La cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos – A 21 de enero de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos.

A once meses del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes en Amilcinco, Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala aseguró que «la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas», sino que «los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México», tales como el Proyecto Integral Morelos (PIM).

A través de una carta pública dirigida a Samir Flores, quien se oponía al PIM y fue asesinado el 20 de febrero de 2018, el Frente denunció el aumento de amenazas contra los defensores del territorio y de las «historias de despojo» en el país por la imposición de proyectos extractivos y turísticos.

Sin embargo, los integrantes del Frente aseguraron que continuarán en la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos indígenas en México, y explicaron que «por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderán por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió».

Se trata de «una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo», indicaron.

A continuación la carta completa:

Hoy caminan los pueblos del volcán, con su guardian Popocatépetl observando, respaldando, hoy sigue caminando Samir con nostr@s. Más que nunca presente.

Samir,

Estamos a once meses de que nos hayan arrebatado tu presencia física de estas tierras y el ataque no cesa. Hoy y cada vez más, la presencia del crimen organizado, como brazo armado del Proyecto Integral Morelos, asedia en Amilcingo y Huexca. Mientras que en Puebla se siguen recibiendo las amenazas de volver a encarcelar o asesinar y desaparecer a compañeras o “tirarles los dientes”, utilizar la fuerza pública o la guardia nacional.

Todo por defender nuestro territorio de los proyectos de muerte, del despojo disfrazado de progreso.

Te agradecemos que no nos haya abandonado en la lucha y te pedimos que sigas con nosotros, que nunca te nos despegues.

En este mes más que te tenemos aquí con nosotros, festejamos el sexto aniversario de la Radio Comunitaria Amiltzinko que fundaste con tus amigas y amigos de la comunidad. En este mes también se celebró el día de ayer la asamblea para nombrar autoridades por usos y costumbre en Santa María Zacatepec, siguiendo el ejemplo que empezaste a impulsar en Amilcingo, como el viejo tonto y loco que eras, ¿te acuerdas de la fábula? Aquel viejo tonto y loco que, en lugar de gastar su tiempo en ganar dinero y fama, se pasó toda su vida sembrando un bosque para que el día de mañana los demás tuvieran donde sobrevivir al desastre que ellos mismos se iban creando.

Así hoy, mi querido Samir, en muchas partes de México y el planeta están gritando como nosotros gritamos y a ese grito conjunto le decidieron llamar Samir, somos todas y todos, resultado del acuerdo del Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, convocado por el EZLN y el CNI.

Y es que las historias de despojo en todo nuestro territorio nacional e internacional están creciendo en todos los rincones de México y el mundo se sufre: de la minería a cielo abierto, al histórico despojo o falta de reconocimiento de territorios ancestrales, pasando por los megaproyectos energéticos de termoeléctricas, gasoductos, parques eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricas, así como las franjas de la muerte moderna de los trenes maya y transísmico, el ataque a las autonomías de las comunidades por el Estado y/o el crimen organizado.

Y todo eso lo llaman progreso o que nos oponemos al progreso, y ahora, dice Monreal, nos oponemos al interés social. Su posición solo nos confirma que la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas, los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México.

Samir, los dolores y la uniones van creciendo en el territorio nacional e internacional, eso estamos haciendo abajo todas y todos. Pero arriba, a once meses de tu asesinato, la justicia que debería llegar por parte del Estado no avanza, no avanzan las líneas de investigación sobre tu labor como defensor de derechos humanos, comunicador y principal opositor al PIM en Morelos. Y mientras tanto, el asesinato a defensoras y defensores de derechos humanos se va incrementando de manera preocupante, sin que ningún caso se esclarezca o se haga justicia. La impunidad en todos los casos, permite el aumento de riesgos a la perdida de la vida de personas defensoras de derechos humanos en México, siendo la omisión de la justicia, una causa estructural de la condición de continuidad de ataques y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos.

Por eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderá por varios días acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió , una jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo México y el mundo. Buscando mas voces y oídos que nos escuchen y a los cuales escuchar, denunciando la grave amenaza de los megaproyectos para la vida y la madre tierra.

Este 20 de febrero Samir, te esperamos en Amilcingo, en tu casa, y en todo el mundo en sus corazones y latitudes, trae a toda la banda que ya conoces por allá, porque se va poner bueno.

Samir Flores Vive y vive, la lucha sigue y sigue

Alto a la devastación ambiental, cancelación de megaproyectos

Cancelación del PIM, No a la termoeléctrica, gasoducto y acueducto

Ni una gota a la termoeléctrica

T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timiiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Firma:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

Imagen: Desinformémonos

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México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020

Por Eugenia López

El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.

Enero sangriento

El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda de agua potable.

Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después.

Para saber más, Chiapas: Paramilitares cobijados por Morena atacan movimiento social en Amatán

El día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad de San Sebastián Nopalera.

Defensores del territorio y comunicadores

El mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos (PIM).

En contexto: México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”,  Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Durante el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como “TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de  Sayula de Alemán, luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Ver también : TíoBad, el jaranero que defendió con rap la lengua mixe-popoluca

En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.

El 5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfort.

Leer también, México: Alertan sobre aumento en violencia contra organizaciones indígenas en Guerrero

La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.

El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.

Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)

El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual.

En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.

Buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo.

El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Imagen: Cuartoscuro

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Tren Maya: el gobierno dio contratos antes de consultas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el proyecto Tren Maya – A 6 de enero de 2020

  • Superan 677 millones de pesos
  • Son al menos 40 con seis empresas

Dora Villanueva   Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 13

El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región.

Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.

A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el megaproyecto.

Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación social indígena de la zona.

Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya.

A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.

Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60 por ciento otorgada a la iniciativa privada.

De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.

ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.

El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Imagen: Noticias Veracruz

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[Artículo] El año en que el sur mató a sus activistas

Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019

El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.

Texto: Redacción Pie de Página

El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país.

En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6) y Guerrero (cinco).

Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros.

Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Chiapas: la más peligrosa

El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.

El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.

Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.

En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río.

El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez

Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente

Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.

Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El activista era representante de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, en conflictos  por la delimitación de las tierras.

La presencia paramilitar

El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) denunció que el 3 de abril, el líder comunitario Camilo Pérez Álvarez fue “emboscado y acribillado” en un paraje perteneciente a la Sabana Copala, en Oaxaca. Esto, en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz y concordia para la región triqui.

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por una herida de bala en la cabeza durante una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, cuando se dirigía a la comunidad de Cerro Grande.

El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas.

Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales.

El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran con legalidad.

Activistas y comunicadores

El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero. Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.

El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Telésforo Santiago. Foto: Archivo.

Defensores del territorio

Samir Flores. Foto: Archivo/Ana Cristina Ramos.

Uno de los asesinatos con mayor resonancia fue el de Samir Flores Soberanes, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio.

El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.

Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.

Contra buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales, el sociólogo murió a golpes.

Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Artistas urbanos

El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes plásticas.

Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC. Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.

Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El jaranero  “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.

Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.

Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias

El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá.

Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot. Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.

Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.

Ataque a activista en CDMX

El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país, contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El 1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que violan las leyes de planeación en la capital.

A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.

Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara

El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, dos hombres interceptaron y secuestraron al activista Cruz Soto y a un acompañante en la comunidad Los Llanos, en la sierra Taragumara de Chihuahua.

Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.

Imágenes: Pie de Página

Más información:

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019

“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.”

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”
(ONU, 2005).

Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de noviembre de 2019.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno estaría basado en atender a la población más pobre del país, en disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos[…]

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:

  • Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
  • Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]

CONCLUSIÓN

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.

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[Nota] El Tren Maya recibe “apoyo” en consultas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y QR

Compartimos esta nota informativa publicada en Proceso sobre el proceso de consulta sobre el mega proyecto Tren Maya – A 15 de diciembre de 2019

Por: Mathieu Tourliere

enosique y Palenque (proceso.com.mx).- Sin sorpresa, el megaproyecto del Tren Maya recibió una amplia aprobación hoy, tanto en el “ejercicio participativo de consulta ciudadana” como en las asambleas consultivas con ejidatarios, quienes dieron su visto bueno a cambio del compromiso del gobierno federal de atender las necesidades apremiantes de sus comunidades.

En el caso de la consulta ciudadana “de carácter vinculante”, pocas personas fueron a votar en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y buena parte de quienes acudieron a las casillas pusieron su boleta a favor del megaproyecto.

Por otra parte, en las asambleas consultivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) consiguieron que 5 mil 193 ejidatarios firmaran actas en las que aceptaron “por consenso” la implementación del tren maya.

En la ciudad de Campeche, vecinos de antiguos barrios y colonias, como La Ermita y Santa Lucía, cuyas viviendas se encuentran también a los lados de la línea ferroviaria, se manifestaron también en contra del Tren Maya. Dijeron que el gobierno federal les quiere dar trato de “invasores” a pesar de que muchos de ellos poseen títulos de propiedad que datan de la época porfirista.

Denunciaron que sus predios familiares fueron afectados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando se tendió la vía férrea y ahora nuevamente los perjudicarán por el Tren Maya.

En el municipio de Calakmul, donde se tiene considerado instalar una estación del Tren Maya, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), con presencia en más de la mitad de las comunidades de esa región, entregó a los organizadores de la consulta un oficio informando su “rotundo no” al proyecto.

En el documento detallaron sus múltiples motivos, entre ellos que no hay aún estudios sobre los impactos ambiental, económico y social que provocará el Tren Maya que les permitan contrastar el costo-beneficio.

Con estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá legitimar su megaproyecto de al menos 120 mil millones de pesos, que prevé la instalación de mil 460 kilómetros de vías para transportar turistas, gente local y mercancías, así como la construcción de 18 estaciones y ciudades nuevas.

Una asamblea informativa en torno al Tren Maya. Foto Alejandro Saldíva

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Desde temprana hora paseaba un auto en las calles del municipio tabasqueño de Tenosique; de la bocina colocada en su techo salía una voz masculina que clamaba: “Ven a dar tu voto; recuerda que con este beneficio se crearán empleos para los habitantes locales y en toda la región del sureste”.

En la cancha techada de la colonia San Juan, en el mismo municipio, algunas personas acudieron a las casillas para poner su boleta “sí” o “no” a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral Tren Maya?” en las urnas.

En este espacio, las personas tachaban sus boletas frente a las demás, plegaban el papel y lo ingresaban en las urnas.

Los atendían mujeres vestidas con un chaleco de “servidores de la nación” y una gorra del Tren Maya, bajo la supervisión de un “delegado de colonia” que tomaba fotos a los votantes con su pulgar pintado y su boleta marcada por un “sí”.

En los municipios dónde se podía votar, las autoridades pegaron mantas promocionales en las que aparecían los beneficios del tren maya e indicaban los lugares de las casillas.

Estas mantas, elaboradas por el Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), prometían que la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil empleos –directos e indirectos–, que el proyecto cuidará el medio ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un “desarrollo equilibrado”.

También prometía que los pasajeros locales pagarán tarifas de “casi la mitad que los turistas”, sin precisar el monto, y que generaría 157 millones de pesos al día en 2023, año en que se planea su puesta en marcha.

Como era previsible, sólo fue a votar la gente que tenía interés en el tren, y prácticamente todos votaron a favor.

Pasadas las seis de la tarde, en las afueras del palacio municipal de Palenque, en Chiapas, seis mujeres desplegaban y aplanaban, una tras otra, las boletas que se amasaban sobre una mesa; las instalaron en dos montos: en los más altos estaban las boletas del “sí” y en otros mucho más pequeños, las boletas de rechazo al megaproyecto.

En este módulo, mil 889 personas votaron a favor, 32 en contra y nueve anularon sus votos.

Como Proceso lo documentó esta semana, esta jornada de participación ciudadana no cumple con los criterios de la consulta indígena plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se consultó a toda la población –y no solamente los dueños originarios de las tierras–, y la información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las comunidades.

“Solo un detallito…”

En paralelo, culminó hoy el proceso de lo que el gobierno federal nombró “consulta indígena”, encabezado por el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que arrancó formalmente en una serie de asambleas informativas que se llevaron a cabo hace dos semanas en 15 comunidades de los cinco Estados por los que atravesará el tren.

Entre ayer y hoy se realizaron asambleas consultivas en las mismas comunidades; ahí, representantes ejidales de territorios indígenas potencialmente afectados por el Tren Maya expresaron su respaldo al megaproyecto y a la vez refrendaron sus anhelos de que el gobierno federal atienda sus necesidades.

Dos de estas asambleas se llevaron a cabo en Palenque y Tenosique; ambos tendrán una estación del Tren Maya y ya se encuentran en la ruta de otro tren, conocido como La Bestia, en cuyos vagones se suben migrantes con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

En las asambleas de Palenque y Tenosique, a las que asistió proceso.com.mx, las intervenciones de los campesinos e indígenas siguieron un esquema idéntico: en un primer tiempo, el orador alababa brevemente el tren maya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en un segundo tiempo, más largo, exponían el estado desastroso de sus carreteras o de sus centros de salud y pedía la intervención del gobierno.

“Todos estamos de acuerdo con el Tren Maya, y damos las gracias al presidente López Obrador”, dijo el ejidatario Aldonay Arcos García, e inmediatamente después, añadió: “solo tenemos un detallito…”

En Boca del Cerro, una localidad situada a escasos kilómetros de Tenosique, la asamblea se llevó a cabo en un parador turístico construido en la orillas de las aguas de color café del Río Usumacinta, desde el cual se puede observar el imponente puente de hierro amarillo que une los cerros cubiertos de vegetación, y por el que pasará el tren.

Es precisamente en esta parte de Tenosique que Fonatur piensa erigir la estación del tren y el “polo de desarrollo” –una ciudad nueva con hoteles, comercios y viviendas para hasta 50 mil habitantes– que la rodeará.

“En el ejido de Cortillo Segundo tenemos una clínica fantasma, no hay médico ni medicinas; el Tren Maya es todo magnífico pero si me llevan a un turista ahí y se enferma, ¿Con qué lo curo? ¿Y si se me muere?”, lanzó el ejidatario Miguel Ángel, quien enseguida se quejó de las facturas de luz de hasta 800 pesos y exigió a los funcionarios presentes que “no escriben nomás, que sea de verdad, no de mentiras”.

Y lanzó: “El Tren Maya, no lo vayan a dejar en medias, porque hay muchos proyectos y todo queda en medias porque ya no hay recursos”.

Algunas intervenciones mencionaron malas gestiones de la administración local; por lo que Raúl Gutiérrez Cortés, el presidente municipal, retó –visiblemente ofendido– a sus críticos que “tengan los pantalones para decirmelo en persona”.

Ante la cantidad y la diversidad de las peticiones, el representante del INPI prometió que el gobierno federal hará el “análisis” y “regresará” para solucionar el “rompecabezas”, pero advirtió que “vamos a ver los caminos prioritarios, no nos alcanza para todos”.

Invitó las personas a pensar “de una manera más regional, no solamente en mi pueblito, nos vamos a poner de acuerdo para que sea más integral”.

Momentos después, resaltó que “hay mala información, antes los megaproyectos estaban pensados para poner los recursos de la nación en manos de las grandes empresas de capital transnacional, pero en el tren maya sí se van a explotar los recursos, pero para el beneficio de ustedes, que no haya tergiversiones”.

Ayer, en el municipio chiapaneco de Palenque –que será el punto de partida del tren–, se escucharon peticiones similares, a las que los representantes del gobierno federal contestaron de la misma manera.

“Pido que AMLO nos resuelva; no estamos en contra del Tren Maya, pero queremos que nos atienda con esta petición”, dijo la ejidataria Cándida Zaragoza, quien se quejó de que las calles de su pueblo están “abiertas” o que la luz se desvanece cuando llueve.

Adolfo Sánchez Jiménez tomó la palabra y se dirigió hacia Carlos Barceló Ruiz, el enlace de Fonatur en la región. Mientras el señor hablabla en chol, el funcionario se lo quedaba viendo, aparentemente concentrado, hasta que el campesino le preguntó si había entendido algo de lo que le dijo.

Ante la negativa Barceló, el señor se dio la vuelta hacia la sala, y lanzó: “¿Ya ven compañeros?”. Se soltaron unas carcajadas en la sala. “¿Dónde vamos a quedar nosotros?”, cuestionó, y declaró una larga argumentación sobre las tierras, hasta que el funcionario del INPI le cortara la palabra.

“Le molestan mis palabras”, espetó el señor mientras se aferraba en el micrófono; “las voces críticas son muy bienvenidas”, recalcó el servidor público.

Al concluir el evento, las comunidades presentes designaron a 11 delegados –al que se tomó posesión de manera ceremoniosa– para integrar una comisión de seguimiento, y el INPI hizo que los representantes de las comunidades se formaran y firmaran el acta de la asamblea, el cual planteó que “por consenso y unanimidad” se acepta la implementación del tren maya.

Omar Galindo de la C., representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcó el punto final del encuentro de Tenosique. “Damos por clausurada la consulta libre, previa e informada. ¡Dios me los bendiga!”

Con información de Armando Guzmán y Rosa Santana

Foto Armando Guzmán

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