Compartimos con mucha alegría este manual sobre los Biodigestores y la producción de biogas y biofertilizantes – A julio 2022 >>Descargar el manual en pdf<<
Coordinación y revisión del texto: José Augustín Vázquez Investigación y redacción: Anne-Marie Schömig Textos y diseño: Anne-Marie Schömig Ilustraciones: Marlene Sandner Una Producción de Otros Mundos A.C.
Gracias al apoyo de: Global Greengrants Fund (GGF) y American Jewish World Service (AJWS)
Otros Mundos filosofía
Alter Natos – Muchas Maneras, esa es nuestra filosofía.
Hoy en día nos enfrentamos a grandes retos, ya sean las guerras, las enfermedades, la crisis climática o el capitalismo, el caos reina en todas partes. En medio de este mundo caótico y agitado, en Otros Mundos buscamos alternativas que contrarresten las crisis sociales, ecológicas, económicas y políticas. Denunciamos la concentración de poder y de capital de las empresas individuales que acumulan sus beneficios a costa de los derechos humanos y de la explotación de los recursos naturales.
La independencia desempeña un papel importante en la defensa del territorios. A través de modelos energéticos alternativos y sostenibles, intentamos hacer posible la autosuficiencia energética de los pueblos y, al mismo tiempo, contrarrestar la contaminación de la tierra a través de fuentes de energía convencionales como el carbón y el gas.
Porque parte de nuestra visión es un mundo limpio con un modelo de sociedad socialmente solidario. Nuestra convicción es que hay diferentes caminos y puntos de partida en la vida. La diversidad de los problemas actuales exige abordarlos a distintos niveles. Por eso es importante no centrarse en un solo camino, sino utilizar diferentes vías, es decir, Alter Natos.
El cambio climático
Cambio climático: ¿Qué significa realmente este término? Para muchos, el término cambio climático sigue siendo muy abstracto, aunque los efectos ya son claramente perceptibles hoy en día. Para entender el proceso en el que nos encontramos actualmente, hay que distinguir primero entre el efecto invernadero natural y el efecto antropogénico, es decir, provocado por el hombre: El efecto invernadero natural es un proceso natural necesario para la vida en nuestro planeta. Nuestra atmósfera se calienta por la radiación solar. La radiación entrante se refleja desde la superficie de la Tierra hacia el espacio, pero los gases de nuestra atmósfera, como el CO2(dióxido de carbono) y el CH4 (metano), impiden que nos llegue parte de la radiación térmica. El calor atrapado hace que la temperatura media de la Tierra no sea de -18 °C, sino de +15 °C, lo que hace que la vida en la Tierra sea posible para nosotros en primer lugar.
Sin embargo, el efecto invernadero antropogénico hace que la temperatura media siga aumentando. Cada vez se liberan más gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles o la cría de animales de granja. Desde la industrialización, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado enormemente; este incremento de los gases de efecto invernadero intensifica el efecto natural y calienta la tierra cada vez más. Además de alimentar activamente el cambio climático, también estamos privando a la naturaleza de su capacidad para regular el propio efecto invernadero. Los árboles absorben el CO2, y al talar los bosques estamos inhibiendo la capacidad de la naturaleza para equilibrar este ciclo material por sí misma. La mayoría de los científicos coinciden en que el ser humano es responsable del rápido calentamiento global.
Los efectos
Los efectos del calor creciente son enormes para nuestro ecosistema extremadamente sensible. Los casquetes polares se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo y las concentraciones de agua en los océanos están cambiando drásticamente. Esto, a su vez, influye en las corrientes oceánicas y, por tanto, también en las corrientes meteorológicas y eólicas. Los fenómenos meteorológicos extremos siguen aumentando y destruyen los hogares de muchas personas y animales, las hambrunas y las sequías se convierten en un peligro para cada vez más personas. En el sector agrícola, las lluvias atípicas están causando grandes dificultades a los agricultores, con períodos prolongados de sequía que se alternan con lluvias extremadamente intensas, que a veces provocan inundaciones. Los arrecifes de coral, que albergan cientos de especies, están muriendo. Un número extremadamente grande de especies está en peligro de extinción, y la desaparición de una especie afecta a todo el ecosistema. La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y los humanos son mayores que nunca.
Justicia energética
Aunque el calentamiento global es un problema mundial, las emisiones que contribuyen al mismo no están distribuidas por igual en todo el planeta. Las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero son significativamente mayores en los países industrializados. Nuestro sistema de liderazgo global: el crecimiento económico infinito en un mundo finito con recursos limitados, sólo alimenta una profunda injusticia social. La disponibilidad de energía también está distribuida de forma desigual. La pobreza energética no describe la falta de acceso a la electricidad, que en gran parte ya está disponible en México. Más bien describe el acceso asequible a dispositivos, tecnologías y servicios que proporcionan un nivel mínimo de bienestar. Por tanto, para hacer frente a la crisis climática internacional, primero tenemos que cambiar nuestro sistema y poner a las personas, y no a los beneficios, en el centro. Para ello, necesitamos conceptos más descentralizados y estrategias de suministro local. Pero esto también significa que la mera sustitución de las fuentes de energía convencionales por las renovables no es suficiente si se sigue construyendo sobre un sistema económico de explotación.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el Encuentro Experiencias sobre la minería en México donde participamos junto con más integrantes de la REMA en territorio Zoque – A 18 de julio del 2022
Texto y fotos: Mikeas Sánchez
Con un ritual zoque y ofrendas a San Francisco de Asís, a la virgen María y al dueño del cerro Atzyiki, dio inicio el Encuentro “Experiencias sobre la minería en México”, realizado el 9 de julio en la Ribera Buenos Aires, municipio de Chapultenango, Chiapas. Ante un altar ataviado de flores endémicas de las tierras húmedas, así como de frutas, verduras y aves de corral, el mayordomo zoque agradeció por el agua y los alimentos que, generosamente brinda la tierra y pidió protección para el territorio zoque, amenazado por la minería.
Durante el encuentro participaron integrantes de la REMA (Red Mexicana de afectadas/dos por la Minería) y de comunidades del ejido Chapultenango y de Francisco León. Éste importante intercambio de experiencias se llevó a cabo entre organizaciones provenientes de los estados de Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Chiapas. La REMA surgió en el año 2008 a través de un proceso de organización que se denominó Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas, quienes a lo largo de estos años han realizado diversas actividades en todo el país; desde intercambios de experiencia, marchas, foros, hasta detener algunas mineras.
La idea de realizar un encuentro sobre minería en la Ribera Buenas Aires, una pequeña comunidad enclavada entre montañas y territorios hídricos que, nutren los caudales del río Grijalva, fue con la intención de reforzar la lucha que por más de 50 años están enfrentado los habitantes de esa comunidad en contra de la minería. El principal objetivo delencuentro fue reconocer que ciertamente la mina se instala en un determinado ejido, pero se contamina todo el territorio y los daños son incuantificables e irreversibles, porque ¿quién podría revivir un río?
La única fuerza aquí es el pueblo: encuentro “experiencias sobre la minería en México”. Foto: Mikeas Sánchez
A continuación, algunos fragmentos de las intervenciones de los participantes:
Queremos terminar con ese discurso de que la minería es segura, existen casos en donde la minera arrasa con los pueblos, evidenciar el vergonzoso discurso que traen las empresas sobre la minería verde. Es totalmente falso, no hay minería verde. Por ejemplo, del Río Balsas se dice que es minería sustentable, pero todos los lixiviados desembocaron en el río y los peces se murieron y ya no podemos tomar el agua. Bios Iguana/RIZOMA, Puebla.
Una de las primeras veces que llegamos a Carrizalillo, nos dijeron que no nos laváramos los dientes o manos con el agua de la comunidad. Tienen que comprar bidones de agua para usar. La empresa no les otorga ese servicio, por lo cual la empresa no absorbe el gasto. En esta región no existe agua limpia. –Otros mundos, Chiapas–
25 ejidos del territorio zoque se encuentran amenazados en cuanto a la presencia de concesiones mineras vigentes que, representan 12 mil hectáreas. Es necesario que los ejidos de la región se organicen, porque las mineras normalmente no terminan operando en todo el territorio, y a veces sólo les basta con una pequeña zona para ir comenzando y desde ahí avanzando hacia otras regiones. –Geocomunes–
La única fuerza aquí es el pueblo: encuentro “experiencias sobre la minería en México”. Foto: Mikeas Sánchez
Tenemos que estar convencidos que estas tierras fueron ganadas con la sangre de nuestros abuelos y abuelas y tenemos que dejar algo digno para las generaciones futuras. Tenemos que interiorizar estos temas en nosotros mismos, y convencernos y empezar a difundir estos temas en otras comunidades. Si nosotros decidimos tenemos el derecho agrario que nos ampara para decidir que realizar en nuestro territorio. –Bios Iguana/RIZOMA, Puebla–
En nuestro territorio, que se llama La Libertad y el nombre de la mina se llama Cristina. Anteriormente la gente iba al río y sacaba peces para autoconsumo, con la contaminación y los desechos empezó a desaparecer la fauna acuática. El río quedó deshabitado, hubo muchas enfermedades que aparecieron en nuestra región, como cáncer, aborto de animales, personas ciegas, las consecuencias de la minería son fatales. –Frente Popular en Defensa del Soconusco–
El 7 de octubre en 2018, se presentó una lluvia atípica, su pileta de agua se llenó, se derramaron más de 1 millón de litros de lodos en el arroyo Coyote que pasa por 6 comunidades, antes de unirse al río Atoyac. Al siguiente día el arroyo olía mal y empezaron a aparecer peces muertos, durante muchos meses las comunidades terminaron comprando agua purificada para su uso, pero eso es incosteable, al final las personas terminaron volviendo a tomar agua del arroyo. Se presentaron enfermedades en la piel de las personas, como escamas, debido al polvo de contaminación que existe por la mina. -Articulación por la vida en contra de la Minería en el Valle de Ocotlán, Oaxaca–
Las mujeres tuvieron mucha participación, fueron quienes principalmente no quisieron que la minera entrara. Las mujeres empezaron a llamar a los comuneros para que no vendieran o aceptarán las concesiones de la minería. -Comité Ixtepecano, Oaxaca–
Al finalizar el encuentro, los visitantes agradecieron la hospitalidad de los pobladores y pidieron a los niños y jóvenes asistentes que se mantuvieran fuertes en la lucha, tal como lo han hecho sus padres y abuelos a largo de 50 años de resistencia. Por su parte, los defensores de la Ribera Buenos Aires pidieron a la REMA ser integrados a su red, con lo cual se suman al esfuerzo que se realiza en todo México para prevenir y combatir la destrucción que deja la minería. La única fuerza aquí es el pueblo, concluyeron.
La única fuerza aquí es el pueblo: encuentro “experiencias sobre la minería en México”. Foto: Mikeas Sánchez
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de julio del 2022
A casi dos meses de la llegada de la Secretaría del gobierno de Zacatecas y de las principales instancias del aparato estatal y federal responsables por el medioambiente a nuestra comunidad indígena de Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, para declarar ante el pueblo y los medios de comunicación su compromiso para clausurar de manera definitiva el relleno sanitario que nos ha causado graves daños, informamos que no ha habido avance. Como comunidad, denunciamos las graves irregularidades del proceso en torno al basurero ubicado en nuestro territorio, que sigue contaminando nuestras fuentes de agua. A pesar de haber presentado desde el inicio, evidencia de los daños socioambientales de este proyecto ante las respectivas autoridades, siguen sin lograr la clausura definitiva del mismo, ni la definición de un proceso de remediación del sitio y del agua afectada. Lejos de eso, han llevado adelante una negación burda de los hechos y la administración del conflicto.
En 2017, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas (SAMA) autorizó a través de la Resolución de Impacto Ambiental, (RIA), al Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, la operación de un relleno sanitario tipo C. En junio de 2019, se inauguró oficialmente, aunque sus actividades como tal iniciaron meses antes. El ex presidente municipal presentó el proyecto como una obra que tendría el mínimo impacto ambiental. Pomposamente nombrado “la joya de la corona”, supuestamente sería único en su tipo en el estado de Zacatecas y entre los 20 mejores del país.
Ubicada en una zona natural de recarga de aguas, la realidad de la obra fue distinta: un proyecto que nunca fue tal, presuntamente por invertir menos dinero del presupuestado, aunado a la falta de programas de vigilancia y monitoreo e irregularidades en su operación provocaron graves efectos. Apenas transcurrió un mes y una semana desde su inauguración, se reportaron anomalías como la descarga de lixiviados intencionalmente arrojadas a un arroyo de temporal que nace justo en el centro del basurero, que pasa por las inmediaciones de la comunidad mencionada y es afluente del Río Tlaltenango. Otros graves incidentes fueron: la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de cadáveres de animales, la dispersión de contaminantes, y la contaminación de fuentes de agua.
Todo esto provocó nuestra inconformidad como habitantes de la comunidad de Cicacalco, ante una obra que vulnera nuestros derechos fundamentales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud. En el proceso de reclamo, que inicia en agosto de 2019 y que hasta la fecha continúa, hemos visto de cerca la corrupción, el tráfico de influencias, la coalición de servidores públicos, el ocultamiento de información, la omisión dolosa, el ejercicio abusivo de funciones de distintos actores y niveles de gobierno, y el manejo del conflicto por parte de los mismos servidores públicos (deslegitimación, uso de violencia, violación sistemática de las leyes en materia ambiental, seguridad ambiental y de s alud pública). La negación de los hechos, su minimización, el ocultamiento de información y el encubrimiento ha sido el modus operandi de servidores públicos. Siendo omisos, en un grado brutal, en sus responsabilidades como funcionarios al negarse a reconocer las afectaciones a nuestro territorio, han impedido, a toda costa dar paso al consiguiente proceso de clausura definitiva, remediación y cierre de sitio.
Nuestros derechos elementales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud fueron violados por la imposición de una obra, al no tomar en cuenta las condicionantes de la RIA 2017, no considerar el principio precautorio, y no respetar nuestra autodeterminación y participación informada. Desde el momento de la proyección de la obra y en su posterior puesta en marcha, se actuó con dolo, premeditación y ventaja, aprovechándose de sus posiciones de autoridad y poder como funcionarios, tanto el Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, como los representantes de las dependencias relacionadas con la protección del medio ambiente.De acuerdo con la LGEEPA, es responsabilidad de quien altera las condiciones ecológicas, atender los daños que comprometan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, a 4 años de la apertura de este basurero, y aun cuando nosotros suspendimos las operaciones del mismo en septiembre de 2020, y después mediante la clausura total temporal del relleno por PROFEPA, en septiembre de 2021, y ratificada en noviembre del mismo año, los lixiviados siguen botándose al arroyo. Los contenedores de lixiviados, la pila excavada a donde se canalizaron los desechos y el drenaje pluvial fueron rebasados inmediatamente, a un mes una semana de su inauguración. Dado que se abrió un tajo en una de las paredes de tierra de la fosa ampliada, lo que constituyó un hecho completamente premeditado, los lixiviados se descargaron al lecho del arroyo Los Tecongos cercano, el cual pasa por la comunidad y llega al río Tlaltenango, propiedad federal y fuente de agua de nuestra comunidad.
Nos echan la culpa. Pero todo esto es consecuencia de las malas decisiones de un Ayuntamiento infractor y de las graves omisiones por parte de SAMA, SEMARNAT y PROFEPA. Los infractores ambientales que siguen recibiendo toda clase de consideraciones son el ex-Presidente Municipal de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, el actual Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, el Equipo Jurídico del Municipio, y el ex-director de obras públicas y actual secretario de gobierno del Municipio de Tlaltenango, Dorian Emanuel de la Cruz García. Por omisión y encubrimiento, son cómplices la encargada de despacho jurídico de PROFEPA en Zacatecas, Biologa Lourdes Briones, y el ex-director de SAMA, José Luis Maldonado, junto con sus representantes federales. Así como los responsables de las delegaciones estatales de CONAGUA y SEMARNAT y la Procuraduría ambiental del estado de Zacatecas. De igual manera denunciamos al ex gobernador de Zacatecas Tello Cristerna y a Diputados de la anterior legislatura y que continúan en la actual, como es el caso de Guadalupe Correa.
Exigimos transparencia y compromiso social y ético del actual presidente municipal Salvador Arellano Anaya y del Ayuntamiento. Que deje, de una vez por todas, de encubrir con sus acciones a la pasada administración. Exigimos el desistimiento del amparo. Y así poder restablecer un convenio que lleve a la clausura total definitiva y a la remediación del sitio, para lograr con ello la mitigación de los efectos que tuvo este basurero en el corto plazo. Nuestra lucha siempre ha sido enfocada en cuidar, resguardar y proteger nuestra agua, salud y medio ambiente. Exigimos que dejen de mediatizar y de pasarse la problemática unos a otros y que, en su lugar, hagan patente su compromiso con los derechos elementales de las personas y el respeto a nuestro territorio, en el cual habitamos y por el cual vivimos.
Determinar la responsabilidad administrativa a quien corresponda es una tarea pendiente para lo cual exigimos una revisión administrativa seria y profunda. Pero sobre todo, exigimos que nos dejen de criminalizar, y que se dicte la clausura definitiva del relleno y el cierre del sitio acompañado por la ejecución de un proyecto de remediación integral.
No daremos un paso atrás. Continuaremos nuestra lucha por el territorio, la salud y por vivir en un medio ambiente sano.
Imagen: Habitantes de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, protestan contra el basurero público construido en la localidad. Foto Alfredo Valadez
Así como el Parque Industrial planeado en Monte del Pitayal, en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, como parte de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), la militarización busca establecerse en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Los PODEBI integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que, como cada proyecto gubernamental en la zona, fue presentado con la consigna de combatir la desigualdad y para llevar desarrollo a las comunidades indígenas.
La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio nuevamente protestó por estas imposiciones e hicieron un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para respetar el proceso, las leyes y los acuerdos internacionales que les protegen. Pidieron que respete la decisión de la comunidad de no aceptar el parque en sus tierras comunales.
Los manifestantes recordaron la realización de la asamblea de comuneros que, teóricamente, tendría aprobado la construcción del parque en tierras comunales de la comunidad. Dicha asamblea se caracterizó, de acuerdo con los manifestantes, por la falsificación de firmas de más del 80% de los comuneros, además de la firma de dos personas fallecidas.
“Un año ha pasado desde la realización de la primera falsa asamblea de comuneros convocada por Antonino Morales Toledo, que en ese entonces ostentaba el cargo de presidente municipal de San Blas Atempa y hoy es mano derecha de aquel que obtuvo la gubernatura del estado en Oaxaca, en un proceso marcado por el abstencionismo”, dijo la Asamblea en rueda prensa este lunes (27).
La comunidad binnizá de Puente Madera sostuvo que continuará en la resistencia, a pesar de que San Blas Atempa negó el reconocimiento de las autoridades que designaron bajo su propio sistema; asimismo el recurso económico público destinado para derechos prioritarios como el acceso a la salud.
Las medidas forman parte de la intimidación y criminalización de la comunidad por no aceptar los megaproyectos. “Solo traerá escasez y contaminación de agua, el acaparamiento de nuestras tierras, la contaminación de nuestro suelo y aire”, a cambio de trabajo precario y explotado.
‘Nueva frontera’
Los militares ya mantienen retenes entre las comunidades del Istmo de Tehuantepec, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La asamblea alerta para el hecho de que la militarización puede aumentar. En consecuencia, las violencias contra el pueblo zapoteco pueden agudizarse en los meses siguientes, sostienen.
“Si algo le llega a suceder a los habitantes de las comunidades y agencias que se han sumado a la lucha, el único responsable será Antonino Morales Toledo alias el Lino por querer imponer el Parque Industrial y también usted (López Obrador) porque no quiere escuchar”, dijeron en la rueda de prensa. Advierten que las máquinas para iniciar la obra del parque industrial serán quemadas.
En total se trata de 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar vinculados al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que abarca 79 municipios, 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz.
“El Corredor Interoceánico nos ofrece agroindustria para que olvidemos el zapalote chico, nuestro maíz nativo, base para nuestros totopos. Nos ofrecen metalurgia e industria textil para abandonar el campo y la tierra, para que en pocos años esta industrialización nos lleve a niveles críticos de escasez de agua como la que hoy se está viviendo en Monterrey”, agregó integrantes de la asamblea.
Presentación del Informe Global de la Coalición contra la Pandemia Minera
Cuándo: Viernes, 10 de junio de 2022, a las 7:00 am (Tegucigalpa/Guatemala) | 8:00 am (Ciudad de México/Panamá/Bogotá/Lima) | 9:00 am (Bolivia/Santiago)
Con interpretación simultánea a español / inglés / francés
Más de dos años después de que la OMS declarara la pandemia global de COVID-19, comunidades de todo el mundo siguen enfrentándose a los efectos combinados del extractivismo y el virus.
El viernes 10 de junio de 2022, a las 7:00am (Tegucigalpa/Guatemala) | 8:00am (Ciudad de México/Panamá/Bogotá/Lima) | 9:00am (Bolivia/Santiago) , acompáñanos en la presentación de los informes que documentan estos impactos y destacan cómo comunidades afectadas por la minería continúan proponiendo modelos para una recuperación verdaderamente justa, tanto de la pandemia de la minería como de la de COVID-19.
Los coordinadores de los comités de investigación de la Coalición en África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte participarán en una mesa redonda sobre el proceso de investigación, algunas de las principales dinámicas que han documentado y algunas de las acciones de solidaridad que organizan las comunidades afectadas en primera línea.
Compartimos esta publicación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Abril 2022
Esta publicación reúne once artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), la política forestal dominante en todo el mundo desde 2007.
Desde que se presentó en 2007, la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) se ha convertido en la política forestal dominante en todo el mundo, con impactos en las comunidades que dependen de los bosques, en particular en países con bosques tropicales.
La experiencia de los últimos 15 años ha revelado una crónica abrumadora del fracaso catastrófico de REDD en cuanto a resolver la deforestación y la degradación de los bosques. Y peor aún: también intensificó la crisis climática y dejó intactas las causas de la deforestación. De hecho, REDD se ha convertido en una causa subyacente de la deforestación y del propio cambio climático.
Esta publicación reúne 11 artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de REDD. Esperamos que cada uno de ellos ayude a fortalecer nuestros argumentos y acciones en contra de la compensación y a descubrir lo que realmente es: un mecanismo racista que no puede ser mejorado o arreglado porque está concebido para ‘mantener el flujo de petróleo’ y, con esto, el sistema capitalista que impulsa la actual crisis climática, forestal y social.
Compartimos con ustedes este video sobre la experiencia conociendo energía fotovoltaica durante el encuentro Energía desde y para los pueblos, realizado en Cuetzalan del Progreso, Puebla en año pasado.
Durante este encuentro conocimos y profundizamos sobre la producción energética por celdas fotovoltaicas como una alternativa encaminada hacia la autosuficiencia energética. La Cooperativa Onergia nos compartió su experiencia organizativa acompañando procesos de energía fotovoltaica en comunidades de Puebla.
La Escuela de Justicia Energética se impulsa en torno a tres ejes:
a) Conocer el modelo energético capitalista dominante y sus efectos en los territorios por su centralización y despojo de los pueblos, y también experiencias energéticas comunitarias que son parte de la construcción de un modelo energético para los pueblos y desde los pueblos;
b) Organizarnos y generar acciones para informar, analizar y concientizar sobre los impactos del modelo extractivo energético dominante en nuestros territorios, así como generar debates en lo regional y binacional hacia una transición justa, movilizarnos para resistir al al despojo de los bienes comunes naturales; y
c) Producir nuestra propia energía para y desde los pueblos. Generar alternativas y proyectos de vida que abonen a un modelo de autosuficiencia y justicia energética, y a la construcción de una vida digna desde la gestión de nuestras necesidades energéticas
La Coalición contra la Pandemia Minera trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos mineros relacionados con la pandemia de COVID-19. Trabajamos en coalición, basándonos en el consenso y llevando a cabo una investigación colectiva y activismo en la intersección entre el extractivismo minero y la pandemia de COVID-19.
Acerca de este informe Este informe se basa en estudios de caso realizados en nueve países de América Latina: México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Para la realización de este informe se contó con la participación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de algunos miembros de la coalición y contribuciones de diversas organizaciones en cada uno de los 9 países. Se realizaron entrevistas con organizaciones locales y nacionales, personas de comunidades afectadas, sesiones internas e investigación de escritorio.
Contribuciones Argentina: Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría-Chacay Oeste, Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina de Esquel y Asamblea en defensa del territorio de Puerto Madryn Brasil: Movimiento de Afectados/das por Represas (MAB) Chile: Coordinadora Putaendo Resiste Colombia: Fuerza de Mujeres Wayuú (Jakeline Romero Epiayu) Ecuador: Pueblo Shuar Arutam (PSHA), Amazon Watch, Lluviacomunicación y Witness Honduras: Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Juan Antonio López) México: Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA); Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de junio’, Chiapas; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Comunidades Unidas de Zimapán y la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTYBE) de Epazoyucan, Hidalgo; Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán, Oaxaca; Ejido El Bajío, Sonora Panamá: Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC) Perú: Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) (Vito Yuganson Calderón Villanueva), Asociación de Mujeres defensoras del Territorio y la Cultura K ́ana (Elsa Merma Ccahua)
Compilación del Informe Leny Olivera Rojas, TerraJusta Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Comité Regional de la Coalición contra la Pandemia Minera Aldo Orellana López & Leny Olivera Rojas, TerraJusta Ennedith López & Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Jamie Kneen & Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva
Revisión del informe Aldo Orellana López, TerraJusta Ennedith López, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá
Traducción del español al inglés Thomas Mc Donagh
Corrección de Estilo Adriana Montes Sánchez (Español) Maddy Ryle (Inglés
Resumen ejecutivo
Dos años después de la pandemia mundial a causa del COVID-19, las comunidades afectadas por proyectos mineros, en gran parte de América Latina, han estado viviendo múltiples crisis cada vez más profundas y una aceleración de la violencia, vinculada con la extracción de recursos.
La industria minera ha recibido el apoyo directo e indirecto de los gobiernos, para mantener e incluso ampliar sus operaciones, mientras que las comunidades deben asumir, de manera simultánea, las limitaciones sociales, y los impactos sanitarios y económicos, como consecuencia del virus; así como la militarización, violencia y los daños ambientales directos, que genera la minería en sus territorios. Sin embargo, incluso frente a amenazas graves, las y los defensores del ambiente y del territorio persisten. De hecho, la defensa de la tierra de las comunidades y la ayuda mutua, han sido fundamentales para mantener a las personas lo más seguras posible durante este tiempo de crisis y para reforzar la importancia de proteger el agua, la soberanía alimentaria y el autogobierno.
Las relaciones asimétricas de poder económico y político, entre las empresas mineras y las comunidades locales, que son a la vez racistas, patriarcales, coloniales e imperialistas, se han profundizado durante la pandemia. La pandemia ha ejercido nuevas presiones sobre las comunidades afectadas por los proyectos mineros y, al mismo tiempo, ha creado oportunidades para que las empresas mineras y los gobiernos, continúen violando sus derechos. Esto ha puesto a las comunidades, muchas de ellas comunidades indígenas, en mayor riesgo de sufrir daños graves a largo plazo, para que un pequeño puñado de inver – sores adinerados pueda enriquecerse aún más.
El resultado de la pandemia, desde la perspectiva de las personas afectadas por la minería, parece estar hecho a la medida de los intereses de las empresas mineras. En general, las empresas mineras han podido aprovechar la pandemia como una ventana de oportunidad para impulsar proyectos a los que se oponen las comunidades locales. Las actividades mineras solo tuvieron breves pausas en sus operaciones y en cambio, fueron rápidamente declaradas esenciales para la reactivación económica, y se les permitió continuar operando; lo que generó un incremento progresivo en sus ganancias, a medida que se disparaba el precio de los metales.
En una serie de casos, también encontramos que las empresas utilizaron su influencia política e incluso la amenaza de demandas de arbitraje, para argumentar que la extracción de recursos es necesaria o inevitable para la reactivación económica posterior al COVID-19, lo que implica dividir a las comunidades y marginar a los defensores de la tierra que se oponen a estas narrativas. La llamada transición energética solo sirvió como una justificación más para sostener o expandir las actividades mineras. Varios estados cómplices, sin necesidad de mucha presión de parte de las empresas, desregularon aún más éstas actividades y/o crearon planes para estimular su crecimiento, mientras que los daños existentes en territorios y población, siguen en la impunidad.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida en el Ejido El Bajio en Sonora ante la devastación minera – A 20 de mayo del 2022
El día de ayer, miembros del Ejido El Bajío junto con organizaciones aliadas de Londres, presentaron una carta ante la Embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.1 En ella, El Bajío exige la ejecución de las 67 sentencias agrarias a favor del ejido, en su lucha contra la mina de oro Soledad-Dipolos propiedad de la empresa minera PENMONT que operó en su territorio de forma ilegal por más de diez años. Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), nos sumamos a las exigencias del ejido El Bajío para que se cumpla el estado de derecho y se llegue a la justicia y rendición de cuentas ante una de las empresas mineras más poderosas de México.
La empresa PENMONT pertenece al conglomerado de empresas de Fresnillo PLC, la cual, es propiedad en un 75% de Industrias Peñoles cuyo dueño es la familia Baillères. Fresnillo PLC celebró este 17 de mayo su reunión anual de accionistas en Londres, lugar en donde cotiza dentro de la bolsa de valores desde el 2008. Una delegación de ejidatarios del ejido El Bajío, logró entrar a dicha reunión y presentar una serie de demandas y exigencias, que en ningún momento la empresa ha admitido frente a sus accionistas, tal como se evidencia en sus propios informes.
Las demandas y exigencias del ejido se centraron en recalcar la secrecía de la empresa ante sus accionistas sobre las 67 demandas interpuestas por el ejido en el 2013 y las cuales cuentan con sentencias firmes desde el 2014 emitidas por el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. En las sentencias se ordena a la empresa a: abandonar la mina Soledad-Dipolos ubicada dentro del territorio del cual es propietario el ejido El Bajío; devolver al ejido todo el oro extraído durante la ocupación ilegal de las tierras; pagar las rentas a los ejidatarios por la ocupación ilícita de sus tierras; restituir las tierras a su estado natural y remediar el daño al medioambiente descontaminando las tierras afectadas. Asimismo, hay una nueva sentencia dictada en enero de 2022, por el mismo tribunal que declara nulo un título de propiedad otorgado a la Minera PENMONT por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), condenando “a la parte demandada al respeto irrestricto de la propiedad social del ejido El Bajío y se le solicita, que en un futuro se abstenga de realizar actos que perturben la posesión jurídica y material que el ejido mantiene dentro del territorio”, tal como el ejido le relata en su carta a la embajadora de México entregada el día 19 de mayo.2
Desde la emisión de las sentencias del 2014, el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de PENMONT. El punto máximo de la violencia ha sido el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz (y la desaparición de su cuerpo), la desaparición de Noemí López Gutiérrez en el 2018, y el asesinato de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en abril de 2021, quienes además de ser asesinados fueron usados como amenazas, al dejar un cartel con el nombre de trece ejidatarios sobre sus cuerpos.
En su carta a la embajadora, el ejido solicita que “usted, como nuestra representante y defensora del medio ambiente, cuente con esta información y pueda generar acciones que conlleven al cumplimiento de la justicia, a la conservación de nuestro medio ambiente y a la defensa de la vida de todas y todos los mexicanos en nuestro país.” Sin embargo, una relación familiar de la diplomática con un alto ejecutivo de la empresa Fresnillo PLC pone en duda la posibilidad de una respuesta consecuente.
Influencia minera en la embajada de México en el Reino Unido
La Mtra. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena fue nombrada como Embajadora de México en el Reino Unido el 23 de abril de 2021, es hija del ahora fallecido, Patrocinio González Garrido, ex gobernador de Chiapas y ex secretario de Gobernación bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Inexplicablemente, ocupó de forma efímera el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre del 2018 a mayo del 2019.3
Consideramos que este cargo fue ocupado de forma inexplicable, ya que la ahora embajadora, tiene relaciones familiares en los sectores energéticos, turísticos y mineros del país, mostrando un claro conflicto de intereses, tal como tenía en torno a decisiones importantes con respecto al Tren Maya, cuando fue cuestionada por su relación familiar con David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.4 En el sector minero, destaca que uno de los primos hermanos de la embajadora, es Carlos Ortiz Mena, abogado de Fresnillo PLC desde 2001 y quien logró la incorporación de la empresa en la bolsa de valores de Londres, en 2008; año desde el que dirige la sección jurídica de toda la misma. Es decir, Carlos Ortiz Mena es quien dirige a su equipo frente las sentencias que ha logrado el ejido El Bajío y, en consecuencia, quien decide lo que se informa a sus accionistas al respecto.
Ante la evidente relación y conflicto de interés existente entre la Embajadora y su primo el Lic. Carlos Ortiz Mena, REMA exige a la embajadora que responda como le corresponde, defender los intereses de las y los mexicanos y no de su primo hermano. Específicamente, exigimos que atienda las demandas y exigencias del ejido El Bajío ayudando a visibilizar la grave situación de violencia que esta empresa ejerce contra la población del ejido, misma que actúa en total impunidad con el gobierno mexicano.
Otros diplomáticos mexicanos con fuerte influencia minera
Para concluir, queremos decir que la 4T, realmente se ha esmerado en colocar en cargos diplomáticos a verdaderos creyentes y promoventes mineros mexicanos en el extranjero, ya que la ex Secretaria de Medio Ambiente no es el único caso en esta administración.
Está también el reciente nombramiento de la ex Gobernadora de Sonora, la Lic. Claudia Pavlovich Arellano como Cónsul de México en Barcelona, cuyo tío, Rafael Pavlovich Durazo, fue uno de los principales operadores de la misma operación minera dentro del ejido El Bajío desde el 2015 al 2018. Pavlovich Durazo es causante del inicio de las primeras manifestaciones de criminalización y violencia en contra del ejido. Vale mencionar que el mismo día de ayer una representante de las más de 120 familias de las niñas y niños de la guardería ABC de Hermosillo estuvo en España para exigir la destitución de la ex gobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul mediante una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ayuntamiento de Barcelona, por haber encubierto a los responsables del incendio en el que murieron 49 niños y muchos más sufrieron daños irreversibles.5
De la misma manera la 4T premió al ex Subsecretario de Minas Francisco Quiroga nombrándolo como Embajador de México en Alemania. Antes de llegar a la política con la inauguración de la administración de López Obrador, el Sr. Quiroga fue empresario en la industria del acero y trabajaba con varias empresas, entre ellas el Grupo Villacero y ArcelorMittal.6 Ahora, llama la atención que representa los intereses de México en uno de los países más dominantes en el sector automotriz y una de las principales potencias en la industria del acero.
En REMA tenemos una larga historia de aprendizajes que nos hacen cuestionar la objetividad del cuerpo diplomático, no sólo de México, sino de varias naciones. En el caso de la embajada canadiense, por ejemplo, a quien hemos denunciado durante años por su constante apoyo a las empresas mineras canadienses en México, frente el caso del asesinato de Mariano Abarca, uno de los fundadores de REMA, por lo cual exigimos una investigación en Canadá.7 Esta embajada hizo trabajo diplomático e injerencista al servicio de los intereses de la empresa Blackfire en Chicomuselo, Chiapas, aun conociendo los riesgos que corría la vida de Mariano durante las semanas y meses antes de su asesinato ocurrido en noviembre del 2009. Por esto, y por los obvios problemas de conflicto de interés, cuestionamos la abierta participación de empresarios y personas vinculadas a empresarios en puestos diplomáticos.
La representación de nuestro país en manos de estas/os dudosas/os personajes, lo único que logra es la reproducción del modelo extractivo minero que estamos padeciendo las comunidades, mismo que ha generado tanta destrucción y pérdida de vidas en las comunidades y los territorios, tal como ahora lo demuestra con tanta claridad la situación en que se encuentra el ejido El Bajío, en Sonora.
¡Basta de la diplomacia minera mexicana!
¡Justicia y rendición de cuentas para el ejido El Bajío!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Imagen: Ejido El Bajio protestas frente a Palacio Nacional – enero 2022 – El bajio
Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
>>Informe aquí abajo<<
Informe REMA: La Lucha por lo Esencial
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 entidades de la República.
Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando. Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.
A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3
Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.
La minería no es una salida a la crisis, es su profundización
¡Territorios libres de minería! Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Informe: La lucha por lo esencial
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Protesta El Bajio en CDMX
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), http://www.remamx.org/ Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos. Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez. Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/ Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe. Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas. Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/. Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva, https://www.salvalaselva.org/ México, Mayo 202
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los dos amparos ganados en la lucha contra la minería y por la vida en Colima – A 11 de mayo del 2022
La Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima, hace unos días volvió a atinar un duro golpe al modelo extractivo minero, al ganar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Colima, y dejar sin efecto dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía había otorgado (una de ellas desde 1995) para la extracción de minerales dentro de su territorio.
La lucha de Zacualpan comenzó en 2013 cuando el empresario minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez, de la empresa Gabfer, S.A. de C.V. y la entonces Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, se acercaron a la Comunidad de Zacualpan, uno a comprar y la otra a presionar, al comisariado comunal representado por Carlos Guzmán Teodoro con el fin de que él convenciera a los comuneros para que otorgaran el permiso para la explotación de oro, plata y manganeso de los lotes Heliotropo y Tigrilla con número de concesión 201872 y 227572. La oferta era de 15 a 17 mil pesos por voto y la promesa de poner una farmacia en la Comunidad.
Nunca pensaron que esa comunidad indígena les fuera a dar tantos dolores de cabeza y que tantas/os funcionarios iban a ver afectados sus intereses y algunas/os otras/otros iban a ser incluso destituidos de su cargo. En 2013 se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y, por esta organización, fue que en 2014 el primer funcionario cayó. Se trató de de Carlos Guzmán Teodoro, que fue destituido por la fuerza de la Asamblea Comunal, autoridad máxima, que nombró un nuevo comisariado y que por primera vez en la historia de Zacualpan contaba con dos mujeres, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Arandas, secretaria y tesorera respectivamente. En esa misma Asamblea se decidió declarar a Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”.
Ante esto, el gobierno del estado de Colima se negó a reconocer al nuevo comisariado. La Comunidad, en respuesta, paró las bombas de agua que distribuyen agua a Colima y Villa de Álvarez. Esto era una acción también simbólica, pues se sabía que el manantial que Zacualpan había cuidado por generaciones, sería uno de los primeros en contaminarse con la operación de una mina. Rogelio Rueda, en ese momento Secretario de Gobierno, reprimió de manera brutal a las y los indígenas que se encontraban exigiendo ser atendidas/os. Con más de 200 granaderos y una tanqueta obligó, violentamente, al contingente a retirarse del sitio. Esto sería la causa de que el funcionario perdiera su candidatura a gobernador, más adelante.
Por otro lado, Díaz Rivera, la Delegada de la Procuraduría Agraria, asesoró a Carlos Guzmán para que interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, juicio que resolvió el Magistrado Antonio Luis Betancourt, el 3 de julio de 2014. No sólo no le dio el triunfo a Carlos Guzmán reconociendo al nuevo comisariado sino que, por primera vez en México, se reconocía a un Territorio Libre de Minería por un Tribunal Agrario. Esto, por supuesto también le costó a este Magistrado su destitución y por muchos años ese Distrito estuvo sin nombramiento.
Por su lado, Díaz Rivera insistía en que el nuevo comisariado no era legítimo y su soberbia la llevó a extralimitarse en sus funciones y comenzó a cometer incontables violaciones a los derechos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, llegando al extremo de usar un helicóptero del gobierno del Estado para poder llegar a la Comunidad y realizar una Asamblea en 9 minutos, donde pretendía destituir al nuevo comisariado ya ratificado por el Tribunal Unitario Agrario.
Este cúmulo de acciones violentas e ilegales contra la comunidad indígena de Zacualpan llevaron a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y a Bios Iguana A.C., que habían estado apoyando desde un principio a la Comunidad Indígena, a organizar una Misión de Observación donde participaron más de 20 organizaciones nacionales e internacionales en marzo de 2015, unos días después de que la principal líder indígena de Zacualpan, la muy querida Epitacia Zamora Teodoro, muriera a causa de presiones y amenazas que agravaron su salud. En esos meses fueron interpuestas denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria en contra de María Elena Díaz Rivera por intimidación y abuso de autoridad.
La REMA, en ese mismo mes de marzo de 2015, junto con otras organizaciones nacionales y como parte de una estrategia nacional para lograr la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apoyó a la Comunidad Indígena de Zacualpan para interponer un amparo contra las concesiones mineras que se habían otorgado en su territorio.
A principios de 2016 finalmente fue destituida la Delegada de la Procuraduría Agraria, Maria Elena Díaz Rivera, por orden del Órgano Interno de Control de la misma Procuraduría Agraria.
Cuántas angustias, violencia física, violencia psicológica, división, criminalización, estigmatización, acoso policiaco, amenazas de muerte, cuánta sangre corrió, cuántas familias divididas, cuantas tristezas, cuanto acoso tuvieron que soportar mujeres y hombres de la Comunidad Indígena de Zacualpan hasta que ahora, finalmente, a 7 años de interpuesto ese amparo, el Juez Federal, Jorge Damián González Villaseñor, Titular del Juzgado Segundo Distrito le da la razón a la Comunidad indígena y deja sin efecto esas concesiones.
Desde la REMA le decimos a la Comunidad Indígena de Zacualpan y al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, miembro de la REMA, que recibimos con gran alegría la noticia de este triunfo, que no es más que de ustedes. Que las y los vemos como un gran ejemplo de lucha y tenacidad, que nos alienta a seguir en este camino. Que su lucha también nos ha fortalecido y nos ha enseñado senderos nuevos que hemos compartido con otras luchas, para que no cometan los mismos errores, para que estén claras/os de que la lucha es larga pero con fuerza firmeza y tenacidad se logra ganar a este modelo extractivo que nos carcome la vida.
En 1981-1982, los regímenes genocidas guatemaltecos, respaldados por Estados Unidos, llevaron a cabo cinco masacres a gran escala contra el pueblo maya achí de la aldea de Río Negro, para dar paso a la presa hidroeléctrica de Chixoy del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un proyecto de inversión en energía que fue financieramente rentable para ambos bancos de «desarrollo» y que dio lugar a una muerte masiva y a la devastación de Río Negro, y de docenas de pueblos mayas a lo largo del río Chixoy.
Impunidad desde lo nacional al internacional Hasta hoy dia, los gobiernos de Guatemala no han cumplido con las reparaciones y condiciones ordenadas como parte de la Sentencia de Corte Inter-Americana de DDHH (2012), ni con las reparaciones ordenadas como parte del Decreto #378-2014, «la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy».
Hasta hoy dia, no el Banco Mundial ni el BID han aceptado responsabilidad algunas por las massacres, destruccion y desalojos violentos e ilegales vinculados con la construccion de la presa Chixpy. Los dos bancos de ‘desarrollo’ profitaron de sus inversiones en este proyecto genocida de desarollo.
14 de mayo – Masacres de Los Encuentros Ahora, bajo las aguas de la presa, Los Encuentros era un punto de encuentro río abajo de la remota aldea de Río Negro, que había estado enclavada a lo largo del río Chixoy (también conocido como Río Negro) en el centro de Guatemala durante siglos, hasta la construcción violenta e ilegal de la presa de Chixoy del Banco Mundial y el BID (1975-1985).
Representación de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, utilizada en un trabajo de educación popular del Centro Historico de la aldea de Rio Negro Salvajismo Fue ese dia, ahi en Los Encuentros, que los patrulleros y soldados llevaron a cabo el cuarto de los 5 masacres de la presa Chixoy/Rio Negro. En total, más de 440 niñas y niños, bebés y ancianos, hombres y mujeres de Río Negro fueron asesinados sin miramientos.
Es difícil comprender el salvajismo de estas matanzas. Los aldeanos fueron asesinados a golpes de machete, estrangulamiento y disparos; las mujeres fueron violadas y golpeadas hasta la muerte; los niños pequeños y los bebés fueron golpeados contra las piedras.
Las masacres y la destrucción fueron llevadas a cabo por los militares guatemaltecos y los patrulleros de la defensa civil (PAC), y por los guardias de seguridad que trabajaban para el proyecto de la presa de Chixoy.
Tras la última masacre de la presa de Río Negro/Chixoy (en la aldea de Agua Fría, el 14 de septiembre de 1982), algunos supervivientes perecieron de hambre y enfermedad, mientras se escondían en cuevas y barrancos de las montañas circundantes. Incluso después de la erradicación de Río Negro y de la mayoría de sus habitantes, los soldados y las PAC patrullaron a pie la zona de la cuenca del río Chixoy, matando a cualquiera que encontraran sobreviviendo allí.
«Plan de reubicación» del Banco Mundial/BID La matanza de los habitantes de Río Negro y la erradicación de la aldea sirvieron para la «reubicación» del proyecto, para dar paso al llenado de la cuenca de la presa. En total, más de 30 comunidades mayas fueron desalojadas por la fuerza, total o parcialmente, río arriba y río abajo del muro de la presa. Ninguna comunidad sufrió más que Río Negro.
En su libro «Chixoy dam, displacement and development: Perspectivas de Río Negro, Guatemala», Nate Einbinder escribió: «No hay forma de cuantificar lo que se perdió en Río Negro» (https://www.springer.com/la/book/9783319515106).
Nate tiene razón. Es difícil exagerar la amplitud y la enormidad de la criminalidad y la violencia del Banco Mundial y el BID, en asociación directa con los regímenes genocidas guatemaltecos de los generales Lucas García y Ríos Montt.
Daños intergeneracionales Los impactos de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro y los desalojos forzosos continúan hoy en día de múltiples maneras. La mayoria de los supervivientes de las masacres y desplazamientos, sus hijos y nietos, llevan hoy vidas de subsistencia, en condiciones de pobreza crónica. Muchos se han visto obligados a huir de su casa y de su país y a intentar buscarse la vida en México o en Estados Unidos.
Impunidad intergeneracional También es imposible exagerar la profundidad de la corrupción y la impunidad del Banco Mundial, el BID y los sucesivos regímenes respaldados por Estados Unidos en Guatemala, que fueron directamente responsables de las masacres y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy/Río Negro.
Han pasado casi cuatro décadas y todavía no se ha hecho justicia contra los autores intelectuales, beneficiarios y aprovechados de este proyecto de inversión de «desarrollo internacional».
Supervivencia / Verdad / Justicia y Reparación Una reflexión sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, 40 años después, puede entenderse mejor en términos de la supervivencia de los supervivientes y su trabajo y lucha continuos para contar la verdad y buscar justicia y reparación.
Supervivencia La mayoría de los sobrevivientes de Río Negro viven hoy en día -con hijos y nietos nacidos desde los crímenes de la presa de Chixoy- en el antiguo campo de concentración militar de Pacux, donde fueron obligados a vivir, y fueron «reubicados» desde Río Negro. Algunos han regresado para ganarse la vida a duras penas, en lo alto de la ladera seca de la montaña, donde la comunidad original se encuentra ahora bajo unos 100 metros de acumulación de limo y agua de la presa de Chixoy. Sebastián Iboy Osorio, superviviente y testigo presencial (cuando tenía 16 años) de la masacre del 13 de marzo de 1982, en la que fue asesinada la mayor parte de su familia, camina por Río Negro, por encima del lodo y el limo que han llenado la cuenca del río Chixoy desde que se represó en 1983, tras la última masacre. La comunidad original de Río Negro se encuentra debajo del lodo. Sus condiciones de vida actuales de pobreza y trauma intergeneracional son complicadas y tóxicas, y son un resultado directo de las masacres, los desplazamientos y los daños de la presa de Chixoy. Sin embargo, sobreviven y siguen reconstruyendo sus vidas para sus hijos y nietos, y siguen contando la verdad y exigiendo justicia y reparaciones.
Se podría decir que es un milagro, pero no lo es. Es un testimonio de la valentía, la dignidad y la fuerza espiritual de los supervivientes de Río Negro (en concreto) y de los pueblos mayas (en general), arraigados en sus antepasados, sus tierras y la Madre Tierra, sus dioses y sus ceremonias.
La verdad Desde la primera exhumación de las víctimas de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, llevada a cabo en 1993-94 por el EAFG (Equipo de Antropología Forense de Guatemala), precursor de la FAFG (Fundación Guatemalteca de Antropología Forense – https://fafg.org/home/), en el lugar conocido como «Pak-o-shom» en las montañas por encima de la aldea original de Río Negro, los supervivientes han estado diciendo la verdad para que todos la escuchen.
Desde esta primera exhumación de la fosa común vinculada a la presa de Chixoy, los sobrevivientes han apoyado otras exhumaciones y han impulsado los esfuerzos para buscar justicia en Guatemala y a nivel internacional.
Los sobrevivientes de la masacre y los testigos presenciales -como Jesús Tecu Osorio y Carlos Chen Osorio- han escrito libros testimoniales. Se han realizado películas documentales. Se han escrito artículos y reportajes. Los activistas supervivientes han viajado por todo el mundo dando testimonios en conferencias y protestando en las reuniones del Banco Mundial y el BID.
Justicia A pesar de la amplia documentación sobre los crímenes de la presa de Chixoy, no se ha conseguido justicia contra ninguna institución (BID, Banco Mundial) o gobierno (Guatemala, Estados Unidos) por su papel como autores intelectuales y materiales de la muerte y destrucción de la presa de Chixoy.
Tribunales nacionales Hay una excepción parcial a esta última afirmación. Desde 1994, los sobrevivientes de Río Negro han presionado al corrupto y comprometido sistema legal guatemalteco para que juzgue, declare culpables y envíe a la cárcel a nueve ex patrulleros de la defensa civil y comisionados militares, principalmente de la aldea vecina de Xococ, que participaron en las matanzas de Río Negro bajo las órdenes y el control de los militares guatemaltecos.
Este es un logro importante. En el corrupto sistema jurídico de Guatemala, los juicios por crímenes de lesa humanidad son escasos, y las condenas, menos. Sin embargo, el encarcelamiento de nueve de los «actores materiales» de menor rango de los crímenes de la presa de Chixoy también sirve como prueba de la impunidad con la que actuaron los «autores intelectuales» de los crímenes.
Ni un solo militar de la cadena de mando, que ordenó y llevó a cabo las masacres de la presa de Chixoy, fue capturado, juzgado y condenado.
Ni un solo funcionario o responsable de programas del Banco Mundial y del BID fue sometido a ninguna investigación sobre el papel de los bancos en la asociación con los regímenes genocidas de Guatemala en la planificación y ejecución de todos los aspectos del proyecto, incluyendo el despojo ilegal de tierras, las masacres y los desplazamientos forzados.
Corte Interamericana de Derechos Humanos Dado que sólo los «actores materiales» de bajo rango fueron declarados culpables de los crímenes de la presa de Chixoy, los supervivientes de Río Negro presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando impunidad y falta de acceso a la justicia.
Tras años de retrasos, manipulaciones por parte del gobierno guatemalteco y amenazas a los supervivientes de Río Negro que lideraban esta lucha por la justicia, el 20 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno guatemalteco responsable de las masacres de la presa de Río Negro/Chixoy y le ordenó que
investigar legalmente las masacres;
enjuiciar a todos los autores materiales e intelectuales
continuar la búsqueda de los desaparecidos
realizar exhumaciones e identificar a las víctimas;
reconocer públicamente su responsabilidad;
construir infraestructuras y servicios básicos para los supervivientes de Río Negro en Pacux
implementar proyectos de rescate de la cultura del pueblo Maya Achí
proporcionar tratamiento médico y psicológico a las víctimas; y
pagar una indemnización a las familias supervivientes por los daños materiales e inmateriales sufridos.
Si bien esta sentencia de la Corte Interamericana es un importante logro de justicia parcial, la Corte no individualizó la responsabilidad: la sentencia no tuvo impacto en los autores intelectuales de los crímenes de la presa de Chixoy.
Además, la Corte Interamericana se negó a investigar las funciones y responsabilidades del BID y del Banco Mundial, reforzando su corrupción e impunidad.
Recién en 2019 el gobierno de Guatemala realizó los primeros pagos parciales a algunos de los miembros sobrevivientes de la familia de Río Negro, mientras que no cumplió con los demás términos de la sentencia de la Corte. Desde entonces, el gobierno se ha negado a pagar más fondos de reparación o a cumplir con cualquier otro requisito.
Campaña de reparación de la presa de Chixoy Aunque no se trata de un proceso legal formal, la campaña de reparación de la presa de Chixoy es un logro importante, aunque inacabado. Tras años de exhumaciones y otros trabajos de búsqueda de la verdad, los supervivientes de Río Negro se unieron en 2004 a los demás pueblos desplazados por la fuerza y perjudicados por la violencia y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy para exigir una reparación integral. Aclaración: la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a las masacres de Río Negro directamente relacionadas con el proyecto de la presa de Chixoy; la Campaña de Reparaciones se refiere a otras pérdidas y destrucciones causadas por el proyecto. Al igual que con el caso de la Corte Interamericana, sólo después de años de retrasos, manipulaciones y amenazas a los supervivientes que lideran esta lucha, el 8 de noviembre de 2014 el entonces presidente y ex general del ejército Otto Pérez Molina (ahora encarcelado por cargos de corrupción) se disculpó en nombre del régimen guatemalteco por las violaciones de los derechos humanos y los sufrimientos causados por el proyecto de la presa de Chixoy, y firmó el Decreto #378-2014, «la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy».
A partir de 2022, el gobierno de Guatemala sólo ha realizado pagos parciales del monto total a pagar en compensación familiar y proyectos de reconstrucción para las comunidades perjudicadas y destruidas por el proyecto.
Una vez más, el Banco Mundial y el BID resistieron todas las presiones para ser incluidos en la investigación de la Campaña de Reparaciones. La impunidad y la corrupción de la «comunidad internacional» se reforzaron de nuevo.
Valor, dignidad y fuerza 40 años después, sólo se ha pagado una pequeña cantidad de reparaciones a algunas de las víctimas de la presa de Chixoy. No se ha hecho justicia a las funciones y responsabilidades de los autores intelectuales de los gobiernos, el Banco Mundial y el BID que promovieron, diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron económicamente del proyecto.
Señalar la impunidad y la corrupción de los autores intelectuales y aprovechados de los crímenes del proyecto de la presa de Chixoy pone de manifiesto la enormidad de este problema humano global.
Hoy en día, en todo el planeta, los gobiernos, los llamados bancos de «desarrollo», las empresas y otros inversores siguen adelante con proyectos de inversión, desplazando violentamente a las poblaciones y destruyendo los hábitats, violando una amplia gama de derechos individuales y colectivos, y devastando la Madre Tierra.
La presa de Chixoy fue uno de esos proyectos, quizá más mortífero, violento y destructivo que la mayoría.
TESTIMONIO: Canadian Mining in the Aftermath of Genocides in Guatemala (La minería canadiense tras los genocidios en Guatemala) En nuestro libro TESTIMONIO, incluimos artículos de Cyril Mychalejko y Nate Einbinder sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, haciendo las conexiones directas entre la creación de esta fuente masiva de energía hidroeléctrica en los años genocidas de los 70 y 80, y la nueva ola de inversiones mineras lideradas por Canadá que comenzó en los 90 y principios de los 2000.
El Banco Mundial fue también -no es una sorpresa- uno de los primeros inversores más influyentes en la operación minera de lixiviación con cianuro a cielo abierto de Goldcorp Inc, una de las cuatro minas a gran escala documentadas en TESTIMONIO. *** Señalar la enormidad de la impunidad y la corrupción de los autores y aprovechados de los crímenes de la presa de Chixoy no lleva a nada, y de hecho pone de relieve el valor y la dignidad, la fuerza y la visión de los supervivientes de Río Negro.
Desde que conocí a Carlos, Jesús, Antonia, Bruna, Teodora, Cristóbal y otros supervivientes de Río Negro en 1994, me asombra su fuerza espiritual y su dignidad, su compromiso para reconstruir vidas, familias y comunidades, y su valiente e incesante lucha por la verdad y la justicia.
Desde 1994, Rights Action ha apoyado varios de los procesos de verdad, memoria y justicia, y proyectos de desarrollo y reconstrucción de la comunidad iniciados por los sobrevivientes de Río Negro. Nos comprometemos a seguir haciéndolo, y … a seguir exigiendo que el Banco Mundial y el BID rindan cuentas plenamente algún día, en algún tribunal, en algún país o universo que realmente crea en la justicia y la rendición de cuentas. ******* Más información
Carlos Chen, ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achi): chenosorio.carlos@gmail.com;
