El Escaramujo 99: MÉXICO Y SUS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En plena pandemia, en Abril de 2020 se firmó la modernización del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. Y el 1o. de Julio 2020 entra en vigor la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, llamado T-MEC. Con ello iniciará un nuevo período en que el trabajo, los precios, las mercancías, el medio ambiente, la salud, los servicios y otros aspectos de la vida cotidiana marcarán un futuro distinto para la población. Por lo pronto, hagamos un balance general de todos los TLC’s que México ha firmado para darnos cuenta del reto que implicaría un verdadero proceso de transición a un sistema justo, a una integración entre los pueblos con respeto a las asimetrías de los diversos países, a las soberanías y al medio ambiente, y romper así con el entramado de beneficios y facilidades a las grandes trasnacionales que circulan por todo el mundo por las carreteras y la infraestructura de los TLC’s.

Como hemos mencionado en El Escaramujo No. 98, existen diversas modalidades de lo que normalmente llamamos ‘Tratados de Libre Comercio’ (TLC’s), pero que todos ellos determinan la vida cotidiana de la población. Y si bien un país no puede sustituir todas las importaciones y ser 100% autosuficiente, ya que su territorio, su geografía, sus bienes comunes, su cultura o sus posibilidades técnicas y de mano de obra no le son suficientes, se ve obligado a negociar con otros para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, existen otras formas de integración, de apoyo solidario, de Economía Solidaria Internacional, en lugar de los TLC’s que sólo benefician a los países y sus empresas más ricas en una correlación de fuerza desigual, en debilidad y desventaja de los países más pobres.

Cabe señalar que el Banco Mundial ha declarado que los países con menor crisis económica por la pandemia y que crecerán más son los menos abiertos con tanto TLC; los más agrícolas ya que producen sus propios alimentos, no dependen de los precios internacionales ni de las grandes corporaciones; y los que dependen menos del sector servicios como el turismo. Sin embargo, junto con el FMI han presionado por décadas para la apertura comercial y la privatización del sector salud que ahora quieren a reforzar con más deuda de los países. Estas son las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que tanto daño han hecho al mundo y que debieran desaparecer.

Según el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en conceptos amplios, México ha realizado 298 compromisos internacionales en materia comercial de los cuales incluyen 173 “Acuerdos Interinstitucionales” y 125 “Tratados”. En todos ellos México se compromete con al menos 82 países. Sin embargo, México tiene 34 demandas de inversores extranjeros por el supuestos incumplimientos a estos ‘Tratados’. Es de los más demandados en el mundo.

De los 173 Acuerdos Interinstitucionales se entienden, por ejemplo, memorándums de entendimiento, acuerdos de implementación, declaración de intenciones, declaraciones conjuntas o acuerdos de cooperación en materia de minera, energía, cooperación técnica, encadenamientos productivos. También los hay para conformar estructuras o instituciones bilaterales, para transferencia tecnológica, de cooperación industrial, asesorías, normas, regulación comercial, consultorías, promoción económica, inversiones, turismo, financiación, formación de grupos de estudio o de expertos; en materia de telecomunicaciones, convenios comerciales, sobre pequeñas y medianas empresas, sobre el arancel o información de algún producto específico (tomate, azúcar, edulcorantes, entre otros).

Dentro de las compromisos llamados “Tratados” hay diversas modalidades entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) como tal. También los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), de Complementación Económica (ACE), de Alcance Parcial (AAP), de Integración Comercial, de Asociación Estratégica; o acuerdo de Asociación o Cooperación Económica, Comercial, Científica, Tecnológica o Técnica; acuerdos sobre agricultura, para ampliar disposiciones, sobre aranceles, sobre obstáculos al comercio, trámites para importación o hasta acuerdos interinos. Existen también Convenciones para realizar contratos de compraventa o sobre arbitraje. Los Convenios se han firmado para establecer estructuras multilaterales sobre el comercio, industria, organismos, bancos, estatutos; sobre información comercial, de colaboración económica, comercial, financiera e industrial, para el fomento de la inversión o para facilitar las importaciones. Y para todos los anteriores, existen otras firmas de Tratados denominados Protocolos Adicionales, Modificatorios, para Enmendar o Rectificar cualquier tipo de Tratados mencionados.

Por lo general, los temas en todos los ‘Tratados’ que México ha firmado incluyen su ámbito de aplicación, el programa de liberalización de aranceles o desgravación, las reglas de origen, las cláusulas de salvaguardia, el retiro de concesiones, los tratamientos diferenciales, las medidas sanitarias y fito sanitarias, los remedios comerciales así como los obstáculos técnicos al comercio. Otros temas son: contrataciones públicas, inversiones, servicios financieros y marítimos, telecomunicaciones, comercio digital; comercio fronterizo, de servicios y de bienes; entrada temporal de personas de negocios, medio ambiente, laboral, competitividad, solución de controversias, compras del sector publico, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados, comercio electrónico, transparencia, trato nacional, procedimientos aduaneros, antidumping y derechos compensatorios, prácticas desleales, cooperación bilateral, medidas de emergencia, normas técnicas, políticas de competencia y disposiciones finales.

Entre los anteriores ‘Tratados’ destacamos aquellos que son los centrales. Según la Secretaría de Economía y completando la información con el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), México ha firmado 14 TLC’s con 50 países, 32 APPRI’s con 32 países, 20 Acuerdos, 8 Convenios y 33 Tratados Bilaterales de Inversión (AII).

En la medida en que los ‘Tratados’ avanzan, los conceptos se amplían y se flexibilizan. Por ejemplo, de “expropiación directa” a “expropiación indirecta” que incluye la criminalización y judicialización contra el movimiento social que interrumpe por alguna vía la inversión extranjera. Ya no solo es la inversión en capital fijo sino es también la fusión de empresas, su compra o traspaso; las patentes avanzan hacia todo tipo de bienes tangibles e intangibles, genes, plantas, semillas o alimentos; la privatización ya no es solo de empresas sino que abarca las propiedades públicas en el sector primario secundario y terciario; por poner algunos ejemplos.

En el marco de los TLC’s, los países desarrollados miembros de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) protegen los intereses de las grandes transnacionales fitomejoradores, de las empresas semilleras y de biotecnología para que puedan patentar variedades de semillas como el arroz, el trigo, el maíz, entre otros, e incluso las plantas. Facilita el robo del conocimiento tradicional indígena y generan derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la biodiversidad. Por ejemplo, en junio de 2020 investigadores mexicanos se pronunciaron contra el proyecto de ley del Congreso para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) basada en los lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) Acta 1991, ya que México se comprometió a ello en el marco de la firma del Tratado Transpacífico (TPP11) y el T-MEC. Esto implicaría a los agricultores, campesinos e indígenas del país la prohibición de vender e intercambiar las semillas obtenidas de sus cosechas para que sean compradas a las grandes trasnacionales semilleras. Esto agudizaría la dependencia alimentaria y aumentaría la contaminación por los paquetes tecnológicos. Otro ejemplo es el caso de los Estados de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) que por años han obligado a los países en desarrollo, en el marco de los TLC’s firmados con ellos, a adoptar leyes que protejan las obtenciones vegetales en consonancia con el Convenio de la UPOV 91. Sin embargo, los Estados de la AELC no cumplen con los requisitos de la UPOV91 en sus propias leyes nacionales. Otro ejemplo es la intención del congreso mexicano para favorecer a las farmacéuticas y preservar sus patentes por más años para cumplir los compromisos de los TLC’s a costa de la población.

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales.

Las demandas Corporativas contra México

Como ya hemos mencionado, todos los Tratados conllevan la adhesión a un tribunal o mecanismo dónde disputar los conflictos que pudieran suscitarse entre los países y sus inversores. Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) o también llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son uno de ellos y ponen las bases para que las empresas demanden al Estado, y no al revés.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es también otra oportunidad para la rapiña del gran capital y enriquecerse a costa de sus consecuencias. Como los gobiernos enfrentaron estallidos sociales ante la pobreza, la falta de empleo y la desesperación social, se prevé que los bufetes de abogados de los países desarrollados, preparen demandas contra los gobiernos que han implementado medidas para enfrentar y mitigar la pandemia ya que supuestamente afectaron sus intereses. Esto implica demandar a los Estados por no garantizar las inversiones, por no dar protección y seguridad frente a las protestas sociales, por intervenir la economía con subsidios en apoyo a un sector vulnerable; por la intervención estatal en algún sector como el de salud para enfrentar el caos sanitario, por fortalecer el sistema eléctrico estatal en el caso de México, por interrumpir operación de empresas, por evitar el corte de servicios básicos privatizados por falta de pago, por beneficios fiscales otorgados generando competencia desleal, o por el mal manejo que dieron a la crisis sanitaria. Por ello, las empresas podrían demandar en el marco de los ‘Tratados’ grandes indemnizaciones y reparaciones.

Según el Informe de ISDS impactos, pese a que México tiene un alto número de demandas, sigue otorgando más derechos y protección a los inversores extranjeros. El TLC México-UE que no contaba con un capitulo de protección de inversiones, con las modernización de dicho tratado finalizado en abril de 2020 se incluye un mecanismo para blindar las privatizaciones y las inversiones en el sector energético en el cual España, por ejemplo, tiene muchas inversiones. Por otro lado, México incluyó el Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión Europea para “substituir” el tradicional sistema de ISDS. En 2018, previo al cambio del nuevo gobierno, México se convierte en el miembro 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para mandar así un mensaje de seguridad a las empresas extranjeras y atraer su inversión.

México ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina de los países más demandados con 34 demandas. El 58,8% de ellas fueron iniciadas por inversores estadounidenses. El resto son, por orden de importancia, de España, Canadá, Francia, Panamá, Argentina, Singapur y el Reino Unido. Solo existen 4 demandas de empresas mexicanaas contra otros paises (2 contra España, una contra Colombia y otra contra Estados Unidos). A pocos años de firmado el TLCAN, México recibió en 1997 la primera demanda por parte de la empresa estadounidense Metalclad que pretendía construir un basurero de residuso tóxicos en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces se han recibido en promedio una 1 demanda y media por año. Durante el Gobierno de Vicente Fox, en 2002 y 2004 se presentaron 4 demandas en cada año. Y en 2017 se recibieron 3 demandas. Tan solo durante el cambio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 hasta la fecha ya suman 5 demandas. Aproximadamente las ⅔ partes de las demandas han sido resueltas; 47% a favor del Estado y 53% a favor de las Corporaciones.

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El Escaramujo 98: LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) nos afectan directa y cotidianamente. Definen nuestro salario, las condiciones de trabajo o la comida que compramos; los precios del maíz, del frijol, del tomate, del huevo y todos los productos agropecuarios; pero también de la ropa, de los automóviles, de la gasolina o de los servicios como la energía, el acceso al agua y al transporte. Los TLC’s impactan en nuestra salud, en la educación y en las condiciones de acceso al agua. Influyen en el Cambio Climático, en los conflictos territoriales, en la violencia, los desplazamientos, la dependencia, la pobreza, el desempleo, la militarización y son causa de la migración. Definen también las leyes y los cambios a la Constitución. Y gracias a los TLC’s las Empresas Transnacionales son los beneficiarios de los rescates por sus malos negocios, corrupción y violaciones a los mismos supuestos “acuerdos”.

Los TLC’s son el mecanismo por el cual las grandes Corporaciones demandan a los gobiernos por supuestos incumplimientos y esto impacta en la pobreza, en la falta de recursos públicos que podrían ser invertidos en el gasto publico, en la salud, en la educación o en la infraestructura. Los TLC’s explican la deuda o por qué se privatiza todo, hasta los ríos, los genes, las plantas medicinales, la cultura, los museos y las zonas arqueológicas. Definen lo que bebemos y sus ingredientes: explican la intromisión de agroquímicos, de transgénicos, de otros insumos al país más baratos con la subsecuente quiebra de la economía nacional. Explican la criminalización a las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, e incluso los asesinatos. Los TLC’s definen la vida política y la vida de los políticos. Y explican por qué hay tanta movilización, resistencia y rechazo a estos tratados; tantas campañas y exigencias para que las Empresas Transnacionales tengan normativas vinculantes cuando violan los Derechos Humanos allende sus fronteras. Los TLC’s son las correas de transmisión de la acumulación de capital y de las ganancias en manos de las Empresas Trasnacionales.

Escuchamos mucho sobre los TLC’s, de las nuevas negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá o con la Unión Europea, y sin embargo poco sabemos en qué consisten y cómo es que nos afectan. Por ello, para poder leer la prensa, las noticias, un artículo de opinión, un análisis o para animar a involucrarse en los movimientos contra los TLC’s y por la defensa de las Economías Solidarias y nuevas formas de integración entre los pueblos, presentamos 17 claves para poder entender los TLC’s de una manera más sencilla y explicado para no economistas. A lo largo del documento encontraremos conceptos cuyas definiciones encontrarás más adelante.

1) ¿Qué es un TLC? Es un trato que hacen dos o más países donde se comprometen entre ellos a eliminar o rebajar los aranceles de bienes y servicios; definen las reglas del “juego” sobre cómo, de qué forma y bajo qué legislación van a competir o a beneficiarse uno de otro. Se pueden regir bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en acuerdo entre los países participantes. Es vinculante, en el sentido de que la violación al tratado tiene consecuencias legales.

Los TLC’s se promueven en la opinión pública como la condición necesaria para el “desarrollo”, la “democracia”, la “libertad”. Sin embargo, más que un “Tratado” son mecanismos de presión y resultado de la correlación de fuerzas en una relación de poder donde el país más débil termina aceptando las condiciones del país más fuerte. Débil por su enorme endeudamiento, por las asimetrías, por su flaqueza institucional, por su poca capacidad política y de negociación, por su alta dependencia, o por su alta vulnerabilidad a la corrupción. Esto no lo hace “Libre” ya que es una coerción donde el débil debe cumplir aunque el fuerte no cumpla. Se está obligado a abrir las fronteras sin la rectoría del Estado. Tampoco es un supuesto “comercio” porque no sólo se trata de mercancías (los bienes corporales muebles) sino de apropiación de bienes intangibles, de ganancia por especulación, por el control y la conformación de grandes monopolios, por demandas y enriquecimiento ilícito de las grandes Corporaciones, por la evasión de impuestos, la apropiación de territorios de forma ilegal, o por la corrupción en las licitaciones, entre otras formas. Casos, sobran, como Enron, HOL, Odebrecht, GoldCorp … y los casos de las corporaciones trasnacionales son interminables.

A todo le llamamos TLC, pero en realidad existen modalidades que es bueno conocerlos y diferenciarlos:

  • Acuerdos de Alcance Parcial (APP): Participan dos o más países y sus acuerdos son comerciales, de complementación económica o agropecuarios, de promoción del comercio, entre otros sectores específicos. Se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos. Y es que existen algunos sectores que los países desarrollados no quieren abrir a la competencia.
  • Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Los países desarrollados conceden unilateralmente cobrar menos aranceles por algunos productos a un país en vías de desarrollo. Es una exención de la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) ya que no da ese mismo trato a otro país desarrollado. No es tanto para ayudar a un país pobre, sino que es una forma en que un país recibe insumos que necesita más baratos, y al mismo tiempo genera una dependencia preferencial.
  • Tratados de Integración Comercial. Es el acuerdo entre países para reducir o eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Puede incluir aspectos sociales y de política regional, fiscal y presupuestaria, instituciones comunes o movimiento de personas. Como ejemplos tenemos a la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur o la Unión de Naciones Suramericanas. En esta integración unos países pierden más que otros.
  • Acuerdos Comerciales Preferenciales. Entre dos o más países acuerdan reducir mutuamente uno o varios aranceles, no todos.
  • Acuerdo de Asociación (AA). Es un TLC que elimina barreras a la libre circulación de bienes, servicios y de inversión entre los países; y además incluye elementos de asociación en materias del ámbito político y de cooperación. Podría ser un paso previo hacia la integración económica total como la Unión Europea.
  • Acuerdo de Complementación Económica (ACE). Se usa entre algunos países latinoamericanos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con el fin de lograr una apertura de mercados mayor a la de los Acuerdos de Alcance Parcial y menor a los TLC’s.
  • Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Es el acuerdo entre dos países para dar ‘seguridad jurídica’ a las empresas que invierten, y de violar esto solo las empresas pueden demandar a los Estados a costa de la legislación del país, de sus políticas públicas o de la violación a los derechos humanos. Suelen incluir el Trato Nacional, el Trato de Nación más Favorecida, el Trato Justo y Equitativo; Restricciones a la expropiación, a los requisitos de contenido nacional, o permitir la libre transferencia de fondos con el fin de repatriarlos, entre otras. Los TBI son terribles. Las empresas buscan demandar a un país desde otro país en el que tiene sucursales y que al mismo tiempo ha firmado un TBI con el país que quiere demandar.
  • Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Es un tratado que promueve la liberalización a escala global de todo el comercio de servicios, excepto el trasporte aéreo y los suministrados en «en ejercicio de facultades gubernamentales». Las negociaciones son fuertes ya que muchos países desarrollados no quieren liberar algunos servicios. Sin embargo, el objetivo es privatizar todos los servicios como son bancos, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros por mencionar tan solo algunos, y alargar los años de protección de la propiedad intelectual,

2) Los antecedentes. Después de 1945, la economía mundial se encontró devastada, el comercio quebrado, las vías de comercialización y su infraestructura destruidas, y el Estado con la necesidad de sustituir las importaciones y empezar a crear hasta donde le fuera posible su propias fuerzas productivas. En este contexto nace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) que funcionó entre 1947 y 1995 donde los países negociaban entre ellos el cobro de sus aranceles de bienes bajo el principio de reciprocidad: “tú me cobras tanto por vender esto en tu país, yo también”. Pero en 1994 suceden dos acontecimientos fundamentales para la economía mundial. Por un lado se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, al mismo tiempo, se da fin al GATT que se convierte en la Organización Mundial del Comercio (OMC) como un organismo internacional que regularía los aranceles y el comercio de prácticamente todos los países del mundo, ampliando el comercio de bienes al sector de servicios y los derechos de la propiedad intelectual. Fue en 1999 durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, cuando las movilizaciones sociales junto con la oposición de algunos gobiernos, se logra detener las negociaciones que pretendían incluir todo a la lógica del mercado.

Es así como los países que dominaban en las regiones de América, Europa y Asia se concentran en lograr en sus territorios la imposición de sus intereses que no fueron posibles establecer en la OMC. En Asia los ‘Tigres Asiáticos’ fortalecen su región; la Unión Europea amplia la zona euro y el control comercial; y en América, Estados Unidos intenta imponer el Área de Libre Comercio de las América (ALCA), un especie de TLCAN ampliado. Sin embargo, junto con las grandes movilizaciones continentales y los gobiernos progresistas de América Latina que se opusieron, en 2005 se da por terminado este intento. Entonces EEUU lanza otra estrategia que consistió en impulsar de manera bilateral por medio de los TLC’s los intereses que EEUU no logró vía la OMC y el ALCA. Es entonces cuando se acelera la creación de TLC’s entre los países del Norte con el Sur y, curiosamente, sin establecerse TLC’s entre los países desarrollados. De cualquier manera, los TLC’s implementaron un mecanismo que permite la reproducción automática y acelerada de sus objetivos.

América del Norte (Canadá y Estados Unidos), Europa y Asia se lanzan entonces a la búsqueda de firmas de TLC’s con los países de América Latina en búsqueda de oro, plata, petroleo, gas, agua, energía eléctrica; compras de empresas estatales y para instalar sus empresas a la región.

3) Los subsidios. Todos los gobiernos han otorgado dinero de manera directa o indirecta a algún productor con el fin de mantener el empleo en eses sector, garantizar que el producto llegue al consumidor a precio accesible o que el productor tenga alguna mínima ganancia. Algunos países subsidian a los productores de maíz, de frijol, de caña de azúcar, de aceite, entre otros muchos productos según sus necesidades y culturas. La manera de subsidiar para mantener el precio accesible al consumidor es otorgar financiamiento, pero también con exención de impuestos o con insumos baratos para la producción. Del mismo modo se otorgan subsidios a los servicios públicos como el transporte con el fin de que sea accesible a la población, o a las diversas actividades culturales, a la cuota de electricidad o del consumo de agua, todo con el fin de procurar el Bienestar de la población y el cumplimiento de los derechos humanos. Pero para el TLC esto es una “competencia desleal” y “populismo” para justificar su eliminación. Se sataniza el subsidio y se exige que sea eliminado y así se refleje el valor real del producto para competir con otros países en las mismas condiciones. Y obviamente el precio sube, los productores quiebran, la migración se agudiza y el producto queda en manos de algún monopolio. Otros subsidios se van eliminando paulatinamente hasta acordar una fecha tope en que se elimina totalmente. Una violación a esto puede implicar que la empresa extranjera exija una compensación. Sin embargo, los países más ricos son los que más subsidian a sus empresas trasnacionales, lo que les permite ofrecer precios más bajos.

4) Los aranceles. Todos los países manejan un impuesto (una cuota monetaria) que cobran por una mercancía extranjera al entrar a su territorio. También tiene la función de regular la entrada de ciertos productos que el país ya produce con el fin de que la competencia extranjera no le inunde el mercado del mismo producto o altere el precio. Así, se protege el empleo, la producción y la cadena productiva. Por ejemplo, si se produce mucho tomate para el consumo del país, se cobrarán más aranceles al tomate extranjero para alejarlo del mercado nacional. Si se requiere tomate y no se produce, se bajan los aranceles para atraer a las empresas a llegar al país a vender el producto. Se puede cobrar arancel que represente un porcentaje del valor del producto, o un arancel por un volumen determinado de productos, o por una combinación de las dos. Con el TLC ahora se le llama “barreras arancelarias” y “proteccionismo” con el fin de presionar a los países más débiles a que eliminen los aranceles o establezcan un calendario (desgravación paulatina) donde se estipula cómo lo irán bajando año con año hasta que la empresa extranjera puede entrar al país “libre de aranceles”. Con esto, la empresa extranjera tiene más ganancias y el país receptor pierde ingresos al no cobrarlos, lo que repercute en que tendrá que reducir su presupuesto a los servicios, la educación, la salud, la inversión en carreteras, entre otras cosas. Sin embargo, los países más proteccionistas son los países más ricos que sí protegen su empleo, sus industrias y sus productores al violar los TLC’s e impedir el paso de ciertos productos acordados, o aumentar los aranceles para debilitar al país competidor o cerrarle el mercado. Estos han sido los casos recientes de la guerra de cuotas arancelarias entre China y Estados Unidos.

5) Las barreras no arancelarias. Un Estado debe proteger la salud y garantizar la seguridad de la población. En principio protege a sus productores nacionales y a sus consumidores definiendo leyes, regulaciones, políticas, reglas de importación, cuotas de importación (límites a la cantidad de una mercancía que se puede introducir al país ya sea café, miel, frijol, carne, etc.), criterios de embalaje, certificados especiales, licencias de exportación, controles de calidad y normas de sanidad vegetal y animal, regulaciones ecológicas y de toxicidad o marcado de país de origen. Con el TLC esto se ve como barreras al libre comercio, a la libre competencia, o como proteccionismo ya que los gobiernos bloquean el libre tránsito. Sin embargo, cuando los países del Norte definen sus barreras no arancelarias le llaman “protección de su soberanía”.

6) Precios de garantía y Control de Precios. Los precios de garantía son los precios fijos que estipula el gobierno a ciertos productores con el fin de garantizar que continúe produciendo, como el maíz, frijol, entre otros productos estratégicos para cubrir la demanda nacional. Este precio fijo le ayuda al productor frente a las variaciones de precios en el mercado. El control de precios es el precio fijo máximo y mínimo de una mercancía o servicio, con el fin de garantizar el acceso de la población y evitar la inflación por la escasez, tales son los casos de los productos básicos como el pan, la tortilla, el azúcar, la sal, el huevo, entre otros, y en los servicios como el agua o la electricidad. Con el TLC ambos se liberan para que las empresas extranjeras puedan vender el mismo producto más caro o comprar productos agropecuarios más baratos al productor, lo que ha ocasionado el quiebre de los productores del campo, la pobreza y la migración. A estos controles les llaman “populismo”, pero cuando los países del Norte definen estos precios le llaman protección de su mercado nacional. En 1960 México estipuló precios de garantía de granos y oleaginosas y se eliminaron en 1994 con la entrada del TLCAN.

7) Las Reglas o Normas de Origen. Son los criterios que determinan si un producto es de procedencia nacional (“Hecho en…”), ya que esto determina el derecho a exportarlo o importarlo para proteger y fortalecer a su industria nacional o a sus productores. Estas reglas las puede determinar un país o fruto de una negociación entre varios. Estas normas de origen pueden determinar si hay ‘dumping’, si se solicitan medidas de compensación, la aplicación de etiquetado y marcado, qué tipo de mano de obra se puede emplear, etcétera. Muchos gobiernos impulsan campañas de consumir lo “nacional” cuando una mercancía o servicio tiene cierta cantidad de componentes producidos en el país. Con el TLC se tiende a presionar para que muchas mercancías y servicios puedan tener componentes extranjeros sin necesidad de consumir lo local.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 97: LAS REPRESAS EN CHIAPAS

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencas hidrográficas.

A lo largo de su historia, sus cuencas han sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas entre las que se encuentran 8 hidroeléctricas, de las cuales tres de ellas son de las más importantes del país. Por un largo tiempo, Chiapas aportó más del 40% de la energía hidroeléctrica del país a costa de la pobreza local.

Decenas de proyectos de presas hidroeléctricas se han planeado desde hace décadas en toda la geografía de un estado lleno de hermosos ríos. Ahora, el discurso de la “transición energética”, la “energía limpia”, la “energía renovable” y “los mecanismos de desarrollo limpio” ponen a Chiapas en mayor riesgo de sus Cuencas, ya que las Grandes Represas y ahora las “pequeñas” represas hidroeléctricas siguen reforzando el discurso de la economía verde. Las amenazas sobre los territorios indígenas y campesinos se agudiza con los megaproyectos extractivistas, sobre todo si tomamos en cuenta que en Chiapas el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales .

Recientemente la CONAGUA ha liberado esta información que ahora sistematizamos. En este inventario se rescatan los bordos, diques, derivados y represas que se han construido en el estado de Chiapas. También realizamos una radiografía de otros proyectos y el proceso de resistencia social.

El total de Represas, Bordos, Diques y Derivadoras construidas en Chiapas

La CONAGUA registra en Chiapas un total de 94 intervenciones con obras de todo tipo y tamaño que se han construido desde la Conquista hasta 2019. Estas represas están divididas en Presas Hidroeléctricas, Bordos, Diques y Derivadoras. Se han intervenido un total de 39 Municipios: 31 están en la Región Hidrológica Costa de Chiapas, y 63 en Grijalva-Usumacinta. Todas estas obras han sido construidas por particulares, ejidatarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CONAGUA, y lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) que operó entre 1976 y 1994.

Los períodos de construcción

De las 94 obras registradas, 67 cuentan con registro del año de construcción y de 27 no se tiene registro. La primera obra que se tiene registro data de 1880 en el municipio de Cintalapa. Durante el Siglo XX se realizaron las principales intervenciones artificiales en las Cuencas de Chiapas. Solo 4 se llevaron a cabo entre 1900 y 1950 en 4 municipios: Berriozábal, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza y Cacahoatán. El resto de las 50 represas y bordos se llevaron a cabo entre 1950 y el año 2000. Principalmente en la década de 1970 que es cuando se construyen la mitad de ellas. En lo que va del Siglo XXI se han construido 12 obras.

Las represas en Chiapas y los sismos

El 100% de las intervenciones de las Cuencas para construir las represas, bordos, derivadoras y diques se ubican en Zonas Sísmicas, y se distribuyen de la siguiente manera: 46 obras en Alta Sismicidad, 36 en Media Sismicidad y 12 en Baja Sismicidad.

Por su lado, de los 39 municipios intervenidos en Chiapas, 15 se ubican en regiones de Alta Sismicidad, 19 en Media Sismicidad y 7 en Baja Sismicidad.

Hay que tomar en cuenta que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en México. Entre ellos, el estado de Chiapas muestra una mayor actividad sísmica ya que en algunos períodos ha llegado a cuadruplicar la cantidad de sismos registrados en la entidad. Este criterio de la sismicidad es un elemento que al parecer poco se toma en cuenta para la proyección en la construcción de las represas.

Las actuales y futuras Represas Hidroeléctricas en Chiapas

Las intervenciones mayores sobre las Cuencas son las represas. Existen en Chiapas 41 presas y de ellas son 8 hidroeléctricas:

  1. Presa Belisario Domínguez (La Angostura).
  2. Presa Ángel Albino Corzo (Peñitas)
  3. Presa José Cicilio del Valle (El Retiro).
  4. Presa Manuel Moreno Torres (Chicoasén).
  5. resa Netzahualcóyotl (Malpaso).
  6. Presa Bombaná.
  7. Presa Bombaná II.
  8. Presa Shpoiná.

En Chiapas la CFE identifica 90 proyectos hidroeléctricos en la Etapa de Planeación con una potencia instalada de 9,060 Mw. De ese total, 79 corresponden a proyectos identificados, 4 de Gran Visión, 2 de Prefactibilidad y 5 de Factibilidad. La CFE pretendería licitar hidroeléctricas en 4 Sistemas Hidrológicos de la Región del Sureste ubicados en la entidad en las Cuencas de Tonalá, Tacotalpa, Usumacinta y Grijalva.

Los 4 Proyectos de Gran Visión para Chiapas están ubicadas en la Cuenca del Usumacinta. Sobre el río Tzaconejá la Presa Altamirano con una potencia instalada de 185 Mw y la Presa Livingstone con una potencia instalada de 285 Mw. Sobre el río Santo Domingo la Presa Rápidos de Santo Domingo (antes presas Huixtán I) con una potencia instalada de 160 Mw y la Presa Santa Elena (antes presas Huixtán II) con una potencia instalada de 300 Mw. Sobre el río Usumacinta se siguen proyectando la Presas Yaxchilán, Presa Isla El Cayo, Presa El Porvenir y la Presa La Línea que sumarían 690 Mw de potencia instalable. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone que sean hidroeléctricas al filo del agua.

Los 2 Proyectos de Prefactibilidad son las Presas Ampliación El Retiro en la Cuenca Cahoacán en Tapachula, y la Presa Chinín sobre el río Tacotalpa en el municipio de Huitiupán, con un potencial instalado de 7 y 170 Mw respectivamente.

Los 5 Proyectos de Factibilidad son, sobre el río Grijalva, la Presa Acala con un potencial instalado de 135 Mw, la Presa Copainalá con un potencial instalado de 225 Mw y la Presa Rehabilitación Bombaná. Sobre el río Tacotalpa la Presa Itzantún con un potencial instalado de 440 Mw; y la Presa Tenosique (antes Boca del Cerro) sobre el río Usumacinta en el estado de Tabasco con un potencial instalado de 420 Mw.

La presa Chicoasén II está suspendida por los conflictos sociales que ha causado. Y La “pequeña” represa Santo Domingo no fue autorizada por Conagua ante la cantidad de inconsistencias en su Manifiesto de Impacto Ambiental. Entre algunos de los antiguos proyectos que están en el tintero esperando las condiciones adecuadas para su inversión están las presas del Sistema UsuTulijá como son las represas Quetzalli, Jattza, Nance, Salto de Agua; la presa Bajatzén sobre el río Shumulhá en Yajalón, y la presa Chacté en San Juan Cancuc. El actual gobierno pretende repotencializar 64 hidroeléctricas de las principales represas del país. Por otro lado, se ha incluido las supuestas “pequeñas” y “minis” represas hidroeléctricas de las cuales, para Chiapas, se prevén licitar 20 proyectos. Esto puede dimensionar que, tomando en cuenta las 90 represas anteriores, en total sumarían 110 hidroeléctricas proyectadas en Chiapas que serian un desastre social y ambiental. Algunas de estas supuestas “pequeñas” represas están vinculadas a dotar de energía a las empresas privadas, a los proyectos mineros o para ser vendida a la CFE con garantías de grandes ganancias usando la red pública.

Los proyectos de presas hidroeléctricas marcan una presión mayor sobre los territorios indígenas y campesinos por los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que demandarán ingentes cantidades de agua y energía de las Cuencas de Chiapas.

Las “pequeñas” represas en Chiapas

Aunque no se ha abandonado la política de construir Grandes Represas, el gobierno impulsa la narrativa de las “pequeñas represas” e incluso “mini represas” con manipulación técnica, ambiental y política. Muchas represas tienen planes de cortinas mayores a 15 metros lo que se les cataloga como “grandes represas”. En el discurso se les vincula a la “energía verde”, la “energía sustentable”, la “energía renovable”, la “energía limpia”, con los “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, los “servicios ambientales” o los “servicios hídricos ambientales”; y que con ellas no se desplazan a la población ni generan impactos ambientales significativos e impiden el Cambio Climático. Pero esto es una falacia.

Estos proyectos siguen vinculados a la privatización de la generación de energía, al negocio de la venta de energía a la CFE garantizando las ganancias por décadas a las empresas privadas, al auto abastecimiento de energía para las propias empresas o sus proyectos extractivos y a la apropiación privada de territorios. Sí implican afectaciones a los ríos y a las cuencas, a las poblaciones aguas abajo y aledañas y otras afectaciones socioambientales. Muchas de estas represas hidroeléctricas requieren trasvasar el agua hacia las turbinas por muchos kilómetros invadiendo territorios ejidales y de bienes comunales. El gobierno federal actual pretende construir en el país 112 medianas represas y minirepresas, y también identifica la futura construcción de 13 Hidroeléctricas al “hilo del agua”. La amenaza sobre las cuencas y su modelo extractivo no muestra signos de transitar.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 96: RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO Parte (III)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Desde el año 1550 cuando se tiene registrado la primera en el estado de Guanajuato, hasta el 2018, a lo largo de 468 años, se han construido en México 6,225 represas y bordos, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. El 41.25% de los municipios del país han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa. Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría son del norte del país. Sólo hay tres estados que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Al menos 600 Ríos de México se han represado a lo largo de estos 468 años, sin tomar en cuenta otras corrientes de agua como son arroyos, escurrimientos, afluentes, barrancas, canales, cañadas, manantiales, derramaderos, entre otras.1

En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Chihuahua.2 Otra fuente considera que fue en 1883 en Veracruz. Hasta 1888 la planta hidroeléctrica de Echeverría sobre el Río Atoyac en Puebla es considerada la primera para el servicio público.3 Actualmente, en México existen más de 5,163 represas y bordos que almacenan aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos de agua y equivalen a la capacidad de 60 millones de albercas olímpicas.4 De éstas, 4 mil 462 son presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía.5 Tan solo 181 de estas represas almacenan el 82% de esa agua. Todos estos elementos ya los hemos profundizado en el El Escaramujo No. 88 y El Escaramujo No. 90.

Los Años

Según el inventario de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de las 6,225 de las represas y bordos que se han construido desde 1550, se han registrado el año de su construcción del 65% de ellas que equivalen a 4,027 del total. Las que no tienen registro de fecha muy probablemente sean de hace más de 100 años cuando difícil era contar con registros: 142 corresponden a Aguascalientes, 26 a Baja California, 65 a Baja California Sur, 27 a Chiapas, 121 a Chihuahua, 2 a la CdMx, 79 a Coahuila, 8 a Colima, 80 a Durango, 96 al Estado de México, 100 a Guanajuato, 11 a Guerrero, 116 a Hidalgo, 147 a Jalisco, 77 a Michoacán, 24 a Morelos, 16 a Nayarit, 52 a Nuevo León, 64 a Oaxaca, 34 a Puebla, 85 a Querétaro, 106 a San Luis Potosí, 40 a Sinaloa, 161 a Sonora, 31 a Tabasco, 291 a Tamaulipas, 19 a Tlaxcala, 48 a Veracruz y 130 a Zacatecas.

De las que sí existen registro de fechas de construcción son las siguientes:

En el Siglo XVIII la mayor intervención de las Cuencas se realizó en algunos estados del norte y occidente el país. Si embargo, en el Siglo XIX se amplían en esta región, pero siempre destacan las mayores intervenciones los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Durango y el Estado de México, entre otros. En muchos de estas entidades federales, entre ambos siglos, se llevaron a cabo grandes emprendimientos mineros e inicios de la industrialización precaria en el país. Por su lado, los estados del sur prácticamente se mantuvieron al margen del “desarrollo” y afortunadamente las Cuencas no fueron tan intervenidas como en los casos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De las represas y bordos de todos tamaños y tipos que se tienen registradas las fechas de su construcción, en el Siglo XX se registra el mayor repunte de la intervención en las Cuencas del país para el supuesto desarrollo. Entre 1900 y 1999 se dispara de manera alarmante la construcción de las Grandes Represas para generar hidroelectricidad, dotar de agua a las grandes ciudades y a la industria que aumentaban paulatinamente por todo el país, así como para la irrigación que alimentara la Revolución Verde.

En el Siglo XXI llama la atención la intensidad de la intervención sobre las Cuencas nuevamente en los estados del norte del país e incluso en aquellos donde el estrés hídrico es alto como en Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, entre otros. Esto coincide también con la apertura indiscriminada a la actividad minera que se concentra en estas regiones. También el crecimiento de otras industrias que se instalan como la automotriz, bebidas embotelladas, e incluso las maquiladoras.

Los Tamaños

Según CONAGUA6, actualmente existen 5.163 presas y bordos, de los cuales 181 que representan el 3.5% contienen el 80% del volumen total almacenado en México.

Del total de represas y bordos, 667 corresponden a Grandes Represas de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas que especifica que son aquellas que tienen una cortina de más de 15 metros de altura o que almacenan más de tres millones de metros cúbicos.

Pese a que la resistencia social contra las grandes represas que repunta con mayor fuerza al iniciar al Siglo XXI, y que empresas y gobiernos iniciaran el “blanqueo” de su imagen argumentando que son energía limpia y que se transitaría hacia las supuestas “pequeñas represas”, no se han dejado de construir las Grandes Represas. Ejemplos de esto es la presa Rompepicos en Nuevo León con una cortina de 70 metros de altura y que inicia su operación en 2004. En Nayarit la presa El Cajón de 186 metros de altura en 2007 y la Yesca de 220 metros de altura en 2012; en Tamaulipas la presa Las Blancas; o en San Luis Potosí la presa El Realito de 90 metros en el 2012.

Otras más se han pretendido construir como las presas Paso de Reina, Paso Ancho en Oaxaca; la presa La Parota en Guerrero; las 5 sobre el Río Usumacinta, Itzantún, Chinín, entre otras muchas en Chiapas; las del Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco, que se encuentran sin terminar.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador pretende construir en su sexenio otras 112 supuestas “pequeñas” represas 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.7

A continuación presentamos algunas de las presas más importantes del país.

ALGUNAS DE LAS GRANDES PRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

Los Daños

Hasta la década de 1990 las Grandes Represas fueron presentadas como una de las mejores vías para obtener la energía para el “desarrollo”. Y aunque se dieron muchas luchas contra la construcción de las represas en el país en las décadas anteriores, como en Oaxaca y Chiapas, poco fueron difundidas en la opinión pública. Todavía en la actualidad, los libros de textos de educación primaria continúan con la narrativa de que las represas son la mejor fuente de energía que aporta al desarrollo económico y socia del país.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 95: LA BANCA MULTILATERAL DEL DESPOJO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Las personas, las empresas y muchos gobiernos del mundo salen a buscar dinero prestado para rescatar sus economías y así solventar la crisis del sistema develada por el COVID-19. La deuda se dispara.

El costo de la crisis sanitaria en el mundo no tiene precedentes en los últimos 100 años. Se habla de recesión global, desaceleración, depresión o contracción económica entre otros conceptos que puedan abarcar a las millones de personas que han quedado sin empleo en todo el mundo, al hambre que recorre los países, a las empresas quebradas y a los gobiernos que se han quedado sin recursos ni siquiera para pagar el servicio de su deuda eterna.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que es la peor recesión mundial en 90 años, mientras que el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) afirma que el costo de la pandemia del coronavirus podría alcanzar los USD$8,8 billones de dólares, o casi el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, en esta crisis sin precedentes se nos quiere hacer responsable individualmente de su propagación y solución con la consigna de “Quédate en Casa”, pretendiendo ocultar las causas sistémicas y estructurales de esta catástrofe.

La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 provocará un aumento vertiginoso de la deuda por medio de los ‘recates’. Y más que ‘rescates’, es una inyección de adrenalina de concentración de capital. Para ello, los bancos juegan el papel central junto con los gobiernos. La banca es al sistema capitalista lo que las venas al cuerpo. Mueven el dinero, la especulación, la riqueza, el oxígeno que le da vida al sistema. Se inyectarán recursos para que la sociedad se autorescate con sus propios fondos públicos. Y es que la acumulación de capital no se puede entender sin la lógica de la deuda. Por ello, desde otro ángulo, el COVID-19 no pone en jaque al capitalismo, sino que más bien lo acelera, donde la banca del despojo juega un papel fundamental para la acumulación en cada vez menos manos.

El Estado Corporación siempre estará al servicio de dicha acumulación con la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) que la favorecerá ofertando préstamos, créditos o subsidios. Pero, ¿quiénes son? Esbozamos aquí una serie de claves comunes para entender el conjunto de la mal llamada Banca de “Desarrollo” como parte de las Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que han financiado proyectos de despojo a los pueblos endeudados y empobrecidos, que han implicado sistemática violación a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE), financió el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro Soto en grado de tentativa en Honduras. Por otro lado, un miembro de la familia Atala, dueño del proyecto, fue el representante de su gobierno ante el BCIE y en su tiempo dicha familia adquirió grandes sumas de créditos de este banco.

Los orígenes de la BMD

La BMD se funda a partir de la II Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en Banco Mundial (BM) en 1944 en el poblado montañoso y nevado de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, país que alberga sus sedes. Por ello se le llaman las instituciones de Bretton Woods. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el andamiaje político hegemónico en el mundo, como el FMI y el BM lo son en el andamiaje financiero, donde prácticamente todos los países del mundo forman parte de estas estructuras capitalistas hegemónicas. Estas IFI’s serán la raíz y la matriz de muchos otros bancos de desarrollo regionales y subregionales, de muchas directrices económicas impuestas en el mundo y de la mano de los gobiernos quienes las operativizarán e instrumentalizarán.

Es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en que el Estado y no el mercado, levantaría la economía mundial destrozada de la posguerra; procurar el bienestar de la población y el cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, Protocolos y Convenios vinculantes en la materia, en la lógica del Modelo Estado de Bienestar. Para ello, los Estados conformarían la BMD con el fin de otorgar créditos a los países pobres y así garantizar el supuesto desarrollo, el derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, entre otros compromisos en materia de derechos humanos.

Desde entonces, más de 30 bancos multilaterales de desarrollo continentales y subregionales se crearon y con ello se generaron, en unos países más y en otros menos, en unos más rápido y en otros menos, los sistemas de salud, de educación, de comunicaciones, de producción, de electricidad y sus sistemas bancarios nacionales. Se crearon leyes soberanas y también la infraestructura como caminos, puentes, represas, puertos, tendidos eléctricos, aeropuertos, entre otros servicios públicos.

Más tarde, a partir de la década de 1970, y en el contexto de las dictaduras militares en América Latina, bajo la crisis mundial de la deuda externa, del petróleo y del patrón oro, entre otros factores, inicia la imposición de Políticas de Ajuste Estructural (PAE) del FMI y del BM a los países deudores, reflejando los intereses económicos de los países acreedores y sus empresas.

A principios del Siglo XXI, el 65% de los préstamos del BM fueron dirigidos a las PAE. Así, en la era del Modelo Neoliberal todos estos bienes y servicios construidos con fondos públicos iniciarían un proceso largo de privatización en manos de las grandes corporaciones. La BMD realizaría otro papel, la de ser correa de transmisión de las PAE, así como de trasladar más líneas de crédito baratas a las empresas. Ahora, con la crisis del COVID-19 se reclama al Estado un sistema de salud pública que el mismo FMI y el BM desmantelaron y privatizaron; y ahora ofrecen nuevos créditos para reconstruirlo. Más deuda.

El Objetivo de la BMD

Los supuestos objetivos de la BMD fueron reducir la pobreza de los países pobres miembros del banco, generar empleo y bienestar, promover la integración económica de los países miembros, mejorar la infraestructura, el comercio, la generación eléctrica, el transporte, la producción; promover la inversión privada y pública, la asistencia técnica, las reformas del estado necesarias para garantizar las inversiones privadas; promover la agricultura, la industria y lograr los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Entre los BMD hay relación y acuerdos de cooperación financiera. Sin embargo, luego de casi 80 años de la BMD los países del Sur siguen sumidos en la peor pobreza, dependencia y endeudamiento generando la concentración de la riqueza en el Norte Global.

Los miembros de la BMD

Los miembros de la BMD son los países de la región. Pero muchos aceptan miembros que no son regionales y cuyos países aportan grandes cantidades de dinero al banco para poder tener acceso preferencial a las inversiones que se hagan en los países regionales o fundadores del banco, para tener la prioridad frente a otros países no miembros en el suministro de bienes y servicios de los proyectos financiados por el banco. Este es el gran negocio de los países ricos y de los intereses de sus grandes corporaciones. Así, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, España, Chima, Italia, Israel, Holanda, Noruega, Francia, entre otros países se integran al banco regional con sus fondos públicos propios para extender sus negocios y préstamos. Sin embargo, también algunos países del Sur se suman a los bancos subregionales para incrementar los negocios, como puede ser México, Brasil, Chile, Colombia o Argentina. Así, los gobiernos han ido flexibilizando los criterios para sumar otros países sin aportar capital y ser beneficiario de inversiones como el caso de Belice, o sin ser parte de la región con el objetivo de aumentar las posibilidades de inversión, de más rentabilidad, de más injerencia en otras regiones y de mayores negocios. Todo este entramado de intereses hace que el BMD no sólo tenga sede en un país, sino también sucursales o representaciones en diversos continentes.

Todos los BMD del Sur tienen accionistas o socios del Norte por donde entran sus inversiones, sus corporaciones y sus condicionamientos a los países del Sur. Hasta la fecha, los países del Sur siguen en “vías de desarrollo” sin alcanzar el supuesto desarrollo del Norte.

Los tipos de BMD

Esta supuesta Banca de Desarrollo de carácter público puede ser internacional (multilateral) o nacional. En el caso de los bancos nacionales de desarrollo, por ejemplo, México ha conformado varios de ellos: el Banco del Bienestar, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Nacional Financiera (Nafin) o la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). También los países “desarrollados” tienen su banca de desarrollo. Algunos bancos nacionales de desarrollo invierten y prestan allende sus fronteras con el fin de ampliar sus ganancias desde otros países, prestando a gobiernos o empresas privada como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BANDES) cuyos créditos en América Latina superó a los proporcionados por el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otra modalidad de préstamos son las llamadas Agencia de Crédito para la Exportación (ACE) y las Agencias de Cooperación (AC) que, siendo fondos públicos de un país, presta, invierte o dona a gobiernos para influir en las políticas del país objetivo, o al sector privado para favorecer sus inversiones, con poca o nula transparencia en sus operaciones. Por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financió las modificaciones al Código Penal de Honduras que criminaliza más a los movimientos sociales y a los defensores y defensoras de los territorios en un país donde existe la resistencia incluso a los megaproyectos españoles. Por su lado, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) cofinanció el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que terminó con el asesinato de Berta Cáceres en Honduras.

Entre las ACE’s y las AC podemos encontrar: Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, Corporación Canadiense para el Fomento de las Exportaciones, Banco de Desarrollo Holandés, Banco Japonés de Cooperación Internacional, Banco de Exportación Importación de Japón, Oficina Federal de Suiza para la Ayuda Económica Extranjera, Programa de Ayuda Internacional de Australia, entre otros muchos.

La BMD y los gobiernos manejan también fondos especiales para algunas temáticas o sectores. Por mencionar tan solo algunos: Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, Fondo Arabe para Desarrollo Económico y Social , Fondo de Fideicomiso de Nigeria, Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo Europeo de Desarrollo, Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo de Desarrollo de Kuwait, Fondo Verde del Clima, Fondo Africano de Desarrollo, Fondo Nórdico de Desarrollo, y la Asociación Internacional de Fomento. Algunos son jurídicamente independientes y otros son manejados por algún BMD.

Los préstamos de la BMD

Las decisiones de los bancos se miden por votos. Así, tendrá más voto de decisión en el banco quien ponga más dinero. Por ejemplo, en el caso del BID, Estados Unidos pone el 30% de los recursos, es el que más aporta. De esta forma los países que más aportan definen a quién le prestan, cómo, para qué y con qué condiciones. Los que más aportan tienen prioridad sobre las ofertas de licitaciones gubernamentales o proyectos de inversión en infraestructura.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 94: RADIOGRAFÍA DE EJIDOS Y BIENES COMUNALES

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Los mayores megaproyectos del Gobierno Federal se ubican en el Sur-Sureste del país. El Corredor Transístmico hasta con 10 parques industriales, las Zonas Económicas Especiales, la Refinería Dos Bocas, la extracción petrolera, los pozos de fracking, el gasoducto a Centroamérica, el Tren Maya, las represas hidroeléctricas, la planta de geotermia; los parques eólicos, el turismo de élite, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas; los aeropuertos, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, los servicios ambientales y la privatización de material genético, los proyectos mineros y la Carretera de las Culturas que uniría la Costa de Chiapas con el Caribe. Estos megaproyectos requieren de la apropiación de gigantescas extensiones de territorios. Todos ellos en medio de mucha militarización con la Guardia Nacional, violencia del narcotráfico y de grupos armados que desplazan comunidades indígenas en la Zona Norte y Altos de Chiapas, así como oleadas de migrantes que aumentarán al finalizar el confinamiento por el COVID-19 y vuelta a la supuesta “normalidad”. También el gobierno desea impulsar mayores inversiones y atraerlas al Sur-Sureste donde presume que hay abundante agua y tierras entre otros recursos favorables para la inversión nacional y extranjera.

El Gobierno Federal no desea ahuyentar la inversión de las Corporaciones y promete respetar lo que en el marco de las leyes aprobadas anteriormente se ha otorgado, lo que agudiza las disputas territoriales. Por otro lado, la ratificación de la modernización del tratado comercial entre México y la Unión Europea que inició en 2016 y finaliza en medio de la pandemia, amenaza con más privatizaciones, mayor actividad extractivista y agudización de la pérdida de la soberanía alimentaria. Por su lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC cuyas negociaciones terminaron en 2018, entre otros acuerdos de libre comercio que el gobierno mexicano ha firmado con decenas de países, profundiza la dependencia y la pérdida de la soberanía nacional. En total, México ha firmado Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Preferenciales o Acuerdos Parciales con más de 60 países.

Por ello, la apertura de las fronteras a las Corporaciones amenaza los territorios indígenas y campesinos en el Sur-Sureste. Sin embargo, se encuentran con un gran obstáculo en el caso de Chiapas: el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales.

Los territorios en disputa

En México existen tres tipos de Propiedad: Pública, Privada y Social. La Propiedad Social incluye a los Ejidos y a los Bienes Comunales regidos por la Ley Agraria con el fin de garantizar la propiedad de la tierra a los indígenas y campesinos y evitar su concentración en pocas manos. Antes de 1992 constitucionalmente estaba prohibida la privatización de esta Propiedad Social.

El Ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica, con patrimonio propio y propietarios de tierras que se les han dotado, que han sido compradas, se les han incorporado o se han adquirido por cualquier otro título. En el caso de los Bienes Comunales es igual, pero la diferencia es que sus tierras las han obtenido mediante resolución presidencial de reconocimiento, por restitución, jurisdicción voluntaria promovida por quienes guardan el estado comunal o mediante resolución en un juicio. Ambos se dividen en tres áreas: Uso Común, Parceladas y Asentamiento humano y reserva de crecimiento. Además de los Ejidatarios/as y Comuneros/as, existen los Avecindados/as que son aquellas personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que la asamblea ya los reconoce; y los Posesionarios/as que incluyen a las personas que tiene una parcela dentro de un ejido y/o comunidad, pero no se cuenta con certificado de derechos agrarios.

La Propiedad Social, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, ocupaba el 52% del territorio nacional. Por ello el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modifica muchas leyes para hacer posible el TLCAN, entre ellos la modificación en 1992 del Artículo 27 de la Constitución que prohibía vender la Propiedad Social con el fin de privatizar la tierra y dar entrada a las inversiones extractivistas y de infraestructura en sus territorios.

Para ello se inventó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que funciona entre 1993-2006 para delimitar las tierras de Propiedad Social y desincorporarla de los Ejidos y Bienes Comunales y así dar “seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y trasnacionales. Este Programa fue implementado con mucha coerción, con engaños, con trampas y presiones de no recibir programas de gobierno si los indígenas y campesinos no delimitaban sus tierras para repartirlas y venderlas. En este proceso el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural así como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), jugaron un papel fundamental en la imposición y las divisiones comunitarias. Con el cambio de gobierno, el PROCEDE cambió de nombre en 2007 a Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y luego cambia de nombre a Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR).

Como se observa en el mapa catastral más abajo, de todo el territorio de Chiapas, el 64% es Propiedad Social. Esto significa que indígenas y campesinos, son dueños/as de la gran mayoría del territorio estatal (color verde en el mapa). El 28.25% es Propiedad Privada (color café oscuro); el 5.86% es Propiedad Pública Federal; y sólo el 0.75% es Área de Zona Urbana (color amarillo). El 0.16% son Áreas de Proceso de Actualización.

En Chiapas existe un total de 3,253 núcleos agrarios de Propiedad Social (entre Ejidos y Bienes Comunales), y suman 482,807 las personas legalmente dueños/as de estas propiedades colectivas.

Del total de los núcleos agrarios, existen 3,164 Ejidos en 114 Municipios que representan el 91.9% del total de Municipios de la entidad. Por otro lado, hay 89 Bienes Comunales en 38 Municipios que representan el 30.6% del total de los Municipios.

El total de Ejidatarios/as asciende a 344,277, de Comuneros/as 78,388, de Avecindados/as 6,370 y el total de Posesionarios es de 53,772.

En todos los 124 municipios en que se divide el territorio del estado de Chiapas hay Propiedad Colectiva. No existen proyectos mineros, de represas o cualquier otro megaproyecto donde no tenga que intervenir el Municipio y la Asamblea de los núcleos Agrarios con quien la empresa se ve obligado a negociar o confrontarse con ellos. No hay megaproyecto sin un grado de conflicto.

Existen 6 municipio de reciente creación que se formaron de otros Municipios con Propiedad Colectiva: El Parral (2011) que se desprende del Municipio de Villacorzo; Emiliano Zapata (2011) de Acala; Belisario Domínguez (2011) de Cintalapa; Mezcalapa (2011) de Tecpatán; Capitán Luis Angel Vidal (2017); Rincón Chamula San Pedro (2017) de Pueblo Nuevo y desplazados de Chamula. Solo Mezcalapa está identificada en el Registro Agrario Nacional (RAN), y los demás están aquí contabilizados en sus antiguos municipios a los que pertenecían.

Los 5 Municipios con el mayor número de Ejidos son, por orden de importancia: Ocosingo (212), Las Margaritas (168), Palenque (166), Salto de Agua (113) y la Trinitaria (103).

Los 6 Municipios que solo están compuestos por un Ejido son: Chicoasén, Metapa, Mezcalapa, Ocotepec, Santiago El Pinar y Sunuapa.

De los 38 Municipios que cuentan con Bienes Comunales, 22 de ellos tienen solo un Bien Comunal, 8 Municipios cuentan con 2 Bienes Comunales, 4 Municipios cuentan con 3 Bienes Comunales. Comitán y Ostuacán con 5 cada uno, Pijijiapan con 11 y Las Margaritas con 18 Bienes Comunales, quien encabeza la lista de más comunidades en su territorio municipal.

Solo 5 Municipios están formados por un Bien Comunal: Aldama, Chalchihuitán, Mitontic, Nicolás Ruiz y San Juan Cancuc.

Existen conflictos fuertes entre comunidades y ejidos por la delimitación de las tierras que han llegado incluso a enfrentamientos armados y población desplazada. En muchas ocasiones el padrón no está actualizado y en otras las Asambleas han perdido el rol que legalmente les corresponde. Pocos son los ejidatarios/as y comuneros/as que conocen la Ley Agraria que rige sus territorios.

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Más escaramujos:

El Escaramujo 93: ¿QUÉ HAREMOS DESPUÉS DEL COVID-19?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Hemos explicado cómo llegamos a este punto y la magnitud de lo que implica lo sucedido con el COVID-19 en El Escaramujo No.92. Si nos basamos en la premisa fundamental de que un nuevo virus aparecerá, o varios más, incluso más letales y en un futuro no muy lejano, es imperativo plantearnos ¿qué pasó durante el confinamiento?, ¿qué hicimos?, ¿qué no hicimos?, ¿qué nos faltó hacer?, ¿cómo nos hubiera gustado estar preparados?, ¿qué haremos para afrontarlo nuevamente? Este confinamiento de la humanidad ha desplazado nuestras vidas al territorio mínimo, inmediato y básico: la vivienda, el hogar, la casa. Se intentó reducir las relaciones políticas a la familia y a sus miembros. Este territorio también en disputa se presionó con coerción y con miedo; con presión política, militar, toques de queda, mediática y económica por medio de multas. Se generó la narrativa de que el confinamiento es por amor, por protección a los demás, por solidaridad, por responsabilidad, por prevención, y por medio de un eslogan que machacó las conciencias: “Quédate en Casa”.

La tentación del olvido y regresar a la “normalidad”

Después del COVID-19, una vez superado el confinamiento y haber enterrado a los muertos, existe la tentación de enterrar también lo sucedido, enterrar la memoria y salir a la calle a toda prisa para recuperar lo que se tenía, esos sistemas personales, familiares, empresariales o de otra índole que nos mantenían funcionando, que nos garantizaban la subsistencia, las comodidades o al menos los mecanismos y la rutina al que se estaba acostumbrado para vivir. Aunque muchas personas y negocios ya no podrán hacerlo.

La gula por recuperar lo perdido a toda costa y lo más rápido posible para regresar a esa supuesta “normalidad” en la que se vivía, a esa rutina, a ese nivel y costumbre de consumo, aunque implique el endeudamiento nuevamente a mediano o largo plazo, engordará a los acreedores y pondrá al límite a los deudores. El Banco Azteca y Elektra, Coppel, Banorte, CityBank, BBVA, entre otros bancos privados, las casas de empeño, otros prestamistas y usureros entre los que se encuentra también la banca multilateral como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros bancos multilaterales regionales, serán los buitres que recogerán la carroña que deje el COVID-19. No condonarán deudas, sólo las aplazarán y aprovecharán la ocasión para la extracción de más dinero de los millones de personas que desean regresar a la normalidad del capitalismo depredador.

Sin embargo, lo que no es ni era normal es que los alimentos se transporten miles de kilómetros para que estén en la mesa; que dependamos de una empresa para que nos venda la comida y las semillas; que una transnacional sea dueña del agua, otra o la misma sea dueña de una medicina gracias a las plantas y los genes y al conocimiento tradicional de los pueblos. No es normal la violencia, los feminicidios, la pobreza o el desplazamiento forzado.

Enterrar en el olvido lo sucedido abarca con ello lo malo y lo bueno que la crisis generada por el COVID-19 desató en las personas, en diversos sectores de la población. Desde los escupitajos y violencia contra quienes salvaban vidas en los hospitales, hasta las acciones de solidaridad más loables e impresionantes que se registraron en muchos rincones del planeta. Por ello, es imperativo la vacuna contra el olvido para no borrar de la conciencia colectiva lo malo para no repetirlo, y lo bueno para mantenerlo, potencializarlo y mejorarlo.

La Agenda para el Movimiento Social

El COVID-19 es una advertencia que nos invita a la conciencia ambiental, política, social y económica. A la conciencia mundo, a la consciencia sistémica. Y es que hay una verdad inexorable e irrefutable: habrá otros virus. Y más letales. Por ello tenemos que plantear el futuro, lanzar la mirada hacia los próximos años inmediatos pero desde este momento de la crisis, antes de que se nos olvide lo vivido y, desde la crisis, plantear Alter Natos. ¿Cómo queremos un futuro? Las nuevas pandemias serán generadas ya sea por la actividad extractivista y económica que produce el sistema capitalista con una acelerada pérdida de la biodiversidad. Ya sea por el modelo de producción industrializado de alimentos o por que el Cambio Climático acelerado liberará nuevos virus congelados en el permafrost. Pero también por alguna guerra biológica o una liberación intencionada del virus. El asunto es que volverá a suceder. Y solo desde este momento de crisis, no desde la “vuelta a la normalidad”, podremos diseñar la prevención y las alternativas. Nosotros le llamamos “Alter Natos”.

Acostumbrados a que el concepto de “alternativa” implique por lo general la elección entre dos caminos, dos opciones que se bifurcan radicalmente entre la opción buena versus una opción mala, nos parece importante resaltar la evidencia de que existen muchos mundos posibles que construyen los pueblos, según su historia, su lengua, su geografía, sus modos de organización, entre otros elementos. Muchos caminos y modos diversos que conducen hacia lo mismo, hacia la felicidad colectiva, hacia la construcción de otros sistemas. Esto es para nosotros el “Alter”, los varios caminos. muchos modos. Y como son propios, endémicos, nacen de la región, de lo que los pueblos construyen desde su visión, lo llamamos “Natos”. Por ello, buscar opciones no significa aplicar normas iguales, importar paradigmas estructurales o recetas aunque sean de izquierda; o copias sin adaptar lo necesario. Sino que más bien se construyen desde lo local. Esto es el “Alter Natos”. Diseñar y construir “Alter Natos” es el momento fundamental que ahora nos devela el COVID-19. Se requiere de inventar, de construir, de soñar, de implementar, de probar formas transitorias o que nos transiten a nuevos sistemas. No bajo grandes recetas o formulaciones muy complicadas en términos políticos, económicos, académicos o conceptuales, con grandes enciclopedias que nos marquen el camino, o que mientras menos entendamos, más complicadas sean o más abstractas, pareciera que es mejor y más inteligente. No. Transitar a otros mundos posibles es desde lo concreto, desde las nuevas prácticas y hábitos con lógicas distintas al capital que generan nuevas conciencias colectivas.

Todo Alter Natos está marcado en el contexto de una transición. Difícil es salir del sistema de manera repentina o mutante. Esto es ingenuo. Sin embargo, también es cierto que no podemos cambiar el sistema ni ser diferentes, si seguimos haciendo lo mismo, si continuamos con las mismas prácticas y principios que nos rige el sistema capitalista. Tenemos que cambiar la lógica. La solución no está dentro del mismo sistema aunque lo pintemos de verde o lo intentemos “humanizar”, hacer “sustentable” o “responsable”, lo que no está en su ADN. Se requiere ver hacia otro lado y apuntalar hacia ese cambio que queremos vivir. Cambiar la conciencia, la práxis, los hábitos, el consumo, la relación con la Naturaleza y con nuestros semejantes.

Para buscar Alter Natos es necesario sistematizar la experiencia. Durante el COVID-19 se gestaron nuevas prácticas e ideas, aunque otras muchas recobraron y renovaron su sentido político; también se actualizaron o adquirieron nuevo sentido y más fuerza. Muchas acciones y propuestas se recubren, son sinérgicos y se relacionan intrínsecamente.

Será necesario también potenciar todos los recursos urbanos por su lado y los recursos rurales por el otro. Y lo que haga falta, buscar los vínculos necesarios basados en la Economía Solidaria, los mercados locales. El movimiento social tiene ahora la oportunidad de encauzar y priorizar su agenda. Más adelante rescatamos algunos cuantos de los muchísimos otros elementos que se pueden recuperar y que corresponden tanto a nivel familiar o comunitario, macro como micro, global como local, urbano o rural. No están en orden de importancia, ni están todas ni cada creatividad registrada durante el confinamiento. Imposible abarcar todo. Lo que sí podemos asegurar es que cada quien, cada persona y familia ha acumulado una experiencia vital y única sobre el mismo fenómeno, y eso, habrá que aprovecharlo, porque no había sucedido. Esta experiencia nos dimensiona lo que es posible si nos ponemos de acuerdo los pueblos. Si el sistema colapsó en pocos meses, podemos hacer resurgir otros paradigmas. En tan poco tiempo hemos visto el daño que le hacemos al planeta con este sistema. En pocos días el planeta respiró limpio; la fauna y la flora reaparecieron. Esta experiencia nos debe ayudar a darnos cuenta lo que sucede con un planeta sin humanidad, y el daño que hacemos con este sistema capitalista a la casa que habitamos. Este sistema no cabe en este planeta.

Desde otro punto de vista, el COVID-19 nos regaló la gran oportunidad de respirar, de ver las cosas de diferente manera, de generar esperanzas en que se puede vivir de otro modo. Nos ha dado otra oportunidad para que sobreviva la humanidad, para ver desde fuera, desde lejos, pero desde dentro de nuestras casas, lo que el sistema ha significado para nuestras vidas y la Naturaleza. Nos ha mostrado que podemos revertir el Cambio Climático si hay voluntad política y creatividad. No se ha hecho porque el Estado Corporativo no está dispuesto a sacrificar la acumulación de capital.

Tres claves son fundamentales para enfrentar las futuras pandemias: la descentralización, la diversificación y la organización colectiva. Estos criterios son vacunas que favorecen la independencia y la soberanía como pilares para lograr otros mundos posibles. La concentración de alimentos, de la producción, de la salud o de la tecnología en pocas manos no se sustenta. El monopolio, los monocultivos, la mono-dependencia del petróleo, de los ingresos exclusivos de un sector como el turístico o el “eco-tursimo” para sobrevivir, tampoco son la solución. El endeudamiento impagable e ilegítimo se contrapone a la soberanía. Las soluciones mesiánicas del Estado Corporativo se contrapone a tres criterios fundamentales para crear otros paradigmas de vida feliz: la autonomía, la autodeterminación y la autogestión de los pueblos. Es necesario crear las propias reglas y normas, definir el rumbo y administrar el camino hacia nuevos paradigmas, otros Alter Natos.

Nos preocupa más la exigibilidad de los derechos sobre un Estado Corporativo cuya lógica interna y posibilidades estructurales no le es posible otorgarlo. Debemos repensar la autonomía con autogestión de las condiciones para la felicidad colectiva. No limitarse a la exigibilidad al Estado para que nos garantice el agua, la luz, los alimentos o las medicinas, sino caminar hacia la autodeterminación. Que el Estado nos deje hacer, nos deje pasar las iniciativas de los pueblos.

Si nos regresáramos en el tiempo, digamos un año antes de estos acontecimientos y, sabiendo lo que nos sucedería, ¿cómo nos hubiéramos preparado?, ¿qué condiciones hubiéramos puesto para mitigar lo que se vivió? Esta perspectiva nos puede ayudar a preparar nuestros Alter Natos para no olvidar. Echemos la imaginación a volar para saltar de este sistema. El confinamiento nos dio la razón de lo que se puede hacer si nos pusiéramos de acuerdo en buscar otros paradigmas de vida. Pero al mismo tiempo debemos hacer un ejercicio de autocrítica de la cotidianidad personal, familiar, colectiva y sistémica; un ejercicio fuerte imaginación y creatividad; y una gran fuerza de voluntad política para dejar de reproducir el modelo de vida que reproduce el sistema y pensar y actuar colectivamente. Esta es la semilla de la rebelión sistémica.

Veamos entonces algunas pistas…

  1. La Salud en manos del pueblo. Luego de inundaciones o temblores se sugiere que las familias tengan a la mano o en una bolsa sus documentos, una linterna o agua, entre otras prevenciones. Durante el COVID-19 se buscó con ansiedad alcohol, mascarillas, gel antibacterial, papel higiénico, entre otros productos. De igual manera habrá que tener preparado el kit para cada persona. Piensa qué cosas sobre el tema de la salud necesitaste durante el COVID-19 y acopia lo suficiente y con tiempo. Se inventaron en casa tapabocas, batas y otros artefactos para prevenir las infecciones y se distribuyeron solidariamente a los centros de salud. Es necesario generar mecanismos de autosuficiencia sanitaria sin tanta dependencia de las empresas y el Estado. La medicina tradicional, la buena alimentación y la disminución de enfermedades como la diabetes, entre otras, ayudarán para prevenir. Estos proyectos populares de salud preventiva recobran mucho sentido. Los mecanismos comunitarios y vecinales de salud servirán de mucho en una contingencia similar. No podemos olvidar que se sacrificó a millones de personas para que los sistemas de salud desmanteladas por los mismos gobiernos no se les colapsaran para poder atender a los enfermos. Todos pagamos el precio de su privatización, por ello es importante luchar por un servicio y sistema público de salud.
  2. El consumo necesario. Por las dificultades económicas se redujo el consumo a lo indispensable. Esto ofreció la oportunidad de combatir el consumismo y generar nuevos hábitos que modifican la lógica de consumo que acarreamos, de tal manera que ni los préstamos o programas sociales de gobierno sean para activar el consumismo innecesario, sino para prepararnos para otra pandemia. Mucha gente dejó de consumir CocaCola, dejó de fumar, de consumir tanto alcohol o comida chatarra, entre otros hábitos. Nos dimos cuenta de cuántos gastos superfluos hacemos. Y es que los hábitos son los más difícil de cambiar. Para muchos fue la oportunidad de consumir productos artesanales, de mayor duración y calidad.

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El Escaramujo 92: EL COVID-19 Y LA CRISIS SISTÉMICA

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En medio de la crisis del COVID-19 que devela la insustentabilidad del capitalismo, nos preguntamos qué haremos luego y si todo será igual que antes. Otros esperan no regresar a la supuesta “normalidad”. Pero antes de reflexionar sobre las salidas, las alternativas y los escenarios futuros e inmediatos, consideramos que es fundamental entender cómo llegamos a este punto, lo que nos permitirá comprender mejor el momento que se vive durante la pandemia y lo que está por venir y construir.

Existen muchas teorías sobre el origen del COVID-19, sobre quién es el responsable; si es cierta su existencia o un invento de poderes oscuros o bien definidos. Pero por lo pronto da igual. El resultado es el mismo. Se puso en jaque al sistema capitalista y han puesto en crisis sus elementos fundamentales.

Los Modelos del Capitalismo

El Estado siempre ha estado al servicio del capitalismo y su acumulación. El concepto del Estado Nación nace con el Tratado de Wesfalia en 1648 que da fin al sistema feudal. Pero es hasta 1760 con la Primera Revolución Industrial que nace el Capitalismo con antecedentes patriarcales que también le dan origen y lo siguen sustentando, donde el Estado juega un rol fundamental en la acumulación del capital. Su primera expresión modélica fue el Modelo Liberal que facilitó la entrada de los grandes capitales bajo la supervisión y garantía del Estado o gracias a su debilidad frente a las compañías petroleras o bananeras, a los grandes hacendados, los gobiernos autoritarios o dictaduras. Se les dejó hacer y dejó pasar (“laissez faire, laissez passer”) sin la intervención del Estado hacia un libre mercado sin aranceles, sin subsidios; un libre mercado laboral y libres fronteras donde la “mano invisible” del economista Adam Smith guiaría la economía de mercado hacia la felicidad de toda la sociedad. Las libertades individuales, la libre oferta y demanda, serían claves en el nacimiento del capitalismo.

Cuando este modelo entra en crisis en 1929 con la Gran Depresión, empieza a transitar hacia otro modelo al finalizar la II Guerra Mundial cuya economía de guerra logró sacar al sistema de esa Depresión. Los países quedaron devastados por esta guerra. Se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con ella todo su andamiaje político. Frente al desastre social y económico, ¿quién rescataría la economía y el proceso de acumulación?: el Estado. Es así como el Estado entra a generar nuevos mecanismos para la carrera de la acumulación de capital y se instaura el Modelo Estado de Bienestar. Esta crisis justifica política, económica e ideológicamente el concepto de los “derechos humanos”. Así, el Estado, y no el libre mercado, está ahora obligado a garantizar el empleo, el bienestar de los gobernados con su intervención, como diría el economista Keynes, para invertir en gasto social. Sustituir importaciones frente a un mercado internacional colapsado por la guerra y generar los propios medios nacionales de subsistencia. Es entonces cuando se forman los sistemas de salud, de educación, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, las empresas estatales, las leyes que protegieran los derechos laborales y los servicios públicos como la basura, el correo postal, entre otros muchos servicios. Se otorgaron algunos subsidios y créditos estatales, se forman o se nacionalizan los bancos, se protege en algún grado las cadenas productivas nacionales, se erigen los aranceles, se construyen las infraestructuras de carreteras, puertos, aeropuertos y represas. Son los años en que se multiplicaron los tratados internacionales desde la ONU en materia de derechos humanos.

Claro, la pregunta era, ¿y con qué dinero? Para eso la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que estuvieron puestos a engordar sus arcas endeudando a los países pobres o en “vías de desarrollo”, deudas que todavía hoy se siguen pagando. Más tarde aceleraron las deudas otros bancos regionales y subregionales de carácter multilateral, esto es, formado por los mismos gobiernos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) o el Banco de Desarrollo de América Latina antes Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros bancos similares para África y Asia, pero todos bajo la batuta del FMI y del BM. Sin embargo, también entraron en el juego de la deuda y el enriquecimiento los bancos privados. Por ello no se puede entender el proceso de acumulación de capital sin el mecanismo de la deuda.

Este Modelo entra en crisis al iniciar la década de 1970 por varios factores, entre ellos, las crisis del petróleo que llevó a Estados Unidos a conformar los depósitos de reserva más grandes del mundo; la crisis del patrón oro y la crisis social y cultural. Pero hubo una fundamental: la crisis de la deuda externa que puso en desventaja y condicionalidad a los países deudores frente a sus acreedores. Estas Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s), el FMI y el BM, impusieron el otro extremo, la tesis de que el Estado se apartara nuevamente y que, sin regulaciones, se instalara el Modelo Neoliberal para volver a dejar hacer y dejar pasar a los beneficiarios de la acumulación de capital: las grandes Corporaciones. Se impusieron dictaduras militares en toda la América Latina para implementar las políticas de Washington. Durante 40 años se imponen las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) y se crea un caldo de cultivo para el fortalecimiento del narcotráfico. Y se logró el objetivo con mucho éxito. Con el Modelo Neoliberal se desmanteló el anterior papel del Estado y entregó a las trasnacionales el poder. Privatizó activos fijos, bienes y servicios, sistemas de pensiones y retiros e infraestructuras. Eliminó derechos laborales y privatizó bienes comunes naturales (petróleo, agua, gas, genes). Los Derechos de la Naturaleza fueron convertidos en servicios ambientales. Modificó la Constitución y las leyes secundarias en todas las materias para otorgar seguridad jurídica a las inversiones. Eliminó los subsidios y todas las barreras arancelarias y no arancelarias. El objetivo fue convertir todo a la lógica del mercado, todos los aspectos de la vida con precio y dueño. Estas políticas neoliberales se llevaron a cabo más rápido y en otros casos más lentos según las condiciones en cada país. De aquí el origen de todos los movimientos, organizaciones y centros de derechos humanos reclamando al Estado el Bienestar de la población y el abandono que hacía de velar, proteger y garantizar los derechos humanos: la educación, la salud, la alimentación, el agua, el medio ambiente sano, el trabajo, las libertades sindicales y la remuneración digna. En fin, la vida frente al despojo de las Corporaciones.

Este Modelo entra en otra etapa de transición en la carrera de la acumulación. A partir de la década de 1990 varios acontecimientos fueron fundamentales: el fin del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) para crear la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Consenso de Washington con su decálogo de políticas económicas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que inaugura una escalada de tratados por todo el continente, el fin del Muro de Berlín y la “pacificación” de los movimientos armados en América Latina, entre otros. La región fue arribada por las Corporaciones Transnacionales buscando como buitres el botín de las privatizaciones hacia la instalación del Modelo Corporativo al entrar el nuevo milenio. Pero en esta transición modélica se da un fenómeno nuevo: el Estado y las Corporaciones se funden. La clase política y la clase empresarial se convierten en uno solo. Los políticos se convierten en empresarios y los empresarios en políticos agudizando la apropiación corporativa del Estado y de los mecanismos multilaterales de la ONU.

En este modelo los Estados garantizan a las Corporaciones Trasnacionales, en el sentido amplio, la extracción del Sur Global por medio de la seguridad jurídica, social y de la tenencia de la tierra. Se les garantiza la apropiación de las empresas estatales, los sistemas de salud, de gigantescas extensiones territoriales, de las carreteras y otras infraestructuras; la generación y venta de la energía eléctrica, la apropiación de los bienes comunes naturales (agua gas, petróleo, genes), así como de los sistemas financieros. Se modifican los códigos penales para criminalizar la protesta social que pretenda impedir el extractivismo en todas sus facetas. El nuevo Modelo Corporación se agudiza en su etapa final de acumulación y con mayor control de las estructuras gubernamentales y multilaterales. Compras y fusiones de empresas se aceleran adquiriendo mayor poder y riqueza. Este Modelo es lo que explica, a partir del Nuevo Milenio, la lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados de libre comercio, la lucha contra el Plan Puebla Panamá (PPP), contra la Deuda Externa, contra la militarización, contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, las campañas contra la “Apropiación Corporativa”, la lucha contra las privatizaciones, el nacimiento de

las organizaciones y redes de monitoreo de las Transnacionales, entre otras agendas importantes para el reciente repunte del Movimiento Social.

Es así como llegamos a la crisis sistémica que hoy vivimos y que transitará por décadas en ésta último repunte de la acumulación que el COVID-19, lejos de terminar con el capitalismo, agudiza su acumulación corporativa. No estamos en una crisis modélica del Neoliberalismo, ni en una crisis del Modelo Corporación Nación. Estamos instalados irremediablemente en una crisis sistémica que transitará por varias décadas, pero que no será una mutación genética del paradigma, sino un proceso de transición sistémica. Desde el Modelo Corporativo es necesario ver ahora la realidad social, política y económica donde el Estado ha jugado un papel central en función de la acumulación.

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El Escaramujo 91: PROYECTO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 2018-2024

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En el documento denominado “Plan de Nación 2018-2024 del Sector Energético y Desarrollo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano define como su objetivo fundamental “Acelerar la Transición a Energías Renovables”. Esto se entiende como la modificación de la matriz energética actual basada principalmente en hidrocarburos, e incrementar la generación y el uso de las “energía renovables” y “limpias” que contribuyan a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a la recuperación de los sistemas ecológicos, y de este modo cumplir con los compromisos internacionales en materia de medio ambiente y de combate al Cambio Climático. Así, de la capacidad instalada actual de energía en GW, el 78% proviene de “energía no renovable” y el 22% de “energía renovable”. El objetivo es pasar para el año 2024 a un 59% de capacidad de “energías renovables” en comparación con un 41% en “energías no renovables”. Para lograrlo, se plantean estos 12 Eje Rectores como estrategia con los cuales se dicen habrá un impacto ambiental en mitigación de GEI de 57.65 Mton CO2e (Millones de Toneladas de Bióxido de Carbono equivalentes).

Todo esto se enmarca en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-20331 y en el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan se rige con los principios de soberanía, seguridad energética nacional y sostenibilidad con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía (SENER) quien realiza la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y la Elaboración del PRODESEN, integrando la generación, transmisión, distribución, comercialización y ‘transición energética’, para garantizar el suministro de energía eléctrica con rentabilidad y recuperación de las inversiones. Del mismo modo se aseguraría el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de calidad y confiable a todos los mexicanos. También se manifiesta que respetará la condición de equidad y competencia justa entre las empresas privadas y las empresas productivas del estado en la participación del mercado eléctrico. 

El PRODESEN distingue a los productores de energía correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Productores Independientes de Energía (PIE), así como al resto de los permisionarios, como son: Autoabastecedores (AU), Cogeneradores (COG), Pequeños Productores (PP), Importadores (IMP) y Exportadores (EXP), interconectados a la red del Servicio Eléctrico Nacional (SEN). También se incluye a los participantes del mercado, Centrales Eléctricas con permiso como generadores (GEN). A diciembre de 2018 la capacidad de generación de la CFE, de los PIE y del resto de los permisionarios alcanzó alrededor de los 70,053 MW.

El PRODESEN está alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND), a la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, al Programa Sectorial de Energía (PROSENER), al Programa Nacional de Infraestructura (PNI), al Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), al Programa Especial de la Transición Energética (PETE), al Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas, al Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista, al Programa de Expansión de la Red Nacional de Gasoductos y al Programa de Redes Eléctricas Inteligentes.

La Ley de Transición Energética2 define a las “Energías Limpias” como “aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica”; define a las “Energías Renovables” como “Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables las que se enumeran a continuación: a) El viento; b) La radiación solar, en todas sus formas; c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m 2; d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.”

¿TRANSICIÓN RENOVABLE Y ENERGÍAS LIMPIAS?

Existen dos conceptos controvertidos y que se usan con mucha ambigüedad. Por un lado, tanto en los discursos de derecha, de izquierda o como en los progresistas, se habla de “Transición”. Sin embargo, cada quien lo entiende a su manera y desde distintas ópticas. La palabra “transición” viene del latín y se compone del prefijo trans- (de un lado a otro), itus (ido) y el sufijo -ción (acción y efecto). La acción de ir de un lado a otro. Pero este transitar puede ir de lo bueno a lo malo, de lo malo a lo bueno, de lo viejo a lo nuevo, o de lo nuevo a lo viejo. Todo ello según el paradigma desde donde se ubique la ‘transición’. 

Desde una perspectiva, se usa la idea de “transición” para indicar el cambio de un combustible a otro en el mismo sistema de producción y consumo. A esto también se le ha llamado “transformar” la matriz energética. Etimológicamente está bien empleado en el sentido de que se modifica la ‘forma’, pero no la ‘sustancia’. El concepto de “transformar” no implica la idea radical que muchos le pretenden dar en el sentido de un cambio sistémico radical. Esto sería cambiar la ‘sustancia’, cambiar al sistema capitalista por otro que sea sustentable y nos permita sobrevivir integrados más armoniosamente en este Planeta. En otras palabras, seguimos haciendo lo mismo, produciendo lo mismo, al mismo ritmo, a la misma dirección y con mayor velocidad, con el mismo consumismo, con la misma depredación ambiental pero con la ilusión de la ‘sustentabilidad’, lo ‘renovable’, lo ‘limpio’ y lo ‘verde’, porque la energía que se requiere para todo ello ya no sale de los hidrocarburos, del petróleo y del gas, sino del viento, del sol, de la biomasa, del agua o del calor del subsuelo. Pero en ello, está la trampa. Solo cambiamos la forma, no la sustancia.

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Desde 1879 en León, Guanajuato, la fábrica textil “La Americana” instaló una planta termoeléctrica a base de leña, la primera unidad generadora de energía eléctrica en México. Sin embargo, es hasta 1882 que se usó por primera vez en el mundo una corriente de agua para generar hidroelectricidad en Inglaterra, Estados Unidos y Francia.

En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Batopilas, Chihuahua.1 Sin embargo, otra fuente considera que es en los alrededores de Orizaba, Veracruz, que se instaló la primera unidad hidroeléctrica en 1883 en la fábrica textil de San Lorenzo, y que a finales de esa década había en México alrededor de 50 instalaciones termoeléctricas y 10 hidroeléctricas. Pero es hasta 1888 que la planta hidroeléctrica de Echeverría, aprovechando la caída del agua del Río Atoyac en Puebla, es considerada la primera unidad central de producción hidroeléctrica de una compañía eléctrica en México para el servicio público, que contaba con una presa a todo lo ancho del río Atoyac, una cortina de mampostería de piedra de 90 metros de largo y producía una caída de 10 metros de altura. A 180 mts de la cortina se ubicó la casa de máquinas y se trasvasaba por un acueducto de 42 pulgadas hacia la turbina doble tipo Leffel de eje horizontal con capacidad de 180 caballos.2

Sin embargo, al referirnos a todo tipo de represas y bordos, desde el año 1550 hasta el 2018 la CONAGUA ha logrado documentar que a lo largo de 468 años se han construido un total de 6,225 represas y bordos en todo el país. La primera registrada es en 1550 en el estado de Guanajuato. 

RÍOS Y CUENCAS REPRESADAS

Actualmente en México están delimitadas 1,471 corrientes de agua de todos los tamaños que conforman una red hidrográfica de 633.000 km de longitud, que equivale a dar 155 vueltas al mundo sobre la línea ecuatorial cuyo perímetro es de 40.075 Km. De las 1,471 corrientes, 1,389 llegan al mar, ya sea al Golfo de México, al Océano Pacífico o al Mar Caribe; 77 desembocan en lagos o lagunas internas; y las únicas 5 que se infiltran en el subsuelo se localizan en la Península de Yucatán.3 

Estas Corrientes de agua, CONAGUA las distingue para la ubicación de las presas y bordos en el país en Ríos, Arroyos, Escurrimientos, Afluentes, Acueductos, Barrancas, Canales, Cañadas, Cañón, Derivación, Manantiales, Derramadero, entre otras. Algunos nombres se repiten en diferentes Corrientes. Otras Corrientes cambian de nombre a su paso por diversas regiones, municipios o entidades. Y otras pocas Corrientes simplemente no tienen registro de nombre. En la siguiente Tabla, de todos los tipos de Corrientes, solo mencionamos los 600 Ríos represados en el país desde 1550 hasta 2018, en base a los nombres actuales; algunos se les conocen con más de un nombre en la misma región; otros Ríos en la base de datos de la CONAGUA están mal escritos o tienen errores tipográficos, por lo que intentamos subsanar estas deficiencias hasta donde fue posible. Cabe señalar que el Río Usumacinta aunque no ha sido represado, está amenazado por los proyecto de 5 represas hidroeléctricas.

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

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Las represas son asociadas al concepto de “desarrollo”. Y últimamente se le asocia a la “energía limpia”, “sustentable”, “verde” o “renovable”. Sin embargo, no se dice que el costo socio ambiental ha sido de tal magnitud que ha generado movilizaciones históricas en México, en toda América Latina y en el mundo. Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas en todo el planeta donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”. Pero ¿“desarrollo” para quién?

En México, lo común en torno a la construcción de las represas han sido los engaños a la población, el desplazamiento forzoso e incluso con violencia, las promesas incumplidas y una mayor pobreza de los desplazados. Pero hay otro tipo de saldos como el endeudamiento de los gobiernos, el aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente, entre otros pasivos sociales y ambientales.

Se ha observado que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como la Secretaría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) actúan a favor de las políticas del gobierno en turno. De igual manera se ha observado cómo la Procuraduría Agraria manipula información a los ejidatarios y comuneros e interviene de manera ilegal, no respetan las asambleas agrarias, se acusa a “intereses externos” cuando hay oposición, trata a la población como ignorante y se le desprecia su capacidad de decisión. Por su lado, el gobierno avasalla con todo su aparato de convencimiento por medio de propaganda, asambleas, ofrecimiento de dinero a las autoridades ejidales. Se prometen programas y proyectos; se emplean modelos de vivienda mal hechos para convencer a la afectados a su desplazamiento con futuras esperanzas de mejor bienestar. Esto se da a todo lo ancho y largo del país. Mienten, confunden, falsean información, se presenta información contradictoria, con Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) mal hechos, manipulan actas de asamblea, se falsifican actas Otros Mundos, A.C. www.otrosmundoschiapas.org y firmas comunitarias así como el padrón ejidal. No se cumple con la reforestación ni con las acciones de supuesta mitigación. Permea la corrupción y el tráfico de madera y de animales; se especula con el valor de la tierra, se contrata personal fuera de la región y de otros estados lo que no redunda en mayores empleos. Por lo general la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) prohíbe el uso del agua de las represas para los pueblos locales a los que no está destinado el agua. Las especificaciones de la represa cambian, según intereses, según la fuerza de las resistencias sociales y los problemas que va presentando el proyecto, de ahí las contradicciones en la información. Y el caso de la Presa Milpillas, no es la excepción.1

CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA PRESA MILPILLAS

En Zacatecas, la primera represa registrada por CONAGUA se construyó en el año 1602. A lo largo de la historia se han construido en el estado 356 represas de todo tipo, tamaño y finalidad. Estas representan el 5.7% del total de represas construidas en el país desde el siglo XVII en un estado que representa a su vez el 3.8% el territorio nacional. Es la 5a. entidad de la República con mayor represas construidas a lo largo de la historia después de Tamaulipas, Jalisco, Durango y Chihuahua.2 Ahora, esta nueva represa es una obra que el gobierno de Zacatecas quiere imponer a toda costa, ya que la autorización para construirla tiene una vigencia de 5 años a partir de que se otorgó el permiso en enero de 2017, por lo que en 2018 las presiones, intimidaciones y hasta amenazas de muerte sobre los actores que se oponen a ella registran una alta intensidad.

En marzo de 2015, la CONAGUA, una de las instituciones más corruptas del país. presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Regional denominado “Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul y Línea de Conducción para el abastecimiento d agua potable al Corredor Zacatecas-Fresnilllo” 3 , de más de 540 páginas que tuvo un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos4 , mientras que pretenden indemnizar con tan solo $750,000.00 pesos a los propietarios de los terrenos utilizados para la construcción del proyecto.

A continuación hacemos un resumen y analizamos las características del proyecto de la represa según este MIA. Del mismo modo ofrecemos algunas conclusiones.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO: En el MIA se afirma que la región Fresnillo-Zacatecas concentra la mayor población del estado de Zacatecas, con una intensa actividad agrícola y sistemas riego que conllevó a la sobre explotación de los pozos. El Objetivo entonces es crear una obra de Abastecimiento de agua potable a toda esta región. Pero también con el fin de evitar extraer agua del subsuelo y favorecer la recarga hidrológica. Suponen que en 50 años de vida útil de la presa, aunque se otorgó el permiso de operación por 60 años, serán suficientes para que se recarguen los pozos como si la extracción se eliminara con la represa. Aunque el MIA no presenta metodología ni fuentes para determinar el grado de sobre explotación, además de que en muchos casos no existen los medidores para analizar esta tendencia, suponen erróneamente que bajará la extracción el agua de los pozos con este proyecto cuando 11 acuíferos están sobre explotados y hay un déficit alto de disponibilidad de agua. Sin embargo el proyecto conllevará un aumento de la oferta de agua, de la actividad industrial y de servicios, por lo que lejos bajar la explotación de los acuíferos, ésta se mantendrá igual o aumentará. Por tanto, no disminuirán los hundimientos ni los tandeos ni la contaminación de aguas freáticas. Así, el gobierno de Zacatecas niega que haya otra alternativa viable.

El MIA asegura que el Municipio Calera de Víctor Rosales, si bien no tiene escacés de agua, sí alimentaría al parque industrial y otra empresas que demandan mucha agua potable, que incluye una “Compañía Cervecera”. Para el Municipio de Sombrerete se ofrecerá agua a la producción agrícola y ganadera, que son las principales actividades económicas de este municipio; agua potable a Valparaíso así como al Municipio de Calera, Morelos y Guadalupe, al Municipio de General Enrique Estrada que adolece de agua potable y a la ciudad de Fresnillo y Zacatecas para los sectores sociales y productivos. Por otro lado, el MIA segura que con este proyecto habrá ingresos por el cobro de esta distribución del agua e ingresos fiscales para el gobierno.

UBICACIÓN: La cuenca hidrográfica Milpillas se localiza en la parte oeste del Estado de Zacatecas, ubicada en su mayoría dentro de los municipios de Sombrerete y Valparaíso. Se encuentra entre las elevaciones que van desde los 1,970 y 2,959 msnm. Todo el Proyecto (presa y acueducto) se extiende sobre dos Provincias Fisiográficas: Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas, en la parte Este y Sierras y Valles Zacatecanos en la parte Oeste, que se ubican en la parte central del Zacatecas. El Proyecto impactaría 8 municipios: Jiménez del Téul, Sombrerete, Valparaíso, General Enrique Estrada, Calera, Morelos, Zacatecas y Fresnillo, siendo este último el que más superficie abarca.

DURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN: Tres años. La fecha de inicio iba a ser en enero del 2017 y terminaría en septiembre del año 2020, sin embargo, la construcción no ha iniciado ya que la resistencia social lo ha evitado.

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EL ESCARAMUJO 88 RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO (Parte I)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Las cifras sobre las represas en México varían según la fuente y los términos de referencia ya que en algunas ocasiones se toman en cuenta solo las hidroeléctricas. Pero las represas y los bordos es la obra física construida para almacenar o embalsar, desviar o contener el agua evitando el flujo natural de ésta. Además de generar electricidad tienen otras funciones como los usos agrícolas (irrigación), abastecimiento de agua a centros urbanos, para el control de avenidas e inundaciones, para relaves o jales de la minería, o para dotar de agua a alguna industria. Y existen de todos los tamaños: grandes, medianas, pequeñas, mini y micros. Se han asociado al “Desarrollo” y a la “Energía Limpia”, “Sustentable” y “Renovable”. Sin embargo, el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000 y los siguientes 20 años desde entonces, comprueban que las represas generan más pobreza, accidentes y rupturas de represas. Han generado más de 80 millones de desplazados en el planeta, pueblos desaparecidos, cuencas secas, más inundaciones y terremotos, desaparición de biodiversidad y de ríos. Generan altos índices de Gases Efecto Invernadero y no son sustentables. Es una energía sucia. Por ello el movimiento antirepresas en el mundo va creciendo.

El discurso de que las represas representan energía renovable es una trampa. Lo que es renovable es el agua más no el modo de obtener energía a gran escala represándola. El Cambio Climático, la deforestación, la alteración del ciclo del agua entre otros factores no garantizan una precipitación pluvial estable. Las sequías e inundaciones inesperadas se agudizan. 

LAS REPRESAS HOY

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía.1 Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) existen más de 5 mil 163 entre represas y bordos en México que almacenan aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos de agua que equivalen a la capacidad de 60 millones de albercas olímpicas. Tan solo 181 de estas represas almacenan el 82% de esta agua.2

La hidroelectricidad es la principal función de las represas en el país, seguida de las construidas con fines agrícolas principalmente en el norte del país donde escasea más el agua y donde se priorizó fuertemente esta actividad. Nayarit cuenta con unas de las presas más grandes del país: La Yesca, con una cortina de 220 metros de altura, y El Cajón de 186 metros de altura.

LAS REPRESAS EN LA HISTORIA

Desde el año 1550 hasta el 2018 la CONAGUA ha logrado documentar que se han construido en México a lo largo de 468 años un total de 6,225 represas y bordos en todo el país, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3 CONAGUA no ha logrado obtener toda los datos de cada presa y bordo, pero en función de las variables con la información obtenida, realizamos este análisis.

De las 6,225 represas, CONAGUA identifica la ubicación municipal de 6,195 que representan el 99.5%. Solo 30 de ellas, entre las más antiguas, no logró identificar su ubicación municipal. En base a esto, el 41.25% de los municipios del país, que equivalen 1,016 municipios de un total de 2,465 municipios que existen en todo el país, han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa.

 

Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría corresponden a la región norte del país que se caracteriza por ser una zona con mayor escasez de agua. La actividad ganadera, agrícola, minera e industrial en la zona norte, occidente y la región petrolera del Golfo, ha impulsado represar el agua para todos estos usos. Sin embargo, no es en esta región donde se encuentra la mayor cantidad de agua superficial del país, sino en el Sur-Sureste donde se encuentran algunas de las más grandes represas del 

país. Chiapas cuenta con dos grandes represas, La Angostura con una cortina de 147 metros de altura y Malpaso de 138 metros. Entre Guerrero y Michoacán la presa El Infiernillo se yergue con una cortina de 152 metros de altura. Por mencionar algunas.

Sólo hay tres estados del país que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Estos estados no cuentan con agua superficial sino subterránea, el territorio es plano y prácticamente sin elevaciones.

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