El Escaramujo 106: SAN CRISTÓBAL DE LOS OXXOs

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Además de los baches, la violencia, los feminicidios, los problemas vinculados a la falta de agua, la invasión ilegal de los humedales y terrenos prohibidos, las minas destrozando las montañas del Valle de Jovel, la corrupción, el robo de vehículos, el tráfico de droga, la destrucción de los bosques y la biodiversidad, los ríos contaminados, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se distingue también por algo más: existen 33 tiendas Oxxo que se van multiplicando por cada esquina de la ciudad junto con la imagen de Coca Cola. Estas tiendas venden refrescos principalmente de FEMSA y comida chatarra, y con su competencia han eliminado a muchas tiendas de los barrios y colonias de la ciudad. Han arrasado con la economía de muchas familias pobres en los alrededores en donde se instalan.

La empresa FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.) es la dueña de las tiendas Oxxo y al mismo tiempo es la mayor embotelladora de Coca Cola Company en el mundo y con mayor volumen de ventas. Tiene su sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y opera en Filipinas así como en 10 países de América Latina entre las que se encuentra Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Uruguay y Venezuela.

Las Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., no son una franquicia, sino que operan bajo contratos de comisión mercantil y algunas otras con empleados directos. En 1978 FEMSA abrió su primer tienda Oxxo en la ciudad de Monterrey, México. Hoy cuenta con más de 19,558 tiendas en México, y más de 80 en Chile al igual que en Colombia.

En 2014 existían 622 mil tienditas de abarrotes en el país según el INEGI. De ellas más de 85 mil se ubicaban en la Ciudad de México. A pesar de que se calcula que atienden a más de 100 millones de personas, y que representaban 50% del sector de distribución, van desapareciendo con la agresiva instalación de Oxxos por todo el país. También se calcula que por cada Oxxo que abre, por lo menos 5 tienditas de los alrededores terminan en la quiebra y cierran. Cada 8 horas que se inaugura una nueva tienda Oxxo en el país elimina a su competencia y capta el dinero que ya no va a las familias, sino a la transnacional más poderosa que le acarrea mayores ganancias a The Coca Cola Company.

Una tienda de abarrotes gana en promedio un peso por la venta de un refresco de Coca Cola descontando los impuestos que paga. Y Coca Cola FEMSA ahorra miles de pesos en renta de locales y energía eléctrica al venderse sus refrescos chatarra fríos. Regala unos refrescos más si la tienda de abarrotes pone su refrigerador en “primera posición”, o sea de cara a la calle, para generar más publicidad, o si se compra más de diez cajas de sus productos En el caso de la venta de las Sabritas un abarrotes gana en promedio dos pesos por cada producto vendido. Como esto es más caro en las tiendas Oxxo, las ganancias de FEMSA son enormes, de ahí se explica su riqueza.

Otra Fuente, El Finaciero, documentó hace algunos años en un estudio que 8 empresas de consumo masivo dominaban el 90% de las ventas de las 750 mil tiendas de abarrotes y misceláneas que operan en México, según datos de la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante (Anpec), entre ellos Coca Cola, Pepsi (incluida Sabritas), Bimbo, Grupo Modelo, Lala, Alpura, Philip Morris (con Malboro) y Nestlé. Kantar Worldpanel México estima que “las tiendas tradicionales representan el 35% del gasto de los 31.5 millones de hogares en el país, y de ese monto, 43% se usa para la compra de lácteos y 58 por ciento para bebidas como refrescos, agua y jugos.” También calcula que “cada hogar mexicano realizó 276 visitas a una tienda de abarrotes o miscelánea en un año y 99 por ciento de las familias compraron una Coca Cola al menos en ese mismo periodo, aunque otros productos de Lala, Bimbo, Alpura y Nestlé también tienen una alta penetración.”

Esto explica por qué FEMSA va por estas ganancias insertando las tiendas Oxxo por todos los barrios y colonias, por todas las gasolineras, con el fin de captar todos estos clientes que ha arrebatado a los abarrotes y tienditas y que ahora dice estar muy preocupado por ellas y desea apoyar a las familias mexicanas.

Según Dinero/En Imagen, existen tiendas Oxxo en más de 50 pueblos mágicos. Venden desde tarjetas de regalo de Google Play, iTunes, Xbox, Netflix, Spotify, Nintendo, Facebook, PlayStation, YouTube, etc; así como tacos, tortas, burritos, quesadillas, chilaquiles, molletes y hasta comida corrida, y más de 2,500 productos en todas sus tiendas que van desde chicles hasta celulares y tiempo aire conectando 1.2 millones de personas diariamente por medio de las recargas. También da el servicio de envío de dinero, depósitos y casetas telefónicas. Se pueden pagar más de 5,000 servicios como luz, agua, teléfono, televisión, predial, multas, tenencias, boletos de autobús, boletos de cine, hasta actas de nacimiento y de matrimonio en algunas ciudades.

Las tiendas Oxxos distribuyen productos de la transnacional estadounidense Colgate-Palmolive (Colgate, Palmolive, Suavitel, Ajax, Fabulso, Acción, Speed Stick, Hill’s, Tom’s) y cuenta con 25 marcas propias. A diario se abren tres tiendas Oxxo nuevas. Más de 13 millones de clientes son atendidos diariamente. En 1995 abrieron la primera estación de servicio OXXO Gas y actualmente cuenta con más de 500 gasolineras en todo el país. Oxxo es la tercera cadena de supermercados con más ventas en México y la séptima cadena comercial más grande en ventas en América Latina.

Según El Economista, las ventas de Oxxo representa más de 40% de los ingresos anuales de FEMSA. Para Interbrand, es la tercera marca más valiosa del país, después de la cerveza Corona y Telcel.

Todo ese dinero y ganancias se canalizaban a las tienditas y abarrotes familiares quienes captaban a todos estos clientes. Por ello, FEMSA ha arrasado con las economías barriales y sigue abriendo sus tiendas por doquier.

PERO ESO SÍ, FEMSA ESTÁ MUY PREOCUPADO POR LAS TIENDITAS…

Con la Ley de Oaxaca, de Tabasco, y las que se preparan en otros estados del país como en Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas, Colima y Chiapas, en el sentido de prohibir la venta de refrescos y comidas chatarras a menores de edad; con las miles de firmas en Chiapas exigiendo la expulsión de Coca Cola FEMSA de San Cristóbal de las Casas así como marchas y movilizaciones sociales; con la aparición reciente del documental “El Susto”; con la solicitud del Síndico de San Cristóbal de las Casas a la CONAGUA en el sentido de retirarle la concesión de extracción de agua a Coca Cola FEMSA; y con el inicio obligatorio a partir del 1 de octubre 2020 del nuevo etiquetado de productos que contienen exceso de azúcares, calorías, grasas saturadas, sodio, grasas trans (ácidos grasos insaturados), Coca Cola FEMSA ha visto, como en pocas ocasiones, amenazadas fuertemente sus ganancias y ha lanzado una agresiva y ridícula campaña publicitaria, visual y en los medios de comunicación. Su descrédito aumenta aunque su imagen es parte del paisaje urbano y rural en todo el país.

Por ello, ahora a Coca Cola FEMSA parece que le interesan las tienditas que ha ido destruyendo y en sus campañas televisivas recrea el apoyo a las familias, el reparto de mamparas transparentes para las tienditas que se reciben con sonrisas y felicidad por los dueños de un abarrotes, con imágenes donde la tiendita que aparece llena de productos Coca Cola también venden pan y otros productos del barrio. En San Cristóbal lanzan un proyecto de apoyo con tambos para la captación de agua de lluvia en los barrios. También han sacado a la calle los camiones gigantes con letreros enormes cuyos mensajes afirman que gracias a Coca Cola FEMSA dependen millones de familias y tienditas.

Así, la transnacional reparte sus productos en las pequeñas tiendas de abarrotes que les venden sus refrescos fríos sin pagar energía eléctrica ni rentas de locales, al tiempo que despliega en todos su propaganda con sillas, letreros, mesas, etc., con la imagen de la Coca Cola. Una contaminación visual que provoca cierto hartazgo a la población aunque la refresquera sigue imponiendo su imagen en cada rincón no sin miedo a perder un centavo de sus millonarias ganancias con su bebida y comida chatarras. Pese a todo ello, no sólo en México sino en América Latina existen denuncias, reclamos y movilizaciones por la historia negra de las aguas negras de Coca Cola FEMSA.

México es uno de los principales consumidores de refrescos especialmente de Coca-Cola pero también de otras de sus marcas como son Ciel, Sprite, Fanta, Power Ade, Delawer Punch, Ades, Del Valle, Monster Emergy, FuzeTea, Yas, Sidral Mundet, y ¡hasta la leche Santa Clara!

También en los Oxxos se venden los productos de la estadounidense Pepsico y su comida chatarra de Sabritas, así como de Bimbo y su filial de comida chatarra Barcel. En otras palabras, los Oxxos están llenas de refrescos y comida chatarra. Por ello no es casualidad que México tenga los mayores índices de la epidemia de la obesidad, sobrepeso y diabetes que se agrava en la población infantil. En el contexto de los más de 70 mil muertos por el COVID-19, el gobierno mexicano reveló que la hipertensión y obesidad fueron los principales problemas de salud preexistentes en todos los fallecidos.

México tiene los mayores índices de consumo de productos ultraprocesados de toda América Latina y el Caribe, y Chiapas es el ejemplo de lo que no se debe hacer ya que es la entidad del país con el mayor consumo de Coca Cola en un estado lleno de pobreza y miseria.

El consumo de agua por parte de las embotelladoras de Coca Cola es abismal. En San Cristóbal de los Oxxos la planta de FEMSA consume 200 litros por cada litro de refresco; 1.3 millones de litros es lo que extrae del subsuelo, el que equivale al consumo diario de 13 mil personas; o el equivalente a 2,888 tinacos con capacidad de 450 litros de agua. Durante 20 años la refresquera extrajo alrededor de 10 mil millones de litros de agua que equivalen a 4 mil albercas olímpicas.

Pese a todo, FEMSA tiene el descaro de afirmar que “nos comprometemos a satisfacer las necesidades de hidratación de los consumidores y clientes de cada país donde operamos, además de desarrollar de manera sostenible cada comunidad donde operamos.” Sus argumentos no han convencido y cientos de personas solicitan que el estado de Chiapas legisle al igual que Oaxaca y Tabasco para prohibir la venta de bebidas y comidas chatarra en Chiapas a menores, y 27 mil firmas que exigen que Coca Cola FEMSA se retire de San Cristóbal de las Casas ya que agudiza la crisis de acceso al agua en el Valle de Jovel. Por ello la campaña publicitaria de Coca Cola se vuelve más aguerrida. Para colmo expresa Coca-Cola FEMSA: “En 2019 conseguimos un índice de uso de agua de 1.52 litros de agua por litro de bebida producida. Con esta referencia tenemos el compromiso de devolver la misma cantidad de agua que utilizamos en la producción de bebidas.“

La pandemia de los Oxxos y del consumismo de comida chatarra ha generado una sindemia, que significa el contagio de dos o más pandemias como efecto dominó, que son causales unas de otras, que interactúan y secuencialmente van apareciendo. De esta forma, la adicción a la Coca Cola, la falta de disponibilidad de agua, los bajos precios del refresco en zonas indígenas de Chiapas, la diabetes, la accesibilidad a la comida chatarra y la crisis alimentaria acompañada del colapso de los sistemas productivos locales, son enfermedades que se vinculan, se contagian y se dispersan. Chiapas es el peor ejemplo de lo que no se debe hacer, donde la empresa Coca Cola agrede la cultura indígena, se le permite entrar en todos los planteles educativos, en los edificios públicos e incluso en hospitales con sus refrigeradores para la venta de sus refrescos fríos cuya energía ni siquiera paga, donde financia eventos deportivos hasta campañas oficiales de salud bucal, donde a los niños se les alimenta con Coca Cola desde muy temprana edad, donde los problemas dentales, de diabetes y de adicción llegan a extremos preocupantes.

Tan solo en el Hospital de las Culturas, en dos años aumentó casi el 60% de enfermedades que ponen en riesgo la salud de la población frente al COVID-19 y que están asociadas a la Diabetes, una de las contribuciones del alto consumo de refrescos embotellados.

LA VORACIDAD DE FEMSA

Los orígenes de FEMSA se remontan a 1890 con la creación de la Cervecería Cuauhtémoc por parte de los empresarios Isaac Garza, José Calderón Penilla, José A. Muguerza, Francisco Sada Gómez y Joseph M. Schnaider. Su crecimiento fue vertiginoso. En 1954 compró una planta cervecera en Tecate, Baja California Norte.

En 1979 abrió su división Coca-Cola FEMSA. En 1985 se fusiona con la Cervecería Moctezuma y en 1990 se fusiona con el nombre “Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma”. En 1993 The Coca-Cola Company compra el 30% de las acciones de Coca-Cola FEMSA y con ello coloca el 19% del capital en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange. En 1994 Coca Cola FEMSA compra el 51% de las acciones de Coca-Cola en Buenos Aires, Argentina. En 1995 se asocian con Amoco Oil Co., para formar Amoxxo y operar los centros de servicio OXXO Express.

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El Escaramujo 105: MÉXICO: ¿QUÉ ES EL NDC? El Espejismo del combate al Cambio Climático…

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Ante la crisis cada vez más grave del Cambio Climático, los gobierno que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), decidieron en su reunión llevada a cabo en Varsovia en 2013, llamada la Conferencia de las Partes (COP 19), reducir las emisiones de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en todo el mundo a un nivel que no permita aumentar la temperatura mayor a los 2°C y mantenerlo en 1.5°C. Pero, ¿cómo? En la COP 21 llevada a cabo en París en 2015, cada gobierno tendría que presentar como punto de partida sus propuestas de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

Esto significa que cada país, para disminuir los GEI, debe definir y determinar las medidas con las que va a contribuir hasta el 2030 para mitigar los GEI y adaptarse al Cambio Climático. Estas contribuciones serían el punto de partida para iniciar acciones que reduzcan las emisiones de GEI en cada país y cuyas contribuciones serían actualizadas cada cinco años por lo que vendría una primera revisión en 2020. Algunas Partes presentaron sus primeros NDC en 2015, y algunas han presentado su actualización en 2020.

Los Estados miembros (las Partes) presentan las contribuciones con las que pueden aportar según sus posibilidades, sus prioridades, circunstancias y capacidades. Estas medidas de Mitigación y Adaptación con lo que México puede contribuir en el planeta a disminuir los GEI pueden ser de dos tipos: No Condicionadas y Condicionadas.

Las No Condicionadas son las medidas en las que un país puede contribuir por sus propios recursos, por su propios medios y por su propia voluntad política de hacerlo.

Las Condicionadas son aquellas medidas que dependen de la existencia de condiciones externas e internacionales que le ayuden, como la ayuda internacional, acceso a financiamiento, transferencia de tecnología y otras condiciones internacionales.

¿Cómo está la situación en México?

Según fuentes oficiales, las características geográficas de México y las condiciones sociales desfavorables de algunos sectores hacen un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. En poco más de 100 años las temperaturas superficiales terrestres y marinas se han incrementado en todo el territorio. Por ello, en ciertas zonas del norte del país los cambios han sido mayores, oscilando entre 1.2 y 1.5°C por arriba de sus promedios históricos. Por ello se observan un aumento del número de días cálidos extremos y la disminución de días gélidos extremos y de heladas. A ello se suma el incremento de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los ciclones tropicales y los huracanes.

Entre 1970 y 2013, de los 22 ciclones de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson que afectaron las costas de los océanos Pacífico y Atlántico mexicanos, diez ocurrieron en los últimos doce años. En este 2020 los fenómenos meteorológicos han marcado récords al igual que en sus afectaciones.

Según fuentes oficiales, en el caso de las sequías, en lo que va del siglo se han presentado cinco eventos importantes: entre 2000 y 2003, en 2006, entre 2007 y 2008, en 2009 y entre 2010 y 2012. En 2011 las sequías afectaron al 90% del territorio mexicano. Por otro lado, el nivel del mar también se ha elevado en muchas zonas costeras de México. De 17 sitios estudiados en el Golfo de México y el Pacífico entre los años cincuenta y el 2000 destacaron las elevaciones observadas en Ciudad Madero, Tamaulipas (de hasta 9.16 milímetros por año) y de Guaymas, en Sonora (con 4.23 milímetros por año).

El cambio climático en México se ha acompañado de pérdidas humanas y de altos costos económicos y sociales. Tan sólo entre 2001 y 2013, los afectados por los fenómenos hidrometeorológicos en el país ascendieron a cerca de 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338.35 miles de millones de pesos. Los impactos negativos se acentúan por las condiciones de pobreza que sufren amplios sectores de la población y por la degradación ambiental que afecta a sus comunidades, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad en muchas regiones del país.

De acuerdo con el PECC 2014-2018, existen en México 319 municipios (13% de los existentes en el país) con mayor vulnerabilidad a impactos por el cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves. El gobierno estima que entre el período 2015 a 2039, se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, y en el resto podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, se proyectó, en general, una disminución de entre el 10 y 20%. Todo ello podría traer graves consecuencias económicas, sociales y ambientales.

El gobierno mexicano estima que el 15% del territorio nacional es vulnerable al cambio climático, y 68% de la población y 71% del PIB están altamente expuestos a importantes riesgos asociados. Se calcula que el cambio climático implica para el país un costo superior a los 60 mil millones de dólares cada año -aproximadamente 6% del PIB.

El incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y su impacto serán más graves aún en las comunidades rurales e indígenas más pobres, que dependen de la agricultura de temporal, carecen de medios para adaptarse y, muchas veces, tienen que migrar a las ciudades o a otros países.

Las Emisiones de GEI en México.

Las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) en México, derivadas del uso y quema de combustibles fósiles, representó en 2012 el 1.37% de las emisiones globales, lo cual colocó al país en el lugar 13 de los países con mayores volúmenes de emisiones de este gas derivados de dicha quema.

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 (INEGEI), las emisiones directas de GEI en el país ascendieron a 665 megatoneladas de CO2 equivalente, de las cuales la mayor contribución se debe al sector transporte (26%), seguido por el de generación de energía eléctrica (19%) y el de industria (17%). Para el caso del carbono negro, un contaminante climático de vida corta (CCVC), su volumen de emisión alcanzó 125 mil toneladas, derivadas en su mayor parte de las actividades del sector transporte (38%) e industrial, principalmente el subsector azucarero (28%).

Sin embargo, para el año 2017 las emisiones habían aumentado. México calcula que las emisiones totales de GEI oscilaron para este año alrededor de 734 Mt de CO2 equivalentes. Para ese año las emisiones de GEI destacan la Industria de la Energía (25.9%), Transporte (24.5%), Ganado (10.1%), Industria Manufacturera y de la Construcción (9.3%), Procesos Industriales y Usos de Productos IPPU (7.7%), Residuos (6.6%), Emisiones Fugitivas (6.3%) y otros sectores (5.3%). Esto significa que entre 2015 y 2017 México no había logrado disminuir sus emisiones.

¿Cuáles son las Contribuciones Nacionales que Determina México?

De acuerdo con el Art. 63 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), es la responsable de coordinar el proceso de actualización de las Contribuciones en materia de Mitigación de GEI y de Adaptación al cambio climático.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas por México en 2015 de Mitigación y Adaptación incluyeron las No Condicionada a factores externos, donde se asumió el compromiso de reducir un 22% los GEI lo cual significa una reducción de alrededor de 210 megatoneladas (Mt), y una reducción del 51% de Carbono Negro para el 2030.

La reducción al 2030 No Condicionada será en los siguientes sectores, de mayor a menor: Transporte, Industria, Generación de electricidad, petróleo y gas, agricultura y ganadería, residuos y residencial/comercial.

Las prioridades en la reducción de Carbón Negro en un 51% y en un 70% Condicionada, son, por orden de importancia: transporte, generación eléctrica, residencial y comercial, petróleo y gas, industria, agricultura y ganadería, residuos, forestal y cambio de uso de suelo. Esta reducción de emisiones de GEI implicaría que la intensidad de carbono se reduciría en alrededor de 40% entre 2013 y 2030.

El compromiso de reducción de los CCVC y de los GEI se podrá incrementar de manera condicionada si se adoptara un acuerdo global que incluya, por ejemplo, un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a la transferencia de tecnología, todo ello a una escala equivalente con el reto del cambio climático global. Bajo estas condiciones, las reducciones nacionales de carbono negro podrán incrementarse a 70% y las de GEI alcanzar un 36% al 2030, llegando a reducir al 2050 el 50% del volumen de las emisiones con respecto a las registradas en el año 2000.

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El Escaramujo 104: MINERÍA Y DEUDA, Y la lucha digna del Ejido de Carrizalillo, Guerrero

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Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.

El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.

Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.

Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.

El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.

Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.

Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).

Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.

Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.

En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.

Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.

Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.

Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.

Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?

En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.

A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.

Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.

Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.

Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.

Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.

Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.

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El Escaramujo 103: EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.

El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).

El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.

Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.

Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.

¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?

Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.

Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.

El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.

Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.

La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).

El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.

La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:

  1. Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
  2. Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
  3. Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
  4. Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte, energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
  5. Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
  6. Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
  7. Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
  8. Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
  9. Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
  10. Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
  11. Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
  12. Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
  13. Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec

Los conflictos socio ambientales…

El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.

Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.

La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.

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El Escaramujo 102: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y el Nuevo Modelo Energético

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta. La actividad extractiva de petróleo, gas y carbón acelera irremediablemente el Cambio Climático y los Gases Efecto Invernadero. Las afectaciones sociales y ambientales que ya se agudizan intentan ser drenadas por los supuestos esfuerzos de los gobiernos mediante compromisos que nunca se cumplen y que se postergan a las siguientes décadas cada vez que se reúnen en sus cumbres climáticas. Se insiste en modificar la Matriz Energética Mundial con Energías Renovables pero sin alterar el modelo extractivo, privado y centralizado desde la producción, la transportación, la distribución y el consumo de la energía eléctrica.

Ante tal emergencia, hay quienes desean el cambio radical y mutante, de la noche a la mañana. Otros, para lograr el cambio de la Matriz Energética proponen una “Transición” pero que cada quien entiende de diversa manera; y unos con más urgencia y otros con más paciencia. Para algunas opiniones la transición significa solo un cambio de fuente de energía aunque fueran renovables, mientras que para otros implica una “Transición Justa” con características muy específicas y que se encamine hacia la disminución de los efectos que ahora se sufren por el actual modelo energético, hacia otro paradigma y con otra forma de gestionar la energía.

Así, una Transición del actual Modelo Energético modificando la Matriz Energética y con Energías Renovable. Pero, ¿cómo y hacia dónde? Saltan en el horizonte muchos conceptos como la soberanía energética, seguridad energética, autodeterminación energética, agua y energía no son mercancía, o la energía como un derecho. Pero, la energía, ¿es un derecho o un derecho humano? Cuando hablamos de ‘energía’ ¿nos referimos a la ‘energía’, a la ‘electricidad’ o a la ‘energía eléctrica’? También se discute sobre el papel de las políticas públicas, de la democracia energética; sobre la participación, las consultas y las alternativas, aunque poco sobre el capitalismo. Estas temáticas se tornan cada vez más importantes entre los sectores académicos, ambientalistas, ONG’s, gobiernos, pero también entre los pueblos y los movimientos sociales. Pues bien, aquí abordamos una reflexión sobre estos elementos para alimentar el debate.

La energía, ¿un “derecho” o un “derecho humano”?

Y es que no es lo mismo. Cuando nos referimos a que “tengo derecho” lo usamos en el sentido de que es legítimo querer, hacer o pensar o no en algo, cuyo motor es la voluntad y lo casuístico del querer o no querer. Que se pude renunciar a ello sin que se vea condicionada la felicidad o menoscabe la existencia humana digna, independientemente de si está estipulado ese querer en alguna norma o ley. Es también cuando se dice que tenemos “derecho a decir ‘no”, porque se puede renunciar a ello.

Sin embargo, sabemos que la vida humana, como cualquier otra, no sería posible sin ‘energía’ y que por lo tanto no podemos renunciar a ella. Sin la energía solar no habría vida, alimentos, viento, movimiento, lluvia, biodiversidad, agua dulce o polinización. Todos estos elementos se interrelacionan y son condiciones para la existencia. Y la ‘electricidad’ es una forma como se manifiesta la ‘energía’. Pero ello, la ‘energía’ sí es un ‘Derecho Humano’ y un ‘Derecho de la Naturaleza’ en la medida en que sin ella no es posible la existencia misma. Porque es el principio de la vida. Pero, ¿y la ‘energía eléctrica’? ¿Es un ‘derecho’ o es un ‘derecho humano’? ¿Podemos renunciar a ella o no? ¿Determina los derechos humanos?

El primer registro del Homo Sapiens, de los “humanos”, data de hace 315 mil años. Pero es hasta algunos pocos miles de años que se se conoció la existencia de la ‘electricidad’ presente en nuestro mundo. Sin embargo, sólo hace menos de 200 años se conoció la ‘energía eléctrica’ como la conocemos hoy en día y de la cual la humanidad prescindió durante milenios. Y ahora, es imprescindible para la vida actual. La ‘energía eléctrica’ se descubre dentro del capitalismo, por ello se convierte en una mercancía y por tanto con patente. En la medida en que avanzó el sistema ha hecho que la energía eléctrica sea imprescindible. Sin ella hoy no tendríamos acceso a otros derechos humanos necesarios para existir y hacerlo de manera digna, ya que todos los derechos humanos se complementan, se interrelacionan, son progresivos y son interdependientes como la alimentación, la seguridad, el trabajo, la vivienda digna, la atención de la salud en un hospital, el acceso a la educación en unas instalaciones físicas, al agua cuando tenemos que almacenarla o extraerla, transportarla y consumirla; o para generar frío o calor artificial con el fin de protegernos de las adversidades climáticas. Para todo ello y más requerimos de la ‘energía eléctrica’.

No solo para vivir dignamente sino incluso para sobrevivir en este sistema capitalista la ‘energía eléctrica’ es indispensable. Por ello es un derecho humano, un bien público que no pueden tener un dueño ni ser una mercancía. De ahí la famosa consigna de los pueblos de que “el agua y la energía no son mercancía”, ya que no puede ser un mero “servicio” ni estar en propiedad de una persona o empresa, sino que es de toda la humanidad para que pueda existir de manera digna. Para ello se generan mecanismos, leyes e instituciones con el fin de que todas las personas y los pueblos tengan acceso, y hoy le llaman a eso ‘políticas públicas’ que alguien debe organizar, lo que en el capitalismo denominamos ‘Estado’, quien debe proteger, vigilar y velar por que esos derechos humanos y colectivos se ejerzan.

Sin embargo, no basta una cuota de energía mínima per cápita para garantizar el derecho humano a la energía eléctrica, porque el actual Modelo Extractivo ya impide el goce de otros derechos humanos. Es necesario modificar el sistema de vida porque cuando se garantiza el ejercicio de los derechos humanos también se abusa de ellos. Existen abusos, trastornos, fundamentalismos, excesos y/o enfermedades alimenticias, académicas, laborales, recreativas, religiosas, de acumulación de bienes y de viviendas, de libre opinión, sanitarias, entre otras muchas, y por supuesto de la energía eléctrica con el derroche, el abuso o usos que no ofrecen necesariamente el acceso a otros derechos humanos sino a más enfermedades sistémicas.

Pese a todo ello, podemos decir que la ‘energía’ es un ‘derecho humano existencial’ y que la ‘energía eléctrica’ es un ‘derecho humano sistémico’, porque sin ella no podemos sobrevivir en este sistema, aunque en otros sí se pudo.

La energía no debe ser un tema exclusivo ni monopólico de empresas, gobiernos, ingenieros, intelectuales o ambientes académicos, sino debería ser un concepto, reflexión y realidad apropiada por los pueblos. Porque la energía es la vida. Pero, ¿de dónde obtenemos la energía eléctrica para satisfacer las necesidades? Esto se refleja en la ‘Matriz Energética’. Otro tema será cómo la obtenemos, cómo la producimos, la manejamos, la transportamos y la consumimos. Eso lo refleja el Modelo Extractivo.

La Matriz Energética

La ‘Matriz Energética’ no es otra cosa que una radiografía de las fuentes primarias y secundarias y los porcentajes que se usan en una región determinada, en un país, continente o en el mundo. Esta puede variar con el paso del tiempo. Por ejemplo, en América Latina la energía se obtiene en un 34% del Gas Natural, el 31% el Petróleo, el 19% de la Biomasa (carbón vegetal, bagazo y leña), el 8% de la Hidroelectricidad, el 6% Solar, el 1% Geotermia, el 1% Nucleoeléctrica. Esto es en promedio, ya que en cada país la Matriz Energética cambia ya sea porque se cuenta con energía nuclear o se usa más biomasa, porque no cuenta con represas hidroeléctricas o dependen de la importación de gas o gasolina. También puede variar porque se cuenta con energía geotérmica, parques eólicos o solares; o ya sea porque se descubren nuevos yacimientos petrolíferos en su territorio, porque las fuentes no renovables se agotan, o porque no se cuentan con los recursos para comprarla a otro país. También se dan casos en los países donde existen grandes fuentes de energía renovables o no renovables, pero no se cuenta con la tecnología ni con el dinero para acceder a ella. Razones, hay muchas.

Como podemos observar, la Matriz Energética Mundial está basada principalmente en el consumo de hidrocarburos, una energía no renovable que tarde o temprano se agotará. El Calentamiento Global es ya alarmante y se acelera en la medida en que la demanda de energía y de hidrocarburos aumenta año con año pero no así las mejores condiciones para los pueblos. Los efectos del Cambio Climático están impactando fuertemente sobre los derechos humanos.

Existen desigualdades profundas entre continentes, entre los países y al interior de estos de tal manera que el consumo de energía por persona (consumo per cápita) es muy desigual, muy injusto o con pocas posibilidades de acceso en términos económicos o geográficos. Hay ciudades y regiones que cuentan con todos los servicios, otros sectores en que los altos derroches de energía son alarmantes o con un consumo enorme de energía como son la industria, la minería, los servicios turísticos, entre otros. Todo ello a costa de regiones y sectores pobres, urbanos, campesinas e indígenas con altos índices de ‘pobreza energética’.

Esta Matriz Energética refleja un Modelo Extractivo intenso, privatizado, centralizado y a gran escala, con enormes megaproyectos para genera energía a costa de la apropiación de grandes extensiones de territorios; subsidiados por el estado y entregados en manos de pocas empresas trasnacionales. Megaproyectos de energía que implican ingentes consumos de agua y energía, con altos costos al consumidor, con desplazamientos de población, pérdida biocultural y de la biodiversidad y otras afectaciones sistemáticas a los derechos humanos, y otros enormes daños socio ambientales en muchas ocasiones irreversibles.

Por ello, el nuevo discurso gira en torno a cambiar y transformar la Matriz Energética eliminando los combustibles fósiles. Pero, ¿para qué?, ¿para dónde? No hay consenso en la respuesta. Para algunos será con el objetivo de eliminar la contaminación, combatir el Cambio Climático, descarbonizar la economía y el planeta entero, para eliminar los Gases Efecto Invernadero (GEI) o combatir la pobreza energética. Para otros intereses corporativos el objetivo consiste primordialmente en seguir buscando las mejores oportunidades de inversión, de negocio, de mercado, de ganancia, aunque sea pintando de verde cualquier opción y lucrando con créditos de carbono. Pero, independientemente de ello, para cambiar y transformar esta Matriz Energética, ¿se puede hacer de un día a otro? Obviamente que no, imposible una mutación de la Matriz Energética de un momento otro. Por eso se llama ‘transición’ que significa el movimiento de un lado a otro en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, ¿existe un cambio significativo si sólo sustituimos una fuente por otra pero con el mismo Modelo Extractivo? Consideramos que tampoco.

La Transición Energética, ¿para dónde, para qué y cómo?

Pese a la crisis global sistémica que enfrentamos producto de la pandemia del COVID-19, no toda la población está consciente de la necesidad de vivir de otra forma, de no regresar a la “normalidad” que ha causado precisamente esta crisis, y menos de evitar una “nueva normalidad” que sólo pretenda pintarla de verde y mitigar sus efectos para continuar con el mismo modelo de extracción de bienes comunes naturales, renovables o no renovables; el mismo modelo de producción y consumo, o que sólo sea una adaptación de sobrevivencia sin atender las causas profundas de esta crisis.

Ciertamente es urgente y necesario modificar la Matriz Energética en todo el mundo. No podemos seguir así, no se puede continuar infinitamente extrayendo hidrocarburos a este ritmo tan acelerado, ni continuar con la carbonización del planeta. Pero nos enfrentamos a muchos retos aunque no imposibles de sortear. Las empresas trasnacionales dueñas de los hidrocarburos no querrán dejar el negocio de vender petróleo, gas, carbón y sus derivados hasta exprimirles el último dólar de su ambición. Son gigantescas empresas las que controlan las voluntades y las políticas de los gobiernos, los precios y los mercados. Las corporaciones dueñas de la tecnología que usan hidrocarburos tampoco cederán tan fácilmente. La dependencia del transporte, de la producción de alimentos, del tipo de consumo y de la generación de energía eléctrica es de tal magnitud que no podría modificar de un día para otro esta multipandemia. De nada servirá si continuamos con el mismo consumo y consumismo que alimenta el mismo modelo extractivista aunque cambie la Matriz Energética. No hay planeta que soporte esto. Incluso hay países que invirtieron muchos recursos en energías fósiles o renovables, o en infraestructura, para la supuesta demanda de energía que llegaría con las inversiones y que nunca sucedió, pero sí aumentaron los conflictos socioambientales y la deuda externa de los países.

Es obvio que requerimos de un proceso paulatino para transitar. Y la crisis ambiental la antoja más rápido que lento. Pero, ¿hacia dónde queremos transitar? Cuando no vemos el objetivo o el horizonte nos quedamos discutiendo sobre el material para construir un puente que nos lleve a otra orilla pero no sabemos a cuál, y en realidad es hacia la misma orilla, hacia más de lo mismo. Ese horizonte diferente es el nuevo paradigma, el nuevo sistema. Podremos cambiar la matriz energética, pero si es bajo el mismo modelo extractivo y para hacer y consumir de la misma manera, regresamos al mismo punto.

Para descarbonizar la vida y el planeta, eliminar la extracción de hidrocarburos, es necesario modificar los patrones de producción y los hábitos de consumo de la sociedad que es de lo más difícil de cambiar. De verdad ¿estamos dispuestos a modificar el consumo? La crisis del COVID-19 nos obligó a ello, pero no fue por virtud o voluntad propia de la humanidad.

La Transición Energética implica hablar de la transición de la Matriz Energética. Y es urgente no sólo porque se agotan los combustibles fósiles, por sus impactos socio ambientales y planetarios, por el desarrollo violento que genera, sino porque sobre todo subyace a ellos la urgente necesidad de la Transición de Sistema. Sin embargo, la Transición Energética no se reduce a una Transición Minera si sólo cambiamos de tecnología y fuente de energía. Insistimos en que no basta cambiar de fuente, aunque sea renovable, sino que es urgente cambiar de modelo para extraer, producir y consumir. Es urgente plantear un nuevo modelo de vida, un paradigma de sociedad con otra forma de sentirse integrada en la naturaleza. La solución no está en la misma lógica capitalista. La resistencia a ello lleva a crear los discursos de economía verde, a plantear el sistema actual como inevitable y solo pretender ‘humanizar’, ‘mitigar’ y ‘compensar’ el mismo modelo extractivo ya sea sobre energías renovables o no renovables.

La Transición Energética no es un fin, ni un medio, sino un proceso con características que abarquen una “Transición Justa” que implica no continuar emitiendo Gases Efecto Invernadero, eliminar los combustibles fósiles paulatinamente aunque rápido y a la par invertir en tecnologías alternativas. Una transición que incluya a la población desfavorecida en el acceso a la electricidad y que mejore las condiciones de vida, que genere procesos descentralizados y modifique el modelo extractivo en que se ha basado la explotación de los hidrocarburos. Una Transición Justa debe contemplar la justicia climática, la perspectiva de la energía como derecho humano y no como mercancía, como un recurso común y público; incluye políticas públicas que garanticen el acceso mínimo universal, que combatan la obsolescencia programada e impulse campañas con el fin de generar conciencia en la urgente necesidad de transitar en los hábitos de consumo.

La Transición Justa implica equidad, democracia, transparencia, sustentabilidad, sin conflictos socio ambientales, con una distribución equitativa de costos y beneficios, con el reconocimiento de la injusticias y las adecuadas reparaciones de los daños socio ambientales; que reduzca las asimetrías de poder en la planeación, producción, distribución y goce de la energía eléctrica. Una ‘Transición Justa’ donde el Estado apoye la creación de experiencias de generación y distribución de energía en micro, pequeñas y medianas escalas por medio de cooperativas y otras formas asociativas locales adecuadas a la población tanto urbanas como rurales, descentralizadas, locales, territorializadas, con gestión local, participación social, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera soberana y autónoma pero también solidaria con otras regiones. Con tecnologías apropiadas. Incluso el uso de biomasa a pequeña escala, del biogás doméstico y otros insumos energéticos primarios no fósiles, bien usados y con la tecnología apropiada, han demostrado que son efectivos y sustentables y revierten la estigmatización del uso de la biomasa ligada a la pobreza energética para justificar el acceso a la energía solo por medio del sistema eléctrico centralizado y corporativo.

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El Escaramujo 101:LAS REPRESAS EN OAXACA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.

Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorial y geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.

Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.

Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.

Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3

En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.

En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.

  • 1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
  • 2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
  • 3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
  • 4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.

Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.

Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.

Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.

Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.

Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.

También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.

La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.

Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).

Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).

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El Escaramujo 100: LOS PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL A MÉXICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Durante la Presidencia de Miguel Alemán, en 1949 México solicitó su primer préstamo al Banco Mundial para invertirlo en el Sistema Eléctrico Nacional. Desde entonces han transcurrido 71 años en los cuales México han solicitado un total de 334 proyectos a esta institución de Bretton Woods fundada en 1944 en el contexto de las negociaciones que dieran fin a la II Guerra Mundial.

De los 334 proyectos presentados por México al Banco Mundial a lo largo de la historia, el 33.83% de ellos que representan 113 proyectos fueron durante el Modelo Estado de Bienestar que en México abarcó 36 años desde la Presidencia de Miguel Alemán Valdés en 1946, hasta el fin del sexenio del Presidente José López Portillo en 1982.

La implementación del Modelo Neoliberal también duró 36 años a partir de la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 hasta la Presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018, período en el que se han solicitado 66.16% de los proyectos que equivalen a 221 del total.

Hace 38 años que México empezó a transitar del Modelo de Bienestar al Modelo Neoliberal ya que es a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que da inicio el proceso de implementación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En este sexenio inicia la privatización de la banca que pasaron de 62 a 18 en manos del Estado; se devalúa la moneda, se eliminan los subsidios gradualmente a los alimentos básicos como el pan, la tortilla y la leche. Privatizó las empresas públicas pasando de 1,150 a 400. Se generó una hiperinflación nunca antes vista, se agudiza la pérdida del poder adquisitivo, caen los salarios en términos reales e inició la escalada de los precios de la gasolina que aumentó hasta mil 300 por ciento.

Miguel de la Madrid se ve obligado a renegociar la deuda externa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras Instituciones Financieras, que ya rondaba los 83 mil millones de dólares y además durante su sexenio pagó otros 65 mil 250 millones de dólares (casi 7 mil 500 millones de dólares más de lo que fue el endeudamiento neto).

En el contexto de esta crisis y del descontento social, es cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se escinden del partido oficial para conformar el Frente Democrático Nacional postulando a Cárdenas para la Presidencia. Pero la transición al nuevo Modelo Neoliberal apenas iniciaba y faltaba mucho por avanzar y desmantelar el papel del Estado, por lo que se fragua el fraude electoral con la famosa “caída del sistema” en manos de Manuel Bartlett para garantizar la continuidad de las PAE.

Es Manuel Bartlett, como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien coordinó la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, y como su asesor en asuntos políticos participa en la elaboración del Primer Plan Global de Desarrollo. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett fue Secretario de Gobernación y responsable de las elecciones de 1988 en el que sale electo Carlos Salinas de Gortari gracias a la “caída del sistema” para evitar la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas nombra a Bartlett Secretario de Educación Pública y luego es electo gobernador de Puebla por el partido oficial durante los años más álgidos del conflicto zapatista (1993-1999). Hasta el 2006 llama al “voto útil” en contra del PAN y a favor de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 es Senador Plurinominal por el Partido del Trabajo y en 2018 AMLO lo nombra Director General de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Será por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador omite el sexenio de Miguel de la Madrid como parte del período neoliberal?

Durante el Modelo Neoliberal, el Presidente que más proyectos ha solicitado préstamos al Banco Mundial ha sido Felipe Calderón seguido por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. No tomamos en cuenta a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya que lleva apenas dos años de su administración.

Felipe Calderón también ha sido el Presidente que más préstamos solicitó en miles de millones de dólares durante su sexenio, seguido de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Claro, esto es en términos brutos, ya que la paridad cambiaria entre el dólar y el peso en los últimos casi 40 años ha variado enormemente. Tampoco están aquí contemplados los intereses que se han tenido que pagar por los 334 proyectos en durante los 71 años, más los que faltan con los últimos préstamos en el sexenio de AMLO.

Cabe señalar que durante los dos primeros años de su administración, Andrés Manuel López Obrador ha solicitado en préstamos al Banco Mundial 5 proyectos con casi la misma cantidad que su antecesor Enrique Peña Nieto con 18 proyectos. Sin embargo, es necesario considerar que cualquiera de los anteriores sexenios, de haber vivido una crisis como la del COVID-19 seguro su deuda hubiera sido mucho mayor. Casi todos los países del mundo se han endeudado para levantar sus economías por la crisis económica que ha generado dicha pandemia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que a partir de su sexenio (2018-2024) se da fin al período neoliberal. En algún sentido AMLO tiene razón en la medida en que los dos años que lleva su administración ha revertido muchas de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que no podemos negar. No significa bueno o malo, simplemente, lo ha hecho o está en proceso. Por ejemplo, ha evitado la privatización del sector eléctrico, petrolero y de salud que era la tendencia ya muy marcada en los últimos años.

Ha evitado más privatizaciones, regresó el subsidio a algunos sectores sensibles como a los productores de granos básicos; ha establecido nuevamente el precio de garantía, aumenta los presupuestos para programas sociales con recursos propios; revirtió la reforma educativa y pretende garantizar mejores derechos a los trabajadores y su vida sindical.

También pone candados constitucionales que eviten hasta donde sea posible la voracidad empresarial y transnacional tipificando a corrupción como delito grave, promueve el derecho a los servicios públicos y el papel del Estado en la rectoría de la vida económica del país. Promueve la revocación de mandato y la eliminación del fuero a legisladores y presidencia. Aumenta el gasto público, evita el aumento de impuestos e intenta revertir la corrupción, y elimina la condonación de impuestos a las grandes empresas mexicanas y extranjeras.

Si no fuera por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19, si no del todo, sí hubiera disminuido la deuda externa en comparación a otras administraciones.

Sin embargo, también es cierto que otros aspectos siguen la misma dinámica e inercia neoliberal difícil de contener y mucho menos revertir, como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversión con las garantías al gran capital, la deuda externa con sus condicionamientos, la presión por la eliminación de los aranceles y los megaproyectos en función de las ganancias de las grandes empresas con el pretexto de dar empleo a los pobres a costa del despojo de los territorios y de las consecuencias socio ambientales. La manipulación de las supuestas “consultas” que favorezcan y encaminen sus megaproyectos que principalmente están alojados en el Sur-Sureste del país donde mayoritariamente hay pueblos originarios y propiedad colectiva de Ejidos y Bienes Comunales. Ante ello las protestas y resistencias se levantan contra la 4T y el Canal Interocéanico, las concesiones mineras, de represas, de carreteras, de fracking, de puertos y aeropuertos, del Tren maya, las refinerías, los gasoductos, entre otros.

Son 5 Proyectos con los que AMLO ha solicitado préstamos al Banco Mundial en los dos años que lleva su administración y que suman un total de 2,130,000,000 de dólares, que equivalen más o menos a 46,000,000,000 de pesos. Entre ellos están:

  • 1) “COVID- Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
  • 2) “Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México (PROSEGHIR)” que básicamente consiste en el mantenimiento y mejoras al Sistema Cutzamala que dota de agua a la Ciudad de México.
  • 3) “Modernización de los sistemas de gestión financiera pública en México”, que se consiste básicamente en la modernización del sistema financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
  • 4) “Proyecto de Financiación de Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, que consiste en aumentar la inclusión financiera, reducir las disparidades regionales, aumentar el acceso de las personas a la financiación y a los sistemas bancarios.
  • 5) “Proyecto de Financiamiento Rural en expansión para México”, que consiste en aumentar la disponibilidad de financiamiento para la economía rural y sus Micro, Pequeña y Medianas Empresas, acceso a la banca, entre otros aspectos.

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Más Escaramujo:

El Escaramujo 99: MÉXICO Y SUS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En plena pandemia, en Abril de 2020 se firmó la modernización del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. Y el 1o. de Julio 2020 entra en vigor la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, llamado T-MEC. Con ello iniciará un nuevo período en que el trabajo, los precios, las mercancías, el medio ambiente, la salud, los servicios y otros aspectos de la vida cotidiana marcarán un futuro distinto para la población. Por lo pronto, hagamos un balance general de todos los TLC’s que México ha firmado para darnos cuenta del reto que implicaría un verdadero proceso de transición a un sistema justo, a una integración entre los pueblos con respeto a las asimetrías de los diversos países, a las soberanías y al medio ambiente, y romper así con el entramado de beneficios y facilidades a las grandes trasnacionales que circulan por todo el mundo por las carreteras y la infraestructura de los TLC’s.

Como hemos mencionado en El Escaramujo No. 98, existen diversas modalidades de lo que normalmente llamamos ‘Tratados de Libre Comercio’ (TLC’s), pero que todos ellos determinan la vida cotidiana de la población. Y si bien un país no puede sustituir todas las importaciones y ser 100% autosuficiente, ya que su territorio, su geografía, sus bienes comunes, su cultura o sus posibilidades técnicas y de mano de obra no le son suficientes, se ve obligado a negociar con otros para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, existen otras formas de integración, de apoyo solidario, de Economía Solidaria Internacional, en lugar de los TLC’s que sólo benefician a los países y sus empresas más ricas en una correlación de fuerza desigual, en debilidad y desventaja de los países más pobres.

Cabe señalar que el Banco Mundial ha declarado que los países con menor crisis económica por la pandemia y que crecerán más son los menos abiertos con tanto TLC; los más agrícolas ya que producen sus propios alimentos, no dependen de los precios internacionales ni de las grandes corporaciones; y los que dependen menos del sector servicios como el turismo. Sin embargo, junto con el FMI han presionado por décadas para la apertura comercial y la privatización del sector salud que ahora quieren a reforzar con más deuda de los países. Estas son las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que tanto daño han hecho al mundo y que debieran desaparecer.

Según el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en conceptos amplios, México ha realizado 298 compromisos internacionales en materia comercial de los cuales incluyen 173 “Acuerdos Interinstitucionales” y 125 “Tratados”. En todos ellos México se compromete con al menos 82 países. Sin embargo, México tiene 34 demandas de inversores extranjeros por el supuestos incumplimientos a estos ‘Tratados’. Es de los más demandados en el mundo.

De los 173 Acuerdos Interinstitucionales se entienden, por ejemplo, memorándums de entendimiento, acuerdos de implementación, declaración de intenciones, declaraciones conjuntas o acuerdos de cooperación en materia de minera, energía, cooperación técnica, encadenamientos productivos. También los hay para conformar estructuras o instituciones bilaterales, para transferencia tecnológica, de cooperación industrial, asesorías, normas, regulación comercial, consultorías, promoción económica, inversiones, turismo, financiación, formación de grupos de estudio o de expertos; en materia de telecomunicaciones, convenios comerciales, sobre pequeñas y medianas empresas, sobre el arancel o información de algún producto específico (tomate, azúcar, edulcorantes, entre otros).

Dentro de las compromisos llamados “Tratados” hay diversas modalidades entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) como tal. También los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), de Complementación Económica (ACE), de Alcance Parcial (AAP), de Integración Comercial, de Asociación Estratégica; o acuerdo de Asociación o Cooperación Económica, Comercial, Científica, Tecnológica o Técnica; acuerdos sobre agricultura, para ampliar disposiciones, sobre aranceles, sobre obstáculos al comercio, trámites para importación o hasta acuerdos interinos. Existen también Convenciones para realizar contratos de compraventa o sobre arbitraje. Los Convenios se han firmado para establecer estructuras multilaterales sobre el comercio, industria, organismos, bancos, estatutos; sobre información comercial, de colaboración económica, comercial, financiera e industrial, para el fomento de la inversión o para facilitar las importaciones. Y para todos los anteriores, existen otras firmas de Tratados denominados Protocolos Adicionales, Modificatorios, para Enmendar o Rectificar cualquier tipo de Tratados mencionados.

Por lo general, los temas en todos los ‘Tratados’ que México ha firmado incluyen su ámbito de aplicación, el programa de liberalización de aranceles o desgravación, las reglas de origen, las cláusulas de salvaguardia, el retiro de concesiones, los tratamientos diferenciales, las medidas sanitarias y fito sanitarias, los remedios comerciales así como los obstáculos técnicos al comercio. Otros temas son: contrataciones públicas, inversiones, servicios financieros y marítimos, telecomunicaciones, comercio digital; comercio fronterizo, de servicios y de bienes; entrada temporal de personas de negocios, medio ambiente, laboral, competitividad, solución de controversias, compras del sector publico, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados, comercio electrónico, transparencia, trato nacional, procedimientos aduaneros, antidumping y derechos compensatorios, prácticas desleales, cooperación bilateral, medidas de emergencia, normas técnicas, políticas de competencia y disposiciones finales.

Entre los anteriores ‘Tratados’ destacamos aquellos que son los centrales. Según la Secretaría de Economía y completando la información con el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), México ha firmado 14 TLC’s con 50 países, 32 APPRI’s con 32 países, 20 Acuerdos, 8 Convenios y 33 Tratados Bilaterales de Inversión (AII).

En la medida en que los ‘Tratados’ avanzan, los conceptos se amplían y se flexibilizan. Por ejemplo, de “expropiación directa” a “expropiación indirecta” que incluye la criminalización y judicialización contra el movimiento social que interrumpe por alguna vía la inversión extranjera. Ya no solo es la inversión en capital fijo sino es también la fusión de empresas, su compra o traspaso; las patentes avanzan hacia todo tipo de bienes tangibles e intangibles, genes, plantas, semillas o alimentos; la privatización ya no es solo de empresas sino que abarca las propiedades públicas en el sector primario secundario y terciario; por poner algunos ejemplos.

En el marco de los TLC’s, los países desarrollados miembros de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) protegen los intereses de las grandes transnacionales fitomejoradores, de las empresas semilleras y de biotecnología para que puedan patentar variedades de semillas como el arroz, el trigo, el maíz, entre otros, e incluso las plantas. Facilita el robo del conocimiento tradicional indígena y generan derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la biodiversidad. Por ejemplo, en junio de 2020 investigadores mexicanos se pronunciaron contra el proyecto de ley del Congreso para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) basada en los lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) Acta 1991, ya que México se comprometió a ello en el marco de la firma del Tratado Transpacífico (TPP11) y el T-MEC. Esto implicaría a los agricultores, campesinos e indígenas del país la prohibición de vender e intercambiar las semillas obtenidas de sus cosechas para que sean compradas a las grandes trasnacionales semilleras. Esto agudizaría la dependencia alimentaria y aumentaría la contaminación por los paquetes tecnológicos. Otro ejemplo es el caso de los Estados de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) que por años han obligado a los países en desarrollo, en el marco de los TLC’s firmados con ellos, a adoptar leyes que protejan las obtenciones vegetales en consonancia con el Convenio de la UPOV 91. Sin embargo, los Estados de la AELC no cumplen con los requisitos de la UPOV91 en sus propias leyes nacionales. Otro ejemplo es la intención del congreso mexicano para favorecer a las farmacéuticas y preservar sus patentes por más años para cumplir los compromisos de los TLC’s a costa de la población.

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales.

Las demandas Corporativas contra México

Como ya hemos mencionado, todos los Tratados conllevan la adhesión a un tribunal o mecanismo dónde disputar los conflictos que pudieran suscitarse entre los países y sus inversores. Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) o también llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son uno de ellos y ponen las bases para que las empresas demanden al Estado, y no al revés.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es también otra oportunidad para la rapiña del gran capital y enriquecerse a costa de sus consecuencias. Como los gobiernos enfrentaron estallidos sociales ante la pobreza, la falta de empleo y la desesperación social, se prevé que los bufetes de abogados de los países desarrollados, preparen demandas contra los gobiernos que han implementado medidas para enfrentar y mitigar la pandemia ya que supuestamente afectaron sus intereses. Esto implica demandar a los Estados por no garantizar las inversiones, por no dar protección y seguridad frente a las protestas sociales, por intervenir la economía con subsidios en apoyo a un sector vulnerable; por la intervención estatal en algún sector como el de salud para enfrentar el caos sanitario, por fortalecer el sistema eléctrico estatal en el caso de México, por interrumpir operación de empresas, por evitar el corte de servicios básicos privatizados por falta de pago, por beneficios fiscales otorgados generando competencia desleal, o por el mal manejo que dieron a la crisis sanitaria. Por ello, las empresas podrían demandar en el marco de los ‘Tratados’ grandes indemnizaciones y reparaciones.

Según el Informe de ISDS impactos, pese a que México tiene un alto número de demandas, sigue otorgando más derechos y protección a los inversores extranjeros. El TLC México-UE que no contaba con un capitulo de protección de inversiones, con las modernización de dicho tratado finalizado en abril de 2020 se incluye un mecanismo para blindar las privatizaciones y las inversiones en el sector energético en el cual España, por ejemplo, tiene muchas inversiones. Por otro lado, México incluyó el Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión Europea para “substituir” el tradicional sistema de ISDS. En 2018, previo al cambio del nuevo gobierno, México se convierte en el miembro 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para mandar así un mensaje de seguridad a las empresas extranjeras y atraer su inversión.

México ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina de los países más demandados con 34 demandas. El 58,8% de ellas fueron iniciadas por inversores estadounidenses. El resto son, por orden de importancia, de España, Canadá, Francia, Panamá, Argentina, Singapur y el Reino Unido. Solo existen 4 demandas de empresas mexicanaas contra otros paises (2 contra España, una contra Colombia y otra contra Estados Unidos). A pocos años de firmado el TLCAN, México recibió en 1997 la primera demanda por parte de la empresa estadounidense Metalclad que pretendía construir un basurero de residuso tóxicos en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces se han recibido en promedio una 1 demanda y media por año. Durante el Gobierno de Vicente Fox, en 2002 y 2004 se presentaron 4 demandas en cada año. Y en 2017 se recibieron 3 demandas. Tan solo durante el cambio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 hasta la fecha ya suman 5 demandas. Aproximadamente las ⅔ partes de las demandas han sido resueltas; 47% a favor del Estado y 53% a favor de las Corporaciones.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 98: LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) nos afectan directa y cotidianamente. Definen nuestro salario, las condiciones de trabajo o la comida que compramos; los precios del maíz, del frijol, del tomate, del huevo y todos los productos agropecuarios; pero también de la ropa, de los automóviles, de la gasolina o de los servicios como la energía, el acceso al agua y al transporte. Los TLC’s impactan en nuestra salud, en la educación y en las condiciones de acceso al agua. Influyen en el Cambio Climático, en los conflictos territoriales, en la violencia, los desplazamientos, la dependencia, la pobreza, el desempleo, la militarización y son causa de la migración. Definen también las leyes y los cambios a la Constitución. Y gracias a los TLC’s las Empresas Transnacionales son los beneficiarios de los rescates por sus malos negocios, corrupción y violaciones a los mismos supuestos “acuerdos”.

Los TLC’s son el mecanismo por el cual las grandes Corporaciones demandan a los gobiernos por supuestos incumplimientos y esto impacta en la pobreza, en la falta de recursos públicos que podrían ser invertidos en el gasto publico, en la salud, en la educación o en la infraestructura. Los TLC’s explican la deuda o por qué se privatiza todo, hasta los ríos, los genes, las plantas medicinales, la cultura, los museos y las zonas arqueológicas. Definen lo que bebemos y sus ingredientes: explican la intromisión de agroquímicos, de transgénicos, de otros insumos al país más baratos con la subsecuente quiebra de la economía nacional. Explican la criminalización a las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, e incluso los asesinatos. Los TLC’s definen la vida política y la vida de los políticos. Y explican por qué hay tanta movilización, resistencia y rechazo a estos tratados; tantas campañas y exigencias para que las Empresas Transnacionales tengan normativas vinculantes cuando violan los Derechos Humanos allende sus fronteras. Los TLC’s son las correas de transmisión de la acumulación de capital y de las ganancias en manos de las Empresas Trasnacionales.

Escuchamos mucho sobre los TLC’s, de las nuevas negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá o con la Unión Europea, y sin embargo poco sabemos en qué consisten y cómo es que nos afectan. Por ello, para poder leer la prensa, las noticias, un artículo de opinión, un análisis o para animar a involucrarse en los movimientos contra los TLC’s y por la defensa de las Economías Solidarias y nuevas formas de integración entre los pueblos, presentamos 17 claves para poder entender los TLC’s de una manera más sencilla y explicado para no economistas. A lo largo del documento encontraremos conceptos cuyas definiciones encontrarás más adelante.

1) ¿Qué es un TLC? Es un trato que hacen dos o más países donde se comprometen entre ellos a eliminar o rebajar los aranceles de bienes y servicios; definen las reglas del “juego” sobre cómo, de qué forma y bajo qué legislación van a competir o a beneficiarse uno de otro. Se pueden regir bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en acuerdo entre los países participantes. Es vinculante, en el sentido de que la violación al tratado tiene consecuencias legales.

Los TLC’s se promueven en la opinión pública como la condición necesaria para el “desarrollo”, la “democracia”, la “libertad”. Sin embargo, más que un “Tratado” son mecanismos de presión y resultado de la correlación de fuerzas en una relación de poder donde el país más débil termina aceptando las condiciones del país más fuerte. Débil por su enorme endeudamiento, por las asimetrías, por su flaqueza institucional, por su poca capacidad política y de negociación, por su alta dependencia, o por su alta vulnerabilidad a la corrupción. Esto no lo hace “Libre” ya que es una coerción donde el débil debe cumplir aunque el fuerte no cumpla. Se está obligado a abrir las fronteras sin la rectoría del Estado. Tampoco es un supuesto “comercio” porque no sólo se trata de mercancías (los bienes corporales muebles) sino de apropiación de bienes intangibles, de ganancia por especulación, por el control y la conformación de grandes monopolios, por demandas y enriquecimiento ilícito de las grandes Corporaciones, por la evasión de impuestos, la apropiación de territorios de forma ilegal, o por la corrupción en las licitaciones, entre otras formas. Casos, sobran, como Enron, HOL, Odebrecht, GoldCorp … y los casos de las corporaciones trasnacionales son interminables.

A todo le llamamos TLC, pero en realidad existen modalidades que es bueno conocerlos y diferenciarlos:

  • Acuerdos de Alcance Parcial (APP): Participan dos o más países y sus acuerdos son comerciales, de complementación económica o agropecuarios, de promoción del comercio, entre otros sectores específicos. Se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos. Y es que existen algunos sectores que los países desarrollados no quieren abrir a la competencia.
  • Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Los países desarrollados conceden unilateralmente cobrar menos aranceles por algunos productos a un país en vías de desarrollo. Es una exención de la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) ya que no da ese mismo trato a otro país desarrollado. No es tanto para ayudar a un país pobre, sino que es una forma en que un país recibe insumos que necesita más baratos, y al mismo tiempo genera una dependencia preferencial.
  • Tratados de Integración Comercial. Es el acuerdo entre países para reducir o eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Puede incluir aspectos sociales y de política regional, fiscal y presupuestaria, instituciones comunes o movimiento de personas. Como ejemplos tenemos a la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur o la Unión de Naciones Suramericanas. En esta integración unos países pierden más que otros.
  • Acuerdos Comerciales Preferenciales. Entre dos o más países acuerdan reducir mutuamente uno o varios aranceles, no todos.
  • Acuerdo de Asociación (AA). Es un TLC que elimina barreras a la libre circulación de bienes, servicios y de inversión entre los países; y además incluye elementos de asociación en materias del ámbito político y de cooperación. Podría ser un paso previo hacia la integración económica total como la Unión Europea.
  • Acuerdo de Complementación Económica (ACE). Se usa entre algunos países latinoamericanos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con el fin de lograr una apertura de mercados mayor a la de los Acuerdos de Alcance Parcial y menor a los TLC’s.
  • Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Es el acuerdo entre dos países para dar ‘seguridad jurídica’ a las empresas que invierten, y de violar esto solo las empresas pueden demandar a los Estados a costa de la legislación del país, de sus políticas públicas o de la violación a los derechos humanos. Suelen incluir el Trato Nacional, el Trato de Nación más Favorecida, el Trato Justo y Equitativo; Restricciones a la expropiación, a los requisitos de contenido nacional, o permitir la libre transferencia de fondos con el fin de repatriarlos, entre otras. Los TBI son terribles. Las empresas buscan demandar a un país desde otro país en el que tiene sucursales y que al mismo tiempo ha firmado un TBI con el país que quiere demandar.
  • Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Es un tratado que promueve la liberalización a escala global de todo el comercio de servicios, excepto el trasporte aéreo y los suministrados en «en ejercicio de facultades gubernamentales». Las negociaciones son fuertes ya que muchos países desarrollados no quieren liberar algunos servicios. Sin embargo, el objetivo es privatizar todos los servicios como son bancos, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros por mencionar tan solo algunos, y alargar los años de protección de la propiedad intelectual,

2) Los antecedentes. Después de 1945, la economía mundial se encontró devastada, el comercio quebrado, las vías de comercialización y su infraestructura destruidas, y el Estado con la necesidad de sustituir las importaciones y empezar a crear hasta donde le fuera posible su propias fuerzas productivas. En este contexto nace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) que funcionó entre 1947 y 1995 donde los países negociaban entre ellos el cobro de sus aranceles de bienes bajo el principio de reciprocidad: “tú me cobras tanto por vender esto en tu país, yo también”. Pero en 1994 suceden dos acontecimientos fundamentales para la economía mundial. Por un lado se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, al mismo tiempo, se da fin al GATT que se convierte en la Organización Mundial del Comercio (OMC) como un organismo internacional que regularía los aranceles y el comercio de prácticamente todos los países del mundo, ampliando el comercio de bienes al sector de servicios y los derechos de la propiedad intelectual. Fue en 1999 durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, cuando las movilizaciones sociales junto con la oposición de algunos gobiernos, se logra detener las negociaciones que pretendían incluir todo a la lógica del mercado.

Es así como los países que dominaban en las regiones de América, Europa y Asia se concentran en lograr en sus territorios la imposición de sus intereses que no fueron posibles establecer en la OMC. En Asia los ‘Tigres Asiáticos’ fortalecen su región; la Unión Europea amplia la zona euro y el control comercial; y en América, Estados Unidos intenta imponer el Área de Libre Comercio de las América (ALCA), un especie de TLCAN ampliado. Sin embargo, junto con las grandes movilizaciones continentales y los gobiernos progresistas de América Latina que se opusieron, en 2005 se da por terminado este intento. Entonces EEUU lanza otra estrategia que consistió en impulsar de manera bilateral por medio de los TLC’s los intereses que EEUU no logró vía la OMC y el ALCA. Es entonces cuando se acelera la creación de TLC’s entre los países del Norte con el Sur y, curiosamente, sin establecerse TLC’s entre los países desarrollados. De cualquier manera, los TLC’s implementaron un mecanismo que permite la reproducción automática y acelerada de sus objetivos.

América del Norte (Canadá y Estados Unidos), Europa y Asia se lanzan entonces a la búsqueda de firmas de TLC’s con los países de América Latina en búsqueda de oro, plata, petroleo, gas, agua, energía eléctrica; compras de empresas estatales y para instalar sus empresas a la región.

3) Los subsidios. Todos los gobiernos han otorgado dinero de manera directa o indirecta a algún productor con el fin de mantener el empleo en eses sector, garantizar que el producto llegue al consumidor a precio accesible o que el productor tenga alguna mínima ganancia. Algunos países subsidian a los productores de maíz, de frijol, de caña de azúcar, de aceite, entre otros muchos productos según sus necesidades y culturas. La manera de subsidiar para mantener el precio accesible al consumidor es otorgar financiamiento, pero también con exención de impuestos o con insumos baratos para la producción. Del mismo modo se otorgan subsidios a los servicios públicos como el transporte con el fin de que sea accesible a la población, o a las diversas actividades culturales, a la cuota de electricidad o del consumo de agua, todo con el fin de procurar el Bienestar de la población y el cumplimiento de los derechos humanos. Pero para el TLC esto es una “competencia desleal” y “populismo” para justificar su eliminación. Se sataniza el subsidio y se exige que sea eliminado y así se refleje el valor real del producto para competir con otros países en las mismas condiciones. Y obviamente el precio sube, los productores quiebran, la migración se agudiza y el producto queda en manos de algún monopolio. Otros subsidios se van eliminando paulatinamente hasta acordar una fecha tope en que se elimina totalmente. Una violación a esto puede implicar que la empresa extranjera exija una compensación. Sin embargo, los países más ricos son los que más subsidian a sus empresas trasnacionales, lo que les permite ofrecer precios más bajos.

4) Los aranceles. Todos los países manejan un impuesto (una cuota monetaria) que cobran por una mercancía extranjera al entrar a su territorio. También tiene la función de regular la entrada de ciertos productos que el país ya produce con el fin de que la competencia extranjera no le inunde el mercado del mismo producto o altere el precio. Así, se protege el empleo, la producción y la cadena productiva. Por ejemplo, si se produce mucho tomate para el consumo del país, se cobrarán más aranceles al tomate extranjero para alejarlo del mercado nacional. Si se requiere tomate y no se produce, se bajan los aranceles para atraer a las empresas a llegar al país a vender el producto. Se puede cobrar arancel que represente un porcentaje del valor del producto, o un arancel por un volumen determinado de productos, o por una combinación de las dos. Con el TLC ahora se le llama “barreras arancelarias” y “proteccionismo” con el fin de presionar a los países más débiles a que eliminen los aranceles o establezcan un calendario (desgravación paulatina) donde se estipula cómo lo irán bajando año con año hasta que la empresa extranjera puede entrar al país “libre de aranceles”. Con esto, la empresa extranjera tiene más ganancias y el país receptor pierde ingresos al no cobrarlos, lo que repercute en que tendrá que reducir su presupuesto a los servicios, la educación, la salud, la inversión en carreteras, entre otras cosas. Sin embargo, los países más proteccionistas son los países más ricos que sí protegen su empleo, sus industrias y sus productores al violar los TLC’s e impedir el paso de ciertos productos acordados, o aumentar los aranceles para debilitar al país competidor o cerrarle el mercado. Estos han sido los casos recientes de la guerra de cuotas arancelarias entre China y Estados Unidos.

5) Las barreras no arancelarias. Un Estado debe proteger la salud y garantizar la seguridad de la población. En principio protege a sus productores nacionales y a sus consumidores definiendo leyes, regulaciones, políticas, reglas de importación, cuotas de importación (límites a la cantidad de una mercancía que se puede introducir al país ya sea café, miel, frijol, carne, etc.), criterios de embalaje, certificados especiales, licencias de exportación, controles de calidad y normas de sanidad vegetal y animal, regulaciones ecológicas y de toxicidad o marcado de país de origen. Con el TLC esto se ve como barreras al libre comercio, a la libre competencia, o como proteccionismo ya que los gobiernos bloquean el libre tránsito. Sin embargo, cuando los países del Norte definen sus barreras no arancelarias le llaman “protección de su soberanía”.

6) Precios de garantía y Control de Precios. Los precios de garantía son los precios fijos que estipula el gobierno a ciertos productores con el fin de garantizar que continúe produciendo, como el maíz, frijol, entre otros productos estratégicos para cubrir la demanda nacional. Este precio fijo le ayuda al productor frente a las variaciones de precios en el mercado. El control de precios es el precio fijo máximo y mínimo de una mercancía o servicio, con el fin de garantizar el acceso de la población y evitar la inflación por la escasez, tales son los casos de los productos básicos como el pan, la tortilla, el azúcar, la sal, el huevo, entre otros, y en los servicios como el agua o la electricidad. Con el TLC ambos se liberan para que las empresas extranjeras puedan vender el mismo producto más caro o comprar productos agropecuarios más baratos al productor, lo que ha ocasionado el quiebre de los productores del campo, la pobreza y la migración. A estos controles les llaman “populismo”, pero cuando los países del Norte definen estos precios le llaman protección de su mercado nacional. En 1960 México estipuló precios de garantía de granos y oleaginosas y se eliminaron en 1994 con la entrada del TLCAN.

7) Las Reglas o Normas de Origen. Son los criterios que determinan si un producto es de procedencia nacional (“Hecho en…”), ya que esto determina el derecho a exportarlo o importarlo para proteger y fortalecer a su industria nacional o a sus productores. Estas reglas las puede determinar un país o fruto de una negociación entre varios. Estas normas de origen pueden determinar si hay ‘dumping’, si se solicitan medidas de compensación, la aplicación de etiquetado y marcado, qué tipo de mano de obra se puede emplear, etcétera. Muchos gobiernos impulsan campañas de consumir lo “nacional” cuando una mercancía o servicio tiene cierta cantidad de componentes producidos en el país. Con el TLC se tiende a presionar para que muchas mercancías y servicios puedan tener componentes extranjeros sin necesidad de consumir lo local.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 97: LAS REPRESAS EN CHIAPAS

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencas hidrográficas.

A lo largo de su historia, sus cuencas han sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas entre las que se encuentran 8 hidroeléctricas, de las cuales tres de ellas son de las más importantes del país. Por un largo tiempo, Chiapas aportó más del 40% de la energía hidroeléctrica del país a costa de la pobreza local.

Decenas de proyectos de presas hidroeléctricas se han planeado desde hace décadas en toda la geografía de un estado lleno de hermosos ríos. Ahora, el discurso de la “transición energética”, la “energía limpia”, la “energía renovable” y “los mecanismos de desarrollo limpio” ponen a Chiapas en mayor riesgo de sus Cuencas, ya que las Grandes Represas y ahora las “pequeñas” represas hidroeléctricas siguen reforzando el discurso de la economía verde. Las amenazas sobre los territorios indígenas y campesinos se agudiza con los megaproyectos extractivistas, sobre todo si tomamos en cuenta que en Chiapas el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales .

Recientemente la CONAGUA ha liberado esta información que ahora sistematizamos. En este inventario se rescatan los bordos, diques, derivados y represas que se han construido en el estado de Chiapas. También realizamos una radiografía de otros proyectos y el proceso de resistencia social.

El total de Represas, Bordos, Diques y Derivadoras construidas en Chiapas

La CONAGUA registra en Chiapas un total de 94 intervenciones con obras de todo tipo y tamaño que se han construido desde la Conquista hasta 2019. Estas represas están divididas en Presas Hidroeléctricas, Bordos, Diques y Derivadoras. Se han intervenido un total de 39 Municipios: 31 están en la Región Hidrológica Costa de Chiapas, y 63 en Grijalva-Usumacinta. Todas estas obras han sido construidas por particulares, ejidatarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CONAGUA, y lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) que operó entre 1976 y 1994.

Los períodos de construcción

De las 94 obras registradas, 67 cuentan con registro del año de construcción y de 27 no se tiene registro. La primera obra que se tiene registro data de 1880 en el municipio de Cintalapa. Durante el Siglo XX se realizaron las principales intervenciones artificiales en las Cuencas de Chiapas. Solo 4 se llevaron a cabo entre 1900 y 1950 en 4 municipios: Berriozábal, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza y Cacahoatán. El resto de las 50 represas y bordos se llevaron a cabo entre 1950 y el año 2000. Principalmente en la década de 1970 que es cuando se construyen la mitad de ellas. En lo que va del Siglo XXI se han construido 12 obras.

Las represas en Chiapas y los sismos

El 100% de las intervenciones de las Cuencas para construir las represas, bordos, derivadoras y diques se ubican en Zonas Sísmicas, y se distribuyen de la siguiente manera: 46 obras en Alta Sismicidad, 36 en Media Sismicidad y 12 en Baja Sismicidad.

Por su lado, de los 39 municipios intervenidos en Chiapas, 15 se ubican en regiones de Alta Sismicidad, 19 en Media Sismicidad y 7 en Baja Sismicidad.

Hay que tomar en cuenta que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en México. Entre ellos, el estado de Chiapas muestra una mayor actividad sísmica ya que en algunos períodos ha llegado a cuadruplicar la cantidad de sismos registrados en la entidad. Este criterio de la sismicidad es un elemento que al parecer poco se toma en cuenta para la proyección en la construcción de las represas.

Las actuales y futuras Represas Hidroeléctricas en Chiapas

Las intervenciones mayores sobre las Cuencas son las represas. Existen en Chiapas 41 presas y de ellas son 8 hidroeléctricas:

  1. Presa Belisario Domínguez (La Angostura).
  2. Presa Ángel Albino Corzo (Peñitas)
  3. Presa José Cicilio del Valle (El Retiro).
  4. Presa Manuel Moreno Torres (Chicoasén).
  5. resa Netzahualcóyotl (Malpaso).
  6. Presa Bombaná.
  7. Presa Bombaná II.
  8. Presa Shpoiná.

En Chiapas la CFE identifica 90 proyectos hidroeléctricos en la Etapa de Planeación con una potencia instalada de 9,060 Mw. De ese total, 79 corresponden a proyectos identificados, 4 de Gran Visión, 2 de Prefactibilidad y 5 de Factibilidad. La CFE pretendería licitar hidroeléctricas en 4 Sistemas Hidrológicos de la Región del Sureste ubicados en la entidad en las Cuencas de Tonalá, Tacotalpa, Usumacinta y Grijalva.

Los 4 Proyectos de Gran Visión para Chiapas están ubicadas en la Cuenca del Usumacinta. Sobre el río Tzaconejá la Presa Altamirano con una potencia instalada de 185 Mw y la Presa Livingstone con una potencia instalada de 285 Mw. Sobre el río Santo Domingo la Presa Rápidos de Santo Domingo (antes presas Huixtán I) con una potencia instalada de 160 Mw y la Presa Santa Elena (antes presas Huixtán II) con una potencia instalada de 300 Mw. Sobre el río Usumacinta se siguen proyectando la Presas Yaxchilán, Presa Isla El Cayo, Presa El Porvenir y la Presa La Línea que sumarían 690 Mw de potencia instalable. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone que sean hidroeléctricas al filo del agua.

Los 2 Proyectos de Prefactibilidad son las Presas Ampliación El Retiro en la Cuenca Cahoacán en Tapachula, y la Presa Chinín sobre el río Tacotalpa en el municipio de Huitiupán, con un potencial instalado de 7 y 170 Mw respectivamente.

Los 5 Proyectos de Factibilidad son, sobre el río Grijalva, la Presa Acala con un potencial instalado de 135 Mw, la Presa Copainalá con un potencial instalado de 225 Mw y la Presa Rehabilitación Bombaná. Sobre el río Tacotalpa la Presa Itzantún con un potencial instalado de 440 Mw; y la Presa Tenosique (antes Boca del Cerro) sobre el río Usumacinta en el estado de Tabasco con un potencial instalado de 420 Mw.

La presa Chicoasén II está suspendida por los conflictos sociales que ha causado. Y La “pequeña” represa Santo Domingo no fue autorizada por Conagua ante la cantidad de inconsistencias en su Manifiesto de Impacto Ambiental. Entre algunos de los antiguos proyectos que están en el tintero esperando las condiciones adecuadas para su inversión están las presas del Sistema UsuTulijá como son las represas Quetzalli, Jattza, Nance, Salto de Agua; la presa Bajatzén sobre el río Shumulhá en Yajalón, y la presa Chacté en San Juan Cancuc. El actual gobierno pretende repotencializar 64 hidroeléctricas de las principales represas del país. Por otro lado, se ha incluido las supuestas “pequeñas” y “minis” represas hidroeléctricas de las cuales, para Chiapas, se prevén licitar 20 proyectos. Esto puede dimensionar que, tomando en cuenta las 90 represas anteriores, en total sumarían 110 hidroeléctricas proyectadas en Chiapas que serian un desastre social y ambiental. Algunas de estas supuestas “pequeñas” represas están vinculadas a dotar de energía a las empresas privadas, a los proyectos mineros o para ser vendida a la CFE con garantías de grandes ganancias usando la red pública.

Los proyectos de presas hidroeléctricas marcan una presión mayor sobre los territorios indígenas y campesinos por los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que demandarán ingentes cantidades de agua y energía de las Cuencas de Chiapas.

Las “pequeñas” represas en Chiapas

Aunque no se ha abandonado la política de construir Grandes Represas, el gobierno impulsa la narrativa de las “pequeñas represas” e incluso “mini represas” con manipulación técnica, ambiental y política. Muchas represas tienen planes de cortinas mayores a 15 metros lo que se les cataloga como “grandes represas”. En el discurso se les vincula a la “energía verde”, la “energía sustentable”, la “energía renovable”, la “energía limpia”, con los “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, los “servicios ambientales” o los “servicios hídricos ambientales”; y que con ellas no se desplazan a la población ni generan impactos ambientales significativos e impiden el Cambio Climático. Pero esto es una falacia.

Estos proyectos siguen vinculados a la privatización de la generación de energía, al negocio de la venta de energía a la CFE garantizando las ganancias por décadas a las empresas privadas, al auto abastecimiento de energía para las propias empresas o sus proyectos extractivos y a la apropiación privada de territorios. Sí implican afectaciones a los ríos y a las cuencas, a las poblaciones aguas abajo y aledañas y otras afectaciones socioambientales. Muchas de estas represas hidroeléctricas requieren trasvasar el agua hacia las turbinas por muchos kilómetros invadiendo territorios ejidales y de bienes comunales. El gobierno federal actual pretende construir en el país 112 medianas represas y minirepresas, y también identifica la futura construcción de 13 Hidroeléctricas al “hilo del agua”. La amenaza sobre las cuencas y su modelo extractivo no muestra signos de transitar.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 96: RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO Parte (III)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Desde el año 1550 cuando se tiene registrado la primera en el estado de Guanajuato, hasta el 2018, a lo largo de 468 años, se han construido en México 6,225 represas y bordos, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. El 41.25% de los municipios del país han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa. Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría son del norte del país. Sólo hay tres estados que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Al menos 600 Ríos de México se han represado a lo largo de estos 468 años, sin tomar en cuenta otras corrientes de agua como son arroyos, escurrimientos, afluentes, barrancas, canales, cañadas, manantiales, derramaderos, entre otras.1

En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Chihuahua.2 Otra fuente considera que fue en 1883 en Veracruz. Hasta 1888 la planta hidroeléctrica de Echeverría sobre el Río Atoyac en Puebla es considerada la primera para el servicio público.3 Actualmente, en México existen más de 5,163 represas y bordos que almacenan aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos de agua y equivalen a la capacidad de 60 millones de albercas olímpicas.4 De éstas, 4 mil 462 son presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía.5 Tan solo 181 de estas represas almacenan el 82% de esa agua. Todos estos elementos ya los hemos profundizado en el El Escaramujo No. 88 y El Escaramujo No. 90.

Los Años

Según el inventario de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de las 6,225 de las represas y bordos que se han construido desde 1550, se han registrado el año de su construcción del 65% de ellas que equivalen a 4,027 del total. Las que no tienen registro de fecha muy probablemente sean de hace más de 100 años cuando difícil era contar con registros: 142 corresponden a Aguascalientes, 26 a Baja California, 65 a Baja California Sur, 27 a Chiapas, 121 a Chihuahua, 2 a la CdMx, 79 a Coahuila, 8 a Colima, 80 a Durango, 96 al Estado de México, 100 a Guanajuato, 11 a Guerrero, 116 a Hidalgo, 147 a Jalisco, 77 a Michoacán, 24 a Morelos, 16 a Nayarit, 52 a Nuevo León, 64 a Oaxaca, 34 a Puebla, 85 a Querétaro, 106 a San Luis Potosí, 40 a Sinaloa, 161 a Sonora, 31 a Tabasco, 291 a Tamaulipas, 19 a Tlaxcala, 48 a Veracruz y 130 a Zacatecas.

De las que sí existen registro de fechas de construcción son las siguientes:

En el Siglo XVIII la mayor intervención de las Cuencas se realizó en algunos estados del norte y occidente el país. Si embargo, en el Siglo XIX se amplían en esta región, pero siempre destacan las mayores intervenciones los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Durango y el Estado de México, entre otros. En muchos de estas entidades federales, entre ambos siglos, se llevaron a cabo grandes emprendimientos mineros e inicios de la industrialización precaria en el país. Por su lado, los estados del sur prácticamente se mantuvieron al margen del “desarrollo” y afortunadamente las Cuencas no fueron tan intervenidas como en los casos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De las represas y bordos de todos tamaños y tipos que se tienen registradas las fechas de su construcción, en el Siglo XX se registra el mayor repunte de la intervención en las Cuencas del país para el supuesto desarrollo. Entre 1900 y 1999 se dispara de manera alarmante la construcción de las Grandes Represas para generar hidroelectricidad, dotar de agua a las grandes ciudades y a la industria que aumentaban paulatinamente por todo el país, así como para la irrigación que alimentara la Revolución Verde.

En el Siglo XXI llama la atención la intensidad de la intervención sobre las Cuencas nuevamente en los estados del norte del país e incluso en aquellos donde el estrés hídrico es alto como en Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, entre otros. Esto coincide también con la apertura indiscriminada a la actividad minera que se concentra en estas regiones. También el crecimiento de otras industrias que se instalan como la automotriz, bebidas embotelladas, e incluso las maquiladoras.

Los Tamaños

Según CONAGUA6, actualmente existen 5.163 presas y bordos, de los cuales 181 que representan el 3.5% contienen el 80% del volumen total almacenado en México.

Del total de represas y bordos, 667 corresponden a Grandes Represas de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas que especifica que son aquellas que tienen una cortina de más de 15 metros de altura o que almacenan más de tres millones de metros cúbicos.

Pese a que la resistencia social contra las grandes represas que repunta con mayor fuerza al iniciar al Siglo XXI, y que empresas y gobiernos iniciaran el “blanqueo” de su imagen argumentando que son energía limpia y que se transitaría hacia las supuestas “pequeñas represas”, no se han dejado de construir las Grandes Represas. Ejemplos de esto es la presa Rompepicos en Nuevo León con una cortina de 70 metros de altura y que inicia su operación en 2004. En Nayarit la presa El Cajón de 186 metros de altura en 2007 y la Yesca de 220 metros de altura en 2012; en Tamaulipas la presa Las Blancas; o en San Luis Potosí la presa El Realito de 90 metros en el 2012.

Otras más se han pretendido construir como las presas Paso de Reina, Paso Ancho en Oaxaca; la presa La Parota en Guerrero; las 5 sobre el Río Usumacinta, Itzantún, Chinín, entre otras muchas en Chiapas; las del Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco, que se encuentran sin terminar.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador pretende construir en su sexenio otras 112 supuestas “pequeñas” represas 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.7

A continuación presentamos algunas de las presas más importantes del país.

ALGUNAS DE LAS GRANDES PRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

Los Daños

Hasta la década de 1990 las Grandes Represas fueron presentadas como una de las mejores vías para obtener la energía para el “desarrollo”. Y aunque se dieron muchas luchas contra la construcción de las represas en el país en las décadas anteriores, como en Oaxaca y Chiapas, poco fueron difundidas en la opinión pública. Todavía en la actualidad, los libros de textos de educación primaria continúan con la narrativa de que las represas son la mejor fuente de energía que aporta al desarrollo económico y socia del país.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 95: LA BANCA MULTILATERAL DEL DESPOJO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Las personas, las empresas y muchos gobiernos del mundo salen a buscar dinero prestado para rescatar sus economías y así solventar la crisis del sistema develada por el COVID-19. La deuda se dispara.

El costo de la crisis sanitaria en el mundo no tiene precedentes en los últimos 100 años. Se habla de recesión global, desaceleración, depresión o contracción económica entre otros conceptos que puedan abarcar a las millones de personas que han quedado sin empleo en todo el mundo, al hambre que recorre los países, a las empresas quebradas y a los gobiernos que se han quedado sin recursos ni siquiera para pagar el servicio de su deuda eterna.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que es la peor recesión mundial en 90 años, mientras que el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) afirma que el costo de la pandemia del coronavirus podría alcanzar los USD$8,8 billones de dólares, o casi el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, en esta crisis sin precedentes se nos quiere hacer responsable individualmente de su propagación y solución con la consigna de “Quédate en Casa”, pretendiendo ocultar las causas sistémicas y estructurales de esta catástrofe.

La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 provocará un aumento vertiginoso de la deuda por medio de los ‘recates’. Y más que ‘rescates’, es una inyección de adrenalina de concentración de capital. Para ello, los bancos juegan el papel central junto con los gobiernos. La banca es al sistema capitalista lo que las venas al cuerpo. Mueven el dinero, la especulación, la riqueza, el oxígeno que le da vida al sistema. Se inyectarán recursos para que la sociedad se autorescate con sus propios fondos públicos. Y es que la acumulación de capital no se puede entender sin la lógica de la deuda. Por ello, desde otro ángulo, el COVID-19 no pone en jaque al capitalismo, sino que más bien lo acelera, donde la banca del despojo juega un papel fundamental para la acumulación en cada vez menos manos.

El Estado Corporación siempre estará al servicio de dicha acumulación con la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) que la favorecerá ofertando préstamos, créditos o subsidios. Pero, ¿quiénes son? Esbozamos aquí una serie de claves comunes para entender el conjunto de la mal llamada Banca de “Desarrollo” como parte de las Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que han financiado proyectos de despojo a los pueblos endeudados y empobrecidos, que han implicado sistemática violación a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE), financió el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro Soto en grado de tentativa en Honduras. Por otro lado, un miembro de la familia Atala, dueño del proyecto, fue el representante de su gobierno ante el BCIE y en su tiempo dicha familia adquirió grandes sumas de créditos de este banco.

Los orígenes de la BMD

La BMD se funda a partir de la II Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Banco Mundial (BM) en 1944 en el poblado montañoso y nevado de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, país que alberga sus sedes. Por ello se le llaman las instituciones de Bretton Woods. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el andamiaje político hegemónico en el mundo, como el FMI y el BM lo son en el andamiaje financiero, donde prácticamente todos los países del mundo forman parte de estas estructuras capitalistas hegemónicas. Estas IFI’s serán la raíz y la matriz de muchos otros bancos de desarrollo regionales y subregionales, de muchas directrices económicas impuestas en el mundo y de la mano de los gobiernos quienes las operativizarán e instrumentalizarán.

Es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en que el Estado y no el mercado, levantaría la economía mundial destrozada de la posguerra; procurar el bienestar de la población y el cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, Protocolos y Convenios vinculantes en la materia, en la lógica del Modelo Estado de Bienestar. Para ello, los Estados conformarían la BMD con el fin de otorgar créditos a los países pobres y así garantizar el supuesto desarrollo, el derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, entre otros compromisos en materia de derechos humanos.

Desde entonces, más de 30 bancos multilaterales de desarrollo continentales y subregionales se crearon y con ello se generaron, en unos países más y en otros menos, en unos más rápido y en otros menos, los sistemas de salud, de educación, de comunicaciones, de producción, de electricidad y sus sistemas bancarios nacionales. Se crearon leyes soberanas y también la infraestructura como caminos, puentes, represas, puertos, tendidos eléctricos, aeropuertos, entre otros servicios públicos.

Más tarde, a partir de la década de 1970, y en el contexto de las dictaduras militares en América Latina, bajo la crisis mundial de la deuda externa, del petróleo y del patrón oro, entre otros factores, inicia la imposición de Políticas de Ajuste Estructural (PAE) del FMI y del BM a los países deudores, reflejando los intereses económicos de los países acreedores y sus empresas.

A principios del Siglo XXI, el 65% de los préstamos del BM fueron dirigidos a las PAE. Así, en la era del Modelo Neoliberal todos estos bienes y servicios construidos con fondos públicos iniciarían un proceso largo de privatización en manos de las grandes corporaciones. La BMD realizaría otro papel, la de ser correa de transmisión de las PAE, así como de trasladar más líneas de crédito baratas a las empresas. Ahora, con la crisis del COVID-19 se reclama al Estado un sistema de salud pública que el mismo FMI y el BM desmantelaron y privatizaron; y ahora ofrecen nuevos créditos para reconstruirlo. Más deuda.

El Objetivo de la BMD

Los supuestos objetivos de la BMD fueron reducir la pobreza de los países pobres miembros del banco, generar empleo y bienestar, promover la integración económica de los países miembros, mejorar la infraestructura, el comercio, la generación eléctrica, el transporte, la producción; promover la inversión privada y pública, la asistencia técnica, las reformas del estado necesarias para garantizar las inversiones privadas; promover la agricultura, la industria y lograr los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Entre los BMD hay relación y acuerdos de cooperación financiera. Sin embargo, luego de casi 80 años de la BMD los países del Sur siguen sumidos en la peor pobreza, dependencia y endeudamiento generando la concentración de la riqueza en el Norte Global.

Los miembros de la BMD

Los miembros de la BMD son los países de la región. Pero muchos aceptan miembros que no son regionales y cuyos países aportan grandes cantidades de dinero al banco para poder tener acceso preferencial a las inversiones que se hagan en los países regionales o fundadores del banco, para tener la prioridad frente a otros países no miembros en el suministro de bienes y servicios de los proyectos financiados por el banco. Este es el gran negocio de los países ricos y de los intereses de sus grandes corporaciones. Así, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, España, Chima, Italia, Israel, Holanda, Noruega, Francia, entre otros países se integran al banco regional con sus fondos públicos propios para extender sus negocios y préstamos. Sin embargo, también algunos países del Sur se suman a los bancos subregionales para incrementar los negocios, como puede ser México, Brasil, Chile, Colombia o Argentina. Así, los gobiernos han ido flexibilizando los criterios para sumar otros países sin aportar capital y ser beneficiario de inversiones como el caso de Belice, o sin ser parte de la región con el objetivo de aumentar las posibilidades de inversión, de más rentabilidad, de más injerencia en otras regiones y de mayores negocios. Todo este entramado de intereses hace que el BMD no sólo tenga sede en un país, sino también sucursales o representaciones en diversos continentes.

Todos los BMD del Sur tienen accionistas o socios del Norte por donde entran sus inversiones, sus corporaciones y sus condicionamientos a los países del Sur. Hasta la fecha, los países del Sur siguen en “vías de desarrollo” sin alcanzar el supuesto desarrollo del Norte.

Los tipos de BMD

Esta supuesta Banca de Desarrollo de carácter público puede ser internacional (multilateral) o nacional. En el caso de los bancos nacionales de desarrollo, por ejemplo, México ha conformado varios de ellos: el Banco del Bienestar, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Nacional Financiera (Nafin) o la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). También los países “desarrollados” tienen su banca de desarrollo. Algunos bancos nacionales de desarrollo invierten y prestan allende sus fronteras con el fin de ampliar sus ganancias desde otros países, prestando a gobiernos o empresas privada como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BANDES) cuyos créditos en América Latina superó a los proporcionados por el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otra modalidad de préstamos son las llamadas Agencia de Crédito para la Exportación (ACE) y las Agencias de Cooperación (AC) que, siendo fondos públicos de un país, presta, invierte o dona a gobiernos para influir en las políticas del país objetivo, o al sector privado para favorecer sus inversiones, con poca o nula transparencia en sus operaciones. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financió las modificaciones al Código Penal de Honduras que criminaliza más a los movimientos sociales y a los defensores y defensoras de los territorios en un país donde existe la resistencia incluso a los megaproyectos españoles. Por su lado, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) cofinanció el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres en Honduras.

Entre las ACE’s y las AC podemos encontrar: Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, Corporación Canadiense para el Fomento de las Exportaciones, Banco de Desarrollo Holandés, Banco Japonés de Cooperación Internacional, Banco de Exportación Importación de Japón, Oficina Federal de Suiza para la Ayuda Económica Extranjera, Programa de Ayuda Internacional de Australia, entre otros muchos.

La BMD y los gobiernos manejan también fondos especiales para algunas temáticas o sectores. Por mencionar tan solo algunos: Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo Arabe para Desarrollo Económico y Social , Fondo de Fideicomiso de Nigeria, Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo Europeo de Desarrollo, Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo de Desarrollo de Kuwait, Fondo Verde del Clima, Fondo Africano de Desarrollo, Fondo Nórdico de Desarrollo, y la Asociación Internacional de Fomento. Algunos son jurídicamente independientes y otros son manejados por algún BMD.

Los préstamos de la BMD

Las decisiones de los bancos se miden por votos. Así, tendrá más voto de decisión en el banco quien ponga más dinero. Por ejemplo, en el caso del BID, Estados Unidos pone el 30% de los recursos, es el que más aporta. De esta forma los países que más aportan definen a quién le prestan, cómo, para qué y con qué condiciones. Los que más aportan tienen prioridad sobre las ofertas de licitaciones gubernamentales o proyectos de inversión en infraestructura.

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