Categoría: Modelo extractivo

Corredor Interoceánico: contaminación y acaparamiento de agua por industria

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Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre – A 8 de mayo del 2022

En la primera publicación se analizaron los procesos de presión, privatización y especulación de tierras que comienza a ser visible sobre la propiedad social por el despliegue del componente industrial del Corredor Interoceánico del Istmo, elementos llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS). En esta entrega analizaremos otro bien común que sería directamente impactado por la conformación de corredores industriales: el agua.

En lugares donde el agua es, de por sí, un elemento escaso, la instalación de corredores industriales afecta directamente este bien de dos formas: Por un lado, incrementa de forma inmediata la presión sobre el agua y, por otro lado, a corto y mediano plazo también constituye una de las principales fuentes de su contaminación.

En términos generales, Greenpeace, en su estudio “Ríos Tóxicos” considera que la industria es una de las tres fuentes de contaminación de los recursos hídricos en México y, este daño y su relación con la industria, ha sido ampliamente documentado por la sociedad civil e investigadores.

Armando Luis, dirigente de la comunidad de pescadores en Boca Uxpanapa quienes denuncian la contaminación en el río Coatzacoalcos. Falleció en octubre de 2020 por cáncer. Foto: Martín Álvarez Mullally, OPSur

Es el caso de río Santiago, en Jalisco, o del río Coatzacoalcos en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, considerado el más contaminado de México y cuya contaminación es causada por la industria petroquímica. También de otros ríos cercanos a la región como el Río Atoyac, en Puebla, contaminado por industrias del ramo textil, refresquero, metalúrgico, automotriz, médico y de alimentos, así como la cuenca de Tehuacán, donde se vierten aguas residuales de la industria textil, y agroalimentaria, principalmente.

Ahora, en el caso de los proyectos de industrialización asociados al Corredor Interoceánico, ¿qué efectos socio hídricos podemos prever?

El siguiente análisis se realizó a partir de la revisión de los volúmenes de agua concesionados existentes en los 79 municipios del Corredor Interoceánico y fue elaborado a partir de datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), obtenidos con corte de septiembre del 2021.

Así mismo, se hizo la revisión del acceso al agua en las viviendas de estos municipios, elaborado a partir de los datos obtenidos en el Censo Nacional 2020, realizado a viviendas particulares habitadas y de las estimaciones sobre demanda de agua y descarga de aguas residuales publicadas en documentos oficiales del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La concentración actual del agua en pocas manos podría agudizarse

Actualmente, existen 24 mil 325 registros de concesiones de agua en esos municipios, con un volumen total de 624.8 millones de metros cúbicos de agua concesionada anualmente. El 65% de este volumen total proviene de fuentes superficiales (ríos) y el 35% de fuentes subterráneas que utilizan pozos.

En la región, seis municipios concentran la mitad del agua concesionada: Coatzacoalcos, Hueyapan De Ocampo, San Pedro Tapanatepec, Mecayapan, Isla y Chinameca y, de éstos, tan sólo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 20% del volumen total de agua concesionada en el Istmo.

Los principales sectores de consumo de agua son la industria química (particularmente petroquímica) y la agroindustria. Para dimensionarlo, sirve notar que tan sólo la industria química consume un tercio de toda el agua concesionada en el Istmo mientras que el consumo total de toda la población (consumo urbano) sólo representa un cuarto del volumen total.

Volumen de agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios por tipo de uso (m3/año). Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Sorprende saber que tan sólo 15 titulares concentran la mitad de toda el agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec.  Ejemplo de esto es Pemex, empresa que posee el 20% de toda el agua concesionada en el istmo. 

Titulares con mayores volúmenes de agua concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Tomando en cuenta que la actividad química y agroindustrial están dentro de los sectores más mencionados para dinamizar los nuevos parques industriales previstos a lo largo del Istmo, es posible prever que la construcción del proyecto de Corredor Interoceánico va a reforzar aún más el proceso de acaparamiento del agua en manos de algunos de estos sectores e, incluso, de algunos de los concesionarios que, ya hoy, acaparan este recurso.

Además de esto, podemos prever que el despliegue de este proyecto atraiga a más empresas con altos consumos hídricos y que, en consecuencia, se agudice la actual concentración de concesiones de agua a nivel sectorial y por titular de la concesión.

Un ejemplo más concreto de esto se puede ver con el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, quien ya avizora llevar la planta que tenía prevista construir en Mexicali (cancelada por la fuerte movilización social en contra de su instalación), hacia la región del Istmo, en concreto, en el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) previsto en Texistepec, en el estado de Veracruz, al lado del río Papaloapan.

Según el documento “Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” el gobierno estima que, para 2040 la demanda de agua para los parques industriales previstos será de 324 millones de m3 / año. Eso representa más de la mitad de toda el agua actualmente concesionada en los 79 municipios del istmo (625 millones de m3 / año) para el conjunto de usos (industrial, agrícola, público-urbano, etc.). Esos parques industriales consumirán en conjunto dos veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población istmeña (148 millones de m3 / año).

Las estimaciones de demanda de agua para el parque industrial previsto en el Barrio de la Soledad dan una idea del acaparamiento y de la grave desigualdad en el acceso al agua que podrían generar la instalación de esos parques industriales. Para este parque industrial se estima una demanda de agua de 11 millones de m3 / año. Es cuatro veces más que el consumo total de agua en este municipio (2,8 millones de m3 / año) que se debe en gran parte al gran consumo de la cementera Cruz Azul (1.2 millones de m3 / año). El parque industrial consumirá 16 veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población de este municipio.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022) y de documentos oficiales del CIIT

El tema preocupante es que, por ahora, no hay ninguna información oficial sobre cómo se obtendrán los volúmenes de agua previstos para abastecer a los parques industriales. Si provendrán de fuentes superficiales (captación de ríos o presas existentes y abastecimiento a los parques por medio de acueductos) o subterráneas (perforación de pozos en los predios de los parques industriales o a los alrededores).

El siguiente mapa muestra la disponibilidad de los acuíferos en la región, y visibiliza el riesgo que representan los parques industriales en caso que éstos se abastezcan de agua por medio de la perforación de pozos. Llama particularmente la atención el caso del acuífero Cuenca Río Papaloapan en Veracruz, que está ya en una situación de déficit de 19 hm3/año y donde están previstos instalarse tres parques industriales.

Así mismo, la situación en el acuífero Río Los Perros se podría volver crítica, ya que actualmente tiene una disponibilidad de solo 0.3 hm3/año, y ahí están previstos cinco parques industriales de la zona primaria, y otros cuatro de la zona marginal. Eso pone en grave riesgo los pozos actuales, destinados al consumo doméstico o agrícola y que son de baja profundidad, comparados con los pozos que generalmente se perforan para usos industriales, quedando en riesgo de secarse con la perforación de los pozos industriales.

Fuente: GeoComunes a partir de los datos de disponibilidad de los acuíferos de la Conagua para el año 2020. Los números en el mapa precisan la disponibilidad en hm3 / año para cada acuífero.

No existe tampoco un plan hídrico para dimensionar los posibles impactos a nivel regional a escala de cuencas o de acuíferos. Hasta el momento sólo se habla de estudios de prefactibilidad, pero no hay ningún documento de acceso público que pueda ser analizado por expertos en temas hídricos o utilizado para informar a la población posiblemente afectada.

La única información oficial existente es relativa al abastecimiento del parque industrial (PODEBI) Coatzacoalcos I (en el predio 5 de Mayo) que se pretende realizar por medio de la construcción de un acueducto para traer agua desde la presa “La Cangrejera” que abastece actualmente en agua los distintos polígonos industriales de Coatzacoalcos.

Una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) denominada “Elaboración de estudio de preinversión para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo para elBienestar (pdb) de Coatzacoalcos I, VER. (primera fase)” ha sido presentada en diciembre del 2021 por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero la evaluación de dicha MIA por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está actualmente “suspendida por información adicional”.

¿Qué pasará en los otros sitios donde se ha proyectado la construcción de parques industriales? ¿Habrá suficiente agua en la región para responder a este fuerte aumento de la demanda (para abastecer a todos esos parques, pero también al crecimiento poblacional que provocarán)? Y, si no es el caso, ¿quién tendría preferencia en el acceso al agua entre actividades industriales de empresas multinacionales y actividades domésticas y campesinas de la población local?

El volumen de aguas residuales vertidas en la región se incrementará, agudizando la contaminación del agua provocada por las actividades industriales

Como mencionamos arriba, un segundo elemento del problema socio hídrico a evaluar es el proceso de contaminación del agua que genera la industria. Según datos del REPDA, el volumen anual de descargas de aguas residuales de la región es de 204 millones de metros cúbicos. Sólo 5 municipios (Coatzacoalcos, San Pedro Tapanatepec, Minatitlán, Cosoleacaque y Salina Cruz) representan el 90% del volumen total de descarga de aguas residuales de la región y, tan sólo Coatzacoalcos, representa el 50% del volumen total de descargas de todo el Istmo.

En toda la región, sólo cuatro empresas realizan el 61% del volumen de descargas de aguas residuales en el Istmo: dos relacionadas con actividades petroquímicas (Pemex e Innophos Holdings), y dos otras con granjas camaroneras (Acuicultores Rinconjuarences SC de RL de CV y Sociedad Cooperativa Oceanova SCS). No sorprende saber que, en materia de descargas de aguas residuales, nuevamente es Pemex quien realiza la mayor parte de éstas: 78 millones de m3 / año, lo que constituye el 38% de todas las descargas residuales en la región.

La concentración geográfica y sectorial de la descarga de aguas residuales ayuda a entender la grave situación de contaminación en la cual se encuentra el agua en la región, particularmente el río Coatzacoalcos, considerado por un reporte de la CDNH del 2018 como el más contaminado del país, pero también otros ríos del Istmo sur como el río Tehuantepec o el río Los Perros.

La instalación de nuevas actividades industriales en la zona y el crecimiento urbano asociado a ellas agudizará la grave situación de sequía y contaminación en la cual se encuentran muchos de los ríos de la región. Ejemplo de esto es el caso de cuatro parques industriales (PODEBI) previstos en Oaxaca que se encuentran dentro de la cuenca del río Los Perros, ya que afluentes del río cruzan las zonas de los parques industriales previstos y podrían provocar una mayor contaminación de este río y del macrosistema lagunar asociado.

Fuente: Realización GeoComunes.

Según el documento “Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” el gobierno estima que, para 2023, los 10 parques industriales proyectados tengan una generación de 197 millones de m3 de aguas residuales, lo que constituirá tener casi el doble de descargas residuales actuales en todo el Istmo (204 millones de m3 / año). Duplicar la emisión de aguas residuales en el Istmo, pero concentrado en las zonas cercanas a los PODEBIS, podría generar un grave aumento de las contaminaciones de los ríos, acuíferos, lagunas, manglares y de los océanos. 

Un ejemplo más que permite visibilizar este cambio lo encontramos analizando de nuevo los datos del parque industrial previsto en el Barrio La Soledad, en Oaxaca, que estima una generación de aguas residuales de 8.8 millones de m3 / año cuando actualmente el volumen de aguas residuales registrados en el REPDA para este municipio es de 1.2 millones de m3 / año, un volumen de aguas residuales alto que se explica por la presencia de la cementera de la Cruz Azul. El parque industrial previsto en este municipio proyecta descargar siete veces más aguas residuales que lo que hace actualmente la cementera, lo que genera serias dudas sobre la capacidad de tratamiento de estas aguas a lo largo del tiempo.

Si bien el discurso oficial ha sido que este tema iba a ser controlado por la construcción de plantas potabilizadoras, no existe actualmente ningún estudio científico o proyecto avanzado sobre esas plantas (dónde se ubicarán, cuál será su capacidad de tratamiento, quién estará a cargo del mantenimiento de esas plantas, etc.) y resulta grave que los parques industriales comiencen a operar sin tener esto medianamente claro.

¿Qué garantiza que, a lo largo de los años, el volumen de aguas residuales no rebase las capacidades de las plantas de tratamiento previstas? ¿Qué nos garantizaría que, más pronto que tarde, empiecen a denunciarse descargas de aguas negras o de aguas no suficientemente tratadas, ya sea por falta de capacidad, mantenimiento de las plantas, por corrupción o por descargas clandestinas de empresas, que pudieran optar por esto para ahorrarse los costos de tratamiento, como han ocurrido en tantos otros corredores industriales a lo largo del país?  Hace unas semanas el propio director de la CONAGUA Germán Martínez, reconoció que, “salvo contadas excepciones, el tratamiento y saneamiento del agua en México enfrenta un problema estructural”.

¿Qué impactos acumulativos tendrán este gran aumento de aguas residuales y el riesgo de derrames de productos tóxicos y descargas no controladas de aguas negras sobre la región del Istmo norte que ya sufre desde muchos años graves problema de salud ligados a la contaminación del río Coatzacoalcos, y que ha sido reconocido por autoridades federales como la Semarnat como un “infierno ambiental” y una región que requiere de un plan de atención y recuperación ecológica?

¿Qué planes de recuperación ecológica pueden ser realistas y viables instalando cinco nuevos parques industriales con industrias altamente contaminantes y grandes volúmenes de aguas residuales previstas?

¿Que tipo de cambios esos volúmenes previstos generarán en el Istmo sur y sobre un ecosistema frágil, complejo y de vital importancia cultural y económica para los pueblos aledaños como lo es el macrosistema lagunar?

La concentración del agua y su contaminación agudizará los problemas de acceso al agua en la región

Sabemos que en México el acceso al agua de buena calidad y al saneamiento es motivo de conflictos a lo largo y ancho del país, pero ¿qué tanto lo es en esta región? y ¿cómo este acceso podría verse aún más comprometido con el despliegue de los distintos componentes del proyecto del Corredor Interoceánico y, particularmente, de la industria llamada “polos de desarrollo”?

Es claro que los procesos que hemos mencionado (el emplazamiento de actividades económicas con alto consumo de agua, la concentración de las concesiones y el aumento en el volumen de aguas residuales) agudizarán las condiciones de acceso al agua en la región. Sin embargo, este proceso será especialmente grave en lugares donde, de por sí, el acceso al agua actualmente ya es un problema.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, si bien la disponibilidad de drenaje y agua entubada en las viviendas ha venido incrementándose en las últimas décadas, para el año 2020 aún el 4.53% de las viviendas a nivel nacional no tenían drenaje, el 2.6% no contaban con agua entubada y, además, el 1.93% de las viviendas a nivel nacional no disponían de sanitario.

Al revisar estas estadísticas, además, hay que recordar que estos datos no consideran los días de disponibilidad (tandeo), el número de horas de disponibilidad, el volumen o presión a la que el agua llega, la calidad del agua e, incluso, si los habitantes de una vivienda “tiene acceso al agua entubada” aunque, para ello, los habitantes deban extraerla de pozos comunitarios o particulares, solicitarla a pipas o incluso traerla de otras viviendas. Estas estadísticas, si bien no son muy precisas para conocer la situación real de acceso al agua, puede ayudarnos a visualizar las comunidades y los sectores sociales que más padecerán la agudización de la disputa por el agua.

En términos generales, los municipios considerados dentro del proyecto del Interocéanico tienen un promedio más bajo de acceso al agua entubada que la que, a nivel estatal, presenta Oaxaca y Veracruz (ver gráfica). Además, si observamos con mayor detenimiento este supuesto acceso al agua, veremos que las formas en que los habitantes de estas viviendas obtienen el suministro, los hacen susceptibles a verse afectados por la presión que de las fuentes de agua pueda hacer la industria e, incluso, por la contaminación de los cuerpos de agua que pueda resultar.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

El 9.82% de las viviendas de los 79 municipios que conforman el proyecto del Corredor Interoceánico no tienen acceso al agua entubada.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Preocupa el caso de los nueve municipios donde se proyectan desarrollar los parques industriales ya mencionados, ya que en éstos existen 9 mil 589 viviendas sin acceso a agua entubada (ver tabla). Además, actualmente, el abasto de agua en una buena parte de estas viviendas depende de fuentes superficiales o de pozos, mismos que podrían verse gravemente afectados por las descargas residuales y por la presión sobre los mantos freáticos que provoque la industria.

Tan sólo en Coatzacoalcos (el municipio con más del 20% de toda el agua concesionada en la región) hay 2 mil 585 viviendas habitadas sin acceso al agua potable y, de éstas, casi dos mil viviendas obtienen su agua al acarrearla de ríos, pozos o llaves comunitarias.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

En los otros 13 municipios con más volumen de agua concesionada (cada uno con más de 9.5 millones de agua concesionada al año) suman 16 mil 254 viviendas sin acceso a agua entubada. Se trata de Minatitlán, Cosoleacaque, Santo Domingo Tehuantepec, Chinameca, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Angel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara, Isla y San Pedro Tapanatepec. Todos éstos, junto con Coatzacoalcos, los podemos ver en el azul más intenso en el mapa de abajo.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Por otro lado, considerando ya no sólo el tema de la posible agudización del acaparamiento de agua y la falta de acceso a la misma, sino el tema de su probable contaminación por las descargas residuales industriales, sirve notar que los PODEBIS arriba mencionados se proyectan en municipios donde, actualmente, el acceso al agua entubada de 13 mil 683 viviendas depende de pozos. Mismos que podrían ser más susceptibles de contaminación.  Así mismo existe el riesgo de que estas viviendas puedan ver su acceso limitado por la disminución del nivel de los mantos freáticos, o por la propia contaminación.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Actualmente, en los ocho municipios con permisos de descargas de aguas residuales mayores a 3.5 millones de metros cúbicos (cada uno), existen 40 mil 649 viviendas ocupadas cuyo consumo de agua (entubada o sin entubar) depende de pozos y cuerpos de agua superficiales. Se trata de los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán, Salina Cruz, Nanchital de Lázaro Cárdenas, San Pedro Tapanatepec, Ixhuatlán del Sureste, Juchitán de Zaragoza y Coatzacoalcos, municipios que en el mapa de abajo vemos en color negro.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Este artículo plantea más preguntas que respuestas sobre un tema vital para la población istmeña: el tema del agua. A pesar de la importancia de este tema, y de las consecuencias que podrían traer en la vida cotidiana de la gente, en sus costumbres y en la posibilidad de mantener actividades tradicionales de la región, como la agricultura, hasta ahora ha habido muy poca información sobre los mecanismos de abasto hídrico para los proyectos industriales del Corredor Interocéanico.

Resulta importante abrir la discusión, realizar análisis y responder a cuestionamientos básicos (y fundamentales) para la población, como ¿qué pasará con el agua? ¿Cómo se va a garantizar el acceso humano a este recurso por sobre el acceso industrial? ¿Cómo se va a garantizar que no se deteriore el estado de este recurso, de por sí escaso en la región? Nada de esto ha sido presentado de manera seria y precisa en las reuniones informativas y consultas realizadas para la venta de los predios para los parques industriales, a pesar de haber sido una de las principales inquietudes de la población local.

En la próxima y última publicación, enfocada en el tema energético, constatamos la misma tendencia relativa a la falta de información clara y precisa sobre el despliegue de nuevas infraestructuras energéticas que serán necesarias para abastecer a esos nuevos parques industriales y los impactos que eso podría generar en una región que ha sufrido, desde décadas, los impactos negativos de la instalación de infraestructura energética, así como de industrias extractivistas, en particular la relativa a la explotación de hidrocarburos y la expansión de parques eólicos.

Imagen: Por ColectivoGeocomunes-Pescadores de Playa Vicente-Foto: Santiago Navarro F.

Más información:

Informe: Common Destination

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Reframing aviation to ensure a safe landing and lay the tracks towards a fair planet

Compartimos con ustedes este informe de Stay Grounded sobre el cambio climatico y la aviación – A 13 de mayo del 2022

How to use this guide

This is a guide to reframe how we think, talk and write about the aviation industry and its impact on people and the planet.

* Throughout the guide we talk about ‘mobility’ rather than transport, to highlight that transport is not an end in itself but a tool to satisfy needs.

Chapter One, the Introduction, describes the objectives and approach of this report and the aims of the larger project it is part of. Start here if you want to explore the concepts this reframing project is grounded in. If you want to know why it is so important to campaign for a reduction of air traffic, what its climate and social impacts are, and how public opinion is evolving, read Chapter Two: The Urgency of the Climate Crisis and Aviation’s Role. It’s also a good place to start if you are new to campaigning against aviation, as it provides facts and figures on why an expanding aviation industry is incompatible with a thriving planet and makes a case about why, to be successful, it matters to use the lens of climate justice. If you are looking for inspiration to broaden your climate campaigning, delve into the new narratives and associated stories in Chapter Three: New Narratives to Reframe Aviation and the Economy. This chapter illustrates what a new economy based on wellbeing, care and a sustainable mobility system* could look like. It also provides five new narratives that make up the core part of this guide. And finally, if you are ready to take action and help others imagine a new way of living, working and being together, Chapter Four: How to Use Communicate the New Narratives outlines useful tools and practical advice for reframing aviation and making the case for why we must now lay the tracks towards a fair wellbeing economy.

Narratives and how to find them

The core of this report is our five narratives about the problems with the aviation industry and the way to a better mobility. You can find them in Chapter Three.

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Colima: Zacualpan gana un amparo contra dos concesiones mineras

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Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021

Escrito por Pedro Zamora Briseño

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi

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La disputa por el litio en México: Bipolaridad política, pero unidad económica

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Compartimos con ustedes este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 29 de abril del 2022

El pasado 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, todas ellas, modificaciones que se hacen para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, corra a cargo del Estado, mediante un organismo público descentralizado[2]. Ante esto, y frente al escenario de encono dicotómico que, desde la clase empresarial, los partidos y el gobierno se ha impulsado, desde la REMA queremos decir lo siguiente:

Que frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, “los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral “estratégico”.

Sabemos que el litio es un mineral fundamental para lo que desde las empresas y los Estados llaman la transición energética. Sabemos que, por esto, este mineral, tan sólo en los últimos tres meses de este año, ha incrementado su valor en un 250%. Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo[3] y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación. Desde la REMA nos parece urgente poner en la mesa lo que consideramos es el verdadero fondo que como sociedad debemos discutir de este asunto: las causas y consecuencias del modelo extractivo (sea quien sea la instancia que lo promueva) y sobre el supuesto “modelo de desarrollo” que se impulsa a partir de toda la destrucción que causa el primero.

¿Qué dice esta reforma? Esta reforma a la ley minera, como se ha dicho, no nacionaliza el litio que es un mineral que, en el subsuelo, como los otros, ya era considerado propiedad de la nación. Lo que sí hace esta reforma es crear una excepción para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, a diferencia de la mayor parte de los minerales, corra a cargo del Estado. Sin embargo, esto no implica la eliminación de las concesiones otorgadas, ni la expropiación a las empresas que ya están operando. Esta reforma tampoco niega que la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio vaya a ser realizada de manera exclusiva por el Estado[4], sino que abre la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para administrar estas actividades se pueda asociar con capitales, nacionales o extranjeros, para tal fin. Así es como tanto las empresas extranjeras que ya tienen concesiones, como aquellas nacionales que seguramente estarán ávidas de sumarse al botín, podrían terminar de la mano del Estado en esta actividad. Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado.

Para identificar posibles yacimientos de litio, que podrían, más adelante, ser explotados por el organismo público descentralizado que se pretende crear, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) llevará a cabo trabajos de prospección en 82 localidades de 18 estados de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas). ¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Existe también el grave riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, bajo la noción de utilidad pública, o bajo un estandarte de que es por el beneficio del pueblo mexicano y para la soberanía energética nacional.

Además, vale la pena precisar que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua. Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada “minería del agua”. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que “Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”[5]. Provoca graves modificaciones sobre los sobre los flujos de aguas subterráneas y existen por ahora pocos estudios de los impactos que eso genera sobre ecosistemas tan frágiles y complejos como son los salares y lagunas. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?

El decreto precisa que será “deber del estado proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”. Se supone que este deber del Estado hacia su población ya es un hecho marcado por la Constitución y no debería hacer falta un nuevo decreto para aplicarse. Además, el hecho que sea una paraestatal no garantiza en absoluto que se respetan esos aspectos. Sobran los ejemplos de los graves impactos provocados por proyectos de PEMEX o de la CFE, así como ejemplos de desinformación, imposición y criminalización que siempre han usado para promoverlos, tanto como los que emplean las empresas privadas. 

¿Qué no toca esta reforma? La minería ni al modelo extractivista a través del cual opera no son modificados en lo más mínimo. La 4T y los demás partidos políticos en el gobierno evaden la exigencia de justicia que, de pueblos Indígenas, comunidades campesinas, individuos ciudadana/os y organizaciones hacemos frente a las actividades mineras. Niegan la oportunidad de iniciar un replanteamiento de fondo que no tome como único camino la explotación de minerales, y su puesta en circulación dentro mercado, para beneficio del modelo económico impuesto. Todos los partidos y empresarios dicen que el litio es estratégico para el proceso de Transición Energética, pero no se cuestiona: Transición energética ¿para qué? ¿para quién? y ¿a costa de qué?

Tampoco existe discusión de fondo sobre el destino y los usuarios finales del litio. Actualmente el 88% del crecimiento de la demanda de litio se relaciona con la fabricación de coches eléctricos. En México, desde varias décadas han sido claros los impactos ambientales y la explotación laboral relacionadas con la actividad automotriz, ligados a la lógica de externalización de costos implementados por EEUU o más recientemente por ciertos países asiáticos. Ampliar el modelo y la frontera extractiva en México, y los impactos relacionados, para generar insumos destinados a ser exportados y consumidos en otros países, cuestiona la supuesta soberanía nacional aclamada con este decreto. La narrativa dominante de la necesidad del litio para vehículos eléctricos no permite, además, cuestionar este modelo de transporte individualista y elitista. Permite seguir posicionando falsas soluciones tecnológicas al posible reemplazo del petróleo (gas mediante fracking, minerales estratégicos, minería submarina, hidrogeno) sin cuestionar ni cambiar el modelo económico capitalista basado en actividades extractivistas, maquiladoras y explotadoras. La transición energética que proponen, es una transición de mercado, tecnología y capitalismo rapaz que empodera, enriquece e incrementa las desigualdades.

Por otro lado, el decreto no hace nada para liberar el estado de la estructura neoliberal a la cual se ha ligado con la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos de inversión internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que incluye Canadá o el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China para nombrar solamente dos, que compromete la soberanía del estado a los intereses y los caprichos del capital transnacional que ahora amenaza con actuales y futuras demandas por decisiones como esta. Si bien el discurso gubernamental promete cancelar los permisos para privados que pasará por ejemplo con el proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la poderosa empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio. Actualmente, existen distintos mecanismos para que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)[6].Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional.

La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país. Actualmente, existen poco más de 24 mil concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada para esta actividad es aproximadamente de 17 millones de hectáreas, lo que corresponde al 8.63% del territorio nacional. Por su parte, la SEMARNAT ha continuado en este sexenio con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.

Las y los afectados por la minería exigimos que se entienda que es el modelo extractivo la causa verdadera del problema, independientemente si la empresa es de capital Estatal, público, privada. Las y los afectados por la minería decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los mismos, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.

POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO

ALTO A LA DEVASTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5649533&amp;fecha=20/04/2022

[2] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmin/LMin_ref05_20abr22.pdf

[3] https://ejatlas.org/featured/met_america

https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/Libro%20Salares%20Andinos%20OPSAL.pdf

[4] El artículo 10, sólo menciona “La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables…”

 [5] https://dialogochino.net/es/actividades-extractivas-es/35354-oro-blanco-la-violenta-disputa-por-el-agua/  

[6]  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Mina de litio. Foto: Getty Images

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Video: Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite I

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Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.

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Artículo: Nuestro litio y los tratados de inversiones

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Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la reciente discusión sobre la reforma energética y el litio – A 25 de abril del 2022

Manuel Pérez Rocha L.* F

Frustrados quedaron los vendepatrias de administraciones anteriores y empresas mineras que se salivaban con el litio de nuestro país. Advierten que la nacionalización del litio en México contraviene al T-MEC. La verdad es que el capítulo 14-E de este tratado se limita a proteger a empresas con contratos de gobierno de sectores que no incluyen al sector minero (ver sectores en página 14-E-3, https://bit.ly/3jZX5ac).

No obstante, se tienen que tomar en cuenta otros tratados. Para empezar, el capítulo de inversiones vigente hasta el 31 de junio de 2023 sigue siendo, bajo la llamada cláusula de legado del T-MEC, el capítulo 11 del TLCAN, que sí incluye minería y por lo cual la 4T sabe bien que no puede rescindir contratos a empresas mineras canadienses o estadunidenses. Así lo precisó López Obrador: Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio. No se suspenden los contratos para otros minerales, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. Tampoco se podrán rescindir contratos mineros cuando expire la cláusula de legado, ya que México es parte del Tratado Transpacífico (TPP) del cual Canadá es parte, y trasnacionales estadunidenses también podrían demandar a México domiciliándose en ese país.

En el anuncio de AMLO de una revisión de contratos otorgados para la explotación del litio ( La Jornada, 22/4/20) es esencial saber si se han otorgado concesiones de explotación a empresas estadunidenses y canadienses que pudieran usar la cláusula de legado del TLCAN. Lo que sí sabemos es que hay una concesión previamente otorgada para la explotación de litio en el yacimiento de Sonora, el mayor del mundo, a la empresa con capital chino Bacanora Lithum, subsidiaria de Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio en el mundo y cuya concesión, según reportes, le permitiría extraer 35 mil toneladas por año de carbonato de litio (https://bit.ly/3vciiUN).

Al revisar esta concesión hay que prever si Ganfeng Lithium puede acudir al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China, firmado en 2009 (https://bit.ly/3v4fCsa), para demandar a México. En su artículo 7 queda establecido que 1. Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación, excepto (a) por causa de utilidad pública, (b) sobre bases no discriminatorias, (c) con apego al principio de legalidad y (d) mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2 siguiente: 2. La Indemnización (a) sea equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada antes de que la expropiación sea llevada a cabo, (b) sea pagada sin demoras, (c) incluya intereses. Y el artículo 13 de este APPRI establece que Un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de conformidad con el convenio del CIADI (del Banco Mundial), del cual México y China son miembros.

Empresas chinas ya han realizado varias demandas inversionista-Estado y actualmente tienen tres casos pendientes, notablemente una de Wang y otras empresas contra Ucrania por la impagable cantidad de 3 mil 500 millones de dólares. Dicho sea de paso, además del asedio militar ruso, Ucrania tiene cinco demandas pendientes, tres de empresas rusas y dos de Países Bajos (tema para otro artículo).

El análisis de los contratos de litio, y en general del desempeño de empresas extranjeras en México, incluyendo las de generación eléctrica e hidrocarburos, obliga a la 4T a una profunda revisión de los beneficios y perjuicios de los tratados de libre comercio y los APPRI firmados por gobiernos entreguistas del PRIAN desde Salinas de Gortari. México se encuentra hoy entre los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje supranacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe (después de Venezuela y Argentina).

El arriba citado APPRI con China tiene una cláusula de expiración de 10 años, por lo que desde 2019 se puede terminar unilateralmente. De hecho, de los 31 APPRI que México tiene firmados, 21 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 o 15 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de salirse de más de 2/3 de todos sus tratados bilaterales de inversión (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/). Hasta en el T-MEC se estipula que Para mayor certeza, las Partes del Anexo (México y Estados Unidos) podrán acordar la modificación o eliminación de este Anexo (14-E-3).

El 28 de abril de 2020, en pleno comienzo de la crisis del covid-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC con la Unión Europea (TLCUEM), vigente desde el año 2000, y firmaron un acuerdo de principio cuya novedad es la inclusión de un capítulo de protección de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía y que sustituiría todos los APPRI entre México y países miembros de la UE. Con este nuevo capítulo, las privatizaciones y reformas entreguistas en el sector energético de gobiernos pasados se blindarían aún más, y los esfuerzos de la 4T de recobrar la soberanía energética y los recursos naturales se seguirían enfrentando a una andanada de demandas sin fin. Ya veremos cómo, ante la nacionalización del litio en México (y otros países como Bolivia), la voracidad de empresas extractivas e instituciones como el Banco Mundial se confabulan.

* Investigador del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS

Imagen: Banda transportadora de mineral en Buenavista del Cobre, Sonora. CORTESÍA GRUPO MÉXICO- A través de: Sol de México

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El Escaramujo en la Radio Martes 3 de mayo 6pm – «Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo»

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En nuestra emisión mensual de mayo del programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la resistencia y la lucha al modelo extractivo minero, nos acompañará LinaMar Campos-Flores, PhD. Becaria postdoctoral del FRQ-SC, quien realiza una investigación sobre: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses, así que acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm.

Acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema «Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo». Charlaremos acerca de la lucha y la resistencia . Nos acompañará LinaMar Campos-Flores, Becaria postdoctoral del FRQ-SC,.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 3 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Nota: Usuarias y usuarios de biodigestores comparten experiencias acerca de su autosuficiencia energética

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Compartimos con ustedes esta nota de Chiapas Paralelo sobre nuestras experiencias instalando biodigestores con diferentes familias en los altos y la meseta comiteca de Chiapas – A 7 de abril del 2022

*Un biodigestor es un sistema de tecnología apropiada, sirve para producir biogás y un fertilizante orgánico. Estos sistemas se adaptan a las condiciones y necesidades de comunidades rurales que se dedican a la producción ganadera. 

En la actualidad, la crisis climática es uno de los mayores retos que enfrenta el mundo.

Los efectos se aprecian en el aumento del nivel del mar, desaparición de arrecifes que albergan una variedad de especies, disminución de la biodiversidad, mayores especies en peligro de extinción, incremento de fenómenos meteorológicos extremos, y la sequia que cada vez amenaza a más personas, dio a conocer Anne Marie Schpomig, técnica e ingeniera de protección ambiental y energías renovables, y voluntaria en Otros Mundos A. C.

La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y las personas son mayores que nunca. Pero, ¿Qué podemos hacer para detener este proceso?, cuestionó Schpomig. Puesto que las empresas prometen salvar el futuro con las energías renovables, pero abusan de la protección del medio ambiente, el motivo, acumular enormes beneficios a través de megaproyectos a costa de la población y a veces con violaciones de los derechos humanos.

No se puede hablar de desarrollo sustentable. Muchos de estos megaproyectos destruyen la naturaleza y amenazan los territorios de nuestras hermanas y hermanos. En Otros Mundos Chiapas A.C., siempre estamos buscando modelos de energía alternativa, dijo la voluntaria.

En ese sentido, se encontraron con los sistemas de biogás, a pesar de ser pequeñas soluciones sustentables, refuerzan la autosuficiencia energética de los pueblos, una herramienta importante en la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los territorios.

De modo que el año pasado instalaron 18 pequeñas plantas de biogás en la Región V Altos Tsotsil-Tseltal y la XV Meseta Comiteco Tojolabal en Chiapas.

La especialista explicó que una bolsa de lámina negra impermeable al gas funciona como un pequeño biodigestor, y el material para la biomasa se obtiene de los excrementos de animales, convirtiéndose en biogás (metano CH4).

El biogás producido puede utilizarse para cocinar con una estufa de dos quemadores y el producto residual puede esparcirse en los campos como “biol”, un biofertilizante de calidad para nutrir plantas y recuperar suelos. Esto, trae consigo un alivio para las familias, pues desde la instalación ya pueden renunciar a la compra de los tanques de gas licuado de petróleo (gas LP) y del abono adicional.

En estos casos, Schpomig dijo que sólo el biogás y la leña son suficientes. Ya que las familias no sólo se ven aliviadas en lo económico, sino que contribuyen de manera activa a la producción de energía renovable, biofertilizante para las plantas y tratamiento de residuos de las pequeñas explotaciones.

A principios de febrero celebramos nuestra primera reunión de la Red de usuarias y usuarios de biodigestores en Chiapas. Se invitó a todas las familias en las que hemos establecido un sistema hasta ahora. Nos alegramos especialmente de la presencia de tantas mujeres y niños. De hecho, hay tantas mujeres como hombres que trabajan a diario con los sistemas, indicó la técnica.

El encuentro fue un intercambio de experiencias. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Por ello, se reunieron en la finca de Alermo López en la comunidad Cajcam, ubicado en Comitán de Domínguez, con el fin de compartir experiencias recogidas hasta el momento. Lo más importante es que todos los participantes se mostraron entusiasmados y deseosos de contribuir con el intercambio.

De manera que la diversidad del uso de las plantas de biogás es impresionante. Ya sea en las montañas, cerca de la ciudad o en las afueras, han surgido pequeñas soluciones descentralizadas por todas partes, enfatizó Schpomig. Por ejemplo, uno de los sistemas está conectado de manera directa al inodoro y se alimenta en un principio de excrementos humanos.

Otro participante está experimentando con el biogás y quiere utilizarlo para el transporte. “La magia del biodigestor inspira a todos los usuarios”, tal es el caso de Pedro Ruiz, usuario de biodigestor.

Es decir, la particularidad de la planta de biogás es que los productos utilizados proceden de la naturaleza y se convierten directo en energía, sin necesidad de emplear tecnología a gran escala. Incluso, el biol vuelve a encontrar su lugar en la naturaleza como abono.

Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Durante el intercambio de experiencias, la ingeniera en energías renovables destacó el diálogo sobre los problemas encontrados, uno de ellos es la reparación de los sistemas dañados. Como se necesita un equipo técnico especial, la reparación actual es cara.

Ya estamos planeando adquirir un dispositivo de este tipo en el futuro para estar preparados para estos casos. Es bonito ver cómo, además de una economía energética más sustentable, se está creando aquí una red entre usuarios. Ya estamos esperando el próximo encuentro con nuestras compañeras y compañeros, finalizó la técnica en protección ambiental.

Una alternativa encaminada a la autogestión energética

Por otra parte, Otros Mundos instaló biodigestores en diferentes puntos de Chiapas, para la generación de biogás y biofertilizante, pues están convencidas y convencidos que se puede transitar hacia un nuevo modelo energético. Por eso, apostaron a alternativas como esas, donde las comunidades y pueblos se van caminando hacia la autosuficiencia y autogestión de sus recursos naturales.

Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas

Además, el uso de los fogones abiertos afecta la salud, en especial de las mujeres, adultos mayores, niñas y niños. En muchas regiones del campo, la dificultad de conseguir leña o su uso exclusivo está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, pobreza de los suelos, entre otras consecuencias.

Aunado a ello, el consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretenden eliminar por el cambio climático. En el ámbito urbano o semiurbano, se da la crianza de cerdos y borregos, generando malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello, consideraron que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar esos efectos y problemáticas, tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.

Imagen: Encuentro de la Red de Usuarias y Usiarios de Biodigestores en Chiapas – Febrero 2022 – Otros Mundos

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Yucatán: Las  amenazas no detendrán la defensa de los cenotes en Homún, advierte comunidad

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Compartimos esta nota de Pie de pagina sobre la lucha por la vida y el agua ante la devastación de granjas porcicolas en Yucatán – A 8 de abril del 2022

Este miércoles una pobladora de Homún, un pueblo maya que desde hace cinco años resiste a la instalación de una mega granja de puercos, recibió una amenaza contra ella y su familia por defender el medio ambiente. La comunidad asegura que no claudicará en la defensa de los cenotes

Texto: Arturo Contreras Camero 

Foto: Indignación

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer de Homún, Yucatán, recibió este miércoles amenazas telefónicas como parte de una campaña de amedrentamiento e intimidación contra esa comunidad. En 2017 los pobladores de Homún se dieron cuenta que una granja con capacidad para albergar 50 mil puercos amenazaba con instalarse en las inmediaciones del pueblo. Desde entonces iniciaron una lucha legal para detenerla. Las amenazas llegaron a semanas de que un juez decida si se mantiene la suspensión de actividades sobre la granja. 

Homún depende económicamente de los cenotes y los ríos subterráneos que pasan por la comunidad, por lo que una granja porcícola, que usa y contamina miles de litros de agua, es una amenaza seria a su modo de vida. Después de distintos intentos para detener la granja, en 2018 se les concedió un amparo que suspendió la operación de la granja, bajo el argumento de que su contaminación afectaría el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad.

En marzo de este año el titular del juzgado segundo de distrito, Rogelio Leal Mota, inició un proceso para revocar la suspensión de la granja. En ocasiones anteriores el juez Leal Mota ya ha fallado en favor de la empresa dueña de la granja: Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). Este 18 de abril debería dar un fallo al respecto. 

“En ese contexto, una de las representantes de las niñas y los niños recibió una llamada”, relata Lourdes Medina, la abogada que asesora el caso. “Empezaron a preguntar por lo del turismo de los cenotes, el costo de los paseos. Ella es una compañera que se dedica a eso. Le preguntaron por los servicios como guía de turistas, de los cenotes y de la gastronomía. Pero después cambiaron el tono. Le preguntaron que si no tenía miedo del activismo”. 

“De inicio no entendió la referencia, pero después les dijo que por supuesto que ella no tiene miedo, porque sabe que tiene la razón, que está defendiendo sus derechos y los del pueblo”, cuenta por teléfono la abogada. “Después le preguntó si no temía por sus hijos, y entonces la compañera sí se asustó. Que si no temía por la muerte de la gran cantidad de hijos que tenía”. Después colgaron la llamada. Miembros de la comunidad intentaron rastrear el teléfono, pero se dieron cuenta que la llamada venía de un teléfono público. 

Esta no es la primera vez que los defensores del anillo de cenotes, como se llama a este sistema de ríos y cavernas que proveen el 60 por ciento del agua potable de Yucatán, recibe una agresión de este tipo. Pero sí es la primera vez que las dirigen contra un representante del pueblo maya. 

“De forma comunitaria ya han tomado medidas, saben y están conscientes que fueron llamadas para darles miedo y darles temor”, asegura Lourdes Medina. Una de esas medidas es aumentar la vigilancia que los propios pobladores ejercen. Para llevar turistas a los cenotes, la gente de Homún se sirve de triciclos que a la vez sirven  como una red de información. Aunque también se dio aviso a las autoridades competentes. 

“Están informados y están al pendiente de cualquier situación extraña que pueda suceder en el pueblo o cerca de la granja. Se comunicó a la Policía Municipal, se les emitió una alerta y se está en comunicación con ellos. También hablamos con el Mecanismo (Federal) de protección (a periodistas y defensores de Derechos Humanos) para hacer una evaluación de riesgo”, dice la abogada Medina, quien espera que el colectivo del pueblo sea reconocido bajo el estatus de defensores y defensoras. 

“Están conscientes de contra quienes están peleando, están conscientes de que el caso ha destapado las irregularidades de un sistema controlado por los industriales con mafias gubernamentales que están detrás de la contaminación. Están conscientes de los poderes en contra y como ellos decidieron en asamblea, se quiso dar a conocer. Queremos dar a conocer, a las personas que nos lo hayan intentado causar, que sepan que no les tenemos miedo”.

Arturo Contreras

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.

Imagen: Equipo Indignación

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Red de Usuarias(os) de Biodigestores en Chiapas

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Compartimos este relato sobre el encuentro de la Red de Usuarias y Usuarios de Biodigestores en Chiapas realizo a principios de febrero en Comitan – A marzo 2022 >>Descargar en pdf<<

Alcances del proyecto Otros Mundos Chapas A.C.

Por Anne Marie Schpomig – Técnica/Ingeniera de protección ambiental y energías renovables; voluntaria de Otros Mundos 2021/2022

Actualmente nos enfrentamos a uno de los mayores retos de nuestro tiempo: la crisis climática. Los efectos pueden sentirse claramente en todo el mundo. El nivel del mar está subiendo, los arrecifes de coral que albergan cientos de especies están desapareciendo, la biodiversidad está disminuyendo, muchas especies están en peligro de extinción, los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando y destruyendo los hogares de muchas personas, las hambrunas y las sequías se están convirtiendo en una amenaza para cada vez más personas. La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y las personas son mayores que nunca.

Pero, ¿Qué podemos hacer para detener este proceso? Las empresas prometen salvar nuestro futuro con las energías renovables. Pero cuando las grandes empresas abusan de la protección del medio ambiente como motivo para acumular enormes beneficios a través de megaproyectos a costa de la población y a veces con violaciones de los derechos humanos, no se puede hablar de desarrollo sustentable. Muchos de estos megaproyectos destruyen la naturaleza y amenazan los territorios de nuestras hermanas y hermanos.

En Otros Mundos Chiapas A.C., siempre estamos buscando modelos de energía alternativa. En el de la misma, nos hemos encontrado con sistemas de biogás. Estas pequeñas soluciones sustentables refuerzan la autosuficiencia energética de los pueblos, una herramienta importante en la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los territorios.

El año pasado pudimos instalar 18 pequeñas plantas de biogás en la región V: Altos Tsotsil-Tseltal y XV: Meseta Comiteco Tojolabal en estado de Chiapas. Con un pequeño biodigestor (bolsa de lámina negra impermeable al gas), la biomasa (excrementos de animales) se convierte en biogás (metano CH4). El biogás producido puede utilizarse para cocinar con una estufa de dos quemadores y el producto residual puede esparcirse en los campos como “biol” un biofertilizante de excelente calidad para nutrir plantas y recupera suelos. Esto supone un gran alivio para las familias. Desde la instalación ya pueden prescindir de los tanques de gas LP compradas y del abono adicional. En estos casos, sólo el biogás y la leña son suficientes. Las familias no sólo se ven aliviadas económicamente, sino que contribuyen activamente a la producción de energía renovable, biofertilizante para las plantas y tratamiento de residuos de las pequeñas explotaciones.

A principios de febrero celebramos nuestra primera reunión de la Red de usuarias (os) de biodigestores en Chiapas. Se invitó a todas las familias en las que hemos establecido un sistema hasta ahora. Nos alegramos especialmente de la presencia de tantas mujeres y niños. De hecho, hay tantas mujeres como hombres que trabajan a diario con los sistemas. Nos reunimos en la finca de nuestro compañero Alermo Lopez en la comunidad Cajcam, Comitán de Domínguez para compartir las experiencias recogidas hasta el momento. Todos los participantes se mostraron entusiasmados y deseosos de participar en el intercambio.

La diversidad del uso de las plantas de biogás es impresionante. Ya sea en las montañas, cerca de la ciudad o en las afueras, han surgido pequeñas soluciones descentralizadas por todas partes. Uno de los sistemas, por ejemplo, está conectado directamente al inodoro y se alimenta principalmente de excrementos humanos. Otro compañero está experimentando mucho con el biogás y quiere intentar utilizarlo para el transporte. La magia del biodigestor inspira a todos los usuarios. Nuestro compañero Pedro Ruiz (usuario de biodigestor) nos informa de que hay mucho interés en sucomunidad, muchos de sus vecinos también querrían tener un sistema de este tipo que genere energía a partir de los residuos.

La particularidad de la planta de biogás es que los productos utilizados proceden de la naturaleza y se convierten directamente en energía sin necesidad de utilizar tecnología a gran escala. Incluso el producto residual el “biol” vuelve a encontrar su lugar en la naturaleza como abono.

Durante el intercambio de experiencias también se habló de los problemas encontrados, uno de ellos la reparación de los sistemas dañados. Como se necesita un equipo técnico especial, la reparación es actualmente muy cara. Sin embargo, ya estamos planeando adquirir un dispositivo de este tipo en el futuro para estar preparados para estos casos.

Es bonito ver cómo, además de una economía energética más sustentable, se está creando aquí una red entre usuarios. Ya estamos esperando el próximo encuentro con nuestras compañeras y compañeros.

Galería del encuentro de la

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Imágenes: Otros Mundos Chiapas

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Campaña Sin Maíz No Hay País: Comunicado de Urgente Resolución

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Compartimos este comunicado de la campaña Nacional Sin Maíz No Hay País sobre el actual precio del maíz y la crisis alimentaria – A 23 de marzo del 2021

Ciudad de México, 23 de marzo de 2022.

Comunicado de Urgente Resolución

  • Una de las prioridades de todo gobierno es cubrir las necesidades básicas de alimentación de los y las ciudadanas.
  • En México, el derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • La tortilla es el principal alimento de los y las mexicanas. Proporciona en promedio cerca de 45 % de las calorías, 40 % de las proteínas y 50 % del calcio que se requiere. En el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar a 70% de las calorías y 50% del consumo diario de proteínas.
  • En los últimos años se ha reducido el consumo de tortillas en México, debido al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Se les ha sustituido por alimentos chatarra que han provocado una grave epidemia de obesidad y de diabetes. Estas enfermedades tienen altos costos sociales y económicos, no habrá presupuesto de salud que alcance para atenderlas.
  • Esta situación puede agravarse por el alza injustificada del precio del maíz y la falta de una política que regule el comercio del grano y vigile la normatividad para la producción de la tortilla.
  • Las comercializadoras están cerrando sus puertas o condicionando la venta del grano.
  • El maíz supera precios jamás vistos. El mercado de abasto es incierto.
  • En México hay producción suficiente de maíz blanco para tortillas, pues se cosechan 24 millones de toneladas cada año. El alza de precio es producto de la especulación financiera injustificada que no merecemos las y los mexicanos.

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, hacemos un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios.

Manifestamos que:

México produce suficiente maíz blanco para abastecer los 13 millones de toneladas anuales que se requieren para elaborar tortillas de masa de auténtico nixtamal —6.5 millones de toneladas— y para fabricar harina de maíz para tortillas, otras 6.5 millones de toneladas. El maíz que se importa es maíz amarillo, para usos industriales, entre otros, alimentos procesados para aves, ganado y cerdos.

La crisis actual en los aumentos en el precio del maíz no responde a un problema de abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales, que impacta el precio final del maíz; difundir lo contrario representa una acción en contra de la estabilidad económica de nuestro país y de nuestra soberanía alimentaria. No podemos permitir que el maíz para tortillas se emplee en la industria y para el ganado y no en nuestro principal alimento. Tampoco debe tolerarse que los fabricantes de harina para tortillas utilicen maíces amarillos de mala calidad.

Es urgente la creación de un organismo nacional que regule y establezca referentes comerciales nacionales basados en la oferta y demanda interna, tomando como prioridad el consumo humano y por ende nuestra soberanía alimentaria.

Urge que en México se produzca el maíz blanco y maíz amarillo que se requiere para cubrir las prioridades de nuestra alimentación. Es una meta que se puede alcanzar. Sólo así tendremos seguridad, pero sobre todo, soberanía alimentaria.

Contar con tortillas elaboradas con solo maíz de buena calidad, sin agrotóxicos y sin transgénicos, nixtamalizado exclusivamente con cal y agua, es un derecho de las y los mexicanos y un asunto de seguridad nacional. Además privilegia nuestra cultura milenaria y mejora la alimentación, sana, nutritiva y saludable.

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Para más información comunicarse con:
Blanca Mejía, celular 55 3899 4304
O al correo electrónico cn.sinmaiznohaypais@gmail.com

Imagen: Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

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Informe: Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible

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Compartimos este informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 18 de marzo del 2022

El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de los Bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Estas causas, identificadas en 1999, no sólo siguen siendo importantes sino que han sido profundizadas.

>>> Descargar el informe «Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible»

Desde 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) promueve el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. El tema de este año es “Los bosques y la producción y el consumo sostenibles”.

Surge una pregunta: ¿Qué es lo sostenible en la producción y el consumo cuando cada año se destruyen millones de hectáreas de bosque? Claramente, las numerosas iniciativas y políticas de sostenibilidad relacionadas con los bosques creadas con el apoyo de la FAO y de otros actores internacionales no han logrado detener la devastadora destrucción.

El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de la destrucción sostenible de los bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Las Causas Subyacentes identificadas en 1999 no solo siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron hace más de 20 años sino que incluso han sido reforzadas de variadas maneras.

Las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques, a diferencia de las causas directas más visibles, como la tala, el agronegocio o la minería, tienden a estar ocultas y a ser menos discutidas y mal comprendidas. Están estrechamente ligadas al sistema capitalista-racista-patriarcal, y también relacionadas con el legado colonial. Entre los ejemplos figuran el no reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques; el control centralizado sobre los bosques que facilita el avance de actividades tanto destructivas como de “conservación de la naturaleza”; y las políticas macroeconómicas, por mencionar algunos.

Al escoger no abordar las causas subyacentes de la feforestación, la FAO y los procesos de políticas internacionales que encabeza seguirán siendo una causa de la deforestación.

Un ejemplo es la definición de bosque de la FAO. Esta definición es un obstáculo de larga data para detener la pérdida de bosques. Considera que una plantación industrial de monocultivos de árboles es un bosque, lo que significa que para la FAO talar un bosque para establecer una plantación de monocultivos de árboles no cuenta como deforestación.

Mas aún, las políticas e iniciativas impulsadas por la FAO en días como el 21 de marzo, que sugieren que la destrucción provocada por las empresas se ha vuelto sostenible y ecológica, son factores clave. Algunos ejemplos son el Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés), la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés), la Mesa Redonda para la Soja Sostenible o el Foro de Bienes de Consumo, de 400 miembros, que promueve la “deforestación neta cero” para 2020 en las cadenas de suministro de carne vacuna, soja, aceite de palma, celulosa y papel. Tales iniciativas no están concebidas para interrumpir la dinámica de destrucción de los bosques de la que dependen sus empresas patrocinadoras para obtener ganancias, señalamos en el informe.

El informe advierte que la formulación de políticas y reglamentaciones que simplemente ignoren las causas subyacentes de la deforestación no sólo está condenada  al fracaso sino que fomenta aún más la deforestación a gran escala.

Montevideo, 18 de marzo de 2022
Secretariado Internacional del WRM

Imagen: WRM

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