Nota: Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024

Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.

Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.

Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población. 

Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas

A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida. 

Te puede interesar – Crisis de desplazamiento en Chiapas: 2,300 personas huyen de violencia del crimen organizado

En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.

El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.

Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación. 

Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.

Macrocriminalidad

Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.

Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.

“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada. 

Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.

Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.

Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023. 

El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.

Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.

Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.

A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU. 

En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.

Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.

Te puede interesar – Entre la guerra de cárteles en Chiapas, Rolando, comisariado ejidal, desapareció por defender su pueblo

La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra. 

“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe. 

Militarizacion, otro frente contra la población

Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento. 

Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas. 

Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.

El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.

Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades

Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.

Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación. 

Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”. 

Te puede interesar – Mientras cárteles se enfrentan, paramilitares continúan con el saqueo de barita en Chicomuselo

Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.

Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe. 

Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.

Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales. 

Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN. 

Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.

Alertas, ignoradas

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas. 

Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida. 

Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.

“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.

Te puede interesar – Los intentos de invisibilizar la guerra en Chiapas

“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.

Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.

Puedes consultar y descargar el informe completo aquí

Imagen: Isabel Mateos/Cuartoscuro En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados

El Escaramujo 125: CHIAPAS: EL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

CHIAPAS: EL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA

Y la crisis del sector turístico

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
12 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Desde 1994 con la insurrección zapatista, los desplazados internos que generó la violencia subieron a la escena pública. Desde entonces no han dejado de registrarse población desplazada por la violencia sobre todo la causada por el Ejército mexicano, los entonces grupos paramilitares y por los conflictos internos desatados. Sin embargo, la economía política de la violencia ha ido evolucionando y poco a poco los cárteles han ocupando la razón y el origen principal de la actual población desplazada.

El gobierno mexicano no parce tener la capacidad de restaurar la protección de los derechos humanos, y menos garantizar el derecho humano al trabajo, la vida, la alimentación, la vivienda, la educación, el agua, la libre locomoción o de todos los derechos humanos, ya que la violencia y el desplazamiento afectan todas las esferas de la vida. Sobre todo porque otra característica de la violencia actual es que ya no es selectiva como en años atrás donde los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes defienden la tierra y el territorio afectando intereses del gobierno o de las grandes empresas y sus mega proyectos e inversiones cuantiosas, eran primordialmente el objetivo de la violencia, la represión, las órdenes de aprehensión e incluso del asesinato. Ahora, toda la población es objetivo de violencia, urbana y rural, sin importar sexo, religión, o condición social.

Toda la población está expuesta a ser robada, extorsionada, expulsada, asesinada, amenazada, desaparecida o desplazada. Y esto se debe a que los cárteles se disputan absolutamente todo el territorio, porque en él están los negocios donde maximizar las ganancias, es lo que denominamos la apropiación del capitalismo informal sobre el capitalismo formal. Es la apropiación de los terrenos, ranchos y viviendas; el control de negocios como la venta de alcohol, café, maíz, palma de aceite, gas, gasolina; el cobro de pisos, las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento, la prostitución, la trata de personas; el tráfico de drogas, armas y migrantes, entre otros muchos negocios. Hasta el control de carreteras, caminos, puertos, aeropuertos o actividades extractivas como la minería. Para ello se requiere el control de todo el territorio y así el objetivo de la violencia se amplía a toda la población sin distinción.

El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio en Chiapas, representa uno de los episodios de mayor impacto social, económico y político en el estado. La violencia es descomunal, con acciones masivas jamás vistas como el reclutamiento de jóvenes, la violación de mujeres, el cobro de piso, las extorsiones, las desapariciones, desplazamientos masivos, los secuestros, el robo de casas y otras propiedades inmuebles, las fosas clandestinas; el cerco armado a comunidades enteras, torturas, asesinatos, decapitados, entre otros indicadores terribles.

Dos elementos nuevos aparecen en la estrategia de los cárteles al momento de disputarse un territorio al que denominamos la frontera de disputa donde la violencia se vuelve más cruda, más cruel y más despiadada. Uno de estos elementos es el aislamiento de las comunidades para evitar que se infiltre el cártel contrario, que se traduce en el cierre de entradas y salidas de la comunidad, el control social de la población; el corte de las comunicaciones, de la luz, del suministro de agua, de los servicios como son los hospitales, bancos, escuelas y mercados. Se interrumpe el comercio, el trabajo, se controla la producción del campo, se pierden cosechas, se fijan nuevos precios a los productos mientras escasean la mayoría, y la desesperación y el hambre empieza a hacer estragos. Algunos testimonios refieren incluso al asesinato de niños. Esta ha sido la lógica en todos los municipios fronterizos entre Chiapas y Guatemala.

Un segundo elemento que se observa es la conformación de manera coaccionada del músculo social, con el fin de conformar una organización que aparenta autonomía pero que sigue las instrucciones del cártel. Este ha sido el caso de la organización El Maíz en el municipio de Chicomuselo. Por medio de esta organización obligan a los pobladores a hacer barricadas, vigilancia, retenes, marchas, bloqueos para evitar la entrada del Ejército mexicano, o usan a la población como escudo humano en los enfrentamientos armados. Pretender evitar la participación en esta organización no sólo implica multas sino hasta castigos corporales, la tortura o el asesinato. Todo esto está pasando en muchos municipios donde se suma el impacto psicológico, el miedo, la tristeza y la desesperación.

Esta violencia registra ya el desplazamiento de miles de personas. Hasta el momento imposible calcular el número de personas desplazadas en el estado de Chiapas ya que hay regiones donde no se puede tener acceso. El gobierno afirma una cantidad de personas atendidas en albergues, pero no toda la población desplazada ha llegado a refugiarse en ellos. Algunas familias huyen por veredas y montañas donde se refugian por días. Animales domésticos, maíz, café, vehículos, herramienta de labranza, todo queda abandonado a merced de la rapiña del cártel. Otras familias se refugian en diversos municipios de Chiapas con amigos y familiares como son los casos de los municipios de La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Tzimol, Las Margaritas, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, etcétera, o también a otros estados, o buscan migrar a los Estados Unidos. Los autobuses ‘piratas’ en San Cristóbal de las Casas rondan cientos de personas de diversas localidades indígenas, sobre todo grupos de jóvenes, buscando un lugar en las rutas hacia la frontera norte del país.

Alto a la Violencia, a la Impunidad y a la Barbarie en Chiapas

Comunicado de Otros Mundos ante de terrible situación de violencia que vive Chiapas – A 19 de enero del 2024

En Chiapas la violencia derivada de la lucha por el dominio territorial entre diversos grupos el crimen organizado ha entrado en una nueva fase. Los acontecimientos de los últimos meses y, sobre todo, de las semanas recientes son clara muestra de una escalada sin precedentes. Otros Mundos Chiapas expresa su más profunda preocupación ante esta catástrofe social, económica y política.

La imposibilidad de ingresar a diversos municipios del estado por la falta de garantías de seguridad; la carencia de información fehaciente y la confusión que esto genera; el número aún impreciso de desplazados, desaparecidos y asesinados son indicadores de la descomposición acelerada que sufre la entidad, donde la población ha quedado atrapada entre varios frentes.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, y a todos los sectores de la sociedad civil, para que juntos revirtamos esta espiral de muerte y destrucción que podría empeorar en los próximos meses cuando la contienda electoral y los reacomodos de fuerzas estén en pleno auge. Chiapas y todo México merecen vivir en paz.

¡¡ALTO A LA VIOLENCIA, A LA IMPUNIDAD Y A LA BARBARIE!!

Otros Mundos A.C.

El Escaramujo en la Radio martes 5 de diciembre 6:30 pm – Al pie del cañon; Voces desde La Maya

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con vecinas y vecinos de la Colonia Maya, galardonados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» con quienes platicaremos sobre las problematicas del Periferico sur con la mal renovación de esta vialidad y otros temas de interés ciudadado en San Cristóbal de Las Casas. Acompáñanos este martes 5 de diciembre a las 6:30 pm por nuestro facebook live.

AL PIE DEL CAÑON

Voces desde La Maya

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 5 de diciembre a las 6:30 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Escucha todos los programa

Más información:

Petición: Urge ayuda para personas desplazadas en Chiapas, por presencia del crimen organizado

Les compartimos la siguiente petición lanzada por un grupo organizado de la sociedad civil sobre la preocupante situación que se vive en Chiapas en esta ola de violencia – A 26 de noviembre del 2023

A quien corresponda

Somos personas de la sociedad civil preocupadas por los sucesos en Chiapas, relacionados con las actividades del llamado crimen organizado y que han escalado su propia guerra en contra de  personas que viven en diversas comunidades, ejidos, rancherías y que además de trabajar para poder subsistir,  son víctimas de cobros de piso y amenazas, entre otras cosas.

Chiapas vive la desaparición constante de personas; jóvenes la mayoría.

Ahora en la región fronteriza de Maravilla Tenejapa, los grupos violentos vienen atacando a la población que ha tenido que refugiarse en comunidades de municipios cercanos por las vegas de los ríos Jataté y Santo Domingo. En días recientes cientos de familias salieron de al menos 13 comunidades del municipio Maravilla Tenejapa.

La situación es crítica, por lo que demandamos la ayuda y asistencia humanitaria a la brevedad. Exigimos que la seguridad pública, responsabilidad del Estado mexicano, se asegure de inmediato.

Demandamos del gobierno mexicano, del gobierno estatal. Así como de las instancias correspondientes que se hagan presentes en la región de la frontera sur que recorre los municipios de la Selva, Frontera, Sierra para darles certeza a la población con alimentos, y sobre todo, seguridad de que su vida no corre peligro.

Atentamente,

Ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil de Chiapas.

Imagen. Isabel Mateos – Cuarto Obscuro

Más información:

Premio a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca» en Chiapas 2023: Chiapas resiste con las Luchas Sociales

Comunicado sobre el 5to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2023 – A 27 de noviembre del 2023

En estos momentos tan complejos que vivimos en Chiapas y, debido a la actual situación de inseguridad en la región, nos vemos obligados a cancelar la entrega del Premio a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca» 2023 programado para este año. Comprendemos y compartimos la preocupación por la seguridad de todos los involucrados. En estos tiempos difíciles en Chiapas, queremos dirigir nuestra atención hacia las luchas sociales que, día a día, se desarrollan en busca de un futuro más justo y equitativo.

Reconocemos con profundo respeto a todas las personas que, a pesar de las adversidades, han decidido levantarse y resistir contra la violencia y la injusticia en Chiapas. Cada una de estas luchas sociales es una manifestación valiente de la determinación de la comunidad para construir un mejor mañana.

En estos momentos críticos, queremos destacar la importancia de la organización y la creación de resistencias desde las comunidades. Es en la unión y la solidaridad que encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos que nos afectan colectivamente. Animamos a todas las comunidades a fortalecer sus lazos, compartir experiencias y colaborar en la construcción de un Chiapas más resiliente y justo.

En este contexto, la cancelación del Premio a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca» 2023 adquiere un significado más amplio. Queremos destacar que la defensa de la naturaleza y la lucha por la justicia social están intrínsecamente entrelazadas. Mariano Abarca dejó una semilla que no solo germina en la protección y defensa ambiental sino también en la resistencia social y las alternativas en Chiapas.

Aunque lamentamos profundamente no poder celebrar los logros ambientales este año, reafirmamos nuestro compromiso con la causa y esperamos retomar la entrega del premio en futuras ediciones, cuando las condiciones de seguridad permitan un evento que refleje la importancia y el respeto que merece la defensa del ambiente y las luchas sociales en Chiapas.

Mientras tanto, extendemos nuestro apoyo a todas las comunidades y personas comprometidas con la construcción de un Chiapas más justo. Continuamos alentando las nominaciones y el reconocimiento de aquellos que trabajan incansablemente por la defensa ambiental y la justicia social. Estamos comprometidos con seguir siendo un vehículo para dar visibilidad a estas luchas y promover la conciencia sobre la importancia de preservar nuestro entorno y construir una sociedad más equitativa.

Como cierre, queremos dedicar el 5to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas a todas las personas que resisten esta gran ola de violencia. Reconocemos su valentía y compromiso con la construcción de un Chiapas más justo y digno. Desde Otros Mundos Chiapas y los 34 convocantes más, seguimos trabajando incansablemente para crear otros mundos más justos y dignos.

Atentamente,

Las 35 organizaciones nacionales e internacionales

Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera. Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS). México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares  e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA). Cataluña: Entrepueblos. País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad. Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald. Internacional: International Rivers

Más información:

El Escaramujo 122: CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA
La narcoguerra, el terror de los pueblos

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
23 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

La grave situación de violencia en Chiapas se agudiza día a día y de manera acelerada. La frontera de disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa (CDS), se concentra actualmente en la frontera de Chiapas con Guatemala, sobre todo a partir del mes de septiembre del presente año.

Chiapas tiene 658 kilómetros de frontera con Guatemala desde la Costa hasta la Selva, donde tocan en su frontera un total de 18 municipios con una población total de 1,362,158 habitantes. Por el lado de Guatemala tocan frontera 17 municipios agrupados en cuatro Departamentos.

En toda la línea fronteriza existen 8 cruces fronterizos oficiales y alrededor de 45 cruces vehiculares informales. En este territorio fronterizo existe todo tipo de negocios ilegales. Por ello, ningún municipios se escapa de la presencia del narco, los conflictos armados y la disputa por el control de los territorios.

Desde hace dos años existe una región en especial en la que se ha centrado la línea de disputa por el control territorial entre los dos principales cárteles, desde el municipio de La Trinitaria hasta Suchiate en la Costa donde se ubican 13 municipios que tocan frontera con Guatemala.

Esta narcoguerra llegó al clímax de violencia en el pasado mes de septiembre del 2023 donde habitaba una población total de 944,023 personas. Sin embargo, la disputa se extendió a otros 6 municipios más, aledaños a los fronterizos con Guatemala, por lo que la población rehén de este terror y violencia llega al 1,054,231 habitantes. Así, con estos 6 municipios que no tocan frontera pero que están involucrados en el terror de los cárteles (El Porvenir, Siltepec, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza y Chicomuselo), suman 24 municipios que actualmente se encuentran en la línea de la disputa territorial.

Sin embargo, ahora se ha corrido esta frontera por la disputa del territorio hacia el lado opuesto, hacia los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia, Benemérito de las Américas y Ocosingo. La guerra entre los narcos se irradia por toda la frontera con Guatemala hacia el interior del estado, hacia los municipios de Tzimol, Comitán y Teopisca por el centro del estado de Chiapas; por Altamirano y Ocosingo hacia la región del Golfo, y por los municipios de la Costa hacia el Pacífico.

La frontera de disputa territorial se caracteriza por una violencia jamás vista. Miles de desplazados además de desaparecidos, asesinatos, narco retenes con la participación obligada de la población que debe participar cada tercer día en la vigilancia de los retenes durante 24 horas, cobros de piso, extorsiones, robos, narco bloqueo de carreteras, reclutamiento de jóvenes y con la toma del control de pueblos enteros imponiendo a la población sus reglas y necesidades. Los bancos, las tiendas, las escuelas, las clínicas de salud, los mercados, cerrados. Los poblados sin gas y sin gasolina.

Los cárteles suspenden el suministro de energía eléctrica y de la telecomunicación para bloquear a la población. Golpes a tablazos a hombres y mujeres que se nieguen a cooperar o se les aplica otros mecanismos de tortura. Colocan cámaras de vigilancia por todos lados. No hay alimentos y se acerca la hambruna mientras un poco de comida cuesta lo inimaginable. Los miembros de los cárteles patrullan armados en camionetas artilladas con armas de grueso calibre y en motocicletas. Algunos pobladores fronterizos han pretendido refugiarse en Guatemala pese al blindaje militar que el vecino país desplegó en la línea fronteriza para evitar que el conflicto invada su territorio.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.

En la Región Selva Norte, en el municipio de Tila y en Sabanilla, la violencia y las amenazas contra la población también repunta. En la Región Selva el CDS ha reforzado los retenes en el Crucero San Javier y el control sobre Frontera Corozal, una de las joyas del tráfico de indocumentados que hoy por hoy ya se cobra hasta 280 mil pesos por llegar a la frontera con los Estados Unidos. En esta parte de la Selva se pretende controlar el tráfico no sólo de migrantes, sino de palma de aceite, ganado ilegal proveniente de Guatemala, la futura explotación petrolera de los pozos de Benemérito de las Américas que alimentaría a la refinería Dos Bocas en Tabasco. En la Selva Lacandona existen pistas clandestinas para el tráfico de droga proveniente de Sudamérica. Por el municipio de Motozintla se trafica azúcar y en Chicomuselo se controla la mina de barita.

Todos los megaproyectos atraen los conflictos y la lucha por su control y ganancias. El Tren Maya, la carretera Pijijiapan a San Cristóbal y Palenque, el tren costero y su gasoducto hacia Centroamérica, el Puerto Chiapas y sus ampliaciones de infraestructura, los pozos petroleros, los monocultivos, el Canal Transístmico, los proyectos mineros y de represas que repuntarán por la supuesta demanda de energía, entre otros. Todo esto estará acompañado de mayor presencia de los cárteles y de la consecuente militarización.

A corto plazo el estado se podrá ver envuelto en mayor violencia por el control de los municipios de cara a las elecciones de junio del próximo año en que se renovarán todos los municipios, la gubernatura y las diputaciones. Como en otras entidades del país podrán darse bloqueos de carreteras, toma de edificios municipales, quema de urnas o impedimentos para ejercer el voto; amenazas, agresiones o hasta asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, y otros focos rojos de enfrentamientos armados.

Ante tanta violencia y terror que se vive en el estado, AMLO procura no espantar las inversiones y el turismo, pero ya es imposible ocultar lo evidente. Para inhibir la violencia generada por la narcoguerra, una de las respuestas del gobierno es publicitar que en Chiapas están ubicados un total de 9,989 policías, y de ellos 8,767 son operativos. Por su lado la Policía Estatal Fronteriza cuenta con 135 elementos y 50 unidades equipadas.

El Presidente de la República informó además que en Chiapas hay 8 mil 283 militares, mil 823 marinos y 4 mil 932 uniformados de la Guardia Nacional distribuidos en 18 nuevos cuarteles. Y ante la narcoguerra en la frontera de disputa territorial agudizada en el mes de septiembre de 2023, el Presidente envió alrededor de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). También se ha informado que en Chiapas durante el 2022 contaba ya con 2.8 policías por cada mil habitantes, logrando la media que pide el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente las autoridades confirman que existen 13 mil 400 elementos policiacos entre estatales y municipales.

Con toda esta presencia militar y policiaca, la violencia no para ni se inhibe. Paradójicamente, mientras que algunas comunidades solicitan la presencia del Ejército para detener la violencia del narco, en otras comunidades se les acusa de estar coludidos con los cárteles, de no hacer nada, de solo observar y de llegar tarde a detener la violencia. Frente a todo esto, la sociedad está optando por varios caminos: migrar, auto defenderse, quedarse y asumir la gobernanza de los cárteles, o movilizarse masivamente para exigir territorios libres de narcos. Frente a los signos de muerte, existen signos de vida y esperanza.

EL Escaramujo120: CHIAPAS, ¿A PUNTO DE LA ‘GUERRA CIVIL’?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS, ¿A PUNTO DE LA ‘GUERRA CIVIL’?

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
28 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

“Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas,
construyen narrativas, lecturas, análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas
acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una
guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una
guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos
indígenas”, entre otras”.

El Escaramujo 115

Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enfatizó hace meses que «Chiapas está al filo de una guerra civil». Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y en el extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN.

La campaña tiene origen en la demanda de exigir el alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) contra el EZLN, tema que abordamos en El Escaramujo No. 116. Esto convocó a una movilización en el mes de junio de 2023 y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de 1,000 personalidades firmantes. Así, de un conflicto en una comunidad zapatista por parte de uno de sus ex miembros cuya violencia tiene origen desde finales de la década de 1990, algunos concluyen que existe una guerra del gobierno federal contra el EZLN. Actualmente, la violencia es más que obvia: es una guerra entre los cárteles.

Por otro lado, hay quienes se remontan más atrás al afirmar que en Chiapas existe “una guerra que supone la reproducción sistemática de violencia que se impuso contra los pueblos originarios desde la Conquista y durante la Colonia”. Sin embargo, no se toma en cuenta que los contextos y los actores ya han cambiado.

Otros actores afirman que Chiapas está ‘al filo de la guerra civil’ entre ‘grupos de autodefensa’ en contra de los ‘paramilitares’ y ‘sicarios’ de los diversos cárteles con la complicidad de Presidente de la República. Aquí se revuelven de manera supina y sin análisis a cinco actores.

Existen otros terribles paralogismos. Por ejemplo, que AMLO niegue la gravedad de la violencia en Chiapas no lo convierte en operador y estratega de la violencia que ejecutan los cárteles entre ellos y de pasada contra toda la población, y menos que se estructure en función de aniquilar exclusivamente a las comunidades zapatistas. Que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) de manera irresponsable difame a ciertos sectores de la sociedad, no lo convierte en asesino de los pueblos o de ser responsable de orquestar la clásica estrategia de guerra ‘contra insurgente’. Por cierto, ¿hay insurgentes en Chiapas? ¿Sublevados armados contra la autoridad?

Los paralogismos, falsos razonamientos y conclusiones y divinos entimemas, no le quitan responsabilidad a AMLO en los resultados de su estrategia disuasiva y no persecutoria contra los cárteles que más se han ido apoderando de territorio chiapaneco, estrategia ineficaz para romper las estructuras que alimentan al narco. Tampoco elimina el hecho de que el gobierno está rebasado y que no puede detener el avance de los cárteles, como tampoco lo pueden hacer los gobiernos de Europa, Estados Unidos o en África, regiones donde se mueven billones de dólares del narcotráfico. Y es que en todos los países, el poder del narcotráfico no puede ser lo que es sin el contubernio de funcionarios, políticos, militares y policías.

Así, Chiapas no es la excepción. La población atrapada en la tremenda violencia que se sigue agudizando de manera acelerada confirman este contubernio. La frontera de disputa territorial entre los cárteles se concentra ahora en la frontera con Guatemala y se irradia por los municipios fronterizos hacia el interior del estado en medio de una violencia jamás vista. Aquí, no sólo la población tiene que definir en qué bando de los cárteles se arrima, sino también pareciera que la clase política, las fuerzas armadas y policiacas entran en este juego de favorecer bandos. Es evidente que los cuarteles de la Guardia Nacional y del Ejército no están en función del EZLN, sino de los cárteles. Esta ‘militarización continuada’ ya no está en la misma lógica y contexto de 1994.

En todo este contexto sumamente complejo que se enmarca en el discurso generalizado de la ‘guerra’, se requiere de un análisis más riguroso. Los distintos diagnósticos de la situación en Chiapas marcan no sólo diferencias narrativas sino políticas y hasta ideológicas y conllevan acciones, alianzas y consecuencias distintas. Es necesario detenerse y reflexionar con más profundidad, ya que la falta de ello también provoca discursos de odio que obnubila aún más la capacidad de análisis y reflexión y acerca a algunos actores de izquierda o progresistas hacia los discursos de odio irracional de la ultraderecha contra el gobierno federal.

Las presentes reflexiones están en continuidad con El Escaramunjo 114, 115, 116 y 117. Ahora abordaremos otros conceptos para entender mejor la situación en el estado de Chiapas. Esta es una propuesta, la reflexión no está terminada.

¿QUÉ ES LA ‘GUERRA CIVIL’?

El fenómeno de la “guerra” tiene diversas variantes, entre ellas la “guerra civil”. Sin embargo, no existe una definición clara ni consensuada sobre este concepto ni desde el punto de vista de su origen, o de su evolución, de sus estrategias o de sus objetivos, y sigue siendo objeto de debate y análisis.

Existen también otros conceptos que son igualmente polémicos en cuanto a su definición, como “revolución”, “conflicto interno”, “guerra interestatal”, “guerra fría”, “guerra sucia”, “guerra de independencia”, “guerra de guerrillas”, “guerra fraticida”, “guerra de secesión”, “guerra de liberación nacional”, “guerra irregular”, “guerra convencional”, “guerras privatizadas”, “guerras informales”, “guerras posmodernas”, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos conceptos? En algunos países, lo que alguien ha llamado ‘revolución’ otros lo han denominado ‘conflicto interno’ o ‘guerra civil’. En fin, aquí mencionaremos algunas características constantes cuando se analiza el concepto de “guerra civil”.

Entre las características comunes del concepto de “guerra civil” podemos encontrar que es un enfrentamiento entre dos o más bandos civiles armados al interior de un país. Un conflicto doméstico en un escenario bélico, con ideologías diferentes, sin ingerencia extranjera, que se disputan el control del Estado y cuya confrontación bélica no está regulado por el Derecho Internacional al cual se le debe cumplimiento, sino que se manifiesta bajo los medios de una guerra irregular o de guerrillas. Algunos sociólogos incluyen entre las características de la “guerra civil” las basadas en un número mínimo de muertos, en su intensidad y duración, en la amplitud de su presencia territorial a nivel nacional por parte de ambos bandos, y en su capacidad bélica, entre otros.

Encontramos como factor común el hecho de que se trata de una violencia armada recíproca, continua y sostenida en un ámbito de gran escala, de carácter nacional y con un significativo impacto social, económico y político que afecta a la mayoría de la población del Estado Nación. También participa el gobierno en turno que apoya a una de las partes, que minimiza a una de ellas o a ambas bajo el argumento de que son situaciones violentas de inconformes, insurrectos, terroristas, disturbios, conflictos internos comunitarios, conflictos étnicos o religiosos, disputas locales agrarias, etcétera, lo que no significa que no sea verdad en ciertas circunstancias.

Una ‘guerra civil’ podría tener como origen la ruptura y confrontación religiosa, política, por el control de las estructuras del Estado, ideológica, o por factores económicos que reflejan luchas de clase, étnicas o culturales donde se reivindica la identidad de los pueblos originarios y contra la cultura invasora, o la combinación de varios de estos factores. La ‘Guerra de Castas’ o la ‘Guerra Cristera’ pudieran ser algunos de estos ejemplos.

Las ‘guerras civiles’ también pueden tomar un carácter de guerra de liberación nacional que bajo el espíritu patriótico se lucha contra el dominio extranjero. Los bandos que se enfrentan en la ‘guerra civil’ construyen su propia ideología y justificación del levantamiento armado que les de la razón. Cada bando identifica las condiciones adecuadas para competir bélicamente con el adversario.

Festival de Maíz en San Cristóbal de las Casas domingo 1 de octubre 10 am

Les invitamos a acompañarnos en una edición más del Festival de Maíz en el marco de Día Nacional del Maíz

Les esperamos el domingo 1 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la Plazuela de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas

Habrá talleres, exposición de maises de maíces, conversatorio, venta de alimentos a base de maíz y el tianguis tumin de octubre

¡¡Les esperamos!!

Carta de Solidaridad de las 36 organizaciones avales del Premio Mariano Abarca con #SomosLaMaya por su movimiento de resistencia a una gasolinera

Les compartimos esta carta de solidaridad firmada por las 36 organizaciones avales del Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca con el moviemiento de vecinas y vecinos de la Colonia Maya – A 18 de septiembre del 2023

Saludamos la presentación del informe de Amnistía Internacional, México: Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Celebramos que se sigan creando espacios para denunciar las prácticas de las autoridades que han permitido la criminalización y difamación de las personas y colectivos que defienden el territorio.

Queremos recordar que hace un año, un colectivo de 36 organizaciones, decidimos otorgar el premio Mariano Abarca a las y los vecinos de la colonia Maya por su lucha propositiva en defensa del territorio que les rodea. Desde entonces, hemos puesto atención a lo que pasa en su entorno y hoy, con motivo de la presentación de este importante informe, nos queremos sumar a sus demandas. Celebramos, aplaudimos y nos sumamos a la postura de las y los vecinos, en contra de la construcción de una carretera en una zona de conservación que no cumple con los permisos necesarios para construir caminos y casas habitación. Nos sumamos y apoyamos su interés de conocer y analizar el expediente que avala la construcción de una estación de servicio (gasolinera). Estamos enterados que descubrieron información irregular que han querido presentar y aclarar con las autoridades responsables. Para dicho fin, desde el 5 de junio, solicitaron una audiencia pública que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Por lo anterior, queremos manifestar nuestra solidaridad con esta comunidad de vecinas y vecinos que, a pesar de recibir respuestas omisas y dilatorias, siguen insistiendo con distintas estrategias con el objetivo de defender sus derechos. En el marco de este informe, queremos reprobar el hecho que, por haberse opuesto a las prácticas depredadoras del empresario de la Moraleja y en alianza con las autoridades de la administración municipal del trienio 2105-2018 hayan logrado que una carpeta de investigación con información falsa y difamatoria, se haya convertido en 6 órdenes de aprehensión para las seis personas que entregamos nuestros datos a la presidencia municipal.

Exigimos, como se dice en el informe de Amnistía, que se revise y se cierre esta carpeta de investigación que es un claro ejemplo de criminalización de quienes son defensoras y defensores del territorio y del medio ambiente.

Atentamente:
Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera. Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS). México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA). Cataluña: Entrepueblos. País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad. Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.

Más información:

El Escaramujo 117: CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’
Y el manoseo conceptual…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
7 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 , 115 y 116).

¿LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’?

Como hemos mencionado reiteradamente, en otras entidades del país se han visto acciones violentas
descomunales y alarmantes: decapitados, fosas clandestinas, cuerpos calcinados o ahorcados bajo los
puentes, asesinatos de periodistas y de funcionarios públicos o hasta de presidentes municipales.

También se registra el uso de bombas, drones, quema de instalaciones policíacas, retenes falsos o camuflados, balaceras en diversos establecimientos, siembra y consumo de drogas escandalosos, desplazamientos masivos de comunidades enteras, extorsiones y levantones de mujeres, reclutamientos forzados, entre otros muchos indicadores, que han provocado en algunos lugares el levantamiento armado de ciertos sectores de la población con el objetivo de ‘defenderse’ y expulsar a los cárteles de sus territorios.

Estos grupos se han autodenominado entonces como grupos de “autodefensas”, como una reacción
frente a las agresiones y que se organizan con un solo objetivo: expulsar al cártel. Es una acción ‘pasiva’ más que ‘activa’.

Por tanto, entenderemos como grupo de ‘Autodefensa’ a un grupo personas, en el ámbito rural o urbano, que se organizan de manera ‘espontánea’, por decirlo de alguna manera, originado por el hartazgo y que de forma armada quieren defenderse de las agresiones del narco. No reivindica ninguna ideología específica, no están en función de construir un proyecto político, no pretende derrocar al gobierno, no busca ampliar su zona de influencia más allá del propio territorio que le están amenazando. No es una guerra continua, permanente, sino de acción-reacción y mecanismos de protección. No se declaran en ‘guerra’ contra los cárteles.

Los grupos de ‘autodefensa’ actúan ante la ‘pasividad’ del estado, la impunidad y la ausencia de las instituciones. No son parte de la estructura del Ejército ni de la policía, ni éstos los entrenan o arman, pero para defenderse lo hacen pese a ellos. Connotan legitimidad y acción positiva por el hecho de defender su vida y hacerle frente a la violencia. Por eso hasta los ‘malos’ usan el concepto.

Los grupos de autodefensa pueden estar conformados por ganaderos, transportistas, productores, generadores de servicios, profesionistas, ex guerrilleros, colonos, organizaciones campesinas, indígenas o urbanas, el ciudadano de a pie, líderes comunitarios, organizaciones gremiales, vecinos y todo aquél que se suma para defender el territorio amenazado por el narco que viola mujeres, roba bienes muebles e inmuebles, cobra piso, extorsiona, entre otras acciones violentas que ya hemos descrito anteriormente. A mayores expresiones de autodefensa más indica que el estado está rebasado, que es parte o cómplice de la violencia o que sus estrategias para garantizar la seguridad no son eficaces.

Consideramos que pocas expresiones de “autodefensa” han sobrevivido. Más temprano que tarde han colapsado y ante la pérdida de rumbo navegan según ciertos intereses. Puede ser que también hayan sido cooptados por el Ejército, la policía o el mismo narco, ya que no tienen un proyecto alternativo a largo plazo qué defender y sucumben en un corto tiempo.

Los grupos de autodefensa no cuentan con financiamiento, aunque algunos que se cuelgan el mote controlen las remesas para la compra de armas, municiones o droga. Las autodefensas no les une más que el hecho de defenderse, no tienen proyectos o cosas en común más que el hartazgo. Pese a ello, nunca a nadie se le ocurrió decir que en algún rincón del país se está al borde de una “guerra civil”, como algunos grupos afirman que sucede en Chiapas y en Guerrero quieren adoptarlo. A nadie se le ha ocurrido decir que el gobierno federal esté armando grupos de autodefensa en la lógica de la contrainsurgencia, como lo fueron las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala.

Una de las ambigüedades estriba en que cualquiera que se auto defiende de un enemigo se les llama o se autodenominan ‘autodefensa’, ya sea narco, civiles desarmados o ‘paramilitares’. O sea, todos se defienden del otro, ya sea el ‘bueno’ o el ‘malo’. Y como es legítima la autodefensa a cualquiera le sirve de justificación para bañarse de ‘bueno’. Ello significa que no es ‘guerra’, sino ‘autodefensa’, asociada a lo legítimo y positivo. Veamos algunos ejemplos.

En Guatemala, el gobierno y su ejército crearon las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a principios de la década de 1980 como una fuerza paramilitar contrainsurgente. Al llamarles ‘autodefensa’ y ‘civil’, se pretendió también darle una connotación e imagen positiva. Las PAC provocaron tanta violencia y dolor al pueblo guatemalteco cuando se implementó la política de ‘tierra arrasada’ que exterminó a mucha población por medio de terribles masacres y persecuciones. Se le llamó ‘tierra arrasada’ y ‘exterminio’ y no ‘guerra’, quizás porque las comunidades indígenas violentadas huyeron a México sin enfrentarse de forma armada contra el Ejército y sus PAC’s.

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se les identificó como una organización paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha que operó durante el ‘conflicto armado interno’, que no se identificó como ‘guerra civil’, entre 1997 y el 2006. Luego revivieron y se les denominó grupos ‘neo paramilitares’, entre ellos las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Clan del Golfo), siempre ligados al narcotráfico.

En El Salvador surge en 2015 un grupo de ‘autodefensa’ en el Departamento de San Vicente integrado por ex combatientes de la ‘guerra civil’ librada entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la dictadura entre los años 1979 y 1992. Este grupo pretendió el reconocimiento oficial para combatir a pandilleros, maras, narcotráfico y asesinatos. En el siguiente Escaramujo hablaremos del concepto de la ‘guerra’ y ‘guerra civil’.

En Panamá, desde 1997 se identificaba a las «Autodefensas Campesinas» y “Brigadas de Autodefensa” como grupos paramilitares muy violentos ligados a los cárteles de la droga, quienes asesinaban, violaban y pretendían el control del paso del Darien.

O sea, los conceptos ‘autodefensa’ como ‘paramilitar’ se usan indiscriminadamente y cada quien a su favor y según convenga. No existe una definición consensuada, lo que no implica el rigor de caracterizarlo a la hora de elaborar los propios análisis e informes sobre la situación en Chiapas.

En México, las ‘policías comunitarias’ fueron legales desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934- 1940). Sin embargo, fue hasta poco antes, durante y posterior a la ‘guerra sucia’ de la década de 1970, que la falta de procuración de justicia, la impunidad hacia los pueblos indígenas y con total ausencia del Estado de Derecho, agudizó la inseguridad y el incremento de los delitos en la Región de la Montaña-Costa Chica del estado de Guerrero.

En las masacres en Guerrero siempre han estado vinculados el Ejército Mexicano y fuerzas policíacas. Desde la primera matanza ocurrida durante el proceso electoral en 1952, luego la matanza de estudiantes en 1960 que exigían respeto a la autonomía universitaria, y otra matanza más en 1962 contra la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) quienes fueron víctimas de persecución, detenciones, allanamientos y más asesinatos.

En 1967 el Ejército masacra a padres de familia en Atoyac de Álvarez que protestaban frente a la escuela y fue cuando Lucio Cabañas huye a la sierra y funda el Partido de los Pobres. Es asesinado posteriormente en 1972. En ese mismo año, el conflicto en el sector coprero termina en una masacre en Acapulco ordenada por Gobernador del estado.

No podemos olvidar la masacre de Aguas Blancas en 1995. En 1988 el Ejército rodea la escuela en Ayutla de los Libres, donde descansaban autoridades indígenas ñuu savi, y los masacra. En 2014 la terrible desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa presidido de muchos casos de desaparecidos y asesinados.

El Escaramujo 116: CHIAPAS Y LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo

CHIAPAS Y LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’
Y el manoseo conceptual…

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas
30 de Agosto 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 y 115).

¿LOS GRUPOS ‘PARAMILITARES’?

El concepto “paramilitar” se usa en todo el mundo de diversas maneras y en diversos contextos, desde las guerras en África, Asia o en América Latina. Se usa de muchas formas, incluso contradictorias. En algunas ocasiones consideramos que el concepto está bien establecido y caracterizado en el análisis, pero en otras pareciera más bien el uso indiscriminado del concepto con el objetivo de justificar una posición política o ideológica, para estigmatizar a un actor o engrosar los argumentos contra el gobierno en turno acusado de ser el autor tras bambalinas de toda agresión.

Se usa también para referirse a un grupo armado delictivo o de narcos, para denostar a una comunidad o colectivo que se organiza para defenderse legítimamente de agresiones armadas, para estigmatizar o desacreditar a cualquier actor o enemigo y esconder el origen de otros conflictos que subyacen en la confrontación.

El concepto lo usan las narrativas de izquierda tanto como la derecha para acusar al mismo gobierno al que ambos se oponen, porque siempre los ‘paramilitares’ estarán asociados al gobierno. Y si esto no se sustenta ni con el sentido común, entonces usar el concepto ‘de corte paramilitar’ ayuda a acercarse al mismo objetivo. Cada quien lo usa a su antojo e interés.

Así, ya cualquiera es ‘paramilitar’, o en su defecto ‘de corte paramilitar’ -o sea que no es paramilitar pero como si lo fuera-. Y esto se presta a mucha manipulación y confusión, porque dependiendo del contexto y a quien se le cuelga el concepto, evoca, provoca y convoca consecuencias distintas, connotaciones distintas.

En el caso de México y específicamente para el análisis de la situación en Chiapas, entendemos por el
concepto “paramilitar” al grupo de civiles conformados, organizados, armados, entrenados y dirigidos
por el Ejército oficial en base a una estrategia definida desde el gobierno central contra la población
inconforme ya sea que esté o no armada.

Los ‘paramilitares’ tienen una estructura interna y ejecutan acciones fuera del marco legal para lograr las estrategias del gobierno central. Sus actuaciones no están reguladas por marcos internacionales en el ejercicio de sus acciones armadas. No son parte formal y oficial de las fuerzas militares y pueden estar integrados por población local, guardias blancas, narcotraficantes, grupos de ultra derecha, sicarios, ex militares, ex policías, o grupos que les une el odio, la venganza o cuentas pendientes contra el sector objetivo de las agresiones violentas que el Ejército o las fueras policíacas no pueden ejecutar por salirse de la legalidad, o para no ser acusados de violación a los derechos humanos.

El grupo ‘paramilitar’ o a veces también llamado ‘para policial’, ‘grupo de choque’ o ‘contrainsurgente’, ejecutan impunemente acciones como desapariciones forzadas, homicidios, masacres, robos, intimidaciones, vigilancia y control, amenazas, desplazamientos forzados, ejecuciones, violaciones sexuales, entre otras acciones. Todo esto en el marco de una ausencia del Estado de Derecho.

Por tanto, el concepto ‘paramilitar’ se usa indiscriminadamente para referirse a cualquier grupo civil armado, a un grupo de Autodefensa comunitaria o a cualquier pandilla. Y podrían serlo solo si están bajo el mando o cumplen la agenda que le marcan las fuerzas militares o policíacas quienes los reclutan, arman y entrenan ilegalmente, y a final responden a la estrategia del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Este fue el marco en que el gobierno mexicano creó varios de estos grupos paramilitares en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994. Sin embargo, es pertinente preguntarse si aquellos ¿subsistieron?, ¿se mantuvieron?, ¿evolucionaron? ¿se independizaron?, ¿desaparecieron?, ¿son actualmente los mismos?, ¿siguen bajo el mando del gobierno luego de 30 años y 5 gobiernos distintos? Ahora, hay que tomar en cuenta que con el nuevo actor hegemónico ‘narco’ en el escenario territorial, toda otra expresión armada se verá obligada a negociar, replegarse, unirse o defenderse, de ahí las ‘autodefensas’ cuyo concepto también se manosea al extremo.

Durante los primeros seis años del conflicto armado en Chiapas, de 1994 al 2000, especialmente, los grupos ‘paramilitares’ en la entidad proliferaron aprovechando encausar el odio, las rencillas, las divisiones, las venganzas, los desacuerdos entre las comunidades con el EZLN, el racismo de los terratenientes y su frustración de las tierras perdidas en las recuperaciones indígenas en el contexto del alzamiento armado.

En ese momento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) era el actor político más importante que logró marcar la agenda política y social no sólo de Chiapas sino del país, y centró la atención internacional. Por ello, habría que derrotarlos con todos los instrumentos posibles, entre ellos el impulso del para militarismo y todo grupo que buscara venganza, quienes ejecutaron estrategias contra insurgentes como fueron “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Máscara Roja”, “Los Chentes”, “Los Petules”, “Los Puñales”, “Los Aguilares”, “MIRA”, “Organización Clandestina Revolucionaria”, entre otros. También hubo otros grupos de guardias blancas comandados por los grandes terratenientes que se les dejó hacer para que abonaran a la estrategia de descomposición y contrainsurgencia.

Como ya hemos visto, en México y específicamente en Chiapas, la mayor violencia que vivimos actualmente es la generada por el narco, y sería muy ingenuo pensar que está orquestada, diseñada y provocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo que por décadas ha infestado las estructuras del Estado.

Pese a lo anterior, para muchos analistas toda acción violenta en Chiapas es actuación de ‘grupos paramilitares’ connotando que es producto de una estrategia deliberada desde la presidencia de la República para destruir principalmente a las comunidades zapatistas. Y eso no se sostiene ni con el sentido común. No solamente porque la mayor violencia desgarradora es la que vive la mayoría de la población urbana y rural, sino que además el conflicto ya no es el mismo de hace 30 años.

Y con todo respeto, el zapatismo no es actualmente el actor que amenace en el territorio chiapaneco el avance de los planes del presidente, mucho menos que sea el actor presente en todo el país por lo que no representa una amenaza territorial ni militar como para que se vuelva un objetivo central a aniquilar, como sí lo fue entre los años de 1994 al 2000. Afirmarlo sería una gran mentira como engaño.

Por ello, cuando el EZLN sea el actor que impida el avance de los proyectos mineros, de las represas, de la palma de aceite, de los aeropuertos y ampliaciones portuarias que implican despojo y profundización del extractivismo, o detenga el avance de los pozos petroleros y ahora las nuevas amenazas que se ciernen en el municipio de Benemérito de las Américas, cuando detengan el avance del Tren Maya, de la súper carretera San Cristóbal-Palenque, del gasoducto costero y la ampliación del ferrocarril por esa región, el avance del Parque Industrial con sus más de 800 hectáreas como plataforma del extractivismo, cuando detenga el avance del programa Sembrando Vida, del programa Jóvenes Construyendo Futuro y otros programas, o la instalación de tanto cuartel de la Guardia Nacional, y claro, por medio de la movilización de un músculo social fuerte ya que ha abandonado la lucha armada, entonces seguramente sí estaría en la estrategia de aniquilamiento gubernamental, sin duda. Pero nada de esto ha pasado. Incluso el gobierno facilita la entrega de credenciales electorales como de Actas de Nacimiento.

Sin embargo, eso no quita que los ya menos que siguen resistiendo, los que no se fueron a los Estados Unidos, los que no salieron de sus organizaciones o fueron expulsados, los que no aceptaron programas de gobierno y construyen alternativas en sus comunidades ya sea de salud, producción, educación o justicia autónomas, con gran heroísmo y admiración por la defensa de su territorio cada vez más acotado, no sean amenaza para el avance y consolidación territorial del narco. Porque el narco se alimenta también de los programas sociales y las remesas.

Como prácticamente todas las regiones están rodeadas por el narco en Chiapas, el apoyo, la solidaridad, el fortalecimiento de las alianzas, la recuperación de los espacios públicos, la organización, la unidad, la ayuda humanitaria, el apoyo a las resistencias, la rearticulación de los movimientos sociales, se vuelven estrategias fundamentales para detener este cerco (en otro momento abordaremos el tema de la ayuda humanitaria en en el contexto de conflictos armados internos).

Consideramos que es necesario ser más finos y responsables en el análisis y evitar posicionarse en la realidad bajo los extremos de gris y negro, como si no hubieran sus matices que, no por ello, son menos importantes para definir la coyuntura actual. Por tanto, consideramos que una crítica al gobierno en un aspecto no implica un rechazo total a todo lo que hace, a menos que se explicite y se compruebe. Y un reconocimiento positivo a una acción gubernamental no significa ser un “Amlover”. En otro Escaramujo abordaremos las claves para leer el gobierno de AMLO. Por lo pronto consideremos algunos aspectos como ejemplos:

Una cosa es considerar que algunos grupos paramilitares de antaño sobrevivieron, se re configuraron, siguen su propia dinámica y luchan por sus intereses territoriales e incluso se liguen con el narco, y otra es afirmar que AMLO está formando grupos paramilitares para aniquilar a los zapatistas.

Una cosa es que el corrupto sistema judicial federal -antiAmlo en muchos sentidos-, libere asesinos quienes fueron paramilitares o narcos, y otra es afirmar que tal acción es deliberada por AMLO para combatir a los pueblos originarios.

Una cosa es considerar que las políticas de gobierno socavan la autonomía y la identidad de los pueblos originarios aunque considere que son para su mejor desarrollo, y otra es considerar que son diseñados por el gobierno federal para su exterminio.

Una cosa es considerar que las políticas de gobierno, los programas sociales y los megaproyectos destruyan territorios, despoliticen a la población rural y urbana, generen clientelismo y corrupción, hagan extender la mano bajo la manga de ricos y pobres, de población urbana y rural, para recibir el dinero gubernamental, y otra es considerar que la estrategia de AMLO solo es acabar con las ya menos comunidades zapatistas.

Una cosa es que el narco esté asesinando y desplazando a miles y miles de personas en la entidad, y otra es concluir que AMLO esté diseñando el exterminio de los pueblos indígenas. Y así, podemos exponer muchos más ejemplos de los discursos y supuestos análisis de la coyuntura que se realizan por diversos actores. Y cabe destacar que muchas veces no son razonamientos malcriados, sino paralogismos, silogismos o entimemas.

Por otro lado, existen conflictos y enfrentamientos violentos en comunidades de Chiapas que se presumen como acciones de paramilitares contra ciertas comunidades, sin embargo, es conocido que existen conflictos internos por la disputa y distribución de tierras que antaño recuperaron cuando estaban juntos, pero ante la división no hay acuerdos sobre la cantidad y los mecanismos de su distribución por parte de quienes se separan de la organización y se confrontan armados. Armados contra armados. Y lo peor, se conocen muy bien. La misma lógica sucede entre los cárteles.

Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el EZLN enfatiza que «Chiapas está al filo de una guerra civil». Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y del extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN. Sobre todo se centra en la demanda de alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de mil personalidades firmantes que