[Informe] “Yo sólo quería que amaneciera»

En el marco de acciones por las 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotziapa compartimos el siguiente informe “Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”

Prólogo

El diagnóstico psicosocial y en salud que recoge este informe, es parte de un proceso de acompañamiento a los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa. Su objetivo es documentar su experiencia, y convertir ese dolor y sufrimiento en algo útil para escuchar y cambiar.

La idea del diagnóstico nació del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por México de acuerdo con los representantes de las víctimas para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso. El GIEI empezó a documentar la experiencia de los familiares, heridos y sobrevivientes, como una muestra de lo que se necesita hacer frente al drama de la desaparición forzada. Durante su trabajo, llevó a cabo acercamientos entre los familiares y el Estado y ayudó a tejer las primeras iniciativas de atención. También incluyó en su segundo informe la propuesta de que se hiciera un diagnóstico que ayudara a seguir dando pasos en esa dirección, y estableció algunos criterios como la adecuación al proceso de los familiares, su participación, el trabajo con profesionales de confianza y el apego a los estándares internacionales en la atención a sus derechos, con sus diferentes urgencias y necesidades.

El equipo que cuidadosamente lo ha realizado tuvo la ardua tarea de entrevistar, escuchar, tratar de entender, analizar y narrar algo para lo que no es fácil encontrar palabras. El trauma es inenarrable porque no entra en las categorías con las que contamos. Y la desaparición forzada es el trauma más duro porque además de la tragedia de la pérdida conlleva una dramática incertidumbre, un dolor permanente. Este diagnóstico acompaña y traduce, y sobre todo permite escuchar las voces de las víctimas, sobrevivientes y familiares. El compromiso acordado fue que las propuestas del diagnóstico serían la guía de las políticas del Estado en relación a los familiares y víctimas del caso. Esa es ahora la tarea.

El trabajo psicosocial es un método de trabajo al lado de la gente, con la convicción de que, en los casos de violaciones de derechos humanos, las víctimas y sobrevivientes son el elemento central de cualquier estrategia de transformación. Sin embargo, la historia reciente de muchos de estos casos en México está escrita en la crónica roja que convierte a los muertos y desaparecidos en estadísticas de un abstracto problema de seguridad, que se refiere a cárteles, policías, gobiernos o la militarización, pero que no habla del sufrimiento ni de sus rostros. Los heridos, sobrevivientes y familiares del caso Ayotzinapa son parte de una persistencia que hace visible, junto con otros muchos familiares, esa profunda herida.

En los casos de desaparición forzada, donde la niebla de silencio cubre los hechos y se trata de desviar la atención y ocultar las responsabilidades, la atención psicosocial empieza por el acompañamiento hacia lo que los familiares de desaparecidos más quieren y necesitan: saber la verdad y el destino de sus padres, hijos y hermanos. Asimismo, es necesario brindar apoyo a muchas de las necesidades invisibles que acompañan esa lucha por la verdad y contra la impunidad. El impacto en las familias, la atención psicosocial, los problemas de salud, son parte de los elementos que hay que considerar para el fortalecimiento personal y colectivo. Lo que en estas páginas se encuentra es un tesoro escondido en el que, a pesar del dolor de la ausencia y del desprecio sufridos, laten las ganas de saber y de vivir. El impacto de las violaciones a los derechos humanos, de las amenazas, las heridas, las pérdidas, la desaparición forzada, no puede esconderse debajo de la alfombra, ni se puede dejar de lado. Hay que mirarlo a los ojos.

Este es un trabajo de memoria viva. Hay un antes y un después de los hechos traumáticos para las víctimas y familiares. También lo hay para México. Como señala Hannah Arendt: “Hay tiempos históricos, raros periodos intermedios, en los que el tiempo está determinado tanto por cosas que ya no son como por cosas que todavía no son”. En la historia estos intervalos han demostrado, en más de una ocasión, que pueden contener el momento de la verdad. El intervalo entre el pasado y el futuro no es un contínuum sino un punto de fractura en el que luchamos para hacernos un lugar propio.

El Informe de impactos psicosociales da cuenta de esa fractura. Escucharla es parte de lo que se necesita para generar acciones de atención con respeto y dignidad. En estas páginas se dibujan y proponen algunos de esos caminos que, desde la experiencia de las víctimas y familiares, pasan por la atención psicosocial, la salud, la verdad y la justicia. Esta es una experiencia inédita en México, un ejemplo también para otros casos, para aprender y fortalecer una respuesta adecuada desde las instituciones. Este diagnóstico incluye algunos de esos caminos para hacerlo posible y está tejido de una convicción que es necesario escuchar: ninguna herida se cura sin el bálsamo del reconocimiento.

Dr. Carlos Martín Beristain

Introducción

El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, fueron perpetrados una serie de ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil que se encontraba en el lugar de los hechos o que acudieron para ayudar a los normalistas. Los ataques generaron indignación en la sociedad mexicana, que se movilizó sobre todo en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en los ataques. Estos hechos también tuvieron repercusiones a nivel internacional; se organizaron eventos de solidaridad en diferentes países y organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron por el esclarecimiento de los sucesos, la búsqueda de los normalistas desaparecidos y la sanción a los responsables.

El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) emitió la Medida Cautelar No. 409/141. En seguimiento a las medidas cautelares, y a petición de los beneficiarios, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional en la investigación del paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la cidh, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei)2, y su mandato: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El giei inició su mandato el 2 de marzo de 2015 por un periodo de seis meses, que fue prorrogado por seis meses más. El 30 de abril de 2016 culminó ese periodo. Durante su gestión, el giei emitió dos informes sobre el caso Ayotzinapa.

El giei permitió ampliar y profundizar las líneas de investigación, y el Estado creó la Oficina de Investigación para el caso Ayotzinapa, encargada de continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la investigación de los hechos. En julio de 2016 se firmó un acuerdo para crear un Mecanismo de Seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la cidh para el caso Ayotzinapa y de acuerdo a las recomendaciones del giei.

>>Descargar informe en pdf<<

VIDEO: Pronunciamiento de Juan Almendares contra el servicio militar obligatorio en Honduras

El Doctor Juan Almendares Bonilla es miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4) y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras.

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«Estamos ante un Estado policial, militar, punitivo, represivo. Un estado militar no porque haya militares sino porque está ocupado militarmente por los Estados Unidos.

Cada vez que se anuncia un servicio militar obligatorio es que el ejército se siente débil frente a una guerra. Pero aquí lo que tenemos es una guerra total contra el pueblo. Hemos tenido a más de 50.000 muertos en los últimos seis años. Es más que una guerra. Aquí tenemos no solamente una guerra contra los pobres sino también contra los mismos empresarios que tengan un sentido nacional.

¿Qué paradigma representan las Fuerzas Armadas de Honduras para los jóvenes? ¿Qué soberanía defienden si defienden más los intereses del Comando Sur y del Pentágono que los intereses del país? ¿Cuál es el fin de ellos si han sido realmente los ejecutores de la Doctrina de Seguridad Nacional? ¿Y qué significa la Doctrina de Seguridad Nacional? Entrenar torturadores en la Escuela de las Américas o en los planes de agresión de Estados unidos contra América Latina. Quieren un servicio militar porque necesitan fuerzas, ¿para qué? ¿Para golpear a los jóvenes?

La nueva Doctrina de Seguridad Nacional es la limpieza social, es la agresión contra la juventud y también la agresión contra las mujeres. Las fuerzas armadas de Honduras representan al patriarcado que está articulado a las fuerzas actuales del neoliberalismo que nos afecta a todos. Por eso una feminista como Rita Segato, llama muchas cosas que tiene que ver con el cuerpo. Todas las denuncias que se han hecho es contra las violencias contra los cuerpos, sean de hombres, de mujeres o de las personas LGBT. Ella habla de la «pedagogía de la crueldad». El servicio militar obligatorio es una pedagogía de la crueldad en su gran extremo.

La política que sigue el ejército, no hay que verla aislada de un modelo económico y de un modelo intervencionista. Por eso nosotros preferimos tener conciencia antes de prestar la conciencia a los intereses de una cooperación que ayuda al servicio militar obligatorio. Estamos contra eso. No queremos recibir un centavo de ninguna cooperación internacional que es intervencionista a la dignidad de este país.

Por otro lado, es importante entender porqué tenemos impunidad en este país, porqué tenemos los gastos mayores en ejército, y no en salud ni en educación. Hay un Consejo de Seguridad, hay una Inteligencia que realmente está haciendo estragos en todos los niveles. Los jóvenes son reprimidos. Ya lo vimos con la militarización de la universidad y la tortura en la universidad. Ya hemos visto el asesinato de Soad Bastilla Ham, de 13 años, que levantó su voz y que apareció estrangulado en un saco y tirado en la calle. Como el asesinato de jóvenes del Instituto Vicente Caceres.

¿Para qué queremos un ejército y una policía que ha fracasado en todos los sentidos y cuando algunos de estos cuerpos han estado metidos en crímenes? Tenemos una política criminal del estado que atenta contra la libertad y por eso ahora, lo que tenemos es un sistema carcelario, una democracia encarcelada. tenemos cárceles y militares por todos lados y no han podido ni vencer el gorgojo. El gorgojo los derrotó.

La premisa de un ejército para cuidar al ambiente es falsa. La premisa de un ejército para que cuide los centros hospitalarios es falsa. La premisa para que cuide a los jóvenes en las escuelas es falsa. Ese paradigma militar es vergonzoso. No puede servir de ejemplo a los jóvenes.

Por otro lado, están involucrados cuerpos militares y policiales en la trata de blancas y el abuso sexual y la violación de mujeres. Este Estado no tiene límites, pero hay que ponerle un límite. La gente que se ha opuesto a este Estado está en las cárceles de máxima seguridad, que son centros de tortura donde la tortura es cotidiana. La bota militar se impone porque detrás de ella está la bota del poder económico de las multinacionales que golpean a nuestra juventud y a nuestras mujeres.

Hay que desmantelar el patriarcado en esta sociedad. Hay que desmantelar esta dimensión histórica que nos sumía como pueblo. Hay que levantar la conciencia. No solamente hay que decir NO al servicio militar obligatorio sino que hay que decir NO al Estado policial-militar y a la ocupación militar noerteamericana.»

Más información:

Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral

La fabricación de la muerte en América Latina

Juan Almendares Bonilla: Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos

Rita Segato y la Pedagogía de la Crueldad

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denuncia agresión armada en la Casa de la Memoria y la Esperanza

Comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A 22 de abril 2018

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Con tristeza y con mucha indignación denunciamos una agresión armada en la sede de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza por un grupo de personas armadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esta situación no es un problema por partidos políticos ni religioso, es una agresión a nuestra autonomía y a nuestra lucha pacífica.

Hechos:

El 21 de abril de 2018, realizamos trabajos de alambrado en el perímetro de la sede de la Organización y Casa de la Memoria y la Esperanza, para delimitar nuestro territorio haciendo el alambrado perimetral. Y construir una casa en la orilla de la carretera, en la entrada de nuestra sede, ya que en una asamblea acordamos hacer estos trabajos.

Pero, antes de que empezáramos nuestro trabajo, llegaron un grupo de personas: Antonio Gómez Pérez, presidente del grupo «Concejo Pacifista Sembradores de Paz», (grupo usurpador del nombre de nuestra Organización Las Abejas de Acteal) junto con su esposa Catarina Vázquez Pérez, María Vázquez Pérez, Javier Luna Pérez y su esposa Micaela Vázquez Pérez, Rosa Vázquez Pérez y su hijo Romeo Hernández Vázquez y Juan Vázquez Pérez, para sembrar hizotes para delimitar según ellos su terreno, dentro del área de nuestra sede, esto como a las 7:30 de la mañana.

Aproximadamente a las 18:45 horas, se comenzaron a escuchar disparos de armas de fuego desde la casa del señor Javier Luna Pérez del PVEM, lo que hicimos las mujeres, hombres y niñas y niños que nos encontrábamos en nuestra sede, correr y refugiarnos en la iglesia de la Virgen de la Masacre de Acteal y, creímos que ahí nomas iban a parar su agresión.

Pero, como a las 10:30 de la noche, un grupo de 6 personas jóvenes de nombres: Juan Vázquez Pérez, Eulalio Ruiz Gutiérrez, Mariano y Juan Gabriel Luna Vázquez hijos de Javier Luna Pérez y Esteban Pérez Gutiérrez, la mayoría son del PVEM, llegan a nuestra sede con armas de fuego, palos, piedras y comenzaron violentamente a destruir el alambrado que habíamos hecho alrededor de nuestra sede y al mismo tiempo realizaban disparos de armas de fuego. Y cuando terminaron de destruir el alambrado realizaron 4 disparos de armas de fuego y de ahí se regresaron a sus casas.

Después de esta destrucción del alambrado, como a las 23:20 horas, este mismo grupo de personas armadas regresa a destruir la casa de la Organización de Las Abejas que se había construido en la orilla de la carretera, en ese momento estábamos varias mujeres realizando un cinturón de seguridad para evitar que destruyeran la casa, pero, no nos respetaron y así cometieron su acto violento, aventando a la carretera las maderas y algunas se las llevaron a su casa. Su acto de destrucción duró aproximadamente 10 minutos. Una vez que terminaron el destrozo, y se fueron a juntarse en la puerta de la casa del presidente del «Concejo Pacifista Sembradores de Paz» y desde ahí le dispararon con un arma al foco del alumbrado público y diciendo jactanciosos: «¡Terminamos el trabajo, vayan a tomar su pozol!».

Contexto:

En el año de 1998, después de la masacre de Acteal, nuestro hermano Francisco Vázquez Hernández (fallecido en el año de 2016) junto con nuestra hermana María Vázquez Gómez y Juan Vázquez Luna, todos sobrevivientes de la Masacre de Acteal, decidieron voluntariamente donar una parte de su predio para que sea la sede de nuestra Organización Las Abejas de Acteal y porque ahí están enterrados nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 no nacidos, dicha otorgación del terreno cuenta con un acta de donación y su respectivo croquis.

Queremos dejar en claro que los que están detrás de toda esta agresión son «Los Sembradores de Paz», porque antes de que este grupo de personas armadas actuaran, los señores Patrocinio Hernández Gómez, Lázaro Arias Gómez y Porfirio Arias Hernández de la comunidad Yaxgemel, se encargaron de dividir y manipular a unas familias de sobrevivientes de la masacre de Acteal y, después hicieron lo mismo con las hijas de nuestro hermano Francisco Vázquez.

Cabe señalar que los «Sembradores de Paz», en varias ocasiones han intentado despojarnos de nuestra sede y el año pasado también llegaron a agredirnos en nuestra sede, esto lo denunciamos públicamente. Pero hoy sus malas acciones ha subido de nivel.

Hermanas y hermanos, tememos que nos pueda pasar algo lamentable, porque hace rato como a las 10:30 de la mañana, el mismo grupo de personas armadas estuvieron tirando piedras sobre el techo del Mukinal, (lugar en donde están enterrados nuestras 45 hermanas y hermanos y más 4 no nacidos).

Es muy triste y doloroso lo que sucedió ayer y lo que sigue sucediendo, porque nos recuerda como vivimos el 22 de diciembre de 1997, cuando los paramilitares llegaron a masacrarnos, porque este grupo de jóvenes copiaron la forma como actuaron los paramilitares priistas de Chenalhó. Muchas mujeres, sobre todo las sobrevivientes, tuvimos mucho miedo, causando crisis emocional así como en niñas también, pero tuvimos que hacernos fuerte y apoyarnos entre todas.

Este hecho que está pasando es consecuencia de la impunidad sobre la Masacre de Acteal y el Estado mexicano es responsable de lo que está pasando ahora en nuestra sede.

Esta agresión en nuestra sede, es un ataque directo a la Memoria de nuestras hermanas y hermanos mártires de Acteal y la construcción de la Otra Justicia. Acteal es la Casa de la Memoria y la Esperanza y lo hemos dicho públicamente que es para todas las personas que luchan y construyen la paz y la justicia. Acteal después de la masacre se convirtió en dignidad y ejemplo de lucha No Violenta, y es por eso que quieren destruirnos y el mal gobierno sabemos que está detrás de todo esto.

La violencia en Chenalhó ya es el infierno, porque en donde quiera hay grupos armados, como lo acaba de señalar el gobierno estatal, que desde hace meses se oyen disparos de armas de fuego «sin identificar quién o quiénes lo realizan», causando desplazamientos forzados y matando a gente inocente y la presidenta municipal de Chenalhó Rosa Pérez Pérez no hace nada para detener a su gente, al contrario permite la violencia y los asesinatos, así es su uso y costumbre para gobernar al municipio oficial.

Ante todo lo anterior exigimos:

  • Al mal gobierno municipal, estatal y federal detener urgentemente esta violencia y se garantice nuestra seguridad como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en las diferentes comunidades en las que habitamos.
  • A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie pronto sobre la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la Masacre de Acteal y, debido a este retardo, el Estado mexicano ha aprovechado para administrar la impunidad y generado más violencia en nuestra región.

Hermanas y hermanos y compañeras y compañeros de lucha, no permitan que nos maten como lo hicieron los paramilitares priistas de Chenalhó el 22 de diciembre de 1997, les pedimos hacer acciones y presionar al Estado mexicano que evite otra masacre.

Los responsables de cualquier agresión a nuestra organización son los tres niveles del mal gobierno y el grupo «Concejo Pacifista Sembradores de Paz», en especial su presidente Antonio Gómez Pérez.

Con mucho dolor e indignación, desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

ATENTAMENTE,

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Martín Pérez Pérez

Mariano Gómez Ruiz

Pedro Pérez Pérez

Manuel Pérez K’oxmol

Alonso Ruiz López

Manuel Nuñez Gutiérrez

                      Por las mujeres sobrevivientes de la masacre de Acteal y compañeras miembros de Las Abejas de Acteal:

Marcela Pérez Sántiz

Elena Pérez Luna

María Guzmán Pérez

Verónica Hernández Sántiz

Guadalupe Vázquez Luna

Antonia Pérez Pérez

Luvia Arias Pérez

Guadalupe Arias Pérez

Foto: Área de Comunicación de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

>> VER VIDEO CON TESTIMONIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS DE ACTEAL <<

Facebook de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: Las Abejas de Acteal (no confundir con la página Facebook de los «Sembradores de Paz»)

Twitter de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: Las Abejas de Acteal (no confundir con la cuenta Twitter de los «Sembradores de Paz»)

Chiapas: Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Compartimos el comunicado del Movimiento Reddeldía de los Montes Azules que firmamos como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, Chiapas, México
A 10 de enero del 2018

Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Denunciamos que ayer, martes 9 de enero, entró el Ejército mexicano a nuestro territorio, usando la fuerza para provocar y asustar a la población. Entre las 13 y 16 horas, dos aviones del Ejército mexicano sobrevolaron toda la zona de Amador Hernández, es decir los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria del municipio de Ocosingo, en la Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, en el estado de Chiapas, México.

 
Después de que se retiraran los aviones, llegó un helicóptero del Ejército mexicano que en un primer intento, aterrizó cerca de una casa dentro del Ejido Amador Hernández, desprendiendo su techo. Finalmente, aterrizó a un costado de la pista de aterrizaje que usamos en el ejido para transportarnos en casos de emergencia.
 
Del helicóptero bajaron 9 elementos del Ejército, a quienes la autoridad de la comunidad fue a preguntar qué estaban haciendo en nuestro territorio. Contestaron que estaban «buscando una avioneta que se había caído en la zona» y pidieron permiso para revisar la zona, agregando que «no tenían idea» de dónde se encontraban. La autoridad explicó que no podían pasar ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejercito a la comunidad. Poco a poco se juntaron alrededor de 300 personas de la comunidad, con la mujeres en primera fila, que llevaron pacíficamente a los militares hacia la carretera para que regresaran al 38º Batallón de Infantería ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo, de donde provenían.
 
Mientras tanto, el helicóptero que había aterrizado y en el que se había quedado el piloto regresó a buscar refuerzos al 38º Batallón. Cuando volvió el helicóptero, aterrizó nuevamente en un potrero en la entrada del ejido y bajaron otros 9 elementos del Ejército. Cuando se juntaron los 18 elementos del Ejército, la comunidad, otra vez encabezada por las mujeres, les fue a repetir que se retiraran y pidió a un camión de volteo que pasaba en la carretera que los llevara a su Batallón. La población se quedó asustada y preocupada, pero también organizada, al pendiente de un nuevo intento del Ejercito de invadir su territorio.
 
Consideramos que la explicación que nos dieron los militares no justifica un despliegue tan importante del Ejército y sabemos que no es posible que elementos del Ejército no sepan donde se encuentran geográficamente cuando sobrevuelan una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de «garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas» y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas. Bien sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad.
 
Condenamos la agresión que sufrimos el 9 de enero y exigimos al gobierno mexicano que se respeten nuestros usos y costumbres. Sabemos organizarnos de manera autónoma y cuidar la selva. No es cierto que somos destructores y no queremos ser víctimas de la política conservacionista del gobierno que solo sirve de herramienta para reprimir y desplazar a los pueblos campesinos, como fue el caso en la comunidad Laguna Larga del Petén en Guatemala, donde los hermanos y hermanas Guatemaltecos fueron obligados a abandonar sus casas por la Comisión de Areas Naturales huyendo de los militares.
 
Sabemos también que la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Senado en diciembre del 2017 favorece la militarización de los territorios en México. Prevé que el Estado solicite la intervención del Ejército mexicano en situaciones de amenaza o riesgo a la seguridad interior sin definir en qué contextos, lo que implica la presencia de las fuerzas armadas en situaciones que no les incube. Se puede llegar a vulnerar los derechos de las personas que participan en protestas en las ciudades, pero también de nosotros los pueblos campesinos.
 
Rechazamos rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos.

 
¡Basta de militarización!
¡Basta de hostigamiento a los pueblos campesinos de los Montes Azules!


Firmamos:
Movimiento Reddeldía de los Montes Azules
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
 
En la prensa:
Chiapas: comunidades denuncian «injustificado» despliegue militar que busca provocar miedo en las comunidades (RADIO MUNDO REAL)
Indígenas defienden la reserva de Montes Azules, en Chiapas, y el Ejército los hostiga, denuncian (SIN EMBARGO)
Ejército Mexicano irrumpió en comunidades de Montes Azules, Chiapas (CONTRALÍNEA)
Denuncian hostigamiento del Ejército Mexicano a comunidades de los Montes Azules (SOMOS EL MEDIO)
Tseltales expulsan de la Selva Lacandona a 17 marinos que entraron en su territorio sin permiso (PROCESO)
 
Más lectura:
Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México
ATALC denuncia el desplazamiento forzado de las comunidades del Petén en Guatemala

Exigimos Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa

Pronunciamiento del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del cual Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México formamos parte – A 26 de septiembre del 2017

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) exige al gobierno de Enrique Peña Nieto la presentación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por fuerzas del Estado. Qué digan dónde los tienen.

En particular, respaldamos la exigencia para que la Procuraduría General de la República (PGR) siga cuatro líneas de investigación: la telefonía celular de los implicados; la intervención de las policías Federal y Municipal de Huitzuco; la pista del quinto camión y el trasiego de droga de Iguala a Chicago; la intervención del 27° Batallón de Infantería del Ejército mexicano en Iguala.

Los bienes comunales, ejidos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos, mujeres y hombres que formamos el MAPDER también padecemos los ataques de gobiernos y empresas, públicas o privadas, y es uno de los motivos por los cuales, en este tiempo de mayor dolor del pueblo mexicano por los sismos, a tres años sin los 43 y a tres de impunidad, nos unimos desde todos nuestros lugares a la Acción Global de exigencia encabezada por las familias y los normalistas bajo el total convencimiento de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado y castigado.

No descansaremos hasta encontrarlos, porque Ayotzinapa es la prueba de fuego de la sociedad contra el olvido y la indiferencia.

¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos!

¡Ni perdón Ni Olvido!

¡Respeto a las Normales Rurales!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Más información sobre el caso Ayotzinapa:

 

El caso de Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia

 

El 1er Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

El 2do Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos I (GIEI)

 

Descubra el micrositio «Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas»

Compartimos la nueva plataforma virtual de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: «Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas: entre contrainsurgencia e impunidad»

>> VISITAR EL MICROSITIO <<

La memoria de los Pueblos fisura la obscuridad y el olvido. La memoria recarga la dignidad para confrontar a la impunidad de los gobiernos, fortalece las luchas y resistencias que apuntan a la libertad de quienes heredan el fulgor rebelde, mueve también a la construcción de cambios sociales hacia un mundo diferente al sistema de exclusión y muerte.

Los procesos de resistencia alrededor de la Memoria, Verdad y Justicia como los de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas) tienen una lucha profunda de construcción de autonomía. Han soportado la contrainsurgencia del gobierno implementada desde la creación y ejecución del Plan de Campaña Chiapas 94, estrategia elaborada por el Ejército mexicano para aniquilar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Frente a esta acción de agresión, la exigencia de justicia de los pueblos ha impulsado una lucha constante por los derechos a la verdad y a la paz.

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Las agresiones vinculadas a la contrainsurgencia iniciaron en 1994 con los 12 días (1) de confrontación directa de las Fuerzas Armadas de México en contra del EZLN. Continuaron en un segundo periodo, de 1995 a 1999, caracterizado por la creación e implementación de grupos paramilitares (2) en la zona Norte, Selva y Altos bajo el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal. La población civil sufrió desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, agresiones físicas, hostigamientos, entre otros crímenes de lesa humanidad.

El tercer periodo, después de 1999 hasta la actualidad está caracterizado por una continua guerra integral de desgaste, disfrazada con la retórica de las autoridades federales y estatales de «respeto» a la población, que al mismo tiempo abre paso a la confrontación de las comunidades por medio de programas sociales.(3) La aplicación de estos programas se convierte en estrategia contrainsurgente al momento en que los dirigentes sociales son cooptados, volviendo un instrumento a las organizaciones de las que son parte, reduciendo su trabajo a gestores de proyectos de gobierno con intereses partidarios, prebendas políticas y control político territorial.

La cuarta etapa, coexistente con la anterior la ubicamos con la Guerra de Cuarta Generación o Cuarta Guerra Mundial como la nombran los y las zapatistas,(4) atravesada por una profunda ofensiva psicosocial que utiliza todos los medios del Estado para ocultar y maquillar las problemáticas reales del país. Se busca destruir la resistencia de los pueblos, sometidos a la voluntad de los intereses de unos cuantos grupos de poder político y económico a través de la implementación de un Estado policíaco-militar.(5)

Esta estrategia contrainsurgente conforma una continuidad que acentuamos en esta memoria a través de elementos multimedia, basados en la oralidad de hombres y mujeres que han forjado con lucha y dolor el caminar en medio de esta guerra contra los pueblos. Es a través de algunos de los desplazamientos forzados que han sufrido Las Abejas desde 1996 hasta el 2016, que se muestra cómo los actores paramilitares que perpetraron crímenes de lesa humanidad, siguen actuando bajo el manto de la impunidad, reagrupados, originando desplazamientos forzados, hostigamientos sistemáticos y conflictos al interior de las comunidades en un nuevo contexto de violencia generalizada.

(1) Anaya Gallardo, Federico. Siempre cerca, siempre lejos: las auerzas armadas en México. México: Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2000

(2) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

(3) Consultar los Balances anuales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de los años 2005, 2006, 2007

(4) El Sub Comandante Insurgente Marcos y la Cuarta Guerra Mundial

(5) Chomsky, Noam. Cómo mantener a raya a la plebe. Siglo XXI, México, 2001

Brasil: denunciamos las violaciones a derechos humanos y la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Michel Temer

ATALC denuncia violaciones a los derechos humanos y criminalización al pueblo brasilero

por parte del gobierno de Michel Temer

Comunicado urgente de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)* – A 25 de mayo 2017

ENGLISH VERSIONVERSION FRANÇAISE

Foto: El gobierno de Michel Temer llamó al ejército para reprimir las protestas del día 24 de mayo en Brasilia. (Reuters)

Con absoluta indignación y repudio Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la situación que se está presentando desde el día de ayer, martes 24 de mayo, en Brasil, en la que el gobierno de Michel Temer utilizó al ejército para reprimir movilizaciones sociales, dejando al descubierto su verdadero rostro autoritario y golpista. Denunciamos también la instauración del Estado de Sitio en Brasilia, la capital del país latinoamericano, hasta el 31 de mayo.

Nuestras compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de la Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, la Marcha Mundial de Mujeres y las centrales sindicales, junto a nuestro grupo miembro Amigos de la Tierra Brasil, el movimiento urbano y comunidades indígenas y quilombolas se encuentran movilizados en las calles, manifestándose contra el ilegitimo gobierno de ese país y su paquete de medidas neoliberales que buscan maximizar la explotación de los trabajadores, territorios y comunidades.

Asimismo, en ATALC hemos recibido informaciones de una nueva masacre contra campesinas/os en el Estado de Pará, obedeciendo a los intereses del latifundio y el agronegocio. Sabemos que la lucha por la soberanía alimentaria y por la justicia climática son aspectos principales que están siendo atacados y reprimidos a través de las medidas antipopulares e ilegítimas tomadas por la administración del gobierno golpista de Michel Temer.

Como organización ambientalista, y en lucha por la construcción de la justicia ambiental, que se siente hermana de las organizaciones y movimientos sociales populares movilizados y que han sido brutalmente reprimidos en Brasil, hacemos llegar toda nuestra solidaridad al Movimiento Sin Tierra, a la Vía Campesina, al Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, a la Marcha Mundial de Mujeres, a las centrales sindicales, a las comunidades indígenas y quilombolas y al movimiento urbano brasilero.

Nos sumamos al reclamo de elecciones directas y universales ya, para restablecer la democracia, reconstruir la institucionalidad política y construir la justicia social y ambiental con la participación democrática del pueblo brasilero.

A la comunidad internacional en general y a los grupos de Amigos de la Tierra, les solicitamos manifestar su respaldo a través de acciones y pronunciamientos públicos en favor de quienes luchan en Brasil por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y sus territorios.

*Otros Mundos A.C. forma parte de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) que a su vez forma parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI)

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Ecuador – Petición en solidaridad con el pueblo Shuar de Nankints en lucha contra la minería

Compartimos esta petición firmada por 46 organizaciones entre las cuales Otros Mundos AC. El pueblo Shuar de la comunidad de Nankints en la provincia de Morona Santiago en la Cordillera del Cóndor, Ecuador, está siendo reprimido por defender su territorio ante proyectos mineros.

Urge la desmilitarización de la comunidad Shuar de Nankints y la derogación del Estado de Excepción en Morona Santiago.

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón – Defensoría del Pueblo de Ecuador – pbenalcazar@dpe.gob.ec, comunicacion@dpe.gob.ec

Javier Felipe Córdova Unda
– Ministro de Minería – javier.cordova@mineria.gob.ec

Abg. Cristina Silva Cadmen
– Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) – cristina_silva@arcom.gob.ec  

Dra. Inés Arroyo
– Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria – iarroyoz@magap.gob.ec

Dr. Galo Chiriboga Zambrano
– Fiscalía General del Estado – serranoam@fiscalia.gob.ec

 

A 19 de diciembre del 2016

 

Señores y señoras,

Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.

La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.

 

La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCC-Tongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.

La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.

Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.

Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.

Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.

Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podría haber sido evitado.

En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.

Firman:

1.Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
2.Amazon Watch, Estados Unidos
3.Atlantic Regional Solidarity Network, Canadá
4.Bios Iguana, México
5.CATAPA, Bélgica
6.Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
7.CEIBA, Guatemala
8.Censat Agua Viva, Colombia
9.Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canadá
10.Colectivo CASA, Bolivia
11.Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá
12.Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia
13.Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Québec, Canadá
14.Cooperacción, Perú
15.Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador
16.Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canadá
17.Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia
18.Earth Law Center, Estados Unidos
19.Environmental Defender Law Center (EDLC), Estados Unidos
20.The Esperanza Project, Estados Unidos
21.Friends of the Earth – Canadá
22.Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
23.The Gaia Foundation, Reino Unido
24.GRUFIDES, Perú
25.Intercontinental Cry, Canadá
26.Justiça nos Trilhos, Brasil
27.Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile
28.KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives  
29.Kalikasan Peoples Network for the Environment, Filipinas
30.Kanaka, Ecuador
31.Listen To The Amazon, Reino Unido
32.McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canadá
33.Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canadá
34.Mining Justice Action Committee – Victoria, Canadá
35.Mining Justice Alliance – Vancouver, Canadá
36.MiningWatch Canada
37.Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional
38.Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México
39.Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
40.Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
41.Otros Mundos Chiapas, México
42.Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
43.Red Muqui, Perú
44.Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
45.Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina – Oscar Romero (SICSAL), Canadá
46.United for Mining Justice, Canadá

Mapa del Colectivo Geografía Crítica

Más información:

– Sobre lo ocurrido en Morona-Santiago: Necesitamos un baño de paz y verdad con la naturaleza (Acción Ecológica)

– Declaración conjunta de Conaie y Confeniae ante los últimos sucesos en Nankints, Morona Santiago

– Mapa de grandes proyectos mineros en la cordillera del cóndor (Colectivo Geografía Crítica)

Capitalismo del desastre y ocupación humanitaria en Haití

Texto: Aline Hernandez. Agencia SubVersiones

En 2010, el Instituto de Estados Unidos por la Paz (USIP) publicó un documento donde denominan a Haití «el país de las ONG’s». De acuerdo con el informe, previo al terremoto, existían entre 3,000 y 10,000 organizaciones no-gubernamentales, las cuales se encargaban de relevar servicios estatales en sectores como educación, salud y creación de empleos (1). Posteriormente, en un estudio publicado por la antropóloga Laura Zanotti y la historiadora Mishaine Joseph, se calcula que tras el terremoto que azotó a la isla en 2010, la presencia de las ONG’s se elevó a más 20,000 (2).

En la Conferencia Internacional de Donantes «Hacia un nuevo futuro para Haití», celebrada el 31 de marzo de 2010, los donantes comprometieron $ 5.3 mil millones de dolares para la recuperación del país caribeño. Tanto el gobierno de Haití como las empresas locales, fueron marginadas de las tareas de recuperación y reconstrucción. Según un informe de AP, menos de un centavo de cada dólar de la ayuda por el terremoto llegó al gobierno haitiano, las ONG que trabajan en la asistencia por el desastre recibieron aproximadamente 43 centavos y 33 centavos terminaron en manos de los militares estadounidenses

Apenas unas semanas después de la catástrofe, las organizaciones se multiplicaron e irrumpieron en otros sectores y servicios como sanidad, agricultura, creación de infraestructura habitacional y distribución de agua además de la reconstrucción del país. La investigadora social Grace Everest, estima que las organizaciones no-gubernamentales proveen actualmente el 70% total de servicios de salud y el 80% en servicios públicos.

Pero el hecho de que estas ONG’s provean o releven funciones que solía cubrir el Estado responde a una naturaleza mucho más problemática, ya que representa una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Por un lado, a través del reemplazo se logra que el Estado abandone, como explica la investigadora Arundhati Roy, su función en materia de toma de decisiones. Esto incide tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país. Ahora éstas son delegadas a las organizaciones y por tanto a instituciones y países que las financian como el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales.

Roy precisamente explica que el boom de presencia de ONG’s en territorios en conflicto, coincide con la apertura de los mercados al neoliberalismo (3). El perpetuo estado de dependencia que generan estas «ayudas» suele ir de la mano con la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y por tanto la economía del país. Por ejemplo, en un informe publicado por Famine Early Warning Sytems Network se estima que en el decurso que comprende de 2004 a 2008, Haití importó casi la totalidad de alimentos de consumo básico (4). Por otro lado, el relevo tiene fuertes implicaciones en los sectores y servicios públicos. Implica no sólo la privatización de muchos de éstos sino además la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos.

Esta forma de ocupación «humanitaria» o «cruzada liberal» es por tanto indisociable del proyecto de intervención y ocupación de los Estados Unidos en Haití, que lleva operando casi un siglo. Visto en conjunto, los procesos de intervención sean mediante fuerzas de estado o a través de organizaciones no-gubernamentales —donde muchas veces las segundas son resultado de las primeras— obedecen, en diferentes fases, a lo que la investigadora y economista Naomi Klein ha denominado como «capitalismo de desastre», que opera de la mano con la «doctrina del shock».

El análisis realizado por Klein plantea que desde 1970, se ha puesto en marcha un modelo de carácter corporativista que apela a «privatización radical de guerras y catástrofes». Éste busca o bien aprovecharse de las catástrofes como ocurrió en Nueva Orleans con el huracán Katrina o en Sri Lanka con el terremoto del 2004, o bien fabricarlas, como es el caso de Irak o Afganistán, para lograr, en palabras del economista Milton Friedman, que «lo que hasta entonces era políticamente imposible, se vuelva políticamente inevitable».

Las crisis que derivan de estos ataques o catástrofes se vuelven entonces lucrativas oportunidades para el mercado y la inversión privada, quienes vinculados con las potencias y de la mano de las ONG’S, orientan la situación en beneficio de las potencias y de los intereses corporativos representados por las multinacionales.

Para ello recurren a estrategias como debilitar la economía interna, acrecentar el endeudamiento, generar escasez alimentaria y por tanto impulsar la pauperización de la población, acentuar mediáticamente la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, además de que comúnmente dichas fuerzas de ocupación están directamente relacionadas con el alza de la violencia en los países donde se instalan, generando así otra justificación más por la cual permanecer. En la presente entrevista realizada al Camille Chalmers, el profesor e investigador de origen haitiano, profundiza en las vías y formas en que se ha aplicado este modelo en Haití y las consecuencias que ha tenido.

Referencias

1. Haiti: A Republic of NGOS?, disponible en línea en: https://goo.gl/1oghYp
2. Mishaina Joseph, A critical View of NGOs in Developing Nations. A Case Study of Haiti, Hofstra University, disponible en línea en: https://goo.gl/bxMN06 y Laura Zanotti, Cacophonies of Aid, Failed State Building and NGOs in Haiti: setting the stage for disaster, envisioning the future, disponible en línea en: http://goo.gl/3UjWqb
3. Esto mismo ocurrió tras la segunda ocupación norteamericana en Haití, tras el golpe de estado efectuado al entonces primer presidente electo democráticamente, Jean Bertrand Aristide. El periodista e investigador Kevin Edmonds explica que «Una organización paraguas de activistas anti-Aristide y ONG’s llamadas el Grupo de 184, por ejemplo, fue ampliamente financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, y el Instituto Internacional Republicano». Kevin Edmonds, NGOs and the Business of Poverty in Haiti, disponible en línea en: http://goo.gl/RlHFr9
4. Haïti Sécutité Alimentaire en Bref, Fews Net. Famine Early Warning Systems Network, disponible en línea en: http://goo.gl/5Jn2fR
5. Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en Chiapas

6 y 7 de abril: Acompáñanos a recibir la Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en su paso por Chiapas. Estarán presentes familiares de Bertha Cáceres y del COPINH

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, es una amplia iniciativa de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de diferentes naciones que claman por un alto a la guerra contra las drogas. El 28 de marzo partió de Honduras y llegará el 18 de abril a Nueva York en Estados Unidos.

En su paso por México, entrará por la frontera Guatemala – México en La Mesilla – Cd. Cuauhtémoc el día 6 de abril y pasará por San Cristóbal de Las Casas el día 7 por la mañana. En esta etapa de la Caravana, se escucharán las palabras y luchas en la región de la frontera sur de México, invadida por una creciente militarización que agrava año con año la situación de derechos humanos contra los pueblos en defensa y cuidado de la tierra y territorio, así como para las personas migrantes de Centroamérica y Chiapas.

La Caravana propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el combate a las drogas, con el fin de hacerlas presentes en la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril.

En este contexto les convocamos a la sociedad en general, a las organizaciones sociales, a los periodistas y medios de comunicación, a sumarse en los siguientes momentos:

-6 de abril: La Mesilla, Huehuetenango – Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas: A partir de las 2:00 PM, ceremonia pública por parte de Monseñor Álvaro Ramazzinni, y acto público a las 3:00PM durante el paso por la línea fronteriza hacia México.
-7 de abril: Plaza de la Paz, San Cristóbal de las Casas: 8:00 AM, conversatorio público entre movimientos y organizaciones en materia de migración y defensa de la tierra y territorio; e intercambio con medios de comunicación de 10:00 a 11:00AM. Contaremos (por confirmar) con la presencia del Coro de las Abejas de Acteal .

Organizaciones convocantes: Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Junax Ko’tantik Mesa transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Centro de Derechos  Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Otros Mundos Chiapas y La 72 Hogar – Refugio para Personas Migrantes.