Omiten información en proyecto de Tren Maya: Articulación Yucatán

Compartimos esta nota publicada en La Jornada Maya – A 26 de agosto de 2020

Grupo de investigadores expone conferencia sobre impacto ambiental

Investigadores de Articulación Yucatán expusieron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya omite información, ofrece un mal análisis y que el hecho de haber dado a conocer el estudio después del banderazo de inicio de la obra “da una imagen ficticia de los impactos”, indicó Rodrigo Patiño Diaz, integrante del Equipo Nodal de la agrupación.  

Indicaron que el proyecto se ha caracterizado por su falta de información, no tomar en cuenta a la población local, indígena y académica de la región, además que carece del trabajo coordinado de otras secretarías esenciales para esta obra, como la del Medio Ambiente, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre otras.  

Expusieron lo anterior este 25 de agosto en la conferencia El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Tren Maya: un análisis crítico desde la sociedad, organizada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).  

Ivet Reyes Maturano, también del Equipo Nodal de Articulación Yucatán, expuso que dentro de las deficiencias encontradas en la MIA está que se dio el banderazo de inicio del Tren Maya, antes que el estudio de diera a conocer.  

Otra, agregó, es que la descripción del proyecto de la MIA es fragmentada y presenta serias contradicciones referentes a su naturaleza y objetivo, reducen las actividades que serán sujetas de evaluación de impactos, se reduce el estudio sólo a las vías férreas y no lo hace completo.    

El proyecto, dijo, abarca cinco estados, pero la MIA sólo comprende lo que llaman la fase 1. “Esto no deja ver la dimensión de los posibles impactos pues es probable que el tren potencialice agronegocios con efectos en la extracción de recursos y contaminación.  

De acuerdo con los investigadores, el proyecto ofrece una concepción limitada acerca de la movilidad, no se habla sobre el flujo migratorio que se podría dar en varias regiones, ni el escenario respecto al desplazamiento de personas con propiedades dentro de derecho de vía existente.  

A la par, el estudio omite información sobre posibles afectaciones que se podrían dar en la Reserva de Cuxtal, zona importante para abastecimiento de agua a Mérida, y recarga de acuífero.    

Soluciones  

Ante este panorama, Patiño Diaz propuso utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento de política pública para planes y programas de desarrollo, es una herramienta holística, transdisciplinaria y multiactor, que se marca en un proceso de transparencia y participación ciudadana.  

Explicó que analiza la capacidad de carga del territorio y necesidades locales, puede adaptarse para considerar los saberes locales y la libre determinación de los pueblos originarios; se basa en ordenamientos ecológicos, territoriales y considera impactos acumulativos y sinérgicos, no evalúa proyectos individuales, sino un futuro deseable para la región y   analiza distintas opciones de desarrollo y se elige la más sustentable.

Edición: Enrique Álvarez

Imagen: Fernando Eloy

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¿Por qué nos oponemos al Tren Maya?

Compartimos este artículo de opinión publicado en El Heraldo de México sobre el proyecto del Tren Maya – A 22 de julio de 2020

Por Marco Antonio Ortiz Salas*

Lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental

Los programas y obras insignes de la cuarta transformación han sido duramente criticados, a veces por la falta de resultados a pesar de las cifras oficiales y veces por los daños ambientales, culturales y sociales que provocarán a las comunidades. Tanto en el Tren Maya cómo en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se han tratado de minimizar las diversas afectaciones que consigo acarrean, de las que sin duda las ambientales son las que generan mayor preocupación.

Reiteradamente se dice que la causa de la pobreza, marginación y desigualdad en México es por el “modelo neoliberal” del que todos (incluido el presidente) alardean, sin embargo, lo que no se plantea desde el ejecutivo es que el desarrollo de sus megaproyectos son desde una óptica económica y social contraria a la sustentabilidad. La construcción del Tren Maya ocupa mayor atención ya que seguramente alcanzará otras esferas del derecho internacional, no sólo porque viola gravemente los derechos humanos de los habitantes de la zona que verán trasgredida su autonomía y, cómo ha sido una constante en este gobierno, no tendrán acceso a la información necesaria que les permita saber el grado de afectación. Por si fuera poco, dejarán de tener el acceso ancestral a los recursos naturales que representan la mayor parte de lo que para ellos es su identidad.

Los intereses del capital, los grandes depredadores siempre menosprecian al medio ambiente. Aquí en México la contaminación del aire y del agua, la deforestación, así como la erosión indiscriminada han alcanzado los niveles más alarmantes de los que se tenga memoria. Ahí radica nuestra preocupación sobre el Tren Maya porque su justificación sólo se basa en un discurso demagógico que aduce al crecimiento económico, la creación de empleos, el desarrollo sostenible de cinco Estados, el fin de la tala clandestina e ilegal y la protección al medio ambiente. Sin embargo, no se ahonda en datos de suma importancia que deberían estar plasmados en la manifestación de impacto ambiental o en el proyecto ejecutivo. Situación similar se vivió en la administración de Enrique Peña Nieto en la que, tras las denuncias de organizaciones campesinas y ecologistas, se logró tener acceso al proyecto ejecutivo en el que se constató la enorme corrupción ligada a la construcción del NAICM, lo que provocó un largo enfrentamiento social y jurídico que demostró las afectaciones ambientales y las violaciones a los derechos de los campesinos de la zona.

Por eso es muy grave el problema ambiental y el desdén de las autoridades ambientales y de gobernación, porque más allá del aprovechamiento de las líneas ferroviarias existentes, que por supuesto es correcto, lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental, pues no se consideran algunas de las afectaciones que se generarán cómo la contaminación al acuífero de Yucatán, la deforestación, la extinción de la flora y la fauna y la fragmentación de los ecosistemas a pesar de su enorme riqueza biocultural. Cualquier estudio ambiental riguroso advertiría sobre la reducción significativa de los suelos de conservación ecológica y de las áreas naturales protegidas o la aceleración en los cambios de uso de suelo a nivel estatal y municipal. Por cierto, resultaría interesante saber si la 4T ha analizado si los 50 municipios que atravesará el Tren Maya cuentan con la infraestructura para hacer frente a este proyecto. La respuesta es anticipada: ni siquiera han sido tomados en cuenta. Y socialmente hay que mencionarlo cómo es: el Tren Maya fomentará la desigualdad y contribuirá a la división en las comunidades pues lejos de construir verdaderas estructuras de diálogo que deriven en el consentimiento de las mayorías, se ha optado por maquillar consultas en las que la respuesta se conoce desde antes. ¿En qué democracia se recurre a simular consultas cuando se tiene la oportunidad de generar los consensos necesarios para legitimar una obra de este alcance? Un gobierno que se dice de izquierda, no legitima sus megaproyectos con una consulta amañada, se legitima con la inclusión de todas las voces, a pesar de que haya quienes estén en contra.

En fin, manifestarnos en contra de la construcción del Tren Maya no es a partir de una posición beligerante como quieren hacerlo ver. Esas posturas sólo tienen cabida en BOA o FRENAA. Nosotros nos oponemos al atentado en contra de las comunidades indígenas y campesinas, al ecocidio que se pretende llevar a cabo, al desplazamiento forzado del que seguramente serán presa nuestros hermanos indígenas. Si López Obrador contara con el más mínimo sentido de humildad buscaría acercarse a la totalidad de los sectores, incluso con el EZLN pues no habría mejor señal de voluntad política que el mandatario nombrara una comisión de funcionarios con absoluta credibilidad que visite a los zapatistas, que inicien un diálogo permanente en el que se diriman las opiniones diversas. AMLO tiene una enorme puerta de acceso con el zapatismo llamada “diálogo” que pudiera darle cause a la solución de este conflicto y que además generaría condiciones para resolver las demandas pendientes desde los acuerdos de San Andrés. Quizá la 4T no encuentre forma humilde de acercarse al movimiento icónico alzado contra Salinas de Gortari en 1994, allá ellos, en cambio habemos quiénes contamos con la suficiente hermandad y solidaridad para iniciar una nueva realidad con los zapatistas y hacer frente a cualquier megaproyecto, empero aspiraríamos a que AMLO tome conciencia sobre la importancia de escuchar al EZLN y su enorme aportación a transformar la realidad de los indígenas. Eo haría que valga la pena tanto esfuerzo para llegar a la presidencia.

*POR MARCO ANTONIO ORTÍZ SALAS
*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.

Imagen: Alejandro Salvidar – La Jornada

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La MIA del Tren Maya: ¿una mera formalidad?

Les compartimos este articulo de opinión publicado en Sin Embargo sobre el Tren Maya – A 23 de junio de 2020

Por: Itzel Silva Monroy*

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó el pasado 16 de junio ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el estudio o evaluación de impacto ambiental –llamado en la legislación mexicana Manifestación de Impacto Ambiental o MIA– del Tren Maya, con miras a que dicha Semarnat le autorice las obras y actividades para desarrollar el proyecto.

La presentación de la MIA fue anunciada por el propio Fonatur mediante un comunicado de prensa en el que señala, entre otras cosas, que la presentación del documento se da “en el marco de inicio de obras del Tren”, y que “actualmente, las empresas que ganaron las licitaciones han iniciado los trabajos y estudios a detalle para elaborar el Proyecto Ejecutivo”.

Es decir, Fonatur ha pedido a la autoridad federal ambiental le dé luz verde para la construcción del Tren, cuando en realidad las obras ya han sido licitadas e incluso iniciadas; valga simplemente recordar el formal banderazo de salida a principios de este mes para la construcción del Tren por parte del Presidente de la República.

Pero, ¿esta situación es válida? ¿No existen acaso normas en materia de estudios de impacto que deben seguirse para la autorización e implementación de este tipo de proyectos llamados de inversión o desarrollo? ¿Sobre todo tratándose de territorios donde existen pueblos indígenas, como es el caso del pueblo maya de donde el tren toma su nombre?

A pesar de que Fonatur afirma reiteradamente en su comunicado que está cumpliendo con la legislación mexicana e incluso la internacional, la realidad es que en el caso del Tren Maya, como en otros tantos existentes en la Península de Yucatán y en el país, se han venido violando desde hace años, normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, incluyendo lo relativo a la realización de estudios o evaluaciones de impacto.

La vulneración a derechos más conocida ha sido a la consulta indígena y al consentimiento previo, libre e informado, ya sea porque las autoridades omitieron dicho proceso, o porque éste fue violatorio de los criterios internacionales en la materia. Pero, tratándose de proyectos sobre territorios indígenas, el Estado Mexicano también ha incumplido sistemáticamente con su obligación de efectuar estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que analicen los impactos negativos que los proyectos de inversión o desarrollo pueden ocasionar a los pueblos indígenas. Bajo esta obligación, dichos estudios o evaluaciones son un requisito ineludible que permiten al Estado decidir si autoriza o no el proyecto en cuestión, más no una mera formalidad.

La obligación de realizar estudios previos de impacto existe para México desde 1991, en que entró en vigor el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En su artículo 7.3, el Convenio señala que los gobiernos deben velar porque se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener sobre esos pueblos.

Pero además, esta obligación fundamental se encuentra reforzada y su contenido profundizado y ampliado con las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en 2007 y 2008 en el Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, en las que estableció los estándares mínimos que los estudios de impacto deben satisfacer, y que los Estados parte deben cumplir, entre ellos:

– Deben ser concluidos de manera previa a la autorización y realización del proyecto de desarrollo o inversión en cuestión, es decir, no puede autorizarse y mucho menos implementarse un proyecto sin que se hayan estudiado los impactos.

– Deben ser de carácter social (entendido en el sentido más amplio) y ambiental, así como de derechos, siendo lo deseable la integración y análisis de todos los impactos en un solo proceso. Para la autorización de un proyecto, el análisis de los impactos no puede limitarse al aspecto ambiental, sino que debe efectuarse un estudio integral, que contemple el resto de los ámbitos de vida de los pueblos.

– Deben tratar el impacto acumulado; es decir, no sólo debe analizarse el impacto que el proyecto que pretende autorizarse puede causar de manera aislada e individual, sino el que puede generar en relación con otros proyectos del territorio que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Es decir, permitirá conocer en su justa y verdadera dimensión los impactos que se ocasionarán, incluyendo si son a corto, pero también a más largo plazo.

– Deben ser realizados en colaboración con los pueblos interesados y sus resultados compartidos y consultados con ellos. Si los estudios pretenden documentar los posibles impactos negativos del proyecto de que se trata, la participación efectiva de los pueblos indígenas es innegable, pues son quienes pueden identificar los posibles impactos negativos sobre sus propias vidas. Pero además, el resultado de los estudios debe ser compartido y consultado con las comunidades, a fin de que puedan brindar aportes y tomar una decisión informada. De hecho, los estudios previos de impacto son parte del proceso de consulta indígena.

Resulta indudable que en el caso del Tren Maya hay una vulneración clara a estos estándares, pues aunque ya están en marcha las obras, apenas se está presentando el estudio de impacto ambiental o MIA para su autorización. Asimismo, sólo se está contemplando el aspecto ambiental del proyecto, omitiendo un análisis de los impactos sociales y en derechos que se pueden generar (y que de hecho, ya se están ocasionando). Además, no sólo no se están evaluando en la MIA los impactos acumulados del Tren, sino que se está fragmentado el proyecto, pues la MIA sólo comprende la Fase 1 de este. Finalmente, tampoco hubo para esta evaluación ambiental una participación efectiva de los pueblos, pues múltiples han sido sus reclamos por la falta de estudios en materia ambiental respecto del proyecto.

La Semarnat tiene ahora en sus manos la resolución, en su ámbito de competencia, de las obras y actividades del Tren Maya, y para ello debe tener presente que los estándares internacionales en materia de estudios de impacto establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana le son de obligatorio cumplimiento. Debe observarlos, y con ello proteger y garantizar los derechos de los pueblos originarios y de las y los habitantes que los integran.

* Itzel Silva Monroy, es abogada litigante de casos de defensa de tierra y territorio de pueblos indígenas en @FundarMexico.

Imagen: El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de obras del Tren Maya. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.

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Jueza concede suspensión para frenar obras de Tren Maya por riesgo del COVID

Compartimos esta nota publicada en Animal Político sobre la suspensión del tramo 1 del Tren Maya en Chiapas – A 23 de junio de 2020

La suspensión de la construcción del Tren Maya se concedió a pobladores de comunidades Ch’ol, que se inconformaron ante la decisión de continuar con la obra, pese a la pandemia.

Tras mes y medio de análisis, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Luciana Anaya, concedió una suspensión definitiva, en lo que resuelve el fondo del asunto, a un grupo de pobladores de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, donde residen comunidades del pueblo maya Ch’ol, quienes se inconformaron por la decisión del gobierno federal de continuar con la construcción del Tren Maya, pese a la emergencia por la pandemia de COVID-19.

La solicitud de amparo contra las obras se hizo el 7 de mayo pasado, cuando la juez Anaya concedió la suspensión provisional a los pobladores de Palenque al considerar que en estos momentos de emergencia se debe dar un “valor preponderante al derecho a la salud” de las comunidades inconformes.

En esa ocasión la Juez determinó que los trabajos que conlleva el Tren Maya “requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas”.

En la suspensión definitiva de amparo la Juez deslindó a la Secretaría de Salud Federal, una de las instancias demandas, pero la concedió contra “los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo”.

Con esta suspensión definitiva las autoridades federales están obligadas legalmente a detener las obras, hasta que la juez Anaya resuelva si concede o no el amparo de fondo.

El Gobierno Federal puede impugnar la decisión de la Juez Anaya.

Imagen: Cuartoscuro

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[PDF] ¡Que no te lleve el Tren! Regiones indígenas en contra del Tren Maya

Les compartimos esta publicación sobre el proyecto del Tren Maya y algunos de los muchos impactos que tendrá a nivel económico, social y ambiental – 7 de junio de 2020

Cuaderno 1 Km.0: desigualdad, despojos y violencias. Contexto social y territorial, antecedentes y escenarios en la Zona Selva-Norte y Palenque, Chiapas

Escrito por Giovanna Gasparello

El Cuaderno 1, Km.0: desigualdad, despojos y violencia, expone el contexto social actual en la región Norte de Chiapas, en el municipio de Palenque,  y en la colonia Pakal Na, que sería el principio del Tren Maya y dónde se construiría la primera estación y nuevo centro urbano. La situación actual en cuanto a servicios públicos, derechos fundamentales, inseguridad y violencia, genera interrogantes relativas a la viabilidad y pertinencia del proyecto turístico y de infraestructura.

Asimismo, antecedentes recientes relativos a proyectos de infraestructura, turismo y urbanización dirigida en Chiapas muestran la presencia de contradicciones insoslayables que podrían volver a estallar de avanzar con la construcción del Tren Maya.

Dicha discusión se articula a partir de evidencias de obras o proyectos que, en tiempos anteriores, se han impulsado o llevado a cabo en la misma región o en el estado con objetivos análogos a los que propone el Tren Maya (Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul, Ciudades Rurales Sustentables y autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque), que, en todos los casos, han sido la causa de graves conflictos sociales. La descripción de estas evidencias permite señalar tendencias y probables escenarios sociales, entre los que se destaca el incremento de la violencia y la conflictividad ligada a megaproyectos, en particular por el despojo de tierras y la transformación obligada de modos y medios de vida.

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Petición: Tren Maya arrasará la selva en México

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Fonatur admite que Tren Maya no tiene evaluación ambiental

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el Tren Maya – A 8 de junio de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que ha operado para evitar que los cuatro tramos del Tren Maya adjudicados hasta la fecha sea sometidos a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito para cualquier obra de infraestructura desde hace 32 años.

En una “nota aclaratoria” publicada hoy, Fonatur menciona que para los primeros tres tramos consiguió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención para realizar la MIA, bajo el argumento de que se trata de un “mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento” de la vía de tren actual.

Y añadió que, como esta vía fue construida antes de 1988, no está sujeta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que obliga a realizar las evaluaciones ambientales para los proyectos de infraestructura.

En otras palabras: para evitar la revisión ambiental, el Fonatur equiparó la construcción del Tren Maya a un simple mantenimiento de la vía existente, “a fin de cumplir con estándares internacionales en temas de servicio ferroviario, medio ambiente y seguridad”, pese a que el megaproyecto plantea duplicar las vías, aumentar significativamente el número de trenes y talar la vegetación a 20 metros alrededor de las líneas.

Sobre el cuarto tramo, otorgado de manera directa a la empresa ICA, el Fonatur argumenta que se trata de un “mantenimiento carretero”, contemplado “dentro del título de concesión que opera actualmente la empresa ‘Consorcio del Mayab’, S.A. de C.V.’”; esta obra –que unirá Izamal a Cancún– plantea abrir la carretera existente para que el Tren Maya pueda pasar entre los carriles, una operación de 27 mil millones de pesos que difícilmente puede entenderse como “mantenimiento” de carretera.

El Fonatur emitió su “nota aclaratoria” con la intención de “combatir la desinformación” que, según la dependencia, salió en la columna de trascendidos Templo Mayor publicada ayer en el diario Reforma; en ella se planteó que la Semarnat había emitido una exención que permitió el arranque de las obras del Tren Maya sin que se hiciera una evaluación de impacto ambiental, lo que, según el contenido de la misma nota aclaratoria, resultó exacto.

Desde un principio, el Fonatur se negó a realizar una MIA para el proyecto integral del Tren Maya, y prefirió fragmentarlo en los siete tramos; en varias ocasiones, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director de la dependencia, declaró que no sería necesario un estudio de impacto ambiental, dado que el Tren Maya seguiría los derechos de vía de la antigua vía de ferrocarril y la concesión carretera de ICA. Aparte, el político ha reiterado que la prioridad del Tren Maya se enfoca en sus beneficios sociales, que “compensan el impacto ambiental”.

A pregunta expresa de Proceso, en marzo pasado, Jiménez Pons reconoció que el Fonatur no cuenta con la MIA para los “polos de desarrollo” –las ciudades nuevas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones del Tren Maya–, pues señaló que aún estaban en “proceso de socialización con los socios, que son las comunidades”.

“Es importante señalar que las obras y actividades iniciadas (…) están previstas y expresamente señaladas en la asignación ferroviaria y en el título de concesión carretera, respectivamente”, aseguró el Fonatur, y subrayó: “Actualmente se realizan los estudios ambientales para todas aquellas obras que, por temas de diseño y operación segura, se encuentran fuera de los actuales derechos de vía ferroviarios y carreteros”.

Quedan tres tramos que el Fonatur aún no ha adjudicado formalmente: el número 5, correspondiente al tramo de Cancún a Tulum, y 6 y 7, que serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y unirán a Tulum y Escárcega, pasando por Calakmul, con 270 kilómetros de vía nueva en medio de la selva.

La negativa del gobierno federal para evaluar los posibles impactos negativos del Tren Maya sobre el medio ambiente es uno de los motivos que un grupo de 159 organizaciones de la sociedad civil y 85 personalidades destacó el pasado martes 2 en un documento de rechazo al megaproyecto.

Imagen: Plan Tren Maya, Proceso

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Sembrando Vida sirve al despojo igual que el Tren Maya y Corredor Transístmico, señala investigación

Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre algunos de los proyectos más grandes de esta administración – A 7 de mayo de 2020

“Triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”: CECCAM.

El programa Sembrando Vida, junto con el Corredor Transístmico y el Tren Maya, “pueden ser considerados una triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”, señala una investigación sobre los impactos de dicho programa y megaproyectos.

El documento de 40 cuartillas, elaborado por Daniel Sandoval Vázquez y presentado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), señala que estos proyectos están estrechamente ligados entre sí.

Sobre el Tren Maya y el Corredor Transístmico destaca que posibilitarán las inversiones y ganancias en corto plazo pero que significan “arrebatar la posesión efectiva de la tierra a las poblaciones originarias” y “privarlas de la capacidad de decidir sobre cualquier uso futuro de los recursos en general”.

Además, prosigue, mediante el desarrollo urbano e industrial a gran escala y la explotación de la población se le separará de su labor creativa ligada a la tierra.

En tanto, el programa Sembrando Vida incide en la decisión de las personas para aceptar las disposiciones oficiales, señala. Con testimonios de distintas localidades se ha comprobado que el programa enajena a los pueblos su capacidad de ejercer el libre consentimiento.

Al relacionar cartográficamente los sitios donde se implementa Sembrando Vida y los nuevos trazos del Tren Maya, se ha documentado el “uso faccioso” del programa para que la población ceda sus tierras, expone.

“Visto de manera conjunta, con el diseño de estos proyectos se trata sí de un reordenamiento del territorio, pero que tiene la misión principal de refuncionalizar y someter las formas y contenidos de la vida social tradicional pertenecientes a los pueblos originarios”, plantea.

El documento concluye al destacar las exigencias hechas por las comunidades al Estado y sus instituciones para que sea desde los pueblos quienes diseñen y hagan valer otro tipo de proyectos.

“Se ha propuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que el gobierno no llegue con sus soluciones previamente elaboradas, sino que apoye para que los colectivos fundamenten y determinen lo que es necesario hacer en sus regiones”, apunta.

Imagen: La Cooperacha

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El Tren Maya privatizará los ejidos

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el tren maya- A 10 de mayo de 2020

Los ejidos donde Fonatur creará infraestructura relativa al Tren Maya deberán cambiar su régimen de propiedad social a privada. La investigadora Violeta Núñez Rodríguez alerta que esto podría tratarse de un «despojo elegante». Fonatur, en cambio, asegura que es innovación

Texto: Ricardo Hernández

Los ejidos donde se crearán polos de desarrollo relativos al Tren Maya cambiarán su régimen de propiedad social a privada. Así lo advirtió Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si los ejidatarios ceden sus tierras a un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), deberán privatizarlas, pues la Ley de la Reforma Agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales, como el gobierno mexicano propone.

Ello podría conducir al despojo y venta de ejidos, y va en contrasentido a lo prometido por la actual administración federal: impedir la comercialización de propiedad social, afirma Núñez.

La «letra chiquita» del proyecto

El planteamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es que ejidatarios y empresarios formen una sociedad, donde los primeros aportarán la tierra y los segundos, la infraestructura.

Los bienes ingresarán a un fideicomiso y se colocarán certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Una vez ahí, dichos certificados podrán ser adquiridos por inversionistas. Finalmente, los socios recibirán recursos provenientes, tanto de la venta de certificados, como de parte del propio Fideicomiso. Pero estos recursos no serán en la misma proporción. Dependerá de las acciones que cada uno tenga en la sociedad.

“Una vez que las tierras han sido ingresadas al Fideicomiso no hay vuelta atrás”, dijo en entrevista telefónica la docente adscrita al Departamento de Producción Económica.

Y es que, de acuerdo con la Ley del Mercados de Valores, las Fibras son irrevocables.

Solo pasados cuatro años de finalizarse la construcción de los inmuebles en los polos de desarrollo, los ejidatarios podrán enajenarlos. O bien, tendrían que comprar las acciones de sus socios los empresarios para recuperar la propiedad.

En cualquier caso, lo que fue propiedad comunal quedará como propiedad privada, y la puerta quedará abierta al desarrollo urbano. La vocación agrícola se perderá. Así lo comenta la profesora de tiempo completo.

La inequidad entre socios será manifiesta. Los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad y, consecuentemente, con mayores retribuciones.

Además, la Fibra es de renta variable. Es decir, depende de la confianza de los inversionistas en México y en la oferta y la demanda. Esto no les garantiza a los comuneros una ganancia, comenta la docente.

“Las Fibras podrían significar un proceso de ‘despojo elegante’. [Esto] debido a que, además de que los ejidatarios nunca podrán recuperar su tierra si lo quisieran, porque sobre ella estarán los proyectos inmobiliarios, tampoco, tienen garantizada la rentabilidad. Quizá en un futuro no les quedaría más opción que vender las acciones que reciban por sus tierras”, remató.

La versión de Fonatur

Consultado al respecto, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, confirmó que es necesario privatizar los ejidos, a fin de bursatilizarlos. La Ley de la Reforma Agraria no contempla el modelo de fideicomiso.

El objetivo es, defendió Jiménez Pons, empoderar a los ejidatarios mediante un beneficio económico que luego podrán reinvertir en su comunidad.

“Los beneficios podrán invertirlos en el resto de su territorio; que se conviertan –ya dentro de sus normas, sus culturas y sus formas de organización que ellos determinen– en recursos para seguir invirtiendo.

«A nosotros no nos interesa que [los ejidatarios] sólo sean parte del esquema del turismo; sino que tengan recursos para reinvertir la plusvalía en el resto de los ejidos. Este empoderamiento es la base fundamental de justicia del proyecto”, dijo por teléfono.

La gran ventaja, añadió, es que los terrenos que ofrezcan aumentarán su valor; obtendrán una mayor plusvalía.

Además, detalló el funcionario, hay candados para resguardar las tierras comunales. Los ejidatarios no podrán vender más del 50 por ciento de su propiedad; y en los polos de desarrollo sólo se permitirá desarrollar el 30 por ciento. En el resto se conservará la vegetación.

Avanzar en el proyecto del Tren Maya y financiar los polos de desarrollo mediante la Fibra es para Jiménez Pons una necesidad. Su propósito es desarrollar el sureste con orden y bajo reglas claras. Según el funcionario, la falta de reglas alentó un desarrollo desordenado en otros lugares.

“Te voy a poner un ejemplo del desastre que ha significado el desarrollo en la Península. En el ejido de Tulum, que son 23 mil hectáreas, ya vendieron el 70 por ciento. Sin ningún plan de desarrollo, sin ninguna lógica ni nada. Es un caos terrible”, afirmó.

Urbanizar con límites, reglas, esquemas y con la participación de ejidatarios, sostiene, beneficiará a la región.

Finalmente, anunció que están por firmar los compromisos para avanzar en las Fibras con ejidatarios de Cobá, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Palenque e Izamal.

«Innovación» financiera

Humberto Calzada, analista financiero de Rankia México y Latinoamérica, asegura que México estaría innovando en materia financiera. En todo el planeta, dice, no hay precedentes de bursatilización de tierras comunales.

«Si se da este proceso, estaríamos frente a un evento de innovación financiero y único a nivel mundial. Yo no he conocido otro modelo en el que se privatice la propiedad comunal. Sería un precedente», dijo.

Humberto Calzada, analista financiero.

Imagen: Archivo / Lucía Vergara

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[Infografía] ¿Cómo impactan Tren Maya, Corredor Transístmico y Sembrado Vida en los territorios?

Les compartimos esta infográfia publicada en Educa Oaxaca hecha por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) sobre el impacto de algunos de lo más grandes proyectos extractivistas en México – A 7 de mayo de 2020

En esta nueva investigación, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) se propuso describir y analizar de forma integral la relación entre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transísmico, además del programa Sembrando Vida y sus impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas.

El objetivo principal de la investigación, realizada por Daniel Sandoval Vázquez, es hacer un aporte a la visibilización de los impactos que tendrían, específicamente al interior de los territorios, recursos y formas de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas de la región Sur-Sureste de México: “En el presente trabajo abordamos tres casos particulares en nuestro país, donde se ejerce el intento de subordinar los usos comunitarios del territorio y las relaciones sociales que en ellos se fundan. (…) El objetivo que guarda esta revisión es precisar que en medio de la discusión sobre la aplicación de estos tres megaproyectos, aun con las buenas intenciones con las que dice manejarse el gobierno actual, persisten los conflictos asociados a la influencia del capital para transformar la vida de los pueblos, pasando por encima de los usos comunitarios del territorio y los recursos”.

Descargar la investigación TREN MAYA, SEMBRANDO VIDA Y CORREDOR TRANSÍSTMICO: impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas (pdf, 43 pág.) y cartel. Contexto: Ganan licitación de Tren Maya los corruptos de siempre y 150 organizaciones y comunidades exigen cancelación del Corredor Interoceánico

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Juez federal otorga suspensión de obras del Tren Maya en municipios de Chiapas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el proyecto del Tren Maya – A 8 de mayo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y defensores del territorio anunciaron que una juez federal otorogó la suspensión de las obras del megaproyecto del Tren Maya en los municipios en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, luego de que comunidades del publo maya ch’ol se ampararan contra las decisiones administrativas del gobierno federal para continuar con la construcción del megaproyecto a pesar de la pandemia de coronavirus.

La organización Indignación y los habitantes de los municipios beneficiados explicaron que, con la suspensión, la juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo el contexto de la pandemia «podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como al agua, el medioambiente, recursos naturales, etc».

Los defensores indicaron que, a pesar de que la suspensión es provisional y que la definitiva se resolverá el próximo 14 de mayo, la decisión de la juez «permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado Tren Maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo», por lo que llamaron a la juez a considerar las afectaciones por el megaproyecto y ratificar su resolución.

A continuación el comunicado completo:

Abstenerse de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado “Tren Maya”, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas determinó el  Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, al conceder la suspensión a un grupo de personas pertenecientes al pueblp Maya Ch’ol de esas comunidades que se ampararon frente a diversos actos administrativos del ejecutivo federal, que determinaban la continuación de las actividades correspondientes al tren maya a pesar de la pandemia derivada del virus Covid-19 que se vive en el país.

El día 07 de mayo, diversas personas pertenecientes al Pueblo Maya Ch´ol asentadas en los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por la emisión tanto del acuerdo del día 06 de abril, emitido por el Secretario de Salud, como del Decreto del 23 de abril, firmado por el Presidente de la República, mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado “tren maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19.

Entre otras cosas, los quejosos señalaban que la continuación del proyecto del tren maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida. Además los habitantes de esas comunidades argumentaron que mantener los trabajos del tren maya en época de pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto.

Al resolver sobre la admisión del amparo y la suspensión, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó que era procedente otorgar la suspensión pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas.

La misma juez señaló que:

Esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias para la contención del multicitado virus, esto es, cumplir resguardo domiciliario corresponsable y sana distancia, al permitir a los pobladores y no pobladores la realización de actividades distintas a las esenciales de alimentación, atención médica, seguridad, movilidad interna, servicios funerarios, servicios públicos indispensables (agua, alcantarillado, luz).

Máxime que de continuar con el proyecto denominado “Tren Maya”, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores Maya Ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad.

En ese sentido, la Juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del tren maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medioambiente, recursos naturales etc.

Si bien la suspensión decretada por la Juez es provisional, puesto que la definitiva se resolverá en audiencia del día 14 de mayo, consideramos que la misma permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado tren maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo. En esa tesitura, resulta fundamental que el día 14 de mayo dicha Juez ratifique esa suspensión para no dejar en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto del tren maya. Además es importante considerar que al momento de resolver la suspensión definitiva aún nos encontraremos en la tercera fase de la pandemia con lo cual aumenta el riesgo a la salud, por tanto es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el COVID-19. En ese mismo sentido, esta nueva suspensión es un llamado más al ejecutivo federal sobre lo arbitrario de un proyecto que es impulsado a toda costa sin brindar información, ni mucho menos garantizar la participación de las comunidades indígenas afectadas.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua

Imagen: Desinformémonos

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Inician obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya: Fonatur

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 4 de mayo de 2020

Ciudad de México. Las obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, comenzaron este fin de semana con un número reducido de trabajadores debido a la pandemia de Covid-19, confirmó el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

“Sí empezaron pero lentamente y con pocos trabajadores”, señaló el funcionario.

Durante el fin de semana, máquinas de construcción como palas cargadoras, excavadoras y retroexcavadoras (conocidas como manos de chango) fueron movilizadas a unos 8 kilómetros de Palenque, Chiapas. Las máquinas operaban a los costados de las antiguas vías férreas del entonces Tren Chiapas-Mayab.

Los trabajadores habilitan como campamentos a las antiguas estaciones e instalaciones de ese tren, hoy en desuso, señaló Jiménez Pons. Hubo reuniones de las direcciones técnicas de Mota Engil México Sapi, la empresa que encabezó el consorcio ganador de la licitación internacional para ese tramo, con los equipos de supervisión del proyecto, el cual es considerado el más importante de infraestructura del gobierno mexicano.

La licitación internacional para el tramo 1 del Tren Maya fue adjudicada al consorcio integrado por la portuguesa Mota Engil México Sapi y la estatal China Communications Construction Company, junto con otras tres compañías mexicanas: Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh.

La construcción del primer tramo tendrá una longitud de 227 kilómetros.

El Tren Maya, que tendría una longitud superior a los mil 460 kilómetros y atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tendrá una vocación de transporte de pasajeros, turístico y de carga.

Imagen: Este fin de semana iniciaron las obras de construcción del primer tramo del Tren Maya. Foto cortesía Fonatur

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Con Covid-19: Tren Maya va

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020

Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.

Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.

Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.

Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).

Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?

El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.

*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI

Imagen: Noticias Veracruz

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