Se publica decreto presidencial que prohibe el glifosato y el maíz transgénico en un período de transición a enero de 2024

Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en México – A 31 de diciembre de 2020

Fernando Bejarano / Director de RAPAM

El 31 de diciembre de 2020 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial que establece la sustitución gradual del uso del glifosato, con cuotas de importación hasta la eliminación total de su uso al 31 de enero del 2024, en un período de transición donde se promoverán alternativas sustentables, incluidas alternativas agroecológicas. El decreto también establece la revocación y abstención de permisos de siembra de maíz transgénico, y del uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos hasta sustituirlo totamente en el mismo período.

Este es un triunfo de las organizaciones de la sociedad civil que por décadas lucharon contra la liberación del maíz trangénico, como las organizaciones campesinas y académicos agrupadas en la Campaña Sin Maíz No hay Pais y Greenpeace. Así como de organizaciones como RAPAM que hemos insistido en la problemática de los plaguicidas altamente peligrosos en México. La publicación del decreto muestra también la voluntad política de cambio dentro de las distintas secretarías que están interesadas en una transformación del sistema alimentario mexicano y que pudieron enfrentar con éxito las opiniones contrarias del titular de la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del coordinador jurídico de la Presidencia, de las presiones de embajadas de Estados Unidos, Alemania, y del Consejo Nacional Agropecuario en el que participan las empresas transnacionales de plaguicidas como Monsanto.

En los considerandos del decreto presidencial, se invoca al principio de precaución, procedente de la Cumbre de la Tierra y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. También se indica que la adopción de esta medida se debió entre otras razones a que, “con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México. Además porque, “en los últimos años, distintas investigaciones científicas han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer; y porque en “ diversos países han prohibido el uso de la citada sustancia en agroquímicos y muchos otros se encuentran evaluando la implementación de medidas similares y de otro tipo para proteger a la población”.

El artículo Primero del Decreto “tiene por objeto establecer las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. En ese sentido, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un período de transición para lograr la sustitución total del glifosato”.

En el Artículo Segundo del Decreto “Se instruye a las dependencias y entidades de la administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias y a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.

El Artículo Tercero establece que “ Con el propósito de disminuir el posible impacto de la sustitución gradual del uso e importación de glifosato en la agricultura comercial, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.

El artículo tercero indica que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coordinará, articulará y apoyará las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos e innovaciones para la sustitución del glifosato, Para tal fin podrá convocar a las instituciones de educación superor o centros de investigación pública e invitar a organizaciones de productores agrícolas, a la industria de agroquímicos, a las asociaciones de usuarios y productores de bioinsumos e insumos agrícolas orgánicos.

Según el Artículo Sexto, “ Con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias y como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.

Esperamos que este decreto impulse un cambio de cambio de política más amplio para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos en México y la transformación del sistema alimentario. Por nuestra parte continuaremos en nuestra demanda para que de manera inmediata se cancelen el uso del glifosato como desecante antes de la cosecha en los culivos agrícolas y para los usos en jardinería y otros usos urbanos. Y seguiremos planteando que para establecer esas cuotas de importación del herbicida y vigilar su cumplimiento se debe territorializar y reconocer el derecho a la información para saber dónde, quién y cuánto gifosato se usa en los distintos cultivos agrícolas.

Como parte de la Campaña sin Maíz no hay Maíz celebramos también que el decreto requiera que a más tardar en el primer semestre de 2023 se promuevan las reformas legales para evitar no solo el uso del glifosato sino también el de maíz genéticamente modificado en México, como medida que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, para “proteger al maíz nativo, la milpa y la riqueza biocultural”.

Ver decreto completo en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020

Imagen: Frank Meriño / Pexels

Más información:

Un nuevo estudio revela un aumento dramático de de los envenenamientos por causas de plaguicidas en el mundo

Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México RAPAM – A 9 de diciembre de 2020

A nivel mundial los envenenamientos han pasado de 25 millones en 1990 a 385 millones hoy en día

En un estudio exhaustivo publicado hoy, científicos reportan que los envenenamientos por plaguicidas en el sector agrario han aumentado dramáticamente desde la última evaluación global hace 30 años. En base a una evaluación de datos de envenenamientos disponibles de países en todo el mundo, los investigadores concluyen que hay alrededor de 385 millones de casos de envenenamientos agudos cada año, frente a 25 millones de casos estimados en 1990.

Esto significa que alrededor del 44% de la población mundial que trabaja en el sector agrario – 860 millones campesinos y trabajadores agrícolas, son envenenados cada año.

La revisión sistemática de los envenenamientos agudos, no intencionales, por plaguicidas, fue publicada hoy en la revista arbitrada (revisada por pares), BMC Public Health. El artículo, titulado „La distribución global de envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas: Estimaciones basadas en una revisión sistemática”, es la primera estimación mundial de ese tipo desde 1990.

“Estos hallazgos destacan la urgencia de reducir y eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos” dice Kristin Schafer, coordinadora de Pesticide Action Network (PAN) Internacional. “Estos pesticidas causan envenenamientos inaceptables a las personas que producen nuestros alimentos, pero también tienen efectos crónicos de salud como el cáncer e impactos ecológicos como el colapso de la biodiversidad. Hace mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas a nivel mundial”.

El estudio revela que el numero mayor de casos no fatales de envenenamientos se da en el sur de Asia seguido del sudeste asiático y el este de África. La incidencia nacional más alta se registró en Burkina Faso, donde casi el 84% de los campesinos o trabajadores agrícolas sufren envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas.

Se estima que el total mundial de fatalidades por envenenamientos agudos, no intencionales por plaguicidas, resulta en 11.000 muertes anuales. Casi 60% de ellas acontecen en un solo país, la India, indicando problemas serios con el uso de pesticidas, según los investigadores.

“Los envenenamientos por plaguicidas constituyen una crisis de salud pública, que debe ser abordada” afirma Sarojeni Rengam, Director Ejecutivo de PAN Asia Pacífico. “más allá de los sufrimientos inmediatos, los envenenamientos reflejan también una exposición que causa problemas de salud crónicos a largo plazo. Es chocante y vergonzoso que este problema haya empeorado en lugar de mejorar en los últimos 30 años”.

Los autores del nuevo estudio realizaron una revisión sistemática de la literatura científica publicada entre 2006 y 2018, seleccionando un total de 157 trabajos después de evaluar más de 800 trabajos para determinar su elegibilidad de acuerdo con criterios establecidos, y datos adicionales de la base de datos de la OMS sobre las causas de muerte.

Los datos abarcan 141 países en total. La mayoría de los estudios se enfocan en los envenenamientos ocupacionales, en particular de los agricultores y los trabajadores agrícolas.

“Reconocemos que hay limitaciones en los datos sobre envenenamientos por plaguicidas”, señala Javier Souza, coordinador de  la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en América Latina RAP-AL. “Sin embargo este estudio muestra claramente que se trata de un problema grave y global que requiere acciones inmediatas. Plaguicidas altamente peligrosos deben ser eliminados progresivamente hasta 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales y debemos cambiar hacia sistemas más sanos y resilientes como la agroecología”.

El número estimado de envenenamientos mundiales no mortales, no intencionales, por plaguicidas en el presente estudio, es significativamente mayor que las estimaciones anteriores. Esto se debe en parte a que el estudio actual abarca un mayor número de países, y también a que ha habido un aumento del 81% en el uso de plaguicidas desde 1990 (se estima que en 2017 se utilizaron 4.1 millones toneladas de plaguicidas en todo el mundo). Los investigadores apuntan a la falta de información para explicar las estimaciones relativamente bajas de casos mortales.

El subregistro también es un problema para los envenenamientos por plaguicidas en general, ya que muchos sistemas de presentación de informes de países específicos carecen de un punto central de información o de un mecanismo jurídico que exija la presentación de informes sobre incidentes.

Los autores concluyen que la pesada carga que suponen los envenenamientos no intencionados y no mortales por plaguicidas, en particular para los agricultores y los trabajadores agrícolas, pone de relieve el sesgo de las políticas actuales, que se centran únicamente en las muertes, y la necesidad de abordar más seriamente el problema general de del envenenamiento por plaguicidas en las políticas y reglamentos internacionales y nacionales.

Nota para los periodistas: Si bien este estudio no abarca los suicidios por envenenamiento con pesticidas, se estima que 14 millones de personas han muerto por suicidio utilizando plaguicidas desde la Revolución Verde en la década del 1960. En un reciente examen sistemático de los datos sobre suicidios de 2006 a 2015, que este estudio no abarcó, se determinó que los plaguicidas representaban entre el 14 y el 20% de los suicidios a nivel mundial, lo que provocó entre 110.000 y 168.000 muertes anuales durante el período 2010-2014.

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Contactos de prensa:

Disponible para entrevistas:

Javier Souza, PAN Latinoamérica (español) – javierrapal@yahoo.com.ar

Sarojeni Rengam, PAN Asia Pacific – sarojeni.rengam@panap.net

Susan Haffmans, PAN Germany – susan.haffmans@pan-germany.org

Maimouna Diene, PAN Africa (français) – maimounadiene@pan-afrique.org

Pesticide Action Network International (PAN) es una red de más de 600 organizaciones no gubernamentales, instituciones y personas participantes en más de 90 países que trabajan para sustituir el uso de plaguicidas peligrosos por alternativas ecológicamente racionales y socialmente justas. PAN fue fundada en 1982 y cuenta con cinco Centros Regionales independientes y colaborativos que implementan sus proyectos y campañas. Se puede encontrar más información en http://pan-international.org.

“Los monocultivos son la cara visible del modelo del agronegocio”

Compartimos esta Entrevista hecha por Radio Mundo Real RMR con Isaac Rojas, co-coordinador del Programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional – A 12 de septiembre de 2020

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El 21 de septiembre se conmemora el Día internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Fue declarado en 2004 por comunidades rurales reunidas en el interior de Brasil, para denunciar y visibilizar los impactos de los proyectos de plantaciones industriales de árboles que se expandían en sus territorios, y afirmar su determinación de resistir contra las plantaciones y recuperar sus territorios de manos de las empresas.

Junto a Isaac Rojas (co-coordinador Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional) trazamos un panorama sobre cuál es la presencia de los monocultivos hoy en la región y en el mundo, por qué se está denunciando que podrían avanzar en forma masiva las plantaciones industriales en el Sur Global, especialmente en África y qué podemos hacer para frenar este avance.

“Son las comunidades las que enfrentan día a día todos los impactos negativos que traen estas plantaciones industriales de árboles, que son la cara visible del modelo de monocultivo, del modelo del agronegocio”, dijo Isaac Rojas de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional a Radio Mundo Real.

Las resistencias hoy

Rojas destacó las luchas y resistencias visibles en Brasil hoy, en lugares que son vitales para este mundo, con una articulación fuerte de movimientos sociales luchando contra este tipo de problemas. También nombró una articulación más pequeña en Costa Rica y el Movimiento de Afectadas y Afectados por el Cambio Climático presente en Centroamérica.

Además de denunciar como los incendios están arrasando con la Amazonía o con los humedales en Argentina, son preocupantes incendios similares que se dan en países de Asia. En Malasia, por ejemplo, la población tiene serios problemas respiratorios debido al humo por los incendios que ocurren en Indonesia, donde a su vez muchas veces debe suspenderse el tráfico aéreo y terrestre por la neblina de humo.

Por otra parte, este día, el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) junto a numerosas organizaciones, entre las cuales se encuentra Amigos de la Tierra, exhortaron este 21 de septiembre a detener el avance de los monocultivos de árboles en el Sur global.

Desde WRM denuncian que un informe producido en 2019 por un equipo de consultores para el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y la ONG conservacionista World Wildlife Fund (WWF)-Kenia identifica a África como el continente con “el mayor potencial económico para la plantación de árboles en el mundo”.

La carta de WRM -firmada por 120 organizaciones de 47 países- detalla que ese estudio «identificó 500.000 hectáreas de tierras viables para las plantaciones en diez países: Angola, República Democrática del Congo, Gana, Mozambique, Malaui, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue”. El estudio propone la creación de un Fondo a corto plazo, con sede en un paraíso fiscal (Isla Mauricio), para financiar el plantío de las primeras 100.000 hectáreas de árboles. Para que estas plantaciones generen ganancias para los inversores privados, el estudio alega que será necesaria la ayuda de las agencias públicas europeas para la cooperación internacional: dinero de los contribuyentes de los países nórdicos de Europa (es decir Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia), del Reino Unido y de los Países Bajos, además del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) que presta dinero a empresas privadas.

“Ese medio millón de hectáreas no están vacías: allí viven comunidades locales, pueblos indígenas, que serán desalojados para tener el monocultivo de árboles -criticó el coordinador de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional-. Si a esto le sumamos el avance de otro tipo de plantaciones en el mundo, el panorama es bastante desolador porque estos avances no solo vienen con los impactos que conocemos muy bien (contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, deforestación), sino también una gran parte de impactos sociales: desplazamiento de comunidades locales, la pérdida de cultura y conocimientos tradicionales, de formas de vida que han probado ser sustentables y que son un bastión para la conservación de ecosistemas alrededor del mundo”.

Falsas promesas, falsas soluciones

Rojas recordó que estos proyectos suelen venir acompañados de “falsas promesas” de empleos y obras en las localidades donde se instalan, como la construcción de escuelas o canchas de fútbol; así como “falsas soluciones” al decir que este tipo de plantaciones ayudarán a combatir el cambio climático “cuando, en verdad, estamos ahondando en las causas del mismo”. El activista insistió en que verdaderas soluciones al cambio climático son aquellas que proponen acciones como el manejo comunitario de los bosques.

Advirtió que hablar de “soluciones basadas en la naturaleza” es una nueva forma de llamar a las falsas soluciones, como otra de las expresiones que utilizan las grandes corporaciones para maquillar sus acciones violatorias de los derechos de los pueblos.

Si bien las corporaciones son responsables, muchos gobiernos también lo son al promover este tipo de negocios y de falsas soluciones. Por eso trabajamos desde la federación ATI para llevar este tema a discutir en la Convención de Diversidad Biológica que, en algún momento, el próximo año retomará las discusiones sobre el nuevo marco que tendrá el Convenio sobre Diversidad Biológica, y ahí es importante hablar sobre los impactos de los monocultivos, de quiénes son responsables, de cómo vienen a maquillar su discurso y hacen promesas que no son reales, para contar con mecanismos efectivos y vinculantes para la protección de la naturaleza y realizar sanciones a nivel internacional por las violaciones a los derechos colectivos que se producen al territorio, a los conocimientos tradicionales, sumado a asesinatos, violaciones y amenazas [contra defensores y defensoras ambientales]», concluyó Rojas.

Imagen: Radio Mundo Real

Más información:

Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles – 21 de setiembre de 2020

Comunicado de la Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina RECOMA – A 21 de septiembre de 2020

Este 21 de septiembre no es uno más. Nos encuentra con la crisis del COVID 19 en todo el mundo. Una pandemia que nos obliga a reflexionar sobre los dramáticos impactos que la pérdida de biodiversidad y el daño al funcionamiento de los ecosistemas está generando al planeta y a las sociedades que formamos parte de él.

Existe pleno reconocimiento a nivel global de que las pandemias que vivimos son el resultado de la agresión a la naturaleza. No sólo el COVID 19 vinculado al tráfico de especies y destrucción de áreas naturales, sino también otras como el Dengue que al calor del cambio climático se expande por Nuestra América.

Sin embargo, el confinamiento de media humanidad, la pérdida de empleos, las dramáticas experiencias de quiebra de sistemas de salud y el costo en vidas, aún en países y ciudades ricas, no están siendo suficientes para detener a las corporaciones extractivistas o cambiar su modelo de ganancias. Los líderes del mundo continúan colocando sus esperanzas de reactivación económica post pandemia en los mismos modelos económicos que nos han llevado a esta crisis del COVID, crisis climática y crisis de biodiversidad.

En este contexto, las empresas del sector de las plantaciones son parte sustancial del problema. Cientos de miles de hectáreas, de humedales, bosques, selvas, sabanas y pastizales han sido transformadas en monocultivos de árboles, sean estos de Palma, Pinos, Eucaliptus, Cítricos, Álamos, Aguacate u otros, el modelo es el mismo. Los monocultivos de árboles destruyen la diversidad de hábitats y nichos ecológicos existentes en los ecosistemas naturales, afectan los servicios ecosistémicos, modificando las condiciones higrológicas, la disponibilidad de agua, la oferta de polinización, y las inconmensurables características que contienen los ambientes diversos, incluidas las personas que en ellos habitan.

El despojo a las comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, y otras comunidades tradicionales, es una constante que no se ha detenido en tiempos de pandemia, inclusive se ha agravado. No ha habido confinamiento para la destrucción ambiental colocando en un enorme riesgo sanitario a los pueblos que viven en los bosques y áreas naturales. En casi todos los países la situación de los y las defensorxs del ambiente ha empeorado, al perderse las mínimas libertades civiles en el derecho de reunión y protesta. Los asesinatos continuaron durante las cuarentenas en Honduras y Colombia.

Por ello, en este día de lucha contra los Monocultivos de Arboles, nos volvemos a manifestar y replantear, que las plantaciones industriales son parte del problema y ante la magnitud de la crisis global no podemos permitir que se sigan discutiendo falsas soluciones. Los monocultivos de árboles deben estar fuera de las discusiones sobre captación de carbono para disminuir la crisis climática, fuera de las discusiones de restauración de ambientes, fuera de las discusiones de desarrollo sustentable. Con monocultivos de árboles no tendremos biodiversidad ni ecosistemas sanos, y nadie estará sano en ecosistemas enfermos sin biodiversidad.

¡BASTA DE MONOCULTIVOS INDUSTRIALES DE ÁRBOLES!
¡BASTA DE FALSAS SOLUCIONES!
¡NADIE TENDRÁ SALUD EN ECOSISTEMAS ENFERMOS!

Firma

Red Contra los Monocultivos de Árboles de América Latina. – RECOMA

Más información:

Conversatorio 21 de septiembre Día Internacional de Lucha Contra Los Monocultivos

En una conmemoración más por el Día Internacional de Lucha Contra Los Monocultivos les invitamos a participar en el conversatorio este 21 de septiembre a las 15 hrs hora México

Tendremos transmisión en vivo por FaceBook Live de la Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles RECOMA

Les compartimos la siguiente infográfia al respecto:

¿Quién gana cuando comemos veneno?

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el glifosato en México – A 15 de agosto de 2020

Por: Silvia Ribeiro *

El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.

Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.

Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.

Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).

Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.

No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.

El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).

Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).

También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.

Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.

* Investigadora del Grupo ETC

Imagen: Infonatural

Más información:

El juicio contra el maíz transgénico en México

Compartimos este artículo de opinión publicado en Contralínea sobre la lucha por defender las semillas nativas en México – A 18 de julio de 2020

Autor: Centro Vitoria *

Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012.

Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país.

En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos.

Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.

Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas.

Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/.

Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma su obligación y responsabilidad de proteger integralmente el centro de origen y diversificación continua del maíz, desistiendo de litigar en favor de las corporaciones y aplicando cabalmente el Principio de Precaución en defensa del bien común.

Centro Vitoria*

*Escribe Catherine Marielle, Coordinadora General de Grupo de Estudios Ambientales, GEA, AC, e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de la cual forma parte el CDHVitoria. Participaron en la revisión de este texto René Sanchez Galindo, Ana Ruiz Díaz, David Rivero Fragoso, Carlos A Ventura y Víctor Manuel Chima Ortíz

Imagen: David Manrique – Contralínea

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En Defensa del Campo y las Semillas, y en contra de la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020

Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.

Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.

La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.

Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.

Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.

Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.

¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales!
¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País

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Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

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Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur

Les compartimos este atlas publicado en Biodiversidad LA y este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre los transgénicos, sus impactos en América del sur – A 23 de mayo de 2020

Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos

>> Descargar Atlas en pdf<<

La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur (y, casi simultáneamente, del maíz transgénico) significó la imposición masiva de monocultivos en un extenso territorio, avanzando a gran velocidad, como nunca antes había ocurrido en la historia de la agricultura. Paralelamente, creció el uso del principal herbicida ligado a estos cultivos: el glifosato. Este crecimiento tuvo consecuencias dramáticas en la salud de lxs pobladorxs de las comunidades cercanas a las producciones, así como en los suelos y en la biodiversidad. En este atlas desarrollamos distintos aspectos de un modelo que implica la concentración de tierras y criminalización de campesinxs, la destrucción de ecosistemas y economías regionales, el control oligopólico del mercado por parte de un puñado de corporaciones, y el impacto del agronegocio sobre los cuerpos de las mujeres.

Abordamos también las resistencias, propuestas y alternativas que surgen de dos modelos en disputa: uno que, a partir de la agricultura industrial, intenta convertir a la agricultura y a nuestros alimentos en una mercancía. Frente a otro, que de la mano de organizaciones campesinas, de pueblos originarios y de agricultorxs familiares, busca recuperar la producción de alimentos saludables para garantizar el derecho a la alimentación, de la mano de un modelo de producción agroecológica de base campesina.

>> Descargar Atlas en pdf<<

La verdad sobre los transgénicos

Por Silvia Ribeiro*

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur , publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

* Investigadora del Grupo ETC

Imagen: Portada del Atlas

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La invasión de la palma africana en la Selva Lacandona

Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020

Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México

En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.

Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.

Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.

Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.

1.Cambios en la selva

La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.

Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.

El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.

En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.

Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

2.Campos sin vida

El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.

Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.

Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.

Lee más | México: comunidades demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.

El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.

Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

3.Realidad que contradice el discurso

Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.

Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.

El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.

Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.

Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

4.Deforestación hormiga

Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.

Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.

En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.

Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.

Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.

Plantación de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

5.Salida para pobladores

La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.

Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.

La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.

Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.

Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.

Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.

“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.

Imágenes: Moysés Zuñiga

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Agricultores mayas siguen en pie de lucha a 8 años del arribo de soya transgénica a sus territorios

Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020

Por EFE SinEmbargo

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya, denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia para plantar soya transgénica en sus territorios.

“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.

Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales, cuando no las matan directamente.

Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona

Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en sus territorios.

Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian los indígenas.

“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas, según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio de 2018 por 63 mil millones de dólares.

El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica, que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de pocos meses”.

El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que conduzca a la prohibición.

Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

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