El Escaramujo 94: RADIOGRAFÍA DE EJIDOS Y BIENES COMUNALES

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Los mayores megaproyectos del Gobierno Federal se ubican en el Sur-Sureste del país. El Corredor Transístmico hasta con 10 parques industriales, las Zonas Económicas Especiales, la Refinería Dos Bocas, la extracción petrolera, los pozos de fracking, el gasoducto a Centroamérica, el Tren Maya, las represas hidroeléctricas, la planta de geotermia; los parques eólicos, el turismo de élite, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas; los aeropuertos, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, los servicios ambientales y la privatización de material genético, los proyectos mineros y la Carretera de las Culturas que uniría la Costa de Chiapas con el Caribe. Estos megaproyectos requieren de la apropiación de gigantescas extensiones de territorios. Todos ellos en medio de mucha militarización con la Guardia Nacional, violencia del narcotráfico y de grupos armados que desplazan comunidades indígenas en la Zona Norte y Altos de Chiapas, así como oleadas de migrantes que aumentarán al finalizar el confinamiento por el COVID-19 y vuelta a la supuesta “normalidad”. También el gobierno desea impulsar mayores inversiones y atraerlas al Sur-Sureste donde presume que hay abundante agua y tierras entre otros recursos favorables para la inversión nacional y extranjera.

El Gobierno Federal no desea ahuyentar la inversión de las Corporaciones y promete respetar lo que en el marco de las leyes aprobadas anteriormente se ha otorgado, lo que agudiza las disputas territoriales. Por otro lado, la ratificación de la modernización del tratado comercial entre México y la Unión Europea que inició en 2016 y finaliza en medio de la pandemia, amenaza con más privatizaciones, mayor actividad extractivista y agudización de la pérdida de la soberanía alimentaria. Por su lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC cuyas negociaciones terminaron en 2018, entre otros acuerdos de libre comercio que el gobierno mexicano ha firmado con decenas de países, profundiza la dependencia y la pérdida de la soberanía nacional. En total, México ha firmado Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Preferenciales o Acuerdos Parciales con más de 60 países.

Por ello, la apertura de las fronteras a las Corporaciones amenaza los territorios indígenas y campesinos en el Sur-Sureste. Sin embargo, se encuentran con un gran obstáculo en el caso de Chiapas: el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales.

Los territorios en disputa

En México existen tres tipos de Propiedad: Pública, Privada y Social. La Propiedad Social incluye a los Ejidos y a los Bienes Comunales regidos por la Ley Agraria con el fin de garantizar la propiedad de la tierra a los indígenas y campesinos y evitar su concentración en pocas manos. Antes de 1992 constitucionalmente estaba prohibida la privatización de esta Propiedad Social.

El Ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica, con patrimonio propio y propietarios de tierras que se les han dotado, que han sido compradas, se les han incorporado o se han adquirido por cualquier otro título. En el caso de los Bienes Comunales es igual, pero la diferencia es que sus tierras las han obtenido mediante resolución presidencial de reconocimiento, por restitución, jurisdicción voluntaria promovida por quienes guardan el estado comunal o mediante resolución en un juicio. Ambos se dividen en tres áreas: Uso Común, Parceladas y Asentamiento humano y reserva de crecimiento. Además de los Ejidatarios/as y Comuneros/as, existen los Avecindados/as que son aquellas personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que la asamblea ya los reconoce; y los Posesionarios/as que incluyen a las personas que tiene una parcela dentro de un ejido y/o comunidad, pero no se cuenta con certificado de derechos agrarios.

La Propiedad Social, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, ocupaba el 52% del territorio nacional. Por ello el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modifica muchas leyes para hacer posible el TLCAN, entre ellos la modificación en 1992 del Artículo 27 de la Constitución que prohibía vender la Propiedad Social con el fin de privatizar la tierra y dar entrada a las inversiones extractivistas y de infraestructura en sus territorios.

Para ello se inventó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que funciona entre 1993-2006 para delimitar las tierras de Propiedad Social y desincorporarla de los Ejidos y Bienes Comunales y así dar “seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y trasnacionales. Este Programa fue implementado con mucha coerción, con engaños, con trampas y presiones de no recibir programas de gobierno si los indígenas y campesinos no delimitaban sus tierras para repartirlas y venderlas. En este proceso el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural así como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), jugaron un papel fundamental en la imposición y las divisiones comunitarias. Con el cambio de gobierno, el PROCEDE cambió de nombre en 2007 a Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y luego cambia de nombre a Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR).

Como se observa en el mapa catastral más abajo, de todo el territorio de Chiapas, el 64% es Propiedad Social. Esto significa que indígenas y campesinos, son dueños/as de la gran mayoría del territorio estatal (color verde en el mapa). El 28.25% es Propiedad Privada (color café oscuro); el 5.86% es Propiedad Pública Federal; y sólo el 0.75% es Área de Zona Urbana (color amarillo). El 0.16% son Áreas de Proceso de Actualización.

En Chiapas existe un total de 3,253 núcleos agrarios de Propiedad Social (entre Ejidos y Bienes Comunales), y suman 482,807 las personas legalmente dueños/as de estas propiedades colectivas.

Del total de los núcleos agrarios, existen 3,164 Ejidos en 114 Municipios que representan el 91.9% del total de Municipios de la entidad. Por otro lado, hay 89 Bienes Comunales en 38 Municipios que representan el 30.6% del total de los Municipios.

El total de Ejidatarios/as asciende a 344,277, de Comuneros/as 78,388, de Avecindados/as 6,370 y el total de Posesionarios es de 53,772.

En todos los 124 municipios en que se divide el territorio del estado de Chiapas hay Propiedad Colectiva. No existen proyectos mineros, de represas o cualquier otro megaproyecto donde no tenga que intervenir el Municipio y la Asamblea de los núcleos Agrarios con quien la empresa se ve obligado a negociar o confrontarse con ellos. No hay megaproyecto sin un grado de conflicto.

Existen 6 municipio de reciente creación que se formaron de otros Municipios con Propiedad Colectiva: El Parral (2011) que se desprende del Municipio de Villacorzo; Emiliano Zapata (2011) de Acala; Belisario Domínguez (2011) de Cintalapa; Mezcalapa (2011) de Tecpatán; Capitán Luis Angel Vidal (2017); Rincón Chamula San Pedro (2017) de Pueblo Nuevo y desplazados de Chamula. Solo Mezcalapa está identificada en el Registro Agrario Nacional (RAN), y los demás están aquí contabilizados en sus antiguos municipios a los que pertenecían.

Los 5 Municipios con el mayor número de Ejidos son, por orden de importancia: Ocosingo (212), Las Margaritas (168), Palenque (166), Salto de Agua (113) y la Trinitaria (103).

Los 6 Municipios que solo están compuestos por un Ejido son: Chicoasén, Metapa, Mezcalapa, Ocotepec, Santiago El Pinar y Sunuapa.

De los 38 Municipios que cuentan con Bienes Comunales, 22 de ellos tienen solo un Bien Comunal, 8 Municipios cuentan con 2 Bienes Comunales, 4 Municipios cuentan con 3 Bienes Comunales. Comitán y Ostuacán con 5 cada uno, Pijijiapan con 11 y Las Margaritas con 18 Bienes Comunales, quien encabeza la lista de más comunidades en su territorio municipal.

Solo 5 Municipios están formados por un Bien Comunal: Aldama, Chalchihuitán, Mitontic, Nicolás Ruiz y San Juan Cancuc.

Existen conflictos fuertes entre comunidades y ejidos por la delimitación de las tierras que han llegado incluso a enfrentamientos armados y población desplazada. En muchas ocasiones el padrón no está actualizado y en otras las Asambleas han perdido el rol que legalmente les corresponde. Pocos son los ejidatarios/as y comuneros/as que conocen la Ley Agraria que rige sus territorios.

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El Escaramujo 93: ¿QUÉ HAREMOS DESPUÉS DEL COVID-19?

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Hemos explicado cómo llegamos a este punto y la magnitud de lo que implica lo sucedido con el COVID-19 en El Escaramujo No.92. Si nos basamos en la premisa fundamental de que un nuevo virus aparecerá, o varios más, incluso más letales y en un futuro no muy lejano, es imperativo plantearnos ¿qué pasó durante el confinamiento?, ¿qué hicimos?, ¿qué no hicimos?, ¿qué nos faltó hacer?, ¿cómo nos hubiera gustado estar preparados?, ¿qué haremos para afrontarlo nuevamente? Este confinamiento de la humanidad ha desplazado nuestras vidas al territorio mínimo, inmediato y básico: la vivienda, el hogar, la casa. Se intentó reducir las relaciones políticas a la familia y a sus miembros. Este territorio también en disputa se presionó con coerción y con miedo; con presión política, militar, toques de queda, mediática y económica por medio de multas. Se generó la narrativa de que el confinamiento es por amor, por protección a los demás, por solidaridad, por responsabilidad, por prevención, y por medio de un eslogan que machacó las conciencias: “Quédate en Casa”.

La tentación del olvido y regresar a la “normalidad”

Después del COVID-19, una vez superado el confinamiento y haber enterrado a los muertos, existe la tentación de enterrar también lo sucedido, enterrar la memoria y salir a la calle a toda prisa para recuperar lo que se tenía, esos sistemas personales, familiares, empresariales o de otra índole que nos mantenían funcionando, que nos garantizaban la subsistencia, las comodidades o al menos los mecanismos y la rutina al que se estaba acostumbrado para vivir. Aunque muchas personas y negocios ya no podrán hacerlo.

La gula por recuperar lo perdido a toda costa y lo más rápido posible para regresar a esa supuesta “normalidad” en la que se vivía, a esa rutina, a ese nivel y costumbre de consumo, aunque implique el endeudamiento nuevamente a mediano o largo plazo, engordará a los acreedores y pondrá al límite a los deudores. El Banco Azteca y Elektra, Coppel, Banorte, CityBank, BBVA, entre otros bancos privados, las casas de empeño, otros prestamistas y usureros entre los que se encuentra también la banca multilateral como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros bancos multilaterales regionales, serán los buitres que recogerán la carroña que deje el COVID-19. No condonarán deudas, sólo las aplazarán y aprovecharán la ocasión para la extracción de más dinero de los millones de personas que desean regresar a la normalidad del capitalismo depredador.

Sin embargo, lo que no es ni era normal es que los alimentos se transporten miles de kilómetros para que estén en la mesa; que dependamos de una empresa para que nos venda la comida y las semillas; que una transnacional sea dueña del agua, otra o la misma sea dueña de una medicina gracias a las plantas y los genes y al conocimiento tradicional de los pueblos. No es normal la violencia, los feminicidios, la pobreza o el desplazamiento forzado.

Enterrar en el olvido lo sucedido abarca con ello lo malo y lo bueno que la crisis generada por el COVID-19 desató en las personas, en diversos sectores de la población. Desde los escupitajos y violencia contra quienes salvaban vidas en los hospitales, hasta las acciones de solidaridad más loables e impresionantes que se registraron en muchos rincones del planeta. Por ello, es imperativo la vacuna contra el olvido para no borrar de la conciencia colectiva lo malo para no repetirlo, y lo bueno para mantenerlo, potencializarlo y mejorarlo.

La Agenda para el Movimiento Social

El COVID-19 es una advertencia que nos invita a la conciencia ambiental, política, social y económica. A la conciencia mundo, a la consciencia sistémica. Y es que hay una verdad inexorable e irrefutable: habrá otros virus. Y más letales. Por ello tenemos que plantear el futuro, lanzar la mirada hacia los próximos años inmediatos pero desde este momento de la crisis, antes de que se nos olvide lo vivido y, desde la crisis, plantear Alter Natos. ¿Cómo queremos un futuro? Las nuevas pandemias serán generadas ya sea por la actividad extractivista y económica que produce el sistema capitalista con una acelerada pérdida de la biodiversidad. Ya sea por el modelo de producción industrializado de alimentos o por que el Cambio Climático acelerado liberará nuevos virus congelados en el permafrost. Pero también por alguna guerra biológica o una liberación intencionada del virus. El asunto es que volverá a suceder. Y solo desde este momento de crisis, no desde la “vuelta a la normalidad”, podremos diseñar la prevención y las alternativas. Nosotros le llamamos “Alter Natos”.

Acostumbrados a que el concepto de “alternativa” implique por lo general la elección entre dos caminos, dos opciones que se bifurcan radicalmente entre la opción buena versus una opción mala, nos parece importante resaltar la evidencia de que existen muchos mundos posibles que construyen los pueblos, según su historia, su lengua, su geografía, sus modos de organización, entre otros elementos. Muchos caminos y modos diversos que conducen hacia lo mismo, hacia la felicidad colectiva, hacia la construcción de otros sistemas. Esto es para nosotros el “Alter”, los varios caminos. muchos modos. Y como son propios, endémicos, nacen de la región, de lo que los pueblos construyen desde su visión, lo llamamos “Natos”. Por ello, buscar opciones no significa aplicar normas iguales, importar paradigmas estructurales o recetas aunque sean de izquierda; o copias sin adaptar lo necesario. Sino que más bien se construyen desde lo local. Esto es el “Alter Natos”. Diseñar y construir “Alter Natos” es el momento fundamental que ahora nos devela el COVID-19. Se requiere de inventar, de construir, de soñar, de implementar, de probar formas transitorias o que nos transiten a nuevos sistemas. No bajo grandes recetas o formulaciones muy complicadas en términos políticos, económicos, académicos o conceptuales, con grandes enciclopedias que nos marquen el camino, o que mientras menos entendamos, más complicadas sean o más abstractas, pareciera que es mejor y más inteligente. No. Transitar a otros mundos posibles es desde lo concreto, desde las nuevas prácticas y hábitos con lógicas distintas al capital que generan nuevas conciencias colectivas.

Todo Alter Natos está marcado en el contexto de una transición. Difícil es salir del sistema de manera repentina o mutante. Esto es ingenuo. Sin embargo, también es cierto que no podemos cambiar el sistema ni ser diferentes, si seguimos haciendo lo mismo, si continuamos con las mismas prácticas y principios que nos rige el sistema capitalista. Tenemos que cambiar la lógica. La solución no está dentro del mismo sistema aunque lo pintemos de verde o lo intentemos “humanizar”, hacer “sustentable” o “responsable”, lo que no está en su ADN. Se requiere ver hacia otro lado y apuntalar hacia ese cambio que queremos vivir. Cambiar la conciencia, la práxis, los hábitos, el consumo, la relación con la Naturaleza y con nuestros semejantes.

Para buscar Alter Natos es necesario sistematizar la experiencia. Durante el COVID-19 se gestaron nuevas prácticas e ideas, aunque otras muchas recobraron y renovaron su sentido político; también se actualizaron o adquirieron nuevo sentido y más fuerza. Muchas acciones y propuestas se recubren, son sinérgicos y se relacionan intrínsecamente.

Será necesario también potenciar todos los recursos urbanos por su lado y los recursos rurales por el otro. Y lo que haga falta, buscar los vínculos necesarios basados en la Economía Solidaria, los mercados locales. El movimiento social tiene ahora la oportunidad de encauzar y priorizar su agenda. Más adelante rescatamos algunos cuantos de los muchísimos otros elementos que se pueden recuperar y que corresponden tanto a nivel familiar o comunitario, macro como micro, global como local, urbano o rural. No están en orden de importancia, ni están todas ni cada creatividad registrada durante el confinamiento. Imposible abarcar todo. Lo que sí podemos asegurar es que cada quien, cada persona y familia ha acumulado una experiencia vital y única sobre el mismo fenómeno, y eso, habrá que aprovecharlo, porque no había sucedido. Esta experiencia nos dimensiona lo que es posible si nos ponemos de acuerdo los pueblos. Si el sistema colapsó en pocos meses, podemos hacer resurgir otros paradigmas. En tan poco tiempo hemos visto el daño que le hacemos al planeta con este sistema. En pocos días el planeta respiró limpio; la fauna y la flora reaparecieron. Esta experiencia nos debe ayudar a darnos cuenta lo que sucede con un planeta sin humanidad, y el daño que hacemos con este sistema capitalista a la casa que habitamos. Este sistema no cabe en este planeta.

Desde otro punto de vista, el COVID-19 nos regaló la gran oportunidad de respirar, de ver las cosas de diferente manera, de generar esperanzas en que se puede vivir de otro modo. Nos ha dado otra oportunidad para que sobreviva la humanidad, para ver desde fuera, desde lejos, pero desde dentro de nuestras casas, lo que el sistema ha significado para nuestras vidas y la Naturaleza. Nos ha mostrado que podemos revertir el Cambio Climático si hay voluntad política y creatividad. No se ha hecho porque el Estado Corporativo no está dispuesto a sacrificar la acumulación de capital.

Tres claves son fundamentales para enfrentar las futuras pandemias: la descentralización, la diversificación y la organización colectiva. Estos criterios son vacunas que favorecen la independencia y la soberanía como pilares para lograr otros mundos posibles. La concentración de alimentos, de la producción, de la salud o de la tecnología en pocas manos no se sustenta. El monopolio, los monocultivos, la mono-dependencia del petróleo, de los ingresos exclusivos de un sector como el turístico o el “eco-tursimo” para sobrevivir, tampoco son la solución. El endeudamiento impagable e ilegítimo se contrapone a la soberanía. Las soluciones mesiánicas del Estado Corporativo se contrapone a tres criterios fundamentales para crear otros paradigmas de vida feliz: la autonomía, la autodeterminación y la autogestión de los pueblos. Es necesario crear las propias reglas y normas, definir el rumbo y administrar el camino hacia nuevos paradigmas, otros Alter Natos.

Nos preocupa más la exigibilidad de los derechos sobre un Estado Corporativo cuya lógica interna y posibilidades estructurales no le es posible otorgarlo. Debemos repensar la autonomía con autogestión de las condiciones para la felicidad colectiva. No limitarse a la exigibilidad al Estado para que nos garantice el agua, la luz, los alimentos o las medicinas, sino caminar hacia la autodeterminación. Que el Estado nos deje hacer, nos deje pasar las iniciativas de los pueblos.

Si nos regresáramos en el tiempo, digamos un año antes de estos acontecimientos y, sabiendo lo que nos sucedería, ¿cómo nos hubiéramos preparado?, ¿qué condiciones hubiéramos puesto para mitigar lo que se vivió? Esta perspectiva nos puede ayudar a preparar nuestros Alter Natos para no olvidar. Echemos la imaginación a volar para saltar de este sistema. El confinamiento nos dio la razón de lo que se puede hacer si nos pusiéramos de acuerdo en buscar otros paradigmas de vida. Pero al mismo tiempo debemos hacer un ejercicio de autocrítica de la cotidianidad personal, familiar, colectiva y sistémica; un ejercicio fuerte imaginación y creatividad; y una gran fuerza de voluntad política para dejar de reproducir el modelo de vida que reproduce el sistema y pensar y actuar colectivamente. Esta es la semilla de la rebelión sistémica.

Veamos entonces algunas pistas…

  1. La Salud en manos del pueblo. Luego de inundaciones o temblores se sugiere que las familias tengan a la mano o en una bolsa sus documentos, una linterna o agua, entre otras prevenciones. Durante el COVID-19 se buscó con ansiedad alcohol, mascarillas, gel antibacterial, papel higiénico, entre otros productos. De igual manera habrá que tener preparado el kit para cada persona. Piensa qué cosas sobre el tema de la salud necesitaste durante el COVID-19 y acopia lo suficiente y con tiempo. Se inventaron en casa tapabocas, batas y otros artefactos para prevenir las infecciones y se distribuyeron solidariamente a los centros de salud. Es necesario generar mecanismos de autosuficiencia sanitaria sin tanta dependencia de las empresas y el Estado. La medicina tradicional, la buena alimentación y la disminución de enfermedades como la diabetes, entre otras, ayudarán para prevenir. Estos proyectos populares de salud preventiva recobran mucho sentido. Los mecanismos comunitarios y vecinales de salud servirán de mucho en una contingencia similar. No podemos olvidar que se sacrificó a millones de personas para que los sistemas de salud desmanteladas por los mismos gobiernos no se les colapsaran para poder atender a los enfermos. Todos pagamos el precio de su privatización, por ello es importante luchar por un servicio y sistema público de salud.
  2. El consumo necesario. Por las dificultades económicas se redujo el consumo a lo indispensable. Esto ofreció la oportunidad de combatir el consumismo y generar nuevos hábitos que modifican la lógica de consumo que acarreamos, de tal manera que ni los préstamos o programas sociales de gobierno sean para activar el consumismo innecesario, sino para prepararnos para otra pandemia. Mucha gente dejó de consumir CocaCola, dejó de fumar, de consumir tanto alcohol o comida chatarra, entre otros hábitos. Nos dimos cuenta de cuántos gastos superfluos hacemos. Y es que los hábitos son los más difícil de cambiar. Para muchos fue la oportunidad de consumir productos artesanales, de mayor duración y calidad.

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El Escaramujo 92: EL COVID-19 Y LA CRISIS SISTÉMICA

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En medio de la crisis del COVID-19 que devela la insustentabilidad del capitalismo, nos preguntamos qué haremos luego y si todo será igual que antes. Otros esperan no regresar a la supuesta “normalidad”. Pero antes de reflexionar sobre las salidas, las alternativas y los escenarios futuros e inmediatos, consideramos que es fundamental entender cómo llegamos a este punto, lo que nos permitirá comprender mejor el momento que se vive durante la pandemia y lo que está por venir y construir.

Existen muchas teorías sobre el origen del COVID-19, sobre quién es el responsable; si es cierta su existencia o un invento de poderes oscuros o bien definidos. Pero por lo pronto da igual. El resultado es el mismo. Se puso en jaque al sistema capitalista y han puesto en crisis sus elementos fundamentales.

Los Modelos del Capitalismo

El Estado siempre ha estado al servicio del capitalismo y su acumulación. El concepto del Estado Nación nace con el Tratado de Wesfalia en 1648 que da fin al sistema feudal. Pero es hasta 1760 con la Primera Revolución Industrial que nace el Capitalismo con antecedentes patriarcales que también le dan origen y lo siguen sustentando, donde el Estado juega un rol fundamental en la acumulación del capital. Su primera expresión modélica fue el Modelo Liberal que facilitó la entrada de los grandes capitales bajo la supervisión y garantía del Estado o gracias a su debilidad frente a las compañías petroleras o bananeras, a los grandes hacendados, los gobiernos autoritarios o dictaduras. Se les dejó hacer y dejó pasar (“laissez faire, laissez passer”) sin la intervención del Estado hacia un libre mercado sin aranceles, sin subsidios; un libre mercado laboral y libres fronteras donde la “mano invisible” del economista Adam Smith guiaría la economía de mercado hacia la felicidad de toda la sociedad. Las libertades individuales, la libre oferta y demanda, serían claves en el nacimiento del capitalismo.

Cuando este modelo entra en crisis en 1929 con la Gran Depresión, empieza a transitar hacia otro modelo al finalizar la II Guerra Mundial cuya economía de guerra logró sacar al sistema de esa Depresión. Los países quedaron devastados por esta guerra. Se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con ella todo su andamiaje político. Frente al desastre social y económico, ¿quién rescataría la economía y el proceso de acumulación?: el Estado. Es así como el Estado entra a generar nuevos mecanismos para la carrera de la acumulación de capital y se instaura el Modelo Estado de Bienestar. Esta crisis justifica política, económica e ideológicamente el concepto de los “derechos humanos”. Así, el Estado, y no el libre mercado, está ahora obligado a garantizar el empleo, el bienestar de los gobernados con su intervención, como diría el economista Keynes, para invertir en gasto social. Sustituir importaciones frente a un mercado internacional colapsado por la guerra y generar los propios medios nacionales de subsistencia. Es entonces cuando se forman los sistemas de salud, de educación, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, las empresas estatales, las leyes que protegieran los derechos laborales y los servicios públicos como la basura, el correo postal, entre otros muchos servicios. Se otorgaron algunos subsidios y créditos estatales, se forman o se nacionalizan los bancos, se protege en algún grado las cadenas productivas nacionales, se erigen los aranceles, se construyen las infraestructuras de carreteras, puertos, aeropuertos y represas. Son los años en que se multiplicaron los tratados internacionales desde la ONU en materia de derechos humanos.

Claro, la pregunta era, ¿y con qué dinero? Para eso la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que estuvieron puestos a engordar sus arcas endeudando a los países pobres o en “vías de desarrollo”, deudas que todavía hoy se siguen pagando. Más tarde aceleraron las deudas otros bancos regionales y subregionales de carácter multilateral, esto es, formado por los mismos gobiernos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) o el Banco de Desarrollo de América Latina antes Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros bancos similares para África y Asia, pero todos bajo la batuta del FMI y del BM. Sin embargo, también entraron en el juego de la deuda y el enriquecimiento los bancos privados. Por ello no se puede entender el proceso de acumulación de capital sin el mecanismo de la deuda.

Este Modelo entra en crisis al iniciar la década de 1970 por varios factores, entre ellos, las crisis del petróleo que llevó a Estados Unidos a conformar los depósitos de reserva más grandes del mundo; la crisis del patrón oro y la crisis social y cultural. Pero hubo una fundamental: la crisis de la deuda externa que puso en desventaja y condicionalidad a los países deudores frente a sus acreedores. Estas Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s), el FMI y el BM, impusieron el otro extremo, la tesis de que el Estado se apartara nuevamente y que, sin regulaciones, se instalara el Modelo Neoliberal para volver a dejar hacer y dejar pasar a los beneficiarios de la acumulación de capital: las grandes Corporaciones. Se impusieron dictaduras militares en toda la América Latina para implementar las políticas de Washington. Durante 40 años se imponen las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) y se crea un caldo de cultivo para el fortalecimiento del narcotráfico. Y se logró el objetivo con mucho éxito. Con el Modelo Neoliberal se desmanteló el anterior papel del Estado y entregó a las trasnacionales el poder. Privatizó activos fijos, bienes y servicios, sistemas de pensiones y retiros e infraestructuras. Eliminó derechos laborales y privatizó bienes comunes naturales (petróleo, agua, gas, genes). Los Derechos de la Naturaleza fueron convertidos en servicios ambientales. Modificó la Constitución y las leyes secundarias en todas las materias para otorgar seguridad jurídica a las inversiones. Eliminó los subsidios y todas las barreras arancelarias y no arancelarias. El objetivo fue convertir todo a la lógica del mercado, todos los aspectos de la vida con precio y dueño. Estas políticas neoliberales se llevaron a cabo más rápido y en otros casos más lentos según las condiciones en cada país. De aquí el origen de todos los movimientos, organizaciones y centros de derechos humanos reclamando al Estado el Bienestar de la población y el abandono que hacía de velar, proteger y garantizar los derechos humanos: la educación, la salud, la alimentación, el agua, el medio ambiente sano, el trabajo, las libertades sindicales y la remuneración digna. En fin, la vida frente al despojo de las Corporaciones.

Este Modelo entra en otra etapa de transición en la carrera de la acumulación. A partir de la década de 1990 varios acontecimientos fueron fundamentales: el fin del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) para crear la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Consenso de Washington con su decálogo de políticas económicas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que inaugura una escalada de tratados por todo el continente, el fin del Muro de Berlín y la “pacificación” de los movimientos armados en América Latina, entre otros. La región fue arribada por las Corporaciones Transnacionales buscando como buitres el botín de las privatizaciones hacia la instalación del Modelo Corporativo al entrar el nuevo milenio. Pero en esta transición modélica se da un fenómeno nuevo: el Estado y las Corporaciones se funden. La clase política y la clase empresarial se convierten en uno solo. Los políticos se convierten en empresarios y los empresarios en políticos agudizando la apropiación corporativa del Estado y de los mecanismos multilaterales de la ONU.

En este modelo los Estados garantizan a las Corporaciones Trasnacionales, en el sentido amplio, la extracción del Sur Global por medio de la seguridad jurídica, social y de la tenencia de la tierra. Se les garantiza la apropiación de las empresas estatales, los sistemas de salud, de gigantescas extensiones territoriales, de las carreteras y otras infraestructuras; la generación y venta de la energía eléctrica, la apropiación de los bienes comunes naturales (agua gas, petróleo, genes), así como de los sistemas financieros. Se modifican los códigos penales para criminalizar la protesta social que pretenda impedir el extractivismo en todas sus facetas. El nuevo Modelo Corporación se agudiza en su etapa final de acumulación y con mayor control de las estructuras gubernamentales y multilaterales. Compras y fusiones de empresas se aceleran adquiriendo mayor poder y riqueza. Este Modelo es lo que explica, a partir del Nuevo Milenio, la lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados de libre comercio, la lucha contra el Plan Puebla Panamá (PPP), contra la Deuda Externa, contra la militarización, contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, las campañas contra la “Apropiación Corporativa”, la lucha contra las privatizaciones, el nacimiento de

las organizaciones y redes de monitoreo de las Transnacionales, entre otras agendas importantes para el reciente repunte del Movimiento Social.

Es así como llegamos a la crisis sistémica que hoy vivimos y que transitará por décadas en ésta último repunte de la acumulación que el COVID-19, lejos de terminar con el capitalismo, agudiza su acumulación corporativa. No estamos en una crisis modélica del Neoliberalismo, ni en una crisis del Modelo Corporación Nación. Estamos instalados irremediablemente en una crisis sistémica que transitará por varias décadas, pero que no será una mutación genética del paradigma, sino un proceso de transición sistémica. Desde el Modelo Corporativo es necesario ver ahora la realidad social, política y económica donde el Estado ha jugado un papel central en función de la acumulación.

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El Escaramujo 91: PROYECTO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 2018-2024

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En el documento denominado “Plan de Nación 2018-2024 del Sector Energético y Desarrollo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano define como su objetivo fundamental “Acelerar la Transición a Energías Renovables”. Esto se entiende como la modificación de la matriz energética actual basada principalmente en hidrocarburos, e incrementar la generación y el uso de las “energía renovables” y “limpias” que contribuyan a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a la recuperación de los sistemas ecológicos, y de este modo cumplir con los compromisos internacionales en materia de medio ambiente y de combate al Cambio Climático. Así, de la capacidad instalada actual de energía en GW, el 78% proviene de “energía no renovable” y el 22% de “energía renovable”. El objetivo es pasar para el año 2024 a un 59% de capacidad de “energías renovables” en comparación con un 41% en “energías no renovables”. Para lograrlo, se plantean estos 12 Eje Rectores como estrategia con los cuales se dicen habrá un impacto ambiental en mitigación de GEI de 57.65 Mton CO2e (Millones de Toneladas de Bióxido de Carbono equivalentes).

Todo esto se enmarca en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-20331 y en el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan se rige con los principios de soberanía, seguridad energética nacional y sostenibilidad con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía (SENER) quien realiza la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y la Elaboración del PRODESEN, integrando la generación, transmisión, distribución, comercialización y ‘transición energética’, para garantizar el suministro de energía eléctrica con rentabilidad y recuperación de las inversiones. Del mismo modo se aseguraría el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de calidad y confiable a todos los mexicanos. También se manifiesta que respetará la condición de equidad y competencia justa entre las empresas privadas y las empresas productivas del estado en la participación del mercado eléctrico. 

El PRODESEN distingue a los productores de energía correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Productores Independientes de Energía (PIE), así como al resto de los permisionarios, como son: Autoabastecedores (AU), Cogeneradores (COG), Pequeños Productores (PP), Importadores (IMP) y Exportadores (EXP), interconectados a la red del Servicio Eléctrico Nacional (SEN). También se incluye a los participantes del mercado, Centrales Eléctricas con permiso como generadores (GEN). A diciembre de 2018 la capacidad de generación de la CFE, de los PIE y del resto de los permisionarios alcanzó alrededor de los 70,053 MW.

El PRODESEN está alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND), a la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, al Programa Sectorial de Energía (PROSENER), al Programa Nacional de Infraestructura (PNI), al Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), al Programa Especial de la Transición Energética (PETE), al Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas, al Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista, al Programa de Expansión de la Red Nacional de Gasoductos y al Programa de Redes Eléctricas Inteligentes.

La Ley de Transición Energética2 define a las “Energías Limpias” como “aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica”; define a las “Energías Renovables” como “Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables las que se enumeran a continuación: a) El viento; b) La radiación solar, en todas sus formas; c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m 2; d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.”

¿TRANSICIÓN RENOVABLE Y ENERGÍAS LIMPIAS?

Existen dos conceptos controvertidos y que se usan con mucha ambigüedad. Por un lado, tanto en los discursos de derecha, de izquierda o como en los progresistas, se habla de “Transición”. Sin embargo, cada quien lo entiende a su manera y desde distintas ópticas. La palabra “transición” viene del latín y se compone del prefijo trans- (de un lado a otro), itus (ido) y el sufijo -ción (acción y efecto). La acción de ir de un lado a otro. Pero este transitar puede ir de lo bueno a lo malo, de lo malo a lo bueno, de lo viejo a lo nuevo, o de lo nuevo a lo viejo. Todo ello según el paradigma desde donde se ubique la ‘transición’. 

Desde una perspectiva, se usa la idea de “transición” para indicar el cambio de un combustible a otro en el mismo sistema de producción y consumo. A esto también se le ha llamado “transformar” la matriz energética. Etimológicamente está bien empleado en el sentido de que se modifica la ‘forma’, pero no la ‘sustancia’. El concepto de “transformar” no implica la idea radical que muchos le pretenden dar en el sentido de un cambio sistémico radical. Esto sería cambiar la ‘sustancia’, cambiar al sistema capitalista por otro que sea sustentable y nos permita sobrevivir integrados más armoniosamente en este Planeta. En otras palabras, seguimos haciendo lo mismo, produciendo lo mismo, al mismo ritmo, a la misma dirección y con mayor velocidad, con el mismo consumismo, con la misma depredación ambiental pero con la ilusión de la ‘sustentabilidad’, lo ‘renovable’, lo ‘limpio’ y lo ‘verde’, porque la energía que se requiere para todo ello ya no sale de los hidrocarburos, del petróleo y del gas, sino del viento, del sol, de la biomasa, del agua o del calor del subsuelo. Pero en ello, está la trampa. Solo cambiamos la forma, no la sustancia.

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Desde 1879 en León, Guanajuato, la fábrica textil “La Americana” instaló una planta termoeléctrica a base de leña, la primera unidad generadora de energía eléctrica en México. Sin embargo, es hasta 1882 que se usó por primera vez en el mundo una corriente de agua para generar hidroelectricidad en Inglaterra, Estados Unidos y Francia.

En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Batopilas, Chihuahua.1 Sin embargo, otra fuente considera que es en los alrededores de Orizaba, Veracruz, que se instaló la primera unidad hidroeléctrica en 1883 en la fábrica textil de San Lorenzo, y que a finales de esa década había en México alrededor de 50 instalaciones termoeléctricas y 10 hidroeléctricas. Pero es hasta 1888 que la planta hidroeléctrica de Echeverría, aprovechando la caída del agua del Río Atoyac en Puebla, es considerada la primera unidad central de producción hidroeléctrica de una compañía eléctrica en México para el servicio público, que contaba con una presa a todo lo ancho del río Atoyac, una cortina de mampostería de piedra de 90 metros de largo y producía una caída de 10 metros de altura. A 180 mts de la cortina se ubicó la casa de máquinas y se trasvasaba por un acueducto de 42 pulgadas hacia la turbina doble tipo Leffel de eje horizontal con capacidad de 180 caballos.2

Sin embargo, al referirnos a todo tipo de represas y bordos, desde el año 1550 hasta el 2018 la CONAGUA ha logrado documentar que a lo largo de 468 años se han construido un total de 6,225 represas y bordos en todo el país. La primera registrada es en 1550 en el estado de Guanajuato. 

RÍOS Y CUENCAS REPRESADAS

Actualmente en México están delimitadas 1,471 corrientes de agua de todos los tamaños que conforman una red hidrográfica de 633.000 km de longitud, que equivale a dar 155 vueltas al mundo sobre la línea ecuatorial cuyo perímetro es de 40.075 Km. De las 1,471 corrientes, 1,389 llegan al mar, ya sea al Golfo de México, al Océano Pacífico o al Mar Caribe; 77 desembocan en lagos o lagunas internas; y las únicas 5 que se infiltran en el subsuelo se localizan en la Península de Yucatán.3 

Estas Corrientes de agua, CONAGUA las distingue para la ubicación de las presas y bordos en el país en Ríos, Arroyos, Escurrimientos, Afluentes, Acueductos, Barrancas, Canales, Cañadas, Cañón, Derivación, Manantiales, Derramadero, entre otras. Algunos nombres se repiten en diferentes Corrientes. Otras Corrientes cambian de nombre a su paso por diversas regiones, municipios o entidades. Y otras pocas Corrientes simplemente no tienen registro de nombre. En la siguiente Tabla, de todos los tipos de Corrientes, solo mencionamos los 600 Ríos represados en el país desde 1550 hasta 2018, en base a los nombres actuales; algunos se les conocen con más de un nombre en la misma región; otros Ríos en la base de datos de la CONAGUA están mal escritos o tienen errores tipográficos, por lo que intentamos subsanar estas deficiencias hasta donde fue posible. Cabe señalar que el Río Usumacinta aunque no ha sido represado, está amenazado por los proyecto de 5 represas hidroeléctricas.

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Las represas son asociadas al concepto de “desarrollo”. Y últimamente se le asocia a la “energía limpia”, “sustentable”, “verde” o “renovable”. Sin embargo, no se dice que el costo socio ambiental ha sido de tal magnitud que ha generado movilizaciones históricas en México, en toda América Latina y en el mundo. Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas en todo el planeta donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”. Pero ¿“desarrollo” para quién?

En México, lo común en torno a la construcción de las represas han sido los engaños a la población, el desplazamiento forzoso e incluso con violencia, las promesas incumplidas y una mayor pobreza de los desplazados. Pero hay otro tipo de saldos como el endeudamiento de los gobiernos, el aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente, entre otros pasivos sociales y ambientales.

Se ha observado que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como la Secretaría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) actúan a favor de las políticas del gobierno en turno. De igual manera se ha observado cómo la Procuraduría Agraria manipula información a los ejidatarios y comuneros e interviene de manera ilegal, no respetan las asambleas agrarias, se acusa a “intereses externos” cuando hay oposición, trata a la población como ignorante y se le desprecia su capacidad de decisión. Por su lado, el gobierno avasalla con todo su aparato de convencimiento por medio de propaganda, asambleas, ofrecimiento de dinero a las autoridades ejidales. Se prometen programas y proyectos; se emplean modelos de vivienda mal hechos para convencer a la afectados a su desplazamiento con futuras esperanzas de mejor bienestar. Esto se da a todo lo ancho y largo del país. Mienten, confunden, falsean información, se presenta información contradictoria, con Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) mal hechos, manipulan actas de asamblea, se falsifican actas Otros Mundos, A.C. www.otrosmundoschiapas.org y firmas comunitarias así como el padrón ejidal. No se cumple con la reforestación ni con las acciones de supuesta mitigación. Permea la corrupción y el tráfico de madera y de animales; se especula con el valor de la tierra, se contrata personal fuera de la región y de otros estados lo que no redunda en mayores empleos. Por lo general la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) prohíbe el uso del agua de las represas para los pueblos locales a los que no está destinado el agua. Las especificaciones de la represa cambian, según intereses, según la fuerza de las resistencias sociales y los problemas que va presentando el proyecto, de ahí las contradicciones en la información. Y el caso de la Presa Milpillas, no es la excepción.1

CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA PRESA MILPILLAS

En Zacatecas, la primera represa registrada por CONAGUA se construyó en el año 1602. A lo largo de la historia se han construido en el estado 356 represas de todo tipo, tamaño y finalidad. Estas representan el 5.7% del total de represas construidas en el país desde el siglo XVII en un estado que representa a su vez el 3.8% el territorio nacional. Es la 5a. entidad de la República con mayor represas construidas a lo largo de la historia después de Tamaulipas, Jalisco, Durango y Chihuahua.2 Ahora, esta nueva represa es una obra que el gobierno de Zacatecas quiere imponer a toda costa, ya que la autorización para construirla tiene una vigencia de 5 años a partir de que se otorgó el permiso en enero de 2017, por lo que en 2018 las presiones, intimidaciones y hasta amenazas de muerte sobre los actores que se oponen a ella registran una alta intensidad.

En marzo de 2015, la CONAGUA, una de las instituciones más corruptas del país. presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Regional denominado “Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul y Línea de Conducción para el abastecimiento d agua potable al Corredor Zacatecas-Fresnilllo” 3 , de más de 540 páginas que tuvo un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos4 , mientras que pretenden indemnizar con tan solo $750,000.00 pesos a los propietarios de los terrenos utilizados para la construcción del proyecto.

A continuación hacemos un resumen y analizamos las características del proyecto de la represa según este MIA. Del mismo modo ofrecemos algunas conclusiones.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO: En el MIA se afirma que la región Fresnillo-Zacatecas concentra la mayor población del estado de Zacatecas, con una intensa actividad agrícola y sistemas riego que conllevó a la sobre explotación de los pozos. El Objetivo entonces es crear una obra de Abastecimiento de agua potable a toda esta región. Pero también con el fin de evitar extraer agua del subsuelo y favorecer la recarga hidrológica. Suponen que en 50 años de vida útil de la presa, aunque se otorgó el permiso de operación por 60 años, serán suficientes para que se recarguen los pozos como si la extracción se eliminara con la represa. Aunque el MIA no presenta metodología ni fuentes para determinar el grado de sobre explotación, además de que en muchos casos no existen los medidores para analizar esta tendencia, suponen erróneamente que bajará la extracción el agua de los pozos con este proyecto cuando 11 acuíferos están sobre explotados y hay un déficit alto de disponibilidad de agua. Sin embargo el proyecto conllevará un aumento de la oferta de agua, de la actividad industrial y de servicios, por lo que lejos bajar la explotación de los acuíferos, ésta se mantendrá igual o aumentará. Por tanto, no disminuirán los hundimientos ni los tandeos ni la contaminación de aguas freáticas. Así, el gobierno de Zacatecas niega que haya otra alternativa viable.

El MIA asegura que el Municipio Calera de Víctor Rosales, si bien no tiene escacés de agua, sí alimentaría al parque industrial y otra empresas que demandan mucha agua potable, que incluye una “Compañía Cervecera”. Para el Municipio de Sombrerete se ofrecerá agua a la producción agrícola y ganadera, que son las principales actividades económicas de este municipio; agua potable a Valparaíso así como al Municipio de Calera, Morelos y Guadalupe, al Municipio de General Enrique Estrada que adolece de agua potable y a la ciudad de Fresnillo y Zacatecas para los sectores sociales y productivos. Por otro lado, el MIA segura que con este proyecto habrá ingresos por el cobro de esta distribución del agua e ingresos fiscales para el gobierno.

UBICACIÓN: La cuenca hidrográfica Milpillas se localiza en la parte oeste del Estado de Zacatecas, ubicada en su mayoría dentro de los municipios de Sombrerete y Valparaíso. Se encuentra entre las elevaciones que van desde los 1,970 y 2,959 msnm. Todo el Proyecto (presa y acueducto) se extiende sobre dos Provincias Fisiográficas: Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas, en la parte Este y Sierras y Valles Zacatecanos en la parte Oeste, que se ubican en la parte central del Zacatecas. El Proyecto impactaría 8 municipios: Jiménez del Téul, Sombrerete, Valparaíso, General Enrique Estrada, Calera, Morelos, Zacatecas y Fresnillo, siendo este último el que más superficie abarca.

DURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN: Tres años. La fecha de inicio iba a ser en enero del 2017 y terminaría en septiembre del año 2020, sin embargo, la construcción no ha iniciado ya que la resistencia social lo ha evitado.

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EL ESCARAMUJO 88 RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO (Parte I)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Las cifras sobre las represas en México varían según la fuente y los términos de referencia ya que en algunas ocasiones se toman en cuenta solo las hidroeléctricas. Pero las represas y los bordos es la obra física construida para almacenar o embalsar, desviar o contener el agua evitando el flujo natural de ésta. Además de generar electricidad tienen otras funciones como los usos agrícolas (irrigación), abastecimiento de agua a centros urbanos, para el control de avenidas e inundaciones, para relaves o jales de la minería, o para dotar de agua a alguna industria. Y existen de todos los tamaños: grandes, medianas, pequeñas, mini y micros. Se han asociado al “Desarrollo” y a la “Energía Limpia”, “Sustentable” y “Renovable”. Sin embargo, el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000 y los siguientes 20 años desde entonces, comprueban que las represas generan más pobreza, accidentes y rupturas de represas. Han generado más de 80 millones de desplazados en el planeta, pueblos desaparecidos, cuencas secas, más inundaciones y terremotos, desaparición de biodiversidad y de ríos. Generan altos índices de Gases Efecto Invernadero y no son sustentables. Es una energía sucia. Por ello el movimiento antirepresas en el mundo va creciendo.

El discurso de que las represas representan energía renovable es una trampa. Lo que es renovable es el agua más no el modo de obtener energía a gran escala represándola. El Cambio Climático, la deforestación, la alteración del ciclo del agua entre otros factores no garantizan una precipitación pluvial estable. Las sequías e inundaciones inesperadas se agudizan. 

LAS REPRESAS HOY

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía.1 Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) existen más de 5 mil 163 entre represas y bordos en México que almacenan aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos de agua que equivalen a la capacidad de 60 millones de albercas olímpicas. Tan solo 181 de estas represas almacenan el 82% de esta agua.2

La hidroelectricidad es la principal función de las represas en el país, seguida de las construidas con fines agrícolas principalmente en el norte del país donde escasea más el agua y donde se priorizó fuertemente esta actividad. Nayarit cuenta con unas de las presas más grandes del país: La Yesca, con una cortina de 220 metros de altura, y El Cajón de 186 metros de altura.

LAS REPRESAS EN LA HISTORIA

Desde el año 1550 hasta el 2018 la CONAGUA ha logrado documentar que se han construido en México a lo largo de 468 años un total de 6,225 represas y bordos en todo el país, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3 CONAGUA no ha logrado obtener toda los datos de cada presa y bordo, pero en función de las variables con la información obtenida, realizamos este análisis.

De las 6,225 represas, CONAGUA identifica la ubicación municipal de 6,195 que representan el 99.5%. Solo 30 de ellas, entre las más antiguas, no logró identificar su ubicación municipal. En base a esto, el 41.25% de los municipios del país, que equivalen 1,016 municipios de un total de 2,465 municipios que existen en todo el país, han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa.

 

Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría corresponden a la región norte del país que se caracteriza por ser una zona con mayor escasez de agua. La actividad ganadera, agrícola, minera e industrial en la zona norte, occidente y la región petrolera del Golfo, ha impulsado represar el agua para todos estos usos. Sin embargo, no es en esta región donde se encuentra la mayor cantidad de agua superficial del país, sino en el Sur-Sureste donde se encuentran algunas de las más grandes represas del 

país. Chiapas cuenta con dos grandes represas, La Angostura con una cortina de 147 metros de altura y Malpaso de 138 metros. Entre Guerrero y Michoacán la presa El Infiernillo se yergue con una cortina de 152 metros de altura. Por mencionar algunas.

Sólo hay tres estados del país que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Estos estados no cuentan con agua superficial sino subterránea, el territorio es plano y prácticamente sin elevaciones.

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EL ESCARAMUJO 87 CHIAPAS: EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo


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El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó el Programa “Sembrando Vida (Programa de Comunidades Sustentables)” bajo la responsabilidad de la nueva Secretaría de Bienestar. Para el Presidente, este programa es uno de los más importantes de su gobierno con el que pretende reforestar el país con árboles frutales y maderables, combatir la degradación de los bosques y de los suelos, combatir el Cambio Climático, ofrecer empleo rural, eliminar la migración, generar la autoproducción de alimentos, combatir la pobreza rural, reactivar el desarrollo, lograr que el campo exporte y tenga mejores condiciones de vida, y eliminar las bases al crimen organizado – quien ofrece más dinero al campesino por sembrar droga, por cuidar los caminos o simplemente lo mantiene bajo su control con extorsión y violencia.

Todos estos problemas estructurales son graves y de urgente atención y solución. Sin embargo, con este programa está lejos de solucionarlos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA?

Oficialmente, el objetivo es “contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral, restauración productiva del campo, cultivando maíz, cacao, hortalizas y árboles frutales en un millón de hectáreas de 19 estados del país”. Además, generar 400 mil empleos y reforestar un millón de hectáreas.

¿DÓNDE SE APLICARÁ EL PROGRAMA?

El Programa pretende cubrir 19 estados del país: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Por lo pronto, Sembrando Vida arrancará en 2019 en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?

El Programa está dirigido a beneficiar a los “Sujetos Agrarios”. Como “Sujeto Agrario” se entiende a quienes les es aplicable la legislación agraria, como a los ejidatarios, comuneros, y sucesores de éstos; ejidos, comunidades, avecindados, jornaleros agrícolas, pequeños propietarios, poseedores de terrenos baldíos o nacionales, colonos y campesinos en general.

Sin embargo, el Programa restringe los beneficiarios a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

  • 1) los que habiten en localidades rurales,
  • 2) con un ingreso inferior a la línea de bienestar rural,
  • 3) que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajada en un proyecto agroforestal,
  • 4) que sean mayores de edad,
  • 5) que firmen una solicitud de ingreso al programa y
  • 6) que entreguen una copia de su identificación y de su CURP.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a finales de 2018 la Línea de Bienestar Rural era de $2,008.71 pesos mensuales por persona, y la Línea de Bienestar Mínimo Rural se ubicó en $1,113.23 pesos mensuales por persona. Esto significa que los que tengan ingresos por debajo de los $1,113.23 pesos mensuales, tomando en cuenta los indicadores de diciembre de 2018, serían los beneficiarios de este Programa.

Con el Programa cada beneficiario cultivaría 2.5 hectáreas de tierra y, junto con otros 24 campesinos, conformarán una Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC), que sería coordinada por dos técnicos llamados extensionistas o facilitadores. Uno de estos técnicos será “social”, para impulsar las relaciones de corresponsabilidad, y otro técnico “productivo”, quien los asesorará sobre herramientas de producción y tipos de suelo. En cada CAC apoyarán tres integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que es un programa “que busca que miles de jóvenes entre 18 a 29 años de edad puedan capacitarse en el trabajo. El Gobierno de México les otorgará una beca mensual de 3,600 pesos para que se capaciten durante un año. Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral.” 

El Programa Sembrando Vida pretende incentivar a los “sujetos agrarios” a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina los cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF).

¿QUÉ TIPO DE AYUDA SE RECIBIRÁ CON ESTE PROGRAMA?

Los apoyos serán de tres tipos:

  • Apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas).
  • Acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. “Los técnicos trabajarán con los campesinos en un espíritu de compartir conocimientos y experiencias, aprendiendo de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y especialmente con su territorio.” 
  • Las personas inscritas recibirán un apoyo de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. De esta cantidad, $500.00 (Quinientos pesos 00/100) se destinarán a una caja de ahorro que supuestamente ellos mismos administrarían, siendo $450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100) destinados a una cuenta de ahorro de una institución financiera y $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) podrán ser destinados al Fondo de Bienestar.

UN ANÁLISIS DEL PROGRAMA

A continuación exponemos una serie de consideraciones y problemáticas a tomar en cuenta:

1. Un problema estructural de base es la necesidad de actualizar del padrón agrario. El Registro Agrario Nacional (RAN) no está actualizado. Sus rezagos son enormes y complejos. Difuntos no registrados, migrantes, problemas de herencias; disputas agrarias, familiares y comunitarias, y problemas con los avecindados, con los posesionarios y los dueños; ventas o rentas ilegales de parcelas, entre otros muchos problemas que no están solucionados en el padrón. En este contexto, el programa aterriza en terreno frágil, lodoso y fértil para la corrupción y flexibilización de sus políticas en lo práctico con el objetivo de operativizarlo rápidamente, lo que no garantizará el cumplimiento del programa.

2. Los Programas no son Ley, su participación es voluntaria. Esto tiene sus pros y contras. Su continuidad dependerá de que los sujetos agrarios más pobres vean beneficios en corto tiempo. Los arboles frutales no producen de la noche a la mañana, ni se generan nichos de mercado tan fácilmente. Mercados locales que han sido devastados por los Tratados de Libre Comercio. 

3. Como en otros programas, las comunidades son chantajeadas para apoyar objetivos personales o del partido político en turno, o del político local que con piel de oveja solo ha cambiado de partido para perpetuarse en el poder y los privilegios, como ha pasado con MORENA en todo el país desde gobernadores hasta presidentes municipales.

4. El Programa ya está generando divisiones comunitarias además de confusiones. Ya se están generando problemas de corrupción y por ello se establecerán “contralorías sociales” nombradas desde los ejidos. En algunas comunidades los campesinos han manifestado que sí cumplen con los requisitos y no son inscritos en el programa.

5. Existen municipios donde la mayoría de los productores no cuentan con 2.5 hectáreas como requisito para participar en el programa, ya que han sido fragmentadas para venderlas o heredarlas a sus hijos. Peor para las mujeres, ya que la mayoría no son propietarias de terrenos y mucho menos tienen 2.5 hectáreas ociosas en su poder.

6. Pretender generar 400 mil empleos en el campo mexicano compitiendo con el crimen organizado será un reto complicado. Sin embargo, conocido es como en el caso de Guerrero, como en otras regiones, luego de que segmentos de la población reciben recursos económicos de algunos programas, el crimen organizado los espera en los caminos con retenes ilegales para cobrar su parte. La repartición de tantos recursos al sector rural será un campo de cultivo para la extorsión del crimen organizado, lo que se pretende supuestamente evitar con la Guardia Nacional.

7. Diversos analistas aseguran que estructuralmente el país no tienen la capacidad de producir y sembrar con calidad un millón de hectáreas con los millones de árboles adecuados a los tipos de suelos y además evitar que todos ellos mueran. Desde este punto de vista, algunos especialistas aseguran que sembrar árboles maderables y milpa intercalada con frutales en 500 mil hectáreas durante 2019, 500 mil en 2020, y así hasta un millón de hectáreas en 19 estados, se requerirán mil 100 millones de árboles que tendrían que ser abastecidos por las comunidades, los viveros del ejército mexicano, de la Conafor y de los viveros de empresas privadas1. Sin embargo, en muchos estados del país no existe esta capacidad instalada para proveer de árboles nativos a la región. Este Programa podría terminar en el fracaso rotundo como el Programa Pro Árbol del gobierno de Felipe Calderón en la que murieron 9 de cada 10 árboles plantados.

8. Difícil será censar a los que tengan ingresos por debajo de los $1,113.23 pesos, y con 2.5 hectáreas ociosas que no haya cooptado el crimen organizado. Este reto será gigantesco además de asegurar que no se preste a corrupción, empadronamiento de personas que no cumplen los requisitos del programa, o que sea infiltrado por las bases del crimen organizado para obtener otra fuente más de financiamiento.

9. Para la entrega de los recursos, el gobierno tendrá que establecer sucursales bancarias en todas las cabeceras municipales con el fin de hacer llegar de manera directa y sin intermediarios que ordeñen los recursos para que llegue el dinero a manos de los campesinos. Esto plantea muchos retos de seguridad.

10. Se prevé contratar a 17 mil 600 técnicos, con un sueldo de 18 mil pesos mensuales. Los altos sueldos para el contexto campesino del acompañamiento técnico ya registra corruptelas, contrataciones de supuestos técnicos que no tienen experiencia ni la profesión adecuada, que no conocen las características del suelo de la región. Agrónomos, técnicos, biólogos que no cuentan con las herramienta para determinar el tipo de siembra, la calidad y tipo del suelo, y que desconocen las especies nativas.

11. También se han registrado la contratación de los técnicos sociales que no cuentan con las capacidades para realizar diagnósticos sociales. Desde abogados y otras profesiones no afines han sido incluidos en estos técnicos en busca de un mejor salario pero con incapacidad para cumplir con el perfil que se requiere.

12. Las tres personas que serán contratadas en cada Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC) bajo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un antecedente nada bueno. En la década del 2000 se implementó un programa similar donde los empresarios recibían en sus plantas de producción a personas pagadas por el gobierno para su capacitación durante un año y que al final no eran contratados, sino que incluían una nueva generación de jóvenes en capacitación para así no pagar salarios. Deesta forma, el aumento del empleo no se dio.

13. Sin procesos comunitarios previos, sin tomar en cuenta los mecanismos propios regionales de organización campesina e indígena, se prevé que pueda fracasar la Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC) compuesto por 25 campesinos que se integren al programa. Además se requiere de pasos previos como generar mecanismos y estructuras de comercialización interna y regionales fuera de la lógica de la exportación y de los monocultivos generados bajo la cultura de los Tratados de Libre Comercio.

14. El gobierno federal ha destinado al Programa Sembrando Vida un total de 15 mil millones de pesos, y aunque es tres veces más que la inversión para rehabilitar la refinería de Tula, Hidalgo, son insuficientes para cubrir los gastos del programa. Más complejo al sumar los indices de deforestación anual, la venta ilegal y descomunal de madera, la desaparición acelerada de la Selva Lacandona y ahora de otras Áreas Naturales Protegidas siniestradas por los incendios en 2019. 

15. Así, el Programa Sembrando Vida se topa con otros muchos problemas que al parecer rema contra corriente: proyectos de represas, concesiones mineras, aeropuertos, Tren Maya, carreteras, pozos petroleros, incendios, deforestación, turismo de élite en zonas de manglares, gasoductos, entre otros megaproyectos ubicados en selvas, bosques y regiones de alta biodiversidad.

Es buena la intención del Presidente al afirmar que “Vamos a impulsar otra forma de hacer economía basándonos en la innovación social y los valores comunitarios, cuyo centro sean las personas y no el dinero”. Sin embargo, al parecer el programa está cimentado sobre muchos retos que deben solucionarse antes que las prisas por cambiar radicalmente la situación en el campo y sus problemas estructurales. 

Notas:

1Gustavo Winzing Negrín, ex director de la Comisión Estatal Forestal (Comesfor) de Tabasco, “sostiene que en esta entidad, los viveros gubernamentales tienen una producción conjunta de 2.5 a 3 millones de plántulas al año, para los 93 millones que estima se requerirán durante los dos primeros años de siembra. Es decir, apenas alcanzaría a proveer 3 de cada 100 arbolitos necesarios. “Si estimamos que se siembren 50 mil hectáreas en el primer año, se requieren en promedio 625 arbolitos por hectárea, que estaríamos hablando 31 millones de plantas, que no se tienen en Tabasco”. https://piedepagina.mx/los-sembrando-vida.php

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Más información: 

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

EL ESCARAMUJO 86 ¿QUÉ ES EL PROTOCOLO DE NAGOYA?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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En el capitalismo todo se convierte en mercancía, con precio y dueño. Y ahora asistimos a otra generación de privatización. Con las Políticas de Ajuste Estructural al inicio del Modelo Neoliberal, la primera generación de privatizaciones se dio en torno a empresas estatales; en una segunda generación se enfocó en la liberalización de las barreras arancelarias y los servicios (salud, educación, carreteras, telefonía, servicio eléctrico, correos, servicios aeroportuarios y marítimos, entre otros); en una tercera generación se enfocó a la privatización del sector extractivo (minería, represas, grandes plantaciones de agroexportación, petróleo, gas, fracking, entre otros). Y en esta cuarta generación se impulsa la privatización de la vida, del agua; de los genes de animales, plantas y humanos; del oxígeno, del carbono, de la respiración de la naturaleza incorporándole medida (bono), cantidad (toneladas) y precio de venta en el mercado.

Frente a la ambición de las corporaciones por controlar las semillas, los alimentos, los medicamentos, la biotecnología y la nanotecnología, las grandes corporaciones y los gobiernos van por el extractivismo genético, por su control en cualquier rincón del planeta así como del conocimiento tradicional indígena bajo el argumento de que tienen derecho a su acceso, a la comercialización y su apropiación, a patentarlo y convertir en negocio los bienes comunes naturales y los bienes comunes culturales lo que les permitirá un mayor control sobre el hambre y la salud de la humanidad, sobre la dependencia de la nanotecnología y otros descubrimientos científicos. Por ello, hemos llamado a este nuevo modelo económico “Corporación-Nación”, o Modelo Corporativo. Pero todavía no se logra entender que el Modelo Neoliberal ya ha sido superado por este nuevo modelo del capitalismo.

El Protocolo de Nagoya caracteriza claramente al bien común natural genético y al conocimiento tradicional indígena como una fuente de negocio y de comercialización, como un recurso económico del cual hay que apropiarse. Para ello se despliega toda un articulado para garantizarse el acceso y la comercialización, entregando a cambio migajas. Sin embargo, el conocimiento empresarial, las patentes y su tecnología, no son elementos a los cuales tenemos derecho a acceder con participación “justa y equitativa”, sino a comprarlos a costos muy altos. Incluso cuando están cimentados en el subsidio de los estados, a costa del dinero de los pueblos. Así, las empresas sí son dueñas de su tecnología y conocimientos, pero los pueblos indígenas son solo “custodios” de la biodiversidad y de su conocimiento tradicional.

Así lo resume el Protocolo: “Reconociendo que la conciencia pública acerca del valor económico de los ecosistemas y la diversidad biológica y que la distribución justa y equitativa de su valor económico con los custodios de la diversidad biológica son los principales incentivos para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Conscientes de la potencial contribución del acceso y la participación en los beneficios a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo por ende a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (…)”.

ANTECEDENTES

Frente a la crisis climática mundial que se alertaba desde la década de los 90’s, los gobiernos citaron a la “Cubre de la Tierra” llamada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este “desarrollo” capitalista que ha puesto en jaque al medio ambiente a nivel mundial y que pone en peligro la biodiversidad del planeta. Una diversidad biológica disminuida y arrinconada en algunos países y que las potencias y grandes corporaciones quieren acceder a ella exigiendo una “participación justa y equitativa de los beneficios económicos al comercializar los recursos genéticos”.

De esta “Cumbre de la Tierra” emanó el Convenio sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor a partir de 1994, en el contexto del primer Tratado de Libre Comercio realizado entre Canadá, Estados Unidos y México, del nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que pretendía introducir todo a la lógica del mercado, del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la “pacificación” de los conflictos centroamericanos. El Convenio fijó tres objetivos: 1) la conservación de la diversidad biológica, 2) la utilización sostenible de sus componentes, y 3) la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. En otras palabras, conservar la fuente que dará pié a un nuevo negocio multimillonario, justificando que las empresa tienen derecho a acceder a ello y luego prohibir que otros lo hagan a menos que paguen altos costos.

Ante un “desarrollo” que no puede sostenerse indefinidamente sobre bienes finitos, en medio de tantas privatizaciones y extractivismo impulsado por el consumismo, el derroche y la obsolescencia programada para la acumulación incesante de capital de las grandes corporaciones, los gobiernos y las empresas continúan tratando de justificar el “desarrollo sostenible” imposible de lograr en la lógica capitalista por medio de conservar la biodiversidad, explotarla permanentemente y garantizar que tendrán acceso a ella en cualquier rincón del planeta donde se encuentre para la industria de la nanotecnología, biotecnología, transgénicos, medicamentos, etc. En esto se resume los tres objetivos del Convenio.

Sin embargo, para garantizar con mayor claridad eso de tener acceso a la biodiversidad donde esté, bajo el argumento de que es un bien de la humanidad y todos tenemos derecho a acceder a ella, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, se dieron a la tarea de elaborar una ley que les asegurara la “participación justa y equitativa en los beneficios”, de comercializar los genes de los seres vivos y poder patentarlos. Pero no solo a tener acceso a los genes sino a expoliar el Conocimiento Tradicional Indígena.

De esta manera, hasta el 2010 en la ciudad de Nagoya, Japón, se logró definir el llamado Protocolo de Nagoya sobre “Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica”.

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROTOCOLO DE NAGOYA?

Es el robo institucionalizado de la fuente de la vida, del alma de la vida: sus genes. Pero también del conocimiento que los pueblos indígenas han adquirido sobre las plantas y sus usos medicinales a lo largo de miles de años. Así, en 38 artículos se les entregan a las empresas una de las últimas trincheras de la privatización, donde los gobiernos tienen que aceptarlos todos sin reparos en ningún articulado (Artículo 32).

El Objetivo del Protocolo es garantizar y legalizar la apropiación de material genético de las plantas y animales de todo el planeta por parte de las trasnacionales para su negocio y enriquecimiento. En términos elegantes se dice que es la ‘la participación justa y equitativa’ en los beneficios por utilizar los recursos genéticos, por medio del acceso a los recursos genéticos, de la transferencia de tecnologías, y de la financiación para reinvertirla con el fin de conservar la fuente del negocio: la biodiversidad. (Artículo 1)

EL CONVENIO Y EL PROTOCOLO POR ENCIMA DE TODO

Ningún gobierno puede firmar un acuerdo internacional que no apoye o que se oponga al Convenio o al Protocolo, o que “pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro” (Artículo 4). Sin embargo, no se estipulan los parámetros ya que las concesiones mineras como otros megaproyectos (extracción de petróleo, gas, madera, palma de aceite, fracking, represas, etc.) sí son causa de desaparición de esa diversidad biológica.

LOS BIENES COMUNES NATURALES SON DE TODOS, PERO UNOS LOS PRIVATIZAN

En el Protocolo, las corporaciones logran justificar que los bienes genéticos son comunes para convertirlos en mercancías con precio y dueño por unos pocos. Los indígenas son los “custodios”, pero las empresas los propietarios. De esta forma, se justifica que los “beneficios” de la utilización de los recursos genéticos, sus aplicaciones y comercialización se compartirá de “manera justa y equitativa”, “mutuamente acordada” con el País donde se extrajo el material genético, o con el País que lo haya adquirido. Así, cada País adoptará las “medidas legislativas, administrativas o de política”, para asegurar que el pago o beneficios que el gobierno obtenga por la venta del material genético de los territorios indígenas y sus conocimientos tradicionales, se les comparta de “manera justa y equitativa”, “sobre la base de condiciones mutuamente acordadas.” (Artículo 5) Sin embargo, sabemos las asimetrías que existen entre las grandes corporaciones y los gobiernos ricos y los gobiernos pobres donde muchas veces se encuentra el material genético o el conocimiento tradicional indígena; y las asimetrías entre gobiernos y empresas y los pueblos indígenas, como para hablar de “condiciones mutuamente acordadas”.

Los “beneficios” que ofrecerán las empresas pueden ser monetarios y no monetarios. En el Anexo del Protocolo se ponen algunos ejemplos que da idea del nivel del saqueo:

  • Entre los beneficios monetarios pueden incluirse, sin limitaciones: Tasas o cuotas por acceder o por muestra recolectada o adquirida de otros modos; pagos por adelantado, por etapas, por regalías; tasas de permisos para comercializar, aportes a fondos para la conservación, salarios, fondos para investigación, empresas conjuntas, propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual “pertinentes”; entre otros. Pero habrá que observar que la variedad de “beneficios no monetarios” son muchos más variados y van también más en función de favorecer a las empresas.
  • Entre los beneficios no monetarios pueden incluirse, sin limitaciones: Intercambio de resultados de investigación y desarrollo; colaboración, cooperación y contribución en programas de investigación y desarrollo científicos, particularmente la investigación biotecnológica, de ser posible en la País que aporta los recursos genéticos; participación en desarrollo de productos; colaboración, cooperación y contribución a la formación y capacitación; admisión a las instalaciones ex situ de recursos genéticos y a bases de datos; transferencia, al proveedor de los recursos genéticos de conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables; fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología; creación de capacidad institucional; recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la administración y aplicación de la reglamentación en materia de acceso; capacitación relacionada con los recursos genéticos; acceso a la información científica, a los inventarios biológicos y estudios taxonómicos; aportes a la economía local; investigación dirigida a necesidades prioritarias como la seguridad de la salud humana y de los alimentos; relación institucional y profesional que puede dimanar de un acuerdo de acceso y participación en los beneficios y de las actividades subsiguientes de colaboración; beneficios de seguridad alimentaria y de los medios de vida; reconocimiento social; propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual “pertinentes”.

GARANTÍA PARA APROPIARSE DE LOS GENES

Para las Corporaciones, el Gobierno es el interlocutor para dar el “consentimiento fundamentado” con el fin de que puedan llevarse (“acceder”) los recursos genéticos. Es una trampa insistir en “el ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, y sujeto a la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y participación en los beneficio”, cuando en otro articulado se aclara que ninguna ley podrá contradecir el Protocolo de Nagoya.

Para ello cada Gobierno tendrá que dar seguridad jurídica, legislativa, administrativa y de políticas necesarias para que las empresas puedan llevarse los materiales genéticos del país sin altercados o problemas. También establecerá “medidas apropiadas, eficaces y proporcionales” para los casos de incumplimiento que no garanticen el acceso y la participación en los beneficios a la corporaciones. (Artículo 6, 15, 18, 19).

A su vez, los Gobiernos tienen que garantizar a las corporaciones la obtención del “consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos”, siempre y cuando “tengan el ‘derecho establecido’ a otorgar acceso a dichos recursos”. Por tanto, si no se fundamenta no darles acceso a las empresas, para el Protocolo esto no es válido. Y por si fuera poco, el “derecho establecido” a las comunidades indígenas sobre los bienes comunes genéticos, prácticamente ningún país lo ha establecido, ni podrá establecerlo contraviniendo el mismo Protocolo de Nagoya, por lo que a fuerza y necesariamente, pese a la retórica soberana que se pretende aparentar, ningún País puede prohibir a las empresas el acceso a los recursos genéticos estén donde estén. (Artículo 6)

EL ROBO DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL INDÍGENA

Los gobiernos garantizarán a las empresas que las comunidades indígenas, cuando han obtenido el derecho para otorgar el acceso a los recursos genéticos, den su consentimiento. Y que también puedan acceder a sus conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. (Artículo 7)

Los Gobiernos deberá poner mecanismos para informarles a las empresas sobre las formas de acceder al conocimiento tradicional indígena. Les ayudarán a que las comunidades indígenas tengan protocolos comunitarios, requisitos y contratos para que puedan llevarse y privatizar sus conocimientos tradicionales. Se establece que los Gobiernos, “en la medida de lo posible”, no restringirán el uso e intercambio de plantas y conocimientos tradicionales entre comunidades indígenas, siempre y cuando no contravenga los objetivos del Convenio. (Artículo 12)

LOS GOBIERNOS DEBEN SUBSIDIAR EL ROBO DE LAS CORPORACIONES

Los Gobiernos deben “promover y alentar la investigación que contribuya a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica”, incluyendo la investigación en biotecnología y comprar las patentes para tener acceso a la tecnología (Artículos 8 y 23 del Protocolo; 15, 16, 18 y 19 del Convenio). Suena bien, pero es con la finalidad de cumplir con este Protocolo hacia la privatización de los genes y del conocimiento tradicional indígena. De esta forma, como en muchos otros aspectos, los gobiernos invierten en investigación que luego las corporaciones se apropian. La inversión se insiste en tres áreas fundamentales: la salud humana, la agricultura y la alimentación.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUBSIDIARÁN EL ROBO DE LAS CORPORACIONES 

Los gobiernos alentarán a los pueblos indígenas a que los beneficios que reciban los reinviertan en conservar la biodiversidad y no agotarla (Artículos 9 y 10), y así garantizar a las trasnacionales la fuente del negocio, para luego regresarlos en medicamentos caros y semillas transgénicas, además de prohibirles usar los genes patentados.

LAS INSTITUCIONES ORIENTARÁN SOBRE EL ROBO

Cada País designará un “punto focal” o institución o instituciones que se harán cargo de otorgar la información, asesoría y orientación a las corporaciones sobre el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales indígenas sobre los recursos genéticos, y cómo obtener el consentimiento de las comunidades indígenas (Artículo 13). El problema, entre otros muchos, es que las comunidades indígenas no saben qué es el Protocolo de Nagoya, no saben de su contenido, ni de su operación. Y, mientras, la biopiratería sigue avanzando. ¿Cómo entonces darán su consentimiento informado?

EL INSTRUMENTO PARA CONCENTRAR LA INFORMACIÓN

Para el control Corporativo se crea el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios. Cada gobierno está obligado a informar además las medidas legislativas, administrativas y de política sobre acceso y participación en los beneficios que ha elaborado para facultar a las empresas la apropiación del material genético y los conocimientos tradicionales indígenas; quiénes son las instituciones que se encargarán de esto (Punto focal), los permisos emitidos sobre el acceso a los recursos genéticos; quiénes son las autoridades de las comunidades indígenas, el modelo de contrato y los códigos de conducta no obligatorios (Artículo 14). Además, los Países convencerán a otros para que se sumen a este Protocolo y entreguen la información que tienen al Centro. (Artículo 24)

LEYES A MODO PARA GARANTIZAR A LAS EMPRESAS EL MATERIAL GENÉTICO

Lo gobiernos garantizarán a las empresas el acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional indígena con medidas legislativas, administrativas o de política apropiadas, eficaces y proporcionales, para el cumplimiento de los objetivos del Convenio y sus mecanismos para solucionar los incumplimientos. (Artículos 15 y 16)

LA INTELIGENCIA GENÉTICA

Cada País deberá facilitar a las empresas el acceso y el consentimiento previo de las comunidades indígenas para que lo sustraigan con mayor seguridad, rapidez, por lo que es un subsidio del gobierno a las empresas. Deberán vigilar y aumentar la transparencia, ofrecer la información sobre los recursos genéticos; la recopilación de información en cualquier etapa de investigación, desarrollo, innovación, pre-comercialización o comercialización; ofrecer un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente que garantice que se ha extraído el material y el conocimiento genético en conformidad con las leyes, o consentimiento y condiciones mutuamente acordadas. (Artículo 17)

GARANTIZAR EL RECLAMO

Los Países miembros alentarán los mecanismos legales, mediación o de arbitraje para resolver los conflictos entre las empresas y gobiernos y pueblos indígenas; “la utilización de mecanismos respecto al reconocimiento mutuo y la aplicación de sentencias extranjeras y laudos arbitrales”. (Artículo 18). Cabe hacer notar que por lo general los pueblos indígenas no tienen acceso a la justicia en cuestiones básicas de derechos humanos, en los casos de violencia, despojo e impunidad, menos lo habrá para el acceso a la justicia en el tema de los recursos genéticos donde ni los jueces, ni el Ministerio Público, ni Fiscalías saben del tema, del Protocolo y otros instrumentos básicos de capacitación necesaria en la materia.

LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA NO SON OBLIGATORIOS

Los Gobiernos “alentarán”, y de manera discrecional porque “según proceda”, “el desarrollo, la actualización y utilización de códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares en relación con el acceso y participación en los beneficios.” (Artículo 20) Los códigos de conducta empresariales nunca han sido eficaces.

CAMPAÑAS DE CONVENCIMIENTO

Cada País implementará medidas para convencer a la opinión pública sobre la importancia de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales por medio de la promoción del Protocolo, reuniones con pueblos indígenas, difusión, información, códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares en consulta con las comunidades indígenas y locales y los interesados directos pertinentes; intercambio de experiencias, educación, capacitación, etc. (Artículo 21)

Los Gobiernos deberán realizar campañas para promover el discurso, la narrativa y el objetivo de este Protocolo, y que obviamente beneficiará a las corporaciones para legitimarles el robo del material genético y de los conocimientos tradicionales indígenas sobre el manejo de las plantas en la salud, la alimentación, etc. De manera muy elegante ese dice “para aumentar la concienciación acerca de la importancia de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y de las cuestiones conexas de acceso y participación en los beneficios”.

MEJORAR LA CAPACIDAD PARA LA EXTRACCIÓN

Los Países mejorarán sus capacidades técnicas, tecnológica, científica. financieras (deuda), institucionales, legales, de investigación biotecnológica, de bioprospección (“biopiratería”), de cumplimiento del Protocolo, de actividades de acceso a los recursos genéticos, para facilitar a las empresas la extracción de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional indígena. Ayudarán a otros Países con menos capacidades e incluir en esto a las comunidades indígenas y Ong’s, usando incluso todas las instituciones gubernamentales locales regionales y mundiales, poniendo también recursos financieros. (Artículo 22 y 23 y 25) Por todo lo anterior, el Protocolo de Nagoya es el robo corporativo más descarado sobre la última trinchera de la privatización: la fuente de la vida.

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Más información:

Las Instituciones Financieras Internacionales 

EL ESCARAMUJO 2: ULTIMA FASE DEL CAPITALISMO: EL MODELO CORPORACIÓN-NACIÓN -Parte I

Dictadura del Capital Nro1: El Modelo Corporación Nación 

Dictadura del Capital Nro3: La Economía Verde

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

 Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)


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Por primera vez el Gobierno de Canadá es demandado. Hoy, 25 de Marzo de 2019, se lleva a cabo la Audiencia por la denuncia ante la Corte Federal de Canadá en Otawa por omisión y acción en un conflicto minero, en este caso relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca Roblero en Chiapas el 27 de Noviembre 2009, donde la empresa minera canadiense BlackFire se vio involucrada en el encarcelamiento del líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el hostigamiento, amenazas, intentos de chantaje, golpes y al final el asesinato, además de la corrupción comprobada por parte de la empresa minera a las autoridades municipales. En todo ello, el gobierno canadiense vía su embajada, sirvió para solapar, encubrir y apoyar a la empresa minera.

La Embajada de Canadá en México escuchó a Mariano el 22 de Julio de 2009, cuatro meses antes de su asesinato, frente a su sede diplomática en la Ciudad de México, y de viva voz, relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera. La embajada canadiense tuvo toda la información del conflicto y lejos de actuar en consecuencia, hizo caso omiso del conflicto y las advertencias.

Mariano fue encarcelado con acusaciones falsas por parte del dueño de la empresa canadiense y por ocho días en prisión logró mantener su lucha y resistencia hasta que la presión internacional logró que el Gobierno de Chiapas lo liberara. Por ello, junto con la REMA, decidió interponer una denuncia contra la minera canadiense.

En México, la Familia Abarca, Otros Mundos AC y la REMA, han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del estado mexicano por no proteger la vida de Mariano Abarca y por la falta de procuración de justicia.

El 27 de Noviembre 2018 se presentó un Amparo para exigir la investigación exhaustiva en torno a los hechos del 27 de noviembre de 2009, ya que no se ha visto voluntad por parte de la Fiscalía de Chiapas de realizar las acciones necesarias con el fin de llevar a cabo una investigación adecuada. 

Se espera que este Juicio de Amparo obligue al Ministerio Público a investigar exhaustivamente los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Mientras el gobierno canadiense sigue negando tener alguna responsabilidad en los hechos, es conocido que las embajadas canadienses en otros países actúan a favor de las inversiones mineras, incluso en México han difundido en años atrás un manual sobre las maravillas de sus inversiones mineras en el país. Con esto, legitiman sus inversiones mineras e incluso impulsan políticas que beneficien a las inversiones mineras canadienses en Honduras, México y Colombia entre otros países donde influyen en las leyes mineras para beneficio de las empresas mineras canadienses.

El gobierno canadiense no cuenta con protocolos de actuación ni marcos jurídicos vinculantes que obliguen a actuar a sus funcionarios en el extranjero en la protección y vigilancia de los derechos humanos por parte de sus empresas. No en balde es uno de los países que se niega a avanzar en el Protocolo Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que se negocia actualmente en la Organización de las Naciones Unidas.

El 16 de Mayo 2018, José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca, representando a la Familia Abarca Montejo y la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la organización Otros Mundos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), acudieron a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC).

En dicha denuncia se exigió que se diera trámite a la investigación por la acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en su embajada de la Ciudad de México, ya que había razones para indicar que presuntamente la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior, y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos, entre otras omisiones que pusieron en riesgo la vida de Mariano Abarca. Toda la información recopilada en 9 años fue entregada demostrando cómo la Embajada de Canadá en México actuó en contubernio con la empresa BlackFire Exploration, cómo intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, cómo asesoró a la empresa minera inclusive sobre la forma de demandar al gobierno de México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.

Por su lado, el Comisionado canadiense declaró que cualquier acción u omisión no representan “políticas oficiales”, y por ello los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas ni a cumplir con las políticas que incluso difunden en sus medios electrónicos. Y por ello no era necesario investigar nada.

Los demandantes manifestaron que el rechazo del CIAPC “no es válido ya que este Comisionado no estudió todos los documentos, interpretó erróneamente algunos hechos; descartó evidencias y otras las tergiversó; aplicó un estándar demasiado restrictivo; no aseguró el debido proceso en torno a los documentos ni solicitó más evidencias ni entrevistas; y no realizó un análisis razonable en torno al peligro que generó para la vida de Mariano la incidencia a favor de Blackfire por parte de la embajada. Denunciamos que el CIAPC realizó un análisis no razonable por considerar que las políticas aplicables a las acciones y omisiones de la embajada no son vinculantes, ni siquiera las políticas. No tomó en consideración el interés público en realizar una investigación sobre este caso, considerando los temas muy serios que están en el fondo de la denuncia y que socava la confianza pública en la integridad del servicio público de Canadá al no estar dispuesta a investigarlos”.

La Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la BlackFire y, después del asesinato de Mariano, procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso.

Por ello, los demandantes plantearon que la embajada estaba obligada a seguir el código de ética del gobierno canadiense, evitando adoptar una posición parcializada en favor de la compañía en las reuniones sostenidas con funcionarios públicos mexicanos, reuniones en las que abogó en favor de la empresa Blackfire y en contra de las protestas contra la mina. La conducta de los funcionarios de la embajada incrementó el peligro en que se encontraba Mariano Abarca y reveló un patente menosprecio por los valores éticos en el servicio público.

OTRAS DEMANDAS Y CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

En el Informe “La Marca Canadiense’: La violencia y las compañías mineras canadienses en América Latina” se concluye que entre 2000 y 2015 alrededor de 28 empresas canadienses se vieron involucradas en incidentes de violencia y criminalización. Entre ellos 44 asesinatos ocurridos en once países, de los cuales 30 asesinatos son clasificados como “selectivos”; 403 personas heridas en trece países, de las cuales 363 lo fueron durante las protestas y confrontaciones contra las empresas canadiense; 709 casos de “criminalización” en doce países que incluyen órdenes de arresto, detenciones y presentación de cargos contra opositores.

El Informe también confirma que las corporaciones canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen en sus reportes obligatorios públicos la violencia en el marco de su desempeño corporativo. Sin embargo, entre los años 2000 y 2015 las empresas que cotizan en la bolsa reportaron sólo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe. Las empresas más grandes informaron sobre los incidentes de violencia de manera muy general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle. 

Por su lado, Grahame Russell, Director de Rights Action, confirma que “la gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.” Agrega que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.

Graham Russell agrega que “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”. En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad, dice Grahame. Para Russell, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medio ambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.

Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local.

Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Son tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos.

De perder el Juicio alguna de estas tres empresas mineras canadienses, tendrá implicaciones muy importantes. Esto ignificará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.

Por todo ello, es urgente que el gobierno canadienses establezca políticas vinculantes ante tanta violación a los derecho humanos en que están involucradas sus empresas, ya que estas violaciones se repiten en Valle de Siria en Honduras; en San Marcos, Guatemala; en Argentina y Chile; en Oaxaca, Zacatecas y Guerrero en México, entre otras muchos casos.

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Más información:

Blog Justicia para Mariano Abarca

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

El Escaramujo 84: LAS RAZONES DEL ÉXODO HONDUREÑO

 Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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El éxodo masivo del pueblo hondureño que dio inicio en octubre de 2018 en busca de refugio, ha conmocionado al mundo entero por su forma y cantidad de miles de personas y familias que huyen a toda prisa cruzando fronteras. Muchas razones y causas son las que han originado esta estampida de personas que por algunos sectores ha sido caracterizado con racismo y xenofobia para  descalificarla. Sin embargo, la violencia, la pobreza, la impunidad en la que se vive desde hace años en este país explica las razones de fondo para huir de un gobierno tutelado por las fuerzas militares, los grandes intereses corporativos y el narcotráfico pero también por la injerencia de los Estados Unidos, los bancos y las familias más ricas del país que mantienen al pueblo hondureño en condiciones de miseria y violencia que ha llegado el punto en que, según el Informe Global de Homicidios de Naciones Unidas, en 2014 fue catalogado como el país más inseguro del mundo. Con un ingreso per capita que lo posiciona como el segundo más bajo del continente, con el índice más alto de desigualdad e inequidad y la mayor tasa de homicidios del mundo con cifras históricas desde 1998.

ANTECEDENTES DEL REFUGIO

Honduras se ha caracterizado desde el Siglo XX por sus gobiernos militares golpistas, por la corrupción, la violencia, la impunidad y los índices de mayor pobreza y miseria de toda la región. Desde la década de los 80’s fue un objetivo de intervención militar y estratégico para el gobierno de los Estados Unidos con el fin de contrarrestar los procesos revolucionarios centroamericanos con financiamiento de la CIA y formar fuerzas armadas contrarrevolucionarias.

A partir de 1998 Honduras inicia la vorágine de firma de Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Comerciales Preferenciales o Acuerdos Parciales con 60 países hasta la fecha. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) aplicaron medidas neoliberales obligando al país a reducir las barreras arancelarias, a privatizar empresas estatales en medio de un servicio deficiente y lleno de escándalos de corrupción como en el sector eléctrico, telefonía, salud, entre otros. También se impulsaron modificaciones legales para facilitar la llegada de inversiones extranjeras y de la oligarquía nacional, y por ello se aprobaron leyes para el fomento a la inversión como la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, la Ley de Ordenamiento Estructural, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley Nacional de Empleo por Horas, la Ley de Incentivo al Turismo o la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Toda esta imposición de políticas neoliberales generó una agudización de la pobreza, de desempleo y pérdida de derechos laborales, de eliminación de subsidios, de la crisis del campo y de los sistemas de salud, educación y otros servicios públicos. Esta crisis económica del país, acompañada de la violencia del narcotráfico y las “maras” -cuyos integrantes jóvenes han sido excluidos del sistema y conforman históricamente parte de los fenómenos de migración-, empujó con mayor razón a una migración forzada y a un descontento social cuya respuesta fue la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, tutelada por una estructura judicial débil, corrupta y vinculada los intereses del crimen organizado.

Las inversiones en megaproyectos extractivistas fortalecieron el acaparamiento de tierras disputando las tierras a los pueblos indígenas, campesinos y garífunas con violencia, despojo, asesinatos y expulsión de sus territorios y medios de vida. A principios de 2000, la preocupación por la criminalidad y la violencia desatada por las bandas de jóvenes era ya mayor. El tráfico de drogas destinadas a Estados Unidos se incrementó a partir de 2001. Por ello, la embajada estadounidense apoyó al gobierno de Honduras en el ámbito militar, con entrenamiento a sus policía y para reformar la estructura judicial y policíaca lo que agudizó el escenario de violencia.

El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras en 2007, un año antes de la crisis del sistema capitalista caracterizado por la pobreza, el desempleo, la violencia estructural y el colapso de las economías, se aseguraba que alrededor de 100 mil personas habían abandonado el país, con un promedio de 11 personas por hora. En esa década se calculaban que más de 1.2 millones de hondureños habían huido de su territorio nacional de los cuales un millón 50 mil personas lo habían hecho a los Estados Unidos.

EL GOLPE CONTRA MANUEL ZELAYA DISPARA LA VIOLENCIA

En 2006 asume la Presidencia Manuel Zelaya. Se vinculó con la Venezuela de Hugo Chávez en convenios en materia de petróleo y sumó a su país a los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Esto fue una de las peores provocaciones para los Estados Unidos. Con un discurso progresista, pretendió un proceso constituyente como lo hicieran también otros miembros del ALBA lo que ocasionó la reacción de la cúpula empresarial, el ejército, de partidos políticos, de iglesias y del gobierno de los Estados Unidos, lo que terminó en un golpe de estado en 2009 con el secuestro de Zelaya por parte de los militares y su expulsión del país. Todo ello en el contexto de la crisis de capitalismo de 2008, año en que el gobierno de los Estados Unidos formula la Iniciativa Mérida (Plan Mérida o Plan México) como un tratado internacional de seguridad con México y los países centroamericanos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Este es el tipo de políticas e intervenciones que siempre han agudizado la violencia.

Sin embargo, el repudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) a este golpe no logró que se consumara el arribo a la presidencia de Porfirio Lobo quien inmediatamente dio inicio al reparto de créditos bancarios y concesiones para megaproyectos mineros, de represas, palma de aceite y la Ley de  Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE’s) llamadas también “Ciudades Modelo” o “Ciudades Charter”, de hasta 33 km2 cada una durante 80 años con el fin de generar entes autónomos al Estado, con territorios seguros a las empresas privadas extranjeras, bajo sus propias leyes, régimen fiscal, tribunales y policía. Estas “Ciudades Modelo” impulsadas por el Banco Mundial, son la equivalencia en México a las Zonas Económicas Especiales (ZEE’s) y es una modalidad de las existentes en otras regiones de Asia.

Tal acaparamiento de tierras provocó muchas movilizaciones de diversos sectores, pero también la reacción del estado que desata contra todo descontento social una mayor crueldad. Las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron con secuestros, represión, feminicidios, despojo de pobladores de sus viviendas y territorios, amenazas, asesinatos, persecuciones a diversos sectores entre ellos a periodistas, estudiantes universitarios; organizaciones campesinas, indígenas y negras; transexuales, homosexuales, defensoras del medio ambiente y organizaciones de derechos humanos.

Después del golpe se calculaba que cada hora era asesinada una persona. Entre 2000 y 2011 murieron de forma violenta 46,450 personas, y de 2010 al 2013 más de 20 mil 500 personas. En estos primeros años después del golpe fueron asesinadas 561,3 personas al mes, entre ellos más de 20 periodistas, más de 10 abogados, más de 120 ambientalistas y cinco que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2010 y 2015. Así, Honduras se hunde en  la violencia, la impunidad, la corrupción y es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo con la mayor tasa de homicidios.

En la región del Bajo Aguán donde habitan alrededor de 300 mil personas indígenas, campesinas y garífunas, tres grandes terratenientes disputan sus territorios con tanta violencia que entre el 2008 y el 2013 cobraron la vida de alrededor de cien personas. En esa misma región se registran actos de violencia y represión contra las resistencias a los proyectos mineros en Tocoa. Por su lado, la familia Facussé, una de las más ricas del país, con casi 20 mil hectáreas de palma de aceite, recibió cuantiosos créditos gubernamentales para ampliar sus plantaciones a costa de represión, asesinatos y despojo de tierras. Es señalado por contratar sicarios para despojar a campesinos de sus territorios por lo que van alrededor de 150 personas asesinadas desde el 2010. Por su lado, en 2015 el Banco Continental de la familia Rosenthal, otra de las más ricas del país, es intervenido por el gobierno hondureño por presión de los Estados Unidos por el presunto lavado de dinero y narcotráfico. En contraparte, los Rosenthal demandan al gobierno de Honduras 1,000 millones de dólares por daños y perjuicios.

En el caso de la familia Atala Zablah, otra de las más ricas del país y de Centroamérica, uno de sus miembros fue representante del gobierno hondureño en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) luego del golpe, y que posteriormente otorgó créditos al banco FICOHSA de la misma familia Atala que ascendió a 100 millones de dólares. También recibió 15 millones de dólares del holandés Entrepreneurial Development Bank (FMO), 5 millones del Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (FINNFUND) y los 24 millones de dólares del BCIE. Todo ello para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca de la empresa DESA de la familia Atala contra la que Berta Cáceres y el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) luchaban para evitar el despojo de sus territorios. Empresa que luego de otros asesinatos, intimidaciones, amenazas y represión contra las comunidades con el apoyo de la policía y el ejército, mandó a ejecutarla el 2 de marzo de 2016. Los bancos, sabiendo todo ello, no retiraron su financiamiento sino hasta julio de 2017 gracias a la presión internacional y del propio COPINH.

En 2014 el gobierno de los Estados Unidos crea la Alianza Estratégica para la Prosperidad del Triángulo Norte de la América Central con el fin de afianzar su hegemonía en Guatemala, El Salvador y Honduras, y hacer frente a la presencia de China y otros sectores económicos con fuertes intereses en la región. Otra estrategia fundamental fue potenciar las inversiones norteamericanas, bajar las tasas de inseguridad social y para las inversiones, mejorar el acceso a la justicia y con todo ello pretender disminuir la migración hacia los Estados Unidos. Entre 2015 y 2018 Washington comprometió USD$2.600 millones, pero los tres países de manera conjunta aportaron a la estrategia norteamericana USD$8.600 millones. Se acusa que la mayoría de estos fondos fueron destinados a las fuerzas de seguridad, a las empresas privadas y a la corrupción gubernamental. Estos son parte de los recursos que el presidente Donald Trump amenaza con retirar si los países de la región no detienen el éxodo hondureño hacia su país al que se han sumado guatemaltecos y salvadoreños.

Se calculó que entre 2010 y 2014, cada año 75 mil hondureños, que representan un promedio de 8 personas cada hora, huyen de la violencia buscando refugio allende sus fronteras. Se registraba que las remesas de los migrantes al país equivalían a 2,600 millones de dólares al año captando más divisas que la exportación, el turismo o la industria de la maquiladora. Hoy se calcula que las remesas equivalen al 20% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2015, la Comisión Económica para América Latina y el El Caribe (CEPAL) colocó a Honduras como el país más pobre del Continente, cuya deuda había aumentado USD$2,000 millones de enero de 2014 a abril de 2017 y que equivalía al 42.4% de su PIB.

No sólo los intereses estratégicos de Estados Unidos sobre Honduras han incidido negativamente, sino de la misma Unión Europea que quiso salvar al país destinando en el año 2013 de su fondo EuroJusticia millones de euros para combatir la impunidad, la corrupción y los crímenes violentos; garantizar el acceso de la población a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable. Pero tampoco lo logró. Se disparó la corrupción, la violencia y la impunidad. Por su lado, la empresa alemana Voith Hydro/Siemens también invertía en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca pese a la violencia que desataba el proyecto contra las comunidades indígenas. Bancos y empresas siguieron haciendo negocios ignorando las violaciones a los derechos humanos. La empresa austriaca Geppert Hydropower invierte en el proyecto hidroeléctrico “Los Planes” en Atlántida donde se registró inmediatamente un aumento de la militarización, amenazas de muerte, desalojos violentos y ejecuciones contra la población. Por su lado el Banco de Cooperación al Desarrollo Austriaco está involucrado en proyectos de energía “Valle Solar” en la costa pacífica en conflicto con los pobladores. La empresa de aeropuertos de Munich FGM (asociada del estado de Babiera, Alemania, y del gobierno de la ciudad de Munich), participan en la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola donde se encuentra la base militar de Estados Unidos.

En 2014 asume la presidencia Juan Orlando Hernández y en el 2015 estalla el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social que vinculó en el desfalco a Rosa Elena Bonilla, esposa del ex Presidente Porfirio Lobo y a otros diputados, lo que provocó fuertes movilizaciones y huelgas exigiendo justicia y la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández. Este caso, con todos los antecedentes, generó la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero de 2016, dos meses antes del asesinato de Berta Cáceres, convirtiéndose en la primera Misión de la OEA para el combate a la corrupción y la impunidad en un Estado miembro. Sin embargo, aún así los movimientos sociales no ven avances en la lucha contra la impunidad ni contra la corrupción.

(…)

También pueden leer el artículo “Las razones del éxodo hondureño” en la página web de Rosa Luxemburg Stiftung

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Este artículo fue publicado originalmente en el informe “Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe” por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) del 10 de diciembre 2018 en que se expone la situación de 14 países de la región, gracias al apoyo de Fastenopfer.

Resumen Ejecutivo:

En México, 9 millones de habitantes no tienen acceso al servicio de agua entubada y en muy pocos lugares de la República el agua de la llave es potable (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, 2016). El acceso a un agua de calidad es casi imposible tanto para las personas conectadas a los servicios de abastecimiento municipales que carecen de infraestructura de saneamiento, como para las personas y comunidades que disponen de sus propias redes o de pozos comunitarios, cuyas fuentes de agua están contaminadas en su gran mayoría con patógenos por la falta de drenaje o en muchos casos con sustancias tóxicas vertidas por la industria extractiva. Es tan alta la presencia de agentes infecciosos en el agua que se consume en el país, que las enfermedades gastrointestinales representan la quinta causa de muerte infantil en menores de 5 años.

La razón es simple: la prioridad del Estado mexicano es garantizar el acceso al agua para las actividades industriales, más no para el consumo humano y el uso doméstico. La industria minera tiene el derecho de extraer casi 437 millones de metros cúbicos de agua en un año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades humanas de toda la población de los estados de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo (Cartocrítica, 2016). Una sola planta de Coca-Cola puede usar 500 millones de litros de agua al año para producir refrescos y agua embotellada, lo que le permite vender su producto hasta un 30% más barato en comparación con la media nacional, como es el caso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lejos de querer combatir este desequilibrio, el Estado busca otorgar aún más agua a la industria extractiva a través de iniciativas legislativas y decretos que pretenden facilitar la adquisición de concesiones de agua a perpetuidad para las empresas.

Desde la sociedad civil, actualmente se promueve una Propuesta de Ley Ciudadana que ha sido elaborada en el 2012. Esta ley busca garantizar “el derecho de todos los seres humanos y el derecho colectivo de los pueblos indígenas y comunidades” a contar con agua, instalaciones sanitarias y servicios de saneamiento, de forma “suficiente, segura, aceptable culturalmente, accesible físicamente y asequible económicamente” (en su título primero), priorizando el uso del agua para el consumo personal y doméstico en lugar de un uso industrial. Además, esta propuesta prevé prohibir el uso de aguas nacionales tanto para la facturación hidráulica (o fracking en inglés) como la minería tóxica a cielo abierto (en su título tercero-capítulo IV-sección VII) (Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, 2014).

Debido a la falta de voluntad política, del gobierno mexicano, de velar por los derechos de la población antes de los intereses de las empresas, la Propuesta Ciudadana aún no se ha convertido en iniciativa de ley. Al contrario, el gobierno ha multiplicado los intentos para flexibilizar la ley a beneficio de la industria extractiva. Precisamente, en noviembre 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el borrador de una nueva Ley General de Aguas (LGA), conocido como “Borrador Pichardo”. No obstante, la sociedad civil mexicana se movilizó para que el poder legislativo renunciara a convertirlo en una iniciativa de Ley, puesto que consideró que violaba el derecho humano al agua y los derechos colectivos de los pueblos, facilitando la entrega de concesiones a la industria extractiva. Gracias a una gran campaña nacional en medios y redes sociales, hasta ahora se logró evitar que el texto llegara a ser debatido en el Congreso Federal.

Sin embargo, para salir del impasse legislativo del “Borrador Pichardo”, el 5 de junio 2018, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó diez decretos que levantaron vedas a 99 cuencas hidrológicas del país. Estos decretos ponen gran parte de las aguas nacionales a disposición de la industria extractiva con la posibilidad de ser concesionadas, desatando nuevamente una gran movilización mediática contra la actual gestión privatizadora del agua en México.

La Ley Korenfeld, precedente de La Ley Pichardo: Legalizando el despojo

Hace más de seis años, el 8 de febrero 2012, bajo el sexenio de Felipe Calderón, se incorporó el derecho al agua al Artículo 4 de la Constitución mexicana: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” (Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 2017). El Congreso de la Unión tenía 360 días, a partir de esta reforma constitucional, para emitir una LGA capaz de garantizar este derecho fundamental que reemplazaría la Ley de Aguas Nacionales (LAN) actual. Hasta septiembre de 2018 no se ha aprobado esta ley.

En 2015, el gobierno de turno emitió una primera iniciativa de LGA, redactada por el titular de la Comisión Nacional del Agua -CONAGUA- de aquel entonces, David Korenfeld, la cual pretendía cumplir con la obligación que implicaba la reforma constitucional. Esta propuesta se promovió después de la adopción de la Reforma Energética que puso fin a la nacionalización del petróleo e impulsó la extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, en particular mediante la fracturación hidráulica. Dicha técnica, usada para explotar pozos de gas lutita o de petróleo, requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, y más de 750 sustancias tóxicas (Informe Coalición Mexicana en Defensa del Agua -COMDA-, 2017: 55).

Entre otras medidas, la llamada “Ley Korenfeld” garantizaba solo 50 litros diarios por persona para uso doméstico (en su artículo 49), mientras la Organización mundial de la salud (OMS) define el mínimo vital diario por persona de agua entre 50 y 100 litros diarios; autorizaba a la industria minera extraer agua sin tener que comprar concesiones de aguas nacionales fuera de sus concesiones mineras (en su artículo 191); permitía la presencia de sustancias potencialmente dañinas para la salud y el medio ambiente en las aguas residuales, con el solo hecho de incluir “parámetros adicionales a las condiciones particulares de descarga”  y notificar “medidas para reducir su emisión y niveles de exposición o eliminar su disposición al ambiente” cuando se “demuestre” el daño (en su artículo 214).

Ante este primer intento de ampliar el derecho de la industria extractiva para despojar y contaminar las aguas nacionales, la coalición “Agua para Todos, Agua para  la Vida”, que reúne a más de 400 organizaciones e investigadores de todo el país, lanzó la campaña “Aguas con la Ley de Aguas”. A través de esta campaña, se logró sensibilizar a la población sobre los riesgos de la “Ley Korenfeld”, suscitando una amplia oposición en la sociedad civil, y generando la suficiente presión para que el Congreso de la Nación abandonara la iniciativa.

Sin embargo, en noviembre del 2017, el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, elaboró el borrador de una nueva iniciativa de LGA, justo unas semanas antes de la entrada en vigor de la muy controvertida Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual otorgó al ejército mexicano el derecho de intervenir en cualquier situación susceptible de representar un “riesgo” o una “amenaza” a la seguridad interior del país, sin definir claramente estos conceptos. La sociedad civil mexicana denunció que la LSI servía para callar las protestas sociales contra la entrada de la iniciativa de “Ley Pichardo” en la agenda legislativa.

2. Profundizando la desigualdad: El borrador Pichardo

El llamado “Borrador Pichardo” profundizaba la desigualdad entre población y sector privado en materia de acceso al agua, al poner el Estado al servicio de las empresas. Este texto preveía que las concesiones de aguas nacionales fueran renovables de forma ilimitada, heredables (en sus artículos 53 y 62) y que se pudieran vender (en sus artículos 54 y 60) o rentar los volúmenes concesionados (en su artículo 64). La actual LAN es mucho más “prudente” en este sentido, ya que permite una sola prórroga de la concesión por el mismo tiempo por el que fue entregada la primera vez.

En la iniciativa, el uso industrial de las aguas nacionales incluía “la extracción de cualquier tipo de sustancia”, abriendo la puerta al fracking  (en su artículo 4LX); se podía concesionar trasvases junto con las aguas trasvasadas (en su artículo 77); la Secretaría de Energía podía otorgar concesiones de aguas nacionales para proyectos de geotermia (en su artículo 164); al igual que la “Ley Korenfeld”, permitía a la industria minera extraer agua sin tener que comprar concesiones de aguas nacionales fuera de sus concesiones mineras (en su artículo 160); autorizaba la incorporación de sustancias contaminantes en los cuerpos de agua previendo solo que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determine su capacidad límite de “asimilación” (en su artículo 189); autorizaba descargas de aguas residuales al mar (en su artículo 188) y reducía el derecho al saneamiento y al tratamiento de los excrementos humanos más no de las sustancias tóxicas usadas por la industria (en su artículo 4 XLVIII).

De esta forma, el gobierno omite cumplir la obligación de asegurar agua de calidad a su población, mientras la diabetes es la primera causa de muerte de mujeres y segunda de hombres en México por la alta ingesta de refrescos embotellados, venenosos substitutos al agua potable (Rojas et al., 2015). Además, el agua a la que se tiene acceso no solamente contiene patógenos como la Salmonella, Shigella o Escherichia , que provocan enfermedades gastrointestinales, a causa de la falta de saneamiento, sino también metales pesados en los territorios afectados por la minería. Por ejemplo, el agua que consumen los habitantes del ejido Carrizalillo, en el estado de Guerrero, contiene altas dosis de arsénico (As) y metales pesados a causa de la explotación de la mina de oro (Au) a cielo abierto “Los Filos” por la empresa canadiense Goldcorp, vendida recientemente a su compatriota Leagold  (Milenio, 2018). Esta toxicidad provoca enfermedades respiratorias, nauseas, diarreas e irritaciones (El Universal, 2018).

Con la “Ley Pichardo”, el gobierno anterior renunciaba a combatir la impunidad corporativa que existe en México en materia de contaminación de aguas nacionales. Esta impunidad se visibilizó en el caso de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, la cual a pesar de haber causado un derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre (CuSO4), amplió sus actividades en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el norte del país, en agosto del 2014. Hasta la fecha, ni la empresa, ni el gobierno han adoptado las medidas de reparación adecuadas para garantizar el derecho humano al agua de las comunidades afectadas por el derrame, que según la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), seguían presentando signos de desechos tóxicos en sangre y orina en julio de 2017 (Informe Coalición Mexicana en Defensa del Agua (COMDA), 2017: 83).

Al “Borrador Pichardo”, se suman varios instrumentos no vinculantes y permisivos que ya existen en México en materia de regulación del fracking. Según el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, realizado en mayo de 2017, por organizaciones de la sociedad civil: “Ni la Guía de criterios ambientales para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas (que no es obligatoria), publicada en marzo de 2015 por la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ni las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra, expedidas el 16 de marzo de 2017 por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), órgano desconcentrado de la SEMARNAT, garantizan la protección del derecho humano al agua potable, ni de otros derechos humanos y el ambiente” (Informe Coalición Mexicana en Defensa del Agua -COMDA-, 2017: 58).

3. Diez decretos para superar el fracaso del borrador Pichardo y facilitar la entrega de concesiones

Gracias a la campaña de la sociedad civil mexicana organizada en varias coaliciones como la coalición nacional “Agua para todos, Agua para la vida” y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua -COMDA-, el texto del diputado Pichardo no ha superado el estatus de borrador. Pero, el 5 de junio 2018, a pocos meses de terminar su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto decidió optar por la fuerza del poder ejecutivo para salir del impasse legislativo. Liberándose de las modalidades del proceso democrático, el presidente firmó ese día diez decretos que levantan vedas (instrumentos legales previstos por la actual LAN que prohíben la sobreexplotación de cuerpos de agua) en 99 cuencas hidrológicas del país. A cambio, se contenta con crear “reservas de aguas superficiales” parciales o totales, dependiendo de los casos, en 194 cuencas, para los usos doméstico, público urbano y ambiental. La decisión es promovida como una gran medida de protección al medio ambiente y de la seguridad hídrica para las comunidades en un contexto de cambio climático y de crecimiento de la población. Sin embargo, estos decretos en realidad reservan solo un poco más del 30% de las aguas de las cuencas mencionadas para el uso ambiental y menos del 1% para los usos doméstico y público urbano, dejando casi el 70% restante en un estatus de aguas liberadas, que cualquier particular o empresa extractiva puede concesionar (COMDA, 26 de junio 2018).

Estos decretos forman parte de un Programa de Reservas de agua elaborado por la CONAGUA, la fundación World Wildlife Fund (WWF) y la Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA) con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La WWF es conocida por su promoción de proyectos de economía verde como los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) en varios países. En México, WWF tiene una alianza con la Fundación Carlos Slim, siendo Carlos Slim el dueño de la empresa minera Frisco (WWF, 2016). En cuanto al BID, es ampliamente conocido que apoya el modelo extractivo minero, ya que en marzo de 2018 organizó en Canadá un evento para promover “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica”. Estos elementos permiten inferir que los programas de reserva de aguas están orientados para beneficiar el modelo extractivo.

Además, la publicación de estos textos no fue producto de un proceso de consulta adecuado. Recordemos que en México, la gran parte de la población es indígena, en consecuencia, estos textos contravienen al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales que prevé su derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Como si fuera poco, los decretos representan una grave amenaza para las concesiones de agua de los pueblos y núcleos agrarios que manejan sus propios sistemas de agua bajo usos y costumbres, y quienes por falta de información y consulta no hayan renovado sus títulos de concesión antes del 6 de junio 2018. En efecto, todos los decretos estipulan que “las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción”.

4. Lecciones desde las propuestas ciudadanas, populares y comunitarias en México: “Agua para todos, Agua para la vida”

Para hacer cumplir con el derecho del acceso al agua y saneamiento, no basta con reservar el 1% del agua de las cuencas hidrológicas del país al uso doméstico y público urbano. En particular, cuando las reservas de agua para uso doméstico se pueden entregar en forma de concesiones a particulares, quienes en virtud de la Ley Nacional de Aguas (LAN) del 1992 podrán a su vez vender sus derechos a empresas u otros particulares, cambiando su uso. Además, faltan herramientas para garantizar la calidad y accesibilidad de dichas reservas, ya que el agua es única, y ser reservada no implica que será protegida de la explotación y contaminación industrial que se incrementará tras la liberación de las vedas prevista en los decretos.

Para contrarrestar las propuestas del gobierno mexicano que facilitan la concentración de las aguas nacionales en pocas manos, desde el 2012, la coalición Agua Para Todos trabaja en la redacción de una propuesta ciudadana de LGA. El texto busca acabar con el privilegio de la industria extractiva por encima de la población en materia de acceso al vital líquido, y así poder garantizar el derecho al agua y saneamiento. Ante la ofensiva del gobierno mexicano, atrapado por las exigencias de las empresas extractivas e indiferente ante los graves problemas de salud que sufre la población por falta de agua salubre y potable, una de sus principales recomendaciones consiste en prohibir el uso de las aguas nacionales para el fracking y la minería tóxica. Esta prohibición no solo aparece en la propuesta ciudadana de LGA de la coalición nacional “Agua para todos, Agua para la vida”, sino también en una propuesta de Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica impulsada desde el año 2013 por la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Según las previsiones de la CONAGUA, el volumen de agua dulce renovable a nivel nacional habrá pasado para 2030 de 3.693 metros cúbicos por persona por año a 3.250 metros cúbicos por persona por año (CONAGUA, 2016). Por ello urge que el Estado mexicano priorice el acceso al agua de calidad para consumo personal y doméstico, y no para la industria extractiva, de esta manera se impide la contaminación de las aguas nacionales y la extracción de cantidades que no permiten su renovación. Adicionalmente, se considera que incluso el mínimo vital de 100 litros de agua al día por persona, sugerido por la OMS, es muy cuestionable. En este sentido, no se debería limitar a dicha cantidad, sino que debe ser diferenciado en función del clima y los ecosistemas de cada región de México, donde las tierras secas ocupan aproximadamente 101.5 millones de hectáreas, poco más de la mitad del territorio. Las instituciones públicas (el gobierno federal los gobiernos estatales y municipales, la SEMARNAT y la CONAGUA) deben cumplir con su obligación de garantizar el derecho de la población al acceso al agua y al saneamiento.

Como lo propone la Propuesta Ciudadana de LGA, las instituciones públicas deben tener la obligación de permitir la participación de la ciudadanía en la administración de las aguas nacionales. Muchos comités de agua, entidades de gestión del agua a nivel local, ya existen en el país, tanto en comunidades rurales como urbanas, donde realizan un trabajo indispensable no solo para garantizar la distribución del bien común natural hídrico, sino también para su cuidado. Precisamente, en el informe Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México publicado en el 2015, se afirma: “Los criterios detrás de la funcionalidad de los comités incluyen no sólo destrezas técnicas, operativas y administrativas de sus miembros, sino la actitud de servicio comunitario; la participación en los comités entabla, tácitamente, un pacto ético entre los miembros nombrados y los pobladores, que fundamenta a los representantes electos en tanto que procuradores del bien común. Los modos de actuación de los comités están configurados sobre un grupo de correlaciones: el agua y la tierra: el manantial; el bienestar colectivo y los bienes comunes: la territorialidad; la representatividad y la legitimidad: la autonomía.” (Martínez, Murillo y Paré, 2016: 259)

De aquí la importancia de que los derechos de estos comités sigan siendo reconocidos ante la ola privatizadora que amenaza el país, y que puedan seguir haciendo su trabajo conforme a sus acuerdos comunitarios, usos y costumbres. La Propuesta Ciudadana propone fortalecer el control de la población sobre la gestión de las instituciones públicas a través de organismos sociales tales como una “Contraloría Social del Agua”. Además, prevé que la población pueda decidir la gestión adecuada del agua, a través de espacios ciudadanos como un Consejo Nacional de Cuencas, consejos de cuenca, comisiones de sub-cuenca y comités de microcuenca, habilitados para emitir resoluciones que deberán respetar las instituciones públicas.

La Sociedad Civil le apuesta a sistemas más colectivos y descentralizados de gestión del agua. Exige una política pública del agua en la que participe la ciudadanía y se tomen en cuenta las particularidades y necesidades de cada grupo poblacional (las características geográficas y climáticas de su territorio, sus usos y costumbres, sus valores, su cosmovisión, su lengua, su cultura, etc.). Estamos conscientes de que muchos pueblos y comunidades gestionan el agua de forma familiar o comunitaria, en particular en las zonas rurales y en comunidades indígenas que reivindican su derecho colectivo a la autogestión, la autodeterminación y la autonomía. Sin embargo, esta gestión se complejiza en el contexto del Estado mexicano, ya que en lugar de garantizar el acceso, la distribución y abastecimiento de un agua de calidad, privilegia a la industria, permitiendo la contaminación y sobreexplotación de las fuentes de agua a mano de las empresas extractivas. Por ello, urge una herramienta eficaz para garantizar la calidad, así como el uso sustentable y equitativo de las cuencas hidrológicas, es decir para asegurar que las empresas no tengan el derecho de sobreexplotar y contaminar nuestros ríos, los cuales queremos libres y protegidos del avance del modelo extractivista y de despojo en los territorios.

BIBLIOGRAFÍA

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