importantes y sensibles para la toma de decisiones: la información. Es absurdo que, a estas alturas del desarrollo cibernético, sigamos sin tener información oportuna, fidedigna y legible de parte, por ejemplo, de la institución que otorga las concesiones de agua -en este caso CONAGUA-, sobre cuánta y quiénes están sobreexplotando y/o contaminando el agua, para, en consecuencia, tomar las decisiones que lleven a la rendición de cuentas y orienten el usufructo de un recurso tan esencial como estratégico para la vida en su conjunto.

Por supuesto ofende que, la SEMARNAT, conociendo los estudios publicados por el IMTA, y que prácticamente en conjunto emiten un Acuerdo de carácter emergente por sequía severa o extrema, continúe autorizando proyectos de exploración y explotación minera, primero porque refuerza el extractivismo y legitima la actividad que más daños genera al ambiente, a  la vida y a la salud de la población y, segundo, porque además refuerza lo que en REMA hemos señalado varias veces: de nada sirve que este gobierno no autorice la entrega de más y nuevas concesiones mineras, porque con las 20,071 concesiones que tenemos vigentes en la actualidad, hay de sobra para que destruyamos México. De qué sirve no entregar nuevas concesiones, si la Semarnat y Conagua continúan entregando permisos de agua o manifiestos de impacto ambiental a quienes ya poseen las concesiones para la exploración y de extracción de minerales, de tal manera que sus acciones ratifican la permisibilidad para que las empresas continúen con el uso estratosférico del agua además de permitirles contaminarla a lo largo y ancho del país.

Para ratificar lo expuesto señalamos que, durante los últimos 5 meses que abarcan los meses de mayor sequía y la publicación del citado Acuerdo, han sido autorizados 36 proyectos de exploración minera en los estados de Zacatecas, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Nayarit y Durango; así como 28 proyectos de explotación minera en Zacatecas, Coahuila, Sonora, Estado de México, Durango y Nuevo León, sin incluir los proyectos de extracción de materiales pétreos. Vale la pena resaltar que todos los Estados que recibieron permisos de exploración y explotación minera “coinciden” con los que tienen la presencia de un alto grado de estrés hídrico.

Para REMA es incongruente e incomprensible que en este gobierno tengamos una continuidad de los mismos patrones de entrega de nuestros bienes naturales, como sucedió en los gobiernos anteriores, sobre todo porque en este gobierno continúan prometiendo cambios de fondo, pero que en la realidad no vemos ni medianamente cerca. Está claro que no importa si tenemos científicos o defensores de la naturaleza en las instituciones a cargo de los temas ambientales o de los bienes naturales, porque la forma en la que se define la gobernanza continúa totalmente desfasada de la realidad que enfrentamos. Continuamos con instituciones que actúan desarticuladas o por mandatos efímeros y, sobre todo, continúa el ocultamiento o la falta de presentación o la falta de generación de información en donde se muestren los abusos y los severos daños que la minería causa a las comunidades y al ambiente, en una clara tendencia de proteger los intereses de particulares, tal cual sucede con el tan sonado caso de la contaminación al río Sonora por la poderosa e intocable empresa de Grupo México.

No es una petición, es una realidad, sin información o con información incompleta, sesgada o distorsionada el corazón del modelo extractivo seguirá intacto, en consecuencia, se diga lo que se diga, en este gobierno prevalece la continuidad del despojo y del desplazamiento forzado y lejos estamos de acabar con la corrupción, de terminar con la impunidad y de llevar a la rendición de cuentas a los saqueadores del planeta.

¡EXIGIMOS CONGRUENCIA PARA LAS INSTANCIAS QUE SUPONE DEBEN PROTEGER NUESTROS BIENES NATURALES!

¡MORATORIA QUE DETENGA LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS!  

¡POR UNA SEMARNAT QUE NO ACTUE COMO VERDUGO DE LOS PUEBLOS!

¡TERRITORIO LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

Oaxaca: REMA se suma a las exigencias de la Comunidad de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Solicitando a la SEMARNAT no ceder ante la presión del Lobby que impulsa la ecocida minera canadiense Fortuna Silver Mines

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados de la Minería REMA sobre la voracidad minera en México y la resistencia de los pueblos en la defensa de su territorio – A 21 de agosto del 2021

El pasado 22 de julio de 2021 a través de la Gaceta Ecológica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), nos enteramos de la negativa que le hace a la Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, relacionada con el permiso de ampliación del proyecto minero denominado “San José II”. No obstante, la soberbia y la impunidad con la que opera esta empresa contaminante, inició todo un procedimiento de lobby mediático en medios locales     -estatales y redes sociales-, intentando manipular la opinión pública y sacando de foco lo que en realidad está conforme a su derecho al iniciar el proceso de impugnación para intentar revertir la negativa que, por el momento acota y evita la continuidad de la destrucción que ya se vive y se siente en la zona conocida de Valles Centrales, en particular lo que vive la población de Magdalena Ocotlán, pero también las secuelas que se empiezan a sentir en el municipio vecino que corresponde a San Pedro Apóstol.

No es la primera vez que observamos estas prácticas mediáticas e incluso políticas que utilizan las empresas cuando les es negado alguno de sus procedimientos e intentan por todos los medios revertir, lo que ya ha sido dictaminado. Tampoco sería la primera vez que dicha empresa muestre su capacidad política y agresiva, la cual existen antecedentes documentados en los que, con el uso del estado y de grupos armados ilegales, ha instrumentado diversas agresiones contra las y los defensores del territorio zapoteca.  La Minera Canadiense Fortuna Silver Mines desde que se instaló en la región ha recurrido al uso de violencia, además de realizar actos de coacción con la cooptación de autoridades agrarias y municipales de los núcleos agrarios y municipios que circundan la zona del proyecto.

En este sentido, no podemos olvidar que, en el 2009, la Minera Fortuna Silver Mines fue la autora intelectual del desalojo violento de un plantón pacífico instalado por defensores del territorio en la entrada de “su” mina en San José del Progreso Ocotlán; 24 detenciones arbitrarias; decenas de cateos ilegales en la Comunidad de Magdalena Ocotlán y una feroz persecución de los defensores del territorio zapoteca.

Tampoco olvidamos los hechos recurrentes de violación a los derechos humanos y ambientales que, durante 12 años de operación, la Minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines se mantienen en total impunidad, haciendo totalmente la colusión con las autoridades ambientales de todos los niveles. Esta empresa tiene una larga data de: despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo, continúan incrementándose las enfermedades que antes eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado. Como ejemplo citamos que, en octubre de 2018, causó un derrame tóxico de 1´516,000 litros de jales mineros que contaminaron con metales pesados altamente tóxicos varios kilómetros de cauce del Río Coyote afectado a 7 comunidades; así como también se trasladaron los daños al Río Atoyac, por ser este en donde desemboca. Por si fuera poco, el desastre y, a pesar de disponer de las pruebas de los análisis de agua realizado por las dependencias de gobierno, CONAGUA y PROFEPA exoneraron a la ecocida Fortuna Silver Mines.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos y acompañamos la exigencia de la Comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán para que SEMARNAT se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado “San José II”, ya que una ampliación de dicho proyecto implicaría: la continuidad, el incremento y la aceleración de la destrucción del territorio con todas las consecuencias que todo mundo sabe genera la extracción minera en el mundo entero.

¡NO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ II!

¡RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO MINERO!

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Imagen: NVI Noticias

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[Video] Serie: Voces en resistencia III – Amenazas en la Zona Zoque en el Norte de Chiapas

Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este tercer capítulo, les compartimos el testimonio de una participante a la Escuela Popular Ejidal y comunal donde nos cuenta algunas de las amenazas que enfrenta el territorio zoque.

Más información:

Solidaridad con Olga Velázquez del Comité Ambientalista del Valle de Siria, Honduras

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 31 de julio del 2021

La REMA expresa su profunda preocupación por el bienestar y la seguridad de la compañera Olga Velázquez del Comité Ambientalista del Valle de Siria en la municipalidad de Cedros, departamento de Francisco Morazán, Honduras, ante el acto de intimidación e intromisión de forma violenta a su domicilio, que sufrió por la noche del 28 de julio en su casa.

Olga Velázquez es una defensora del medioambiente y de la salud de los pueblos en la municipalidad de Cedros y miembro del Comité Ambientalista del Valle de Siria que ha llevado a cabo una lucha histórica en contra de los daños a la salud generados por la extracción de oro de la mina San Martín propiedad de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora fusionada con la empresa minera estadounidense Newmont), la cual operó en Valle de Siria del año 2000 al 2008.

En 2012, la REMA participó junto con el Comité Ambientalista del Valle de Siria en el Tribunal Popular Internacional de Salud en donde se demostró la documentación de los severos daños a la salud de la población que vive en el entorno de la extracción minera, evento en el cual se hizo un fuerte señalamiento, en especial, a las operaciones de la empresa Goldcorp, la cual operó y genero los mismos daños tanto en Honduras, como en Guatemala y México. Este intercambio de experiencias fue fundamental para informar a los pueblos de los tres países que participaron, de tal manera que facilitó el análisis sobre la similitud de los resultados sobre los daños que vive la población no importando la región, la zona o el país en donde se encuentre. Desde entonces, ese bagaje de daños ha sido compartido en muchos pueblos de México, lo cual ha ayudado a fortalecer muchos procesos de resistencia.

Actualmente, la lucha por la vida ante la megaminería en el Valle de Siria vuelve a levantarse por la reactivación de una mina de barita en la aldea Montañita en la municipalidad de Cedros, por lo tanto, derivado del contexto anterior y de la importancia del trabajo del Comité Ambientalista Valle de Siria y en especial de la compañera Olga Velázquez, no tenemos duda que nuevamente está siendo hostigada por su reconocido papel y liderazgo en defensa de la naturaleza y de la vida.

Cabe mencionar que durante la tarde-noche del miércoles 28 de julio, hombres vestidos de policía, pero sin identificaciones que lo confirmaran, irrumpieron sin ninguna justificación a la casa de la defensora. La defensora informó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que a eso de las 8:00 PM aproximadamente, cinco hombres vestidos con uniformes de la Policía Preventiva llegaron a su casa y, abusivamente tres de ellos ingresaron a la misma, dos al patio y uno entró hasta el corredor. Según señaló la defensora, le hizo raro que llegaron preguntando dónde quedaba la Iglesia Católica.

Además, señaló que no se transportaban en una patrulla policial como es debido, sino que ellos andaban en un carro Hilux, color gris, con placas 04919 y vidrios polarizados. La defensora dijo al COFADEH que, días antes un carro similar, se estacionó frente a su casa y con ellos andaba una patrulla.

Condenamos este acto de intimidación y persecución a Olga Velázquez y exigimos que las autoridades nacionales e internacionales le brinden la protección necesaria a la defensora. Estaremos pendientes ante la lucha en contra de la minera en el Valle de Siria y por la seguridad de la compañera, tal como para seguir denunciando estos recurrentes amenazas y ataques a quienes optan por la vida y la salud de los pueblos ante el modelo minero de muerte.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Confidencial HN

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