Compartimos este comunicado la red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre una victoria más en la lucha por la vida ante el modelo extractivo minero esta vez en Oaxaca – A 23 de marzo de 2022
El sábado 22 de marzo en una sección de cabildo abierto y por cuarto trienio consecutivo comuneros, ejidatarios y mujeres que integran la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias declararon a Santo Domingo Zanatepec como “Municipio Libre de Minería”, en presencia de autoridades municipales.
Desde 2015, gracias al proceso de lucha comunitaria que existe, el municipio de Santo Domingo Zanatepec, situado en la parte sureste del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se ha declarado municipio libre de minería frente a la amenaza del proyecto minero Santa Marta de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc. Este proyecto que pretende extraer oro y cobre tiene dos concesiones mineras vigentes con una superficie total de 7110 ha repartida entre los municipios de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa. Este proyecto a tajo abierto representa unas graves amenazas para los ríos, las zonas de cultivos, la salud y la vida comunitaria de los habitantes de esta región.
Desde la REMA queremos felicitar con todos nuestros corazones a la digna lucha de los pueblos de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa por su incansable y digna lucha contra el modelo extractivo minero, y en el caso de Santo Domingo Zanatepec haber logrado involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Desde la REMA nos sumamos a la exhortación que hace la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec para que se establezca un diálogo con las autoridades municipales y agrarias de San Miguel Chimalapa para que se logra también una declaración de territorio libre de minería en este municipio vecino amenazado por el mismo proyecto.
Ese acto refrenda y muestra la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, para analizar, discutir y acordar acciones para preservar sus formas de vidas y la riqueza social y natural de los territorios que habitan.
Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería, son y deben ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo.
Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que se refuerza este territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.
Compartimos este reportaje especial publicado en Avispa Midia sobre la expansión de la palma de aceite en Chiapas – A 14 de marzo de 2022
Por Santiago Navarro F. y Aldo Santiago. para Avispa Midia y CONNECTAS
El cultivo de palma de aceite se expande agresivamente sobre Áreas Protegidas, como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. En esta región del Pacífico mexicano se han identificado, al menos, siete mil hectáreas ilegales de esta planta exótica que el gobierno y las empresas pretenden legalizar mediante la reducción de la Reserva y un certificado de sustentabilidad.
Uno de los mayores tesoros ambientales de México es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (REBIEN), que alberga un importante sistema de humedales, con manglares de hasta 35 metros de altura. Sin embargo, son amenazados por una enorme extensión de monocultivos de árboles de palma aceitera que contrastan con la diversidad de la vegetación.
La REBIEN se encuentra en la región costera del estado de Chiapas, al sureste de México. Fue creada el 6 de junio de 1995 mediante un decreto presidencial y está regulada por un Programa de Manejo publicado en 2000, el cual determina que en las áreas con vegetación de manglar está prohibido realizar cualquier tipo de actividades “que alteren el equilibrio ecológico”, salvo aquellas “de preservación de investigación científica, monitoreo, educación y capacitación, bajo una estricta normatividad y vigilancia”.
No obstante, durante las últimas décadas, el equilibrio ecológico de La Encrucijada ha sido alterado. “Adentro de la REBIEN hay más de 7 mil hectáreas de palma cultivadas”, se queja Juan Carlos Castro Hernández, actual director de la REBIEN, que forma parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp).
Avispa Midia solicitó a la Conanp el informe y las georreferencias de las plantaciones de palma aceitera registradas dentro de La Encrucijada. La institución entregó dos bases de datos que reportan la presencia de productores, así como palma dispersa en la Reserva.
Uno de los documentos, el Anexo Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, aunque no indica año de elaboración, registra que existen al menos 518 productores que cultivan palma dentro de la REBIEN.
Los datos que brinda son conservadores, pues no contienen el registro total de plantaciones de palma dentro de la Reserva, ya que a través de imágenes satelitales se pueden identificar cultivos de palma que no están incluidas en esta base de datos.
Por su parte, Matilde Rincón, gerente de paisaje México de Earthworm Foundation, confirma que han registrado 500 productores que cultivan unas 7 mil 700 hectáreas de palma dentro de La Encrucijada. Esta fundación trabaja con empresas y pequeños productores en Chiapas para promover la sustentabilidad de este cultivo. “El sesenta por ciento de ellos (productores en la Reserva) luchan por cumplir las normas de uso de la tierra del gobierno”, detalla en su plataforma web.
La proliferación de grandes plantaciones de palma al interior de la Reserva ha alertado a la Conanp desde 2014. De acuerdo con la institución, estos cultivos se han extendido sin un protocolo por más de 33 mil hectáreas en la zona de influencia de la REBIEN, hasta provocar la invasión de esta planta exótica hacia ecosistemas de manglares en las zonas núcleo.
La palma es tan invasiva que se deberían regular hasta las plantaciones que están afuera de la Reserva, “porque hay palma hasta en las orillas de los canales y la semilla tiene la capacidad de migrar, ya sea por las corrientes de agua, hipotéticamente también por fauna”, reconoce Castro, el director de la REBIEN.
Otro documento proporcionado por la Conanp es una base de datos denominada Registro de sitios de ubicación de palma africana en la REBIEN 2014, 2015 y 2016. Ahí aparece Agroindustrias de Mapastepec S.A. de C.V. (Agroimsa), una de las empresas que cultivan y procesan palma aceitera en la región, la cual forma parte de Industrias Olepalma S.A de C.V.
Estas mismas plantaciones vuelven a aparecer en otra base de datos cartográficos elaborada por la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), que registra un área propiedad de Industrias Oleopalma, a través de su subsidiaria Palmicultores San Nicolás, S.P.R. de R.L.
Esta área se extiende desde la zona de amortiguamiento, en el municipio de Villa Comaltitlán, hacia el interior de una de las dos áreas de restricción, en la fracción que corresponde al municipio de Huixtla: la Zona Núcleo La Encrucijada; de acuerdo con el Programa de Manejo, esta zona corresponde a “las áreas mejor conservadas y de mayor valor desde el punto de vista ambiental, en donde prácticamente no pueden realizarse actividades humanas”.
Existe una empresa más en el registro de RSPO. Se trata de Oleosur S.A.P.I. de C.V., la cual, a través de su subsidiaria Plantaciones del Soconusco S.A.P.I de C.V, también cuenta con plantaciones de palma dentro de la zona de amortiguamiento de la REBIEN, en el municipio de Villa Comaltitlán, una de las regiones con mayor cantidad del monocultivo en la costa de Chiapas. Avispa Midia solicitó una entrevista con Industrias Oleopalma quien aseguró que enviarian una respuesta vía correo electrónico, la cual no llegó hasta el cierre de este reportaje. También se le pidió una entrevista a Oleosur y mencionaron que transmitirían la información para un directivo quien podría responder, lo cual no sucedió.
Por su parte, la investigadora Claudia Ramos Guillén, quien ha participado en estudios sobre las afectaciones de la palma aceitera en América y Asia, asevera que la comercialización de la palma cultivada al interior de la REBIEN merece “múltiples infracciones”.
El propio Decreto de creación de la REBIEN describe una de las violaciones a la ley. Puntualiza que cualquier explotación, extracción o aprovechamiento de recursos naturales a su interior solo podrá otorgarse conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Dicha norma prohíbe la introducción de especies exóticas invasoras en las áreas naturales protegidas, la alteración a los ecosistemas y, en zonas de amortiguamiento, no realizar actividades que amenacen la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas.
Certificación verde
En un recorrido por la Reserva, Avispa Midia encontró que, en medio de cientos de plantaciones de palma, a orilla del río San Nicolás, se encuentra una procesadora de Oleopalma. Se trata de la primera planta que fundó esta empresa, en el año 2000, que está en el límite del área de influencia de la REBIEN.
Según la Federación Mexicana de Palmicultores (Femexpalma), las plantas procesadoras deben estar instaladas lo más próximo a las plantaciones, ya que el tiempo máximo para extraer el aceite es de tres días. En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.
Esta empresa es relevante para el mercado actual de este producto ya que, en marzo de 2020, se convirtió en la primera empresa mexicana en recibir la certificación conforme a los criterios específicos de la RSPO, iniciativa que propone reducir los impactos negativos del cultivo de aceite de palma en el medio ambiente y las comunidades.
La certificación RSPO surgió en Suiza en 2004, bajo el liderazgo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), junto a financiadores como la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, y empresas multinacionales que compran aceite de palma, como Cargill, Nestlé, Unilever, PepsiCo y Procter & Gamble, entre otras.
Sin embargo, la RSPO ha sido criticada a nivel global por no cumplir con lo que promete. En 2015, el informe La credibilidad del aceite de palma sostenible sigue siendo ilusoria, de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), reveló la existencia de evaluaciones fraudulentas generalizadas en la RSPO. Además, registró que, en plantaciones propiedad de sus miembros, se han permitido abusos laborales, tala de bosques, conflictos territoriales e incluso tráfico de personas. Para 2019, la EIA divulgó que la RSPO aún no había tomado medidas significativas para atender estos problemas.
Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el mal llamado Tren Maya – A 10 de marzo del 2022
El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito sobre el amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal: la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya deben permanecer paralizadas.
El 30 de noviembre del 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Dirección General de Impacto y Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la MIA en modalidad regional (MIA-R), para la ejecución del proyecto del Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3; que van de Palenque, en Chiapas, a Izamal, en Yucatán.
Ante ese panorama, el 20 de enero del 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, presentó un amparo por las violaciones al derecho al medioambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario, entre ellos, a obtener información y participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, tal y como indica el Acuerdo de Escazú, ratificado en la actual administración.
Como consecuencia de ese amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva. Ordenó a la Semarnat y DGIRA dejar sin efectos la MIA-R.
Por ello, el 9 de abril del 2021, Semarnat y DGIRA impugnaron la resolución del Juzgado Cuarto ante el Tribunal Colegiado, el cual confirmó la suspensión definitiva.
Pese a la resolución del Juzgado, las obras no han cesado. “Es preocupante la reacción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en señalar que el Tren Maya no se detendrá a pesar de lo resuelto de manera definitiva por un Tribunal Federal”, señaló la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.
De acuerdo con la asamblea, “esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de poderes”. Además señalan las “descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto, (…) poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran”.
Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021
Por Carmen Reina*
Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021. Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.
Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.
El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra
La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios. Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:
Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980. Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías. En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.
Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra. En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.
En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.
Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.
Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor
Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.
Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]
Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.
Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]
A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.
La extracción de níquel en El Estor
La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno. Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones. Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.
Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.
En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).
Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas
En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.
Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas
Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.
La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.
El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos
Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente. Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).
Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.
El amañamiento de la consulta
Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.
En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso. En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]
La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta. Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.
Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchi´ de El Estor
Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres. La resistencia se desarticuló con el terror militar.
Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.
En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos. Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.
Reflexiones finales
Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá. Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.
El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.
Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.
Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!
[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.
[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.
[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades Q´eqchi´ de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.
[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021
*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.
Compartimos este pronunciamiento publicado en Protection International donde somos firmantes sobre la resistencia en Guatemala ante la devastación minera – A Marzo 2022
A las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,
Queremos extender nuestro reconocimiento este 2 de marzo por los 10 años de valiente resistencia pacífica en defensa del agua, la vida, la salud comunitaria y en contra de la minería y del proyecto minero Progreso VII Derivada, de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).
Recordamos que el 2 de marzo de 2012, con un plantón frente a la entrada del sitio minero, inició la Resistencia Pacífica La Puya, un movimiento que se mantiene hasta la actualidad. Durante esta década, han sufrido intimidaciones, la criminalización de varias personas de la resistencia, el intento de asesinato de una de sus integrantes y un desalojo violento en mayo de 2014. Asimismo, a lo largo de este tiempo, han emprendido varias acciones legales, logrando en noviembre de 2015 que la Corte Suprema de Justicia, suspendiera las actividades de la mina y posteriormente, en junio de 2020, que la Corte de Constitucionalidad confirmara la suspensión de la operación del proyecto minero hasta la realización de una consulta comunitaria.
Ha sido un largo camino de lucha con notables dificultades, pero también con victorias importantes. Frente a la violencia ejercida por parte del Estado y de la empresa, la Resistencia Pacífica La Puya ha tenido como aliados su fe y la convicción de que lo que están defendiendo es su riqueza más preciada: el ambiente, el agua y en consecuencia su vida, la de sus hijos, nietos y futuras generaciones.
Manifestamos nuestro reconocimiento, admiración y solidaridad por estos 10 años de legítima lucha. La Puya se ha constituido en un ejemplo de resistencia pacífica a nivel nacional e internacional gracias a su compromiso con la no violencia, y su sostenido esfuerzo de investigación y formación para ejercer con argumentos sólidos la defensa de su territorio y el ambiente.
Los desafíos que ha enfrentado la Resistencia Pacífica La Puya no han sido pocos a lo largo de su historia. Debió enfrentarse a los actos irregulares denunciados oportunamente, como la falsificación del permiso de construcción municipal, con base en los que la empresa logró la aprobacion de su proyecto. Pese a ser conocedores de la ausencia de consulta con la comunidad por parte del Estado, la empresa mantuvo su intención de continuar con el proyecto, violentando con esto, los derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Asimismo, los actores involucrados en este proyecto han ignorado los graves impactos ambientales que se ocasionarían en el territorio, el cual ya presenta escasez de agua. Además, según estudios del propio Ministerio de Salud, el agua tiene altos índices de arsénico, que con la explotación minera se verían peligrosamente aumentados poniendo en riesgo la vida de la población. Aun conociendo esta situación y sin importar las consecuencias ambientales y humanas, KCA puso en marcha su proyecto de oro por dos años usando la agresión, intimidación y represión policial de la que ha sido víctima La Resistencia Pacífica.
Actualmente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cursa una demanda millonaria (400 millones de dólares) en contra del Estado guatemalteco presentada por la empresa KCA, bajo los terminos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos con América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR). Con esta acción, la empresa no hace más que evidenciar su voracidad económica, en un primer momento, despojando a la poblacion del agua y de su territorio y ahora, con intenciones de estafar fondos millonarios al Estado guatemalteco.
Hoy más que nunca está vigente la demanda de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para hacer respetar sus vidas y su decisión de tener un territorio libre de la explotación minera y de que nunca más se pongan los intereses particulares de empresas transnacionales por encima del bienestar de las comunidades y la naturaleza.
¡Que vivan las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc! ¡Que viva la Resistencia Pacífica de la Puya!
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021
Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas
“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”
En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado. Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.
En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.
Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.
No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.
Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.
Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.
Alto a la criminalización de la defensa de la vida
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos este pronunciamiento de La Sociedad Civil las Abejas de Acteal en el marco de las movilizaciones y acciones por el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2022
Hermanas y hermanos:
En este día, nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, se suma una vez más desde territorio tsotsil a la acción contra las represas y otros megaproyectos de muerte impuestos en territorios de los pueblos originarios por los ricos y poderosos, bajo el consentimiento y administración del mal gobierno de México.
Nuestra acción de hoy, se solidariza y apoya las luchas de otros pueblos que actualmente están amenazados sus tierras y territorios, sus ríos y manantiales de agua, sus bosques, la vida por defender la madre tierra. Y condenamos enérgicamente los asesinatos de las y los defensores de derechos humanos, ambientalistas y defensores de la vida en México y América Latina.
Actualmente, siguen activos construcciones de represas, existen 41 en Chiapas de las cuales 8 son hidroeléctricas (La Angostura, Peñitas, El Retito, Chicoasén, Malpaso, Bombaná, Bombaná II y Shpoiná). Sin embargo desde el año pasado tenemos conocimiento que en nuestro estado existen más de 90 proyectos en etapa de planeación, en Chiapas los pueblos y comunidades afectadas han manifestado claramente que dichos proyectos no los quieren en su pueblo, como el caso del rio Santo Domingo, pero tanto los gobiernos anteriores como el actual, se han tapado los oídos de la demanda de los pueblos o peor aún si la posibilidad de conocer las afectaciones ambientales, como es el caso del río Yaqui en Sonora, donde recientemente se encuentra suspendida una parte del distrito de riego que pretende el Plan de Justicia Yaqui. Es por eso que en este día le decimos a Andrés Manuel López Obrador que respete a los pueblos y se detenga de obedecer a las empresas, a los ricos y poderosos como lo hicieron sus antecesores priistas y panistas.
Es indignante cómo los ricos y poderosos en la voz del gobierno dice que las represas, las supercarreteras, los aeropuertos, entre otros megaproyectos, son para el “progreso y desarrollo”. Pero, al mismo tiempo la gente que habita en ese lugar, que es su parcela o tierra en donde se construyen dichos megaproyectos, resulta que tienen que abandonar, quieran o no, pero, se tienen que desplazar de ahí. Entonces, ¿Dónde le toca ese beneficio, la gente humilde, pobre, indígena, campesino?
El gobierno actual que se pregona así mismo “de los pobres”, pero, cuando los pobres o sea el pueblo organizado, hacen uso de sus derechos colectivos para defender su territorio o su manantial de agua, los reprime. Tal es el caso de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli quienes el pasado 15 de febrero de este año, fueron desalojados por la Guardia Nacional, la policía estatal de Puebla y municipal de Juan C. Bonilla, de dónde fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca.
En estos días, nuestras hermanas y hermanos de las comunidades zapotecas xidza de la Sierra Juárez, han denunciado que el gobierno de México pretende construir una supercarretera que dice comunicar las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca, pero, dichas comunidades, han decidido no permitir la construcción de dicha obra y esperamos sea respetada su decisión de hacer valer su derecho básico a la libre determinación.
Porque vemos que en donde hay oposición y rechazo a algún proyecto neoliberal, son asesinados las y los ambientalistas, defensores de los derechos humanos y la vida. Así han sucedido con: Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, opositor de la minera canadiense Blackfire, Samir Flores opositor del Proyecto Integral Morelos. Tampoco olvidamos el crimen cometido en contra de Berta Cáceres de Honduras, por oponorse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el noroeste de Honduras, impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (Desa).
Así mismo el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, por denunciar la violencia generalizada aquí en Los Altos de Chiapas y por defender la Madre Tierra.
En verdad existe una guerra de los ricos y poderosos y el mal gobierno hacia los pueblos organizados, porque no paran de asesinarnos. Hace unos días nos enteramos que el defensor del medio ambiente en Chihuahua José Trinidad Baldenegro López, fue asesinado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo; el activista era hermano de Isidro Baldenegro López, a quien también mataron por su defensa de los bosques en 2017.
Defender la Madre Tierra, defender la vida, criticar y oponerse abiertamente a la construcción de represas, privatización del agua y de los ríos y otros megaproyectos, nos puede costar la vida. Ahora, sólo hay que pensar y preguntarse: ¿Podemos vivir sin tierra para sembrar la milpa y el frijol? ¿Sin agua, se puede vivir?
Es por eso que invitamos a todas las personas quienes ven, miran y sienten como nosotros a que se organicen, es el momento de hacerlo, no lo hagan por nosotros, háganlo por sus hijas e hijos y por las nuevas generaciones que vienen.
¡Justicia para Berta Cáceres!
¡Justicia para Samir Flores!
¡Justicia para Mariano Abarca!
¡Justicia para Simón Pedro!
¡Justicia para todas y todos quienes han sido asesinados por defender la Madre Tierra!
Atentamente
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema – A 4 de marzo del 2022
El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.
En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa también que «Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano» y que “Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones».
Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual construye sobre este largo proceso de lucha.
Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe “Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa y mantener su poder en la región. Es importante mencionar que, desde el Golpe de Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que,por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.
Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y promover cambios estructurales.
TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por una vida digna y un medio ambiente sano en Yucatán ante mega granja porcicola – A 3 de marzo del 2022
A pesar de que en 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún, en Yucatán, y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) busca reabrirla. Hoy un Tribunal Colegiado resolverá quejas relacionadas con la suspensión.
La suspensión fue otorgada a seis niños de la región de Homún. Con apoyo de sus familias y la ONG Indignación interpusieron una demanda de amparo para detener las actividades de la granja. El argumento principal fue la transgresión de los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.
A pesar de la decisión de la SCJN, las organizaciones Kanan ts’ono’ot (Los Guardianes de los Cenotes), Representantes de la infancia en Homún e Indignación A. C., desde el año pasado, han denunciado el incumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al permitir que Papo realice trabajos de mantenimiento. En su momento, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resolvió que no se había violado la suspensión.
Pero además, la SDS habría violado la suspensión al emitir un documento donde manifiesta que la planta de tratamiento fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles: “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”.
De acuerdo con las organizaciones, dicha opinión fue emitida sin considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones.
Debido a esto, las organizaciones presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando la mega granja porcícola.
Las quejas presentadas cuestionan que el Juez Segundo de Distrito haya sido omiso para obligar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar la autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. Esta opinión fue aportada como prueba en juicio por la empresa Papo, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar”, sostienen en un comunicado.
Además, la empresa presentó un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Sin embargo, “ambas evidencias son por demás tramposas e ilegales: el propio Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento de la UNAM ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito, afirman.
Hoy, el tribunal decidirá si el juez Rogelio Leal Mota emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar.
Contaminación
El pasado viernes (25 de febrero), un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, encargado de resolver el litigio presentado por la niñez de Homún contra la fábrica de cerdos. El documento permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso judicial.
Señalaron que la mega granja amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles a la salud. En el documento citaron numerosos estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense, para evidenciar que las fábricas de cerdos suponen riesgos de daño grave e irreversible para el medio ambiente y la salud humana.
“Las mega granjas generan tales daños por la contaminación a los recursos de agua, superficiales y subterráneos, la contaminación del aire y la propagación de patógenos peligrosos. Estos riesgos son de particular gravedad para la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las niñas y niños que son los quejosos en el presente caso”, precisa el amicus curiae.
En el documento también se detallan los daños que causaría la reapertura de la fábrica de cerdos a los cenotes de la zona, como a la calidad del agua y del aire en general, además aumenta la exposición de la población a bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos dañinos, incluyendo los virus.
Compartimos con ustedes este video sobre la experiencia en el proceso de formación dentro de la Escuela de Justicia Energética – Febrero 2022
Durante varios módulos de la Escuela de Justicia Energética hemos analizado el actual Modelo Extractivo energético, las supuestas energías verdes sus consecuencias socio ambientales en los territorios, y la transición energética. También conocimos experiencias de autogestión energética como el biodigestor de bio gas, es compartimos algunas de las impresiones de las y los participantes.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de febrero 2022
Este 2 de febrero pasado murió Alberto Baillères uno de los criminales magnates que más se enriqueció en este país a costa del despojo, la salud y la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Dueño de Industrias Peñoles (Torreón, Coahuila) y Minera Fresnillo (7 yacimientos en operación, 3 proyectos en desarrollo y 4 en exploración en México), Alberto Baillères logró hacer una fortuna (según la lista Forbes de 2021) de diez millones ochocientos mil dólares.
La mayoría de los medios de comunicación dan cuenta de los “brillantes logros del hombre de negocios” y el “reconocimiento a su contribución en la promoción de la salud e impulso al desarrollo económico”, al recibir la Medalla Belisario Domínguez en 2015. Sin embargo, no se dice lo que realmente le costó a este país tener a su “Rey Midas Mexicano” y sobre todo no se explica su “gran contribución a la promoción de la salud”.
Desde 1988 el Pediatra José Manuel Velasco, demostró que muchos de sus pacientes tenían más de 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL), los pacientes eran niños que vivían cerca de la Industria Peñoles en Torreón, Coahuila. De acuerdo con los estudios de J.F. Rosen. «Effects of Low Levels of Lead Exposure», Science 256 (April 17, 1992) pg. 294; y «Health Effects of Lead at Low Exposure Levels», American Journal of Diseases of Children 146 (1992), pp. 1278-1281; se encontró que una concentración de 7 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL) causa daños irreversibles en el sistema neurológico de los infantes. El plomo en la sangre de los niños puede provocar que un niño que hubiese podido desarrollar habilidades promedio, quédese discapacitado de por vida.
En 1995, un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Dartmouth (New Hampshire, Estados Unidos) tomó muestras de polvo en diversos puntos de la ciudad de Torreón para analizar los niveles de tres metales pesados. Este estudio se determinó que, en las muestras de polvo, tomadas en las cercanías a las Industrias Peñoles, había niveles de plomo que iban desde 787 hasta 13.231 partes por millón. Para el arsénico se encontraron concentraciones en el polvo de 50 y 788 partes por millón. De igual forma encontraron que el polvo de los alrededores de Peñoles tenía niveles de cadmio entre 11 y 1.497 partes por millón, cuando el nivel máximo para plomo debe ser de 500 partes por millón; para arsénico debe ser 65 partes por millón y para cadmio debe ser 20 partes por millón. El cadmio, el material más tóxico de los tres, encontraron que Torreón “tiene los niveles más elevados jamás encontrados en la literatura científica”.
En 2001 el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, a petición del gobierno mexicano, encontró que unos once mil niños eran víctimas de envenenamiento por plomo, tal como señala el artículo A 10 años nadie conoce la verdad del daño causado por Peñoles en Torreón, publicado el 15 de septiembre de 2011 en el diario La Jornada, a partir reportaje del semanario británico Economist, es lamentable que La Jornada recientemente olvidara ese reportaje y sólo alabe al criminal.
A lo largo de los años, se han se han continuado realizando estudios que siguen demostrando la gravedad del asunto, algunos de estos estudios han sido truncados despliegue del crimen organizado que no ha permitido realizar las visitas. El problema nunca se ha solucionado y mucho menos se ha castigado a los responsables.
El gobierno mexicano y sus instituciones de “salud” y “protección ambiental”, por más de 30 años, han sabido, y hoy saben, lo que las Industrias Peñoles han causado a la población de Torreón, pero al intocable Alberto Baillères, has sido protegido por los presidentes, ya sean del PRI, del PAN y de MORENA. Los distintos gobiernos no solo lo han protegido, también le han otorgado reconocimientos que desvían la atención de sus crímenes, tal como lo describe la revista Proceso en su artículo “Baillères: El Estado lo creó, el Estado lo premia”.
Peñoles llegó en 1996 despojando parte del territorio del ejido El Bajío ubicado en el municipio de Caborca, Sonora. Peñoles inició la extensión de la mina Herradura, que en 1997 llega a ocupar ilegalmente hasta 400 hectáreas del Ejido. Entre 2009-2011, bajo la operación de minera Penmont filial de grupo Fresnillo PLC, también de manera ilegal, se construye la mina Soledad- Dipolos. En 2017 Rosario Robles Berlanga, siendo Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, extiende un título de propiedad a favor de Minera Penmont S de RL, sobre el predio “El Bajío”.
A lo largo de 26 años ejidatarias y ejidatarios de El Bajío han venido sufriendo desalojo; allanamiento por parte de la policía estatal y la Guardia Nacional con armas largas; criminalización (detenciones arbitrarias, encarcelamiento, demandas penales por despojo); secuestros; torturas; amenazas de muerte y el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez en el 2018 y de José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en el 2021.
Después de presentar 67 juicios, en 2014 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28 a cargo del entonces magistrado Manuel Loya Valverde, emitió una sentencia a favor del ejido El Bajío en donde se dictamina que la mina tiene que pagar la renta de la tierra, devolver el oro extraído ilegalmente y resarcir los daños ambientales. A partir de ese momento la violencia se intensifica para las y los ejidatarios, ocho ejidatarios son levantados por efectivos del ejército y retenidos por 24 horas de manera ilegal. En esta detención les piden 100 mil pesos para liberar a cada ejidatario, liberan a 4 y los otros 4 son acusados de robo y portación ilegal de armas de fuego (armas sembradas por el ejército a los ejidatarios detenidos). Dos de ellos no hablaban español y los mandaron al penal de alta seguridad del Rincón, en Nayarit. El magistrado Loya Valverde ya no es ratificado por el senado para seguir en el TUA por su fallo.
Hasta el momento no se ha cumplido la sentencia. Toda esta falta de cumplimiento al estado de derecho ha sido apoyada por gobiernos federales de varios sexenios, senadores y por gobiernos estatales de Sonora, principalmente, por el de la exgobernadora Claudia Pavlovich.
En 2015 Andrés López Obrador, rechazaba rotundamente que se le otorgara a Alberto Baillères la medalla Belisario Domínguez, en ese momento dijo: “Baillères se ha hecho millonario al amparo de la mafia del poder”. El día de su muerte dijo: “Convivíamos, me invitaba a comer a su casa y hablábamos de la situación del país… En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación…” Con lo que se confirma que entró al círculo de la mafia del poder.
¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS CRIMINALES DE CUELLO BLANCO!
Firma RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
Imagen: Alberto Bailléres (Peñoles), Caros Sim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (AMHSA) – Diario Noreste
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida contra la minería canadiense en Los Valles Centrales de Oaxaca- A 26 de enero del 2022
El 6 de Julio de 202 la SEMARNAT, después de una evaluación de impacto ambiental de llevó más de 9 meses, negó la autorización de ampliación, a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. empresa sudsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., proyecto que lleva por nombre «San José II», que fue notificada a la empresa el 10 de noviembre del mismo año. Sin embargo, por las presiones que la empresa ejerció sobre la SEMARNAT y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador un mes más tarde, la Secretaria de la SEMARNAT, María Luisa Albores da marcha atrás y autoriza el proyecto en diciembre, dejando a los pueblos y la protección ambiental de Valle de Ocotlán, Oaxaca, en total indefensión frente a una empresa que ahora tiene licencia para contaminar por otros 12 años.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto «San José II», resulta ser la manifestación de 81 obras que la empresa minera Cuzcatlán ya realizó, sin contar con las autorizaciones correspondientes y que actualmente se encuentran en operación:
Obras ejecutadas sin previa autorización en materia ambiental.
Obras con autorización, pero ejecutadas en sitios diferentes y superficies diferentes a las establecidas.
Infraestructura que no se ajusta a las superficies manifestadas en la MIA autorizada en 2009.
Lo anterior fue detectado por una inspección de vigilancia de la Profepa (de acuerdo al Acto No. PFPA/26.3/2C.27.5/002-17) que puso algunas sanciones y amonestaciones administrativas, pero no obligó a la empresa a cerrar, sino le pidió la elaboración de una MIA para la regularización de todas las obras.
El Resolutivo que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT emite el 6 de julio sobre este proyecto (debidamente fundada y motivada, según el mismo documento lo establece) determina: «La promovente no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una certeza científica absoluta que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto…» «… que el proyecto no cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 13 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del RLGEEPAMEIA, ya que la información presentada, en materia de impacto ambiental no permite a esta autoridad tener certeza o exactitud científica de los impactos y riesgos ambientales que implica el proyecto, vulnerando el derecho humano de las comunidades de su zona de influencia a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° Párrafo 5° de la CPEUM…» Esto entre muchas otras justificaciones que impiden autorizar el proyecto hace seis meses.
El documento también habla de la importancia de la Prevención, Equidad Intergeneracional, del Principio Precautorio, del Principio de Progresividad, el Principio de No Regresión, Responsabilidad y Congruencia; además cita varias tesis de jurisprudencia que apoyan la observación y la aplicación obligatoria de dichos principios.
Después de haber visto la nota de que en diciembre pasado la SEMARNAT da marcha atrás y autoriza el proyecto, nos preguntamos ¿Bajo qué argumentos se autoriza el proyecto en el lapso de un mes? ?Será que los fundamentos y motivos en los que se basó la DGIRA de la propia SEMARNAT para negar el proyecto, a la Secretaria no le fueron suficientes y verdaderos? ¿Cuáles son sus fundamentos y motivos para autorizar un proyecto que ya había sido negado? ¿De qué sirve tener una Dirección de Impactos y Riesgos Ambientales si los proyectos se van a autorizar de acuerdo a las presiones de los promoventes?
Con esta decisión, la Secretaria María Luisa Albores incumple el mandato para el que fue contratada, que es el cuidado y proyección ambiental en este país. Acepta la burla de la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, que incumple y violenta perversamente los lineamientos que le fueron impuestos, a sabiendas de que no va a pasar nada. Acepta que las empresas mineras hacen su voluntad e imponen sus leyes y reglas frente a los gobiernos. Deja en total indefensión a las comunidades del Valle del Ocotlán, que desde hace muchos años están sufriendo los impactos, contaminación, violencia, vejaciones, despojo y devastación de sus territorios por esta empresa minera. Reconoce con esta acción que el haber «atendido» a las y los afectados fue simplemente una simulación para ganar tiempo y lucirse ante la opinión pública.
Así mismo María Luisa Albores incumple su obligación como funcionaria pública, aplicando el Principio de Regresión y pasando por alto los Art. 1° párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Art 28, 30 y 35 de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), Art 45 del Reglamento de la LEGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA), El Principio (Precaución) de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, así como todos los enlistados en la página 81 del Resolutivo de la DGIRA de la propia SEMARNAT No. SGPA/DGIRA/DG/03305, del 06 de julio del 2021.
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería damos nuestro total respaldo a los Municipios de San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir y todos sus ejidos y comunidades que siguen luchando para declarar sus territorios libre de minería y exigiendo que las autoridades responsabilicen a las empresas mineras por los daños que generan a su agua, sus tierras y su salud. Por otro lado, responsabilizamos directamente a María Luisa Albores, a Andrés Manuel López Obrador y a la empresa minera Fortuna Silvers Mines Inc. y a su filial Compañía Minera Cuzcutlán de las afectaciones a la salud y al ambiente que sufran las comunidades a las que la mismo María Luisa Albores, en respuesta a las presiones de la empresa, está imponiendo un proyecto devastador.
¡FUERA MINERA CUZCATLÁN DE VALLES CENTRALES!
¡ALTO A LA SOBERBIA DE LAS MINERAS!
¡RESPETO A LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
