Compartimos este informe de Salva la selva dando seguimiento a una petición que lanzó sobre el mal llamado Tren Maya – A 20 de febrero del 2024
“No vamos a tumbar ni un solo árbol”, decía el presidente mexicano López Obrador en 2018. Hoy, con varios tramos del tren inaugurados, se comprueba que era mentira.
Salva la Selva fue pionera en denunciar el proyecto del Tren Maya a nivel internacional. Casi se puede decir lo mismo a nivel de México, pues tras recibir varias llamadas de socorro, en 2018 comenzábamos la petición Tren Maya arrasará la selva en México. El mayor objetivo era dar a conocer los graves impactos que preveíamos tendría el proyecto insignia del presidente mexicano, que ahora se confirman, de construir un tren turístico que atraviesa cinco estados mexicanos en la península de Yucatán.
Con muy buena resonancia tanto dentro como fuera del país, la petición sumó 282.629 firmas y fue difundida ampliamente y entregada en varias ocasiones a diferentes instituciones del gobierno mexicano. También se adjuntó a procesos legales que por momentos lograron detener tramos de la obra o lograr pequeñas modificaciones del trazado.
Se puede decir que, a pesar de todo, la empecinada priorización del proyecto por parte del gobierno ha impedido que se pudiera detener definitivamente.
Recopilando el sentir de algunos de nuestras organizaciones aliadas en México sobre el avance de la obra y su disque “inauguración” hemos elaborado un informe. Como nos cuentan, por el momento, se van concretando algunos de nuestros temores peores temores y lo reflejamos en el informe Tren Maya ¿Qué Inauguración?
Comienza una nueva fase, que consiste en dar seguimiento a las nuevas realidades que supone el Tren Maya para las comunidades impactadas por su avance.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
Imagen: Isabel Mateos/CuartoscuroEn portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
La aviación y el turismo: escenarios en Latinoamérica y el Caribe
Primera Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Súmate a la conversación el día 29 de febrero a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México), te invitamos a registrarte en el siguiente enlace:
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“CORAZÓN DEL CIELO, CORAZÓN DE LA TIERRA”
Martes 20 de febrero de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Corazón del cielo, corazón de la Tierra sigue a un grupo de personajes en su vida cotidiana. Seis personas que nos relatan historias entrañables de su pueblo y sus preocupaciones personales. Desde su mirada vemos cómo funciona la vida de la comunidad (integrada globalmente por nueve millones de individuos) y cuál es su comprensión de la vida; ellos se ven a sí mismos como parte de la naturaleza, del agua, de las junglas, del maíz. El lema que recorre el bosque es “todos somos uno y uno lo es todo”.
Entre los protagonistas del documental destacan Chan K’in; un chamán lacandón que se lamenta tras ver cómo la jungla se destruye; Flori, una joven guatemalteca que huyó de su comunidad tras el genocidio maya de inicios de los ochenta, y ahora ha vuelto para ser parte de la resistencia contra una mina de oro canadiense que ha acabado con los paisajes; y Chepita, de los Altos de Chiapas, que lucha contra las multinacionales de maíz transgénico que amenazan el cultivo de maíz autóctono.
Corazón del cielo, corazón de la Tierra nos invita a reflexionar sobre la Tierra en la que vivimos. Sobre los riesgos que corre, pero también sobre la belleza que hay en ella. Aquí conoceremos a la comunidad maya, sus paisajes, imágenes del libro sagrado Popol Vuh, su cosmogonía, tradiciones, ceremonias y su profundo y eterno respeto por la naturaleza.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 12 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
Desde 1994 con la insurrección zapatista, los desplazados internos que generó la violencia subieron a la escena pública. Desde entonces no han dejado de registrarse población desplazada por la violencia sobre todo la causada por el Ejército mexicano, los entonces grupos paramilitares y por los conflictos internos desatados. Sin embargo, la economía política de la violencia ha ido evolucionando y poco a poco los cárteles han ocupando la razón y el origen principal de la actual población desplazada.
El gobierno mexicano no parce tener la capacidad de restaurar la protección de los derechos humanos, y menos garantizar el derecho humano al trabajo, la vida, la alimentación, la vivienda, la educación, el agua, la libre locomoción o de todos los derechos humanos, ya que la violencia y el desplazamiento afectan todas las esferas de la vida. Sobre todo porque otra característica de la violencia actual es que ya no es selectiva como en años atrás donde los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes defienden la tierra y el territorio afectando intereses del gobierno o de las grandes empresas y sus mega proyectos e inversiones cuantiosas, eran primordialmente el objetivo de la violencia, la represión, las órdenes de aprehensión e incluso del asesinato. Ahora, toda la población es objetivo de violencia, urbana y rural, sin importar sexo, religión, o condición social.
Toda la población está expuesta a ser robada, extorsionada, expulsada, asesinada, amenazada, desaparecida o desplazada. Y esto se debe a que los cárteles se disputan absolutamente todo el territorio, porque en él están los negocios donde maximizar las ganancias, es lo que denominamos la apropiación del capitalismo informal sobre el capitalismo formal. Es la apropiación de los terrenos, ranchos y viviendas; el control de negocios como la venta de alcohol, café, maíz, palma de aceite, gas, gasolina; el cobro de pisos, las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento, la prostitución, la trata de personas; el tráfico de drogas, armas y migrantes, entre otros muchos negocios. Hasta el control de carreteras, caminos, puertos, aeropuertos o actividades extractivas como la minería. Para ello se requiere el control de todo el territorio y así el objetivo de la violencia se amplía a toda la población sin distinción.
El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio en Chiapas, representa uno de los episodios de mayor impacto social, económico y político en el estado. La violencia es descomunal, con acciones masivas jamás vistas como el reclutamiento de jóvenes, la violación de mujeres, el cobro de piso, las extorsiones, las desapariciones, desplazamientos masivos, los secuestros, el robo de casas y otras propiedades inmuebles, las fosas clandestinas; el cerco armado a comunidades enteras, torturas, asesinatos, decapitados, entre otros indicadores terribles.
Dos elementos nuevos aparecen en la estrategia de los cárteles al momento de disputarse un territorio al que denominamos la frontera de disputa donde la violencia se vuelve más cruda, más cruel y más despiadada. Uno de estos elementos es el aislamiento de las comunidades para evitar que se infiltre el cártel contrario, que se traduce en el cierre de entradas y salidas de la comunidad, el control social de la población; el corte de las comunicaciones, de la luz, del suministro de agua, de los servicios como son los hospitales, bancos, escuelas y mercados. Se interrumpe el comercio, el trabajo, se controla la producción del campo, se pierden cosechas, se fijan nuevos precios a los productos mientras escasean la mayoría, y la desesperación y el hambre empieza a hacer estragos. Algunos testimonios refieren incluso al asesinato de niños. Esta ha sido la lógica en todos los municipios fronterizos entre Chiapas y Guatemala.
Un segundo elemento que se observa es la conformación de manera coaccionada del músculo social, con el fin de conformar una organización que aparenta autonomía pero que sigue las instrucciones del cártel. Este ha sido el caso de la organización El Maíz en el municipio de Chicomuselo. Por medio de esta organización obligan a los pobladores a hacer barricadas, vigilancia, retenes, marchas, bloqueos para evitar la entrada del Ejército mexicano, o usan a la población como escudo humano en los enfrentamientos armados. Pretender evitar la participación en esta organización no sólo implica multas sino hasta castigos corporales, la tortura o el asesinato. Todo esto está pasando en muchos municipios donde se suma el impacto psicológico, el miedo, la tristeza y la desesperación.
Esta violencia registra ya el desplazamiento de miles de personas. Hasta el momento imposible calcular el número de personas desplazadas en el estado de Chiapas ya que hay regiones donde no se puede tener acceso. El gobierno afirma una cantidad de personas atendidas en albergues, pero no toda la población desplazada ha llegado a refugiarse en ellos. Algunas familias huyen por veredas y montañas donde se refugian por días. Animales domésticos, maíz, café, vehículos, herramienta de labranza, todo queda abandonado a merced de la rapiña del cártel. Otras familias se refugian en diversos municipios de Chiapas con amigos y familiares como son los casos de los municipios de La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Tzimol, Las Margaritas, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, etcétera, o también a otros estados, o buscan migrar a los Estados Unidos. Los autobuses ‘piratas’ en San Cristóbal de las Casas rondan cientos de personas de diversas localidades indígenas, sobre todo grupos de jóvenes, buscando un lugar en las rutas hacia la frontera norte del país.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda para compartiri sus testimonios de la terrible situación en de desaparición forzada en México. Tuvimos problemas técnicos para transmisitir en la fecha anunciado pero ya tenemos nueva fecha . Acompáñanos en la nueva fecha este viernes 16 de febrero las 6:00 pm por nuestro facebook live.
¡¡HASTA ENCONTRARLOS, HASTA ENCONTRARLES!!
La tragedia de las y los desaparecidos en México
Testimonios de miembros de la Brigada Nacional de Búsqueda
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este de febrero a las 6:00 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Les compartimos la siguiente invitación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Chiapas COPINH – A febrero 2024
El próximo 2 de marzo se cumple el 8vo. aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos a recordar su legado social y político y a seguir exigiendo justicia.
¡Para Berta toda la verdad, toda la justicia!
”¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos…” #BertaCáceres
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 5 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifiesta continuamente que no se inmiscuye en asunto internos de otros países, como una máxima que orienta la política exterior mexicana. Sin embargo, no ha sido así en todas las ocasiones. En 2019 recibió a Evo Morales de Bolivia e hizo fuertes críticas al nuevo gobierno de ese país en medio de un fuerte conflicto diplomático. Por las constantes declaraciones de AMLO contra Perú, éste país lo declaró persona ‘non grata’. Recientemente, en el caso de Guatemala, el Presidente se sumó a la petición de respetar la victoria del nuevo presidente. También hace juicios contra situaciones, procesos electorales y políticos de otros países como de Estados Unidos, España o Brasil. Aunque ha tratado de no entrar en polémica con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ni con la situación en Nicaragua o el conflicto Rusia-Ucrania.
Sin embargo, ante el terrible genocidio que ejecuta Israel contra el pueblo palestino, AMLO fijó su posición blanda afirmando que “No queremos la guerra, estamos a favor de la paz” y, peor aún, reconoció “el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel” favoreciendo su narrativa, aunque condenó “el uso de la fuerza contra civiles”. Pese a ello, la embajadora de Israel en México lamentó que AMLO no condenara el ataque de Hamás, aunque tampoco ha condenado los ataques de Israel contra el pueblo palestino que de manera sistemática lleva a cabo desde décadas atrás por medio de un genocidio sustentado en una Teología Política Sionista.
Ante a la demanda de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional contra Israel por el genocidio que lleva a cabo contra los semitas palestinos, el apoyo de muchos países y las movilizaciones de millones de personas en todo el mundo en solidaridad con las victimas, AMLO tiene que dar un paso más y fija una nueva posición. En el documento manifiesta que México y Chile remitieron a la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina, para que investigue la ‘probable’ comisión de crímenes y que son de su competencia. Obviamente, con el desagrado de Israel.
¿Por qué AMLO no condena directamente este terrible genocidio televisado en vivo? Es la masacre más cruel cometida en los últimos años por los sionistas. Aunque parecieran contradictorias las diversas posiciones de AMLO en su política exterior, y no elimina los errores políticos, también hay razones diplomáticas, políticas, comerciales, jurídicas e incluso militares que las determinan, como en el caso de las relaciones México-Israel que ahora analizaremos.
RELACIONES POLÍTICAS MÉXICO-ISRAEL
Los vínculos que unen a México y los judíos se entrelazan a finales del siglo XIX con la llegada de inmigrantes de origen judío. Es hasta 1949 cuando en la ONU se propone la creación del Estado de Israel bajo el contexto de mucha violencia contra el pueblo palestino. México se abstuvo en esta votación. Sin embargo, cabe señalar desde ahora que no todos los judíos son representados en el gobierno sionista de Israel, y que sus políticas no reflejan los principios de la religión judía. No se puede equiparar judío igual y solo igual a Estado de Israel o viceversa.
Fue hasta 1952 que México estableció relaciones diplomáticas con el recién creado Estado de Israel, siendo David Ben Gurión el Primer Ministro de Israel y Miguel Alemán Valdés el Presidente de México. Nuestro país tiene actualmente su embajada en Tel Aviv, e Israel tiene su embajada en la Ciudad de México además de cuatro Consulados Honorarios ubicados en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún.
En 1971 el Presidente Luis Echeverría Álvarez nombró a Rosario Castellanos embajadora de México en Israel, donde fallece en 1974. En 1975, el Presidente Luis Echeverría visitó Israel y en ese mismo año México votó a favor de la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU que definió al sionismo como una forma de racismo, lo que provocó que los judíos de Estados Unidos declararan un boicot turístico a México.
En 1993 se creó el Instituto Cultural México Israel con sede en la Ciudad de México. Como veremos más adelante, es la década cuando inician más fuertemente las inversiones militares israelíes en México.
En 1997 se crea la “Cátedra Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de Jerusalén donde cada año diversos académicos imparten conferencias. En el 2000 el Presidente Ernesto Zedillo visitó Israel y se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México e Israel e inmediatamente también se firmó el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Hasta el 2005 el Gobierno de México estableció una Oficina de Representación en la ciudad de Ramala, sede de los poderes palestinos, bajo el descontento de Israel.
Desde 1999, al menos 7 reuniones se han llevado a cabo a nivel viceministerial del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo. Ahí se abordan temas políticos, económicos, científicos, técnicos, educativos y culturales. También se llevaron a cabo un Diálogo Legal en 2011 y las Consultas Multilaterales en 2013 y 2021. Así se estrechan las relaciones diplomáticas y se callan las bocas en tiempos de descontentos.
En 2011, a finales del gobierno de Felipe Calderón, iniciaron las negociaciones para comprar a una empresa israelí elprograma espía Pegasus, que desde entonces y hasta la fecha es usado por el Ejército mexicano. En 2012 el programa lo adquiere la oficina del fiscal general y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Así, de pasar de espiar especialmente a los cárteles del narcotráfico, se pasó al espionaje de políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos presumiblemente al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.
En 2012, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, visitó Israel. En este año México votó a favor de la Resolución 67/19 en la Asamblea General de las Naciones Unidas para aceptar a Palestina como Estado observador no miembro de la ONU. Aunque México no lo reconoció como estado. En 2013, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitó al Presidente reconocer al Estado Palestino Independiente y Soberano y elevar a rango de embajadas a las representaciones de Palestina en México y de México en la ciudad de Ramala, Cisjordania. Además, México votó a favor del Proyecto de Resolución A/67/L.28 de la ONU “ESTATUS DE PALESTINA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS”. Todo esto bajo el descontento de Israel. La votación fue el cuarto intento de Palestina por lograr un mayor respaldo internacional desde que la ONU reconociera el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en 1974.
Cabe recordar que desde el 2011 hasta la fecha, Benjamín Netanyahu ha sido el Primer Ministro de Israel a excepción de un año y medio entre 2021 y 2022.
En el 2012, en el contexto del 60 Aniversario de las relaciones México-Israel, la embajada de Israel realizó muchos actos para promover su imagen y cultura, y afirmaba que su país recibía a estudiantes becados en temas de seguridad y relaciones internacionales, estudiantes de arqueología realizando labores al lado del Mar de Galilea, entre otros profesionistas mexicanos capacitándose en diversas áreas. También presumía que médicos israelíes formaban campamentos de oftalmología en comunidades indígenas de Chiapas durante una semana y que realizaban hasta 400 operaciones de glaucoma y cataratas; del mismo modo que impartían cursos en comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Durango para atraer el turismo rural.
En 2013 se publicó en hebreo el libro “El Llano en Llamas” de Juan Rulfo. Y para fortalecer los intereses de Israel en México durante el terrible sexenio de Peña Nieto, el presidente israelí Shimon Peres visitó México y firmó con el Presidente Enrique Peña Nieto una declaración conjunta de amistad y cooperación educativa, científica y cultural, tecnologías del agua y créditos para la exportación. Shimon Peres inauguró el Foro de Negocios México-Israel con la presencia de 80 empresarios israelíes y sus contrapartes mexicanas. También visitó el Senado de la República, se reunió con la comunidad judía-mexicana en el Club Deportivo Israelí y sostuvo una reunión sobre ternas de seguridad con autoridades mexicanas. Peres participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde inauguró el pabellón de Israel. A la muerte de Shimon Peres en 2016, Peña Nieto viajó a Israel para acudir a las honras fúnebres y se reunió con el Presidente de Israel, Reuven Rivlin y con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu.
En 2017, poco antes de que Peña Nieto dejara el gobierno, el Primer Ministro Netanyahu visitó México para amarrar intereses ante el inminente triunfo de AMLO. Esta fue la primera visita de un Primer Ministro israelí en funciones a México. Se acompañó de empresarios israelíes y con Peña Nieto acordó modernizar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, fomentar el vínculo empresarial, apoyar conjuntamente la cooperación en Centroamérica y colaborar en materia de ciberseguridad. Se suscribieron acuerdos en materia de servicios aéreos y uso del espacio. Netanyahu también sostuvo encuentros con la comunidad judía en México. Y fue precisamente a finales de este año que se da la Resolución de la ONU contra las intensiones de Estados Unidos de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. México se abstuvo en esta votación. Sin embargo, Donald Trump logró que 16 países también trasladaran sus embajadas en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Entre ellos Guatemala y Honduras.
En 2021 México votó a favor en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la creación de una comisión de investigación contra Israel, tras lo ocurrido durante la operación “Guardián de los Muros” que causó cientos de asesinatos de palestinos en la Franja de Gaza. Inmediatamente Israel expresó su molestia con México. Curiosamente, en este mismo año se reunión en la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-Israel entre un grupo de parlamentarios y el embajador de Israel en México, donde se manifestó que el principal objetivo es “fortalecer la cooperación de la diplomacia parlamentaria entre nuestras naciones, para que los parlamentos concilien posiciones y conjuguen intereses mediante el diálogo, el debate y la negociación, con intercambio de ideas y promoción cultural entre ambas naciones”, según afirmó la diputada Laura Barrera Fortoul. Por su lado, Rubén Moreira Valdéz, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que “no se puede entender el mundo sin Israel, sin la comunidad judía” y que “el pensamiento occidental tiene un gran componente del pensamiento del pueblo judío”. Aunque la comunidad judía-mexicana en el país es pequeña, no así sus empresas e inversiones militares. Sin embargo, para el gobierno de México, “La comunidad judía-mexicana representa un vínculo importante entre ambos países. Su aportación al desarrollo de México es muy amplia y brinda un apoyo fundamental al fortalecimiento de nuestros lazos de amistad y cooperación con Israel.”
En 2021 México anunció que adelantaba el proceso de extradición del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón De Lucio, involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, quien huyera a Israel con el fin de solicitar asilo político, donde sigue prófugo. Hasta la fecha, Israel no lo ha extraditado. En 2022 Israel y el gobierno de Querétaro firmaron un Memorándum de Entendimiento para realizar proyectos en materia económica, de agricultura, educación, cultura, agua, movilidad, planificación urbana, seguridad y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En 2023 las autoridades de Israel detuvieron al académico y exdiplomático mexicano Andrés Roemer, acusado en México de abuso sexual y prófugo desde hace más de dos años. México solicitó a Israel su extradición y fue arrestado por la policía israelí. En enero de 2024 se anunció que fue liberado para continuar su proceso en prisión domiciliaria en Israel. Hay que recordar que Andrés Roemer, judío, fue embajador de México ante la UNESCO y en 2016 fue destituido de su cargo por no mostrar la posición de México y abstenerse en una resolución presentada por países árabes sobre la Explanada de las Mezquitas (la Mezquita Al Aqsa para los musulmanes y Monte del Templo para los judíos), situada en Jerusalén Este ocupado. Israel criticó la resolución y negaba el vínculo de este tercer lugar más sagrado del islam y el primero para el judaísmo. La posición de Roemer fue alabada por las autoridades israelíes, instituciones judías de todo el mundo, el Centro Simón Wiesenthal y por Benjamín Netanyahu. En la ciudad israelí de Ramat Gan se inauguró una calle con su nombre.
RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-ISRAEL
El 1 de julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México e Israel y se actualizó en 2010. Su objetivo fue crear una Zona de Libre Comercio y eliminar trabas arancelarias y no arancelarias entre los dos países para favorecer el flujo de mercancías, servicios e inversiones. De los países de Medio Oriente, Israel es el primer socio comercial de México con quien se realiza el 45.2% del comercio de esa región, y es el primer proveedor para México de la zona. Por su lado, México es el segundo socio comercial de Israel en América Latina.
Para el 2021, el comercio entre los dos países creció 499.05%, al pasar de $210.6 millones de dólares a $1051 mdd. Entre enero-junio de 2022 el comercio alcanzó los 558 mdd, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Entre el periodo enero-julio de 2023, México exportó a Israel 592 mdd de mercancías e importó 101 mdd.
Israel es el 19º inversionista en México a nivel mundial, pero de los países del Medio Oriente es quien más inversiones tiene en México con una inversión acumulada de 2,223 mdd a septiembre de 2020, con la participación de 409 empresas de las áreas de comercio, manufacturas, agricultura y servicios. En 2016 la empresa farmacéutica israelí TEVA compró la empresa mexicana RIMSA por 2,011 mdd. La inversión israelí en México es preferencialmente en las industrias manufactureras (94.5% del total), seguida de los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (2.4%) y el comercio (2.3%). Esta inversión se ubica principalmente en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Estado de México.
Entre los productos que México ha exportado a Israel en los últimos años son automóviles de turismo; teléfonos, teléfonos celulares; vehículos para el transporte de mercancías; unidades de memoria y de proceso, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; máquinas, aparatos y materia eléctrico, y sus partes; turbinas de gas; preparaciones de hortalizas, de frutas y otros frutos, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Por su lado, los principales productos que Israel exportó a México fueron circuitos integrados, equipo de transmisión y piezas de aviones. Pero también productos farmaquímicos, medicamentos que requiere el sistema de salud del país, equipo médico, procesadores y controladores; circuitos modulares; unidades de control o adaptadores; placas, láminas, hojas y tiras de plástico; mallas para invernaderos, semillas de hortalizas; baterías; instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía.
Empresas mexicanas, entre las que destacan Cemex, Bimbo, Grupo Orbia (Mexichem) y Rassini (empresa líder mundial en frenos y suspensiones), han instalado centros de Investigación y Desarrollo (I+D), filiales u oficinas de innovación en Israel. En 2018 Orbia adquiere la empresa israelí Netafim de sistemas de riego mientras que un grupo de inversionistas mexicanos crean Cantera Capital como un fondo de capital de riesgo con presencia en ambos países para invertir en innovación en el sector salud, educación y agronegocios en Israel y América Latina. Por su lado, CEMEXinvierte en minería y en la construcción de muros y asentamientos ilegales de los colonos en territorio palestino.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la criminalización a defensores de la vida y el territorio en Oaxaca por oponerse al Corredor Interoceánico – A 30 de enero del 2024
El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.
Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.
El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.
En julio de 2023, 23 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en una Misión Civil de Observación, visitaron la comunidad binnizá y denunciaron actos de criminalización y difamación en contra de 17 defensoras y defensores de derechos humanos en Puente Madera. Las agresiones, argumentan, se deben a su labor de derechos frente la amenaza de imposición del Parque Industrial o Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) del Corredor Interoceánico en San Blas Atempa, incluyendo al defensor de derechos humanos, David Hernández Salazar.
En un comunicado, organizaciones congregadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denunciaron que las acciones de judicialización en contra de Salazar se “dan como parte de la campaña de difamación, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de los tres niveles de gobierno, instituciones estatales, la Sedena [Secretaría de Defensa Nacional], organizaciones partidistas, políticos y empresarios relacionados con la imposición” del parque industrial en tierras de uso común de San Blas Atempa.
Durante este martes (30), se realizaron acciones de protesta ante instalaciones del poder judicial y de la fiscalía General del Estado de Oaxaca en las ciudades de Matías Romero y Huajuapan de León para demandar el cese a la criminalización en contra de los defensores del territorio de Puente Madera y de Santa María Mixtequilla, también impactada por la creación de un polo de desarrollo.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Agustín Vázquez parte del equipo de Otros Mundos e integrante de la BIORED sobre los avances, los retos y beneficios que han tenido las familias usuarias de un biodigestor. De igual manera presentaremos la serie Autonomía Verde: Historias Rurales de Sostenibilidad con Biodigestores; una serie de video que recoge testimonios de usuarios de esta ecotecnología. Acompáñanos este martes 6 de febrero las 6:00 pm por nuestro facebook live.
CONSTRUYENDO NUESTRAS ALTERNATIVAS
Un acercamiento a los biodigestores
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 6 de febrero a las 6:00 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
