En Defensa del Campo y las Semillas, y en contra de la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020

Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.

Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.

La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.

Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.

Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.

Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.

¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales!
¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País

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Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

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Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur

Les compartimos este atlas publicado en Biodiversidad LA y este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre los transgénicos, sus impactos en América del sur – A 23 de mayo de 2020

Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos

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La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur (y, casi simultáneamente, del maíz transgénico) significó la imposición masiva de monocultivos en un extenso territorio, avanzando a gran velocidad, como nunca antes había ocurrido en la historia de la agricultura. Paralelamente, creció el uso del principal herbicida ligado a estos cultivos: el glifosato. Este crecimiento tuvo consecuencias dramáticas en la salud de lxs pobladorxs de las comunidades cercanas a las producciones, así como en los suelos y en la biodiversidad. En este atlas desarrollamos distintos aspectos de un modelo que implica la concentración de tierras y criminalización de campesinxs, la destrucción de ecosistemas y economías regionales, el control oligopólico del mercado por parte de un puñado de corporaciones, y el impacto del agronegocio sobre los cuerpos de las mujeres.

Abordamos también las resistencias, propuestas y alternativas que surgen de dos modelos en disputa: uno que, a partir de la agricultura industrial, intenta convertir a la agricultura y a nuestros alimentos en una mercancía. Frente a otro, que de la mano de organizaciones campesinas, de pueblos originarios y de agricultorxs familiares, busca recuperar la producción de alimentos saludables para garantizar el derecho a la alimentación, de la mano de un modelo de producción agroecológica de base campesina.

>> Descargar Atlas en pdf<<

La verdad sobre los transgénicos

Por Silvia Ribeiro*

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur , publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

* Investigadora del Grupo ETC

Imagen: Portada del Atlas

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La invasión de la palma africana en la Selva Lacandona

Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020

Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México

En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.

Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.

Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.

Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.

1.Cambios en la selva

La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.

Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.

El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.

En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.

Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

2.Campos sin vida

El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.

Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.

Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.

Lee más | México: comunidades demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.

El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.

Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

3.Realidad que contradice el discurso

Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.

Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.

Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.

El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.

Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.

Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

4.Deforestación hormiga

Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.

Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.

En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.

Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.

Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.

Plantación de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala, Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

5.Salida para pobladores

La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.

Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.

La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.

Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.

Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.

Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.

Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.

“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.

Imágenes: Moysés Zuñiga

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Agricultores mayas siguen en pie de lucha a 8 años del arribo de soya transgénica a sus territorios

Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020

Por EFE SinEmbargo

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya, denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia para plantar soya transgénica en sus territorios.

“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.

Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.

El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales, cuando no las matan directamente.

Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona

Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en sus territorios.

Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian los indígenas.

“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas, según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio de 2018 por 63 mil millones de dólares.

El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica, que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de pocos meses”.

El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que conduzca a la prohibición.

Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

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[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

Más información:

21 de setiembre – Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

Compartimos este comunicado del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y RECOMA – A 21 de septiembre de 2019

Estimad@s compañer@s de lucha,

Una amenaza se extiende por nuestros territorios. Bajo el nombre falso de “reforestación”, que suena bastante agradable, inmensas plantaciones de árboles exóticos, e incluso transgénicos, han sido implementadas en Brasil por empresas transnacionales. Verdaderos “desiertos verdes” que conducen a la extinción de innumerables especies de nuestra fauna y flora y cambian el aspecto de nuestros increíbles paisajes naturales y culturales, con evidentes repercusiones sociales y ambientales, amenazando las formas de vida tradicionales de pueblos y comunidades.

Al ser el primer país de América Latina en liberar el cultivo comercial de un árbol transgénico (una especie de eucalipto) y con un ambiente político favorable, Brasil se ha convertido en una referencia para las empresas transnacionales para llevar a cabo sus proyectos. Precisamente por esta razón, el Congreso Mundial de la IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal) se llevará a cabo en tierras brasileñas, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en Curitiba, Paraná. Rechazamos este evento corporativista, donde se discutirán falsas soluciones y nuevas formas de aumentar las ganancias corporativas a expensas de los bienes comunes.

Con este fin se lanzará una carta pública contra el monocultivo de árboles el día 21 de septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Lo invitamos a firmar esta carta con nosotros para fortalecer nuestra lucha y resistencia. Que juntos gritemos: ¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUE!

21 de setiembre de 2019 Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

Carta pública de organizaciones brasileñas al Congreso Mundial de la IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal) que se realizará entre los días 29 de setiembre y 5 de octubre en Curitiba, Brasil

En Brasil, país que tiene varios biomas, en cada uno de los cuales existen bosques con amplia diversidad de plantas, animales y comunidades humanas, un grupo restringido de empresas e investigadores, con apoyo del gobierno, insiste en la implantación de monocultivos de árboles exóticos para la exportación de celulosa y madera, denominando “reforestación” a esta práctica. Eso no es real, pues los bosques implican ecosistemas diversos e interdependientes, combinando las funciones realizadas por distintos tipos de animales, vegetales y hongos articulados por una multiplicidad de factores bióticos y abióticos. Los bosques son responsables, entre otras cosas, de la producción y reproducción de los ciclos hídricos en todas las regiones, y tienen un papel crucial en las áreas tropicales, donde los suelos necesitan de una amplia cobertura vegetal para almacenar el agua y preservar las nacientes. Grandes superficies cubiertas por una única especie vegetal no son bosques sino monocultivos que incentivan la sequía y constituyen “desiertos verdes” tanto en el sentido ambiental como en lo social y cultural.

En ese sentido, los monocultivos de árboles representan un modelo nefasto para las comunidades y sus territorios. En Brasil, su avance ha destruido tejidos sociales y expulsado del campo a poblaciones campesinas, indígenas, pueblos y comunidades tradicionales como quilombolas y geraizeiros entre otras. Invadiendo tierras, desestructurando importantes sistemas productivos locales y destruyendo la producción de alimentos, comprometiendo la seguridad alimentaria y la base económica de aquellos territorios, el modelo no sólo esteriliza los suelos sino que también, y principalmente, está eliminando aspectos fundamentales de la memoria y la cultura nacionales, que de ellos dependen. Se trata de la destrucción de actividades productivas y hábitos sociales amistosos con el medio ambiente y adaptados históricamente, en procesos coevolutivos, sin ninguna compensación real. No se generan empleos, las fuentes de agua se agotan, el uso de agrotóxicos propaga enfermedades, provocando abortos y malformaciones fetales que se expanden socializando la crisis y el miedo. En cada región la historia se repite, afectando especialmente a mujeres, niños y personas mayores.

En el caso del eucalipto los impactos se dan de forma acelerada, pues los clones actuales crecen tan rápido que en determinados lugares las empresas cortan los árboles a los tres años de edad. Los recursos públicos canalizados para investigaciones que viabilizan esos resultados privativos de las empresas dejan en evidencia la injusticia de un sistema que amenaza en forma concreta los derechos humanos fundamentales de poblaciones enteras.

Brasil fue el primer país de América Latina que autorizó la plantación comercial de un eucalipto transgénico. La aprobación fue obtenida en 2015 por Suzano, hoy la mayor empresa de plantaciones de eucalipto y uno de los mayores latifundistas del país. Aquel eucalipto transgénico pasó por una modificación genética que resultó en ganancia de productividad industrial, reduciendo el ciclo de corte en 20%. Esa aprobación ocurrió para atender los intereses del capital, ignorando las faltas de certeza sobre los impactos ambientales y socioeconómicos de esa tecnología. La introducción de los árboles transgénicos puede significar un gran impulso para otro ciclo de expansión de los monocultivos de árboles por el país y, por lo tanto, generar más y mayores daños.

El eualipto transgénico contiene un gen marcador que le confiere tolerancia a antibióticos, el gen npt II, que puede hacerse presente en la miel y en otros productos apícolas. Se desconocen sus impactos sobre la salud y, debido a ello, generará un impacto económico sobre cientos de millones de apicultores, que perderán el acceso a los mercados internacionales de productos orgánicos. En este momento se están evaluando otros árboles transgénicos en Brasil (eucaliptos y cítricos) con el apoyo de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

Para atender a nuestra población, el gobierno debería promover la diversificación de plantíos, en pequeña escala, para múltiples fines y bajo el control de las comunidades locales. Debería estimular la adopción de modelos de base agroecológica en lugar de beneficiar transnacionales que se apropian de incentivos financieros y fiscales mientras destruyen las posibilidades de vida de nuestros pueblos y comunidades. Es importante enfatizar que hoy enfrentamos una situación particularmente nefasta e inédita en la cual el presidente de la república se declara enemigo del ambiente natural y estimula la destrucción de la selva amazónica, la mata atlántica, el cerrado, la caatinga, el pantanal, la pampa y la zona costero-marina, amenazando incluso a todos los brasileños que se manifiestan en defensa de la socio-eco-biodiversidad hasta ahora preservada. Todos los biomas están altamente amenazados por las políticas de este gobierno, que incentiva el agronegocio, la minería y el desprecio de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades quilombolas, entre otras. El gobierno está desarmando la fiscalización y las legislaciones ambientales y laborales, excluyendo a la sociedad civil de decisiones sobre estas políticas e incentivando invasiones de los territorios indígenas, campesinos, quilombolas y de otras comunidades tradicionales. Además está facilitando el porte de armas de fuego, al mismo tiempo que difunde el odio contra los movimientos sociales y ambientalistas, aumentando los niveles de violencia en el campo y las ciudades.

Todo esto beneficia a las grandes empresas que lucran con los monocultivos de árboles. El gobierno de Bolsonaro pone en evidencia su complicidad con dichas empresas al anunciar, en junio de este año, que el Ministerio de Agricultura pretende apoyar la expansión del área ocupada con monocultivos de árboles en más de dos millones de hectáreas hasta 2030. Repite, como marketing, el falso argumento de que esas plantaciones ayudarían a reducir la presión sobre los bosques, que siguen siendo devastados para la plantación de pasto y monocultivos. De hecho, la expansión de esas mismas plantaciones es una de las principales causas de destrucción de áreas conservadas en todos los biomas de Brasil. La forma en que el gobierno brasileño está lidiando con esa tragedia llevó a un grupo de abogados ambientales y de derechos humanos a denunciar al presidente Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes ambientales y contra la humanidad.

Sin embargo, cuando en Brasil surgieron las primeras plantaciones nació también la resistencia. Desde entonces ha crecido la indignación de mujeres y hombres ante la verdadera situación de pobreza promovida por las plantaciones: pobreza ambiental, social, económica y espiritual. Mientras se expandían los monocultivos de árboles, muchas personas se unieron en la lucha contra ellos, en el campo, en las ciudades, en las universidades. Se creó el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, donde el pueblo reafirma que quiere vivir en libertad y con dignidad en sus tierras y no morir de hambre, acorralado por las plantaciones. Conscientes de que somos portadores de derechos y queremos vivir con dignidad, con acceso a alimentación de calidad y sin venenos, reafirmamos: ¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!

A pesar de estos tiempos adversos, continuamos firmes en la lucha contra el desierto verde y todos los monocultivos que hacen del Brasil un “paraíso” para las empresas de agrotóxicos, a costa de tragedias para las trabajadoras y los trabajadores del campo. Rechazamos los ecocidios y defendemos los derechos de las comunidades, con sus identidades, sus culturas, sus modos de vida, en sus territorios tradicionales y respetando las generaciones por venir. Nos solidarizamos con las comunidades en lucha, que resisten el avance de las plantaciones, que promueven retomadas y ocupaciones de territorios arruinados por los monocultivos de árboles. Repudiamos toda forma de persecución, criminalización, asedio, cooptación, truculencia y violencia, prácticas estimuladas y aplicadas por parte de empresas, gobierno y órganos represivos. Resaltamos que las luchas son justas y necesarias, porque la tierra debe cumplir su función social. El pueblo precisa de la tierra para vivir bien, y es inaceptable que los intereses de unas pocas empresas, algunos fondos de inversiones nacionales e internacionales y otros actores prevalezcan sobre los derechos humanos, la historia y la cultura de nuestro pueblo, en nuestra tierra, sólo para poder seguir lucrando. Exigimos una mayor actuación de los organismos competentes, como el Ministerio Público y la Policía Federal, en apoyo de los pueblos y poblaciones locales así como de todas las entidades y organizaciones que actúan en defensa de sus derechos.

Rechazamos el discurso según el cual necesitamos más monocultivos de árboles, falsamente llamados “reforestación”, para resolver el grave problema del calentamiento global. Según ese falso argumento, los monocultivos de árboles absorberían de la atmósfera el CO2 que causa el calentamiento global. En verdad el combate al calentamiento exige la suspensión de la quema de derivados del petróleo, carbón mineral y gas natural, además de la protección de los bosques y coberturas vegetales características de cada bioma, respetando también los derechos de las poblaciones que han conservado esos ambientes durante generaciones, mediante relaciones de interdependencia. No aceptamos falsas soluciones como las plantaciones de carbono, que además de ampliar la crisis del clima tendrán impactos nefastos sobre las poblaciones que habitan los territorios codiciados por esas plantaciones.

Congreso de la IUFRO

Es en ese contexto que se realizará en Brasil el XXV Congreso Mundial de la IUFRO (sigla inglesa que significa “Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal”). El evento tendrá lugar entre los días 29 de setiembre y 5 de octubre de 2019 en Curitiba (estado de Paraná) y reunirá a empresas, científicos, organismos gubernamentales y profesionales del sector forestal. El lema de este año es “investigación forestal y cooperación para el desarrollo sustentable”. No obstante, la “investigación forestal” que la IUFRO está promoviendo se centra en incentivar las plantaciones industriales de árboles, promover los árboles transgénicos y publicitar falsas soluciones para la crisis climática, como el “almacenamiento de carbono” en monocultivos de árboles que serán cortados a los pocos años de vida, con lo que el carbono será emitido nuevamente, volviendo a la atmósfera.

Vale resaltar que para la FAO, organización de Naciones Unidas que se incluye entre los patrocinadores de la IUFRO, los monocultivos de eucalipto son bosques! La FAO ha promovido una definición internacional de bosque que tan sólo atiende los intereses de las empresas madereras y las industrias de plantaciones de árboles. Cuando la FAO llama bosque a un conjunto de árboles de una única especie está despreciando la biodiversidad y los sistemas ecológicos a ella asociados, dando margen para que los monocultivos en gran escala y hasta los transgénicos sean considerados “bosques” y contemplados por incentivos relacionados con la mitigación del efecto invernadero. Con eso, al ignorar todas las relaciones entre plantas y demás seres vivos, incluso humanos, que componen un bosque, la FAO contribuye a su invisibilidad y destrucción, lo que es todavía más grave si consideramos la misión para la cual la FAO fue creada: eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional del mundo, dos de los impactos más graves que ocurren allí donde se instalan y expanden los monocultivos de árboles.

Otro patrocinador de este congreso en Curitiba es el FSC, sigla inglesa del “Consejo de Manejo Forestal”. Fundado en 1993 como respuesta a las preocupaciones sobre la deforestación global, el FSC es un foro que define lo que sería un “buen” manejo forestal. Inicialmente se presentó para certificar el manejo industrial del corte de madera en bosques. Después incorporó la certificación de plantaciones empresariales de árboles, con una jerga según la cual estas plantaciones serían ambientalmente adecuadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables, capaces de promover cambios positivos para las comunidades locales. Actualmente es el principal sello verde para las plantaciones de monocultivos de árboles. El FSC promueve un maquillaje verde muy útil para las empresas de monocultivo de árboles. Con ese sello las empresas se presentan como ambiental y socialmente responsables, engañando a los consumidores. Este maquillaje oculta el hecho de que los monocultivos en gran escala de eucalipto, certificados o no, que sustituyen la vegetación nativa por plantaciones están en la raíz de los impactos que destruyen comunidades y territorios y por consiguiente la vida de la biodiversidad planetaria.

Finalmente, queremos expresar nuestro REPUDIO a la propaganda que ese primer Congreso Mundial de la IUFRO en Brasil está llevando a cabo sobre los monocultivos de árboles en gran escala. Rechazamos las excursiones para visitar plantaciones y una serie de sesiones técnicas “de marketing” que, incluidas en la programación, servirán para mistificar los falsos beneficios y maquillar los daños derivados del modelo “forestal” brasileño.

Nuestro REPUDIO también a ese evento cuyo organizador es el actual gobierno federal de Brasil, que opera como aliado de las empresas y verdugo de los bosques, de las áreas conservadas y de todas las comunidades que viven en esos territorios y que de ellos dependen.

Denunciamos también que los incendios, que han horrorizado al planeta y ocultan la muerte de comunidades, la extinción de especies y la destrucción de culturas, son un paso más para el avance del capital sobre el bosque, en especial de los monocultivos de soja y maíz, y también de eucalipto, antecediendo la desertificación de la Amazonia Legal.

¡Las plantaciones NO son bosques! ¡Diga NO al Desierto Verde!

Imagen: WRM

Más información:

¡ALTO A LA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONíA!

Discursos “verdes” y deforestación

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

[Vídeo] El horror del Glifosato

Dentro de las acciones de la Jornada por el Día del Maíz compartimos este vídeo y el siguiente artículo publicado en El País que hablan sobre el Glifosato – A 4 de septiembre 2019

Niños orinan herbicida glifosato en Autlán, Jalisco

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Un día los niños de una escuela reportan dolores de cabeza y de estómago; al día siguiente alguien más vomita durante el almuerzo. Exámenes de orina demuestran que el 100% de los niños han estado en contacto con el glifosato, un poderoso herbicida que requiere portar equipo especial a la hora de aplicarlo, pero que en Autlán, Jalisco, se aplica en parcelas a lado de una escuela. #Glifosato #Herbicida #Jalisco

Plumas Atómicas es un colectivo de periodistas que lanza contenidos, tanto audiovisuales como escritos, capaces de incidir en el la agenda y la discusión pública. Desde el margen buscamos incidir en el centro de la discusión. Somos armas de discusión masiva. Nuevos videos de lunes a jueves a las 6 pm y sábados a las 10 am hora de México.

Alemania prohibirá el glifosato en 2023 para proteger a los insectos

Ana Carbajosa Berlín 4 SEP 2019 

31 de diciembre de 2023. Esa es la fecha a partir de la cual el gifosato estará prohibido en Alemania, según los planes del Gobierno presentados el miércoles. El polémico pesticida tiene también fecha de caducidad prevista en la Unión Europea, donde hasta el momento solo cuenta con autorización hasta finales de 2022.

El pasado julio, Austria se convirtió en el primer país en prohibir el popular herbicida que, según sus detractores tiene consecuencias nocivas para la salud y según Bayer, su fabricante, no hay suficientes evidencias científicas que lo corroboren. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el IARC la Salud, clasificó el glifosato como “posiblemente cancerígeno para humanos”.

La prohibición del glifosato se enmarca en Alemania en una campaña del Ministerio de Medio Ambiente de lucha contra la extinción de los insectos. La biodiversidad y la protección de los insectos, sobre todo de las abejas se ha convertido en una fuerte preocupación para muchos alemanes.

El uso de pesticidas como una de las principales causas de mortandad de los insectos, es uno de los aspectos que desarrolla el paquete de medidas del Gobierno alemán. El objetivo es “reducir sistemáticamente” a partir de 2020 el uso de productos que contengan glifosato en parques y jardines privados y en los campos antes de las cosechas y “eliminar totalmente” su uso un año más tarde. El Ministerio de Medio ambiente indica que los herbicidas de amplio espectro como el glifosato eliminan no solo las llamadas malas hierbas, sino también plantas de las que dependen especies de insectos para su alimentación.

Protección de insectos

El Gobierno alemán destinará 100 millones al año para la promoción de medidas de protección para los insectos dentro y fuera del territorio agrícola así como para investigación. Muchos municipios de Alemania ya trabajan en la creación de áreas sembradas de flores que permitan por ejemplo la conectividad de los insectos polinizadores.

La empresa Monsanto comercializó inicialmente el polémico herbicida bajo el nombre de Roundup, convertido en la bestia negra de los grupos ecologistas. Bayer compró Monsanto el año pasado y se enfrenta a demandas millonarias por supuestos efectos en la salud humana. El uso de este herbicida, uno de los más extendidos en todo el mundo, lo comercializan ahora también otras empresas agroquímicas.

Desde Bayer, criticaron la decisión, por considerar que no responde a la evidencia científica. “No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno alemán de prohibir el glifosato a finales de 2023. Esta decisión ignora décadas de evaluaciones científicas de agencias reguladoras independientes […] el glifosato es seguro cuando se emplea correctamente”, indicó Liam Condon, presidente del departamento de cultivos de Bayer en un comunicado. La empresa asegura que las ventas de glifosato en Europa representan menos del 10% de las ventas del compuesto químico en todo el mundo. Bayer confía en que la Unión Europea renueve a partir de 2022 la licencia para su herbicida.

Más información:

[Artículo] Piña y crisis climática

Compartimos este comunicado de COECOCEIBA (Amigos de la TierrA Costa Rica) y FECON – Agosto 2019

Pre-COP del clima y moratoria a la expansión piñera

Deforestación de piñeras han producido al menos 1.224.520 toneladas de CO2;

Moratoria a la expansión piñera debe incluirse en el Plan Nacional de Descarbonización.


(13 de agosto, 2019) La Organización de las Naciones Unidas ha señalado a la agroindustria como responsable de agravar la Crisis Climática, esto sobretodo debido a los impactos producto del cambio en el uso del suelo, es decir, la deforestación (1).

Mientras tanto en Costa Rica sigue impune el delito ambiental producto de la actividad piñera. Industria que ha degradado más de 5.568 hectáreas de cobertura forestal, incrementando en 1,2 Giga Toneladas de CO2 las Contribuciones Nacionales de Gases de Efecto Invernadero de Costa Ria (2). Es por esto que el movimiento ecologista considera necesario incluir la moratoria a la expansión piñera en el Plan Nacional de Descarbonización.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) ha publicado un último informe titulado “El cambio climático y la tierra: reporte especial sobre el clima, desertificación, degradación de la tierra, manejo sustentable, seguridad alimentaria, y flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres”.

Costa Rica será sede de la pre-conferencia sobre cambio climático (Pre-COP) del 8 al 10 de octubre (3), pero los grupos ecologista nacionales señalan que hace falta mayor discusión y participación de los sectores en la definición de políticas costarricenses sobre el cambio climático.

Según Alejandra Porras integrante de CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica: “ a la luz de este nuevo informe del IPCC es importante incluir a la soberanía alimentaria y la moratoria a la expansión piñera en la discusión nacional ante la Pre-COP del clima y en el Plan Nacional de Descarbonización.

Para Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la producción piñera (FRENASAPP): “la expansión piñera debe de ser parte de la discusión climática debido a que estas empresas contaminan y generan serios impactos ambientales”

Piña y crisis climática:

Un calculo realizado por la FECON revela un aporte importante en las emisiones responsables del calentamiento global. El Factor de Emisiones por Deforestación para los bosques de Costa Rica (4) aplicado con la cantidad de cobertura forestal que las empresas piñeras han talado entre el año 2000 al 2015, revela una parte de la contribución de las empresas piñeras en materia de Gases de Efecto Invernadero exclusivos de la deforestación de esta actividad.

Según los datos del Centro Nacional de Alta Tecnología del CONARE y su proyecto de Monitoreo del Cambio de Uso en Paisajes Productivos(MOCUPP) (5) las empresas piñeras han deforestado del año lo equivalente a 5.568 hectáreas de cobertura forestal.

Por su lado el IPCC señala que convertir una hectárea de bosque en Costa Rica en monocultivo genera unos 220 toneladas de dioxido de carbono (5). Esto daría un acumulado de 1.224.520 toneladas de CO2 liberadas al ambiente sólo por la deforestación de esta industria. Este es un calculo conservador porque habrá que sumarle el uso de agroquímicos (provenientes del petroleo), las quemas de los rastrojos, el transporte, embalaje y maquinaria.

Además, según el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), las empresas agroexportadoras de piña están cultivando incluso dentro de Áreas Silvestres Protegidas, en donde siembran 1.500 hectáreas de este monocultivo al margen de regulaciones.

También gracias al SNIT se puede comprobar que la expansión piñera continua. Solo entre el año 2017 y 2018 los cultivos de esta fruta se expandieron en 9.000 hectáreas más, un 15% del área total sembrada en el país. Alcanzando la cifra récord de 67.000 hectáreas de cultivo de piña (6).

Lo cual demuestra que la expansión piñera es una realidad y está poniendo en riesgo no solo a la poblaciones locales impactadas por los agrotóxicos sino también acelerando la crisis climática que sufrimos globalmente.

Para Henry Picado, presidente de FECON: “La meta de descarbonización planteada por el gobierno de Carlos Alvarado es imposible de cumplir mientras se siga encubriendo los crímenes ambientales del sector piñero”

El cambio climático y la tierra:

Según el comunicado oficial del IPCC emitido el pasado jueves: “La tierra desempeña una función importante en el sistema climático. El uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23 % de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, los procesos naturales de la tierra absorben una cantidad de dióxido de carbono equivalente a prácticamente una tercera parte de las emisiones de dióxido de carbono causadas por la quema de combustibles fósiles y la industria”, dijo Jim Skea, copresidente del Grupo de Trabajo III del IPCC. (7)

Esta situación se agudizar si tomamos en cuenta que otros expertos sobre el clima señalan un sub-registro importante o incluso ocultamiento de datos por parte del sector agroindustrial sobre sus emisiones reales. Organizaciones dedicadas a la investigación han encontrado que entre el 44% y el 57% de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero proviene del sistema industrial de alimentación (8).

GRAIN señala que estas empresas son responsables del los GEI producto de la Deforestación, el uso e agrotóxicos, el transporte, procesamiento y empacado, refrigeración y desperdicio (antes de legar al mercado). Juntos todos estos aspectos hacen que el sistema de producción de alimentos sea responsable de la mitad de las GEI en del planeta. Sumando a esto anterior mente Naciones Unidas también han señalado que la agricultura a gran escala es el responsable del 70% del consumo global del agua (9).

CONTACTOS: Alejandra Porras, CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica: Teléfono 8358 2930 Henry Picado, FECON. Teléfono 87609800

Imagen: CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Mas información: 

1. El cambio climático y la tierra: reporte especial sobre el clima, desertificación, degradación de la tierra, manejo sustentable, seguridad alimentaria, y flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres https://www.ipcc.ch/report/srccl/

2. Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque https://semanariouniversidad.com/pais/expansion-pinera-se-comio-5-568-hectareas-bosque/

3.PreCOP25 se celebrará del 8 al 10 de octubre en Costa Rica https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/06/precop25-se-celebrara-del-8-al-10-de-octubre-en-costa-rica/

4. Detalle del factor de emisiones de IPCC para Costa Rica de bosques convertidos en plantaciones. Se estima que convertir una hectárea de bosque en monocultivo genera unos 220 Ton dm. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/ef_detail.php

5. http://www.mocupp.org

6. Nuevas imágenes satelitales comprueban que piña se expande de forma descontrolada https://feconcr.com/agronegocios/nuevas-imagenes-satelitales-comprueban-que-pina-se-expande-de-forma-descontrolada/

7. La tierra es un recurso decisivo, según un informe del IPCCSe encuentra sujeta a la presión del ser humano y del cambio climático, pero es parte de la solución https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_es.pdf

8. La soberanía alimentaria: 5 pasos para enfriar el planeta y alimentar a su gente https://www.grain.org/es/article/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente

9. Día Mundial del Agua: La agricultura utiliza hoy el 70 % de toda el agua utilizada a nivel mundial, señala la FAO https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/12/13323695743570/cp01-dia_mundial_del_agua_2.pdf

Atlas de la Agroindustria 2019

Compartimos la publicación de la Fundación Heinrich Böll Ciudad de México, México y El Caribe y la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina Regional para México, Centroamérica y El Caribe:

EL ATLAS DE LA AGROINDUSTRIA 2019 

Datos y hechos sobre la industria agrícola y de alimentos

EL ATLAS DE TRANSNACIONALES 2019 es un proyecto de la Fundación Heinrich Böll Ciudad de México, México y El Caribe y la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina Regional para México, Centroamérica y El CaribeEl. Atlas de la Agroindustria 2019 es la versión mexicana de la edición alemana Konzernatlas e inglesa Agrifood Atlas publicadas en 2017 por la sede de la Fundación Heinrich Böll y de la Fundación Rosa Luxemburgo,en asociación con Oxfam Alemania, Germanwatch, Le Monde Diplomatique y Amigos de la Tierra Europa. 

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Prologo 

Campos, animales y praderas: las imágenes en los empaques de los alimentos nos hacen pensar en una agricultura campesina, en un oficio tradicio-nal y en una naturaleza intacta. Muchas personas saben que, con frecuencia, estas imágenes no tienen absoluta-mente nada que ver con la agricultura actual y con la pro-ducción industrial de alimentos; y sin embargo, nuestros alimentos están vinculados de manera casi inseparable con estas imágenes en un plano emocional, y no con la realidad y la práctica de las transnacionales que operan en todo el mundo.

La industria alimentaria promueve la imagen tradicio-nal de la agricultura porque hace sentir bien a las y los clientes, porque les tranquiliza. Muchos no saben que gran parte del sector alimentario se reparte entre pocas transnacionales. Y la tendencia hacia la concentración del poder sigue en aumento. En los países del Sur está crecien-do la clase media, lo que está provocando un cambio en las costumbres de alimentación y de consumo. Eso parece asegurar la demanda por los alimentos procesados en todo el mundo. Hacerse de un pedazo lo más grande posible de este pastel ya no sólo es la meta declarada de las transna-cionales del sector agrario, químico y de alimentos, sino también de los bancos, compañías aseguradoras y del ramo de la tecnología de la información.

Las compras, como la de Monsanto por parte de Bayer, o el reparto de los mercados de Kaiser’s/Tengelmann entre Rewe y Edeka son sólo la punta del iceberg. En todas las etapas de la cadena de suministro, desde el campo hasta el mostrador de la tienda, se están llevando a cabo procesos de concentración con un dinamismo enorme. Y se está mostrando que son los actores más grandes los que crecen a mayor velocidad e imponen sus intereses y sus reglas. 

La pregunta –de relevancia social– “¿Cuándo lo grande resulta demasiado grande?” no es fácil de responder. La puesta en práctica de valores sociales y ecológicos como los derechos humanos, laborales, climáticos y del medio ambiente no depende necesariamente del tamaño de una empresa. Pero en muchos ámbitos del sector agrícola y de la alimentación algunos actores determinados gozan, gra-cias a su poder en el mercado, de gran poder de configura-ción e influencia política. La línea del conflicto transcurre casi siempre a lo largo de las desiguales relaciones de poder: entre las transnacionales de los sectores agrario, alimentario y comercial por un lado, y, por otro, los campe-sinos y campesinas y los obreros y obreras. La brecha entre sus respectivas participaciones en los ingresos por las ven-tas se abre cada vez más y la desigualdad global aumenta.

Las transnacionales agrarias, alimentarias y comerciales impulsan la industrialización a lo largo de toda la cadena de valor, desde el campo hasta el mostrador de la tienda. Con sus políticas de compra y de venta fomentan una agricultura para la cual el elemento central lo constituye el aumento de la productividad, y en la cual la lucha por obtener participaciones en el mercado suele desfavorecer a los miembros más débiles en la cadena de suministro: los campesinos y campesinas y los obreros y obreras. Pero la presión sobre los precios por parte de las cadenas de super-mercados y de las transnacionales alimentarias no sólo es una de las causas principales de las malas condiciones la-borales y de la pobreza, sino también del avance de la agri-cultura industrial, que se relaciona con graves problemas climáticos y del medio ambiente. Así, la pérdida de suelos fértiles y de la biodiversidad, la eutrofización (fertilización excesiva) de los océanos o la emisión de gases dañinos para el clima es, en gran parte, responsabilidad de la agricultura industrial. A pesar de esto no se prevé una reorientación socioecológica, más allá de algunos progresos puntuales. Por el contrario: una y otra vez se torpedean posibles reglas vinculantes para las empresas, que las obliguen a respetar los derechos humanos y laborales. Hay muchas razones para ello. Una de las más importantes son las estructuras de poder que describimos en el presente Atlas. Sólo si comprendemos los modelos de negocio y las estrategias de crecimiento de las transnacionales podremos intervenir a favor de los cambios políticos necesarios.

Las y los ciudadanos deben poder contribuir a las decisio-nes sobre la política alimentaria. Pero estamos viendo que en todo el mundo se reducen los espacios de acción demo-crática. En muchos países en los que están activas nuestras organizaciones la sociedad civil es censurada, intimidada y desalentada cada vez más intensamente. De esta manera, justamente en el sector agrario y de la alimentación, se enfrentan dos procesos que no podrían ser más difíciles: por un lado, cada vez menos transnacionales asumen una participación cada vez mayor en el mercado y, por tanto, también un mayor poder de configuración en muchas regiones del mundo; por otro, las oportunidades de la sociedad civil y de los movimientos sociales de oponerse a estos desarrollos son cada vez más limitadas.

Las megafusiones anunciadas en el sector de las semillas y de la agroquímica –Bayer/Monsanto, Dow/DuPont, Syngen-ta/ChemChina– son una llamada de alerta. Los políticos y políticas así como las autoridades de competencia deben analizar las consecuencias socialmente relevantes que ten-drán estas fusiones en mercados que, de por sí, ya están altamente concentrados. Deben impulsar una reforma del derecho de la competencia que evite una mayor concen-tración a lo largo de toda la cadena de suministro. Por desgracia, el debate por la renovación del permiso para el uso del glifosato demostró cuán estrechamente vinculados pueden estar la política y sus instituciones con los intereses de la economía.

Cada vez más personas se organizan y compran de tal manera que pueda volver a existir la diversidad a lo largo de la cadena de valor. Pero esto no basta para acabar con el hambre y la pobreza y para proteger al medio ambien-te en todo el mundo. El hecho de que la política se haya retirado de la economía es una causa clara de los colosales daños actuales al clima y al medio ambiente, así como de la injustica global. Por eso ha llegado el momento para una regulación socioecológica y política de la economía agraria y alimentaria. Con este Atlas queremos detonar un amplio debate social al respecto. 

  • Barbara Unmüßig, Fundación Heinrich Böll
  • Dagmar Enkelmann, Fundación Rosa Luxemburg
  • Hubert Weiger, Amigos de la Tierra Alemania (BUND)
  • Marion Lieser, Oxfam Alemania
  • Klaus Milke, Germanwatch
  • Barbara Bauer, Le Monde diplomatique, edición alemana

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RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial

Declaración de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) firmado por organizaciones no gubernamentales internacionales – A 12 de noviembre 2018

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Contactos:

Friends of the Earth International
Contact Person: Isaac Rojas (isaac@coecoceiba.org // isaac@foei.org), Phone: +50683383204

World Rainforest Movement
Contact Person: Elizabeth Díaz (lizzie@wrm.org.uy) Phone: +598 9272 5656

Durante sus 14 años de existencia, la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible) no ha cumplido su promesa de “transformar” el sector de producción industrial de aceite de palma para que sea “sostenible”. En realidad, la RSPO ha sido utilizada por la industria del aceite de palma para maquillar de verde la destrucción y las violaciones de los derechos humanos que han
cometido las empresas del sector palmícola. No solo eso sino que la industria utiliza a la RSPO para la expansión de sus negocios y ganancias así como para la destrucción de los bosques.

La RSPO se presenta públicamente con la consigna de “transformar el mercado para que el aceite de palma sostenible sea la norma”. El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más barato disponible en el mercado mundial, por lo que resulta una fuerte opción entre el grupo que domina la membresía de la RSPO -los grandes compradores de aceite de palma. Ellos harán lo que sea para asegurar un flujo constante de aceite de palma barato. También saben que la clave del éxito para que una empresa palmícola produzca aceite de palma “barato” es un modelo específico de producción industrial con cada vez mayor eficiencia y productividad, lo que se logra:

(1) plantando a gran escala y en régimen de monocultivo, frecuentemente a través de la conversión de bosques tropicales biodiversos;

(2) usando plántulas de “alto rendimiento” que demandan grandes cantidades de agrotóxicos y agua en abundancia;

(3) exprimiendo al máximo la mano de obra barata de la mínima fuerza laboral posible, empleada en condiciones precarias para que los costos de la empresa se reduzcan al mínimo;

(4) beneficiándose de las importantes sumas de dinero inicial obtenidas de la madera tropical talada para dar lugar a las plantaciones, que luego utilizan para financiar el establecimiento de dichas plantaciones;

(5) acaparando a la fuerza la tierra que era de las comunidades locales o mediante otros acuerdos con los gobiernos (en especial favorables regímenes fiscales) para acceder a la tierra al menor costo posible.

Quienes viven en las tierras fértiles donde las empresas deciden aplicar este modelo de producción de aceite de palma industrial, pagan un precio muy alto. La violencia resulta intrínseca a este modelo:

– violencia y represión cuando las comunidades se resisten a que las empresas se apoderen de sus tierras, porque saben que una vez que sus tierras se conviertan en monocultivos de plantaciones de palma aceitera, sus medios de vida serán destruidos y sus tierras y bosques serán invadidos. En innumerables casos la deforestación causada por la expansión de esta industria ha desplazado comunidades o destruido los medios de vida de las comunidades donde las empresas violan los derechos consuetudinarios y toman el control de las tierras comunitarias;

– violencia sexual y hostigamiento contra las mujeres en las plantaciones y en las zonas aledañas, que a menudo permanece invisibilizada porque las mujeres no tienen la posibilidad de exigir que los perpetradores sean procesados;

– trabajo infantil y condiciones de trabajo precarias, que van de la mano con la violación de los derechos de los trabajadores. Las condiciones de trabajo pueden llegar a ser tan malas que equivalen a formas contemporáneas de esclavitud. Este modelo de trabajo expoliador les permite a las empresas no solamente obtener mayores ganancias económicas sino que el aceite de palma siga siendo un producto barato, y es por eso que ni ellas ni sus accionistas hacen nada para ponerle fin.

– exposición de trabajadores, comunidades enteras y bosques, ríos, fuentes de agua, tierras agrícolas y suelos a la aplicación excesiva de agrotóxicos;

– las comunidades rodeadas por plantaciones industriales de palma aceitera pierden su soberanía alimentaria cuando esas plantaciones ocupan las tierras en las que las comunidades cultivan sus alimentos.

La proclamada visión de la RSPO de transformar el sector industrial de la palma aceitera está condenada al fracaso porque los principios de certificación de la Mesa Redonda promueven este modelo estructural violento y destructivo. La RSPO tampoco aborda la forma en que la industria depende del control exclusivo de grandes superficies de tierras fértiles, así como el paradigma de crecimiento de la industria que exige una expansión continua del control empresarial sobre las tierras comunitarias y el acaparamiento violento de tierras. Ninguno de los ocho principios de certificación de la RSPO sugiere transformar la manera en que la industria depende del control exclusivo sobre vastas superficies de tierra o el paradigma de crecimiento inherente al modelo.

El uso industrial de aceites vegetales se ha duplicado en los últimos 15 años, y el aceite de palma es el más barato. Este aumento masivo del uso del aceite de palma explica en parte la actual expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera desde el año 2000 en adelante, especialmente en África y América Latina, además de las vastas zonas de plantaciones en Malasia e Indonesia, que también continúan expandiéndose.

Innumerables ejemplos muestran que las plantaciones industriales de palma aceitera continúan siendo sinónimo de violencia y destrucción para las comunidades y los bosques. Las experiencias de las comunidades en las nuevas fronteras de las plantaciones industriales de palma aceitera, como son los casos de Gabón, Nigeria, Camerún, Liberia, Sierra Leona, Perú, Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador, son similares a las experiencias pasadas y actuales de las comunidades de Indonesia y Malasia.

La RSPO levanta una cortina de humo que invisibiliza esta violencia ante los consumidores y los financiadores. A menudo los gobiernos no toman medidas reglamentarias para detener la expansión de las plantaciones y el aumento de la demanda de aceite de palma, asumen que la RSPO ofrecerá una aparente sostenibilidad. Por ejemplo, en su propaganda pública, la RSPO afirma que apoya a más de 100.000 pequeños propietarios. Pero las ganancias obtenidas de la producción de aceite de palma siguen beneficiando desproporcionadamente a las empresas de palma aceitera: en 2016, el 88% de todo el aceite de palma certificado provino de plantaciones de empresas, y son también empresas quienes controlan el 99,6% de la producción.

La RSPO también aduce que el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es clave entre sus propios Principios y Criterios. El derecho al CLPI implica, entre otras cosas, que si una comunidad niega el establecimiento de este tipo de monocultivo en su territorio, las operaciones no se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la realidad revela que a pesar de esto, numerosos proyectos siguen adelante. Generalmente las concesiones ya están aseguradas antes de que la empresa llegue a las comunidades afectadas. En estas circunstancias, decir que el CLPI es fundamental para la RSPO, es francamente falso e irrespetuoso.

La RSPO también argumenta que cuando surgen conflictos con las empresas plantadoras, las comunidades siempre pueden hacer uso del mecanismo de reclamaciones de la RSPO. Sin embargo, el mecanismo es complejo y rara vez resuelve los problemas que enfrentan y quieren resolver las comunidades. Esto se hace particularmente evidente en relación con los conflictos de herencia de la tierra, donde el mecanismo perjudica a las comunidades. Permite a las empresas seguir explotando las tierras comunitarias hasta que los tribunales hayan adoptado una decisión. Este enfoque alienta a las empresas a mantener los conflictos contando con que los procesos judiciales se prolongan, a menudo durante décadas.

Otro argumento utilizado por la RSPO es que las plantaciones industriales de palma aceitera han sacado a millones de personas de la pobreza. Esa afirmación es ciertamente cuestionable, más aún si se considera que también hay un número importante de personas que han sido desplazadas en las últimas décadas con el fin de hacer espacio para las plantaciones. Comunidades indígenas, de hecho, han perdido sus tierras fértiles, bosques y fuentes de agua por las plantaciones de palma aceitera, que afectan sus alimentos, su cultura y sus economías locales.

La promesa de la RSPO de “transformación” se ha convertido en una poderosa herramienta de maquillaje verde para las empresas de la industria del aceite de palma. La RSPO le da a esta industria – que sigue siendo responsable del acaparamiento violento de tierras, la destrucción del medio ambiente, la contaminación por el uso excesivo de agrotóxicos y la destrucción de los
medios de vida de campesinos e indígenas – una imagen “sostenible”. A los inversionistas y empresas parece que les alcanza con ser miembros de la RSPO para afirmar que son actores “responsables”. Causa especial asombro este maquillaje verde, ya que ser miembro de la RSPO no da ninguna garantía. Recientemente, una empresa se convirtió en miembro de la RSPO aún después de que se descubriera que deforestó más de 27.000 hectáreas de bosques tropicales en Papua, Indonesia.

La certificación depende estructuralmente de los mismos contenidos políticos y legales que han dado lugar a la serie de problemas ambientales y de derechos comunitarios de la tierra, asociados con las plantaciones de palma aceitera. Estos problemas de gobernabilidad sistémica están insertos en el poder estatal y funcionan como parte del destructivo modelo económico. Por esta razón, los sistemas de certificación no pueden brindar una protección adecuada a los bosques, los derechos de las comunidades y la soberanía alimentaria, ni garantizar la sustentabilidad. Los gobiernos y los financiadores deben asumir la responsabilidad de frenar la destructiva expansión del aceite de palma, que viola los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Como pasos inmediatos, los gobiernos deben:

– establecer de inmediato una moratoria a la expansión de las plantaciones de palma aceitera y usar ese tiempo para arreglar los marcos de políticas;

– reducir drásticamente la demanda de aceite de palma: dejar de usarla en alimentos como en combustible;

– fortalecer y respetar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para garantizar, entre otros derechos, la autodeterminación, el control territorial y los derechos a la tierra;

– promover la agroecología y el control de las comunidades sobre sus bosques, lo cual fortalece los ingresos locales, los medios de vida y sustento y la soberanía alimentaria, en lugar de promover el agronegocio.

FIRMAS:

Aalamaram-NGO
Acción Ecológica, Ecuador
ActionAid, France
AGAPAN
Amics arbres · Arbres amics
Amis de la Terre France
ARA
ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)
Asociación Conservacionista YISKI, Costa Rica
Asociación Gaia El Salvador
Association CongoActif, Paris
Association Les Gens du Partage, Carrières-sous-Poissy
Association pour le développement des aires protégées, Swizterland
BASE IS
Bézu St Eloi
Boxberg OT Uhyst
Bread for all
Bruno Manser Fund
CADDE
CAE, Ecuador
Campaign to STOP GE Trees
CAP, Center for Advocacy Practices
Centar za životnu sredinu/ Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
CESTA – FOE El Salvador
CETRI – Centre tricontinental
Climate Change Kenya
Coalición de Tendencia Clasista. (CTC-VZLA)
Colectivo de Investigación y Acompañmiento Comunitario
Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY, Madagascar
Community Forest Watch, Nigeria
Consumers Association of Penang
Corporate Europe Observatory
Cuttington University
Down to Earth Consult
El Campello
Environmental Resources Management and Social Issue Centre (ERMSIC), Cameroon
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria
FASE ES , Brazil
Fédération romande des consommateurs
FENEV, (Femmes Environnement nature Entrepreneuriat Vert).
Forum Ökologie & Papier, Germany
Friends of the Earth Ghana
Friends of the Earth International
GE Free NZ, New Zealand
Global Alliance against REDD
Global Justice Ecology Project
Global Info
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís , Peru
GRAIN
Green Development Advocates (GDA) , Cameroon
Greystones, Ireland
Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones
Grupo ETC
Grupo Guayubira, Uruguay
Instituto Mexicano de Gobernanza Medioambiental AC Instituto Mexicano de Gobernanza
Medioambiental AC
Integrated Program for the Development of the Pygmy People (PIDP), DRC
Justica Ambiental
Justicia Paz e Integridad de la Creacion. Costa Rica
Kempityari
Latin Ambiente, www.latinambiente.org
Les gens du partage
LOYOLA SCHOOL OF THEOLOGY, MANILA
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Maiouri nature, Guyane
Mangrove Action Project
Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands
Movimento Amigos da Rua Gonçalo de Carvalho
Muyissi Environnement, Gabon
Nature-d-congo de la République du Congo
New Wind Association from Finland
NOAH-Friends of the Earth Denmark
Oakland Institute
OFRANEH, Honduras
Ole Siosiomaga Society Incorporated (OLSSI)
ONG OCEAN : Organisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature et sommes basés en
RD Congo.
OPIROMA, Brazil
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Paramo Guerrrero Zipaquira
PROYECTO GRAN SIMIO (GAP/PGS-España)
Quercus – ANCN, Portugal
Radd (Reseau des Acteurs du Développement Durable) , Cameroon
Rainforest Foundation UK
Rainforest Relief
ReAct – Alliances Transnationales
RECOMA – Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles
Red de Coordinacion en Biodiversidad , Çosta Rica
REFEB-Cote d’Ivoire
Rettet den Regenwald, Alemania
ROBIN WOOD
Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia)
Salva la Selva, España
School of Democratic Economics, Indonesia
Serendipalm Company Limited
Sherpa , The Netherlands
SYNAPARCAM, Cameroon
The Corner House, UK
Towards Equitable Sustainable Holistic Development
TRAFFED KIVU ,RD.CONGO
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
University of Sussex, UK
UTB , Colombia
Watch Indonesia!
WESSA
World Rainforest Movement
Youth Volunteers for the Environment Ghana

Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

Comunicado de la Asociación de Consumidores Orgánicos – A 9 de octubre de 2018

Estudios de laboratorio sobre harinas de maíz blanco y amarillo de Maseca muestran que contienen residuos de glifosato. El glifosato fue clasificado como probable carcinógeno por la OMS.

 La Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO) reportó haber encontrado niveles altos del químico glifosato y de AMPA -su metabolito principal- en muestras de harina de maíz blanco y amarillo provenientes de diferentes partes de México.

El glifosato es el principal componente del herbicida Faena o Roundup de la compañía Monsanto (Bayer), cuyo uso aumentó significativamente a partir de la aparición de los cultivos transgénicos.

Es muy alarmante que se encuentre glifosato en las harinas para la producción de tortillas y otros productos alimenticios. En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer, un órgano especializado de la Organización Mundial de la Salud trabajando con más de 17 expertos de once países, clasificó al glifosato de “probable carcinógeno”.

Los resultados de las muestras de laboratorio de harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca muestran concentraciones de glifosato que van desde 5.14 hasta 17.59 microgramos de glifosato por cada kilo de harina. Asimismo, la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) alcanza hasta 94.15% en una de las muestras, observando una clara correlación: a mayor porcentaje de OGM, mayor concentración de glifosato.

Las muestras fueron analizadas por los laboratorios del Health Reasearch Institute en Iowa, Estados Unidos, bajo el método de la FAO [1].

El glifosato se usa ampliamente en los campos agrícolas, pero su presencia es más intensa en los campos de monocultivos donde prevalecen los transgénicos. México es un país donde la producción de maíz transgénico está prohibida, con lo cual la presencia de altos índices de glifosato en maíz nos lleva a concluir que:

1. Maseca está importando maíz para la elaboración de harina para sus tortillas. Este maíz, que es importado principalmente desde Estados Unidos, se utiliza para alimento balanceado. En otras palabras, estamos importando el maíz que Estados Unidos utiliza para alimentar cerdos, y usándolo para elaborar las tortillas que consumimos.

Las secretarías de estado y órganos encargados de velar por la inocuidad y sanidad alimentaria y de la prevención de riesgos sanitarios (Sagarpa, Senasica y Cofepris) no respetan los derechos de las y los consumidores, tales como el derecho a la información o el derecho a la salud y a un ambiente sano al permitir la presencia de ingredientes transgénicos y herbicidas como el glifosato en los alimentos que son ampliamente consumidos en México.

2. México no está defendiendo efectivamente su cultivo principal, de subsistencia y soberanía, base de la dieta diaria de la población mexicana: el maíz.

3. Maseca está mezclando diferentes tipos de maíces en su harina, tal vez para reducir su costo de producción, pero esto a expensas de la calidad del producto final.

La ACO exige a Maseca -la principal productora de harina de maíz en México y principal exportadora hacia Centroamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo- que utilice maíces no transgénicos en la elaboración de sus harinas, y que transparente su proceso de nixtamalización.

Se hace un llamado a la población mexicana a que busque alternativas a Maseca en tortillerías locales, tianguis y mercados que usen maíces comprados a productores agroecológicos y que nixtamalicen. Además, se les pide que exijan a Maseca tortillas sanas, libres de agrotóxicos y elaboradas con maíz nixtamalizado.

Nota:

[1] Donde el glifosato residual es la suma de el peso del glifosato + 1.5 x y el peso de su metabolito AMPA.

Contactos:

Dra Mercedes López Martínez, 55 2529 4487
Mtra. Mariana Ortega Ramírez 775 128 8815

Más información:

Transgénico el 90% del maíz de las tortillas en México: académica de la UNAM